lunes, 24 de marzo de 2014

A 38 años del Golpe de Estado en Argentina (1976-2014)

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Hoy se cumplen 38 años del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976 y vale la pena recuperar la memoria, incluso para hablar del presente, ya que algunos orígenes de problemas actuales, especialmente económicos, se remontan a aquellos acontecimientos.

Con el golpe se pretendía reordenar la situación política y normalizar el orden capitalista afectado por la organización y movilización, principalmente de los trabajadores, que reclamaban por sus derechos al tiempo que proclamaban una “patria liberada”, afectando la esencia del orden capitalista, la dominación económica de los capitales más concentrados de adentro y de afuera.

Las clases dominantes no podían permitir tanto poder popular y por eso el Golpe y las restricciones de huelga, de movilización e incluso de encuentro social. Los principales afectados fueron los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas y su efecto por cuatro décadas aún se siente.

Entre otros efectos confluyen la des-sindicalización y la despolitización de buena parte de la sociedad, más volcada a satisfacer opciones de consumo que asumir una lógica gregaria de solidaridad, por ejemplo hoy entre docentes y padres, incluso entre trabajadores en general con los maestros.

Pero sin duda, el principal efecto sobre los trabajadores es la baja de salarios, incluso considerando periodos de recuperación de ingresos, nunca se logró, pese a 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983, empatar el mayor nivel de distribución de la renta de los años 70´ o incluso de los 50´.

La situación estructural del empleo mantiene hoy, como nunca a un tercio de los trabajadores en situación irregular, sin seguridad social, afirmando la tendencia a la precariedad laboral, con las nuevas formas asumidas de la contratación laboral, los salarios basuras, la tercerización, el desempleo y subempleo.

En ese marco debe incluirse el deterioro de las jubilaciones y pensiones, aún con la extensión de beneficiarios de estos años. El achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales es resultado de una política deliberada asumida desde la dictadura en 1976 y confirmado con la política privatizadora de los aportes jubilatorios en los 90´ y la consolidación de una baja en esos años de los aportes patronales.

Cambios en las relaciones sociales de producción

El golpe de 1976 reestructuró las relaciones sociales de producción, modificando la relación entre patrones y trabajadores en beneficio de mayores ganancias, acumulación de capitales y afirmación de la dominación y poder de los capitales más concentrados que actúan en la Argentina.

Pero también modificaron la función del Estado, potenciando su papel al servicio del gran capital, con el endeudamiento (que hoy expresan las demandas del Club de París, por ejemplo) y la liberalización de la economía, crudamente expresado en las leyes de inversiones externas y de entidades financieras aún vigentes y que constituyen una asignatura pendiente de los gobiernos constitucionales. La reforma del Estado avanzó en los 90´ con las privatizaciones y desregulaciones que la dictadura no pudo materializar, entre otras cuestiones por la resistencia popular, especialmente de los trabajadores.

En materia de cambios estructurales también debe incluirse la reinserción global de la economía y la política de la Argentina en el rumbo liberalizador que empujaban las corporaciones transnacionales, e ideológicamente las principales potencias del capitalismo mundial y los organismos internacionales. Hasta podemos afirmar que la dictadura local y otras en la región anticipaban en el Cono Sur de América como ensayo, lo que luego se generalizaría como “políticas neoliberales” desde Gran Bretaña o EEUU, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

La nueva situación gestada desde marzo de 1976 expresa cambios profundos en la economía, la sociedad y el Estado, que contribuyeron a una mayor concentración y extranjerización de la economía Argentina en todas las ramas de la producción y los servicios. Un agravante deviene de la consolidación de esos cambios en los años 90´, con la tendencia al monocultivo derivado de la expansión de la soja transgénica y la dependencia del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología y la alimentación; tanto como la atracción de inversiones externas mineras para la mega-minería a cielo abierto que resalta el carácter primario exportador del país; y en el mismo sentido puede destacarse el carácter de armaduría de la industria local, fuertemente dependiente de las importaciones de insumos industriales, incluidos los energéticos, que tanto afectan las cuentas externas de la Argentina.

¿Qué rumbo asumir al enfrentar esos cambios estructurales?

Un gran debate apunta a si la Argentina debe retrotraer la situación al modelo productivo y de desarrollo capitalista previo al golpe, es decir, al periodo de industrialización sustitutivo operado entre los años 20´ y los 70´ del Siglo XX, o intentar ir, incluso, más allá del orden capitalista.

En rigor, la mayoría del debate se restringe a discutir una agenda (de cambios) de acciones y políticas posibles en el marco del capitalismo, y nuestra proposición apunta a pensar en modificaciones esenciales a las relaciones sociales de producción, no para volver al pasado, además idealizado, sino para avanzar en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo.

Esto requiere de un sujeto social amplio que asuma en lucha un programa de transformaciones para des-mercantilizar la vida cotidiana, entre otras cuestiones, la educación, pues no solo se trata de salarios suficientes, tal y como demandan los maestros hoy, sino discutir el para qué, el qué y el cómo del derecho a la educación. No solo acompañamos a los maestros en sus reclamos, sino que proponemos discutir desandar el camino mercantil inducido para la educación, la salud u otros derechos transformados en mercancías o servicios.

¿Por qué no organizar por fuera del mercado algunos derechos de la sociedad? Entre ellos, la educación, la salud, el transporte, la energía, lo que supone confrontar con el poder real y discutir una reorganización económica de la sociedad con el objetivo máximo de satisfacer necesidades y no la subordinación a la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.

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Memoria, Verdad y Justicia: 38 años después, la lucha continúa

ACTA

"Este 24 de marzo nos encuentra ante un escenario político, económico y social sumamente difícil. Inflación y devaluación que pulverizan salarios. Acuerdos del Gobierno con Repsol para resarcirla del desastre que dejó, con el Club de París reconociéndole la deuda que contrajera la última dictadura, con el FMI al que se le abren las puertas para que actúe", dice el documento de la CTA que ACTA reproduce en su integridad.

"Simultáneamente el intento oficial de condicionar las negociaciones salariales tratando de imponer criterios a la baja. En tal sentido vaya como ejemplo la paritaria docente tanto la nacional como las de las provincias.

"A todo este panorama de por sí grave hay que sumarle la creciente represión explícita que se abate sobre quienes intentan manifestarse en protesta. Trabajadores sindicalizados, trabajadores desocupados, pueblos originarios, ambientalistas sufren en carne propia el accionar estatal. El telón de fondo es la Ley Antiterrorista, el trabajo de inteligencia sobre organizaciones populares y militantes y como novedad las palabras de la Presidenta proponiendo poner fin ’consensuadamente’ a las manifestaciones callejeras.

"Hace 38 años la Dictadura apeló al terrorismo de Estado para destruir la organización de los trabajadores y el Pueblo y así poder imponer un modelo económico y social neoliberal cuyas consecuencias conocemos. Las políticas del Gobierno marcan los límites que el verdadero Poder acepta. La concentración y extranjerización creciente de la economía no es neutra. Los márgenes de ganancia pretendidos por el Capital no son compatibles con una verdadera democracia que tenga como norte irrenunciable el bienestar del Pueblo.

"No aceptamos que a treinta años de restaurado el sistema constitucional todavía tengamos una ley de entidades financieras de la Dictadura, que sigamos pagando cual pagadores ’seriales’ la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa, que hayamos entregado nuestra soberanía jurisdiccional, que se proponga que el agua no es un derecho humano y que la propiedad no tiene carácter social, que empresas públicas sigan siendo privadas.

"Pero lo más grave es que aumente día a día la pobreza y que nos quieran convencer que ese es el camino.

"Nuestros compañeros detenidos desaparecidos no lucharon por este presente. Ofrendaron sus vidas, en su mayoría muy jóvenes, por otro País, justo, democrático.

"En este 24 de marzo reiteramos nuestro homenaje a los 30.000 detenidos-desaparecidos y a todas y todos los trabajadores que lucharon en aquel entonces y lo hacen ahora por la liberación de nuestra Patria.

"No olvidamos "no perdonamos "no nos reconciliamos".

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A 38 años del Golpe: “No pierdo las esperanzas que alguno de los acusados diga dónde están los desaparecidos”

Katy García (PRENSA RED)

Lo dijo Facundo Trotta, fiscal de la megacausa La Perla que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado entre 1975-1978 en Córdoba. Habló la marcha del histórico juicio La Perla que se inició el 4 de diciembre de 2012. Es el segundo, después de la ESMA, por la cantidad de víctimas que suman 696. Los imputados son 52 y falta que declaren cerca de 350 testigos.

El representante del Ministerio Público fiscal recibió a PRENSARED en una de las oficinas de la fiscalía ubicada a metros del Tribunal Oral Federal N° 2. Habló del funcionamiento del terrorismo de estado en Córdoba, una de las provincias más castigadas por la represión. Destacó que la aplicación del plan sistemático estuvo dirigido a eliminar un opositor político al que definió como amplio. Habló del abuso sexual, del secuestro de niños y del primer juicio por robo de bebés.

Dijo que “Con la incorporación de cinco nuevas causas las víctimas son 696. El número inicial de testigos se redujo y ya prestaron declaración n lo que va del proceso unos 250 y aún faltan 350. Precisamente, se han incorporado cinco nuevos expedientes, entre ellos, Rodríguez II con 107 víctimas desaparecidas en La Perla, y Maffei con 152 sobrevivientes del campo La Ribera. Estimo que el proceso se prolongará, entonces, por lo menos un año y medio más si no se incorpora otra acumulación y se mantiene el ritmo actual de declaraciones”, afirmó. Y destacó que la acumulación de causas con idéntico objeto procesal beneficia a los testigos en particular porque cada vez que declaran “reviven el calvario por el que pasaron”.

En el banquillo están sentados 52 represores entre ellos el jerarca Luciano Benjamín Menéndez sobre el que pesan hasta ahora siete perpetuas. Policías y militares enfrentan la acusación de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguido de muerte, tentativa de homicidio calificado, homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.

-En la causa la ESMA se receptaron denuncias de víctimas que nunca antes lo habían hecho. ¿Ha ocurrido algo similar en este caso?

Sí, claro. Varios testigos han terminado revelando que ellos también habían sido detenidos y llevados a campos de concentración sin que lo hayan denunciado o dado detalles durante la instrucción. Por eso la fiscalía pidió que se remita la declaración a la fiscalía de instrucción para que se investigue. No podemos incorporarla sin ese paso previo.

- En Córdoba el terrorismo de estado comenzó en 1975. ¿Cómo funcionaba?

