lunes, 31 de marzo de 2014

Argentina creció 3% en 2013

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

El INDEC informó sobre la evolución del nivel de actividad durante el 2013, bajo una nueva modalidad de medición de las cuentas nacionales, con precios bases del 2004.

Con la nueva medición, preliminar, la que se ajustará definitivamente en septiembre próximo, la economía de la Argentina creció el 3% durante el 2013.

Las expectativas, según informaciones oficiales previas, eran de una cifra mayor, superior al 4%, y vale recordar que si el crecimiento es superior al 3,22% existen bonos de la deuda pública atados al crecimiento del PBI que pagan intereses anuales del orden de los 3.500 millones de dólares.

El dato a destacar es que los tenedores de esos títulos esperaban cuantiosas ganancias a cobrar en el 2014, que ahora se esfuman. Al mismo tiempo, se liberan fondos para usos alternativos, los que no debieran asignarse arbitrariamente y sí, favorecer un debate sobre la utilización de esos recursos, precisamente en un momento en que se debate, entre otras, la actualización de las asignaciones de los trabajadores estatales.

Desde el INDEC se están presentando nuevos indicadores y mediciones, supervisadas y observadas en su metodología por el FMI. Se trata de la medición de los precios minoristas de carácter federal para enero (3,7%) y febrero (3,4%) de este año; y ahora los datos de actividad económica, es decir. el 3% de expansión del PBI, o sea la nueva riqueza generada en un año.

Es aún prematuro relevar la credibilidad de las nuevas informaciones, aunque parecen más asociadas a la realidad percibida desde distintos ángulos. Habrá que analizar la tendencia de la nueva serie que se habilita para medir la inflación y el PBI y en ese proceso validar o discutir el resultado estadístico de la nueva metodología.

¿Qué sectores crecen y cuáles caen?

Los datos confirman intuiciones sugeridas desde diversas fuentes, entre las que sobresale una caída del 1,6% en la explotación de minas y canteras y especialmente una baja del 0,3% en la actividad en la industria manufacturera y en contrapartida una expansión del 21% de la intermediación financiera y otros servicios financieros.

No es un tema menor ante el crecimiento de la actividad industrial desde el 2002 y su impacto en el empleo, importante por lo menos hasta el 2007 y con tendencias mucho más leves desde entonces. Una situación agudizada en el 2009, año de recesión global, y que parecía superada con fuerte intervención estatal en los años siguientes.

Ahora, debe registrarse el retroceso industrial, más allá de críticas al modelo de armaduría y escasa difusión en sectores pequeños y medianos de partes y componentes para ensamble, en el marco de una crisis mundial que ya no solo impacta en los países capitalistas desarrollados.

El agro (10,6%) y la pesca (22,8%) crecen por encima del promedio; también hotelería y restaurantes (4,3%); e incluso la actividad estatal en educación, salud y seguridad social apenas por encima del promedio. En el otro ángulo se destaca un crecimiento por debajo del promedio en electricidad, gas y agua (2,9%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,7%); la construcción (2,5%); el comercio (1,8%); y otros sectores como el servicio doméstico o los servicios inmobiliarios.

Interesa por lo tanto la coyuntura derivada de la información y la perspectiva del presente año y siguientes, por el impacto en el empleo y lo que supone en el imaginario social el aliento a la actividad financiera por sobre la productiva en el sector industrial.

No se trata de que uno sea mejor que el otro (sector productivo sobre financiero), ya que el uno necesita del otro, pero si interesa ver las orientaciones de la actividad económica que se deriva de la política económica.

Devaluación y tasas de interés

En este sentido puede argumentarse que la devaluación de enero apunta a la mayor competitividad de la inversión en producción agraria, minera e industrial, claro que a costa de la merma del poder de compra de los trabajadores y sectores sociales de ingresos fijos.

Junto a la devaluación se aumentan las tasas de intereses para estimular imposiciones en moneda local y desestimular la demanda de divisas, lo que en definitiva alienta horizontes especulativos y encarece el crédito para la inversión productiva. Acompañando el estímulo al ahorro en pesos, el Estado nacional acaba de salir a ofertar bonos de la deuda pública en pesos para captar la voluntad de inversión financiera y restringir la oferta monetaria (circulación de dinero) para intentar frenar subas de precios.

El combo en cuestión, devaluación más alza de las tasas de intereses, apunta a consolidar una desaceleración de la economía argentina, en sintonía con lo que ocurre en buena parte del mundo, incluidos aquellos de gran crecimiento en los últimos años, especialmente China y la India, que siguen creciendo más que la economía mundial, pero menos que en la última década.

Un debate interesante es que la política económica organiza beneficiarios y perjudicados y en una retrospectiva vale interrogarse por ganadores y perdedores de la convertibilidad y de la salida de la convertibilidad, y ahora conviene pensar como procede el reparto derivado de este conjunto de medidas de política económica sobre el conjunto de la sociedad. En este marco es que se anuncian los retiros a los subsidios del gas para el consumo domiciliario y se mantiene para el sector industrial, precisamente inducido por estos datos de baja en la actividad económica del sector manufacturero. Con esto se habilita el debate sobre quienes continúan siendo perceptores de subsidios y cómo se financia la superación de la desaceleración económica. Al mismo tiempo, las discusiones salariales de los docentes, a la que se suman nuevas negociaciones de actualización de salarios para el resto de los trabajadores bajo convención colectiva, definen el marco de perdedores y ganadores.

No alcanza con saber cuánto crece o no el país, el 3% del 2013 por ejemplo, sino que interesa desentrañar la ecuación entre beneficiarios y perjudicados como resultado de las respuestas gubernamentales de política económica, lo que motiva a respuestas sociales de apoyo o crítica para defender o modificar la situación. Es algo que se resuelve en el plano de la lucha política.

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Ajustes justificados, sólo si empiezan por los monopolios

Emilio Marín (LA ARENA)

Siguiendo una hoja de ruta discutible, el gobierno decidió aumentar las tarifas de gas y agua, luego de la devaluación. Paradójicamente, de la quita de subsidios están a salvo los monopolios industriales. Así no vale.

La presidenta de la Nación, el ministro de Economía y el de Planificación apuraron un trago amargo que tenían pendiente desde la devaluación del 23 de enero. Anunciaron una progresiva quita de subsidios a los usuarios de gas de todo el país y del agua en la región metropolitana.

Esto se llama ajuste o tarifazo, por más que Cristina Fernández, Axel Kicillof y Julio de Vido se esmeraran en usar subterfugios. En buena medida esta alza de dos de los servicios públicos es hija directa de la devaluación y fue advertida por la oposición de derecha y los críticos de izquierda. Estos sectores, unos en aval de la devaluación y otros en contra, pronosticaron que luego el gobierno iría por un aumento en aquellos servicios -todavía falta la luz- y en poner un tope a las paritarias.

Parecería que con el dólar a 8 pesos -no faltan los que quieren elevarlo a 10-, el gobierno va a alinear hacia arriba las tarifas de los servicios públicos y quiere poner un freno a los aumentos salariales.

En ese último cometido ha tenido más intenciones que logros alcanzados. El resultado de la justificada lucha docente en Buenos Aires, que está cerrándose con un aumento del 32 al 34 o más por ciento para los conducidos por Roberto Baradel y Mirta Petrocini, indica que fue perforado el tope del 22-25 por ciento planteado por el PEN y Daniel Scioli. Ese techo ahora se llueve.

Más agradable a los oídos kirchneristas sonaron los números de la paritaria metalúrgica, del 27,5 por ciento en dos cuotas, pero bajo cuerda hay otro ítem que llevaría la cuenta al 30. Y ya se sabe que el maquillaje de porcentajes, a la corta o a la larga termina despintándose para mostrar la cara verdadera. Lo ocurrido con el Imdec así lo demuestra; una cosa es el dibujo y otra la realidad.

Nadie puede negar que ciertas boletas están atrasadas y que hay muchos hogares de clase media y alta que pueden y deberían pagar más. También hay una gran injusticia, todavía no abordada en esta operación, pues las tarifas de luz en Córdoba son 350 por ciento más caras que las de Buenos Aires. Que eso se corrija, cuanto antes, traería un poco más de igualdad en un país todavía injusto en esta temática.

La UIA apoya

Sin embargo, la "filosofía" de equidad social de la que presume Kicillof tiene varios agujeros. Es que junto con De Vido sostuvo que lo que el Estado se ahorre con el ajuste irá a mayor inversión en infraestructura para las empresas de gas y, lo que sobre, para financiamiento extra de la Asignación Universal y el plan Progresar. Lo último sería justo y razonable, pero no así lo primero. ¿Por qué el Estado tiene que financiar obras de gas que operan empresas privadas? Si el argumento oficial se repitiera cuando bajen los subsidios eléctricos, la pregunta se reiterará: ¿por qué los argentinos en su conjunto deben aportar a la inversión de monopolios, cuyas ganancias son particulares? Para colmo, en esa hipótesis, los beneficiados seguirían siendo los peores del grado, Edenor y Edesur...

El paso en falso dado por el gobierno fue aprovechado por la oposición y los monopolios mediáticos. Los opositores, que comparten el ajuste de referencia pero lo quisieran más bárbaro, han combinado algunas palabras de aliento con muchas críticas a la improvisación y doble discurso presidencial. Los diarios, radios y TV de la opo, se han hecho una fiesta con grandes titulares negativos. "Sube hasta 284 por ciento la tarifa de gas y 406 por ciento la de agua", fue el título de "La Nación" (28/3). Clarín no le fue en zaga y así el resto de la escudería.

Algunos opositores, más francos, reconocieron su coincidencia con el ajuste. El diputado del Frente Renovador, José I. de Mendiguren, coincidió con el gobierno en la decisión adoptada. Y en ese mismo sentido se pronunció el ex ministro de Economía y diputado de UNEN, Martín Lousteau. Dime quién te elogia y te diré qué metidas de pata estás haciendo en lo económico...

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, saludó el paquete de medidas. Esto no tiene dos lecturas sino una, inequívoca: los monopolios nucleados en aquella entidad están de acuerdo con la poda de subsidios porque supuestamente significará menor gasto público y pondrá un poco en caja el déficit fiscal. Estas fueron las prioridades de los industriales cuando apoyaron la devaluación de enero y se alarmaron por los reclamos de aumentos salariales, otro asunto donde ese empresariado top coincidió con CFK.

¿Y los monopolios?

El aumento de tarifas de gas y agua, no por tantas veces anunciado y luego postergado, deja de ser una decisión negativa por su impacto directo e indirecto en la población. Directo porque se tendrá que pagar más por el mismo servicio e indirecto porque esas alzas robustecerán los índices de inflación de abril y otros meses, lo que seguirá quitando capacidad adquisitiva a los salarios.

