lunes, 21 de abril de 2014

Proyecto Censurado selecciona las “25 noticias más censuradas” en 2013/2014

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Incluye cinco noticias censuradas nominadas sobre Ucrania:
• Hipocresía mediática y gubernamental en la cobertura de la crisis de Ucrania
• Injerencia de Estados Unidos
• Nueva Guerra Fría disputa el petróleo y energía
• Negligencia de los grandes medios que no informaron sobre el rol de los neo-nazis en la revuelta de Ucrania
• Medios reviven propaganda de Guerra Fría.

Los jurados del Proyecto Censurado (PC) de California están eligiendo "las 25 noticias más importantes censuradas" que se darán a conocer en el próximo anuario Censored 2015. Las 25 noticias surgirán este año de un volumen de 237 historias periodísticas ocultadas por los grandes medios estadounidenses y transnacionales, que fueron obtenidas en diversos medios independientes de diversa factura, confirmadas y calificadas por los académicos del Proyecto Censurado como Noticias Independientes Validadas (VINs, por su sigla en inglés) en la investigación académica iniciada en marzo 2013.

Las VINs, que están a disposición del público en el portal de Proyecto Censurado (http://www.projectcensored.org/category/validated-independent-news/), fueron recolectadas, investigadas y validadas por 18 universidades a través de Estados Unidos, en un esfuerzo colectivo de 260 estudiantes, 49 evaluadores académicos y 9 evaluadores de la comunidad. El reporte anual Censurado, que existe desde 1976, no se ajusta al año calendario, sino al año académico del hemisferio norte que en Estados Unidos comienza a mediados de agosto. Censurado 2015, como usualmente ocurre, aparecería en septiembre.

Los jurados deben elegir “25 noticias top” entre un enorme volumen de reportes de sumo interés, pero negligente e intencionalmente ocultados y censurados por los grandes medios. Entre las noticias recolectadas abundan notas periodísticas relacionadas con derivadas como secuelas de las revelaciones de Edward Snowden y la vigilancia de los ciudadanos ejercida por las grandes empresas de Internet que suministran información personal de sus usuarios a numerosas agencias de seguridad que sirven al gobierno de Estados Unidos, principalmente la National Security Agency (NSA), la CIA y el FBI.

Otras noticias censuradas informan sobre movidas secretas de las potencias occidentales en apoyo a los grupos que buscaron derribar el gobierno de Ucrania y prosiguen la guerra interna en Siria, la matanza sistemática de “terroristas” en Pakistán –incluidos algunos niños- con aviones a control remoto (“drones”), la magnitud encubierta de la esclavitud actual en el mundo, la discriminación a las mujeres y a las minorías LGBT [Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales] y la pavorosa situación de los reclusos en cárceles estadounidenses, entre muchos otros temas.

Otros temas que abordan estas noticias censuradas: La tendencia a disfrazar y ocultar las violaciones sexuales, el hipertiroidismo congénito y otros males derivados del desastre nuclear de Fukushima, los turbios manejos multimillonario de las industrias farmacéutica y de la alimentación contra los consumidores, los desconocidos efectos terribles del cambio climático y la desaparición de las escuelas públicas junto a la desastrosa situación de las “escuelas chárter” en la enseñanza básica en Estados Unidos.

Ucrania, 5 botones de muestra

Entre las 237 noticias censuradas nominadas este año aparecen cinco relacionadas con la crisis desatada por las potencias occidentales en Ucrania en respuesta a la decisión del gobierno legítimo de Viktor Yanukovych de no ratificar la incorporación de su país a la Unión Europea:

• Hipocresía mediática y gubernamental en la cobertura de la crisis de Ucrania: El brillante periodista Robert Parry se burla con fina ironía de la asombrosa hipocresía de Washington y de los grandes medios estadounidenses ante la intervención de Rusia en Ucrania después del golpe de Estado contra Viktor Yanukovych patrocinado por Estados Unidos, en un magnífico artículo publicado en ConsortiumNews.com el 4 de marzo 2014.
Los primeros párrafos de esta nota incitan a leer el texto completo: El mundo oficial de Washington siente profundo resentimiento por la intervención de Rusia en Ucrania después que un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos derrocó al presidente elegido democráticamente. Algunos neoconservadores encumbrados quieren una nueva Guerra Fría, pero no quieren que nadie note su asombrosa hipocresía. Desde la Segunda Guerra Mundial -y hasta bien entrado el siglo XXI- Estados Unidos ha invadido, o intervenido de una u otra manera, en tantos países que sería difícil compilar una lista completa. Precisamente, el pasado decenio hubo invasiones estadounidenses a gran escala en Afganistán e Irak, además de operaciones de bombardeo desde Pakistán a Yemen y Libia.
Así, ¿qué se puede hacer con el pronunciamiento del secretario de Estado John Kerry de que la intervención militar de Rusia en la sección Crimea de Ucrania -a instancias del presidente depuesto del país- es una violación del derecho internacional que los Estados Unidos nunca tolerarían? Kerry criticó la intervención rusa como "un acto siglo XIX en el siglo XXI". Sin embargo, si no recuerdo mal, el senador Kerry en 2002 votó junto con la mayoría de los miembros del Congreso de Estados Unidos para autorizar la invasión de Irak del presidente George W. Bush en 2003, que también fue parte del siglo XXI. Y Kerry un miembro de la administración Obama, que al igual que su predecesor George W. Bush, ha estado enviando aviones no tripulados al territorio nacional de otras naciones para hacer estallar ‘combatientes enemigos’".
Fuentes:
-http://consortiumnews.com/2014/03/04/americas-staggering-hypocrisy/
-http://www.projectcensored.org/us-media-hypocrisy-covering-ukraine-crisis/

• Injerencia de Estados Unidos: El historiador y analista geopolítico F. William Engdahl sugiere una probable orquestación estadounidense y extranjera en las recientes protestas en Ucrania que culminaron en el derrocamiento del gobierno de Viktor Yanukovich, según una nota publicada el 7 de enero de 2014 en Boilingfrogspost.com. Engdahl escribió en enero, cuando todavía no se apreciaba tan claramente la injerencia de Estados Unidos en la campaña por la integración de Ucrania a la Unión Europea como una forma de debilitar a Rusia, episodio que salió al revés de lo deseado por las potencias occidentales y cambió en favor de Rusia el eje de gravedad de la nueva geopolítica europea o “neo-guerra fría”. F. William Engdahl recordó en enero el fracaso de la "Revolución Naranja" de 2004 y la repetición de la presencia en Ucrania de organizaciones cuyas técnicas comienzan la violencia con aparentemente inocentes "revoluciones de colores".
Fuentes:
http://www.boilingfrogspost.com/2014/01/07/us-ngo-uncovered-in-ukraine-protests/.
http://www.projectcensored.org/us-ngo-involvement-ukraine-uprising/).

• Nueva Guerra Fría disputa el petróleo y energía: Nafeez Ahmed, en “Crisis de Ucrania es sobre el gran poder energético”, opinó en The Guardian, el 6 de marzo 2014: Ucrania se encuentra entre las dos superpotencias (Estados Unidos y Rusia) y su continua lucha por la influencia en el mercado del petróleo de Eurasia. La compañía rusa Gazprom controla más o menos el 20% del suministro de petróleo del mundo, el 30% del petróleo anual de Europa y más del 50% de Ucrania. El profesor R. Craig Nation, Director de Estudios Rusos y Euroasiáticos de un organismo OTAN, escribió: "Ucrania se percibe cada vez más situándose críticamente en la batalla emergente por dominar los corredores de transporte de energía que conectan las reservas de petróleo y gas natural de la cuenca del Caspio a mercados de Europa".
La administración Obama ya ha gastado más de $ 5 mil millones para "garantizar una Ucrania segura y próspera y democrática". En 2013 Ucrania firmó un acuerdo de gas de esquisto por 10 mil millones de dólares con la estadounidense Chevron, con la esperanza de poner fin a la dependencia del país del gas ruso en 2020.
Estos detalles están excluidos de la narrativa de los medios corporativos en el conflicto, que se centran en el aumento o disminución de los precios de la gasolina, pero no en la competencia entre las dos superpotencias para aumentar sus esferas de influencia a través del mercado petrolero de Eurasia. "Para aquellos que están pensando si nos enfrentamos a la perspectiva de una nueva guerra fría, una mejor pregunta podría ser ¿Por qué la Guerra Fría nunca realmente terminó?", escribió Nafeez Ahmed.
Fuentes:
-http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/06/ukraine-crisis-great-power-oil-gas-rivals-pipelines.
-http://www.projectcensored.org/ukraine-crisis-new-cold-war-oil-influence/

