miércoles, 9 de abril de 2014

Motivos para el Paro del 10 de abril en Argentina

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Se viene el Paro general del Jueves 10 de abril y muchos discuten su carácter político.

Es obvio, ya que se trata de una iniciativa sustentada en demandas sociales, sindicales, económicas y políticas de los trabajadores.

Queda claro que los espacios sociales, sindicales y políticos que adhieren a la propuesta gubernamental no aceptan ni motorizan la medida de fuerza, aún cuando las demandas atraviesan las necesidades del conjunto de los trabajadores.

Entre varios motivos para el PARO se privilegia una crítica al estilo impuesto en negociaciones paritarias condicionadas por la presión empresaria y gubernamental, identificada en cierres rápidos y a última hora con valores menores a la inflación real del 2013. Es una situación que no permite ajustes salariales que acompañen el encarecimiento del costo de vida por aumento de los precios; mucho menos si se proyecta anualmente la inflación entre enero y marzo del 2014. Vale mencionar además, que varios organizaciones sindicales estatales no tienen paritaria, o no participan de ellas por las condiciones discriminatorias del régimen legal para el reconocimiento de los sindicatos. En este sentido, pesa el reclamo por democracia y libertad sindical con proyectos presentados al debate en el Parlamento.

Ante el encarecimiento del costo de vida se sustenta en el PARO un Salario Mínimo Vital y Móvil de $9.000; al que se asocia el reclamo por la jubilación mínima y una actualización del 82% móvil. Vale recordar que el salario mínimo está en $3.600 y la jubilación mínima en $2.757, ambos valores muy lejos de satisfacer las necesidades de sus perceptores. Incluso, el salario promedio de la Argentina está muy lejos del mínimo necesario para reponer el gasto de energía física y mental del trabajador y su familia que supone la actividad laboral cotidiana.

Uno de los aspectos que más irrita a los trabajadores, por inconstitucional es ser sujetos de impuestos a las ganancias. Por definición el salario es la retribución al factor de la producción "trabajo", mientras que la retribución al capital es la ganancia. El reclamo es por eliminar del impuesto a las ganancias los ingresos salariales. Algunos sostienen esa concepción aunque admiten en la coyuntura una actualización del mínimo no imponible para defender el ingreso de los trabajadores y que los ajustes y actualizaciones de salarios no sean apropiados por el fisco. Son medidas que apuntan a una reforma impositiva que debe incluir la eliminación de las exenciones a las rentas financieras.

Las reivindicaciones son variadas e incluyen las actualizaciones y universalización de las asignaciones familiares; el aumento para jubilados de emergencia y el 82% móvil de los ingresos previsionales; la prohibición de suspensiones y despidos; contra la legislación de riesgos del trabajo y contra la precarización laboral y las tercerizaciones, lamentablemente generalizadas y que afectan a la mayoría de los trabajadores. Sobre 15 millones de población económicamente activa, la mitad tiene problemas por irregularidad en el empleo.

Existen demandas de corte más general y claramente políticas, como la lucha por la derogación de la legislación antiterrorista y la criminalización de la protesta social, mediante la cual 7.000 dirigentes sociales están procesados en el país. En ese marco se lucha por la libertad de los presos, especialmente a los trabajadores petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua.

El paro es expresión del descontento y más allá de quién lo convoca, facilita el agrupamiento de activos sociales militantes que intentan construir alternativa política. Diversos agrupamientos se suman con todas las consignas o algunas, y muchos incluso en forma individual, adhieren desde el descontento que suponen las políticas de ajuste derivadas de la devaluación, los recurrentes pagos de la deuda pública, el aumento de precios y tarifas, los recortes a las actualizaciones salariales.

Hay quienes prefieren la fidelidad política al proyecto del gobierno y rechazan las motivaciones del paro general. Es una opción de subordinación que los aleja del compromiso con las demandas y necesidades de los trabajadores. Es parte de la opción que se asume individual y colectivamente en el camino de la subordinación o la emancipación social..

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Corporaciones transnacionales y el gobierno global

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Observando la coyuntura en torno a Ucrania, Crimea, Siria y Corea del Norte, por citar los conflictos de más difusión, la actual tendencia de los equilibrios en política internacional está determinada por el diseño económico del capital transnacional.

La confrontación en esas regiones refleja que la geopolítica es cada vez más geo-economía. Las naciones con mayor tutelaje sobre las Corporaciones Transnacionales que dominan la economía global y que son precisamente las que forman gran parte de la Alianza Trasatlántica, comienzan a enfrentar a las naciones ubicadas fuera de esta alianza, aquellas impulsando sus propias corporaciones de llegada global emergentes, como son los casos de China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil y otras naciones fuera de esa alianza con sus economías en alza.

De las 100 Corporaciones Transnacionales con activos de mayor envergadura en el extranjero, alrededor de 90 reconocen como base a países que forman la Alianza Transatlántica y principalmente son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Japón (aliado No OTAN), Bélgica, Luxemburgo y España. La disparidad en el poderío de alcance global es enorme respecto al resto de los países, factor para tomar en cuenta en el análisis de la tensión internacional.

Uno de los factores determinantes en las relaciones internacionales, tanto las que se desenvuelven a través de los canales estatales o privados, proviene cada vez más de la inversión extranjera y del papel en su manejo que le corresponde a las Corporaciones Transnacionales (CT). Las cadenas de valor mundiales coordinadas por las CT representan aproximadamente el 80% del comercio mundial (UNCTAD.2013).

Esto significa que gran parte del volumen de capital circulando por el mundo se origina en estas corporaciones. Este enorme flujo de recursos es en sí mismo un determinante mayor a la hora de la suma y resta en cualquier economía dependiente de la inversión extranjera.

El capital de las CT conforma un sistema mundial de bienes y servicios que se transan en procesos productivos fragmentados a través de un intenso comercio fronterizo. El circuito de insumos y productos adquiere vida en redes y franquicias manejadas por contratistas y los bienes y servicios que lo componen, en su gran mayoría pertenece a consorcios privados. Todo ello existe porque al nivel macro, el capital corporativo transnacional además de ser el principal propietario del circulante, diseña y controla.

La implicancia consiste en que cualquier modificación mayor de política económica doméstica y con mayor razón, de política económica internacional, estará sujeta a ese flujo de capitales que proviene de las CT, especialmente las privadas.

Esta circulación se rige cada vez más por los vaivenes y ritmos del mercado mundial de capitales que por las indicaciones de los organismos que tradicionalmente han formulado políticas como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Estos organismos diseñaron en las últimas cuatro décadas los destinos económicos de una gran masa de países dependientes del capital foráneo y dictaron sus políticas económicas. Hoy, por la omnipresencia del poderío monetario de las corporaciones transnacionales, esos organismos apenas mantienen cierta “potestad” de entregar algunas indicaciones y estándares para las economías de los países en vías de desarrollo y para los países más desarrollados en crisis, como es el caso de los países menos favorecidos con las políticas económicas de la Comunidad Europea.

El panorama de imbricación entre el capital corporativo transnacional y las economías nacionales, es el sueño realizado de Jacques Maisonrouge, uno de los más influyentes presidentes de la IBM. En 1974 señalaba que el mundo de las corporaciones globales necesita de una contraparte, una especie de entidad tripartita compuesta por miembros de la fuerza laboral, el Gobierno y la representación de compañías transnacionales, quienes sentarían las bases de las nuevas reglas del juego. (Barnet, R.J.1974).

A partir del ajuste estructural a las economías de la década de 1980 que, en principios como ajuste fiscal, privatización y desregulación, deberían ser permanentes, las reglas del juego de la globalización también implicaban desarrollar uniformidad de gobiernos en los países con el objeto de instalar una sola entidad económica de nivel mundial y finalmente un gobierno global unificado.

La transformación institucional de los estados para darle dirección y legitimidad a ese proceso de ajuste, requiere de su equivalente en el gobierno y en consecuencia en lo político. Ese determinismo económico no es un artificio teórico sino que es la condicionante fundamental para la gobernabilidad de la globalización que se ha expresado esencialmente en su dimensión económica.

A. W. Clausen ejecutivo del Bank of America y que después encabezó el Banco Mundial, señalaba que la expansión de la conciencia de la globalización ofrece a la humanidad quizás la última chance real de construir un orden mundial que sea menos coercitivo del que ofrece el estado-nación (1974). Se bien se observa como una noción un tanto apocalíptica, claramente no está refiriéndose a la desaparición del estado-nación de su país, Estados Unidos, que es el país madre de las corporaciones globales.

El orden mundial actual, sin la bipolaridad soviético-estadounidense, es el que atisbó el genio globalizante de Clausen. Para él y los que abogan el modelo de globalización basado en el actual sistema económico desregulado y ultra corporativo para proteger la rentabilidad del capital privado, la ideología que debe primar no es el internacionalismo sino que el anti nacionalismo, “colocando a la corporación transnacional por sobre la identidad nacional”. (Barnet, R.J.1974).

Las funciones de paz de la ONU en la década de 1980 estaban prácticamente moribundas y la OTAN era la mejor alternativa para la seguridad de Europa Occidental. Con el estallido de la guerra en los Balcanes en la década de 1990, esa tesis se comprobó y por implicancia se ha hecho extensiva a la noción de que la seguridad global debería estar a cargo de una fuerza única por razones de racionalidad económica.

La idea de una fuerza global de seguridad no es nueva. Fue planteada en los años 70 con el advenimiento de las corporaciones globales modernas. En ese tiempo ya se pensaba que Naciones Unidas podría ejercer un rol de contraparte global y que al mismo tiempo pudiera funcionar como un brazo armado para mantener paz y seguridad a nivel mundial Sin embargo había reservas por la cantidad de representatividad de países subdesarrollados en el organismo y también por las características del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que nunca ha tenido el beneplácito de las corporaciones transnacionales.

En esa línea, la seguridad global debería privilegiar un sistema de gobernabilidad que fuera lo más uniforme posible, basado en un esquema de protección con códigos e instrumentos adoptados por las naciones.

Como forma de uniformizar en lo más básico los requerimientos del absolutismo económico global, el cemento ideológico que podría nutrir y legitimar un sistema único de gobierno, es expandir la doctrina de los derechos humanos y aquel concepto de libertad que opera con mayor fluidez cuando no existen desigualdades significativas, particularmente las económicas.

Por la tendencia situacional global, que coloca a la corporación transnacional por sobre la identidad nacional, este esquema doctrinario de protección a los derechos humanos y la libertad -abierto en la apariencia-, ha sido un instrumento que al final privilegia a los que han sido siempre más poderosos, particularmente las naciones con tradición colonialista. La excusa para intervenir o acosar países como Siria. Corea del Norte. Venezuela, Cuba. Myanmar, Irán, y China, son los Derechos Humanos, dentro de la lógica del común denominador para el gobierno global de las Corporaciones Transnacionales. Es así que identidades, culturas, nacionalidades, raíces, tradiciones, forman la retaguardia o desaparecen en la carrera desenfrenada por la máxima rentabilidad del capital sin fronteras.