Más allá de los porcentajes máximos de los aumentos agitados por los medios opositores para meter miedo y hacer del ajuste doloroso algo monstruoso que no es, implicará un problema más para muchos argentinos menos favorecidos en sus ingresos. De todos modos, los anuncios puntualizaron que varios sectores no serán alcanzados, tales como jubilados que perciben la mínima, quienes cobran la AUH, etc. Como los exceptuados son de varios segmentos, no faltarán los partidarios del capitalismo salvaje que acusen al gobierno de quedarse a mitad de camino y de que le tiembla la mano. "Ya que ajustan, háganlo a fondo, lleguen hasta el hueso", piensan en el fondo esos partidarios del neoliberalismo a ultranza; Massa o Macri lo harían mucho mejor, creen.

Como hay esas excepciones y contemplaciones se puede pensar que el ajuste, siendo negativo, no será el apocalipsis pronosticada por Clarín.

Llamativamente, ese monopolio y sus políticos amigos, no cuestionan lo que para el cronista es el meollo de la cuestión: los monopolios industriales quedan exceptuados de la quita de subsidios, cual si fueran un pobre abuelo que percibe la mínima de 2.400 pesos.

Lo dijo con todas las letras la presidenta en Olivos: "se va a mantener la totalidad del subsidio a la industria, para que siga siendo competitiva en el mercado interno y externo. Esto es para todos, para los pequeños, los medianos y hasta para los monopólicos".

No quedaron dudas de la política pro-monopolios del gobierno en esta etapa de giro no progresista. Esas palabras fueron dichas en el mismo acto donde Cristina Fernández inauguró por video-conferencia una planta de colada continua de Techint en Terniun-Siderar de San Nicolás, la que en tiempos menemistas se apropió por centavos de Somisa.

Los sectores populares pueden quejarse de la suba del gas y el agua, y en el corto plazo de la luz, pero en última instancia podrían hacer un sacrificio y pagar más. Pero no lo pueden hacer de buena gana, sobre todo cuando escuchan a la jefa de Estado decir que ellos deben pagar más y Paolo Rocca, dueño de Techint, seguirá recibiendo la totalidad de los subsidios. ¿Acaso los necesita el principal grupo beneficiado por el auge de la construcción generado por el Procrear, según denunció en su momento Kicillof?

Cobrarle un poco más los servicios públicos a los que menos tienen, cobrarles bastante más a las capas medias y ricas, y dejar las cosas como están, beneficiando a los monopolios, no parece ser una política de inclusión social y equidad como la que vino pregonando el kirchnerismo.

¿Papa malvinero?

A despecho de esos giros hacia la diestra del gobierno en política interna, en materia internacional hubo dos buenas iniciativas.

La presidenta denunció el doble estándar de las potencias, especialmente Estados Unidos, que desconocen el referendo en Crimea, favorable a la unión con Rusia, y en simultáneo festejan los plebiscitos de los kelpers con apoyo británico en Malvinas.

En consecuencia la representante ante la ONU, Marita Perceval, se abstuvo en la votación de la Asamblea General donde Washington logró armar una mayoría condenando a Vladimir Putin. Esta marcha de la cancillería fue contradictoria, porque en la reunión anterior del Consejo de Seguridad Perceval había sufragado junto a EE.UU. en contra del referendo en Crimea. Lo importante es que al final, con la abstención, se tuvo una posición digna.

El otro asunto, de mayor interés aún para Argentina, es que esta semana se conmemorará el día de Malvinas. Y el gobierno viene sumando esfuerzos para que el 2 de abril se expresen todas las fuerzas amigas en favor de la soberanía. Con esa misión fue Daniel Filmus al Vaticano para interesar a Francisco en alguna gestión, sobre todo teniendo en cuenta que el 3 de abril recibirá a la reina Isabel.

Toda gestión que se haga para sumar voces por Malvinas está justificada, aunque es improbable que el Pontífice diga algo que pueda molestar a aquella reina.

¿Por qué no debatir la posibilidad de nacionalizar Shell hasta que Londres acepte sentarse a la mesa de negociación? Se lo atribuyen a Sarmiento: "la letra, con sangre, entra". A las palabras, en cambio, se las lleva la bruma británica.

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La UCR y el contrato con Panamerican Energy

Hipólito Solari Yrigoyen

El diario Clarín del 30 de marzo de 2014, informa ampliamente sobre la investigación que se está haciendo en Estados Unidos (Securties and Exchange Commission) sobre el posible pago de coimas que habría hecho el accionista principal de la empresa Panamerican Energy (PAE) a funcionarios y legisladores argentinos para que se le entregase la concesión del mejor yacimiento hidrocarburífero de la Argentina, el de Cerro Dragón, situado en un 90 por ciento en Chubut.

Las figuras principales que intervinieron en esa gestión fueron el ministro de Planificación de la Nación Julio De Vido y el gobernador de Chubut Mario Das Neves en ese entonces alineado con el kirchnerismo (PJ). El Comité Nacional, presidido por el senador Gerardo Morales y la Convención de la UCR de Chubut presidida por Raúl Barneche, ordenaron a los legisladores de la provincia que no votasen esa ignominiosa concesión y así lo hicieron actuando con la corrección debida, los diputados Carlos Alberto Lorenzo y María Alejandra Nassif. Lorenzo dio los fundamentos de la oposición en medio de una barra que lo hostigaba. Seis legisladores radicales desobedecieron las instrucciones y votaron a favor conforme a las negociaciones que mantuvieron con el ministro de Das Neves Yahuar y hubo otro legislador radical que se fue del recinto y se abstuvo.

Los seis legisladores que votaron en contra de lo resuelto por las autoridades nacionales y provinciales de la UCR fueron enjuiciados con todas las garantías del juicio justo por el Tribunal Nacional de Ética. Yo era su presidente pero me excusé por haber tomado posición pública con anterioridad con mis opiniones severamente críticas y carecer de objetividad para juzgarlos. Fue entonces que bajo la presidencia de Elva Roulet se tomó la decisión unánime de expulsarlos. Por la Carta Orgánica los expulsados tenían el derecho de apelar ante la Convención Nacional, pero no ejercieron tal derecho y consintieron el fallo. Los expulsados nunca rectificaron sus opiniones y, por lo tanto la expulsión sigue vigente.

Para analizar la concesión otorgada a Pan American Enerrgy (PAE) es necesario tener en cuenta los siguientes factores:

1. La concesión se le otorgó a PAE por 40 años, violando la ley.

2. El plazo tan extenso puede provocar el agotamiento del yacimiento,

3. El capital extranjero es mayoritario en Panamerican Energy.

4. El socio principal de PAE es British Petroleum.

5. PAE, es una empresa inscripta en el Estado de Delaware, Estados Unidos.

6. El contrato con PAE se negoció en secreto,

7. El gobernador de Chubut Mario Das Neves informó a la prensa que “empezamos a trabajar en el tema el 10 de diciembre de 2003” Sin embargo, el texto del contrato se conoció el 7 de abril de 2007, cuando fue enviado a la Legislatura de Chubut.

8. El sigilo de la negociación, evitó el debate ante la opinión pública.

9. El tratamiento en la Legislatura fue irregular, frecuentemente interrumpido por una patota, llamada popularmente la Patota British

10. Cuando se envió el contrato a la Legislatura se omitió el expediente administrativo, que solo llegó once días después, bajo la sospecha de que fue elaborado a posteriori.

11. No hay constancia de que nadie haya pedido un informe técnico pero no obstante se ha agregado uno y se ignora quien pagó los honorarios del mismo.

12. Se ha fijado una ridícula regalía para la provincia del 12 por ciento, cuando hay países que perciben el 50 por ciento,

13. Se quiere hacer pasar por regalía un 3 por ciento que es solo “un aporte especial”, como dice el acuerdo, y que es mucho menos que una regalía,

14. Hay promesas de inversión que nadie controla, aunque se afirme lo contrario.

15. La mayoría en la Legislatura eximió del impuesto de sellos al contrato de PAE perjudicando al erario público a favor de la empresa. Así también evitó declarar el monto real del contrato, imprescindible para el cálculo de ese impuesto.

16. No se ha respetado la legislación ambiental del país, que resguarda el art. 41 de la Constitución Nacional.

17. La empresa, fuera de cláusulas declamativas no ha asumido obligaciones de estabilidad laborales, así cuando la crisis económica de 2009, se produjeron centenares de suspensiones y despidos.

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De autoconvocados y burocracia sindical

Esteban Ruffa (ANRED)

"La lucha fue entregada por 400 pesos al básico (200 en Abril, 200 recién en Septiembre) y un promedio de aumento que va desde 26 al 30 por ciento, con las bonificaciones en negro (...) Un aumento que se licúa en apenas unos tres meses, con la quita de subsidios, los tarifazos programados, el aumento de los precios de los alimentos (...) La lucha fue vendida sin escuchar a los compañeros docentes autoconvocados.


 De estos 17 días de huelga docente, quedarán muchas cosas: marchas de antorchas de docentes autoconvocados, junto a los gremios docentes y agrupaciones, debatiendo, marchando, votando, gritando. Roberto Baradel en 678 llorando “por los pibes”, ahora un dirigente “combativo” en una treta ficticia para levantarlo y no perder su posición, luego de los triunfos de los SUTEBA Multicolor, que le dieran un izquierdazo a la burocracia celeste.

Nora de Lucía, ministra de Educación bonaerense, una “cheta impresentable” - como la definió un secretario general docente en la marcha que los gremios opositores realizaron en Capital -, que demostró ser una inoperante en las negociaciones, por ser funcional a los intereses de los gobiernos nacional y provincial que dice no tener plata, pero que cede a una extorsión policial en 48 horas. Y que hambrea de presupuesto al sistema educativo provincial y deteriora la educación pública.

Daniel Scioli, al lado de la presidenta. Cristina Fernández, autoproclamándose “madre del país”, mientras hablaba de unos alfajores que tal vez muchos pibes del conurbano nunca probaron. La marcha convocada por Ctera hacia el palacio Pizzurno, donde al finalizar el acto, fueron los primeros en desmovilizar y subirse a los micros.


Batakis, un defensor del pueblo que por amiguismos y conveniencias políticas medió en forma parcial para destrabar el conflicto con obsecuencia digna de un estafador.

Gabriel Mariotto y sus intenciones de nombrar a la educación un “servicio público”, tensionando aún mas el conflicto por pretender coartar el derecho a huelga expreso en la Constitución Nacional.

Un juez oscuro, Terrier, de la policía de Camps, funcionario de la dictadura militar, quién se dio el lujo de intervenir firmando el Amparo de Scioli, y a su vez eliminar las sanciones a los 8 policías que están implicados en la desaparición a Luciano Arruga.