• Negligencia de los grandes medios que no informaron sobre el rol de los neo-nazi en la revuelta de Ucrania: Robert Parry reveló en ConsortiumNews que, a pesar de las pruebas en contrario, los responsables políticos de Estados Unidos y la información de los medios corporativos ignoraron intencionalmente que las milicias neo-nazis tuvieron un papel central el 22 de febrero 2014 en el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovich. El papel de los neo-nazis en la ocupación del Parlamento fue borrado en la narrativa de los medios informativos, que dibujaron el golpe de Estado contra Viktor Yanukovych como una "revolución democrática" y "legitimaron" el cambio de gobierno. Para los medios, que el presidente derrocado haya sido elegido democráticamente y que su deposición fuera ilegal no eran más que frases de "propaganda rusa".
Algunos medios repitieron que, tras el golpe de Estado, Rusia envió "provocadores" no identificados para desestabilizar al nuevo régimen en Kiev. A fines de marzo, el New York Times informó de una conversación telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente Obama para discutir las estrategias para hacer frente a la crisis. Putin le dijo a Obama que los militantes neonazis habían rodeado el Parlamento. El Times eligió desacreditar el informe de Putin como una estratagema para "capitalizar un enfrentamiento interno en la tensa Kiev." Este sesgo también se extendió a los informes sobre la votación popular en Crimea que consumaron la secesión de Ucrania y su decisión de unirse a Rusia, calificada de "anexión de Putin”. El Times y otros medios noticiosos corporativos describieron el referéndum del 16 de marzo como “amañado” y dijeron que el 96% de aprobación de la secesión era, en sí mismo, prueba del fraude, aunque no presentaron ninguna evidencia de dolo electoral.
"Si el New York Times y otros medios líderes estadounidenses hicieran su periodismo de manera profesional, el pueblo estadounidense hubiera tenido una comprensión más matizada de lo que sucedió en Ucrania y por qué. En cambio, el Times y el resto de los grandes medios reanudaron su papel de propagandistas estadounidenses, tanto como lo hicieron ante Irak en 2002-03, con su preferencia habitual por la dicotomía simplista de "el bueno y el malo ['good-guy/bad-guy']" escribió Parry.
Fuente: Robert Perry, "Inconvenient neonazis de Ucrania," Consorcio de Noticias, 30 de marzo de 2014, http://consortiumnews.com/2014/03/30/ukraines-inconvenient-neo-nazis/ .
http://www.projectcensored.org/us-establisment-media-neglects-neo-nazi-role-ukraine-uprising/

• Medios reviven propaganda de Guerra Fría: Mientras crecía la tensión entre las grandes potencias por la crisis en Ucrania, los grandes medios de Estados Unidos avivaron las llamas del conflicto con propaganda frontal para difamar a Rusia y a su líder, Vladimir Putin, escribió Stephen F. Cohen, en "Distorsión de Rusia: Cómo los medios de comunicación estadounidenses tergiversan a Putin, Sochi y Ucrania", publicado el 3 de marzo 2014 en The Nation.
Tras la cobertura de condiciones de vida del tercer mundo aparentemente distópicas, la alta tensión por el miedo al terrorismo en los Juegos Olímpicos de Sochi y el bullying (acoso) cruel al régimen de Putin, los medios corporativos de Estados Unidos pintaron a Putin y a Rusia como enemigo público número uno, en una reactivación de la táctica retórica de la Guerra Fría, escribió Stephen Cohen.
Por ejemplo, antes de comenzar los Juegos Olímpicos de Sochi, el New York Times titulaba "Terrorismo y Tensión, No Deportes y Alegría". Casi por unanimidad, los medios de Estados Unidos afirmaron que Putin había dilapidado un récord de 51 mil millones dólares en los Juegos Olímpicos, lo que demostraría lo corrupto de su régimen. En la crisis de Ucrania, Putin y Rusia fueron representados como matones militantes, en lugar de un líder y un país que trata de mantener el control sobre sus activos estratégicos de petróleo para preservar la esfera de influencia del país. Los medios de comunicación estadounidenses retratan ahora a una “Rusia de Putin” carente de políticas legítimas e intereses nacionales en sus propias fronteras, ni en Ucrania. Cohen concluyó que "los medios de comunicación norteamericanos sobre la Rusia de hoy son menos objetivos, menos equilibrados, más conformistas y apenas menos ideológicos que cuando cubrían la Rusia soviética durante la Guerra Fría".
Fuentes:
- http://www.thenation.com/article/178344/distorting-russia .
- http://www.projectcensored.org/distorting-russia-media-cold-war-propaganda-revisited/
Para ver todas las VINs (en inglés):
- http://www.projectcensored.org/category/validated-independent-news/

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional del Proyecto Censurado.

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La nueva Guerra Fría

Juan Diego García, (especial para ARGENPRESS.info)

Los actuales acontecimientos en Ucrania no solo tienen que ver con desacuerdos internos relativos a un mayor acercamiento a la Unión Europea o al mantenimiento de las tradicionales relaciones con Rusia. Tampoco es posible explicar los sucesos de las últimas semanas simplemente como el estallido de tensiones étnicas o nacionales existentes desde siempre en una región en donde conviven grupos propiamente ucranianos junto a otros de origen ruso (muy mayoritarios en ciertas regiones) y tártaros, entre otros.

Las divergencias entre partidarios de Rusia y los amigos de la UE habían encontrado fórmulas de arreglo (incluyendo elecciones anticipadas) que sin embargo fracasaron por la acción de comandos especializados en el sabotaje y la acción directa, y por la indecisión del gobierno, ahora depuesto. Las nuevas autoridades parecen incapaces de controlar el poder que les entregaron las turbas y se muestran aún más débiles frente a la espiral de tendencias separatistas que primero llevaron a la secesión de Crimea y su incorporación a Rusia (a la que siempre perteneció hasta que Moscú la anexó a Ucrania en los años 50 cuando ambas pertenecían a la Unión Soviética) y ahora se extienden por diversas localidades del este del país.

Pero la orientación más o menos europea o rusa del país y los encuadres problemáticos de sus regiones en la unidad nacional se podrían solventar sin violencia y mediante las negociaciones entre las partes implicadas si se hubiese podido neutralizar la pugna entre las grandes potencias que, de un modo u otro, editan de nuevo los conflictos de la Guerra Fría que sostuvo Occidente con el Campo Socialista. En la práctica, son precisamente las grandes potencias las que ahora deciden el futuro de los pueblos de Ucrania: Estados Unidos y la EU, de una parte, y Rusia, de la otra, convertida ahora -junto a China- en la mayor competencia del capitalismo occidental por asegurarse materias primas, mercados, zonas de influencia y control de las vías del comercio mundial.

Si ayer Occidente justificaba la Guerra Fría como una cruzada contra el comunismo y como el propósito de llevar la democracia burguesa y la economía de mercado a todo el planeta, ahora el discurso se reduce a proclamar de nuevo la vocación civilizadora y democrática del Occidente rico frente a las pretensiones de Rusia y China, dos nuevas potencias que les disputan el dominio mundial. Aunque ya no cabe la excusa de combatir el comunismo siempre se puede utilizar el expediente de la lucha contra dictaduras odiosas nacidas de las entrañas del despotismo asiático (Rusia) o - por qué no- el renacer del conocido “peligro amarillo” (China) que de nuevo amenaza la civilización cristiana y occidental.

La Nueva Guerra Fría carece del velo beatífico de antaño. Ni Rusia ni China promueven la revolución socialista mundial ni Occidente la democracias representativa puesto que su propósito es la dominación mundial al precio que sea necesario. Se trata del viejo cálculo de traficantes que repite en las nuevas condiciones aquellas guerras coloniales mediante las cuales se saqueó todo el planeta y se crearon los grandes imperios de la era moderna. Por supuesto, todos se justifican con las más bellas palabras y con los más sanos propósitos. Pero sería de enorme ingenuidad no ver la intervención de Occidente en las guerras en curso, en las ocupaciones territoriales y en la sistemática destrucción de países enteros (Irak, Pakistán, Afganistán, libia y Siria entre los casos más recientes) o la abierta intervención mediante golpes de estado (Egipto). En ningún caso estas acciones se deben a la preocupación del Occidente rico por la suerte de estos pueblos. En realidad, luego de la “cruzada salvadora” solo queda destrucción y muerte. No es una coincidencia que los lugares en conflicto abierto formen un arco estratégico, parte del cerco global que las grandes potencias capitalistas tradicionales tienden alrededor de sus mayores competidores, Rusia y China.

Igual sucede en África, un escenario clave de esta Nueva Guerra Fría. Allí resultan idénticos los protagonistas y apenas cambian los métodos mediante los cuales los conflictos internos de cualquier país de la periferia del sistema se pueden convertir en la excusa perfecta para dirimir la confrontación de las grandes potencias. Y cuando no hay motivos, sencillamente se generan, que en eso también resultan grandes maestros los agentes de la desestabilización, sean éstos las empresas multinacionales o directamente los servicios secretos de las potencias.

Resulta todo un sarcasmo que Occidente acuse a los rusos de “intervenir” en los asuntos internos de Ucrania cuando es evidente su propia responsabilidad en los acontecimientos mediante la grosera injerencia de sus diplomáticos y de sus organizaciones “no gubernamentales”, sin que falten sus comandos de espías, saboteadores y desestabilizadores de cualquier gobierno incómodo. En este caso ha sido el débil gobierno de Yanukovich. Pero las experiencias de Yugoslavia y Libia seguramente sirvieron para que Moscú tomara nota y las cosas discurran ahora de diferente forma en Siria y Ucrania. En ambos casos el gobierno ruso vio el asunto como un movimiento de Occidente en su contra y reaccionó en consecuencia.