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El ignominioso acuerdo con REPSOL que cierra una era nefasta y abre otra peor

Javier Llorens (especial para ARGENPRESS.info)

Resumen

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El convenio con Repsol cuya aprobación se trata en el Congreso de la Nación, revela ser en su arquitectura financiera una obra maestra del engaño a la opinión pública interna, para disimular el virtual allanamiento por parte del gobierno argentino a las pretensiones de REPSOL. Pese los gravísimos daños de diversa índole que acarreó para nuestro país la gestión de YPF por parte de REPSOL. Que van desde las exportaciones de gas a vil precio, para obtener una sideral ganancia en el exterior, hasta la pérdida del autoabastecimiento petrolero, pasando por los daños ambientales y el desmantenimiento y la obsolescencia de sus instalaciones, conforme está expuesto en el escrito “PRONTUARIO REPSOL - El pillaje, saqueo, y vandalismo perpetrado por REPSOL en Argentina”.

El alcance de sus cláusulas representan una verdadera rendición incondicional y capitulación ante las pretensiones de toda índole de REPSOL, al haber reconocido no solo la valorización de YPF que REPSOL contabilizaba en sus balances, sino incluso su valor bursátil durante el año previo a su expropiación. Con el inusitado agregado de consagrar la indemnidad e irresponsabilidad absoluta por las gravísimas inconductas empresarias que incurrió en Argentina, cualquiera sea de qué se trate, incluso las ambientales, como si fuéramos un país de paso y depredación perteneciente al cuarto mundo.

Dicha capitulación que se ve reforzada por el vocabulario de derecho español y no argentino que surge del texto del convenio, que evidencia que el mismo fue redactado por los abogados españoles de REPSOL. Quien con la clásica formula de las capitulaciones, le habría indicado al ministro Kicillof que rubricó el mismo, “firme aquí o aténgase a las consecuencias”. En donde los títulos públicos soberanos a entregar por parte de Argentina, no se dan como una dación en pago de la expropiación, sino solo como una garantía y medio de pago. Igual que el usurero que le hace firmar a su deudor arruinado, una triple garantía de prenda, pagaré, y cheque, para ejecutar la deuda con lo que le quede más a mano.

A los efectos de tratar de legalizar el precio impuesto por REPSOL; y cumplir con la tasación prevista en la ley de estatización, junto con el convenio apareció un informe de una sala Ad- Hoc del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que en forma ambigua convalidó ese precio. En base a una tasación que no figura en el portal web de dicho tribunal, que dicho sea de paso funciona, en base a un Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por De la Rua a fines del 2001, en plena crisis de ese año.

Cuyos miembros designados entonces, son los mismos que lo integran hoy, al que se incorporo el dudoso aporte de un miembro designado a instancias de la Cámara Argentina de la Construcción y directivo de esta. Cámara que es reputada como el antro donde se arreglan las licitaciones públicas y otras componendas, razón por la que ese tribunal y sus procedimientos “noventistas”, muy poca confianza inspiran en una tasación de tamaño porte.

Al respecto el abogado Alejandro Olmos Gaona, que tuvo acceso a las escuetas 20 carillas de esa supuesta tasación, opina que resulta inverosímil que se hayan tasado más de 126 mil bienes, ubicados en el país y en países del exterior, en menos de un año. Cuestionando además las irregularidades en las fechas de esos informes, que fija la tasación en abril del 2012, por parte de un tribunal que recién se constituyó en mayo del 2013, y emitió su informe a fines de febrero de 2014, cuando ya habían culminado las negociaciones con REPSOL.

Por lo que evidentemente el precio convenido precedió a la tasación, alterando su orden lógico y honesto. Con el agregado de una suma de cuestionamientos, que llevaron a Olmos Gaona a decir que “todas las graves irregularidades señaladas nos hacen suponer que se trata de una tasación amañada, con el único propósito de arreglar con Repsol, beneficiándola indebidamente, con tal de llegar a cualquier tipo de acuerdo y terminar con las acciones litigiosas que podrían plantearse”.

La rendición incondicional y capitulación incluye además una cláusula que atenta directamente contra la facultad soberana de reestructurar la deuda. Postura sostenida desde el 2003 por el gobierno kirchnerista, y ratificada recientemente por un fallo de la Corte Suprema. Que funcionará como una pistola puesta en la sien de Argentina, y podría llegar a ser catastrófica. Al facultarse a REPSOL a liquidar los títulos públicos recibidos a cualquier precio, ante un evento de incumplimiento por parte de Argentina. Quedando no obstante un saldo de deuda que será inmediatamente ejecutado por parte de REPSOL, haciendo honor al dicho que él paga mal, paga dos veces.

O sea que estamos ante el peor de los arreglos, dado que Argentina se compromete a pagar lo que quiere REPSOL o su valorización bursátil, a plazos, pero con altísimos intereses, mediante la emisión de títulos de la deuda. Pero sin que signifique esto la cancelación de la deuda, dado que ellos no van en pago de lo adeudado, sino solo son medios de pago que REPSOL podrá reventar ante el menor incumplimiento por parte de Argentina, con grave daño para esta. Cargando a la par Argentina la mochila de los daños ambientales dejados por REPSOL, que supuestamente se iban a deducir de los importes a pagarle, liberándola además enteramente de cualquier otra responsabilidad por sus inconductas del pasado.

Cláusulas leoninas a las que según algunas fuentes, se han agregado otras oprobiosas capitulaciones paralelas, como es la convalidación que debería efectuar la AFSCA de la situación de TELEFE y sus vinculadas, propiedad de Telefónica de España. Uno de cuyos accionistas es La Caixa, accionista principal de REPSOL. O sea que REPSOL se irá, llevándose puesto lo que pretendía, y dejando impunemente tierra arrasada como hacen los conquistadores. Pero dejando en la retaguardia un gigante comunicacional que le cuide sus espaldas.

Para disimular esta enorme defección, que se suma a otras tantas cometidas por la dirigencia argentina en los últimos treinta años de democracia, el ministro Kicillof proclamo la no peronista fórmula de “ni vencederos ni vencidos”. Que en un kirchnerismo acostumbrado a hacer de cualquier cosa un triunfal relato épico, suena lo mismo que una rendición incondicional, disimulada con la declamación un supuesto empate.

Por su parte el grupo español encabezado por Antonio Brufau, se cuidó muy bien por ahora de proclamarse vencedor, no sea que ello obstaculice la aprobación del convenio por parte del Congreso. Convalidación que exigió expresamente en búsqueda de la seguridad jurídica a las que aspiran modernamente los conquistadores. Que se llevan la parte del león mediante un trato absolutamente desventajoso para la contraparte, y procuran que nadie quiera o pueda revisarlo en un futuro.

La que no le será difícil de obtener por parte de una elite argentina política, económica, y comunicacional, que parece haber perdido la dignidad por completo. Y por ello está a punto de repetir una defección similar a las ocurridas en el nefasto año 2001, previas a la catástrofe de ese año, con los superpoderes otorgados al “salvador de la patria” Domingo Cavallo, la ley de déficit cero, la ley de intangibilidad de los depósitos, etc.

Sin contar otros enormes renuncios anteriores, como la ley de emergencia económica con la que se desguazó salvajemente al estado. La ley de convertibilidad que atrapó la economía Argentina durante una década, solo para que funcionara como seguro de cambio de los inversores extranjeros. Y la privatización de los fondos jubilatorios, YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, y la megaminería, etc.

Dirigencia que parece también estar imposibilitada de leer el sentido y las entrelineas financieras, legales, y estratégicas, insertas en los compromisos que asume en nombre del país. Y que en todo caso justifica sus reiteradas defecciones al respecto, por razones de necesidad y urgencia ante la coyuntura, que ellos mismos provocan o permiten que sucedan. Rifando así el futuro, para tratar de solucionar el día a día, con un “decisionismo” improvisado, y carente de Norte y de reflexión estratégica. Porque ante la urgencia de salir del atolladero, da lo mismo ir hacia el norte, el sur, el este, o el oeste.

El futuro que está hoy en juego

Esto se hace notable en la actual situación, dado que en realidad el convenio con REPSOL es solo un abre puertas, para poner en explotación las enormes riquezas hidrocarburíferas no convencionales de Vaca Muerta; que REPSOL había trabado mediante múltiples demandas contra las firmas interesadas en ello. Acorde en un todo a las condiciones fijadas por las multinacionales petroleras, a los efectos de llevarse la parte del león.

Cuya dimensión se puede apreciar diciendo que Vaca Muerta equivale a 40 veces el valor de la superficie dedicada a la agricultura en Argentina, que es el motor actual de su economía. Lo cual llevó a afirmar al notorio economista neoliberal Ricardo Arrriazu, ex director del FMI y asesor de la presidencia del Banco Central durante la dictadura, que en base a ella Argentina podría convertirse en Noruega o Nigeria.

En cuya explotación conforme los lineamientos actuales, la participación del estado será mínima, no alcanzando ni al 20 %, dado que el resto irá sustancialmente en beneficio de los grandes inversores extranjeros y las mega petroleras transnacionales. Ya sea a través de los dividendos de las acciones de YPF, cuyo 49 % esta sustancialmente en manos de fondos de inversión privados extranjeros. La participación otorgada por YPF a otras mega petroleras en las áreas que detenta en Vaca Muerta. O a través de las restantes áreas que estas detentan directamente, que alcanzan a dos tercios de Vaca Muerta.

Las mega petroleras internacionales encabezadas por el grupo Rockefeller, parecen haber hecho así una jugada maestra, con la provocación de la pérdida del autoabastecimiento, y la paralela estatización parcial de YPF. Para usar a esta como vehículo para lograr o facilitar dos objetivos simultáneos. Uno es el reconocimiento de los precios internacionales del crudo; y la triplicación del precio del gas natural, que pasó de u$s 2,5 a 7,5 el millón de BTU, a los efectos de maximizar la renta petrolera a su favor.

La cual trasladada de esa manera íntegramente a la extracción de hidrocarburos (upstream) reporta a su vez un notable perjuicio para YPF, que solo detenta el 30 % de las extracción, y casi el 60 % de la refinación y comercialización de sus combustibles derivados. Convirtiéndose así YPF en un vaso comunicante de parte de las exorbitantes ganancias de las multinacionales petroleras, como si tratara solo del mascarón de proa de ellas. La que además operará como su proa acorazada, enarbolando la bandera nacional, disfrazada de nacionalismo petrolero, a los efectos de que lleve adelante como pionera, enarbolando la

bandera argentina, la batalla para difundir a lo largo y ancho del país la técnica del fracking.

La cual ha suscitado en todo el mundo enormes reparos, y una vehemente oposición por parte de las organizaciones ambientalistas. Razón por la que esa batalla decisiva para la puesta en explotación de Vaca Muerta, seguramente tendría un resultado distinto, si la dieran por su cuenta Chevron, EXXON, o EOG. Cargando además YPF directamente con el riesgo ambiental que ella pudiera deparar, como operadora de los yacimientos que ha compartido con Chevron, Dow, Petronas, etc.