Foto: Imagen del estado de las instalaciones de una escuela bonaerense

Luego, el sorteo del conflicto, un tercer juez. Maniobras de desgaste que fueron ineficientes ante la convicción política y social de todo el abanico docente.

Cuantas cosas hemos visto, vivido, anhelado mucho tiempo, y hecho realidad. El cansancio por el eterno manoseo y las frustraciones cotidianas fueron los motores de la lucha docente.

Foto: Asamblea de Almirante Brown: docentes autoconvocados fueron impedidos de participar por integrantes de la Lista Celeste

Se cansaron de pagar alarmas de los colegios para que no entren a robar, de pagar los útiles y fotocopias de los pibes, de no cobrar salarios familiares, pagar pintura y arreglos edilicios, de investigar hasta el hartazgo cual profesional sigue atendiendo por IOMA y cual no, y en donde, de ir en la fecha de cobro y ver que le faltan horas de escuelas, de llegar y convivir con la violencia estructural que cementa las relaciones sociales que una sociedad por demás enferma y fragmentada.

El docente agotó su voluntad. Voluntad de bancarse ver a sus escuelas con cielorrasos que se caen, con paredes con humedad y electrificadas, con faltas de agua, luz, con pozos ciegos que explotan, con pibes que comen meriendas que dan asco y no son ni dignas de ser comidas por las ratas, que por cierto abundan en nuestros colegios del conurbano, por ni nombrar a las cucarachas, y otras alimañas del espectro biológico aúlico.

Nuevamente, la lucha fue entregada por 400 pesos al básico (200 en Abril, 200 recién en Septiembre) y un promedio de aumento que va desde 26 al 30 por ciento, con las bonificaciones en negro (si señores, los docentes cobran una gran parte de su sueldo en negro).

En Almirante Brown, la lucha fue vendida sin escuchar a los compañeros docentes autoconvocados. De tan democráticos que son, llenaban los micros con docentes autoconvocados, para movilizar y llenar sus columnas, pero a la hora de decidir en las asambleas, su voz no fue oída, ya que ni pudieron entrar a escuchar los puntos de la nueva propuesta, hoy prácticamente aceptada por todas las seccionales que preside la lista Celeste en Buenos Aires, encabezada por Roberto Baradel. La burocracia que no permitió participar de la asamblea a los autoconvocados.

La lucha fue entregada por la siempre Celeste burocracia sindical, arreglando por migajas un aumento que se licúa en apenas unos tres meses, con la quita de subsidios, los tarifazos programados, el aumento de los precios de los alimentos, y el aumento de los precios cuidados (de tan cuidados, también aumentan).

Reclamando respeto por las instituciones, representantes de la Celeste de Brown no permitieron la voluntad de varios docentes no afiliados, logrando su voluntad en una asamblea de apuro, donde ya aparentaba “estar todo ya cocinado”. UDOCBA, el gremio bonaerense que fuera desplazado del Frente Gremial Docente Bonaerense (que conforman SUTEBA y la FEB) denuncia el arreglo en la paritaria de ayer, viernes 28 de marzo, y que al gremio le avisaron una hora antes de la reunión, para que no estuvieran presentes. Además asegura que el gobierno con otros sindicatos, estuvieron reunidos previamente.

Asamblea de Almirante Brown: docentes autoconvocados fueron impedidos de participar por integrantes de la Lista Celeste

Foto: Asamblea de Almirante Brown: docentes autoconvocados fueron impedidos de participar por integrantes de la Lista Celeste

El circo mediático de medios opositores como oficialistas, con el gran desfile de ilustres y no tan ilustres payasos y borlas de colorida estupidez pretendieron engañar a la sociedad mostrando a los pibes rehenes de los docentes, pero la deslegitimación de la lucha no pudo doblegar la voluntad de miles y miles de guardapolvos que gastaron las calles, los adoquines, con sus zapatillas rotas y sus zapatos gastados, de tanta dignidad sostenida.

Una compañera preguntaba: "¿y cuando vuelva al aula, que le digo a mis alumnos?", casi con lágrimas en los ojos, y con la impotencia que pedía paso en su garganta para escupir el miserable acuerdo paritario. Lo que la compañera no sabe, es que el lunes, si decide volver al aula, entrará con la frente bien alta, y les convidará a sus alumnos con una gran historia: la de la lucha llevada a cabo estos 17 días de huelga. La lucha compartida, sentida, y sobre todo sostenida por las bases docentes, aquellos que nunca movilizaron, aquellos afiliados y no afiliados que se vieron en situaciones de despojo constante con el vaciamiento de IOMA, con sueldos atrasados desde el año 2013, con estresantes trámites burocráticos para cobrar, y las cuestiones edilicias ya mencionadas.

Foto: Asamblea de Almirante Brown: docentes autoconvocados fueron impedidos de participar por integrantes de la Lista Celeste

Que la burocracia forzó los tiempos, convocando a asambleas extraordinarias en pocas horas, avisando por supuesto a sus súbditos, y copando las asambleas con la voluntad oficial. Habrá que hacer un mea culpa, y aprender de este proceso.

Les contará a sus alumnos de una cabeza gremial, que entregó una lucha histórica e inolvidable, que forjó las más íntimas relaciones humanas en la calle, en las plazas.

Pero sobre todo, les enseñará que la lucha por derechos es indispensable, inquebrantable, y que no hay mayor logro que a pesar del arreglo espurio, se mantengan las asambleas, las mateadas, los debates, las movilizaciones, para hacer real ese tal monitoreo de situación económica que prometen desde el arreglo, y que todos sabemos cómo terminará si la lucha no continúa.

Los nuevos rostros que se animaron a reír, gritar, llorar, y putear contra la burocracia, demostraron que el poder popular se ejerce en las aulas, pero también en las calles.

Porque el docente luchando, también está enseñando.

Fuente imágenes: Esteban Ruffa (ANRED)

Esteban Ruffa, docente en escuelas públicas bonaerenses y fotógrafo de ANRED.

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Seccionales opositoras de SUTEBA consideran "insuficiente" el acuerdo con el Gobierno: Se levantó el paro pero la lucha sigue

Inés Hayes (ACTA)

En diálogo con ACTA, Lidia Braceras, secretaria general de SUTEBA Quilmes, dijo que las 9 seccionales opositoras de Suteba (Bahía Blanca, Berazategui, Ensenada, Escobar, La Matanza, La Plata, Marcos Paz, Quilmes y Tigre) rechazaron la propuesta del Gobierno del 30,9 por ciento de aumento por considerarlo absolutamente insuficiente.

Además señaló que el gremio que lidera Baradel realizó las asambleas a las apuradas, sin que los docentes tuvieran la propuesta en sus manos.

“La última propuesta del Gobierno fue el viernes a las 10 de la mañana, Suteba convocó a asambleas a las 3 de la tarde sin tener la propuesta en la mano, lo único que sabíamos era lo que decían los Medios, y lo que pudimos ver es que era absolutamente insuficiente y se distorsionaba el escalafón docente y además que el aumento es anualizado”, dijo Lidia Braceras, secretaria general de Suteba Quilmes.

La dirigente señaló además que el sueldo inicial a partir de marzo será de 4.574 pesos y el básico que era de 1800, va a ser ahora de 2000, sólo 200 pesos de aumento en el sueldo básico. Recién en agosto, que se cobrará en septiembre, el básico será de 2200 y el sueldo inicial de 5000. “En este contexto inflacionario y a días de que la Presidenta informara la quita a los subsidios al gas y a la luz, sumado a las subas de los productos básicos, el aumento es totalmente insuficiente”, señaló Braceras.

Por otra parte, la secretaria general de Suteba Quilmes subrayó que las asambleas “se hicieron a las apuradas” y que “todos los docentes que fueron protagonistas de esta lucha ejemplar no pudieron conocer la propuesta para ver si la aceptaban o la rechazaban”.

“Con el discurso de que habían llevado no afiliados, anularon los votos de la asamblea de La matanza y de La Plata”, agregó Braceras. "La lucha protagonizada por los docentes de la Provincia de Buenos Aires fue ejemplar. Nos unimos por abajo en cada escuela, en cada barrio, con cada comunidad educativa, salimos a las calles a llevar nuestra verdad ante tanto bombardeo de los Medios y del Gobierno que nos acusaban continuamente de tener de rehenes a nuestros alumnos, de no importarnos la educación de los chicos, cuando durante todo el ciclo lectivo los únicos que nos preocupamos por los alumnos y sus padres somos los docentes, mientras las autoridades educativas vacían de presupuesto las escuelas para infraestructura, mobiliario y comedores. De esta lucha teníamos que salir unidos, tomando conscientemente la decisión de aceptar o rechazar", agregó Braceras.

"¿Por qué tanto apuro por decidir si el Gobierno nos tuvo desde octubre del 2013 sin darnos paritarias?", se preguntó la dirigente: "Por compromiso político con el Gobierno de Cristina, que al aprobarse el paro de la CTA y las dos CGT para el 10 de abril, ordenó cerrar inmediatamente el conflicto de la Provincia de Buenos Aires. Si bien se levantó el paro, no se levantó la lucha".

En relación al anuncio triunfalista de Roberto Baradel y Hugo Yasky a los Medios, Braceras señaló: “Las clases van a empezar porque los docentes van a acatar la decisión provincial de Suteba y la FEB aún con toda la desilusión que significa haber tomado esta medida”. En relación a lo que realmente esperaban las bases, Lidia agregó: “Nosotros pedíamos el 35% en una sola cuota y aceptaron 30,9 en dos cuotas anuales o sea que no se van a reabrir las paritarias. Esto crea mucha bronca en las bases porque fueron protagonistas de esta lucha, se han movilizado en los barrios, en los distritos. Y se decide en una asamblea armada en dos horas para que sea una mínima parte de la docencia la que decida”.

La experiencia acumulada en estos 17 días de paro, dijo Braceras, "nos van a permitir seguir peleando con la misma firmeza aún en condiciones diferentes. Felicitamos a todos y cada uno de los docentes que fueron protagonistas de esta lucha y seguiremos juntos hasta tener una dirigencia gremial a la altura de las necesidades y una educación pública que sea digna para nosotros como trabajadores y sobre todo para nuestros alumnos".

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La violencia intra o intersindical

Horacio Meguira (ACTA)

A raíz de múltiples noticias sobre la violencia que se ejerce sobre algunas organizaciones y las que se provocan entre fracciones de un mismo sindicato nos pareció oportuno alguna reflexión sobre el tema.

Desde el nacimiento del proletariado como clase han existido contradicciones en su ceno: obreros y empleados, mamelucos y “cuellos blancos”, formales o informales, permanentes y temporales, etc.

Históricamente estas contradicciones han sido aprovechadas por los empresarios y por los estados. Los primeros estableciendo un sistema de mando y obediencia en el interior de las empresas para provocar competencia entre los trabajadores e impedir su unidad; el Estado, limitando los derechos de libertad sindical y reprimiendo cuando la gravedad del conflicto trasciende “la puerta de fabrica”.