-Este proceso presenta como novedoso el accionar del Terrorismo de estado mucho antes de la implantación de la dictadura cívico militar. Quedó en evidencia durante el debate la existencia del campo de concentración La Ribera, el primero en Argentina, pensado como una estructura ilegal para secuestrar, torturar, interrogar y fusilar, y el principal acusado es Vergez. Muchos de los hechos que hoy se juzgan fueron cometidos en 1975 por el Comando Libertadores de América, versión local de la Triple A. Era una organización formada por personal militar y del D2 cuya principal tarea fue eliminar a opositores políticos y al mismo tiempo sembrar el terror. En algunos casos se adjudicaba los hechos y en otros acusaba a las organizaciones guerrilleras de haber protagonizado enfrentamientos. Entonces, nos damos con que hubo víctimas que fueron detenidas ilegalmente y con conocimiento de la Justicia y que eran retiradas de una cárcel y llevadas a un campo. En definitiva, mantenían un orden clandestino y otro legal. Y un ejemplo es la cárcel UP1.

-¿Producido el Golpe de Estado se profundiza esta metodología que usted describió?

Absolutamente. Cuando las Fuerzas Armadas toman el poder comienzan a establecer una serie de reglamentos y sobre sobre cómo se debía obrar frente a lo que denominaban el actuar subversivo. En 1976, había reglamentos y órdenes escritas pero eligieron actuar a través de vías irregulares porque por supuesto ningún bando autoriza la tortura para sacar información. Era una farsa montada para darle un viso de legalidad a un actuar clandestino. Además, durante las reuniones de la Comunidad Informativa presidida por Menéndez y todos los responsables de las fuerzas policiales y militares como Sassiaiñ y Telleldín se analizó la posibilidad de contar con un lugar de detenidos para obtener más información. Y se decidió que los presos políticos a disposición de la Justicia y en condiciones de salir en libertad los pondrían a disposición del PEN para seguir extrayendo información, bajo tortura, y luego asesinarlos mediante operativos que eran presentados como enfrentamientos armados. Así, la sociedad podía ver cómo las FFAA estaban aniquilando y neutralizando al subversivo y a la vez generaba temor.

¿Qué grupos conformaban al “opositor político”?

Era un concepto bastante amplio. Desde personas que pertenecían a las organizaciones armadas como ERP y Montoneros, pero, también había militantes del Partido Comunista, un partido legal. Estudiantes con y sin militancia, sindicalistas combativos y hasta religiosos. Una de las causas de este juicio investiga la detención y tortura de seis seminaristas de la Salette cuyo pecado era acercar el evangelio a los pobres y enseñarles a pensar. Porque cuando la gente dispone de herramientas para pensar puede oponerse al régimen, a los monopolios, y discutir las políticas de estado. Pensar, era peligroso. Pero también hubo quienes estaban en el momento y lugar equivocados y los llevaban.

Desde que empezaron los juicios se advierte que aumentaron las denuncias por violaciones y abuso sexual. ¿Cómo considera el derecho a este delito?

Es evidente que la violación es un plus distinto a la tortura que tiene un cometido que es infringir daño físico con el propósito en este caso de obtener información. La violación sobrepasa este concepto porque afecta la integridad psíquica de la persona en este caso mujeres y forma parte del plan sistemático de exterminio. Lo dijeron los testigos. Toda mujer que resultara atractiva era víctima de violaciones sobre todo en la D2 y en la OP3. En la causa Barreiro hay dos víctimas de abuso sexual y violaciones sistemáticas y habrá un fallo. También en La Perla hubo una cantidad considerable de denuncias de abuso.

¿Tras varios años de lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo se logró que se investigue el caso del robo del nieto de Sonia Torres?

Este es el primer caso de sustracción de un niño menor de diez años y que estamos juzgando. Se trata del nieto de Sonia, hijo de Silvina Parodi, embarazada de seis meses y medio y de Daniel Orozco, ambos detenidos desaparecidos. Este delito es parte del plan sistemático y puede que haya otros casos más. Testigos afirmaron ver a la madre y al niño. Hace poco un médico (Agrelo) declaró que lo revisó en el Buen Pastor y en la Casa Cuna. Fue muy emotivo escuchar el testimonio de Sonia que cuenta en primera persona su historia y la de los organismos de derechos humanos, las rondas alrededor de la plaza y el nacimiento de Abuelas para unificar los criterios de búsqueda.

Hubo otras embarazadas secuestradas en elevado estado de gravidez pero no tenemos a ciencia cierta las fechas en que hayan sido fusiladas. No descarto que haya otros niños apropiados.

Han aparecido en este juicio casos de niños detenidos y secuestrados con sus madres o familiares. Uno de ellos, Alejandro Rossi. ¿Cómo se evalúa desde el derecho esta situación?

Indudablemente son víctimas del Terrorismo de estado. Es inconcebible que haya habido niños en un lugar donde se torturaba las 24 horas. Donde los detenidos eran arrojados en la cuadra, donde se escuchaban gritos de dolor y desesperación permanentes. Es indudable que en esas condiciones fueron víctimas. Hasta ahora hay por lo menos tres casos denunciados que están siendo investigados.

Dentro de las complicidades cívicas, además de la Iglesia y la Justicia, cobró trascendencia la denuncia de un testigo acerca de la complicidad empresarial en la entrega de listas de obreros. ¿Cómo analiza este hecho?

En La Perla se encontraron libros donde consta que desde el Tercer Cuerpo se les solicitaba a las direcciones de fábricas que remitan listas de trabajadores con actividad gremial como activistas, delegados y miembros de comisiones internas y directivas. Además, un testigo denunció que hubo personas infiltradas en las fábricas y empresas privadas. Estamos esperando un oficio donde consta un requerimiento que las propias fuerzas armadas les solicitan a los empleadores.

Año tras año las marchas en conmemoración del 24 de marzo crecen en cantidad de participantes en un claro respaldo a las políticas de estado respecto al juzgamiento. ¿Se debe continuar con los juicios?

En primer lugar estamos obligados por convenios internacionales y porque así lo decidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un estado que no cumpla con las condiciones como lo estamos haciendo, respetando el debido proceso, y con todas las garantías, será condenado internacionalmente por incumplimiento de los tratados. Hoy por hoy somos un ejemplo a nivel mundial.

¿Por qué es importante que se juzgue y condene a los culpables?

A mí me parece que juzgar la parte más oscura de nuestra historia y dar respuestas judiciales nos permite crecer como sociedad. Además de determinar responsabilidades la justicia tiene una función pedagógica y esto es notable. Jóvenes que ni siquiera habían nacido se suman, se interesan, investigan cómo fue que la resolución de conflictos se hizo a través del terrorismo de estado.

Ahora, en 2003 hubo un cambio en la política del estado no solamente desde el ejecutivo sino que el poder legislativo ha determinado que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sean declaradas nulas. Y desde el Poder Judicial los fallos Arancibia Clavel y Simón expresan que no es posible sustraer el juzgamiento de los delitos de violación sistemática de los derechos humanos. Y además, no hay que olvidar que los Organismos de Derechos Humanos han mantenido a lo largo del tiempo una lucha por el juzgamiento de los responsables y a mi modo de ver lo que hace Néstor Kirchner es abrazar esa lucha y generar políticas de estado. Somos hoy por hoy un ejemplo para el mundo.

Hasta ahora los imputados mantienen el pacto de sangre y repiten un mismo libreto. Y pese a ser interpelados por los sobrevivientes nada dicen sobre el destino final de los desaparecidos. ¿Usted tiene alguna esperanza?

Yo no pierdo las esperanzas. En una de las últimas declaraciones de (Héctor Pedro) Vergez admitió que durante la dictadura de Lanusse tres personas habían sido quemadas y arrojadas a las salinas. Está bien, sindicó a un militar ya fallecido y a otro que tampoco está. Y esto lo digo porque en 1985 y 1986 jamás pensamos que aquellas leyes del perdón pudieran ser derogadas y que después estemos juzgando y condenando a los responsables.

No pierdo las esperanzas que alguno de los acusados pueda proporcionar datos sobre los cuerpos de los desaparecidos. Y lo digo no solo por una cuestión de Justicia sino porque para las familias es muy importante, tiene un efecto reparador al igual que los testimonios. Los familiares esperan que el estado los contenga, agradecen poder brindar testimonio y les piden a los acusados que tengan un acto de sinceridad y digan dónde están los cuerpos.

Nota:
1) Fue convocado por Carlos Gonella para que colaborara en el segundo juicio (Albareda y Morales). Después fue designado secretario de Derechos Humanos en causas complejas (Explosión y voladura de la Fábrica Río III y causa UP1 y Gontero). En 2012, trabajó en Villa María como fiscal subrogante y participó en los momentos previos en la causa que investigó los crímenes del Comando Radioeléctrico. Cuando Gonella fue designado como titular de la Procelac quedó como fiscal subrogante de la mega causa La Perla. Actualmente cuenta con la colaboración de la doctora Virginia Miguel Carmona.

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Día de la Memoria: Polémicas ideas católicas

Carlos Lombardi (MDZOL)

La vigencia de las ideas católicas que "atentan" contra la democracia y la República. Un recuerdo del 24 de marzo.

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemoración de las muertes civiles producto de la última dictadura cívico-militar-católica que sufriera nuestro país, permite también recordar las ideas católicas contrarias a la democracia y a la república, aún vigentes en la garante espiritual de los genocidas.

La Iglesia Católica es célebre por su histórico apoyo y alianzas con gobiernos totalitarios y dictatoriales. Recuérdese el que el papa Pío XII brindó a Hitler en 1933; el particular beneficio que obtuvo la institución del régimen fascista del dictador Mussolini - otorgamiento del enclave territorial llamado “Estado de la Ciudad del Vaticano” -; mientras que del dictador español Francisco Franco, logró la implantación del nefasto régimen nacionalcatólico, cuyas notas aún se encuentran en no pocos actos políticos, leyes y sentencias judiciales del país ibérico.

El nefasto prontuario antidemocrático de la Iglesia se engrosó en 2009 y 2012 con el apoyo a sendos golpes institucionales producidos en Honduras y Paraguay, respectivamente. En el primero, el cardenal Rodríguez Madariaga - actual integrante del G8, la comisión de ocho cardenales que tienen el encargo de proponer al papa Francisco las reformas a la Curia vaticana - se convirtió en uno de los principales defensores del quiebre constitucional, a punto tal que el presidente Porfirio Lobo manifestó que la Doctrina Social Cristiana sería el “fundamento en la acción del gobierno” (1). Mientras, el cardenal golpista prometía una “regeneración moral” en ese país conforme los postulados católicos (2). Aún hoy, el pueblo hondureño debe soportar una crisis política sin precedentes que en muchos aspectos roza, también, la humanitaria.

En el caso de Paraguay, fue el embajador del papa el primero en reconocer el gobierno que depuso a Fernando Lugo. El presidente golpista concurrió, luego, a una misa celebrada por un obispo católico (3).