Esa jugada maestra se completó con el copamiento de YPF concretado por Schlumberger, mediante la designación de su ex alto ejecutivo, Miguel Galluccio, como presidente de YPF. Acompañado de otros ex Schhlumberger, que pasaron a ocupar altos puestos directivos en ella. La que a su vez, como firma líder en la técnica del fracking, se ha constituido en la principal contratista de YPF. En la que quedarán retenidas buena parte de lo que deberían ser ganancias operativas de YPF en Vaca Muerta.

Esta trama a su vez se ve completada, con la maraña de sociedades satélites que está creando YPF en Estados Unidos y Argentina, al compás de los acuerdos secretos de participación en Vaca Muerta que va firmando con las trasnacionales petroleras. Que hacen recordar a las SPE (“sociedades de propósito especial”) de la Enron, ex empresa de energía que tras su quiebra, pasó a ser sinónimo de fraude planificado. Participando una de las “hijas” de Ennron, EOG, en la explotación de Vaca Muerta.

En el año 2012 tras la estatización parcial de YPF, se esbozó una razonable política petrolera, que debió haberse concretado poniendo un precio tope al crudo interno, ante el sustancial aumento que registró internacionalmente. Usando a la par a YPF como instrumento para explotar los yacimientos operados por las compañías privadas que no aceptaran esa tesitura, en forma parecida a lo que hizo Petrobras en Brasil. Contando con una administración petrolera honesta y briosa a lo Mosconi, ello podía haber reportado la recuperación del autoabastecimiento petrolero, mayores ingresos para los estados nacional y provinciales, y precios módicos de la energía para la industria y los hogares argentinos.

No obstante esa política en ciernes, registró un giro de 180 grados a fines del 2012, tras el fallo a favor de los fondos buitres emitido por el juez Griesa en Nueva York. Que impulso a la jaqueada Presidenta Fernández de Kirchner, a concretar una espuria y subrepticia alianza con las mega petroleras norteamericanas integrantes del grupo Rockefeller, y la TOTAL francesa. A los efectos de tratar revertir ese fallo en los máximos estrados de la justicia norteamericana, o encontrar una solución alternativa que satisficiera al “relato” del gobierno. Uno de cuyos principales capítulos es supuestamente el buen arreglo de la deuda.

La existencia del mismo se puso de inmediato en evidencia, con el traslado integral por parte del gobierno de la renta del petróleo a la extracción del mismo (upstream) a contrapelo de la política antes esbozada. Y el extravío de la misión de YPF, que de instrumento de la política petrolera nacional, pasó a ser instrumento de la política petrolera de las mega petroleras norteamericanas y francesa. La contrapartida de ello fue el apoyo brindado a Argentina por EEUU, Francia, y otras notables instituciones y personalidades de las finanzas, como amicus curiae ante la Corte Suprema de EEUU.

El cual registró algunos altibajos a lo largo del 2013, por la demanda de EEUU de que

Argentina cumpliera con el pago de los fallos emitidos por los tribunales del CIADI y UNCITRAL. Que igual que el arreglo con REPSOL, resultan ser de índole estratégica para las multinacionales petroleras. Que por un lado sostienen desde siempre el principio de que toda estatización debe ser compensada con creces, como regla principal del negocio. Y por otro lado esperan que sus inversiones en Vaca Muerta se vean firmemente garantizadas por los Tratados Bilaterales de Inversiones que fijaron esos tribunales. Siendo por ende esos pagos arrancados recientemente al gobierno, una clara y definitiva señal de sumisión y ratificación de ellos.

Requisitos que además deben indispensablemente ser completados, ya sea por el kirchnerismo o a más tardar por la oposición que llegue en el 2015, con la sanción de una ley mega petrolera. Que garantice a ellas el precio internacional de los hidrocarburos extraídos, la disposición irrestricta de las divisas obtenidas, y una absoluta estabilidad impositiva, como detentan actualmente las mega mineras.

La que lamentablemente nuestra degradada dirigencia, puesta entre la espada y la pared, hundida en el fango de la corrupción, como precio a pagar por un efímero apoyo electoral, o atrapada en el atolladero, parece estar silentemente dispuesta a sancionarla. Optando nuevamente por las salidas dibujadas por los poderosos factores de poder internos o externos, que muchas veces son los mismos que previamente contribuyen a crear la dificultad, o erigir él atolladero. Los cuales pese las jactancias del kirchnerismo, han vuelto a subordinar la política a la economía, como en los peores tiempos de Menem y Cavallo.

Repitiéndose así crónicamente en Argentina, como si fuera la ley de esta, la situación de emergencia extrema de una embarcación, que para salvarse de un naufragio que podría haberse evitado, opta por echar por la borda sus bienes más valiosos. Con tal que el momentáneo capitán de la nave y sus oficiales a bordo puedan salvar su pellejo o prestigio, mientras que el resto de la tripulación a bordo de la nave la sigue pasando de mal en peor.

Por esa razón casi unánimemente la actual dirigencia política dicen estar para “solucionarle los problemas a la gente”. Como si estos problemas actuales no fueran provocados por la falta de visión y dedicación a la gestión por parte de los gobernantes del pasado, que se repite ahora nuevamente. Confundiendo así la cualidad esencial de un gobernante o estadista que es la visión del futuro, y como llegar a ese destino. Con la gestión de administradores de un consorcio, o directivos de una ONG, hundidos en el ahora mismo. Siendo esta en el fondo la verdadera causa de los crónicos problemas que Argentina enfrenta desde hace medio siglo.

Un claro ejemplo de ello, es la polémica desatada respecto el anteproyecto del nuevo Código Penal. Que evidencia ser una intencionada cortina de humo, similar al conflicto por la educación laica o libre, que se suscitó a la par que el ex presidente Arturo Frondizi concretaba sus cuestionados contratos petroleros, con las mismas megapetroleras que hoy están en Vaca Muerta. Siendo una discusión inútil, dada a la par que los grandes acontecimientos y el futuro de Argentina discurren por otro lado. Y no habrá código penal que valga, si Argentina se convierte en Nigeria. Y cualquier código resultaría aceptable, si Argentina se convierte en Noruega.

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Para que no tengamos que matarlos

Silvana Melo (APE)

Cómo se complica la infancia en estas tierras. Ser niño es un estadío incómodo en la escena de la sospecha, cuando el cuadro de Luis Agote, acechando en los despachos, sigue apuntando con el dedo de la acusación a los pibes de los malabares, del trapo en el parabrisas, del faso precoz. El expediente para bajar la edad en que un chico pasa a ser imputable está sobre todos los escritorios. Y entra a la cancha no bien vuelven a arreciar los coreutas de la inseguridad pública. Es decir, ahora. Y en la arena sueltan a los chicos, para que luchen con los lobos. Los que "cuando están mezclados con otros chicos en la escuela, son muy difíciles de controlar, se le plantan a las maestras, entonces hay que darles un tratamiento especial para que no maten a nadie o no tengamos que matarlos". Dice Julio Pereyra. Intendente de Florencio Varela. Que sacó del bolsillo un proyecto de “encierro de formación” para la infancia que suele fabricar el sistema. Del que Pereyra Julio es un engranaje de perfecta eficiencia.

Veintidós años intendente de uno de los municipios más pobres y más injustos de la provincia que se le cae a la capital por los costados.

Veintidós años. Y un proyecto de instituto de menores – reformatorio a la mejor usanza del Patronato de 1919, como para volver a aquello que comenzó a abandonarse por siniestro y cruel. La desinstitucionalización (un nombre bastante más largo de lo que vive un niño en un barrio de confines en Florencio Varela) permitió que la infancia pobre y abandonada (la mayor parte de quienes dejaron en los institutos y reformatorios la inocencia, la ternura y cualquier intento de sueño para el futuro) no sufriese cárcel infantil castigada justamente por pobreza y abandono.

Pero para Julio Pereyra (veintidós años intendente de Florencio Varela) hay que formarlos en el encierro para que no maten a nadie o no tengamos que matarlos. Se adelanta, tal vez el intendente, a la cacería que implantará la Emergencia; cuando la 9 mm tendrá el gatillo ligero y dispuesto para que la vecindad no sienta la necesidad de atrapar a un chico sin armas y desangrarlo a golpes.

“Cuando un chico comete una macana, dos, tres, y se lo seguís dando en guarda al padre, no se va a recuperar. Lo que propongo es que esté durante muchas horas estudiando en una especie de instituto, que le demos cultura, deporte, que lo formemos y lo incluyamos en la sociedad que estamos construyendo”. ¿Qué sociedad está construyendo Pereyra, Julio, veintidós años intendente de Florencio Varela? ¿En qué sociedad quiere incluir a los chicos? ¿Para qué sociedad quiere formarlos? ¿Será para aquella donde tendrá que quedarse a la cola de las oportunidades?, ¿será para aquella donde es sospechoso por origen, delincuente por estigma, marginal por domicilio, desterrado por piel, cesanteado por tatuaje y capucha, condenado por huesos al aire y ojos como cristales que ya no ven más que la nada a los pies?

Pereyra habla –dice- con (Alejandro) Granados y (Sergio) Berni para coordinar el encierro de formación con la Provincia y con la Nación. Unos días antes dijo que “los menores que reinciden en el delito” deben ser llevados a "colegios como pupilos". Después fue perfeccionando la idea hasta llegar al encierro de formación. La creación de “institutos de formación” para que “cuando salga sea una buena persona, no que se haya especializado en el delito”. Es decir, el regreso de la institucionalización por pobreza y/o abandono. Del encierro “cuando la criatura tenga conductas violentas, ya sea a los 8, 9 ó 10 años”.

Difícil ser niño por estas tierras. Contaminadas de glifosato y odio. Con metales pesados en el agua y en las alforjas del futuro. Con plomo en el aire y en el gatillo ligerísimo de las policías que de a centenares acosan y acosarán a los barrios como torniquetes para que la hemorragia de los confinados no llegue al pecho social. Donde laten los que pueden.

Porque Pereyra les arma institutos y encierros y el Gobernador, mientras invierte millones en armas, chalecos y policías, pide “revisar el régimen de personas menores de edad infractoras a la ley penal”. Tanto van a insistir que finalmente habrá un régimen punitivo para los niños que, al decir de Pereyra (Julio) “se le plantan a la maestra”. Apenas el 2,9% de los 1044 imputados por homicidio en el primer semestre de 2013 tiene menos de 16 años. El 11%, entre 16 y 17 (Las emergencias del Gobernador, Pelota de Trapo -08-0414).

Difícilmente la reducción en la edad punible sea un alivio para una sociedad muerta de miedo que condena sin juicio ni defensa a cualquier adolescente flaco, morocho y atravesado por una historia filosa, como una faca con orificio de salida.