En América Latina esta Nueva Guerra Fría tiene ahora su principal escenario en Venezuela pero tampoco desatiende otros flancos como Ecuador y Bolivia ni la mayor preocupación de Occidente por Brasil, dadas sus dimensiones. Pero al parecer Maduro va saliendo airoso de la mayor ofensiva en su contra por parte de los instrumentos de Occidente (la llamada “oposición” interna). Igual de importante es la actitud de la mayoría de los gobiernos de la región que a diferencia de otras épocas rechazan abiertamente la utilización de métodos de desestabilización y guerra civil tan parecidos a los usados en Ucrania y detrás de los cuales, manejando los hilos, aparecen los mismos protagonistas externos. En efecto, más allá de los problemas de Venezuela, de las limitaciones de su sistema democrático o de la eficiencia de su gobierno para hacerles frente, se trata de deshacerse de un líder nacionalista incómodo (Maduro) para garantizar a Occidente el suministro de petróleo. Podría ocurrir que, en el contexto de esta guerra global entre potencias, los hidrocarburos venezolanos terminaran en China, afectando de lleno el suministro a los Estados Unidos (De Venezuela le llega casi el 15% de su consumo diario).

A las batallas de Ucrania o Venezuela seguirán seguramente otras, todas ellas en apariencia tan solo resultado de problemas internos pero en las que será imposible no ver la mano interesada de las grandes potencias en pugna. Sin embargo, y al igual que sucedió durante la Guerra Fría, los países afectados pueden aprovechar estas pugnas en su propio beneficio. En el caso de América Latina los gobiernos nacionalistas y de progreso - objetivos preferentes del capitalismo occidental- además de su integración en un bloque fuerte de naciones se pueden beneficiar de la pugna entre Occidente y el bloque ruso-chino tejiendo nuevas alianzas, y mediante la diversificación comercial disminuir la actual y casi única dependencia económica, tecnológica y militar de Occidente.

Cuba consiguió derrotar nada menos que a la primera potencia mundial con la ayuda del campo socialista. Da igual si esa ayuda fue una muestra desinteresada de Internacionalismo Proletario o resultado del interés soviético por poner en jaque a su rival (o ambas cosas). El hecho concreto es que los cubanos supieron hacer un uso muy inteligente y pragmático de esa ayuda sin la cual quién sabe qué suerte hubiese corrido su proyecto revolucionario. La autarquía es un ideal seguramente muy loable pero casi impracticable para países pequeños y sobre todo atrasados económica y tecnológicamente. De allí la importancia de los proyectos de integración regional en curso, los que bien gestionados ayudan a reforzar la soberanía nacional y potencian la capacidad efectiva de auto-determinación. En estos tiempos de Nueva Guerra Fría valen mucho las lecciones del pasado. Si Occidente opta por algún tipo de agresión cuando considere afectados sus intereses a estos países siempre les quedan Pekin y Moscú, no porque ellos encarnen ideales de libertad o democracia sino porque están en capacidad de comprar y vender, de suerte que ningún bloqueo lleve a la derrota de un proyecto nacional de progreso. Mientras la dependencia sea un lastre siempre es mejor diversificarla y no estar sometidos a los designios de un único centro de poder.

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Sideral pago bajo la mesa a REPSOL por la expropiación de YPF

Francisco Javier Llorens (especial para ARGENPRESS.info)

A principios de febrero pasado, a la par que se anticipaba públicamente un inminente arreglo con REPSOL por la estatización parcial de YPF, esta informó que había llegado a un acuerdo con APACHE para la compra de los activos petroleros que esta empresa norteamericana tenía en nuestro país. Lo cual a todas luces se trataba de una operación a contramano de nuestras necesidades, ya que reportó una descapitalización neta y consecuente giro de divisas al exterior por U$S 852 millones según la versión de APACHE, en momentos en que el país enfrenta una grave penuria de divisas.

Monto que una sana administración de YPF destinaría en todo caso a desarrollar nuevas áreas de explotación del petróleo, para aumentar la producción y llegar al autoabastecimiento. En lugar de adquirir áreas que ya están en explotación, y tener a la par que ceder áreas propias para atraer inversores extranjeros, como hizo YPF con Chevrón y otros. A los supuestos efectos de lograr lo mismo, y tratar a la par de conseguir el ingreso de algunas a nuestro país.

A esa incongruente operación en ciernes, se sumo el hecho de que en su informe YPF expresaba que compensaba parcialmente esa compra, con la cesión de activos en Vaca Muerta a Pluspetrol SA, “por el cual le otorga, a cambio de 217 millones de dólares, porcentajes de participación correspondientes a Apache Energía Argentina S.R.L. en tres concesiones y cuatro contratos de UTE, como así también una participación correspondiente a YPF en un contrato de UTE.”

Seguidamente a fines de febrero, tanto el gobierno, como REPSOL e YPF, informaron formalmente respecto el acuerdo que habían arribado por la estatización parcial de esta última. Y a principios de marzo YPF por su parte, informó escuetamente del cierre de la compra de los activos de APACHE en Argentina. Pero sin hacer mención alguna a la operación colateral con Pluspetrol, como si esta fuera de incógnito, o dependiera de otros acontecimientos.

Plusprecio para REPSOL a través de Pluspetrol

Pero es el caso de que esta simultaneidad de operaciones, sumada al hecho de que el gobierno ya había ofrecido a REPSOL públicamente compensarla parcialmente con activos en Vaca Muerta. Mas el detalle de que Pluspetrol es fuerte socia de REPSOL en múltiples emprendimientos. Con el agregado de que el precio pagado por Pluspetrol parece ínfimo, llevan a la vehemente sospecha de que en realidad esa curiosa cesión de activos a Pluspetrol, sería parte del arreglo del gobierno con REPSOL. Consistente en un subrepticio pago de un plus precio efectuado bajo la mesa, además de los U$S 6.503 millones entregados en bonos, que con su carga de intereses suman U$S 11.265 millones.

Por un lado Pluspetrol es socia de REPSOL en los yacimientos Lotes 56 y 88 en Ucayali, Perú. Donde también tiene como socia común a Hunt Oil, petrolera estrechamente relacionada con la EXXON y Chevron. Compañías del grupo Rockefeller directamente interesadas en el arreglo del gobierno con REPSOL, para poder avanzar en la explotación de Vaca Muerta. Habiendo sido incluso demandada la última de ellas por REPSOL, por la firma del contrato que concretó con YPF a esos efectos. Además Pluspetrol y REPSOL están hermanados en la construcción de la red de ductos para extraer la producción de los mencionados lotes peruanos, y fueron socias en REPSOL - YPF Gas, tal como se puede ver en el cuadro que va al pie, extraído del portal web de Pluspetrol.

Por su parte YPF en su informe a la SEC (Securities and Exchange Commission) del año 2013, asegura que detenta el 45 % de las acciones de Pluspetrol Energy, que a su vez es propietaria de la Central Térmica Tucumán y Central Térmica San Miguel de Tucumán, y de GASA (Gas Argentino SA). Además de tener a dicha firma como consorcista en la explotación de los yacimientos Consorcio CNQ 7/A y Ramos. Por ende Pluspetrol es un socio absolutamente confiable para YPF, como para hacer de subrepticio vaso comunicante con REPSOL.

En tal sentido YPF informó que le cedía farm out a Pluspetrol 1.240 Km2 en Vaca Muerta, pese que esta por su parte ya detentaba 1.986 Km2 en ella, pasando de esta manera a detentar más de un 10 %, convirtiéndose así en el segundo superficiario después de YPF. Lo cual equivalía a más de la mitad de lo adquirido a APACHE, por la que YPF recibirá un importe de U$S 217 millones, a razón de U$S 175 mil el Km2. Cuando conforme a distintas estimaciones, el rendimiento de un Km2 en Vaca Muerta podría trepar a ¡U$S 400 millones por Km2! (U$S 12 billones recursos / 30.000 Km2).

O sea que esa cifra solo representa el 0,4 por mil del rendimiento potencial que se podría obtener en esa superficie. Equivalente a U$S 1.750 la hectárea, como si se tratara de un campo de secano dedicado a la explotación pecuaria. Una insignificancia.

Si uno coteja ese precio con lo escuetamente informado por YPF en relación con el contrato con Chevron por el área de Loma de la Lata Este - Loma Campana, los guarismos resultan totalmente distintos. En este contrato farm in al 50 %, YPF le dio participación a Chevron sobre un área de 395 Km2, a cambio supuestamente de un pago de U$S 1.240 millones, lo que representa para el 50 % del área, una suma de U$S 6,3 millones por Km2, o sea el 1,6 % de su rendimiento potencial. Que pese su exigüidad, es 18 veces superior al precio supuestamente abonado por Pluspetrol en su reciente adquisición.

Un plusprecio descomunal

La diferencia entre el precio promedio supuestamente pagado por Chevron y el abonado por Pluspetrol es de U$S 6,1 millones por km2, que extendido a la superficie cedida a Pluspetrol de 1.240 Km2, representa una diferencia de ¡U$S 7.568 millones!. Y a su vez el rendimiento del total del área representaría una cifra potencial de producción de ¡¡U$S 496 mil millones!! Más que suficiente para que REPSOL se quede muy contenta para siempre, si Pluspetrol resulta ser una pantalla para triangular un sideral pago a favor de ella, sin que la opinión pública argentina se percate de ello.