De los innumerables aspectos negativos que integran la conmemoración referida, interesa destacar algunas notas contrarias a la democracia, a la república y a la laicidad de las sociedades que, peligrosamente, aún tienen vigencia en la doctrina católica romana.

a) Democracia y repúblicas sometidas a la religión: el pensamiento clerical concibe a la democracia como un “sistema”. Destaca lo positivo de ella, es decir, la participación de los ciudadanos en la elección de las autoridades, el control de las mismas, su recambio periódico; valoran que la democracia “auténtica” debe darse dentro de un Estado de derecho, exigiendo que se “den la condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas” (4). Respecto al principio de división de poderes reconocen la validez del mismo.

Sin embargo, con su tradicional ambigüedad e hipocresía, también consideran que es un “ordenamiento” y, como tal, un instrumento que debe guardar conformidad con el orden o ley moral; esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve” (5).

Y qué significa “orden moral”. Dejemos que responda Friedrich Nietzsche: “Significa que hay de una vez por todas una voluntad de Dios respecto a lo que el hombre debe hacer y debe no hacer; que el grado de obediencia a la voluntad de Dios determina el valor de los individuos y los pueblos; que en los destinos de los individuos y los pueblos manda la voluntad de Dios, castigando y premiando, según el grado de obediencia. La realidad subyacente a tan lamentable mentira es esta: un tipo humano parásito que sólo prospera a expensas de todas las cosas sanas de la vida, el sacerdote, abusa del nombre de Dios: al estado de cosas donde él, el sacerdote, fija el valor de las cosas le llama “el reino de Dios”, y a los medios por los cuales se logra y mantiene tal estado de cosas, “la voluntad de Dios”; con frío cinismo juzga a los pueblos, tiempos e individuos por la utilidad que reportaron al imperio de los sacerdotes o la resistencia que le opusieron” (6).

La posición reduccionista del pensamiento clerical implica negar que la democracia pueda concebirse como una forma de vida, como un marco perfectible que posibilite el pluralismo, la inclusión, y la diversidad; explica también la histórica conducta eclesiástica a favor de regímenes totalitarios y dictatoriales.

Eso se ve corroborado cuando el pensamiento episcopal sostiene: “La iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático; pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional, ni tiene la tarea de valorar los programas políticos, si no es por sus implicaciones religiosas y morales” (7).

Se leyó bien, la Iglesia Católica no tiene preferencias entre dictaduras, democracias o regímenes totalitarios en tanto guarden coherencia con sus propios intereses y postulados clericales.

b) Ideología totalitaria: el carácter totalitario del pensamiento católico se observa en aquellas sociedades, como la latinoamericana, donde la Iglesia se opone a la sanción de aquellas leyes que serían contrarias a sus principios. A través de sus grupos integristas, pretenden legislar con el catecismo la vida diaria de las personas.

Los obispos son claros: esta ideología debe “impregnar” las realidades sociales, políticas y económicas (8), sin importar que mujeres y varones que componen las sociedades plurales sean creyentes o no. El dios católico, y mucho menos el clero, toleran personas libres.

Paolo Flores d’Arcais fue quien destacó claramente el carácter totalitario del pensamiento eclesiástico, en particular, el de Juan Pablo II. A partir de los formidables aportes de Hannah Arendt, mencionó como premisas que nutren el totalitarismo católico a la obediencia ciega del individuo “no sólo y no tanto al superior directo, cuanto al discurso del poder, el único a través del cual puede hablarse, y que invade todas las fibras de la vida social”; despersonalización de los sujetos y drástica supresión de la autonomía de los individuos (9).

Es lo que surge claramente de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, donde se sostiene que los católicos “en cualquier asunto temporal, deben guiarse por la conciencia cristiana, ya que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede sustraerse al imperio de Dios” (10).

c) Laicidad condicionada: aquellas premisas dan forma y condicionan la noción de laicidad. La doctrina moral católica “excluye netamente la perspectiva de una laicidad entendida como autonomía respecto a la ley moral” (11).

Por ello, Benedicto XVI no tuvo ningún empacho en sostener que “es legítima una sana laicidad del Estado en virtud de la cual las realidades temporales se rigen según las normas que les son propias, pero sin excluir las referencias éticas que encuentran su último fundamento en la religión” (12). Es decir, la laicidad será “sana” cuando la religión católica tenga la última palabra respecto a los comportamientos éticos de los ciudadanos.

Conforme Juan José Tamayo, esta nociva concepción de la laicidad implica que el papa católico tenga la última palabra en las decisiones de los Estados ¿Consecuencias? El teólogo destaca tres: en primer lugar, la injerencia de un jefe de estado extranjero en los asuntos internos de otros Estados; segunda, prevalencia de los intereses de la Iglesia Católica sobre los intereses del Estado y de la sociedad; tercera, el poder religioso por encima del poder político.

Un sencillo ejercicio de comparación permite advertir la funesta práctica de la institución que no tiene ningún tipo de escrúpulos en entrometerse en los asuntos políticos del estado, por ejemplo el argentino, con el objetivo de torcer el brazo a los representantes de la sociedad, para imponer su ideología. Por supuesto, gracias a la genuflexión e ignorancia de no pocos sectores de dirigentes políticos.

Por eso es una gran mentira sostener que “la enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. Plantea ciertamente, en la conciencia única y unitaria de los fieles laicos, un deber moral de coherencia” (13).

d) Eternas prebendas y conducta parasitaria: la traición al primer cristianismo llevada a cabo por la Iglesia a partir de su alianza con el emperador Constantino I (siglo IV dC), inició un modus vivendi con el poder político que se exteriorizó históricamente de diversas maneras. Pero algo está claro: la obtención de prebendas y privilegios fue una constante.

Y en Latinoamérica, donde llegó de la mano de la conquista española, los privilegios se institucionalizaron en normas constitucionales, sea como religión oficial o de estado, sea consiguiendo trato político preferencial volcado en leyes, o asignaciones económicas. Es que difícilmente la Iglesia Católica pueda existir sin en Estado. Necesita de él, parasitariamente.

Nuestro país no es la excepción. Existen innumerables privilegios políticos, jurídicos y económicos sostenidos por cuatro pilares: el art. 2 de la Constitución Nacional, el art. 33 inc. 3 del Código Civil, y el Concordato firmado con la Santa Sede en 1966 que crea a favor de la iglesia un enclave jurídico donde el Estado nacional no tiene injerencia, y el conjunto de leyes sancionadas en la última dictadura militar de naturaleza económica. Si bien excede los alcances de esta nota, recordemos sólo la ley 21.950 por la cual los militares genocidas otorgaron a los obispos católicos una “asignación mensual” equivalente al 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia, todavía vigente.

Esta conducta parasitaria pone de relieve el carácter falaz de las expresiones de Benedicto XVI para quien “la Iglesia no busca privilegios, ni quiere intervenir en cuestiones extrañas a su misión, sino simplemente cumplirla con libertad” (14).

e) Tareas pendientes de Francisco y la sociedad: como sostiene un prestigioso periodista argentino, “ya es hora de que hablen los documentos, que el Episcopado nunca puso a disposición de la sociedad, a los que tergiversó de modo deliberado y sistemático en sus publicaciones posteriores a los hechos y que a pesar de tanto esfuerzo no pudo mantener en secreto” (15). Documentos que, además de contener la información del horror avalado por la Iglesia Católica, se nutren de las ideas que brevemente hemos comentado.

Por ello, el papa argentino tiene una tarea irrenunciable destinada no sólo a abrir archivos, expulsar a los sacerdotes colaboracionistas, resarcir a los familiares de sus propios cuadros perseguidos y desaparecidos, sino el de cambiar la ideología y doctrinas antidemocráticas que nutren el pensamiento católico actual.

Por su parte, la sociedad argentina tiene el desafío de consolidar las ideas que apuntalen la joven democracia, la república y, fundamentalmente, la laicidad, antídotos imprescindibles para contrarrestar las toxinas derivadas de las ideas clericales, aún vigentes luego de 31 años de vida democrática.

Carlos Lombardi es constitucionalista UNCuyo.

Notas:
1) www.religionenlibertad.com/index.asp?fecha=30/01/2010 -
2) www.zenit.org/date2010-02-08?l=spanish –
3) www.redescristianas.net/.../apoyo-del-vaticano-al-golpe-de-estado-en-par...
4) Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 1° edición, Buenos Aires, Conferencia Episcopal Argentina Oficina del Libro, N° 406
5) Op. cit. N° 407.
6) Nietzsche, Friedrich, El Anticristo, Ed. Edaf, Madrid, 2005, pág. 49).
7) Op. cit. N° 424.
8) N° 899.
9) Flores d’Arcais, Paolo, El desafío oscurantista, ética y fe en la doctrina papal, Anagrama, Barcelona, 1994, p. 36.
10) N° 36, en www.vatican.va/.../vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
11) Op. cit. N° 571
12) Discurso de BXVI en el Palacio Quirinal al Presidente italiano 24/06/2005, en www.vatican.va/.../hf_ben-xvi_spe_20050624_president-ciampi_sp.html
13) Op. cit. N° 571.
14) “Benedicto XVI: proclamar en abstracto la libertad religiosa no basta”, en www.zenit.org/.../benedicto-xvi-proclamar-en-abstracto-la-libertad-religi...
15) Verbitsky, Horacio, Doble juego, la Argentina católica y militar, 1° edición, Buenos Aires, Sudamericana, 2006, p. 19.

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¡Basta de impunidad, ni ajuste ni represión, 30 mil presentes!: A 38 años del Golpe Genocida

INDYMEDIA

Este 24 de marzo, en distintos puntos del país se marchará para repudiar el golpe cívico-militar de 1976. Año tras año, se profundizan las diferencias entre las convocatorias de organizaciones alineadas a los gobiernos, donde se pretende imponer una interpretación de los derechos humanos direccionada al pasado distante y digerible a las políticas oficialistas; y quienes sostienen la lucha contra la impunidad de ayer y la de hoy, ante un Estado que sigue torturando y desapareciendo personas.

Por eso, estarán presentes en esta fecha los reclamos de absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, el rechazo a la designación de César Milani como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el repudio a la impunidad de los ocho policías desaparecedores de Luciano Arruga, decretada por el ministro de seguridad bonaerense, Alejandro Granados. También, el reclamo por la aparición con vida de Jorge Julio López y la inmediata derogación de la “Ley Antiterrorista” y de toda ley que habilite la criminalización de la protesta social, entre otras demandas.



Desaparecidos en democracia

Desde el retorno de la democracia formal, se han sucedido gobiernos de distintos partidos en la conducción del Estado, pero la desaparición de personas a manos de sus instituciones no ha cesado.

En tanto que en los gobiernos de la UCR (83 - 89) hubo 10 desaparecidos/as, en el gobierno del PJ (89 - 99) la cifra asciende a 81; en el breve gobierno de la Alianza (99 - 2001) la cifra es de 19, en el periodo que va del 2002 al 2003 el número se eleva a 22 y en la década de gobierno del Kichnerismo (2003 - 2013) la cifra es de 81 desaparecidos a la fecha.