Pero ¿qué pasa cuando es el propio sindicato el que divide y disciplina a los trabajadores?

El denominado “modelo sindical argentino” fue diseñado para un sistema de producción de pos-guerra, que tuvo como eje el mercado interno y la sustitución de importaciones. Se necesitó la promoción del sindicato de actividad sobre otras formas de organización, ya que éste era un vector de distribución. Este “modelo” que otrora tenía causa y sentido, hoy se ha convertido en un impedimento de la organización de los trabajadores.

Su permanencia genera luchas internas por poseer la condición de interlocutor ante el Estado y los empleadores. Pero además, las grandes estructuras cuentan con importantes “cajas”. Es así que en tales objetivos, se termina secundarizando o prescindiendo de la voluntad de los trabajadores. La relación y los “favores” brindados al “poder” se constituyen en un valor para imponer una falsa hegemonía del sector supuestamente “más fuerte”, sobre el más débil.

En este contexto, todo aquello que amenace este mecanismo es visto por algunas estructuras sindicales como peligroso. Por dentro las oposiciones sindicales y por fuera de ellas los tercerizados, o los sindicatos sin personería. Incluso un hecho que se ha profundizado en la última década es la lucha intersindical por el encuadramiento de trabajadores.

Muchos de esos “aparatos” recurren a “barras bravas” propias o contratadas, que actúan como “grupos de choque” en los conflictos. El supuesto “liderazgo” termina imponiendo determinadas conductas a los trabajadores, convirtiéndose en ejecutor de su disciplinamiento.

Este proceso no puede llevarse adelante sin la connivencia del Estado y de empresarios que actúan presionando a los trabajadores o posibilitando la existencia de “zonas liberadas”. Así, los trabajadores son sometidos a constantes presiones extorsivas.

Sin embargo, la violencia así entendida, no es mayoritaria. Aún cuando no se relevan los casos específicos de violencia intra o inter sindical, el Observatorio del Derecho Social de la CTA presenta que sólo el 9% de las violaciones a la libertad sindical se realizan entre sindicatos, el represor por antonomasia sigue siendo el Estado y su brazo ejecutor los gobiernos.

La Ley Anti-terrorista y la condena a cadena perpetua de los petroleros de Las Heras es testimonio claro. Hechos recientes como los de Misiones también lo corroboran.

En síntesis, la represión de los trabajadores en los conflictos capital-trabajo es el principal objetivo de la violencia.

Su ejecución se expresa por intermedio de fuerzas regulares o por grupos tutelados por los poderes públicos que impiden su organización libre, voluntaria y democrática.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CXXVII): La lucha continua

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS. info)

El partido militar intentaba lograr que los “partidos tradicionales “ confluyeran en un pacto de impunidad y gobernabilidad, como lo hemos descripto en nuestra nota anterior, a fin de poder asegurarse que el gobierno que surgiera en las elecciones del 11 de marzo de 1973 no revisara ninguna de las “normas” dictadas por el régimen castrense que tendían a ir configurando el modelo de agronegocios diseñado por Adalbert Krieger Vassena; el Ministro “sugerido” por el Fondo Monetario Internacional.

Este, él verdadero “arquitecto” del esquema de la dependencia, apuntaba a aceptar la división internacional del trabajo establecida por el imperialismo que nos colocaba en el rol de país productor y exportador de productos primarios provenientes, fundamentalmente, de la agricultura y la ganadería.

Este esquema, contaba con el beneplácito del sector financiero y del capital concentrado y su imposición, reduciendo el papel del Estado en el proceso económico y destruyendo, entre otras, la industria azucarera y la red ferroviaria, se confrontó con el movimiento obrero que, en jornadas memorables, cómo el “Cordobazo”, el “Rosariazo” y el “Tucumanazo”, mostró la fuerza de los trabajadores organizados al margen de la burocracia pactista.

A este combate se sumaron las organizaciones armadas del peronismo revolucionario y de la izquierda guevarista que plantearon, en un contexto nacional e internacional favorable, un proyecto dirigido a cuestionar el poder real y a construir una sociedad socialista, en un país liberado.

Frente a ello es que la Dictadura, apoyándose en la dirección burguesa del peronismo y en los sectores “conservadores y de derecha” del radicalismo propone un Gran Acuerdo Nacional para garantizarse que “nada cambie”, más allá de las formas, y que lo que se trasfiera sea la gestión.

En la carta, que nuestra compañera Alicia Eguren le dirigiera a Perón señalaba, con absoluta precisión: “Un Movimiento de Liberación como el peronismo no puede tener una dirección identificada con el sistema y con el régimen, a los cuáles sirve jugando el papel de oposición, inclusive de la oposición más respetuosa”.

Estos ávidos payasos, que hoy lo representan y trafican, son la misma cosa que aquellos payasos que con Braden se fueron tras el chequecito y a quiénes usted con el pueblo vencieron, en una epopeya memorable para América Latina.

Nuestra querida “Rosa Luxemburgo de la lucha revolucionaria argentina” tenia expectativas que, a nuestro juicio, no se compadecían con la realidad.

No cabía ninguna duda que Rucci, Paladino y Cia al cerrar filas con el “lanussimo” contaban con el guiño favorable del “Viejo”; más allá de las explicaciones públicas de este.

Su llegada, fue todo un mensaje, ya que a su lado estaban el Secretario General de la CGT de Azopardo, que unos meses atrás intentara que Tosco abandonara la lucha sindical para conseguir la libertad, en una negociación que pactara con el Dictador, e Isabel Martínez, López Rega y, Lastiri, entre otros.

Todos ellos, personajes siniestros, que habían alentado el distanciamiento del General de todas las expresiones del sindicalismo de liberación; en particular de la CGT de los Argentinos.

En este contexto, sin embargo, la lucha popular continuaba y los actos de la campaña electoral del Frente Justicialista de Liberación tenían una impronta que desagradaba al gobierno castrense y a la dirección burguesa del Movimiento.

En algunas provincias era notoria la diferencia.

En Salta, nuestros compañeros del Frente Revolucionario Peronista que lideraban Armando Jaime y Juan Carlos Arroyo, mantenían una relación estrecha con el candidato a gobernador Miguel Ragone.

Tenían un importante protagonismo en los actos, constituyendo la CGT clasista y, al mismo tiempo, denunciando los espurios acuerdos que pretendía alcanzar la Dictadura.

En Córdoba, por su lado, los candidatos del FREJULI Ricardo Obregón Cano y Atilio López mantenían una relación fluida con Agustín Tosco y respaldaban los reclamos de las bases obreras.

En los días previos a la llegada del verano de 1972, más precisamente el 13 de diciembre, en esa ciudad mediterránea en una asamblea en el estadio del Córdoba Sport, 4. 500 trabajadores del SMATA conducido por Renée Salamanca ratifican lo actuado por los delegados paritarios.

En esa oportunidad reciben el saludo de Agustín y del “Negro” Atilio, que además reafirman el apoyo a la conducción antiburocrática del gremio frente a la actitud de la empresa Ika -Renault que, al día siguiente, suspende a 900 trabajadores por “abandono de tareas”.

Medida que la patronal debió dejar sin efecto frente a la firmeza de los obreros mecánicos que decidieron realizar un paro por tiempo indeterminado.

En “nuestro lugar en el mundo” seguíamos participando en la campaña electoral de la Alianza Popular Revolucionaria insistiendo en que los candidatos ratificaran su oposición a todo pacto que asegurara la impunidad y la continuidad del régimen.

En esos primeros días de enero recibimos la visita de Luis Cerrutti Costa que estaba promocionando una conferencia que daría en Buenos Aires, en los primeros días de febrero, Tosco en el Instituto de Capacitación Obrera -ICO- que conformara con varios compañeros, entre los que estaba Felix Granowsky.

Me comprometí a viajar para, además, conversar con algunos colegas respecto el camino a seguir en algunas defensas, en las que participaba, de detenidos políticos a los que se les había aplicado la ley “anticomunista”- 17.401-.

Hacia finales de enero comenzamos a preparar un acto recordando a los patriotas asesinados en Trelew el 22 de agosto del año anterior.

Lo haríamos el 22 de febrero, a 6 meses del bárbaro e impune crimen de lesa humanidad.

Sin duda de que era un tema muy sensible para la Dictadura, ya que confirmaba su esencia represiva.

Alrededor de las 19 horas de ese 22 comenzamos la actividad en la Plaza de Mayo. Había una concurrencia importante de trabajadores, estudiantes y vecinos de diferentes procedencias ideológicas; unidos en el repudio.

Apenas nos reunimos apareció la guardia de infantería y la policía montada y, sin que mediara palabra, empezó la represión.

Como respondiendo a una orden clara y en una conducta diferente a la observada en otras oportunidades fui detenido y trasladado, con violencia, a la Jefatura de Policía.

Cuándo estaba esperando en la guardia apareció Alba que, con gran indignación, increpó a los funcionarios policiales. Uno de ellos la trató de contener tomándola de los hombros, lo que generó mi bronca y le dije “a mi esposa no la tratas así”.

Respondió tirándome al suelo y apuntándome con la ametralladora que portaba de la que retiró el seguro con la intención de disparar; al mismo tiempo que trasladaban a Alba hacia otra habitación.

En ese momento ingresaba al edificio policial, Jorge Salomón, a la sazón presidente del Colegio de Abogados, que venía a solicitar mi libertad, el que, al ver cariz que tomaban los acontecimientos, reclamó, a viva voz, la presencia del Jefe de Policía; el que al hacerse presente retiró del lugar al oficial que me amenazaba.

Al día siguiente fuimos liberados.

Ese era el escenario, dos semanas antes de los comicios, en los que se ratificaba que el partido militar estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para proteger un esquema económico de subordinación al imperio y en el que se beneficiaba a las clases dominantes.

Al mismo tiempo que esto sucedía en nuestro país, en París avanzaban los acuerdos dirigidos a lograr la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam.

El pueblo vietnamita, en 15 años de guerra, enfrentó el aparato militar más poderoso del mundo.

Sobre su territorio se descargaron más toneladas de bombas que todas las arrojadas en la Segunda Guerra Mundial y se experimentaron terribles armas químicas y bacteriológicas, en un intento de hacer retroceder a esta nación a la “edad de piedra”; como lo señalara el General estadounidense Curtis Lemay, en mayo de 1964.

Los Estados Unidos gastaron 150 mil millones de dólares, destruyeron el 70 % de los poblados del Norte e inutilizaron 10 millones de hectáreas.

El resultado, aparentemente positivo, de los acuerdos logrados en la “ciudad luz” nos llenaba de alegría a todos los que soñábamos y combatíamos por la libertad de nuestros pueblos.