Las cifras mencionadas son estimaciones promedios, ante la doble reticencia por parte de YPF, de suministrar los detalles de los acuerdos firmados con CHEVRON. Y de detallar cuáles son las áreas cedidas a Pluspetrol en Vaca Muerta, de cuya ubicación depende su potencial rendimiento.

Si la cifra efectivamente abonada por CHEVRON para ingresar como socio farm in de YPF no fuera la informada por esta, ello supondría una enorme defraudación en el contrato con CHEVRON. Al habilitar a un socio con el 50 % de las utilidades a cambio del 50 % de la inversión, sin que pague el derecho por el suelo, que en otros lados requiere sumas cuantiosas.

Y si el insignificante precio pagado por Pluspetrol es por áreas promisorias de Vaca Muerta, que YPF no detalla, esto representaría otra enorme defraudación, solo explicable por que se trata de un pago en negro o por izquierda a REPSOL. Como si la República Argentina fuera un pequeño comerciante quebrado, que da manotazos de ahogado y cede ruinosamente sus bienes por izquierda, para zafar de cualquier manera de la desesperada situación en que se encuentra.

Absurdamente, el hecho de que YPF cotiza en la bolsa, ha llevado a justificar el absoluto sigilo y opacidad con que esta actúa, basándose en una supuesta confidencialidad y reserva a favor de sus inversores privados, la mayoría de ellos extranjeros. Conforme supuestas normas de la comisión de valores norteamericana (SEC) que para Argentina parece haberse convertido en un organismo supranacional al que debe pleno acatamiento, en sustitución de la AGN (Auditoria General de la Nación). Pese a que YPF detenta bienes públicos como el de Vaca Muerta, estimados en U$S 4,2 billones (35 % de U$S 12 billones) equivalentes a doce años del actual PBI argentino.

Con lo cual la famosa “res publica” que es la esencia de la República, se ha transformado en una res privada. Que unos pocos e ignotos directores de YPF, pueden trozar y repartir a su antojo, sin dar cuenta a nadie de para qué y para quién lo hacen.

Para convalidar por parte del Congreso actos anómalos de esta naturaleza, se acostumbra a citar la “ética de la responsabilidad” de Max Weber, contrapuesta con la “ética de las convicciones”. Pero en este caso, ante los enormes daños de toda índole causados al país por parte REPSOL detallados en otros escritos, y la vehemente sospecha de la existencia del pago de un enorme plus precio subrepticio en forma paralela, sin la debida aclaración de ello, su convalidación sería una falta de ética e irresponsabilidad enormes. De la cual en algún momento quienes incurran en ellas deberían dar cuenta, para que sean declarados convictos de cómplices en la perpetración de una gravísima defraudación en contra del pueblo.

Ver tablas anexas desde aquí (formato pdf).

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YPF, nuevos desiertos y resistencias: De la privatización a los no convencionales

Hernán Scandizzo (OPSUR)

En los primeros años de la década del ’90 se inició un proceso simultáneo de privatización y federalización de los hidrocarburos, la empresa estatal YPF fue convertida en una sociedad anónima y sus acciones -en principio en poder de la Nación y las provincias productoras- fueron vendidas hasta ser controlada exclusivamente por la compañía española Repsol, aunque el Estado mantuvo el derecho a participar de las decisiones del consejo directivo y el poder de veto mediante la acción de oro; en tanto el dominio del gas y el petróleo pasó de la Nación a las provincias.

En ese marco de transformaciones, donde los hidrocarburos dejaron de estar sujetos a las necesidades del país para convertirse en un commodity, surgieron conflictos territoriales en comunidades indígenas, que a nivel nacional protagonizaban un proceso de emergencia política. La intensificación de la actividad y la ampliación de su frontera extractiva, avalada por una política estatal de dejar hacer, se montó sobre la base del desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios, la judicialización y criminalización de las demandas, y el discrecional cumplimiento de normas ambientales. El territorio se transformó entonces en un desierto libre de obstáculos para el desembarco y desarrollo de los proyectos corporativos.



Veinte años después, en un marco de caída de los niveles de extracción de gas y petróleo, secuela del saqueo, y del incremento de las importaciones de combustibles fósiles -para atender la demanda interna-, en Argentina se empezó a hablar del gran potencial de hidrocarburos de yacimientos no convencionales como alternativa para superar el desabastecimiento de combustibles fósiles, siendo YPF la principal protagonista a partir de sus anuncios en torno a la formación Vaca Muerta. Sin embargo, más allá del triunfalismo, la falta de inversiones de esta empresa para revertir la caída de la producción y el crecimiento de las importaciones -que en 2011 llevaron a que el saldo de la balanza comercial energética fuera negativo- desembocaron en la ruptura de la alianza estratégica con Repsol, mantenida desde las administraciones de Carlos Menem a la de Cristina Fernández de Kirchner. En la primera mitad de 2012, a través de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, el 51% de las acciones de YPF fueron expropiadas y la empresa se transformó en el mascarón de proa de la política petrolera (energética) del país.

YPF es ahora la principal impulsora de la explotación de los yacimientos no convencionales, haciendo caso omiso a los alertas por los impactos ambientales asociados a la técnica de extracción -fractura hidráulica o fracking- y el costo socioeconómico y cultural de la ampliación de la frontera extractiva -que avanza sobre territorios indígenas y tierras dedicadas a la producción de alimentos. También es la principal lobbista del sector para satisfacer las demandas las corporaciones. A diferencia de los años duros del neoliberalismo, donde el Estado dejaba hacer y participaba de una ínfima porción de los beneficios -a través del cobro de regalías-, en el contexto abierto con la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, recuperó protagonismo y amplió su participación en el negocio aunque sigue considerando un commodity al gas y al petróleo.

En el nuevo escenario las resistencias al extractivismo no se han aplacado, por el contrario, se manifiestan en la movilización de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales y políticas y de asambleas socio-ambientales -nacidas muchas de la oposición al agro-negocio, la mega-minería o la instalación de fábricas para la producción de pasta de celulosa. En algunos casos se produce una confluencia de los diferentes sectores, en otros, prima la desconfianza; pero de una manera u otra, las luchas contra los no convencionales son una realidad y enfrenta el desafío de construir propuestas para conquistar la Soberanía Energética, ya que el problema no es ni el gas ni el petróleo sino la voracidad del sistema capitalista.

Descargar documento completo: http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2014/04/ypf-nuevos-desiertos-y-resistencias.pdf

*Versión corregida y ampliada de la ponencia presentada el 22/10/2013 en Cochabamba, en el Seminario Taller Extractivismo. Nuevos contextos de dominación y resistencias, organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

Hernán Scandizzo es periodista, investigador del Observatorio Petrolero Sur (OPSur).

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La precariedad laboral como fenómeno estructural

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

En estos días se cruza la información difundida por la OIT en su Panorama Laboral 2013 para América Latina y el Caribe (1) y la difusión de medidas locales relativas a la precariedad laboral y el empleo doméstico.

La OIT destaca en su informe sobre América Latina y el Caribe que "Los salarios crecen menos que en años anteriores, la informalidad no se reduce, la productividad está creciendo por debajo del promedio mundial, y aumenta la desocupación de los jóvenes en zonas urbanas". Agrega que en América Latina y el Caribe son unos "14,8 millones de mujeres y hombres que buscan trabajo sin conseguirlo”, cuantificando la dimensión del problema del empleo, a lo cual deben incluirse unas 130 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad. La OIT señala que hace 20 años que difunde el estudio sobre la cuestión laboral en la región y que los mejores registros de la última década parece agotarse, interrogándose sobre el futuro, que en el marco de la crisis capitalista, no augura noticias favorables para los trabajadores.

Son datos coherentes con los oportunamente difundidos por Michel Husson (2) relativos a información de la OIT para el 2012, donde se señala que para un empleo mundial de 3.130 millones de trabajadores, el empleo en los países “avanzados” es de 470 millones de trabajadores, mientras que los empleos asalariados en los países “emergentes” suman 1.110 millones de trabajadores, y otros empleos en estos países alcanzan a 1.550 millones, con lo cual suman 2.660 millones de trabajadores (1.110+1.550), constituyendo la mayoría de los trabajadores del mundo, y entre ellos se destacan los informales. Es evidente que en estos datos pesan China y la India, pero son elocuentes respecto al trabajo en el mundo, especialmente en el empobrecido Sur, donde sobresale en las condiciones del capitalismo contemporáneo el deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo medido en millones de personas.

El documento de la OIT remarca que de cada 10 trabajadores latinoamericanos y caribeños, al menos 3 no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de protección social. Es el cuadro de la precariedad en la región latinoamericana y caribeña. En ese marco de referencias, la OIT concluye que el desaliento y la frustración sin duda contribuyen a que unos 22 millones de jóvenes no estudien ni trabajen, y en general, confirmando la discriminación de género, se concluye que las mujeres siguen estando más afectadas por el desempleo y la informalidad. Es obvio que se trata de conclusiones que superan la dimensión “económica” para proyectarse en el plano de lo social, lo político y cultural.