Hay que encerrarlos. Antes de que maten o “tengamos que matarlos”, dice Pereyra. Y les deja apenas dos caminos. O tres. Incluidas la muerte de otro o la propia. No hay alternativa. No hay destino que pueda torcerse. Castelli lo escribiría una vez y mil más. Si te encontrás con el futuro, por favor que no venga. Al menos de noche y a la vuelta de esta esquina.

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Falacia del ausente y compromiso ciudadano

LA ARENA

Desde cierta prensa nacional, y entre algunos dirigentes opositores, se ha intentado justificar la seguidilla de "linchamientos" públicos que han tenido lugar los últimos días, con la muletilla de que estos actos, aún cuando son condenados formalmente, serían producto de un "Estado ausente" que no se ocuparía del problema de la inseguridad.

Poco se puede agregar a lo que, al respecto, han dicho dos jueces de la Corte Suprema para refutar este argumento falaz y perverso. Estos ataques en banda -no exentos de xenofobia- nada tienen que ver con la justicia, y de hecho ni siquiera encuadran en la "ley del talión", que suele resumirse en el axioma "ojo por ojo": en estos casos, no existe proporcionalidad entre el bien presuntamente atacado (la propiedad privada) y el castigo impuesto (pérdida de la vida).

Por otra parte, todas las estadísticas demuestran la falsedad de la premisa del "Estado ausente". No hay en Argentina unos índices de criminalidad graves para el contexto regional, ni existe tampoco una impunidad generalizada para los criminales comunes. De hecho, existiría un problema inverso, ya que la situación de las cárceles del país, y el derecho al debido proceso legal, constituyen las principales causas de condena a nuestro país en los tribunales internacionales de derechos humanos.

Debe ser dicho con toda la energía posible: no es posible achacarle responsabilidad al Estado todos los males de la sociedad. Los ciudadanos somos responsables de actuar con decencia y apego a las leyes, y si existiera un mayor compromiso en este sentido, muchos de estos problemas no existirían.

El ciudadano tiene un rol crucial en el combate del delito. De hecho, cuando un ciudadano presencia la comisión de un ilícito, está facultado para actuar como agente de la ley y detener al delincuente, siempre y cuando emplee métodos razonables para su captura, y lo ponga inmediatamente a disposición de las autoridades policiales. No es una tarea que cualquiera pueda asumir -se requiere una fuerza y un temple singulares- pero es una responsabilidad que casi nunca se asume.

Y no es la única. ¿Cuántos delitos quedan impunes, debido a que quienes tienen la obligación de denunciarlos, omiten comunicarlo a las autoridades? Esto incluye desde simples ciudadanos que presencian un crimen, como a aquellos profesionales y servidores públicos que en cumplimiento de sus funciones están más propensos a tomar conocimiento de hechos ilícitos.

Para no hablar de la falta de responsabilidad ciudadana a la hora de asumir el rol de testigo. Lo mínimo que se le puede exigir a una persona que se dice preocupada por la inseguridad, es que se presente espontáneamente a declarar ante las autoridades cuando está abierta una investigación. Es público y notorio que incluso ante meros accidentes de tránsito ocurridos en la vía pública ante decenas de personas, muchas veces resulta imposible contar con el testimonio de una sola de ellas.

Como se ve, entonces, lejos de culpar al Estado por la actitud criminal de turbas descontroladas, la dirigencia y la prensa deberían poner el énfasis en recordar a los ciudadanos sus obligaciones para con el sistema legal. Porque, como dijera un ex presidente norteamericano en una frase feliz, "no preguntes lo que tu país puede hacer por ti: pregunta lo que tú puedes hacer por él".

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Marita Verón: Algo de justicia

Milva Benítez (INFOJUS - COSECHA ROJA)

Susana Trimarco y el equipo de abogados que la acompaña, presenciaron la lectura de las penas para los 10 condenados por el secuestro y explotación sexual de Marita Verón. Las penas fueron desde los 10 hasta los 22 años. “Algo de Justicia hemos podido conseguir por Marita y por todas las chicas”, dijo Trimarco a la prensa. “Esperaba mucho más pero estoy conforme”. Las penas fueron las siguientes.

Daniela Natalia Milhein: 18 años; Andrés Alejandro González: 18 años; José Fernando “Chenga” Gómez: 22 años; Cynthia Paola Gaitán: 10 años; Carlos Luna: 17 años; Domingo Pascual Andrada: 17 años; Mariana Natalia Bustos: 10 años; María Azucena Márquez: 15 años. Todos se fueron con prisión preventiva, menos Paola Gaitán, que contó con el beneficio de la prisión domicialiaria por tener hijos chicos.

Trimarco agregó: “Esto no quiere decir que no voy a seguir luchando. Vamos a seguir con Carlos Garmendia hasta saber qué hicieron con Marita.” Sobre el paradero de su hija, dijo que la están buscando en varios países y que espera que los condenados “ablanden su corazón” y le digan dónde está Marita. “El ‘Chenga’ sabe, la ‘Chancha’ (Ale), sabe”. Pero se mostró tranquila de que los condenados no puedan seguir amenazando a su nieta Micaela. El abogado de la Fundación María de los Ángeles Verón contó que tanto el equipo jurídico como Susana Trimarco y su nieta Sol Micaela Catalán Verón tienen una fuerte custodia. “En diciembre de 2012, después de la sentencia de la absolución, todos los acusados se fueron con sus abogados (salvo dos de ellos) a festejar a un prostíbulo”, recordó el abogado. “Por buena fuente sabemos que esa noche el Chenga dijo que iba a secuestrar y matar a Micaela, que esa iba a ser su venganza contra Susana”, agregó. Por este dato, y nuevas amenazas en enero de este año, Micaela no se encuentra en Tucumán en este momento.

Ayer a la tarde, el fiscal Carlos Sale había pedido que iba de los 15 a los 20 años para los seis riojanos considerados por la Corte provincial como participes necesarios de esos delitos: Carlos Luna, Mariana Natalia Bustos, Domingo Pascual Andrada y María Azucena Márquez, Juan Humberto Derobertis y Cynthia Paola Gaitán. Antes, había pedido 25 años para “El Chenga” Gómez y su mellizo Gonzalo José “Chenguita” y para los tucumanos Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González. José D’Antona, el abogado que representa a Susana Trimarco, fue menos benévolo: pidió 25 años para los coautores y 24 años y 6 meses para los otros seis condenados.

Zaida Gatti, la titular de la Oficina de Rescate y acompañamiento a las Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acompañó los 10 meses de juicio que en 2012 terminaron en la absolución de los 13 acusados. ”La revisión de ese fallo demuestra que otra justicia es posible”, afirmó y recordó que la sentencia de 2012 -que fue revisada por la Corte provincial en diciembre del año pasado- fue “una muestra de la carencia de información, de capacitación e insensibilidad de un Poder Judicial que no está preparado para trabajar con una perspectiva de género y derechos humanos”.

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Secuestraron elementos vinculados a delitos de lesa humanidad en el diario La Nueva Provincia

PRIMERA FUENTE

Fotografías, archivos periodísticos, legajos, computadoras, entre otros elementos, fueron secuestrados por la Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

La diligencia, que demandó más de 11 horas, se llevó a cabo en el marco de la causa por la que es investigado su director, Vicente Massot, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

El operativo encabezado por los fiscales Miguel Angel Pallazani y José Nebbia, acompañados por colaboradores de la Unidad Fiscal y el apoyo de Gendarmería Nacional comenzó a las 8.30 y se extendió hasta las 20.20 en el edificio del diario ubicado en Rodríguez 55, en pleno centro de esta ciudad del sur bonaerense.

Fuentes judiciales señalaron a Télam que "durante el allanamiento se secuestraron fotografías, recortes periodísticos y legajos que datan del período de la dictadura cívico militar".

"En el marco del procedimiento los fiscales recorrieron desde la Dirección del diario hasta el subsuelo en búsqueda de elementos relacionados con la causa", agregaron.

Las fuentes consultadas expresaron que "también se secuestraron dos CPU con importante información que no figuraba en la causa Ejército ni de la Armada".

Según se indicó, durante toda la diligencia judicial estuvo presente el asesor letrado del diario como así también personal jerárquico.

Los funcionarios judiciales recorrieron desde la Dirección del Diario hasta el subsuelo, lugares en los que se encuentra el archivo, entre otras áreas.

El operativo se llevó a cabo luego que el juez subrogante Alvaro Coleffi autorizara a la Unidad Fiscal a realizar el operativo en el edificio del diario.

Por su parte, el fiscal Pallazani señaló esta noche a Télam que el allanamiento "fue positivo, nosotros estamos conformes, fue un buen resultado, donde se encontraron bastantes elementos".

"Ahora tendremos que procesar los archivos periodísticos y fotográficos, como así también la información que se encuentra en dos CPU", agregó.

El juez Coleffi ordenó el pasado viernes que Massot deberá prestar declaración indagatoria el 24 de abril y que debido a la causa no pueda salir del país.

Así el magistrado hizo lugar al pedido de los fiscales Pallazani y Nebbia para que el empresario preste declaración indagatoria en el marco de la causa en la que está siendo investigado.

Massot está acusado de integrar "junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional".

Para este fin, habría contribuido desde el multimedios actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales", señalaron los fiscales en un pormenorizado y extenso estudio de las pruebas recogidas en la investigación, que fue delegada por el juzgado en la fiscalía.

En ese contexto, el empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".

También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.

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Acerca del reemplazo de la delegada de la AFSCA de La Rioja

RNMA - INDYMEDIA

Marisa Reynoso fue desafectada de su cargo, según denuncian, por ser la abogada querellante en las causas por delitos de lesa humanidad contra el jefe del ejército, César Milani, además de mantener una activa posición a favor de los docentes en el conflicto provincial que aún se sostiene.

En el marco del programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, dialogamos con Reynoso quien desestimó los motivos para su apartamiento, dados por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella.

“Creo que la verdad se lee a partir de las respuestas que dan desde la AFSCA –afirmó Reynoso–, poco menos que fui una inoperante, y mi gestión la verdad que está documentada. Mi actividad ha sido en absoluto coherente con todas las posiciones que se habían diseñado en cuanto a este tercer sector que había que construir, dar formación, la difusión de la ley, nosotros desde el inicio empezamos a trabajar y a articular con todo el sector. Con todos los trabajadores hicimos una campaña de concientización de la registración laboral, porque los medios de comunicación son un sector donde a los trabajadores se los explota. Hay trabajadores que están en una situación de dependencia no registrada en medios con fines de lucro, y existe también la precarización del Estado provincial, y esto es lo que no gusta acá. También hicimos actividades con el ISER sobre los medios y la dictadura, talleres de formación”.