¿Cuál fue el resultado de las elecciones del 11 de marzo? ¿Cómo actuar en el nuevo escenario que se abriría a partir del 25 de mayo de ese año 1973? Serán algunos de los temas que abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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Graciela Draguicevich, ex militante del ERP-PRT, nos da su testimonio sobre los años de terrorismo de Estado

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)



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Los cien asesinos de David

Silvana Melo (APE)

David salió ese día, en una tibia mañana del barrio Ludueña. No podía imaginarse que la vida le estaba deshilando el final. David salió -dice Joaquín, que lo conocía del barrio a él y a tantos davides todavía vivos y anónimos-, “a chorear porque quería cosas: droga, zapatillas piolas, qué se yo, cosas”. Necesitaba cosas propias porque el sistema taladra las cabezas y asegura que sólo se logra identidad a través del consumo. Que sólo se es a través de la propiedad. De zapatillas, de celular o de lo que fuere.

Por eso “salió a dar miedo”, define Joaquín. “Salió y robó porque seguro sus amigos del barrio también lo hacen, porque la escuela que dejó no pudo ayudarlo a entender otra manera de vivir, porque ninguna organización barrial llegó a dar con él, porque de pibe vendía pañuelitos y se rompió los huevos de que lo echen de los bares, no sé, algún motivo permite en este universo que una persona desde que es un guachín pueda pensar que robar está bien”.

La chica tiene apenas tres años más que él. David, al paso rasante con la moto, le arrebató la cartera. Ella gritó a garganta partida. El bebé que llevaba en brazos lloró. Y el primer auto que pasaba se cruzó ante la moto. David cayó al pavimento.

Primero fueron dos, después cinco, a los pocos minutos veinte y se turnaban para pegarle, para patearle la cabeza, para tirarle trompadas en el estómago. Fueron cincuenta, ochenta, quién sabe. Gente de bien, buenos vecinos, solidarios entre sí. Gente preocupada por la inseguridad, llena de rejas, perros, alarmas, cámaras y muros con botellas rotas o alambres de seguridad o cercas eléctricas (“excelente sistema de seguridad perimetral que integra la detección y castigo con la estética”, sic de la publicidad empresarial).

Gente muerta de miedo. Que en patotas o en hordas -se quitan la racionalidad y la moral cristiana y la dejan dobladita en sus cajas de seguridad- le corajean a cualquier delincuente de alta peligrosidad como David, en el suelo, sin armas, tomándose la cabeza con las manos para que no le rompieran el cráneo hasta que no pudo más y se le abrieron las manos y los dedos y la cabeza en varias partes y todos seguían quitándose el odio y el estrés como si David fuera un puching ball, un pedazo de cuero que va y viene para aquí y para allá, donde descargar el peso de esta vida dura, donde sentir que se alivia cuando se quiebra un hueso o la marioneta del piso se vuelve una bolsa de papas que se desacomoda porque ya no es alguien sino un muñeco de trapo con la cabeza partida.

Gente muerta de miedo. Que participa de la falsa discusión del nuevo Código Penal. Como si una ley o dos o mil, por sí mismas, fueran a evitar que les arrebataran los bienes o que los muertos que mató el sistema se les vinieran encima más vivos que nunca, desde los fondos del arrabal, a exigir aquello que les pertenece. Y que les vienen robando desde los pasillos de la historia los funcionarios, los banqueros, los empresarios, los punteros, la policía, la gendarmería, los ministros de economía, los evasores de impuestos, los supermercados que remarcan, los sicarios del agronegocio, los pastores de la soja, los dioses del oro, la caliza, el cianuro y el agua envenenada. Aunque ninguno de ellos, los excedentes de la tierra, tiene perros para echarles encima ni muros electrificados para que flameen como banderas piratas antes de morir ni culos de botella clavados en las paredes para que se corten las manos. Ni juntan cien para tirarlos al piso y molerlos a palos y pulverizarles los riñones y dejarles la cabeza partida en dos.

Como a David. Que tardó tres días en morirse en el Hospital donde lo llevaron cuando alguien pudo rescatar la hilacha enrojecida en que lo habían convertido. Como si mil años no hubieran pasado en el mundo. Como si la justicia se redujera a la determinación primitiva de la venganza. El reo sin defensa exhibido en la picota, en el mejor de los casos. O su cabeza partida, como la de David, en el peor. Ante la multitud que aplaudía la venganza social hecha espectáculo público. En la plaza central o en la calle donde los transeúntes ciudadanos buenos vecinos asesinan a un chico de 18 años y lo exhiben estragado en el pavimento. Como si los rudimentos del Estado se hubieran diluido en las alcantarillas de la tele, que festeja un desecho menos, que arenga y multiplica; de las cárceles que destruyen, humillan, reproducen la violencia, se vuelven cómplices, dejan fugar y el delito es un negocio compartido. Y el Estado entonces deja que el monopolio de la fuerza pública que el pacto social depositó en sus instituciones desagüe un poquito para que la buena vecindad se alivie de tanta carga y deje salir el monstruo desaforado de la mano propia.

Y a David lo mataron. Era un ladrón. Un pibe que choreaba. Que salió “a dar miedo”, como dijo Joaquín, del barrio Ludueña. Al que seguramente no le dejaron alternativa. Lo cesantearon de la buena vida. Y lo depositaron del otro lado de la pared. Que tiene botellas rotas y alambre de seguridad y cerca eléctrica.

A él lo mataron 50 u 80 o 100 asesinos. Que fueron todos pero no fue nadie. Todos pusieron una trompada o el pie en la cabeza o en los riñones. Vaya a saber qué pie lo mató. Qué golpe le hizo asomar el cerebro por la cabeza partida. Qué suela le pisoteó el entendimiento para que la vida se le escurriera entre los dedos de uñas comidas que ya no podían retenerla. Fueron todos y no fue nadie. La vieja leyenda de Fuenteovejuna. La venganza primitiva. El reo arrojado al pueblo para que proceda. Solo, desarmado, tan chico, ni siquiera bien comido, seguramente. Solo. Desesperadamente solo debajo del odio.

El fiscal de Homicidios Florentino Malaponte todavía no encuentra a nadie a quien imputar en el crimen del barrio Azcuénaga. Y la policía evitó que lincharan a otro en el Barrio Echesortu también de Rosario.

No fue justicia por mano propia. Ni ajena. Fue un crimen atroz. Su impunidad –inexorable- será casi casi una legitimación.

La condena a muerte a la que fue sometido no resultó sumarísima porque David sobrevivió tres días. Y su familia decidió donar sus órganos.

La vida es, a veces, una llamita sutil que resiste, terca, a la peor tempestad.

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Argentina, Jujuy: Mujeres rechazan ordenanza antiabortista

RED ECO

Las mujeres nucleadas en la Multisectorial de Mujeres y en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y Gratuito en Jujuy, rechazan y repudian la Ordenanza N° 6569/13 aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada por el ejecutivo municipal Capitalino que declara “Ciudad Pro-Vida en defensa de los derechos, de la protección de la vida, la familia y en repudio a la práctica del Aborto en todas sus formas” a la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

REPUDIO A LA ORDENANZA ANTI-DERECHOS, autodenominado PRO-VIDA del Municipio de San Salvador de Jujuy.

Las mujeres nucleadas en la Multisectorial de Mujeres y en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y Gratuito en Jujuy, expresamos nuestro absoluto RECHAZO y nuestro ENERGICO REPUDIO, a la Ordenanza N° 6569/13 aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada por el ejecutivo municipal Capitalino que declara “Ciudad Pro-Vida en defensa de los derechos, de la protección de la vida, la familia y en repudio a la práctica del Aborto en todas sus formas” a la Ciudad de San Salvador de Jujuy . Convencidas de la necesidad de salir una vez más a defender los derechos que conquistamos a través de la lucha y la reivindicación diaria, rechazamos esta medida por ilegal, mentirosa, discriminatoria y misógina, que muestra un claro fundamentalismo religioso que no respeta el principio del estado laico.

Este decreto es ilegal e incurre en violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al repudiar el “aborto en todas sus formas” desconociendo la normativa vigente en nuestro país tanto desde el Código Penal que reconoce excepciones a la ilegalidad del aborto como en los casos en que el embarazo es producto de una violación, y en el caso de peligro para la vida y la salud de la mujer embarazada. Excepciones estas que han sido aclaradas y contextualizadas en el momento socio-histórico actual por el Fallo de la Corte Suprema de la Nación (2012) desde una perspectiva de derechos humanos y adecuándola a los compromisos internacionales (CEDAW, Belem do Pará, etc) que asumió el estado para con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que se plasma en la aplicación de la Guía Técnica para la atención de Abortos No Punibles implementada en todo el territorio nacional.

En los fundamentos del proyecto presentado y aprobado, sin ninguna observación, por el Hogar de Belén, se observa la misoginia y la discriminación hacia las mujeres argumentando:

• Que existe un “conflicto de intereses contrapuestos madre-hijo”. Para explicar este concepto se reduce a las mujeres a objetos de tutela, incapaces de tomar sus propias decisiones con la supuesta idea de que está “en riesgo”, las considera meros receptáculos para el desarrollo de embriones y fetos desconociéndolas como ciudadanas titulares de derechos y sujetas histórico-sociales. Este decreto refuerza el ideal de maternidad obligatoria. A la vez que refuerza la idea de “niño-por-nacer como entidad esencializada, suprimiendo el carácter procesual del embarazo presentando como anterior lo que es posterior al parto” (Vaccareza, N).

• El municipio incurre en violencia institucional: desde el estado local no se pueden negar ni repudiar derechos que están consagrados en la constitución y en leyes vigentes: Ley 25673 de salud sexual y procreación responsable, Ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, y otras leyes que derivan y garantizan el libre ejercicio de una sexualidad plena y sin coerción ni violencia (Educ Sexual Integral, Parto Respetado, entre otros). Los fundamentos para justificar el repudio a los ANP por ejemplo en caso de violación. Irresponsablemente alega que proteger, contener y ayudar a llevar a término el producto de la violación puede ayudar a “cambiar el signo de la violación”. Repudiamos que se avale desde el estado local que las mujeres sean obligadas a llevar a término un embarazo en estas circunstancias, que en fallos internacionales contra la Argentina han sido equiparados a los tratos crueles e inhumanos.

• Irresponsablemente advierte que “no existen abortos seguros” ya que toda intervención quirúrgica implica un riesgo de muerte, apelando al miedo de las mujeres que pueden acceder a un ANP. La OMS define como aborto médico seguro a aquel que es llevado a cabo por un profesional capacitado/a con medios necesarios y en un ámbito médico adecuado. El riesgo de morir es de una en 100 mil intervenciones si se realiza hasta la semana 12, lo cual implica un riesgo extremadamente bajo. El decreto miente cuando dice que todos los abortos son riesgosos. Cuando está comprobado que lo que aumenta el riesgo de muerte es que se realice en condiciones inseguras y por la legislación vigente, de manera clandestina.