Situación en Argentina

Los datos locales confirman esas tendencias en la Argentina, por lo que las autoridades locales anunciaron medidas en estos días para intentar reducir la informalidad con metas concretas en los próximos meses.

Según el INDEC, un tercio de los trabajadores en la Argentina están en situación irregular, sin seguridad social, por lo que se han dispuesto un conjunto de medidas para contrarrestar la situación e incentivar la regularización del empleo.

Entre otras cuestiones se sustenta la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas que tienen historia en políticas similares gestadas transitoriamente en los 90´ y que desfinanciaron el sistema previsional. Al mismo tiempo, se propone fortalecer la fiscalización y la capacidad de inspección del Estado, junto a la creación de un registro para incluir a las empresas que violen la legislación laboral. La crónica periodística señala que "La Presidenta aseguró que con esta batería de instrumentos se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento." (3) En la misma nota se dice que la Presidenta enfatizó "que la precarización laboral es uno de los grandes problemas que suelen enfrentar los trabajadores, junto con el desempleo."

En esa misma línea, a los pocos días de los anuncios se informó sobre la reglamentación del trabajo a domicilio, uno de los ámbitos de mayor informalidad e irregularidad. Se intenta intervenir sobre el ingreso de los trabajadores doméstico y sobre las coberturas por riesgos del trabajo.

Ambas medidas fueron anunciadas mientras resuenan aún las crónicas y análisis del paro nacional del pasado 10 de abril. El interrogante es si con reducción de aportes patronales y renovados anuncios de control estatal se resuelve el tema de la impunidad empresaria que mantiene los elevados niveles de irregularidad en el empleo. Quizá, para terminar con la informalidad, la solución vendrá más por la libertad y democracia sindical que se deriva de la generalización en la designación de delegados sindicales por empresas. Vale recordar que aproximadamente, solo entre un 15 y 20% de las empresas reconocen la existencia de delegados sindicales, lo que favorece la impunidad en la mayoría de las empresas, las que actúan sin los límites que pueden establecer sus trabajadores si estuvieran organizados sindicalmente.

Es correcto que el Estado actúe, pero más que una respuesta económica sobre disminución de aportes patronales, o relativa a funciones burocráticas, de control y supervisión, resulta más adecuada la propia autodeterminación de los trabajadores en el control del empleo. En ese sentido es necesario modificar la legislación sobre la organización sindical y revertir la tendencia regresiva de la relación entre el capital y el trabajo que construyó la ofensiva del capital hace cuatro décadas. Esto último se juega en la construcción del nuevo modelo sindical que se manifiesta en la experiencia de la CTA y variadas comisiones internas. Es parte del camino propio para responder social y políticamente a la ofensiva patronal y construir una contraofensiva popular.

Notas:
1) http://www.ilo.org/americas/publicaciones/panorama-laboral/WCMS_232760/lang--es/index.htm
2) MICHEL HUSSONLa formación de una clase obrera mundial. Lunes 6 de enero de 2014, en: http://www.vientosur.info/spip.php?article8622
3) Plan para regularizar el trabajo informal. Página 12, 15/4/2014, en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-244160-2014-04-15.html

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Votos cuidados

Alfredo Grande (APE)

"También cabe la posibilidad de la revolución no sea un sueño eterno" (Aforismo Implicado)

La denominada caída del socialismo real propició otras caídas. Por ejemplo, la del socialismo ideal. Que es lo opuesto al socialismo utópico. Es el socialismo de nuestros ideales emancipatorios. La catástrofe entonces es el colapso de los sueños posibles, para dar paso a las pesadillas cotidianas. Es una época en la cual la violencia no tiene captura revolucionaria.

La violencia que siempre consideramos partera de la historia, es invocada para repudiarla como el absoluto mal. La cultura represora mezcla violencia con crueldad, de tal modo de poder ejercer la crueldad mientras nos culpabiliza por la violencia.

Culpa por ejercer violencia, culpa por desear, culpa en última instancia por pretender vivir por fuera de los mandatos del orden burgués. Abandonamos la lucha de clases para empantanarnos en el discurso anestésico del consenso. No solamente el de Washington, que seguro es el más perjudicial. Pero me refiero a la multiplicidad de los consensos berretas, de consorcio, de las miserias y penurias de la vida cotidiana. Donde consensuamos que los empresarios se la lleven con pala mientras los trabajadores se la quedan con cucharita.

El consenso entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco es uno de los aspectos más siniestros del Estado, en su doble función de benefactor/terrorista. Para aquellos que no acepten que el Estado Benefactor tiene su frente y perfil terrorista, recuerdo que el Terrorismo de Estado tuvo su frente y perfil benefactor. Recordemos el “deme dos” de los turistas en el extranjero, la plata dulce, el mundial del 78, un partido que jugamos todos… (en ese momento no había insistencia de género y no se decía “y todas”).

*****

El exterminio más brutal también se viste de seda y la campaña anti argentina en el exterior fue sostenida por no pocos y pocas. Sin embargo, lo peor vino después. El Menemato, tres veces ganador en elecciones y eso que el pueblo nunca se equivoca, fue la expresión más perfecta del Estado Benefactor/Terrorista. La convertibilidad fue el ángel exterminador de toda la industria nacional. Y recién fue abolida con el traumático recurso de la pesificación asimétrica, nombre encubridor de una de las más brutales devaluaciones.

La pueblada del 2001 quedó en un baúl de recuerdos y cuando se lo invoca, es desde la pura negatividad. Hasta los piquetes están en desgracia cuando se los coloca como el absoluto mal. El Gran Piquete Nacional dijo el funcionario estrella. Después de todo, la ley antiterrorista lo protege. Los dioses de una época terminan siendo los demonios de la siguiente, pero no deja de ser curioso que los vencedores siempre sean los mismos. Vencedores de la privatización y vencedores de la expropiación. Siempre vencedores. Los vencidos también son siempre los mismos, aunque los de estos tiempos tienen cooperativas organizadas desde el Estado, asignaciones universales, algunas resignaciones particulares, planes varios, tutelajes legales…Incluso, ni siquiera se sienten vencidos porque Argentina los incluye.

A diferencia de la promesa de Lonardi, hay vencedores y hay vencidos. Pero en el relato oficial no hay lugar para esas sutilezas. Sólo pensar en una década empatada, no digamos perdida, te coloca en la incómoda posición del infame gorila traidor. Incluso la militancia consecuente contra aquellos que de la caída del socialismo real hicieron leña tiene el tope de la general paz. El discurso anti Macri da una vuelta de campana ante el oleaje de Scioli enaltecido para enfrentar al + a, un estadista con lugar a dudas.

La neutralización de toda violencia es el consenso donde todos enfundan las armas pero algunos sacan los puñales. La ley anti piquetes que el Ejecutivo Nacional propone motivó los aplausos de la bancada del PRO. Dime quien te aplaude y te diré en que te has convertido. Gracias a la reforma del código civil, no solamente será imposible la legislación sobre el aborto para no morir, sino que la píldora del día después será ilegal. Lo dicho: vencedores y vencidos.

*****

Mientras un ex ministro de Economía aliena a un niño explicando que el Estado es como una familia, lo que implica un grato importante de maltrato mental, y que por eso hay que pagar impuestos, para que todos seamos más felices, pero no aclara porque Solari, el Indio, se subleva contra los gringos de la ciudad y no paga nada y se lleva todo.

Los vencedores saben atribuirse los éxitos y culpar al resto del mundo con los fracasos. Es posible que linchen a algún trapito por los problemas de estacionamiento. Como el tránsito en la ciudad está planificado por un esquizofrénico o por varios, los semáforos cada 100 metros, a veces menos, te frenan. Hay una nueva onda roja, lamentablemente sólo para los semáforos. La idea supongo es aumentar la facturación vía multas, sumadas al robo sin mano armada que algunos llaman peaje.

Los vencedores aceptan que mintieron durante la década con los datos del Indec que estaba intervenido, para que mentir sea más fácil. En un editorial de mi programa radial Sueños Posibles, decía: “Clarín miente: ¿solamente?”. Parece que no. Pero no hay castigo para los mentirosos. Tienen cargos diplomáticos y supongo que cobran en los dólares que acá no podemos comprar. Los precios son cuidados luego que fueron tan pero tan descuidados que treparon sin retorno. La orgullosa democracia ha quedado reducida a un control de precios al consumidor en los grandes supermercados. Que tienen tantos colchones donde acostarse que hasta pueden darse el lujo de dormir con un dedo fuera de la cama. Los precios cuidados son la última burla, pero la del final.

El tarifazo disfrazado de quita de subsidios no va a tener ningún cuidado. El subte sube 400% y para entender las opciones más baratas, ofrecen cursos online. Los partidos políticos del sistema (capitalista, dependiente, explotador, elitista) quieren ubicarse en el centro, si no hay más remedio, centro izquierda, pero no mucho. El centro es el mejor lugar para los votos cuidados. Votos cuidados de extremismos, de éticas revolucionarias, de pretensiones emancipatorias. Votos cuidados de todo intento de unión de las izquierdas, por eso se fomentará el macartismo, el mesianismo, el iluminismo real y el ideal. A la cultura represora la asusta más un voto para la izquierda, que todos las editoriales de La Nación. Y de La Nazión también. La izquierda será clasista, anti capitalista, combativa y revolucionaria, o no será. Momento de preguntarnos quienes seguimos compartiendo ese sueño eterno.