¿Dónde están Matías Golemba (Misiones); Jorge Julio López (La Plata), Luciano Arruga (Buenos Aires), Facundo Rivera Alegre (Córdoba), Daniel Solano (Choele Choel, Río Negro)? ¿Y los nombres y rostros que completan los/as 81 personas que faltan? Han pasado casi cuatro décadas y ni las políticas del “gobierno de los derechos humanos”, ni el poder legal ni mucho menos las fuerzas de seguridad, han respondido estas preguntas.

En este nuevo aniversario el silencio frente a estos hechos ineludibles no lo puede tapar ninguna retórica.

Genocidas: Justicia en cuentagotas

Respecto de lo actuado por parte del Estado en los juicios por los crímenes de lesa humanidad, las cifras arrojan que fueron condenados 470 represores pertenecientes a 600 CCDTyE (Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio).

Tomando en cuenta el Ejército, policías provinciales y el Servicio Penitenciario Federal, se realizaron 30 juicios correspondientes al Comando del Primer Cuerpo (Capital Federal, Buenos Aires y La Pampa) con 146 condenas; 25 juicios correspondientes al Comando del Segundo Cuerpo (Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos) con 100 condenas; 31 juicios correspondientes al Comando del Tercer Cuerpo del Ejército (Córdoba, Mendoza, Catamarca, San Luis, San Juan, Salta, La Rioja, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero) con 183 condenas; 7 juicios correspondientes al Comando del Cuarto Cuerpo del Ejército (Campo de mayo y algunos partidos de prov de Bs As) con 39 condenas; y 7 juicios correspondientes al Comando del Quinto Cuerpo (Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires) con 57 condenas. De la Armada, 36 represores recibieron condenas, mientras que hubo 8 condenas para represores de la Fuerza Aérea, y 7 para Gendarmería.

Estos números indican que la totalidad de la estructura terrorista del Estado a 10 años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final apenas ha sido horadada.

La rémora de la dictadura cívico-militar en las instituciones de hoy sigue floreciendo. Amparándose en el principio de inocencia, los honorables Senadores y Senadoras de la Nación designaron como nuevo jefe del Ejército al Teniente General César Milani. Sobre Milani pesa la denuncia de su participación en la desaparición en 1976 del conscripto Alberto Agapito Ledo, el secuestro y torturas de Ramón Alfredo Olivera en un centro clandestino de La Rioja y el secuestro del periodista riojano Oscar Plutarco Schaller.

Por otra parte la actuación bestial de las fuerzas de seguridad en la represión a distintos sectores organizados y el recrudecimiento del gatillo fácil y la muerte por torturas en cárceles y comisarías, junto a la connivencia escandalosa de funcionarios judiciales, no dan a lugar a los eufemismos con que el Estado busca deslindar responsabilidades por lo que hacen sus fuerzas de seguridad.

A 38 años del 24 de marzo de 1976, por Memoria, Verdad y Justicia, es necesario seguir levantando las banderas de juicio y castigo a todos los responsables de ayer y de hoy, el desmantelamiento del aparato represivo, el repudio a la criminalización de la protesta sindical y social y la garantía de la vida por sobre todas las cosas.

Fuentes:
- Informe anual de la situación represiva 2013 de Correpi http://correpi.lahaine.org/?p=1247
- Más justicia a cuentagotas por HIJOS La Plata http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2014/01/mas-justicia-cuentagotas.html

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La lucha docente, fundamental en el escenario de la lucha de clases de nuestro país

PCT

El país vive momentos de tensión debido a la indisimulable crisis que envuelve al “modelo” kirchnerista, sumido en sus propias contradicciones y miserias. Cumpliendo su rol, de hacerle los deberes al sistema de explotación capitalista, ha intentado -y logrado por una década- engañar a gran parte de las mayorías populares haciéndoles ver bondad, equidad y justicia allí donde no las hay.

Son las mismas políticas del gobierno las que han llevado a este momento de agudización de la disputa por ver quiénes pagan las consecuencias de tantos años de dislate, donde el gobierno opta por derechizarse aún más y aplicar un ajuste que se asemeja mucho a los de la ortodoxia neoliberal: devaluó el peso, subió las tasas de interés, pone techo a las paritarias por debajo de la inflación, acuerda con las empresas precios a los que aumenta antes de “cuidarlos”, aumenta los combustibles, el transporte y planea hacer lo mismo con las tarifas de servicios; pide (ruega, más bien) por inversiones extranjeras para lo cual entrega nuestro patrimonio a las corporaciones oligopólicas multinacionales de manera cada vez más explícita y vergonzosa; le paga a Repsol a pesar del saqueo y el vaciamiento que ha llevado a cabo; se arrodilla ante los organismos de “crédito” del sistema Financiero Internacional, flor y nata del Imperialismo. Es que el “modelo” no funciona sin financiamiento externo, haciendo añicos la mentira de la “soberanía conquistada” “gracias” al matrimonio pingüino. No puede haber soberanía cuando se depende de las divisas del Imperio.

En este cuadro, en que las condiciones del mercado del mundo globalizado han dejado de ser lo favorables que eran a principios del milenio para los productos de nuestro país, donde el gobierno se inclina claramente en favor de los intereses de los explotadores una vez más, emergen con una trascendencia por encima del resto de los conflictos por su representatividad, la lucha por la absolución de los compañeros trabajadores petroleros de Las Heras, acusados falsamente y condenados a cadena perpetua por un crimen que no cometieron, y la que están llevando adelante con una tenacidad que enorgullece, los docentes de varias provincias del país, especialmente los de la provincia de Buenos Aires.

En el primero de los casos, se ha conformado una poderosa campaña para lograr la absolución de los compañeros trabajadores petroleros, con comités en muchísimos puntos del territorio nacional. En un terreno en que el gobierno y la patronal hubiesen preferido el silencio y la oscuridad para amparar sus artimañas antiobreras, la solidaridad del resto de los trabajadores y organizaciones obreras ha sacado a la luz un proceso aberrante, a tal punto que hasta la presidenta CFK ha tenido que tomar partido públicamente, obviamente, en contra de los inocentes trabajadores. Las consignas por la absolución de los compañeros, como corresponde, encabezan todo acto y movilización que se lleve a cabo desde los espacios donde se defienden los derechos de la clase.

Quienes integramos el Partido Comunista de los Trabajadores creemos que esa misma importancia hay que darle a la lucha de los docentes, pues es el principal caso testigo en la puja por la distribución de la riqueza que producimos los asalariados en este país, en el escenario de la lucha de clases para determinar sobre quiénes recae el peso de la crisis producida por el “modelo”. Mientras el gobierno le paga a Repsol miles de millones de dólares, dice no tener fondos para pagarles dignamente a quienes les enseñan a nuestros chicos. La lucha de los trabajadores de la educación desnuda la mentira kirchnerista: pone énfasis en su condición de clase y los intereses que defiende, y señala los límites de la precarización del trabajo generado. La justicia del reclamo es incuestionable, y muy alentador el proceso de conformación de asambleas de base antiburocráticas, que incorporan a la lucha a miles de maestros que no se sienten representados por las direcciones tradicionales y cuestionadas: son los verdaderos condicionantes que empujan a las conducciones pro-oficialistas a endurecer sus posiciones. Deben constituirse entonces espacios unitarios de apoyo que elaboren documentos y actividades, las banderas y pancartas de solidaridad con los docentes deben encabezar cada acto, codo a codo con las de la absolución de los compañeros de Las Heras. Incluso en el próximo acto por un nuevo aniversario del Golpe Genocida, el 24 de Marzo, donde entre los oradores deberían figurar referentes de las direcciones combativas y las asambleas de base surgidas al calor del conflicto.

¡¡Viva la lucha docente, aumento efectivo ya!!
¡¡Absolución a los trabajadores petroleros de Las Heras, condenados injustamente a cadena perpetua por luchar contra el impuesto al salario del gobierno kirchnerista!!
¡¡Salario mínimo igual a la canasta familiar!!
¡¡No al pago de la deuda!!
¡¡Fuera las multinacionales de nuestro país!!.

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Del Caño y Castillo denuncian ataque contra derecho a huelga docente por parte de ex miembro de Policía de Camps

PTS

Nicolás del Caño, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, y Christian Castillo, diputado bonaerense del FIT y dirigente del PTS, denunciaron el fallo dictado por el juez Francisco Terrier que pretende imponer el levantamiento de la huelga docente.

Del Caño señaló que “el fallo es un bochorno completamente inconstitucional, ya que de ninguna manera un juez en lo contencioso administrativo puede dictar una resolución que se coloca por sobre el derecho constitucional de huelga que están ejerciendo los docentes contra el ajuste del Gobierno. Es una medida a pedir de Scioli, que ya no sabe qué hacer para imponer un aumento de miseria a los trabajadores de la educación en momentos en que crecen las protestas de docentes y estatales en todo el país”.

El diputado nacional por Mendoza también señaló que “el criterio de la resolución es inadmisible, contrariando toda la normativa jurídica local e internacional sobre el derecho de huelga de los trabajadores de la educación. Si se aceptase el criterio del juez, la justicia podría intervenir para levantar cualquier huelga no solo docente sino de la salud, del transporte o del sector público con el solo argumento de que afectan ‘derechos de terceros’. Es una resolución escandalosa que no se puede dejar pasar. El responsable de que no haya clases es el Gobierno que quiere que los docentes trabajen por salarios de miseria”.

El diputado bonaerense Christian Castillo, por su parte, denunció que “el juez Terrier es el mismo que ordenó que vuelvan a la actividad los policías implicados en la desaparición de Luciano Arruga y está denunciado por haber revistado en la Policía Bonaerense en los tiempos de Camps, durante el terrorismo de Estado. Es todo un símbolo que a poco de cumplirse un nuevo aniversario del golpe genocida el Gobierno de Scioli, con el aval del Gobierno nacional, recurra a un juez procesista para atacar el derecho de huelga de los trabajadores. Desde el PTS y el Frente de Izquierda apoyamos incondicionalmente la lucha de los docentes y exigimos la realización de un paro nacional en su apoyo. Este 24 de Marzo llamamos a movilizarnos masivamente con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia del Congreso a Plaza de Mayo, levantando la absolución de los petroleros de Las Heras y el apoyo a la lucha docente como dos de las banderas principales”.

Francisco José Terrier, actual titular del Juzgado Contencioso Administrativo N.° 3 de La Plata y ex comisario inspector (ya retirado) de la Policía Bonaerense, ocupó un cargo jerárquico en la División de Asuntos Jurídicos de dicha fuerza en la época en que su jefatura era ejercida por el represor Ramón Camps y sus distintos discípulos durante el período que se extendió entre 1976 y 1983. Esta denuncia fue realizada por socios del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata cuando la conducción del club que ejercía Héctor Delmar lo puso como integrante del jurado de honor en la Comisión Directiva de la entidad platense.