• Presenta como médicamente probado la existencia de problemas psicológicos en las mujeres a consecuencia de un aborto, que es más un mito que una realidad. La interrupción del embarazo no tiene consecuencias psicológicas negativas para las mujeres que toman la decisión (en los casos no punibles) por cuenta propia y sin presiones externas (Adler 1998). Por otro lado las complicaciones y consecuencias negativas físicas, e incluso sociales tienen que ver con la persistencia de la clandestinidad y amenaza punitiva en la que algunas mujeres deben interrumpir un embarazo.

• Presenta estadísticas y datos sanitarios engañosos, mezclando datos de mortalidad materna con datos de muertes de mujeres en general por diversas causas. De esta manera intenta invisibilizar el necesario debate del aborto como problema de salud pública, sobre todo en provincias como la nuestra donde los datos de mortalidad materna, siguen siendo altos para la media nacional. Según estimaciones del Ministerio de Salud el 37% de los embarazos registrados terminan en abortos, de los cuales el 15% corresponden a menores de 20 años (Campaña Nacional 2005). En Argentina hay 20 veces más muertes por aborto que en los países que lo han legalizado. La disminución de la Tasa de Mortalidad Materna constituye una de las metas del milenio que indica el grado de equidad e igualdad alcanzado por las mujeres en las sociedades. La despenalización del aborto en nuestra región Latinoamericana es una medida crucial para alcanzar esta meta. Lo
demuestran las experiencias de Uruguay y D.F México que no registraron muertes de mujeres por esta causa desde la despenalización de la práctica.

• Es discriminatorio y misógino ya que apela al estereotipo de la “mujer mendaz” para poner en duda la palabra de las mujeres que solicitan la realización de una interrupción legal de un embarazo. Alegando que cualquier mujer puede mentir para acceder a la práctica. Niega así el derecho, ya reconocido por el fallo de la corte, a solicitar una práctica en la confidencialidad de un acto médico.

Porque consideramos que la ciudad de San salvador de Jujuy sólo puede ser una “ciudad pro-vida” incumpliendo con Leyes y normativas Nacionales y con Tratados Internacionales a los que nuestro país adhiere (por cuyo incumplimiento podría ser sancionado), porque creemos que el fundamentalismo religioso que mueve a estos grupos anti-derechos busca obturar y entorpecer un debate maduro y respetuoso de nuestros derechos a decidir sobre nuestros cuerpos que en 30 años de Democracia hemos construido y seguimos construyendo, porque luchamos por la reivindicación de los derechos de las mujeres y por que vivir una vida sexual plena libre de violencia y de coerciones sea una realidad en Jujuy. Decimos NO A LA ORDENANZA PRO-VIDA del municipio, y exigimos su DEROGACIÓN INMEDIATA!!

Multisectorial de Mujeres.

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Crónica: El nuevo capítulo de la flexibilización laboral de los trabajadores de prensa

ACTA

Crónica fue un diario que llegó a ser el único capaz de publicar y vender tres ediciones diarias. Paradigma del periodismo gráfico popular, hoy es un caso más que pone en evidencia la decadencia y precarización de la profesión en manos de los lobos del mercado.

Crónica está bajo la órbita de la Editorial Sarmiento, perteneciente al Grupo Olmos, empresa que maneja, entre otras cosas, la gerenciadora de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). ¿Qué significa esto?

A fines de 2013 el Grupo Olmos comunicó a los trabajadores un plan de reestructuración laboral: lo llamó “Convergencia”, pero sabemos que esos tecnicismos del lenguaje a veces se caracterizan más por lo que ocultan que por lo que enuncian. Hernán Zyseskind, delegado de la Comisión Interna del diario, lo explica así: “El plan de convergencia implica que si antes escribías una nota para un diario ahora esa nota se va a usar para la web, la televisión, la radio, etc. No sabés para dónde ni para quién trabajás. Sos multifuncional: trabajas para más medios, pero te pagan lo mismo. Y ellos necesitan menos gente porque un trabajador cumple más funciones”.

El disfraz de la “convergencia”, en este caso, oculta una maniobra cuyo efecto tiene nombre propio: flexibilización laboral. Crónica representa un modo de producción que parece perfilarse como el futuro de los medios comerciales.

El plan de “convergencia” va de la mano de un cambio de razón social: el Grupo Olmos entrega la Editorial Sarmiento -editora de Crónica- a la firma Aconcagua SA, junto con BAE Negocios (Diario BAE), también perteneciente a la empresa de los hermanos Raúl y Alejandro Olmos. Luego de publicar el comunicado con este anuncio, en diciembre de 2013, la empresa se comprometió en una audiencia en el Ministerio de Trabajo a respetar un plan de mudanzas que finalmente nunca cumplió.

Nuevo edificio, viejas maniobras

Se mudaron, sí, pero de otra manera: luego de un corte de luz en la ahora antigua redacción del diario, se desplazaron hacia el nuevo edificio ubicado en Combate de los Pozos 639. Primero fueron solamente jefes y editores; luego llamaron a un grupo de trabajadores, hasta mudar al 80% de la redacción. Llevaron también los equipos tecnológicos y las instalaciones. Solo 30 personas quedaron trabajando en el antiguo edificio, entre los que se encontraban todos los miembros de las dos comisiones internas.

Si la mudanza fue sorpresiva, mayor aún fue la sorpresa con la que se encontraron los trabajadores al ingresar a la nueva redacción: los obligaban a firmar un contrato en el cual dejaban de ser parte de Editorial Sarmiento para convertirse en trabajadores de Aconcagua SA, empresa vinculada con la UOM.

El mensaje era claro: “Si no firmás, no entrás y volves a Mitre”.

La comisión interna del diario Crónica publicó comunicado que denuncia:

“Reclamamos a la empresa que si hay cambio de razón social se informe al sindicato, para poder comprobar la solvencia de Aconcagua. También reclamamos que el traslado del personal sea del 100 por 100 y que incluya a la representación gremial, como marca la ley”.

Y explican:

“La empresa ejerce un ataque mayor al exceptuar de la convocatoria a cambiar de razón social a un conjunto de trabajadores, entre ellos los delegados gremiales democráticamente electos por los trabajadores. Esta exclusión, revela los fines de la empresa con la convergencia. Proyectan un ataque y precisan que los trabajadores no tengan posibilidad de defenderse”.

“El 4 de Abril se realizará una audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 13:00 horas, junto con los compañeros de BAE”, explica Zyseskind. Y aclara: “Desde la vuelta de la democracia esto había ocurrido una sola vez: con Magnetto en Clarín, en el año 2000”.

Mientras tanto, el panorama es el siguiente:

Un diario partido al medio en dos edificios. El antiguo, desmantelado y con solo treinta trabajadores. El nuevo, que alberga a periodistas de dos diarios distintos (Crónica y BAE), que todavía no saben para quién trabajan ni en qué soporte publican.

En la puerta, una hilera de hombres de traje los reciben todos los días y se dedican a amenazar e intimidar a los trabajadores cada vez que se juntan a pedir a pedir explicaciones.

Un capítulo más de El fin del periodismo.

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Nueva Ley Previsional: Vamos por el millón de firmas

ACTA

El 26 de marzo por la tarde, con la participación de más de 40 jubilados, se realizó el primer encuentro para activar la juntada de un millón de firmas que fuercen el tratamiento en el Congreso del proyecto de una nueva Ley Previsional, de reparto, pública y solidaria, que asegure el 82% móvil de haber jubilatorio.

La cita fue en el Anexo de la Cámara baja y estuvo encabezada por el diputado nacional de la CTA por Unidad Popular (UP), Víctor De Gennaro -impulsor del proyecto-, con la participación de representantes de ATE Buenos Aires, de jubilados de las marchas de los miércoles y del Foro de Jubilados del Congreso de la Nación.

Luego de casi dos horas de debate, se decidieron los siguientes puntos:

1- Impulsar la juntada de firmas en busca del millón, para solicitar el ansiado 82% móvil de haber jubilatorio.

2- Fijar el 23 de abril como fecha de presentación por parte de Víctor De Gennaro del proyecto en Diputados, en coincidencia con la marcha Nº 1150 de los jubilados. Ese día, también se sumarán 50.000 nuevas firmas a las 259.879 existentes a la fecha.

3- Establecer un día al mes para poner mesas donde recepcionar las firmas de adhesión. Los días serán el 14 de mayo, el 11 de junio, el 16 de julio, el 13 de agosto y el 10 de septiembre, las habrá mesas en la Ciudad de Buenos Aires, en las plazas más importantes del Conurbano bonaerense, del interior de la Provincia de Buenos Aires y de las provincias más grandes del país.

4- Como estrategia política, se decidió entablar conversaciones con otros partidos políticos que posean proyectos en esta dirección, con sindicatos que apoyen la iniciativa, y también con centrales sindicales como la CTA y la CGT.

5- Aquellas organizaciones de jubilados que puedan sostener la iniciativa, pondrán mesas de recepción de firmas varios días al mes, y serán prioritarias las fechas de cobros de jubilaciones.

6- Se planteó la necesidad de crear una página web y de una dirección de Facebook donde se pueda consultar el estado de la recolección de firmas, del proyecto, y que a su vez funcionen como lugar de encuentro entre los jubilados de todo el país con el fin de nacionalizar la campaña.

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Argentina. Profesionales de la salud: Medidas de fuerza en 13 provincias

AGENCIA WALSH

Esta semana los profesionales de la salud realizarán medidas de fuerza en trece provincias: Tierra del Fuego (SIPROSA), Santa Cruz (APROSA), Chubut (SISAP), La Pampa (SITRASAP), Mendoza (AMPROS), Jujuy (APUAP), Salta (APSADES), Buenos Aires (CICOP), Santa Fe (SIPRUS), Tucumán (SITAS), Chaco (APTASCH), Misiones y Entre Ríos. Los médicos reclaman subas salariales y mejores condiciones laborales.

Buenos Aires, 30 de marzo de 2014.

FESPROSA representa a 30 mil trabajadores de todo el país
continúa el conflicto de salud en la mayor parte del país

El presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Jorge Yabkowski, reclamó hoy "la inmediata apertura de la una paritaria nacional de salud" y manifestó el apoyo del gremio nacional de la salud a las medidas de fuerza que realizarán esta semana trece provincias: Tierra del Fuego (SIPROSA), Santa Cruz (APROSA), Chubut (SISAP), La Pampa (SITRASAP), Mendoza (AMPROS), Jujuy (APUAP), Salta (APSADES), Buenos Aires (CICOP), Santa Fe (SIPRUS), Tucumán (SITAS), Chaco (APTASCH), Misiones y Entre Ríos.