Reynoso integra junto a otras abogadas las querellas de las familias de Alberto Ledo, Alfredo Olivera y Oscar Schaller, que son las causas en las que está involucrado César Milani: “En La Rioja (las causas) están paralizadas, hay una recusación presentada por la Defensa de Milani. En este momento nosotros estamos impulsando la citación a indagatoria. (…) Cuando ingresé a la AFSCA yo dí mi curriculum, porque me lo solicitaron, y allí decía perfectamente que era asesora sindical desde siempre, apoderada del Partido Comunista desde siempre, y que fui apoderada de todas las alianzas donde participó el PC, y también que era abogada de las querellas contra crímenes de lesa humanidad. En la entrevista que me hicieron lo dejé absolutamente claro, yo en las causas donde tenga incompatibilidad porque no se puede litigar contra el Estado yo me voy a correr, porque es una incompatibilidad legal y moral si se quiere, pero en el caso de los crímenes de lesa humanidad yo no iba a dejar de luchar contra ellos, y eso quedó aclarado”.

Sobre el hecho de haber sido nombrada por Martín Sabbatella como Delegada de la AFSCA en La Rioja, quien a su vez fue designado por la presidenta Cristina Fernández - quien fue la que designó al General Cesar Milani al frente del Ejército - Reynoso manifestó: “Mi conducta es absolutamente coherente, las contradicciones que tengan los demás corre por cuenta de ellos. Este proyecto nacional es parte de la resistencia de todas las etapas anteriores, porque esto no se hace a partir de 2003; esto recoge a partir de 2003 cuando comenzamos a avanzar en la concreción a través de leyes, de diferentes políticas. Estamos avanzando. Hay gente que ha sido incluida, personas con nombre y apellido que han sido incluidos, hay puestos de trabajo que se han recuperado. Eso no lo voy a resignar. De un día para el otro no puedo decir ‘esto no sirve’ o porque me esté pasando algo a mí invalidar todo lo que se ha construido. Por mi parte voy a seguir en esta construcción, ratifico mi pertenencia a este espacio. Y en este momento nuestro partido, el PC, está en la conformación de un nuevo espacio, que es Convocatoria Popular, y continuamos dentro de este proyecto. No como parte de Nuevo Encuentro, porque se ha ido diluyendo y cada uno fue adoptando su posición. Nosotros por nuestra parte queremos la profundización de este proyecto, queremos seguir avanzado, porque creo que hay un freno y hay, por supuesto, una actividad por parte de la derecha y de todos los grupos concentrados, entonces tenemos que seguir avanzando”.

En Enredando Las Mañanas también dialogamos con Paola Salvadores, de Radio Voces de La Rioja, que integra la RNMA.

Salvadores repasó la gestión de Reynoso: “El problema es el mismo de siempre cuando se asumen estos cargos, no tienen mucha idoneidad y no están bien asesorados. Es una delegada que asumió con el discurso de las radios comunitarias y alternativas como caballito de batalla, diciendo que iba a conseguir las licencias, pero nada de esto hizo”.

Hace varios meses, Radio Voces entregó la documentación necesaria para obtener una licencia directa. El artículo 49 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual determina que las radios de baja potencia, que estén en zonas de no conflicto y a determinada cantidad de kilómetros de grandes ciudades, pueden acceder a una licencia sin necesidad de pasar por un concurso previo. Radio Voces cumple con estos requisitos, pero aún no lo ha conseguido: “No se ha abierto el juego para hacernos participar de las distintas cosas que han bajado desde la Nación, como los beneficios para las radios comunitarias; no se nos convocó a trabajar, solo a un par de reuniones al principio, y luego se ha convocado a otra gente que no son parte de medios de comunicación alternativos y comunitarios. A pesar de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las radios chicas seguimos condenadas a la clandestinidad, y hasta que no haya alguien idóneo, con conocimiento del cuerpo específico de la ley y un mapeo hecho de lo que son las comunitarias en la provincia, hablando mal y pronto, no dan pie con bola. Así que más allá de lo que se haya dicho y aclarado desde Nación con respecto a la salida de Reynoso, yo al menos entiendo que no tenía idoneidad para ocupar el cargo”, explicó Salvadores.

Al respecto, Reynoso señaló que Radio Voces inició el trámite de autorización en 2013 y que inmediatamente se elevó la documentación a AFSCA central y aclaró que “no hay una decisión de no otorgar la licencia, (sino que) es un trámite que se está haciendo”.

Salvadores, en tanto, remarcó: “Nos interesa que las gestiones en las delegaciones de la AFSCA se mejoren. Estamos todos de acuerdo con que no lo queremos a Milani donde está, eso lo tenemos muy claro, y que cuántas más causas se sumen en contra de él y mejores abogados haya mucho mejor; en cuanto a eso, Reynoso tiene todo nuestro apoyo, pero la delegación de la AFSCA también tiene que articular con municipios, universidades, las comunitarias, hacer un mapeo, trabajar y no se estaba haciendo; estaba todo muy minimizado, todo haciéndose a los tumbos, manoteando contactos, asesoramiento. Y la verdad que Marisa estaba muy sola en esto, tampoco le dieron presupuesto para contratar asesores”. Marisa Reynoso fue reemplazada en la delegación de la AFSCA en La Rioja por Néstor Trinchera Sánchez, un militante de La Cámpora.

Para Salvadores, se trata de otro cargo puesto a dedo: “Todavía no hemos tomado contacto con él, por lo que no sabemos si tiene conocimiento de los medios en La Rioja. Si va a ser la misma gestión, saldremos a denunciarlo, y a pedir que pongan de una vez por todas alguien mínimamente idóneo”.

En tanto, Reynoso afirmó que espera que en la nueva gestión haya continuidad respecto a las tareas por ella iniciadas; sin embargo, dejó un dato preocupante: “la persona que me sucede es un estudiante del liceo militar y su tío es un militar que estuvo en inteligencia en 1976, contemporáneo con Milani en la provincia de La Rioja”.

Audios:
- Paola Salvadores, integrante de Radio Voces de La Rioja - descargar
- Marisa Reynoso, ex delegada de la AFSCA en La Rioja - descargar

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Argentina, Provincia de Buenos aires, La Plata: familiares de víctimas de la inundación repudiaron al Gobierno provincial

ANRED

La apelación presentada por la Gobernación bonaerense al fallo del Juez Luis Arias, que estableció en 89 el número de fallecidos por la inundación, desató la bronca de los familiares y de los vecinos y vecinas de las asambleas barriales. "No es más que otra macabra embestida del gobierno sciolista, que cuestiona lo incuestionable", señalaron a través de un comunicado.

El martes la Gobernación provincial, a través del Fiscal de Estado bonaerense Hernán Gómez, presentó la apelación al fallo que dictó el pasado 25 de marzo el Juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, que estableció en 89 el número de fallecidos por la inundación del 2 de abril de 2013.

Esta acción fue duramente repudiada ayer por los familiares de las víctimas y los vecinos y vecinas de las asambleas barriales que se conformaron tras la inundación, al considerarla una nueva maniobra de la Gobernación bonaerense para ocultar la real dimensión de la catástrofe.

El escrito presentado por Gómez (exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, vinculado al radicalismo) asegura que la sentencia de Arias “no es válida, porque violó varias reglas procedimentales” y “técnicamente no está hecha de acuerdo a derecho”.

Cabe recordar que la Gobernación bonaerense cerró en un primer momento la lista de fallecidos en 51, y luego avaló la resolución del juez Guillermo Atencio que llevó la cifra a 67 víctimas fatales, el mismo magistrado que además desató un conflicto de competencia para intentar obstruirle la causa a Arias.

La reacción del sciolismo tiene que ver con su decisión de no acatar el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, que lo insta a reconocer la sentencia y lo obliga a publicar correctamente el listado de fallecidos.

Dicha fallo de Arias denuncia a su vez las irregularidades vinculadas a la investigación penal (a cargo de Atencio), a la registración de las defunciones, con la constatación de las causales de defunción, con la inhumación de los restos (cremación y sepultura) y de funcionarios del Ejecutivo.

A continuación, reproducimos el comunicado de los familiares de las víctimas y la asamblea de asambleas barriales de La Plata:

Comunicado de prensa martes 8 de abril de 2014.

Repudiamos la apelación presentada a la sentencia del juez Luis Arias, en el día de ayer, por la Provincia de Buenos aires.

Una vez más, nos encontramos ante un nuevo intento de invisibilización por parte del estado provincial. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires apeló en el día de ayer el fallo del Juez Luis Arias, quien días atrás sentenció que a causa de la inundación murieron 89 personas y quedan 16 casos dudosos por investigar. Se trata de una apelación que tiene contradicciones, que usa a los Familiares con un argumento a su favor para declarar el número de víctimas que ellos quieren establecer pero desmerece su participación si son testigos y aportantes en la causa del juez. No es más que otra macabra embestida del gobierno Sciolista, que cuestiona lo incuestionable. Una justicia, que hoy en manos de funcionarios como Paolini, Falbo y Condomi Alcorta consecuentes con los títeres de turno, se muestra ciega, sorda y muda.

A través de esta apelación, el gobierno de la provincia muestra, una vez más, su sadismo inagotable: pone en dudas la sentencia del Juez Arias quien viene trabajando a lo largo de todo este año, junto a un equipo de personas que muestran interés en la búsqueda de la verdad por medio de la justicia. Así, este es un ataque directo al corazón de los más desprotegidos y vulnerables, los familiares de las víctimas fatales.

La inundación reabrió una de las puertas más tétricas de la historia de nuestra ciudad y país. Coincidiendo con lo vivido durante la última dictadura militar, hay testigos presenciales de un procedimiento obsceno, irregular y deficiente en lo referente al tratamiento de los cuerpos por parte de la policía bonaerense y funcionarios municipales y provinciales. Es por ello que no estamos sorprendimos del accionar siniestro del gobierno bonaerense personificado en todos los actores intervinientes en esta causa.

La Provincia de Buenos Aires nunca estableció de forma pertinente, mediante decreto o resolución, un número de víctimas. Se amparó, siempre, en una acción de comunicación mediática, poniendo en conocimiento de esto a la justicia penal, que debe encargarse de establecer el alcance de las responsabilidades de los gobernantes, en lugar de hacerlo en el marco de la justicia contencioso administrativa, que se encarga investigar la cantidad e identidad de las víctimas, determinado esto ya en mayo 2013 por la Corte Suprema provincial.

Repudiamos enérgicamente el accionar sádico y macabro del gobernador Scioli y de todos sus secuaces. Un accionar que socaba profundo en las entrañas de nuestros familiares de víctimas fatales. Ellos, aún siguen transitando su duelo motivado por una catástrofe evitable, que tiene sus responsables políticos.

El pasado 2 de Abril, bajo la búsqueda inquebrantable de Memoria Verdad Y Justicia, llevamos a cabo una jornada en donde participamos más de 15 mil personas tomando las calles y las plazas.

Es, en este camino de unión y de lucha que volvemos a invitar a todos los vecinos, asambleas barriales, organizaciones sociales y políticas, a repudiar este hecho vil y morboso que nos retorna a una Argentina protagonizada por el terror.

Señor gobernador, sincérese y acepte la responsabilidad que le compete, los delitos y las irregularidades que emergen de las personas a su cargo.