“Desafiamos a que alguien nos enseñe a un trabajador real y sin privilegio alguno capaz de ganar decenas de miles, cientos de miles o millones. Esto es claramente imposible. Por ello, si en la sociedad existente hay individuos que ganan sumas de ese porte no es como resultado de su trabajo, sino debido a su posición privilegiada, es decir, a una injusticia legalizada jurídicamente, y puesto que lo no derivado del propio trabajo se toma necesariamente del trabajo de otro, tenemos derecho a decir que todas esas ganancias son sólo una forma de robo perpetrado por personas en posiciones privilegiadas sobre el trabajo colectivo, y cometido bajo la protección del Estado”.
(Mijail Bakunin).

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Felisa y sus trincheras

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

María Felisa Lemos es médica sanitarista y epidemióloga, y a sus 76 años tiene mucho que contar, así que escuchemos sus palabras de rebeldía y solidaridad.



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La Liga Argentina por los Derechos del Hombre rechaza el proyecto Kunkel

LADH

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre rechaza el proyecto Kunkel de restricción y represión al derecho del pueblo a reunirse, manifestarse y luchar por sus derechos libremente; convocamos a resistir contra su eventual aprobación.

El primer derecho de los pueblos es a luchar por conquistar derechos; reprimirlo es violar los derechos humanos en tiempo presente.

“Decreto 1066 de 1983.
1) Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 19, N° 13, asegura a todas las personas, el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas…
3) - Que el ejercicio de estos derechos tiene por límite el resguardo de un tercero y su uso no puede llegar hasta lesionar la libertad de otra persona o la conveniencia de la sociedad;
4) - Que es un deber de la autoridad ejercer la vigilancia y cuidar de la integridad de las personas, y la conservación de las plazas, calles, etc.etc.”
AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército,
Presidente de la República de Chile

El proyecto del Frente Para la Victoria, anticipado por la Presidenta Fernandez de Kirchner en su discurso del 1º de marzo, tiene un claro carácter restrictivo de los derechos humanos en cuanto penaliza la movilización popular (no solo los piquetes como falsamente se informa, sino toda forma de protesta social, prohibiendo sin más las que se quieran realizar frente escuelas, hospitales, comisarias –art 2, inciso a-) que es el primero de los derechos de los pueblos: sin lucha social ni movilización popular no hay posibilidad alguna de conquistar el acceso a los derechos formalmente proclamados, defender los amenazados o conquistar nuevos derechos.

El proyecto se coloca en una secuencia histórica de larga data que fue rota por las luchas populares de Diciembre del 2001; desde entonces la derecha busca sacar al pueblo de las calles sin éxito, y está por verse si aún consiguiendo la aprobación del engendro consiguen romper la creciente dinámica de luchas contra el ajuste y los casos de “gatillo fácil”.

La ley anuncia el aval oficialista de la cultura represora que nunca desapareció de las fuerzas de seguridad, pero que por algunos años había estado huérfana de legitimidad social y aval gubernamental, el solo anuncio del proyecto incrementará la represión porque la Bonaerense, la Gendarmería, la Federal, etc. tienen un oído muy fino para “leer” los mensajes del Poder, y este es un claro mensaje de penalización de la lucha popular y de amenazas represivas. El proyecto pareciera buscar la “normalidad” represora que caracterizó nuestra historia desde nuestros inicios como Nación (ley 4144 de 1902, por ejemplo)

El diputado Kunkel y quienes lo acompañan van más atrás de las leyes macristas que indican que se debe avisar “cuando sea posible”. Con la Ley Kunkel las movilizaciones del 19 y 20 de Diciembre del 2001 o las del Puente Pueyrredón de junio del 2002 cuando asesinaron a Kostecky y Santillán, serían ilegales y por ende “legal” la represión. Conviene resaltar que el proyecto Kunkel no se presentó en el 2008 cuando la burguesía sojera y los grupos económicos poderosos impulsaban la protesta callejera contra la Resolución 125; no, se presenta ahora cuando crece la resistencia al ajuste de la economía derivado de la devaluación realizada a pedido del FMI y demás organismos financieros internacionales con los que se está negociando nuevos pagos de la eterna deuda externa impuesta por el Terrorismo de Estado, por lo que consideramos que su texto es uno más de los efectos a largo plazo del Genocidio.

Arrogarse el derecho de decidir cuál reclamo popular y cual organización social tiene “derecho” a protestar y cual no tiene un cuño fascista indudable[1] que se fortalece con la exigencia de un “delegado”, como si los parisinos del Tercer Estado que atacaron la Bastilla, dando inicio a la Gran Revolución Francesa, la revolución burguesa (SAQUÉ UNA "ESE") por antonomasia, hubieran tenido delegado. Junto con el costado represivo, el proyecto revela un profundo costado elitista y soberbio que pretende borrar al pueblo como sujeto de la historia. La sola elección del “delegado” le garantiza a este su procesamiento en la o las causas penales que se inicien a posterioridad de la protesta.

Al exigir que el aviso sea dado a las fuerzas policiales, el proyecto muestra su propósito represivo con claridad aún mayor que la normativa de Pinochet, que establece que el aviso debe darse a autoridades políticas (el mismo criterio sostiene el poder judicial de la C.A.B.A., ante la referencia genérica a la "autoridad" en la norma local).

El proyecto da un plazo de dos horas para la negociación, amén de lo ridículo Y exiguo del plazo, ello impide a quienes protestan cualquier consulta racional con sus bases, asesores, amigables componedores, etc. Asimismo, el plazo contradice groseramente el declamado propósito de garantizar la libre expresión y vulnera el derecho de defensa. Obviamente, el no acuerdo en la “mediación” abre el camino para la represión y desalojo en forma directa prácticamente apenas comenzada la protesta.

Pese a las declamaciones contenidas en el Cap. III sobre el uso de la fuerza, la exigüidad del plazo y la posibilidad de desalojar o reprimir una protesta ilegitima o que se transforme en tal en caso de no arribar a un acuerdo, torna letra muerta tales propósitos. Y es muy grave que cuando habla de prohibición de portación de armas de fuego al personal de las fuerzas de seguridad, aclara que solo para aquellos que estén en contacto directo con los manifestantes. Para el resto, o sea los que se ubiquen solo un poco mas lejos lo permite. Con ello se da un permiso legal para amenazar con armas a la vista. O para usarlas en definitiva como ocurrió en el asesinato de Fuentealba, los Qom de Formosa, los compañeros del Parque Indoamericano y muchos más en estos años. Claro que desde ahora, será “legalmente” y con el apoyo político del oficialismo y la oposición de derecha que saluda estas iniciativas con alborozo.

El Kirchnerismo tuvo políticas de memoria y de reparación material y simbólica hacia las víctimas del terrorismo de Estado que valoramos y apoyamos en toda circunstancia . Esas políticas fortalecieron la lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia, y en cuanto convergieron con esas luchas posibilitaron los juicios, la creación de sitios de memoria y una resignificacíón de la historia reciente en una dirección de más cercanía con la verdad. Hemos sido parte de los juicios y asumimos nuestras responsabilidades en la construcción de sitios de Memoria, fundamentalmente desde el Instituto Espacio para la Memoria de la ciudad autónoma de Buenos Aires creado por ley en 2004.

En esta década se han dado pasos de gigante en los temas de Memoria, Verdad y Justicia, pero nunca se interrumpieron las prácticas represoras por parte del aparato armado del Estado que en la década kirchnerista se reformuló y creció exponencialmente como acaba de jactarse Capitanich al sumar más de 400 mil hombres bien armados, mejor estrenados y sujetos a un mando único que por ahora es Berni pero se procura que el Ejercito, y por eso la promoción de Milani a pesar de su pasado genocida, recupere la articulación y comando de semejante aparato de control social y represión.

Al contrario de la propuesta Kunkel, habría que hacer efectiva la prohibición de torturar y cesar la represión de las manifestaciones populares, haciendo responsable a la autoridad política que “manda” las fuerzas de seguridad de sus acciones, como así también sancionar leyes que depuren las fuerzas policiales, de seguridad y militares de todo personaje vinculado a la represión histórica, el gatillo fácil y las mafias de la droga que hoy acechan en el territorio. Es necesario asimismo tomar las medidas legales que sean necesarias para hacer cesar la criminalización de la protesta, que ha llevado a la arbitraria condena de los trabajadores petroleros de Las Heras y tantos otros militantes populares. Hacen falta leyes que garanticen la libre organización popular (por ejemplo, una nueva ley sindical que termine con las burocracias sindicales corruptas y mafiosas que toleran el trabajo en negro, el trabajo infantil y el trabajo esclavo, todas formas de violación de los derechos económicos sociales formalmente garantizados por la Constitución Nacional).

La historia nos ha enseñado que ninguna Ley es garantía suficiente para el respeto de los derechos humanos; solo el pueblo organizado hace visible, conquista el reconocimiento por parte del Estado y con las luchas sociales se logra el acceso universal a los mismos. Encorsetar la lucha popular es antagónico a tal proceso y por tanto, antagónico a la lucha por los derechos humanos.