En la provincia de Buenos Aires, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CICOP), realizará un paro de 72 horas los días martes 1 de abril (el miércoles 2 es feriado), el jueves 3 y el viernes 4, en reclamo de "aumento sobre el básico o recategorización y en un solo pago; incremento de bonificaciones de planta, guardia y funciones; aumento del fondo de reemplazos de guardia; aumento de los valores de reemplazos de guardia a 2.500 pesos y 3.000 pesos para semana y fin de semana respectivamente; y propuesta para los residentes con salario inicial en mano de 10.000 pesos igual al ingresante".

Por su parte, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) realizará un paro de 48 horas los días jueves 3 y 4 de abril próximos, con movilización y rondines en la Casa de Gobierno provincial.

En La Pampa, el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (SITRASAP) rechazó la propuesta del estado provincial de un 28% de aumento anual. Este martes 1 de abril realizan un plenario de delegados a las 10 de la mañana en el playón de acceso a la casa de gobierno y de ahí marchan en caravana al hospital Lucio Molas, en tanto que el jueves 3 realizarán una movilización nocturna por la ciudad, mientras que adelantaron también que el martes 8 realizarán "una gran movilizacion provincial" cerrando el jueves 10 de abril, con un paro activo de 24 horas con movilización, en coincidencia con el paro nacional.

En Misiones, los trabajadores reclaman que se eleve a 9 mil pesos el salario básico, cumpliendo por ello con un "paro y estado de asamblea permanente hasta que se revea el aumento", solo atendiendo urgencias y por guardia.

En Jujuy, en una multitudinaria asamblea, los trabajadores de la Intersindical resolvieron por unanimidad un paro de 48 horas para este lunes 31 de marzo y el martes 1 de abril, "con profundización de las medidas, con cortes de rutas, puentes y calles este lunes en toda la provincia, y el martes movilización provincial de todos los trabajadores". La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) de Jujuy reclama un aumento salarial de 22 por ciento, retroactivo a enero para todos, piso salarial de 4.900 pesos, cumplimiento total del acta de 2013 (blanqueo de las sumas en gris, piramidación, desprecarización laboral y pase a planta permanente).

En Entre Ríos, en el Hospital San Martín los trabajadores realizaron asambleas con quite de colaboración, en tanto que en el Hospital de Niños San Roque de Paraná se hicieron medidas de fuerza en reclamos por aumento salarial, por lo que sólo se garantizaron las guardias mínimas y se vacunaron a los recién nacidos. En Concepción del Uruguay, los trabajadores realizaron cortes en 15 calles de la ciudad y se concretó una gran movilización y un abrazo al Hospital Justo José de Urquiza, "que está en una situación crítica", aseguran, y afirman además que "si no hay una propuesta que parta de un piso de 5000 pesos el plan de lucha se deberá profundizar”.

En Tucumán, el gobierno provincial ofreció un aumento escalonado del 30 por ciento (18 en abril y 12 en agosto y un piso salarial de 6 mil pesos. Según el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS), la oferta fue “bastante satisfactoria” (pedían un piso de 6.300 pesos para la categoría más baja y 10.800 pesos para la más alta, y les ofrecieron 6.000 y $ 9.900). La propuesta será evaluada este lunes 30 de marzo en asambleas de bases en los hospitales, y el martes 1 de abril en una asamblea interhospitalaria.

En Santa Cruz, la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA) realiza un paro desde el 31 de marzo hasta el 4 de abril inclusive, en reclamo de "recomposición salarial para todos los trabajadores de la salud, transferir los ítems no remunerativos al básico" y el "rechazo a la creación de nuevos ítems no remunerativos ni áreas críticas para unos pocos, porque genera asimetrías", el "cumplimiento total del convenio colectivo de trabajo", y la "regularización contractual de compañeros que están sin recibir su remuneración".

En Santa Fe, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS), convocó a asambleas en el Hospital Cullen en la capital provincial y en el Hospital Provincial el jueves 3 de abril, en reclamo de un salario inicial de 11.300 pesos.

En Chaco, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de la Salud (APTASCH) anunció un nuevo paro de 72 horas para esta semana, por el reclamo salarial, que se concretará los días miércoles, jueves y viernes.

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Argentina, Córdoba. Murió “el Negro” Reyna: Un hombre valiente

PRENSA RED

El Círculo Sindical de la Prensa Comunicación de Córdoba (Cispren) manifiesta su profundo pesar por la muerte del compañero Roberto “el Negro” Reyna, ocurrida en el día de hoy luego de una prolongada enfermedad.

“El Negro” integró la Comisión Directiva del Cispren y fundó el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (Cecopal), pero por sobre todas las cosas fue un gran militante en los años de plomo, un hombre valiente.

Reyna fue el periodista que más tiempo estuvo preso (10 años) por razones políticas y uno de los primeros en escribir sobre terrorismo de Estado en Córdoba y publicó el primer libro sobre el campo de concentración de La Perla.

Por los testimonios que él logró reunir allí, familiares y -muchos años después- los hijos de las víctimas, supieron qué había pasado con sus seres queridos.

Trabajó en el diario Córdoba, Página 12 y en la década del `60 en la revista “Jerónimo”, fundada por Alfredo Paiva y donde sus análisis políticos dejaron una profunda huella.

También fue corresponsal del diario “El Cronista Comercial” en la época que lo dirigía otro gran periodista como Rafael Perrotta.

Reyna comenzó su carrera periodística en la sección Deportes del diario Córdoba, junto a una camada de jóvenes periodistas influenciados por la corriente del nuevo periodismo que pretendía profundizar en la información.

Como joven comprometido con su época, participó en forma activa en el movimiento estudiantil de la década de 1960, en el Cordobazo y en las luchas populares que desembocaron en el retorno a la democracia en 1973.

Estaba casado con la periodista Bettina Marengo.

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Una nueva ley promueve las inversiones con incentivos en Bolivia

René Quenallata Paredes (XINHUA)

Bolivia promoverá incentivos generales y preferentes a las inversiones nacionales y extranjeras, principalmente de las productivas bajo el control estatal, que pueden ser desde aranceles, transferencia de maquinaría, estabilidad tributaria, tarifas diferenciadas, entre otras que serán definidas por el Ministerio de Planificación, según la nueva Ley de Promociones a las Inversiones.

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, explicó que lo fundamental de la ley es que se brinda seguridad jurídica y se otorga incentivos a los empresarios que quieren invertir en Bolivia.

El artículo 21 de la norma señala que "el Estado podrá otorgar incentivos generales e incentivos específicos a todas las inversiones que se realicen en el país, en las condiciones establecidas en la presente ley".

De acuerdo con la norma, los incentivos generales serán otorgados a las actividades productivas sectoriales que se enmarquen en la planificación del desarrollo económico y social del país y tendrán aplicación general en el sector.

Los incentivos específicos serán otorgados a proyectos en actividades productivas que sean calificadas de inversión preferente.

La nueva medida legal fue sancionada en el Senado y remitida al Ejecutivo para que en los próximos días sea promulgada por el presidente Evo Morales.

Esta ley, que establece el marco jurídico e institucional para la promoción de las inversiones en el Estado, busca contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país para el Vivir Bien.

"Con esta nueva norma terminamos con la Ley de capitalización y con todas las privatizaciones que nos dejaron los gobiernos neoliberales", dijo.

La norma está organizada en seis capítulos y 26 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, seis finales y una disposición abrogatoria y derogatoria.

"Les estamos ratificando con una ley, lo que ya les hemos brindado en este gobierno, seguridad jurídica que reclamaron los inversores extranjeros y nacionales, además de garantizar el crecimiento económico del país, cuidando los recursos naturales, la inversión extranjera y la del Estado", aseveró.

Aunque el diputado por el opositor Convergencia Nacional (CN), Javier Leigue, observó que la Ley de Promoción de Inversiones confirma la economía de Estado y el monopolio de las empresas estatales como BoA, Entel y YPFB.

"Con esta Ley, estoy seguro que el Estado no va a permitir que se invierta en transporte aéreo, que se invierta en telecomunicaciones, que se invierta en hidrocarburos, porque esos tres sectores son donde el Estado prácticamente está con un monopolio del mercado", manifestó el opositor.

Formas de incentivo

Con la futura Ley de Promoción de Inversiones se darán varios incentivos a inversiones destinadas principalmente a proyectos para industrializar los recursos naturales y al cambio de la matriz productiva.

La Ley de Promoción de Inversiones autoriza al Estado otorgar "incentivos generales" para aquellas inversiones que se destinen a proyectos contemplados en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) e "incentivos específicos" para los orientados a proyectos de inversión preferente.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, explicó que un incentivo general será la exención arancelaria y en el caso de los específicos se darán estímulos como la estabilidad tributaria, la reprogramación de impuestos, la modificación de tasas, el no pago de impuestos de inmuebles, el precio diferenciado para acceder al gas o una tarifa diferenciada para "otros elementos".

Los incentivos generales serán propuestos al Ministerio de Planificación por los ministerios cabeza de sector, que adjuntarán un estudio de identificación de oportunidades y resultados esperados en la economía. La cartera hará el análisis y recomendará la aplicación o no del incentivo.

Caro puso como ejemplo que un ministerio puede plantear aplicar un incentivo al sector manufacturero, como "una exención arancelaria en una u otra actividad, porque tiene un impacto y tiene resultados en la economía".

Los incentivos específicos serán planteados por los ministerios cabeza de sector, agregando el proyecto del inversionista, su evaluación sobre el proyecto y su opinión sobre la vinculación con las inversiones preferentes.

El ministerio analizará el proyecto y si es calificado de preferente se aplicará un incentivo específico. Las inversiones preferentes son aquellas que en el marco del Plan de Desarrollo se dediquen a proyectos orientados al cumplimiento de las metas de "industrialización de los recursos naturales y al cambio de matriz productiva, asociados a la transferencia tecnológica y a la generación de empleo".

Preferente

Por su parte el presidente de la Comisión de Planificación del Senado, David Sánchez (MAS), explicó que las inversiones preferentes son las que más le "interesan al Estado" porque están vinculadas al desarrollo en las áreas de "hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, actividades productivas no tradicionales que generen valor agregado y actividades que generen polos de desarrollo".

Aunque aclaró que con la norma no se está restringiendo ningún tipo de inversión, sino que se está puntualizando que las inversiones preferentes son "estratégicas e importantes" para el Estado.

Una vez evaluado el proyecto, las metas de inversión y los resultados que se prevén de ese emprendimiento, el gobierno aplicará incentivos a las inversiones preferentes como: la estabilidad tributaria, la reprogramación de impuestos, la modificación de tasas, el no pago de impuestos de inmuebles.