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La huelga en los servicios esenciales ya está reglamentada

Horacio Meguira (ACTA)

El vértigo de las noticias y la improvisación de los dirigentes para alimentar la insaciabilidad de los medios, hace olvidar algunos conceptos que están en la constitución y que resultan ser derechos humanos fundamentales.

Livianamente los gobernadores amenazan con leyes provinciales que califiquen a la educación como servicio esencial y por ende, anuncian medidas "ejemplificadoras" para limitar el derecho de huelga de los docentes.

La huelga es parte del derecho del trabajo y por ende su tratamiento, es materia federal. La capacidad de reglamentación es facultad del Congreso de la Nación, los gobernadores y las legislaturas provinciales carecen de legitimación, salvo los procedimientos que son materia del derecho provincial.

Los servicios esenciales ya están reglamentados por la ley 25.877 del 2004 y el decreto 272/06 y están taxativamente enunciados: los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. La educación no es servicio esencial y así lo han declarado expresamente los organismos de control de la OIT a los que expresamente la norma reenvía.

Pero esta regla tiene excepciones que expresamente se enuncian: una comisión independiente puede extender este concepto cuando por la duración y extensión de la interrupción de la actividad la ejecución ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o se tratare de un servicio público de importancia trascendental conforme los criterios de la OIT.

La Comisión de Garantías (órgano independiente) fue creada, los cargos fueron cubiertos. Si el Estado entiende que los servicios de educación se ven afectados en este caso concreto y es una excepción a la regla taxativa, debería poner en marcha los mecanismos previstos en la norma vigente.

Pero estas guerras verbales dominadas por "la noticia" hacen olvidar los mecanismos institucionales. La prioridad resulta vencer al otro en "la guerra" por obtener el apoyo de la opinión pública. La valuación la ejecutan los asesores de imagen y la ley es suplida por declamaciones vacuas reñidas con el Estado de Derecho.

Lo peligroso es que este constante repiquetear y la medición día a día de opinión, sustituye la subordinación a la ley de las propias instituciones que deberían ser su sustento. Ello nos hace pensar en un Estado anómico, donde la autoridad se impone de acuerdo a la relación de fuerzas. Si las opiniones son adversas a los huelguistas los gobiernos sancionan, si en cambio apoyan, esperan el momento adecuado para que se desgaste.

La huelga es un derecho humano fundamental previsto por la Constitución. Existen mecanismos legales que lo reglamentan. Al momento de declararse la conciliación obligatoria la propia ley establece que deben acordarse las guardias mínimas. La ley argentina no prohíbe la huelga en los servicios esenciales, solo establece la obligación de servicios mínimos (ejemplo: reglamentar el funcionamiento de los comedores escolares).

Pero resulta que la conciliación obligatoria también resulta inadecuada ya que por tratarse de huelga de trabajadores del Estado quien debe intervenir es un órgano independiente. En múltiples ocasiones los organismos de control de la OIT se han expedido respecto a la intervención del mismo Estado en los mecanismos de conciliación y arbitraje voluntario calificándolo como contradictorios de la libertad sindical (Convenio 87).

La amenaza de sanciones a los sindicatos, los anuncios apresurados de leyes provinciales, y los decretos urgentes son todos mecanismos mediáticos que eluden la aplicación del procedimiento establecido. Así la ley se convierte en una referencia verbal de decisiones políticas ya adoptadas; esto de por sí es grave y mucho más cuando se repite sin avizorarse ningún tipo de cambio en la conducta del Estado, cualquiera sea el signo político de los gobiernos.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Argentina. “Las Heras escucha, tu lucha es nuestra lucha”: ¡Seamos miles!

OTRO VIENTO

El 12 de diciembre de 2013, Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González -trabajadores petroleros de la localidad de Las Heras (Santa Cruz)- fueron condenados a prisión perpetua por un crimen que no cometieron. Precisamente, ellos fueron víctimas de una causa inventada por la policía santacruceña en complicidad con el poder Judicial y Ejecutivo provincial.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos sentenciados en esta causa. A Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach también los condenaron a cinco años de prisión por el delito de coacción agravada. Asimismo, Darío Catrihuala también recibió cinco años de la misma pena, pero como partícipe necesario en el delito de lesiones graves.

Ante semejante atropello a la clase trabajadora, sus gritos de justicia se multiplicaron por miles y hoy organizaciones sociales, partidos políticos, personalidades y trabajadores de gran parte del país y el mundo reclaman su inmediata absolución en el contexto de una campaña que busca visibilizar esta injusticia ante la omisión de los medios de comunicación hegemónicos. Puesto que, sólo la lucha y movilización popular harán torcer el brazo del poder.

Esta historia tiene su génesis allá por el año 2006. Época en la que el país era presidido por Néstor Kirchner, quien justamente se jactaba de sostener una posición pacífica y no represiva ante la protesta social. En el transcurso de ese año, los trabajadores petroleros de Las Heras comenzaron a luchar por condiciones laborales dignas.

Principalmente, sus reclamos eran: el encuadramiento en el convenio de petroleros de los trabajadores registrados bajo el acuerdo del gremio de la construcción (UOCRA) empleados en los yacimientos, por una razón muy simple: hacían el mismo trabajo pero cobraban menos; y el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias. Un impuesto que es manifiestamente injusto y desigual, ya que los sueldos de la clase trabajadora no son “ganancias”, sino la retribución que paga la patronal por utilizar y apropiarse de la fuerza de trabajo de sus empleados.

Éste reclamo había sido realizado un año antes por medio de un paro. Ante esta situación, la Comisión Directiva del Sindicato del Petróleo y el Gas prometió ocuparse del tema, logrando con ello que los trabajadores vuelvan a ocupar sus puestos de trabajo. Sin perjuicio de ello, no se obtuvieron los resultados esperados, y es así que a fines de enero de 2006, la situación volvió a repetirse y el obsecuente Sindicato no brindó el apoyo que esperaban los trabajadores, resolviendo los mismos desarrollar desde entonces distintas medidas de lucha, cortando principalmente las rutas provinciales 16, 18 y 43.

En palabras del vocero de los trabajadores, Mario Navarro, que el gremio los haya ignorado se debió a “negocios preexistentes que tenían con el poder político y las operadoras, digamos las generadoras de empleo”. Es por ello que el 6 de febrero de ese año, y luego de varios días de huelgas, asambleas y piquetes, la justicia local -por intermedio del juez subrogante Sergio Gargaglione- ordenó la detención de Mario Navarro por considerarlo uno de los “cabecillas” de los cortes de ruta.

Navarro fue detenido entonces en las instalaciones de la radio “La Soberanía”- única FM local- y de allí trasladado a la comisaría. Pero al instante, cuando el pueblo se enteró, una gran cantidad personas se aglutinó frente a la dependencia policial a reclamar por su libertad. La multitud no estaba compuesta solamente por petroleros; muchos vecinos además de familiares se acercaron al lugar, temiendo que Navarro sea sólo el primero de muchos más presos por luchar.

Dos concejales intercedieron en ese momento ante el Comisario Iñigo exigiendo que se excarcele a Navarro, pero sólo recibieron amenazas de agresión. A partir de allí, se desató una fuerte represión por parte de la policía santacruceña. Frente a ello, los manifestantes embistieron a los uniformados. Éste lamentable enfrentamiento, terminó con alrededor de 30 heridos y un muerto: el Suboficial Jorge Sayago.

ACÁ HAY GATO ENCERRADO

Muchas fueron las hipótesis que surgieron en torno a su muerte, pero lo cierto es que aunque la propia cúpula policial y el gobierno provincial acusen a los manifestantes, estos nada hicieron para evitar la caída del suboficial. Por el contrario, se guardaron en sus oficinas muy tranquilos y, saboreando la próxima donación de las empresas petroleras, esperaron a que el conflicto finalice para luego responsabilizar a los más débiles, los trabajadores. Sino, no se explica por qué en vez de trasladar al policía malherido al hospital de Las Heras, lo llevaron por tierra al hospital de Comodoro Rivadavia, muriendo éste durante el traslado en la ambulancia.

El lugar de los hechos, quedó sin ser perimetrado, permitiendo así que se alteren las evidencias, sobre todo ocultando la utilización por parte de la policía de balas de plomo. Testigos presenciales afirman que la policía disparó con plomo y que luego de la refriega, oficiales salieron a levantar las vainas servidas. La actuación policial cierra perfectamente si se analizan en perspectiva política los hechos hasta allí ocurridos. Al parecer, la muerte de Sayago le vino como anillo al dedo a la clase dirigente y las petroleras. De esta manera quedó relegado el conflicto salarial, ahora había un policía muerto.

Sobre esto, Ramón Amaya -abogado de Mario Navarro- explica: “El policía Sayago es un muerto que le conviene al statu quo. Se elimina el reclamo, se cambia el foco de discusión. A nivel nacional aparece un policía muerto por piqueteros. Desde el punto de vista de lo lógico y lo macabro es perfectísimo”.

Otra vez la complicidad de los medios de comunicación masivos estuvo a la orden del día, puesto que se encargaron de desviar el foco de atención de los sucesos, reproduciendo un mensaje completamente desfasado de la realidad. Un claro ejemplo de ello fue el diario Clarín que, el día siguiente al fallecimiento, tituló en tapa: “Violento reclamo salarial: un muerto”.

LA FARSA: EL JUICIO

Luego de 7 años de investigación, el juicio oral comenzó en el mes de junio de 2013, con 12 personas sentadas en el banquillo de los acusados. Durante el debate oral no apareció ninguna prueba capaz de demostrar la responsabilidad de los trabajadores en el asesinato de Sayago. Por el contrario, lo único que en verdad se pudo probar fueron las ilegalidades cometidas durante la investigación, quedaron al descubierto la enorme cantidad de delitos cometidos por parte de la policía provincial, que actuó en manifiesta connivencia con el Poder Judicial.

Ejemplo de ello fueron las declaraciones testimoniales arrancadas mediante amenazas, golpes y distintos tipos de tortura, a fin de recolectar elementos para perseguir penalmente a los trabajadores imputados. Así es que en ocasión de declarar frente al Tribunal, Graciela Valencia -cuñada de uno de los petroleros (González)- confesó, entre lágrimas, que declaró bajo amenazas y golpes propiciados por la Jueza de Instrucción Graciela Ruata de Leone. “Sinceramente tuve que mentir y arruinar una familia”, manifestó.

Ante la consistencia de esta y otras declaraciones, a lo único que atinaron los magistrados fue a presionar a los testigos sobre la penalidad que acarrea el falso testimonio. Se adiciona a semejante barbarie, las palabras del fiscal Ariel Candia que, reconociendo burdamente las torturas propiciadas, afirmó en su alegato “darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar”.

En síntesis, esta causa desde sus inicios olió a podrido. Los funcionarios públicos que intervinieron para averiguar la verdad real de los hechos, se ocuparon más bien, de perseguir obstinadamente y sin pruebas a los trabajadores. Así fue que de los mil manifestantes que participaron de la pueblada se seleccionaron -arbitrariamente- a doce trabajadores a modo de aleccionar a los demás.