Cada cual puede elegir de qué lado de la cuestión se coloca.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, como lo hace desde hace 76 años, seguirá firme junto a los que luchan por la libertad, la igualdad y la justicia para todos.

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Rechazamos el proyecto del Gobierno contra el derecho a manifestarnos

CEPRODH

Rechazamos de plano el proyecto de ley presentado por varios diputados del kirchnerismo oficialista por ser un atentado a las más elementales libertades democráticas y nos comprometemos a enfrentarlo con la más amplia unidad de acción.

El derecho a manifestarse va a pasar a ser una acción “ilegítima” según el proyecto de ley que presentaron los diputados Pedrini, Kunkel y Conti entre otros, que plantea una serie de requisitos inquisitorios y retrógrados, peores aun que los que quiso imponer Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Tan reaccionario es que tiene términos prácticamente calcados del Decreto Supremo 1086 (año 1983) de Pinochet, vigente en la actualidad; no por nada toda la oposición de derecha está aplaudiendo esta burda iniciativa, un “etapa superior” y complementaria en lo reaccionario y coercitivo a la Ley antiterrorista y al llamado “Proyecto X” de infiltración en organizaciones sociales y de trabajadores, ambas gestadas por este gobierno. El derecho a la lucha, a la protesta e incluso a la rebelión contra cualquier tipo de opresión es una condición necesaria para poder conquistar o defender otros derechos. Por lo tanto estamos frente a un ataque en regla a la mayoría del pueblo trabajador, no casualmente en el marco de un plan de ajuste.

De qué “ampliación de derechos” estará hablando el kirchnerismo cercenando este derecho elemental, presentando este proyecto justamente a menos de una semana del paro general del 10A donde el movimiento obrero se manifestó contra el ajuste y donde el sindicalismo combativo y antiburocrático se expresó en calles, rutas, autopistas. El carácter despótico de este intento de ir contra el derecho de manifestación, reunión y expresión es evidente cuando los autores de ese mamarracho pretenden que sea el gobierno, éste o el que venga, quién decida la legitimidad o no de las movilizaciones. La ley propuesta no es una ley sólo contra los piquetes, por más que así quieran disfrazarla, buscando el amparo de sectores hostiles a los cortes de ruta. Es una ataque directo contra toda manifestación y expresión de demandas insatisfechas de los trabajadores y sectores populares. Ese carácter "ilegítimo" tendrán todas las protestas que no sean comunicadas con 48 horas de anticipación a autoridad policial; las que impidan "el normal funcionamiento de los servicios públicos" -como lo hace toda manifestación-; las que no deje circular normalmente a "grupos vulnerables" como los "niños" -el 30% de la población-; o en las que la “mediación” con funcionarios del Ministerio de Seguridad se prolongue por más de dos horas. Entonces, se infiere que cualquier movilización que podamos imaginarnos, todas prácticamente, podría ser declarada "ilegítima" por el gobierno de turno. ¡Absurdo! ¡Frente a un caso de gatillo fácil, frente a un posible caso de trata, no podemos salir a la calle “obstaculizando el tránsito” sin pedirle permiso 48 horas antes a la misma policía! No sólo eso, se va a prohibir por “ilegítima” toda protesta que se quiera lleva a cabo frente a un hospital, una escuela o comisaría.

Tenemos que señalar también que el anteproyecto de Reforma del Código Penal impulsado por el gobierno mantiene el vigente y reaccionario artículo 194 que condena la interrupción de la vía pública, dejando al criterio del poder judicial su evaluación para configurarla o no como delito y ordenar su posterior desalojo. Mientras tal proyecto es congelado por el kirchnerismo debido a algunas críticas parciales de la oposición de derecha que quiere aún menos "garantismo", todo el arco patronal cierra filas alrededor de este nuevo proyecto de ley, donde la evaluación de "legitimidad" de una manifestación recae en mediadores civiles del Ministerio de Seguridad, es decir, funcionarios como Sergio Berni, que ya sin orden judicial ha detenido y trasladado a dependencias militares de Campo de Mayo a decenas de manifestantes, niños y ancianos que recamaban por condiciones de vida dignas, lo cual le valió al Secretario de Seguridad un procesamiento penal por su accionar ilegal. Con esta ley propuesta, el gobierno evita la posibilidad de que algún juez de turno no conceda la orden de desalojo de las manifestaciones, y por ello es festejado por Macri, Massa, De la Sota y otros.

Pero además, hay también una operatoria enorme para ocultar los motivos por los cuales los trabajadores y el pueblo pobre se ven obligados a cortar una ruta como la Panamericana, por ejemplo las condiciones terribles de trabajo que llevaron a la muerte de varios trabajadores en la alimenticia Kraft por culpa de la desidia patronal; las condiciones de vivienda indignas de los habitantes de la Villa 31 de Retiro que cortan la Autopista Illia; o la lucha por la absolución de los petroleros de Las Heras que adquirió visibilidad en los medios cuando se cortaron varios accesos a la Capital. Y es mentira, como reclama la derecha, que “no se hace nada” contra los cortes ni las manifestaciones: ya, sin esta ley del kirchnerismo, hay casi 6000 luchadores con procesos penales por manifestarse, hubo más de 20 asesinados, y presos por luchar, entre ellos tres petroleros en Santa Cruz con prisión preventiva por luchar por mejores condiciones laborales.

Está claro que para el gobierno, la oposición patronal y el empresariado, el ajuste que se está aplicando sobre el pueblo trabajador puede ser aplicado con represión y limitación de las libertades democráticas más básicas. También es claro que este proyecto, de ser votado, será parte de un andamiaje legal que está vaticinando más luchas no sólo en lo inmediato sino a futuro, y el gobierno quiere dejar esa tarea terminada. El kirchnerismo, Massa y Macri están unidos en este objetivo y no hay retórica que lo niegue.

Desde el CeProDH vamos a promover la más amplia unidad contra este proyecto, llamando a pronunciarse y manifestarnos en las calles e impedir que se vote. En lo inmediato, estamos convocando este 29 de abril a las 12.30 a participar a organismos y personalidades de los derechos humanos, gremiales, sociales y políticos de la audiencia pública donde se presentará el Proyecto de Ley Contra la Criminalización de la Protesta Social para que se cierren todas las causas penales iniciadas por participar en protestas, manifestaciones y/o cualquier otra forma de lucha, casi 6000 en todo el país, y será la primera manifestación pública de rechazo al proyecto de ley contra las manifestaciones populares. El proyecto contra la Criminalización ha sido propuesto por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo, CeProDH y otros organismos de derechos humanos que integramos el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. El proyecto es encabezado en el Congreso de la Nación por los diputados Virginia Linares (GEN), Nicolás
Del Caño (PTS-FIT), Victor De Gennaro (UP). Allí denunciaremos los casos de criminalización de la protesta, y estarán presentes los principales referentes de los sectores criminalizados, como los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua sin pruebas, en un juicio plagado de irregularidades y torturas.

CEPRODH - Centro de Profesionales por los Derechos Humanos

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Hallaron expedientes ligados a la dictadura arrumbados en un Juzgado de Rosario

ANÁLISIS - INFOALTERNATIVA

Alrededor de 30 expedientes judiciales iniciados entre 1976 y 1979 -habeas corpus, NN muerte dudosa, privación ilegítima de la libertad-, fueron atados y enviados en dos remesas desde el Juzgado de Instrucción de la 1ª Nominación al Archivo de los Tribunales Provinciales de Rosario, ubicado en la planta baja del edificio. Esos expedientes “paralizados” que no terminaron en sentencia, quedaron arrumbados en el juzgado que por aquellos años estuvo a cargo del juez Carlos Alberto Serrano Brignardello. Los magistrados que le siguieron en el juzgado no hicieron nada distinto con esas causas, ni los secretarios que pasaron por allí, que entre otras tareas tienen la de remitir lo que corresponde a esa especie de biblioteca de sucesos sociales que es el Archivo. Un interrogante surge, entonces, obligado: ¿La Corte Suprema de Justicia tomará las medidas conducentes para asegurar a la sociedad toda que no existe documentación similar en los otros juzgados?. Y que para el caso que la haya será preservada. Esta tarea hasta ahora no fue ordenada.

El traslado realizado en diciembre pasado fue parte de los movimientos internos realizados en el edificio para la adecuación de salas con vistas al comienzo del proceso oral. Más allá del envío habitual de expedientes que realizan los distintos juzgados, la Corte Suprema de Justicia ordenó sobre turnos en esa labor de clasificación y posterior destino en los espacios de dos subsuelos y un entrepiso que componen el Archivo con sede en Rosario y que dirige Carlos Corbo.

-”Venga a ver esto”, dijo una empleada del sector a Corbo cuando, entre sorprendida y alarmada, encontró, entre tantos viejos papeles, las carpetas que dan cuenta de hechos vinculados con delitos de lesa humanidad. “De inmediato guardé esos expedientes y le informé a la Corte”, dijo a Rosario/12 Carlos Corbo, quien está al frente del Archivo desde dos años y medio atrás, y recuerda que desde que llegó, se dio la tarea de identificar expedientes relacionados con el genocidio en la Argentina.