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Tras 50 años del golpe militar, Brasil busca memorias de la dictadura

PL

Al cumplirse hoy 50 años del golpe militar que derrocó al presidente Joao Goulart y dio paso a una dictadura militar, los brasileños buscan recuperar la memoria de los crímenes y desafueros ocurrido entre 1964 y 1985.

La Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada en 2012 por la presidenta del país, Dilma Rousseff, tiene el objetivo investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese periodo.

Su trabajo estaba previsto para terminar en 2013, pero debido a la necesidad de contar con más tiempo para la recopilación de evidencias, las labores se extendieron hasta finales de este año.

Rousseff, quien fue presa y torturada en su juventud, recordó la necesidad de que se esclarezcan los abusos registrados con los gobiernos de facto de entonces.

La asonada golpista comenzó el 31 de marzo de 1964, terminó un día después con la salida de la nación de Goulart y perseguía acabar con toda una corriente de cambios políticos y económicos.

Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, de sectores conservadores y empresarios, los militares se atrincheraron en el poder e instauraron una dictadura que se extendió 21 años y dejó unos 400 muertos y desaparecidos políticos.

El teólogo y escritor Frei Betto destacó la necesidad de que las generaciones más jóvenes conozcan lo ocurrido en esos 21 años de dictadura, las torturas y violaciones registradas y las tragedias de miles de familias.

Puntualizó que Brasil avanzó en los sectores económicos y sociales, con el gobierno del Partido de los Trabajadores, pero sin embargo, los archivos de la dictadura en posesión de las Fuerzas Armadas permanecen cerrados para la Comisión de la Verdad.

Betto, quien fue preso en dos ocasiones durante esos 21 años, señaló que los militares dejaron el poder debido a la presión política, provocada por las movilizaciones de movimientos sociales, de gremios, políticos y asociaciones de sectores sociales.

El escritor de varios libros, entre estos "Fidel y la Religión" (1985), rememoró que hasta la iglesia católica apoyó la asonada golpista, pero después la condenó, debido a la desapariciones y muertes de fieles.

La CNV podrá sacar a la luz pública los crímenes y atrocidades cometidas por las fuerzas castrenses, pero no tiene facultad para enjuiciar a algún represor, pues la Ley de Amnistía de 1979 prohíbe abrir procesos contra los autores de crímenes contra la humanidad.

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Estudiantes chilenos aceptan el diálogo con el gobierno

XINHUA

Los estudiantes universitarios chilenos anunciaron que aceptan la invitación a reunirse con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, para analizar los caminos para una reforma en el sector, tal y como han demandado con sus protestas desde el año 2013, informó hoy la prensa local.

Tras concluir la noche del sábado su asamblea nacional en la Universidad de Atacama, en la norteña ciudad de Copiapo, la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (Confech) anunció tanto la reunión con el ministro Eyzaguirre como la decisión de posponer cualquier tipo de manifestación.

"Aceptamos la instancia de diálogo con el Ministerio de Educación", afirmó Javier Miranda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, agregando que emplazarán al gobierno para que cumpla sus promesas de reforma.

Miranda indicó que luego de esa reunión, se citará a una nueva asamblea extraordinaria nacional, para dar a conocer los puntos discutidos y analizar las respuestas. A su vez, se definirá el proceso de movilización para el año 2014.

Por su parte, Naschla Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), indicó que "decidimos que sí nos vamos a juntar con el ministro.

"Esperamos que sea un espacio que es el inicio de este diálogo con el ministro. Le vamos a poner urgencia", afirmó.

"Le vamos a enviar una propuesta con estas conclusiones que sacamos para que podamos ver si es posible que la tengamos la próxima semana", agregó Aburman.

A su vez, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda, indicó que se tratará de una "reunión sin carácter resolutivo.

"A diferencia de una mesa de negociación, será una reunión para conocer cuáles serían las posturas del Gobierno que todavía no han quedado claras", aseguró.

El pasado 18 de marzo, el ministro Nicolás Eyzaguirre envió una invitación a las organizaciones estudiantiles para efectuar reuniones para tratar el tema de las reformas educaciones, tal como ya lo ha hecho con otros actores del sector, incluidos profesores y los rectores de las Universidades.

Los estudiantes postergaron su respuesta hasta la realización de las asambleas, pero hasta ahora sólo han contestado los universitarios, y falta la respuesta de las dos organizaciones de secundarios.

Así, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) efectuó su asamblea el sábado, cuando eligió a sus nuevos voceros para este año 2014, Ricardo Paredes y Tomás Leyton, quienes expresaron que aún esta en discusión si se reunirán con el ministro Eyzaguirre, pero que su decisión será anunciada el lunes.

En tanto, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) también se encontraba en reuniones para dar su respuesta, pero aún no se ha pronunciado, aunque su situación es más complicada por su conflicto con uno de los partidos de gobierno, la Democracia Cristiana.

El pasado 11 de marzo, mientras juraba como nueva presidenta Michelle Bachelet, la ACES efectuó una toma de la sede de la Democracia Cristiana, por considerar que es un partido que se opone a la reformas.

Como resultado, ese partido demandó a dos de los miembros del ACES, y estos contestaron que la primera condición para una reunión es que esa acción legal se retire.

Los estudiantes demandan desde el año 2011 cambios al sistema realizando masivas manifestaciones, en las que exigen una "educación pública, gratuita y de calidad para todos", para poner fin a un modelo basado en el mercado, que fue instaurado por el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Pese a no tener respuesta del anterior gobierno del presidente Sebastián Piñera (derecha), la llegada de Michelle Bachelet encabezando una administración de centro-izquierda abrió mayores posibilidades de diálogo y de avance en las reformas.

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Trabajadores y campesinos toman la palabra en Paraguay

Javier Rodríguez (PL)

Después de 20 años del último paro nacional desarrollado en Paraguay, trabajadores y campesinos decidieron tomar nuevamente la palabra como actores principales en el escenario político y social del país mediterráneo.

La huelga general del pasado 26 de marzo, que sus organizadores consideraron con un 80 por ciento de acatamiento, paralizó realmente la nación y permitió ver a los contingentes de labriegos y miembros de las centrales sindicales, apoyados por organizaciones sociales y partidos políticos progresistas, tomar el control de las calles y carreteras a lo largo de la geografía paraguaya.

La demostración de fuerza prácticamente anuló los esfuerzos oficiales previos, basados en una campaña gigante dirigida a restar importancia al movimiento huelguístico o a subrayar los hipotéticos peligros de expresiones de violencia.

Una vez comprobada la potencia de la paralización a pesar del despliegue militar y policial en todos los departamentos de la nación, el Ejecutivo optó por evitar cualquier enfrentamiento y permitir que el cese masivo de actividades y las demostraciones contra su política económica y social transcurrieran tranquilamente.

Hay algunos aspectos que caracterizaron esta huelga general en Paraguay realmente muy interesantes a la hora del análisis y de valorar su importancia para el futuro cercano.

En primer lugar significó una revigorización de la unidad del movimiento sindical paraguayo, dañada por divisiones anteriores y por diferentes ópticas en la estrategia general de lucha por sus reivindicaciones.

Existe un total de seis centrales sindicales, además de algunos sindicatos alejados de esas estructuras, pero el llamado a esta huelga unió a todos con pocas excepciones.

El otro punto relevante fue la contundente prueba de fuerza dada por el sufrido campesinado, que consiguió una muy fuerte participación contando con la acción conjunta de la poderosa Federación Nacional Campesina (FNC) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas.

Pero a la hora de estudiar las razones de esta expresión de unidad de todos los factores que hizo al gobierno convocar inmediatamente a una mesa de diálogo, no se puede obviar el hecho de la adopción generalizada de las principales consignas por parte de todos.

Veamos los principales reclamos que presentaron los sectores participantes como argumentos muy fuertes contra la actual política del gobierno de Horacio Cartes a menos de un año de su ascenso al poder.

La derogación de la Ley de Alianza Público-Privada es condición inapelable de trabajadores y campesinos, repudiada no sólo por su carácter privatizador de las empresas estatales, sino por ser formidable instrumento para su entrega a capitales extranjeros, según ellos señalan.

La propia defensa hecha por el Ejecutivo de esta ley reconoce como su principal objetivo atraer rápidamente unos 16 mil 500 millones de dólares de inversiones foráneas, pero lo peor es que incluye absoluto poder para el Jefe de Estado en la decisión de las condiciones y facilidades otorgadas, sin control del Parlamento o del Poder Judicial.

Los protestantes ven en esas características, y en la política oficial, el empeño en rematar los bienes del Estado siguiendo el camino de una orientación neoliberal.

La siempre postergada reforma agraria fue otra de las demandas enarboladas a la par por organizaciones campesinas y sindicatos, y ferozmente resistida por una estructura agraria en manos mayoritariamente de latifundistas nacionales y extranjeros, incluyendo siete millones de hectáreas de tierras mal habidas y un modelo agroexportador desconocedor del campesino pobre.

Por último, unió a todos el desfase existente entre el incremento salarial anual y el costo de la canasta básica, con un gobierno afirmando que el país creció 14 por ciento en el último año pero concediendo apenas un 10 por ciento de incremento en los haberes.

En medio de esas contradicciones y en el ambiente que ellas provocan, pretende la administración central alcanzar algún tipo de acuerdo con los participantes en la huelga general.

Contra ello conspira la posición irreductible no sólo de los funcionarios gubernamentales, sino también de las grandes uniones de empresarios que vetaron anticipadamente cualquier modificación del actual status quo económico y social, provocando la no participación en las tratativas de una central sindical y de las organizaciones campesinas.

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Advierten planes desestabilizadores de la oposición venezolana

PL

La ultraderecha venezolana persiste en sus planes desestabilizadores contra el gobierno constitucional, como parte de una estrategia dirigida a acabar con el proceso revolucionario bolivariano, afirmó hoy el periodista José Vicente Rangel.

En su columna El Espejo publicada este lunes en el diario Ultimas Noticias, el comunicador afirmó que el binomio Estados Unidos-derecha venezolana intenta por todos los medios lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.

La oposición actuó de manera irresponsable en los últimos dos meses, al pretender nadar en dos aguas al mismo tiempo, la legalidad y la subversión, dijo.

De nuevo se embarcó en la temeraria aventura de mezclar actividad cívica y violencia, y como suele suceder en tales circunstancias cosechó derrotas, añadió Rangel.

Los que apoyan a la oposición y están involucrados en los planes desestabilizadores, arribaron a la conclusión que tienen que asumir la conducción de la conjura en territorio venezolano, aseveró.

Ante el fracaso de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la ultraderecha internacional se vio obligada a ajustar la línea de acción, con amenazas abiertas y veladas procedentes de Washington.

De ahí la estrategia del gobierno de alertar al pueblo y la movilización de los amplios y leales apoyos con que cuenta Venezuela en el exterior, dijo Rangel.

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