La suerte de los trabajadores estuvo echada desde la misma muerte de Sayago; todo lo demás fue un circo donde los roles ya estaban predispuestos: el verdugo sólo tenía que afilar la cuchilla y las víctimas acomodar sus cabezas.

TODO PRESO ES POLÍTICO

Como dice la canción: “Si esta cárcel sigue así, todo preso es político”; y no es un dato menor que en Argentina haya en la actualidad 6.500 procesados por luchar. Ello significa que existe una política desplegada a nivel nacional para judicializar a quienes hacen uso de su legítimo derecho a la protesta.

El caso de los petroleros de las Heras fue más allá de los límites, y no bastando con el procesamiento de los trabajadores, se dictó una sentencia condenatoria aberrante, sostenida en testimonios falsos arrancados bajo tortura. Este bochorno judicial se asemeja a la condena sufrida por los mártires de Chicago, tal como lo expresara Osvaldo Bayer en su carta abierta.

El derecho a la protesta, como dice Roberto Gargarella, es el derecho a tener derechos. Constituye una manera válida de peticionar ante las autoridades la efectiva vigencia de los derechos reconocidos legalmente, pero omitidos en verdad. Por eso es incomprensible, desde todo punto de vista, que el Estado trate los reclamos sociales con el código penal en la mano.

Es conveniente aclarar que el Estado tiene a su alcance diversos mecanismos para mantener el status quo (estado de cosas) inalterable, a modo de garantizar la vigencia del actual sistema de producción capitalista. En tiempos de baja conflictividad social, el consenso que brinda la democracia representativa alcanza y sobra para que los ciudadanos se sientan partícipes en la toma de decisiones colocando una vez cada dos años un voto en la urna.

Sin embargo, ésta democracia tiene mayúsculas limitaciones; con ella no se educa, no se come ni se cura (parafraseando a Raúl Alfonsín). Es por eso que, ante imposibilidad de canalizar mediante el voto las demandas sociales, el derecho a expresarse en espacios públicos es vital para que los sectores relegados de la sociedad logren hacer oír su voz.

En este sentido, cuando el consenso no alcanza para mantener inerte a la masa social, principalmente a los sectores oprimidos, el Estado requiere la ayuda de su faz represiva -que siempre está presente, aunque por matar en silencio no lo parezca-. Es así que cuando las clases subalternas tocan los intereses de quienes concentran el poder económico -en este caso las empresas petroleras-, aparecen los palos, las detenciones, las balas de “goma” pero que penetran hostilmente como el plomo, sino hay que preguntarle a los caídos en las jornadas de lucha del caluroso 19 y 20 de diciembre de 2001, a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán; o a Carlos Fuentealba, o a Mariano Ferreyra, y la lista continúa.

En la coyuntura actual se puede vislumbrar un acrecentamiento de la criminalización de la protesta social. Pareciera ser que la condena a los reclamos sociales viene ganado legitimidad en el seno del gobierno, que ya no puede sostener su postura antirrepresiva frente a lo que marca la realidad. Sino, qué explicación tiene la condena a los militantes de M.P.R. Quebracho: Esteche y Lescano, qué se puede argumentar frente a las leyes antiterroristas impuestas por el imperialismo, cómo refutar el Proyecto X para perseguir a los trabajadores que luchan.

Hoy día, corren tiempos en donde la devaluación de la moneda argentina con la consecuente inflación que genera en diversos productos, entre ellos, los que componen la canasta básica de alimentos; cala hondo en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales de los trabajadores, los cuales históricamente han crecido por debajo de los niveles de inflación, produciéndose una redistribución regresiva del ingreso a favor de los que más tienen. ¿Qué implicancia tiene esto? Que seguramente los niveles de conflictividad social aumenten, debido a que los salarios de hambre no van a alcanzar para que los trabajadores lleguen a fin de mes.

Habrá que ver cómo reacciona el Estado, hasta ahora parece ser que la receta no ha cambiado, y es la misma que se viene aplicando: aleccionar a la clase trabajadora, mediante el despliegue de una enorme cantidad de uniformados -sean éstos policías provinciales, federales, gendarmes o prefectos- ante cada protesta social.

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Impunidad: El gobierno de Scioli levantó la sanción a los policías desaparecedores de Luciano Arruga

NEXOFIN - AGENCIA WALSH

El Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, levantó la sanción que pesaba sobre los ocho policías acusados de participar en la desaparición del joven Luciano Arruga, por lo que volverán a sus cargos con total impunidad. Un fallo judicial en favor de uno acusados fue la excusa perfecta para que el ministro emitiera la resolución Nº 359 que dejó sin efecto la sanción aplicada a todos los policías. Lo más patético de caso es que la decisión judicial no obligaba al Ministerio de Seguridad a reintegrar en el cargo al único policía favorecido por el fallo.

El Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, levantó la sanción que pesaba sobre los ocho policías acusados de participar en la desaparición del joven Luciano Arruga, ocurrida en 2009. Volverán a sus cargos

El ministro tomó esta decisión luego de un fallo judicial que benefició a los involucrados a partir de un amparo presentado por uno de los acusados, se supo hoy.

Se trata de los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera, los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, quienes en febrero de 2013 habían sido pasados a disponibilidad por el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.

Sin embargo, según pudo confirmar DyN, Granados resolvió la semana pasada dejar sin efecto esa sanción y poner en funciones a los ocho uniformados, quienes se desempeñaban en la comisaría de Lomas de Mirador (La Matanza) al momento de producirse la desaparición de Arruga, aunque luego fueron trasladados a otras comisarías.

Para restituirlos, Granados se sirvió de una resolución de la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que hizo lugar a un amparo presentado por el policía Herrera, quien advirtió que ya había transcurrido “ampliamente” el plazo de 30 días para permanecer bajo disponibilidad.

El fallo, que data del mes de diciembre y al que tuvo acceso la agencia de noticias DyN, aceptó el planteo de Herrera y condenó al Ministerio de Seguridad a que “dentro del plazo de 20 días de notificada la presente, se expida con relación al reclamo”.

No obstante, en la resolución el juez -Francisco Terrier- aclaró que “este emplazamiento no implica abrir juicio acerca de la fundabilidad de la petición a decidir, ni sobre el contenido de la resolución administrativa que deba adoptarse”.

Aunque la sentencia fue solo favorable para uno de los uniformados acusados y en ella no se obligó al Ministerio de Seguridad a reintegrarlo en el cargo, Granados emitió el viernes pasado una resolución (la número 359) en la que dejó sin efecto la sanción aplicada a todos los policías.

Esa medida permitirá a los ocho efectivos volver al último lugar donde se desempañaron antes de ser pasados a disponibilidad por su presunta participación en la desaparición de Arruga.

Ahora Díaz podrá regresar a la comisaría 1ra. de Esteban Echeverría, Herrera a la comisaría 4ta. de Morón, Monte al Destacamento Bº de Pompeya, Fecter y Vázquez a la comisaría 1ra. y 2da. de Lomas de Zamora, y Sotelo, Márquez y Zeliz a las Comisarías 1ra., 2da. y 3ra. de Morón, respectivamente.

Luciano Arruga fue visto por última vez la madrugada del 31 de enero de 2009 en el destacamento de Lomas del Mirador, en La Matanza, adonde fue llevado por personal policial, y allí, según testigos, habría sido golpeado por los uniformados.

Según la familia del menor, todo comenzó el 22 septiembre de 2008, cuando la policía le ofreció a Arruga robar para ellos y ante la negativa comenzó una persecución policial que se extendió por cuatro meses, hasta la desaparición del joven de 16 años.

La causa Arruga fue caratulada en principio como “averiguación de paradero” y el año pasado, cuando pasó a la órbita de la Justicia federal de Morón, fue recaratulada como “desaparición forzada de persona”.

Ninguno de los ocho policías mencionados fue procesado y ni siquiera indagados por la Justicia.

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Dos en una moto

Daniel Papalardo (especial para ARGENPRESS.info)

Roberto Fontanarrosa, inmortalizó una descripción social de los sectores medios acomodados, en la que dejó entrever su rechazo, en un cuento al que tituló, DOS EN UNA MOTO. Ha querido la realidad, venir a destruir esa construcción literaria, abordando la escena (dos en moto) pero depositándola peyorativamente en otro grupo social, insuflando la estigmatización.

Hoy dice el periódico, que los fiscales miembros del flamante Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, advierten sobre la necesidad de tomar medidas que contemplen restricciones; incluso la de prohibir la circulación de motocicletas con dos ocupantes.

Los miembros de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios alegan que medidas de ese tipo obtuvieron resultados rápidos en otras ciudades donde se aplicaron y presumen que, si bien no terminarían con la creciente problemática de la violencia y los crímenes que trae aparejada, al menos permitiría poner corte a una modalidad creciente.

También dicen los medios que desde un salón del congreso nacional se hizo público un documento que gestó el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD) que se titula “Para más seguridad, más democracia” en el que se denuncia una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático, añadiendo que “Estamos en un contexto enrarecido donde “la sociedad civil reclama que generemos un espacio para un debate adecuado y serio”

Es en ese contexto en el que me permito recordar que los operadores públicos de la política criminal no son individuos que emiten opiniones como cualquier ciudadano, sino órganos del Estado, puestos en el desarrollo de una funcionalidad constitutiva de consenso para esas políticas, que en el caso, por las derivaciones que tienen los dichos de los Sres. Fiscales, solo apunta a la construcción de un nuevo y más perfeccionado estereotipo, en tanto significa una percepción exagerada, que se tiene sobre personas que comparten el factor común de utilizar una motocicleta buscando naturalizar una actitud social represiva y estigmatizante sobre los mismos

En los enunciados apresurados de los integrantes del órgano acusador, toma cuerpo una forma errónea o inferior de pensamiento, en tanto esas conjeturas surgen de una visión ideológica que no coincide con la realidad.

Toda vez que representa un silogismo construido de manera deficiente con afectación de la lógica, en tanto que si la premisa mayor es que toda persona que aborde una motocicleta con un acompañante es peligrosa, luego cada una de esas motocicletas implica el comienzo de ejecución de un delito. Piénsese, por el absurdo, que gran parte de los delitos culposos o negligentes se producen por personas conduciendo vehículos. Luego, según los fiscales, para evitar las lesiones y homicidios culposos habría que suprimir los automóviles.