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Piden ''legitimizar'' la situación para permanecer en el hotel Bauen

ANSOL - RED ECO

El vicepresidente de la cooperativa que lo gestiona, Federico Tonarelli, expresó la necesidad de que intervenga el Estado en el caso. Con peligro de desalojo inminente, los 130 trabajadores comenzarán una serie de actividades públicas para frenar la medida judicial. Legisladores porteños expresaron "preocupación" por la situación.

"Nosotros conseguimos hasta ahora una correlación de fuerzas que nos permite, desde hace 11 años, gestionar un hotel con semejante problema y eso es por la cantidad impresionante de apoyos que nos permitió legitimar lo que hacemos, pero que no nos permitió vencer la inercia legal y permanecer de manera más legalizada", describió el vicepresidente de la cooperativa que gestiona el hotel porteño, Federico Tonarelli.

En declaraciones al programa radial Fabricando Alternativas (Frecuencia Zero 92.5), puntualizó acerca de la posible salida al conflicto judicial: "Si el hotel queda en manos del Estado, esperaríamos que inicie charlas y nos dé alternativas como el comodato, el alquiler o un préstamo para devolver en plazos razonables".

El hotel Bauen, que fue recuperado por sus trabajadores en 2003, enfrenta una nueva orden de desalojo que fue informada el mismo día en que la cooperativa que lo gestiona conmemoraba 11 años de trabajo autogestivo ininterrumpido, hace unas semanas.

"Mientras estábamos esperando a mucha gente para celebrar se publicaron en los dos diarios nacionales de mayor tirada los edictos que dicen que en 30 días tenemos que dejar el hotel, una vez más. Cambia de raíz la línea política que veníamos teniendo con el conflicto", expresó entonces el referente de la emblemática empresa recuperada.

Durante la entrevista radial, Tonarelli adelantó que la empresa autogestiva planea actividades públicas contra la medida que agudiza el conflicto que cuenta con sentencia de desalojo desde 2007. Se trata de una feria de libros y "en los últimos días de abril y primeros días de mayo, un gran acto en la puerta del hotel", avanzó el vicepresidente del Bauen.

Apoyos

Los legisladores Edgardo Form y José Cruz Campagnoli presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de declaración expresando su "preocupación" ante el inminente desalojo del Hotel Bauen, que fue acompañado por el legislador Pablo Ferreyra.

Además, en una reunión en la que participaron el miembros del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) , de la Convención Nacional Trabajadores (CNT) –ambas de Uruguay-; y de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina, en la que participaron trabajadores autogestionados uruguayos (de Anert y FCPU) y argentinos, de diferentes federaciones y confederaciones, expresaron el apoyo "irrestricto" al Bauen.

"De manera unánime se resuelve el apoyo irrestricto a la Lucha de los trabajadores autogestionados del Hotel Bauen, para que el mismo siga en manos del colectivo que en el peor momento de la crisis permitió con su esfuerzo la continuidad de esa fuente de trabajo, que hoy se ha constituido en la expresión emblemática de la lucha de los trabajadores", remarcaron.

Antecedentes

En octubre de 2012, los asociados de la Cooperativa de Trabajo Hotel Bauen presentaron al Juzgado Comercial Número 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una denuncia que demostraba el vínculo que los ex dueños de la empresa mantuvieron con la última dictadura cívico militar argentina, resaltando que el fallecido Marcos Iurcovich –ex propietario del inmueble– fue beneficiado con un préstamo blando por su relación con el gobierno de facto.

"Lo que planteamos fue la trama por la cual los Iurcovich obtuvieron un crédito del Banco Nacional de Desarrollo (Banade) a través de la estrecha relación con la Armada durante la dictadura militar; crédito que al día de hoy no saldaron y cuya deuda, con los intereses, asciende a más de 170 millones de pesos", explicó Tonarelli a Ansol.

Sin embargo, la denuncia fue archivada. "Era el motivo que tenía la jueza Hualde para tener suspendido el desalojo. Mientras se definiera esa causa no se podía avanzar con la otra. Ahora que se archivó la denuncia se reactiva el desalojo", explicó a la Agencia Paco Urondo.

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El consenso de Washington

CEMIDA

En marzo de 1989 se derrumbó el Muro de Berlín anticipando el virtual triunfo de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética en el conflicto E/O. Previendo esa situación las principales autoridades de empresas líderes de los Estados Unidos, Europa y el Japón constituyeron una estructura política - económica denominada “Comisión Trilateral.” Ella diseñó los rasgos necesarios para afianzar el predominio mundial obtenido, originando una nueva doctrina capitalista llamada neo - liberal globalizada.

Ella se explica en el libro “Between Two Ages” del asesor económico de la estructura Zbigniew Brzezinski. Su edición en castellano se conoció como “La Era Tecnotrónica.” En él expresa que, ante la derrota comunista, el resultado será el impulso definitivo hacia un capitalismo democrático que ofrecerá mejores oportunidades a los pueblos, y que al aplicarse, se dejaran de soportar las penurias económico - sociales mundiales. Este giro ideológico puso nombre a lo que en 1990 el escritor J. Williamson llamó EL CONSENSO DE WASHINGTON, en su libro “What Washington Means by Policy Reforms”. En él explica las políticas económicas financieras globales que el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo impondrán al resto de los países, especialmente a los del Tercer Mundo, como requisitos para su desarrollo. Con el nombre de “Préstamos para el Ajuste Estructural” su cumplimiento es requisito para recibir asistencia financiera o para ser merecedores de una mejor calificación como país deudor. Estas políticas deben obedecer al siguiente decálogo básico: 1) DISCIPLINA FISCAL. 2) REORIENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. 3) REFORMA FISCAL. 4) LIBERACIÓN FINANCIERA CON LIBRE MOVIMIENTO DE CAPITALES. 5) POLITICA CAMBIARIA CON TIPO DE CAMBIO COMPETITIVO. 6) LIBERACION COMERCIAL 7) INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS. 8) PRIVATIZACIONES. 9) DESREGULACIONES. 10) INTANGIBILIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD. Los resultados de su aplicación son, de acuerdo con lo que expresó el Premio Nobel de Economía Joseph Stigliz en su libro “El Malestar de la Globalización” los siguientes: ”Ninguna nación se ha desarrollado en virtud del seguimiento fiel de los dictados de una tecnocracia internacional y local, ya que cada una de ellas es un microcosmos con una problemática singularizada que es fruto de los sucesos históricos por los que atravesó”. En realidad lo que se aplicó fueron políticas meramente de ajuste que, desde un enfoque monetario y cambiario, buscan lograr ayuda financiera internacional con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito cumpliendo lo determinado por el Consenso de Washington, cuya política financiera se amalgama en una radicalización ideológica ”neo-liberal”, instrumento de los países con muy alto desarrollo para imponer en el orden mundial una concepción política, económica y social propia ,sin respeto a la libertad de los estados menores y a las visiones de las distintas culturas” En resumen un gran esfuerzo para instalar mundialmente un capitalismo liberal fundamentalista e integrista aplicado a las personas, a los países y a las sociedades en provecho de unos pocos. Las consecuencias de la aplicación de esa doctrina en la Argentina las indicó el escritor Manuel Alvarado en su libro “LA ARGENTINA AGRICOLA” en el que afirma: ”Lo que se está aplicando en nuestro país son meramente políticas de ajuste de corto plazo que, desde un enfoque monetario y cambiario intentan obtener la ayuda financiera internacional. A lo que apuntan es lograr la aprobación de los organismos multilaterales de crédito cumpliendo lo que establece el Consenso de Washington”. La forma como finalizó la” Guerra Fría “no había presentado un contendor triunfante y claro heredero de la victoria. Ello produjo un vacío conceptual que permitió que de inmediato el “CONSENSO” tratara de imponer sus fórmulas. El mundo ya había asistido a otras ”fórmulas salvadoras” que ocultaron intereses de quienes detentaban el poder. Gran Bretaña había propuesto el libre comercio, mientras que en el orden interno protegía desmesuradamente su industria; los Estados Unidos, a su vez, pretendieron demostrar la ineficiencia de lo estatal mientras mantenían poderosas organizaciones estatales para difundir su estrategia tecnológica. A estos ejemplos se sumaron las declaraciones y exigencias de los principales organismos de crédito internacionales que exigen abrir los mercados mientras los países “líderes”, que las sustentan, originan todo tipo de perjuicios a los países menores con los subsidios dados a sus propias producciones, en especial a las primarias. El objetivo real es el dominio mundial para asegurar el mejor nivel de vida de unos pocos. Así funciona la globalización, empleada como instrumento de poder por los grandes emporios político-económicos y produce una caída de la independencia y del poder efectivo del resto de los estados. Esta asignación de un poder desmesurado a las organizaciones privadas, especialmente a las financieras, ha originado perniciosos resultados. Según Ricardo Auer en su Consultora Estratégica del 24/03/03 : “se ha provocado un deterioro de los Estados que deja entrever graves peligros para la sociedad. El principal es la creciente privatización de las decisiones políticas soberanas (aun en los Estados Unidos), lo que afecta sus estrategias nacionales. Las múltiples redes de poder privadas (económicas, financieras, mafias, terrorismo y otras) actúan en la práctica de acuerdo con su visión cultural y sus intereses particulares, caracterizándose por una brutal lucha por el poder antes que por el debate de ideas”. La lucha se caracteriza en la pugna por los mercados globales, por el control de los alimentos, la energía, el petróleo, los ecosistemas, la minería y en especial por el agua potable. Así se manifiestan los conflictos y las actitudes de los poderosos ante ellos, al ver limitada la posibilidad del empleo masivo del poder militar para solucionarlos por su alto grado de poder letal y la asimetría de los participantes, es operar mediante un gran número de nuevas formas de agresión tales como: la manipulación sicológica; los operativos de prensa; las operaciones de desinformación por parte de agencias especiales de inteligencia; la corrupción de dirigentes; las agresiones económicas; el control por parte de organismos internacionales; la creación y operación de guerrillas; los ataques por los medios de prensa globalizados; la disociación de estados especialmente aquellos con territorios que incluyan espacios vitales estratégicos: el desarme de las fuerzas armadas o su empleo en tareas externas a su espacio nacional tratando de de transformarlas en fuerzas mercenarias internacionales; la militarización interna utilizando fuerzas de seguridad para combatir la “creciente inseguridad” o la contratación de “cipayos vernáculos”• .La aplicación de todas estas estrategias constituye lo que se ha llamado Golpe de Estado Blando y el Consenso las aplicó como correctivos cuando fue necesario, siempre con éxito, siempre ahogando al indisciplinado. En los últimos tiempos la suerte le resulta esquiva como en el intento de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela.