El discurso fiscal obedece a una motivación defensista que tiene como carácter distintivo la sobregeneralización desde una estructura de pensamiento rígido con matrices etnocentristas que oculta la sobrevaloración del propio grupo y rechazo u hostilidad hacia el otro ya que no escapa a nadie que los usuarios de motocicletas responden a un determinado sector social y en gran mayoría a una determinada franca etaria, de forma tal que siguiendo esta idea, nuevamente, si sos joven y de bajos recursos, probablemente seas peligroso. Pienso solo a título ejemplificativo, en dos obreros jóvenes que salen de su fábrica, con casco y en moto, luego imagino una mujer con su hijo en una esquina esperando un colectivo… Si fuera un fiscal, diría que hay alta probabilidad de que la mujer sea atacada por los seguramente delincuentes que tripulan la motocicleta

Este ejemplo, no hace otra cosa que poner en blanco sobre negro, lo intencional de la difusión de estos pensamientos, y la posible captación legislativa de estas iniciativas. Se dice por ahí que la existencia determina la conciencia. Puede que de tanto enfrentar la realidad, los fiscales hayan tenido que apelar a la lógica del enemigo y concluir necesariamente que toda moto es la caballería del delito, dentro de esta estructura de guerra contra todo lo diferente que se advierte en el discurso de la criminología mediática dominante.

Lo otro, -me refiere al llamado desde el parlamento- se presenta en las antípodas, algo así como una negación de lo narrado, aunque , si se tiene presente que se pronuncia en el marco de la defensa de un proyecto de código penal, habrá que advertir que se refiere a otra modalidad de control social, bien que nutrida al menos de rasgos de racionalidad, superadores del canibalismo político emergente de la pretensión de construcción de un estereotipo que subyace en la pretensión de los nóveles fiscales.

Una cosa sin embargo, parece clara, no es posible diseñar una política criminal razonable y enmarcada en un contexto democrático como el que todos los argentinos sostienen periódicamente con su voto y del que estamos próximos a cumplir un nuevo aniversario, si tenemos al otro por enemigo. No debemos olvidar que la producción de motos creció exponencialmente en nuestro país sobre la base de nuevas prácticas y nuevas necesidades sociales de transporte, que no pueden ser abortadas por una simple legislación prohibitiva. Habrá que recordar simplemente a modo de ejemplo, las vicisitudes del transporte público, y los requerimientos de desplazamientos de un punto a otro de la ciudad para advertir que suprimir y reprimir son expresiones que solo en última instancia social, deberían adquirir posible y limitada legitimación.

Sin embargo y siempre en busca de un mensaje esperanzador, parece posible tomar el discurso constructor de estereotipo, por la positiva, para ubicarlo como punto de inicio de un debate serio sobre la cuestión criminal, con participación de todos, en el marco de una sociedad democrática, con base en la idea central de que el otro, a pie o en moto, no es otro que yo, y no alguien de quien debo defenderme.

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Otro pibe caído, otro caso de gatillo fácil

ANRED

El miércoles 12 de febrero el policía perteneciente al Grupo Halcón de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Daniel Duarte, baleó en La Plata a dos jóvenes que habrían intentado arrebatarlo. Uno de ellos, a quien sus amigos apodaban “Beiby”, recibió un disparo por la espalda y murió en el momento; mientras que Mauricio, de 17 años, estuvo internado hasta el lunes pasado, día en que falleció. Ambos habían sido abandonados por los dispositivos del Estado que debían atenderlos, cuyos directores se negaron a trabajar con ellos y sus familias. Otra historia de la juventud que el Gobierno abandona y la policía fusila.

“¿Cómo les disparó? No hay muchas opciones, los ejecutó cuando estaban tirados en el piso luego de caerse, o bien este asesino corrió al lado de la moto, le dijo al Mauri que se corriera y ahí le pegó el tiro por la espalda al Beiby y después a mi Mauri, por las costillas”, se preguntó Claudia, su mamá.

El pasado miércoles 12 de febrero el policía perteneciente al Grupo Halcón de la provincia de Buenos Aires, Cristian Daniel Duarte, fue arrebatado por dos jóvenes en la ciudad de La Plata a lo que respondió con balas. Respondió con el gatillo fácil. Él estaba de franco, sin embargo sacó su arma y le disparó por la espalda a Beiby, quien falleció en el momento que era asistido; y a Mauri, que estuvo internado en el Hospital Gutiérrez durante unos días y luego fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde el lunes pasado falleció.

Nuevamente, otro pibe asesinado por la policía. Con tan sólo 17 años conocía “mucho de la calle”, sabía dónde resguardarse en una noche lluviosa como también sabía quién debía ayudarlo para salir de las drogas o a quién exigirle una vivienda digna. “Mauri” conocía muy bien la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Provincia como también a su director, Carlos Dabalioni, por la cantidad de veces que se han encontrado en los distintos dispositivos con que cuenta el Estado para resguardar a nuestra juventud, que tal como vienen denunciando hace varios años sus trabajadores, se encuentran totalmente vaciados.

En la actualidad, no es una prioridad del Gobierno atender a los niños y adolescentes de los barrios populares, de la periferia, donde hay “custodia” para entrar y salir. Donde está Gendarmería disparando a mansalva. Para eso sí hay presupuesto, a diferencia de los dispositivos de niñez, que del Estado sólo conocen millonarias deudas. Basta mencionar la multitudinaria movilización realizada la semana pasada por la Obra del padre Cajade, a la que la Provincia le adeudaba meses y meses de subsidios y becas, poniendo al borde del cierre a los hogares y casas de día que atienden a este sector de la población.

De la misma forma pasa con todos los institutos y hogares distribuidos en toda la Provincia, como así también con los programas destinados a niñez y juventud, como el Envión, cuyos trabajadores y trabajadoras viven reclamando sueldos adeudados y materiales de trabajo. La ecuación sigue igual: más fuerzas represivas e instrumentos de vigilancia al estilo “Gran Hermano” y menos educación, menos dinero para los niños, niñas y adolescentes de los barrios pobres.

Uno más… y van

Luego del incidente ocurrido en calle 71 entre 23 y 24, Cristian Daniel Duarte, “supuestamente” residente del barrio Meridiano V, fue detenido durante una sola semana con el cargo de “homicidio en ocasión de robo”, que tras la muerte de Mauri se transforma en “doble homicidio”, por lo que se espera que empiecen las investigaciones correspondientes al policía que abusó del arma en su día de descanso.

Otra elemento a tener en cuenta fue la entrega del cuerpo. El joven falleció el pasado 17 de marzo a las 19hs y recién le dieron el cuerpo a la familia el miércoles 19 por la tarde, dándoles miles de vueltas con supuestos papeles.

Ya ha pasado en otras situaciones similares. Para los jóvenes de los barrios pobres asesinados por la policía las autopsias se demoran casi 48 horas, en cualquier otro asesinato los tiempos son mucho más rápidos.

Vale aclarar que en el último año y medio se registraron al menos siete casos más, de asesinatos de jóvenes de la región a manos de la policía. Entre ellos se encuentra Braian Mogica, de 16 años, ultimado por un custodio de la Casa de Gobierno el 19 de noviembre del año pasado. Y después están las seis muertes que denunció el defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, Julián Axat, ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense: Rodrigo Simonetti (11 años), Maximiliano De León (14 años), Franco Quintana (16 años), Axel Lucero (16 años), Omar Cigarán (17 años) y Bladimir Garay (16 años).

A esto hay que agregar que el último 26 de febrero otro joven de 17 años, Gastón Coronel, recibió un disparo en el abdomen por parte de un militar retirado, y se encuentra desde ese momento internado en grave estado en el Hospital Gutiérrez, superando ya ocho operaciones quirúrgicas.

En todos los casos se trata de niños o jóvenes que en el marco de un abandono total por parte de las escasas políticas de contención del Estado, sufrían la persecución y el hostigamiento por parte de la policía bonaerense.

Tirar a matar

Familiares, amigos y vecinos de “Mauri” quieren justicia. Aseguran que los disparos lanzados por el policía del Grupo Halcón estaban dirigidos a asesinar a los jóvenes. “Beiby” perdió la vida debido a la bala que impactó sobre su espalda; mientras que “Mauri” recibió un tiro en sus costillas, rozándole los pulmones y golpeando la médula.

En un contexto donde las fuerzas de seguridad se multiplican en la ciudad y en toda la Provincia, con una renovación del discurso criminalizador de los niños, niñas y jóvenes pobres, los casos de gatillo fácil parecen reproducirse al mismo ritmo.

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El “final feliz” de Kicillof: Explotó de un pozo de fracking en Allen, Río Negro

Juan Pablo Olsson

Todavía resuenan los ecos de aquel acto en el que Cristina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en abril de 2012. En esa ocasión la presidenta señaló que los objetivos a seguir eran la “recuperación de la soberanía energética y control de los hidrocarburos”. El siguiente paso en esta estrategia se dio en julio de 2013, con la concreción del acuerdo entre YPF y Chevrón, para la explotación de recursos no convencionales en la región de Vaca Muerta, provincia de Neuquén.

Estas decisiones del gobierno en materia energética, anunciadas pomposamente por la presidenta, y festejadas siempre por un ejército de aplaudidores, omiten una serie de peligros ambientales y de irregularidades en sus procedimientos, que resultan indispensables de aclarar. El acuerdo firmado con Repsol desdice en los hechos las palabras con las que el Ministro de Economía Axel Kicillof había anunciado la expropiación, quien señalaba que eran tarados los que pretendían pagarle a Repsol lo que la empresa reclamaba.

Independientemente de la insólita situación de que entre los anunciantes que festejaban la expropiación del 51% de YPF, se encontraban algunos personajes que participaron de la privatización de la empresa en 1992 y su posterior vaciamiento -como el actual secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini- lo trascendental del proyecto de ley que autoriza el pago a Repsol es, como señala el Senador Solanas, su ilegitimidad, su inconstitucionalidad y su ilegalidad. Por más de que Kicillof se esfuerce en argumentar a favor del pago, señalando que estamos llegando a un “final feliz” en esta negociación, la realidad muestra que el acuerdo no contiene un informe serio y consistente sobre los pasivos ambientales que deja la empresa y tampoco incorpora una auditoría de las reservas.

Desde Cristina Fernández de Kirchner, pasando por el Ministro de Planificación Julio De Vido hasta llegar al CEO de YPF, Miguel Galuccio, los funcionarios del gobierno han insistido incansablemente sobre las supuestas virtudes y ventajas e inversiones millonarias que iba a traer a nuestro país dicho acuerdo. Pero en realidad, detrás de un supuesto acto patriótico hay una profunda entrega de la soberanía y de los recursos. El agravante de esta situación es la profundización de la depredación y los altos riesgos de una catástrofe ambiental

En agosto de 2013, ya habíamos asistido a un accidente de un pozo de fracking en la localidad de Plottier, Provincia de Neuquén. Hace unos días, explotó otro pozo de extracción de gas no convencional, que también utiliza la técnica de fracking de la empresa Apache en la localidad de Allen, Provincia de Río Negro. Esta vez, la explosión sucedió a partir de una maniobra que derivó en una filtración de gas y terminó provocando un gran estallido cuya onda expansiva se extendió a 50 metros alrededor. Estos episodios preanuncian un desastre ambiental mucho más grave, como ya ha sucedido en Estados Unidos o Ecuador.