En algunos círculos políticos se afirma que una acción semejante está en pleno desarrollo contra el gobierno argentino. El CONSENSO ya no puede sostener la armonía en las relaciones entre los Estados y debe decidir si para mantenerla en el presente y aún en un futuro cercano le resultará inevitable tolerar otras formas de relación que sean libremente elegidas por los pueblos y donde el rol del Estado - Nación pueda o no ser sea necesario. En resumen: UN NUEVO ORDEN MUNDIAL con libertad y justicia. ¿Pagará el precio?

RECOPILACION DE INFORMACION EFECTUADA POR EL CORONEL (R) JOSÉ LUIS GARCÍA Y LA PROFESORA ELSA BRUZZONE MIEMBROS DEL CEMIDA.

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10 de abril. Paro en defensa propia. Micheli: “Nos sobran los motivos”

LA OLLA TV - ACTA

En diálogo con laolla.tv el secretario General de la CTA, Pablo Micheli, hizo un balance al Congreso Nacional que se realizó este fin de semana en Mar del Plata. Asimismo, habló del Paro Nacional programado para mañana en conjunto con la CGT: "No construimos la Unidad de acción con los sujetos, ni siquiera con las organizaciones de estos sujetos, sino con los trabajadores y trabajadoras del país", declaró Micheli.

“Fue un Congreso marcado por las fuertes convicciones que hay dentro de la Central y de todos sus compañeros y compañeras militantes, dirigentes y delegados a lo largo y ancho del país”, comenzó Micheli en referencia a las jornadas del viernes y sábado en las que más de 1500 participantes se dieron cita con una agenda de temas a debatir. “Venimos de una etapa de mucha conflictividad en la Argentina, con cada vez más participación de trabajadores y organizaciones populares en cada conflicto. En ese contexto estamos muy preocupados por el terrible ajuste que se está descargando sobre los trabajadores y el pueblo, pero también tenemos la convicción y la confianza de que la fuerza organizada dentro la Central está dispuesta a enfrentar este ajuste y derrotarlo”.

Asimismo, el Secretario General de la CTA se refirió a uno de los ejes ratificados en el Congreso que es la Unidad de acción para frenar el ajuste. En este sentido, y ante algunas críticas recibidas sobre esta unidad, dejó en claro que “no construimos la Unidad de acción con los sujetos, ni siquiera con las organizaciones de estos sujetos, sino con los trabajadores y trabajadoras del país. Creo que eso es lo más importante. La justeza del reclamo secundariza incluso algún nombre y apellido que guste más o guste menos. Es una obligación de una concepción clasista y una Central clasista ante un Paro Nacional -frente a una embestida del poder contra el pueblo para que la distribución de la riqueza sea cada vez más injusta- acompañar y participar en construir ese Paro Nacional para que sea contundente”.

Un día de silencio abrumador

“Este paro va a ser un paro rabioso, de esos paros al estilo tradicional, que se hacían en otras épocas, bien de concepción de clase”, definió Micheli. “No es un paro dominguero, como dicen algunos compañeros de izquierda, que se equivocan, porque también es una demostración de fuerza que las calles estén en silencio ese día, en un silencio abrumador como si fuera feriado. Es una demostración de fuerza y un golpe muy duro para el poder económico en la Argentina. No me parece una cosa menor que hagamos lo acordado, que no haya cortes ni nada, que no haya excusas para que este Gobierno diga que este paro se produjo porque la gente no pudo ir a trabajar por los cortes. No le vamos a dar esa excusa”, dijo y recordó la consigna de seguir construyendo una Central de masas: “clasista, anticapitalista y antiimperialista”: “la Central viene ratificando esta concepción de anticapitalista, antiimperialista y clasista y lo demostramos no sólo porque lo decimos, sino porque está en el ADN de nuestra Central y está en todas nuestras luchas”.

Recordemos que el Paro Nacional de 24 horas para el 10 de abril se plantea “en Unidad de Acción con todos los sectores dispuestos a luchar contra el ajuste” y tiene entre sus ejes parar por: paritarias libres, sin topes ni cuotas. Salario Mínimo Vital y Móvil no inferior a 9000 pesos; eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y de los topes a las asignaciones familiares; aumento jubilatorio de emergencia y 82% móvil para los jubilados; prohibición de suspensiones y despidos; contra la precarización laboral y las tercerizaciones; derogación de las leyes antiterroristas, de riesgos de trabajo y de asociaciones sindicales; contra la criminalización de la protesta social, libertad a los presos por luchar, libertad a los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua.

“Nos sobran los motivos”, resumió Micheli y señaló que la devaluación y la inflación “han triturado nuestro poder adquisitivo” y tanto el Gobierno como los empresarios pretenden que “sigamos perdiendo lo que siempre perdemos en situaciones criticas como las que se viven hoy”, y reclamó que “se convoque también a los que pensamos distintos para discutir los grandes problemas de la sociedad argentina, ligados a la injusta distribución de la riqueza”.

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Argentina, Chaco: Estatales retoman medidas de fuerza con un nuevo paro de 72 horas

CHACO DÍA POR DÍA

Los gremios UPCP y ATE inician este miércoles una nueva medida de fuerza por 72 horas que arranca este miércoles 9, para reclamar mejoras salariales y rechazar la pauta definida por el Ejecutivo provincial para este año. Los gremios docentes Atech y Federación Sitech, por su parte, pararán el jueves 10 -en coincidencia con la protesta nacional de las centrales obreras nacionales- y el viernes 11, con movilización frente a la Casa de Gobierno.

La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) ratificó el paro por 72 horas que realizará partir de este miércoles 9 de abril con movilización el jueves 10. El gremio que conduce José Niz convocó a la ciudadanía a sumarse a la protesta, para reclamar "el pleno funcionamiento del sistema sanitario provincial, salarios dignos, estabilidad laboral para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y rechazar la tercerización".

La medida, que afectará la atención en la administración pública central, entes descentralizados y autárquicos, será con asistencia a los lugares de trabajo en el área metropolitana y sin asistencia en el interior con garantía de guardias mínimas para las urgencias y emergencias.

"Nos movilizamos para rechazar el aumento salarial impuesto por el Ejecutivo provincial que no alcanza a satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias y marchamos en repudio por la falta de seguridad, la falta de garantías en todo sentido, las amenazas de los descuentos por días de paro, acciones que constituyen una actitud totalmente provocativa para el trabajador porque el Gobierno no ha dado respuestas concretas a nuestras demandas, sobre todo cuando estamos en un ámbito paritario y es, en este ámbito institucional donde deberíamos discutir y consensuar condiciones laborales y dar respuestas no solo para el trabajador sino también a toda la sociedad", dijo el titular de UPCP, José Niz.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chaco, confirmó que a partir de este miércoles realizará un nuevo paro de 72 horas para reclamar "una mejora salarial acorde a la inflación y en rechazo a la pauta salarial definida por el Ejecutivo para este 2014, consistente en un aumento del 25 por ciento en cuotas para los estatales"

En el marco de esta nueva medida de fuerza, que abarcará a todos los sectores de la administración pública del área metropolitana y del interior de la provincia, el gremio ratificará el pedido de un salario inicial de 6 mil pesos y el pago de las bonificaciones pendientes en los distintos sectores.

Los gremios docentes Atech y Federación Sitech, en tanto, ratificaron el paro docente convocado para los días jueves 10 y viernes 11. Ambas organizaciones sindicales se movilizarán el viernes frente a la Casa de Gobierno.

"La nueva medida de fuerza obedece a la falta de respuestas satisfactorias por parte del Gobierno a los trabajadores de la educación, recordando que la oferta reciente que hiciera a través del Ministro de Educación fue rechazada por inconsiderable e irrisoria, consistente en adelantar la cuota de octubre (2 % del estado docente) a agosto", dijo Rosa Petrovich, de Atech.

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Avanza el debate sobre la reforma tributaria en Chile en medios de ataques

PL

Los debates sobre una reforma tributaria avanzan hoy en el Congreso chileno en medio de fuertes ataques de la Alianza opositora, reacia a aumentar los impuestos al sector empresarial.

El lunes y el martes 14 dirigentes gremiales, sociales, políticos y empresariales opinaron sobre el tema en las sesiones de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Durante los debates afloraron las diferencias entre los legisladores que apoyan a la presidenta Michelle Bachelet y los de la Alianza, agrupados en los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

En los últimos días la tensión entre las partes escaló luego de que la dirección de la UDI lanzó una campaña con panfletos para criticar la reforma.

La Unión Demócrata Independiente muestra una lógica propia de la Guerra Fría, denunció el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

Acciones como esas no conducen a nada, manifestó Peñailillo, quien defendió los cambios para obligar a "los que tienen más, pagar lo que corresponde y así recaudar los recursos para poder financiar las reformas sociales, en especial la educación".

"Queremos decirle al ministro del Interior que la única guerra fría es la que él sigue para oponerse al diálogo", respondió el jefe de la bancada de RN, Nicolás Monckeberg.

Por su parte, el presidente de la UDI, Patricio Melero, manifestó que la reforma tributaria solo produce dudas.

Desde que Bachelet envió la pasada semana al Congreso la iniciativa, legisladores de ambos partidos criticaron la iniciativa.

A su vez, el gabinete y los parlamentarios de los partidos que apoyan a Bachelet cerraron filas con la mandataria.

En ese sentido, el presidente del Partido Socialista y senador, Osvaldo Andrade, afirmó que a la UDI no le conviene que termine la desigualdad en Chile porque en ella sustenta su poder y va a hacer todo lo posible para evitar un cambio.

"No habrá estabilidad ni paz social en Chile con estos niveles de desigualdad y la UDI quiere preservarlo", advirtió.

La reforma proyecta aumentar de forma gradual hasta un 25 por ciento el gravamen a las empresas, desde el 20 por ciento actual.

Además, eliminará en 2018 el Fondo de Utilidades Tributarias, un instrumento creado durante la dictadura de Augusto Pinochet, que permite a las empresas posponer el pago de impuestos sobre sus beneficios de forma indefinida si estos son reinvertidos.

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Cada vez cuesta más caro alimentarse en Panamá

PL

En Panamá cada día cuesta más caro alimentarse regularmente y sin lujos, pues los 50 productos de la canasta básica familiar aumentan de precio en su mayoría y los aleja de la mesa del consumidor común.

Hasta febrero de este año esa canasta -que solo incluye los alimentos y deja fuera todos los demás gastos- tenía un valor de 333 dólares, mientras que el sueldo mínimo oscila entre 300 y 450 dólares.

El más reciente reporte sobre la canasta básica del Ministerio de Economía y Finanzas admite que factores básicos en la alimentación de las familias humildes como el arroz, los frijoles y la carne de res son los productos que se han encarecido más este año.

Por ejemplo, la libra de la carne más barata y recurrida por la población de bajos ingresos registró un alza de siete centavos la libra y quedó en 3,09 dólares en mercados populares, pues en los súper se vende a cuatro.

La libra de arroz común cuesta 54 centavos de dólar y el pan de flauta entre 70 y 80 según el peso, mientras que alimentos como porotos, azúcar, papas, carne molida, leche fresca, tomate nacional, jarrete y lentejas también elevaron sus precios en más de cinco centavos.

El tema fue ampliamente tratado en el debate entre los candidatos a la presidencia del país, pero a excepción del independiente Juan Jované y de Genaro López, por el Frente Amplio Democrático, el asunto fue soslayado o mal explicado.

Los economistas señalan -incluyendo a Jované que es profesor universitario de Economía-, que aumenta la especulación y que es necesario incentivar el sector agrícola en Panamá, muy afectado por los tratados de libre comercio firmados por el gobierno. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, no cree que se solucione el problema a corto plazo, pues los importadores controlan una cifra de mil 500 millones de dólares en esa actividad.

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El Salvador: Desarrollo y protección social, una necesidad histórica

Odalys Troya Flores (PL)

Para la mayoría de los salvadoreños la aprobación de la Ley de Desarrollo y Protección Social, más que un paso legislativo, significa una necesidad histórica porque favorece a la población más desposeída del país, olvidada por siglos.

La normativa, una iniciativa del presidente Mauricio Funes, garantiza la aplicación de planes y programas que han cambiado la vida de cientos de miles de familias salvadoreñas y la propia imagen de la nación.

La Asamblea Legislativa aprobó con 72 votos la Ley de Desarrollo y Protección Social, la cual crea un marco legal para afianzar los programas emprendidos por el actual gobierno.

La finalidad de esta normativa es contribuir al mejoramiento continuo de la distribución del ingreso, la disminución de la desigualdad entre habitantes de las zonas rurales y urbanas y la reducción de la pobreza, independientemente del gobierno que esté.

El presidente electo del Frente Farabundo Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Salvador Sánchez Cerén, ha expresado que no solo mantendrá los programas sociales que hoy se aplican en disímiles áreas, sino que los profundizará y los extenderá a mayor número de personas.

Su discusión en el parlamento tuvo prácticamente un respaldo unánime, lo cual se debe a que está dirigida a convertir en política de Estado la atención a la población.

De acuerdo con el diputado Reynaldo Cardoza, de la bancada del Partido Concertación Nacional, la propuesta busca garantizar por ley los programas sociales como el Vaso de Leche y Paquete Escolar.

Asimismo, mantener los paquetes agrícolas, la Pensión Básica Universal, Ciudad Mujer, Acceso y Mejoramiento de Viviendas y Atención Integral a la Primera Infancia, entre otros.

El legislador Rodolfo Parker, de Democracia Cristiana, dijo en el debate de la normativa que su grupo apoyará los programas sociales mientras estos sean necesarios, "pero no para hacer dependiente o pobres toda la vida a nuestros compatriotas."

Por su parte, César García, de Gran Alianza por la Unidad Nacional, calificó de histórico ese día para el país porque establece "un marco legal para el desarrollo, la protección y la inclusión social", con el fin de combatir la pobreza y poner a la persona en el centro de atención del Estado.

La Ley, que garantiza la continuidad de los 14 programas actualmente ejecutados por el Gobierno, tiene una perspectiva progresiva y gradual con el fin de alcanzar la universalidad y garantizar los derechos de todos los salvadoreños, explicó Blanca Coto, del grupo parlamentario FMLN.

El proyecto de Ley fue presentado por el presidente Funes, junto a funcionarios de su Gabinete Social, en octubre del año pasado.

Para el dignatario, esta normativa es el máximo legado que dejará como herencia su administración al país.

"Hemos sacado a muchas familias de la pobreza y estamos plenamente convencidos de que solo superando la vulnerabilidad de los más pobres, solo ayudándole al pobre, el país va a salir adelante", afirmó el jefe de Estado al presentar el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa.

Este cuerpo legal está dirigido "al conjunto de la población y en particular, a toda aquella en condición de pobreza, vulnerabilidad, exclusión social y situación de discriminación", según su artículo dos.

La iniciativa establece que la Presidencia de la República podrá incorporar nuevos programas y procurará que cada año la inversión social prevista sea superior a la del año anterior, tomando en cuenta la situación económica y financiara del país, desde una perspectiva de progresividad y máxima movilización de los recursos disponibles.

Asimismo, incluye elementos sobre la transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana.

El presidente Funes, quien manifestó su satisfacción por la aprobación de la Ley el 3 de abril, destacó en ese sentido el aumento de las pensiones que favorecen a los adultos mayores y entre ellos a muchas mujeres.

Resaltó igualmente la entrega de créditos y paquetes agrícolas al sector campesino y que ha contribuido a incrementar la producción de hortalizas en un 50 por ciento y en ciento por ciento la de maíz y frijoles, alimentos básicos de los salvadoreños.

Asimismo, calificó de programa insignia al Paquete Escolar a través del cual se entregan de forma gratuita uniformes, zapatos y útiles a 1,3 millones de estudiantes de la enseñanza pública.

Este último ha permitido reactivar pequeñas y medianas empresas que se encargan de la producción y comercialización de los componentes del paquete y por consiguiente crear nuevos puestos de trabajo.

El vaso de leche también beneficia a igual cantidad de alumnos, al tiempo que ha dinamizado la ganadería para cumplir ese objetivo.

Hizo énfasis en Ciudad Mujer, una iniciativa que hace valer los derechos de las salvadoreñas, mediante los diversos servicios que brinda esta novedosa institución convertida en referente continental.

Resaltó que la normativa aprobada por la Asamblea Legislativa está abierta a nuevas propuestas enfocadas en disminuir la pobreza y lograr mayor inclusión social.

El jefe de Estado remarcó que, gracias a todos estos programas y otras acciones de su gobierno, la pobreza bajó 11 puntos porcentuales durante su mandato.

Funes destacó el compromiso del presidente electo, Salvador Sánchez Cerén, de continuar los cambios en el país, iniciados en 2009.

Luego del triunfo del FMLN, en la segunda ronda comicial del 9 de marzo, subrayó que siempre consideró que la única fórmula presidencial capaz de continuar los cambios de su gobierno era la del Frente, la cual completa Oscar Ortiz como vicepresidente electo.

Subrayó que las transformaciones durante su mandato han permitido ir creando una base productiva que en los 20 años anteriores de gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no se logró construir.

El país ganó la continuidad que está al servicio de los amplios sectores de la población, y que necesita al gobierno para seguir caminando, recalcó.

Acabamos con el tipo de gobierno corporativo que no le interesaba los asuntos y problemas del pueblo, afirmó Funes, al tiempo que recordó el manejo irregular de fondos millonarios por parte de miembros de Arena como el expresidente Francisco Flores (1999-2004), entre otros.

Por su parte, con "los cambios iniciados por su gestión (Funes) son una base importante para seguir construyendo esa aspiración que tenemos todos los salvadoreños de una vida más digna y una vida más feliz", afirmó Sánchez Cerén recientemente.

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México: Una propuesta de Peña Nieto criminaliza uso de internet

Anayeli García Martínez (CIMAC)

Ante la propuesta de regular los contenidos de internet e intervenir las comunicaciones con el argumento de resguardar la seguridad nacional, como lo plantea la iniciativa de Enrique Peña Nieto, organizaciones civiles y activistas exigen que se modifique la ley para que se respete la privacidad y el derecho a la libertad de expresión.

La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo envió al Senado el pasado 24 de marzo para su análisis y aprobación tiene un capítulo titulado “De la colaboración con la Justicia”, que dice que los concesionarios de telecomunicación están obligados a proporcionar la geolocalización en tiempo real de cualquier dispositivo y que las autoridades pueden intervenir comunicaciones privadas.

La propuesta señala que se llevará un registro del control de las intervenciones de las comunicaciones con datos como nombre, denominación, razón social, domicilio, tipo de comunicación y servicio, fecha, hora y lugar del medio que fue intervenido, aunque precisa que se deberán adoptar las medidas de seguridad de protección de esta información.

Si bien en el documento se dice que los concesionarios podrán suspender el servicio de los equipos o dispositivos móviles en caso de robo e inhabilitarlos para su reactivación, también menciona que a petición de las autoridades se podrán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la “seguridad pública y nacional”.

Y es que el artículo 196 de la iniciativa presidencial dice que en casos de amenazas a la seguridad nacional como lo establece el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, los concesionarios están obligados a facilitar a las autoridades la obtención de información relacionada con cualquier comunicación o dispositivo de comunicación.

En el capítulo “De la colaboración con la Justicia” se hacen especificaciones sobre la regulación de internet al señalar que los concesionarios deberán prevenir la propagación de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas o “tráfico malicioso”, así como minimizar sus efectos en las redes de telecomunicaciones.

Los colectivos Internet Libre para Todos y Contingente Mx –que agrupan a internautas–, además de organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social, Artículo 19 y Propuesta Cívica, calificaron estas propuestas como un intento de censura, vigilancia masiva y una forma de bloquear información en internet.

Artículo 19 hizo un análisis de la iniciativa y encontró relevante que el capítulo “De la neutralidad de las redes” contraviene los artículos 6 y 7 constitucionales, porque dice que se podrá bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición del usuario, cuando medie la orden de una autoridad o cuando sean contrarios a una normatividad.

En su análisis, la agrupación advierte ambigüedad en la redacción de la propuesta de ley porque quedan dudas sobre el control que tendrá el Estado, toda vez que ya de por sí la Ley de Seguridad Nacional permite que casi cualquier conducta se pueda considerar un acto desestabilizador, lo cual atentaría aún más contra la libertad de expresión.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), integrada por empresas de la industria del internet en México, también se manifestó públicamente a favor de una propuesta que regule lo menos posible a la red, fomente la movilidad, el desarrollo de aplicaciones e innovación, respete la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones, y proteja los datos sensibles de las y los usuarios.

La AMIPCI hizo una serie de observaciones públicas en las que recomienda evitar intervenir o bloquear contenidos o servicios sin orden judicial, prohibir que los prestadores de servicios de internet monitoreen o filtren contenidos, y establecer condiciones para que éstos no sean considerados como responsables de la información ilegal transmitida por las redes.

En este contexto en el que el internet, las redes sociales, los blogs y las aplicaciones se han convertido en herramientas de protesta, de crítica y hasta vehículos para evidenciar corruptelas, activistas y grupos civiles convocaron a una marcha que partirá de Televisa Chapultepec al Senado de la República este jueves 10 de abril, a las 18:00 horas.

En esta misma dinámica, las organizaciones convocaron para el viernes 11 de abril, a las 11:00 horas, a una asamblea en el Teatro de la Ciudad para constituir el Frente Popular por la Comunicación Democrática, un colectivo que nace del movimiento estudiantil #YoSoy132 y que busca convencer a las y los senadores de modificar la propuesta del Ejecutivo.

El objetivo de estas acciones es que se expida una ley en la materia que garantice el derecho de acceso a internet libre establecido en la Constitución, y que se dé seguimiento a la iniciativa ciudadana “Internet Libre para Todos”, que firmaron 223 mil ciudadanas y ciudadanos y que fue entregada al Senado a inicios de 2013 como propuesta de ley para garantizar el derecho a internet.

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