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Mesas de dinero y Ética Pública

Roberto Fermín Bertossi

Respecto de la ETICA, con Juan Batalloso Navas sostenemos que desde la más remota antigüedad, los seres humanos, como creadores de cultura y constructores de proyectos de convivencia ciudadana, siempre han situado en un mismo plano la aplicación de criterios y normas para la supervivencia del grupo social de pertenencia y la transmisión de dichas regulaciones ético-morales a las futuras generaciones. Las inquietudes y creaciones morales y éticas, así como los procedimientos y métodos para enseñar y educar moralmente a las nuevas generaciones, han sido un elemento esencial para la supervivencia de la propia especie humana en su dinámica relacional con la naturaleza, con la familia, con la economía, con la gobernabilidad y con la sociedad.

En el fondo, el actual ideal de una ética planetaria y universal que vaya mucho más allá del antropocentrismo, es una gran síntesis creadora hecha a partir de la puesta en común y de la racionalización de denominadores procedentes de las más diversas culturas, mitos, leyendas, tradiciones espirituales y religiones que la Filosofía y específicamente la Ética como reflexión crítica sobre la Moral, ha ido construyendo durante milenios. Pero a su vez, está gran síntesis que desemboca en el principio universal de la igualdad esencial de todos los seres humanos sin excepción y en su valor intrínseco e intransferible, no habría sido posible si los principios, valores, normas y reglas que hoy vienen claudicando de mil maneras, no hubiesen encontrado formas diversas de transmisión y de enseñanza.

Con respecto a la USURA y Corrupción Pública, las esquirlas del estallido de una cueva financiera cordobesa, tendrán consecuencias tan imprevisibles como inconmensurables en la medida que han quedado atrapados por la ley de ética en la función pública, funcionarios nacionales, provinciales y municipales confesos pero, inauditamente aún, firmemente ratificados, precisamente por quienes deben proceder a su apartamiento inmediato con noticia a la justicia, a las autoridades legislativas pertinentes, etc.

A todo esto, no es nada novedoso el flagrante funcionamiento de mesas de dinero en todo el país al margen del Banco Central de la República Argentina (BCRA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), etc.

Tampoco resulta ninguna eureka el relacionamiento, con o sin estulticia, de funcionarios, profesionales, concejales e intendentes con mesas de dinero camufladas en seudomutuales y cooperativas al margen de las fiscalizaciones del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), del BCRA, de la AFIP…

Indudablemente la sociedad civil viene siendo inficionada y saturada en su buena fe, otra vez por una casta política al margen de la ley, sin perjuicio de aquellos eventuales testaferros de imponentes empresarios/usureros insaciables.

Lo cierto es que a finales del año 1999 fue sancionada, promulgada y publicada la Ley de Ética de la Función Pública Nº 25.188, que inexcusablemente y sin excepciones, estableció un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

Dicha ley de alcance nacional, también impone ciertos parámetros de deberes y pautas de comportamiento ético en el ejercicio de la función pública, resultando, el primero de todos, cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten, (Vg. BCRA., AFIP., INAES, etc.)

En lo concerniente a las declaraciones juradas de todo funcionario, el artículo 6º y cc. de la Ley 25.188 es prístino y, puntualmente, en su inciso e), imperativamente requiere la declaración de los depósitos en bancos u otras entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, tarjetas de crédito y cajas de seguridad…

Resulta del mayor interés, la reflexiva lectura -entre otros- del artículo 26 de la ley 25.188 cuando respecto de recuperos y testaferros, modifica el artículo 23 del Código Penal, sin perjuicio para sus infractores de las condenas de prisión personal e inhabilitación funcional perpetua establecida por el artículo 39 de esta ethicus norma normarum.

Veamos: Artículo 26: Sustitúyese el artículo 23 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 23: La condena importa la pérdida a favor del Estado nacional, de las provincias o de los Municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros, de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito…

… Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos…

Artículo 39: Incorpórase como artículo 268 (3) del Código Penal el siguiente:

Artículo 268 (3): Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo…

En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

Preconclusivamente, no solo estamos en presencia de funcionarios obligados a denunciar estas mesas y cuevas financieras sino, obviamente, de abstenerse de realizar operaciones con las mismas, de ninguna índole, en ninguna fecha ni circunstancia. Asimismo, tenemos otros funcionarios con máximas jerarquías y responsabilidades que deberán sin más, solicitar las renuncias y efectuar las denuncias pertinentes, bajo apercibimiento de complicidad salvo, que, en el colmo del cinismo político intelectual, insinuaran una aberrante falacia calificada Vg., que tal comuna, municipio o provincia, no ha adherido a la ley nacional ni ha dictado legislación provincial/municipal inhabilitando a quienes violen toda ética en el ejercicio de la función pública pero, ante aberración semejante, se debe anticipar que sería un atajo descarado e irrito… si los hay.

Tal vez esta situación de corrupción estructurada y transversal, pueda ser debida a que en esta época de postmodernidad, de crisis civilizatoria, ya no interesan mentes críticas y bien pertrechadas de convicciones firmes fundadas en una ética fuerte y radical capaz de hacer frente de forma autónoma y creadora a los complejos problemas a los que estamos enfrentados. Por el contrario, lo útil, lo eficaz, lo productivo, lo exitoso, es que los sistemas educativos y culturales sigan produciendo individuos vulnerables, miedosos, obedientes, inseguros que disfruten sin descanso de los placeres prometeicos que les proporciona la sociedad del ocio y la industria de la conciencia, una industria por cierto, que en nombre de un supuesto respeto a las audiencias como espacio mercantil de salvaje competencia, edulcora la vida humana, proporcionándonos sucedáneos de felicidad basados en una ética indolora destinada a confundir perpetuamente euforia con alegría, placer con felicidad y opiniones con convicciones.

Finalmente, ante todo todo esto, el primer paso será un cívico-democrático apartamiento de esta calaña corrupta, tanto de las esferas públicas como privadas y culturales en una subespecie de excomunión civil ciudadana y hasta cuando se produzca el milagro de su recuperación ético cultural para su noble y cabal reinserción social ciudadana.

Roberto Fermín Bertossi es investigador del CIJS/UNC.

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Labriegos paraguayos cortan tránsito en apoyo a huelga

PL

Miles de campesinos paraguayos cortan hoy el tránsito en carreteras de siete departamentos paraguayos como apoyo a la huelga general convocada mientras sus dirigentes denunciaron un plan oficial para amedrentarlos y provocar incidentes.

Los principales problemas derivan de la insistencia policial en revisar documentos de los manifestantes durante su traslado en camiones hacia Asunción y prohibir que enarbolen sus tradicionales garrotes considerados emblemas de su disposición a la lucha por sus reivindicaciones.

Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), en un breve acto efectuado frente al Panteón de los Héroes explicó que la intención policial es retener los camiones y se refirió ya a los primeros incidentes registrados.

En algunos camiones interceptados se resistieron los campesinos, quienes se negaron a permitir la inspección y mucho menos a entregar sus garrotes, de acuerdo con lo manifestado por la FNC.

Otro elemento resaltante es la posición adoptada ahora por los empresarios del transporte urbano quienes insisten en colocar parte de sus ómnibus en las calles normalmente a pesar del anuncio de las centrales sindicales asegurando la adhesión de los choferes a la huelga.

César Ruiz, a nombre de los propietarios de las líneas de ómnibus, solicito al gobierno la colocación de dos policías en cada uno de los buses mientras el dirigente sindical Bernardo Rojas aseguró que no permitirán la contratación de choferes ajenos a las empresas y detendrán esas unidades.

Por otra parte, las movilizaciones en la capital se inician también hoy, según Rojas, con el corte parcial e intermitente de varias arterias principales y la paralización del trabajo por algunos sindicatos docentes comenzará mañana, víspera del paro nacional.

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La resurrección de monseñor Romero en el pueblo salvadoreño

PL

El 34 aniversario del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1917-1980) confirmó hoy una vez más su creciente vigencia en las luchas sociales de los salvadoreños y sus esperanzas de una sociedad más justa.

El propio obispo mártir, mirando al futuro, vaticinó ante las frecuentes amenazas de muerte en su contra: "Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño".

El tiempo le ha dado la razón.

Su retrato, junto a muchas de sus ideas dispersas en centenares de homilías, se encuentran por muchas partes del país, desde una humilde vivienda de una comunidad cristiana de base hasta grandes murales de universidades, el aeropuerto y la Casa Presidencial.

Es considerado el guía espiritual de la nación por el presidente Mauricio Funes, durante cuyo mandato monseñor Romero ha recibido los primeros homenajes oficiales.

El religioso fue asesinado de un disparo al corazón el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa en la capilla del hospital para cancerosos Divina Providencia, de la colonia Miramontes de la capital.

Una Comisión de la Verdad creada por Naciones Unidas después de los Acuerdos de Paz de 1992, determinó en 1993 que monseñor Romero fue víctima de los escuadrones de la muerte dirigidos por el mayor Roberto D´Aubuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Aunque es difícil encontrar textos que concentren sus ideas, e incluso fue considerado conservador por algunos antes de ser nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977, en escritos de varios de sus biógrafos, se encuentran razones de los represores para el crimen.

Un día antes de su asesinato dirigió una vigorosa apelación a la dictadura militar de la época para que pusiera fin a la represión.

"La Iglesia -expresó-, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación.

"Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre.

"En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión". El 17 de febrero de 1980, 35 días antes de ser asesinado, escribió al entonces presidente de Estados Unidos, James Carter, quien se proclamaba como defensor de los derechos humanos, una exhortación a cesar los entrenamientos y ayuda a las fuerzas militares y policiales salvadoreñas.

"La contribución de su Gobierno en lugar de favorecer una mayor justicia y paz en El Salvador agudizará sin duda la injusticia y la represión en contra del pueblo organizado que muchas veces ha estado luchando porque se respeten sus derechos humanos más fundamentales.

"Por tanto, dado que como salvadoreño y Arzobispo de la Archidiócesis de San Salvador, tengo la obligación de velar porque reine la fe y la justicia en mi país, le pido que si en verdad quiere defender los derechos humanos,

"- Prohíba se dé esta ayuda militar al Gobierno salvadoreño.

"- Garantice que su gobierno no intervenga directa o indirectamente con presiones militares, económicas, diplomáticas, etc., en determinar el destino del pueblo salvadoreño.

"Sería injusto y deplorable que por la intromisión de potencias extranjeras se frustrara al pueblo salvadoreño, se le reprimiera e impidiera decidir con autonomía sobre la trayectoria económica y política que debe seguir nuestra Patria".

Sus palabras también están grabadas de múltiples formas en muchas partes del país.

"Es necesario acompañar al pueblo que lucha por su liberación", se lee en uno de los murales de una pared de la Universidad de El Salvador.

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