Con este nuevo hallazgo, también se dio aviso a la Unidad de Asistencia en Derechos Humanos de la Justicia Federal que está a cargo del fiscal Gonzalo Stara y a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.

Desde que Serrano Brignardello ocultó, arrumbó u olvidó esos expedientes, tampoco los vieron los jueces que lo sucedieron en el cargo, Alberto González Rímini, Carina Lurati y quien hoy está al frente de Instrucción 1ª Roxana Bernardelli.

“El trabajo de archivo es riguroso, se coteja expediente por expediente antes de que cada pieza pase al destino del archivo que consta de aproximadamente 1.400.000 unidades”, indicó Corbo, quien también explicó qué ocurre con las causas que están paralizadas, ya que al cabo de 15 años de esa situación son destruidas.

Entre esas causas encontradas en Instrucción 1ª está la que corresponde a la muerte de Guillermo Dawson, quien durante la dictadura figuraba como muerto en un enfrentamiento en octubre de 1976. Ahora el fiscal Gonzalo Stara analiza a qué causa incorporará la prueba encontrada.

Suele decirse en los pasillos de Tribunales que lo que un juez “cajonea, nadie más toca” y, con estos expedientes parece ser lo que ocurrió.

El director del Archivo ordenó que todas las causas queden guardadas a perpetuidad, mientras la Justicia Federal requirió el envío de algunas y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia llevó fotocopias certificadas por el propio Corbo. Se consultó al secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas acerca de la posibilidad de que puedan producirse hallazgos similares en los otros juzgados de Instrucción. Cabe recordar que durante el proceso militar existían sólo siete juzgados de Instrucción con dos secretarías cada uno y que luego, a partir de 1973, se desdoblaron en los 14 que existen actualmente. Bordas opinó que esos expedientes pueden haber sido retenidos para alguna investigación y que se siguió “una secuencia normal”.

El fiscal Stara evaluó que la prueba documental encontrada resulta de interés para las causas sobre el terror de estado. “Dado el tiempo transcurrido y la magnitud de los delitos cometidos mediante el aparato estatal, cualquier aporte, aún el mínimo, reviste la potencialidad de abrir nuevos caminos en la investigación de la identidad de los responsables, el destino final de las víctima e incluso la ubicación de niños o niñas cuya identidad permanece sustraída. Descuento que se agotarán los recursos -continuó-, a fin de asegurarnos que hasta el último documento se encuentre a disposición de la investigación de los crímenes más graves que el ordenamiento jurídico prevé”.

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Un nuevo sistema de Seguridad Social se discutió en audiencia pública

RED ECO

Con la presencia de representantes de organizaciones de jubilados y pensionados, abogados previsionalistas y laboralistas, el diputado de Unidad Popular Víctor De Gennaro presentó en la tarde del martes pasado el proyecto de ley de reformulación del sistema previsional en el marco de la audiencia pública en la que participaron, también, diputados de diferentes bloques e integrantes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la HCDN. Este miércoles 23 de abril se hará la tercer entrega de firmas para que el mismo se trate y apruebe en la respectivas comisiones del Congreso Nacional.

Luego de destacar el proceso de organización y lucha de los trabajadores jubilados hasta la fecha, que logró frenar la privatización total del sistema jubilatorio que pretendían imponer Menem-Cavallo y terminar con las AFJP, De Gennaro sostuvo que “el drama de los cinco millones de jubilados que cobran $ 2.776 no puede esperar. Tenemos la posibilidad de discutir seriamente con los nuevos diputados, en este tiempo de transición y cambio, un propuesta de reformulación del sistema previsional. No podemos llegar a septiembre (mes de aumento por movilidad) sin una respuesta a quienes han dado la vida construyendo un país y que hoy, a cambio, reciben el cachetazo de la política antipopular del gobierno”.

Y agregó: “Justamente hoy nos despertamos con el debate sobre la pelea contra el trabajo precarizado, clandestino, ilegal y, la verdad, ojala viniera un proyecto que terminara con eso, con el mejor pacto intergeneracional. Que los que trabajamos aportamos para los jubilados de hoy y de mañana. Lamentablemente, y pese a haber terminado con las AFJP, la caja de los jubilados se sigue manejando de la misma manera, porque en vez de usar la plata para los jubilados se termina usando para resolver el déficit presupuestario y desde la más pura concepción neoliberal , se sigue manteniendo la reducción de las contribuciones patronales. Lo que nosotros planteamos el debate sobre la democratización del manejo de esos fondos y que los trabajadores todos aportemos en ese pacto intergeneracional”.

Graciela Iturraspe -autora del proyecto- y Claudio Lozano (UP), Ricardo Cuccovillo y Juan Carlos Zabalza (PS), Mirta Tundis (Frente Renovador), Fabián Peralta (GEN), Yosue Gagliardi, secretario de la Comisión de Previsión (FPV Río Negro), Gustavo Martínez Campo (FPV Chaco) y Pablo López (FIT) fueron algunos de los diputados presentes. Enviaron su adhesión el senador Rubén Giustiniani y la diputada Virginia Linares del PS.

También estuvieron Elia Espen, Eugenio Semino, Elías Moure y Marcos Worman, Horacio González y Lidia Meza. También formaron parte de la audiencia la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la CTA, Centros de Jubilados de ATE, el Parlamento de la Tercera Edad, Foro en Defensa de la Seguridad Social, Fetrajub, Jubilados del Transporte, Jubilados Bancarios, Organizaciones Sociales, de Previsión y Sindicatos, entre otros.

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Previsión social. Semino: “Cuando un trabajador se jubila no deja de ser un ciudadano”

ACTA

El Defensor del Pueblo para la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, brindó una charla el lunes en Rosario para referirse a la situación en que se encuentran los adultos mayores del país.

La actividad se desarrolló en el marco de la marcha 1150 de la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados y de la audiencia pública que se realizó el martes en el Congreso de la Nación, organizada por el diputado Víctor De Gennaro, para debatir una nueva ley de seguridad social.

El próximo 23 de abril la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados realizará su marcha 1150. Es un hecho que da cuenta del olvido o, al menos, el relegamiento que sufren los trabajadores pasivos del país. Ante eso, en la tarde del martes, en el Congreso de la Nación, se llevó adelante una audiencia organizada por el diputado de la Unidad Popular Víctor De Gennaro, para debatir un proyecto de ley sobre el haber jubilatorio y el diagnóstico del sistema de seguridad social que abarca a más de ocho millones de argentinos jubilados y pensionados.

En ese marco se realizó una charla el lunes en el local de ATE Rosario que contó con la disertación del Defensor del Pueblo para la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, sobre la situación de los adultos mayores en el país.

Respecto del nuevo proyecto de ley para el sector, Semino evaluó que es “amplio, criterioso y le da sustentabilidad hacia el futuro”. También destacó que “hay que complementarlo con la discusión sobre el financiamiento del sistema, que implica debatir una nueva estructura fiscal en la argentina. Sino los proyectos, aún muy buenos, en la práctica quedan desvirtuados porque no está el recurso necesario para darles cobertura”.

Por otro lado, el especialista aseguró que “la del 23 de abril será una marcha histórica”. Además, señaló que “los trabajadores activos tienen que comprender y ser parte de esta problemática, como ATE, que es un gremio que históricamente ha sido muy sensible y hoy lo sigue siendo para dar ayuda a quienes poco pueden alzar su voz porque se los va desgastando en una injusticia que se viene prorrogando a través de los años”.

En cuanto a la situación actual de los adultos mayores, el Defensor afirmó que están en un “grado de postración que se viene profundizando mes a mes porque ven su haber disminuido vía la inflación”. Para explicar esto se refirió al incremento de precios de alimentos del mes de noviembre y al de los medicamentos de diciembre y enero que rondaron un alza de entre 30 y 40%. Esto teniendo en cuenta que el haber mínimo que percibe el 75% de los jubilados es de $2760, que no cubre la canasta básica calculada a fines de 2013 en $4885, y que no alcanza siquiera al salario mínimo de referencia, que es de $3600.

“Todas las fuerzas de la sociedad se deberían movilizar por este reclamo, ya que la próxima aplicación de la ley de movilidad se va a dar recién en el mes de septiembre y no es posible que los jubilados lleguen a ese momento con esta situación que están padeciendo”, indicó.

Para Semino, una de las patas para revertir esta realidad es el 82% móvil. “Con eso, lo que queremos decir es que el haber del jubilado tiene que ser sustituto del sueldo del trabajador activo. Cuando un trabajador se jubila no deja de ser un ciudadano. Tienen que mantener luego de la jubilación los mismos derechos, el mismo estándar de vida, la misma posibilidad de preservar su patrimonio, cosas que hoy en la Argentina están totalmente negadas”.

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Séptima semana consecutiva: El Chaco atravesado por los paros de estatales, docentes y el sector salud

CHACO DÍA POR DÍA

El reclamo de los gremios es por falta de diálogo y la decisión unilateral del Gobierno de fijar aumentos salariales que no fueron aceptados. UPCP convoca a un paro general en la Administración Pública por 72 horas, a partir del miércoles 23 de abril, al igual que APTASCH en el área salud y los docentes de ATECh y Federación SITECh paran miércoles y jueves.

El gobierno que conduce Juan Carlos Bacileff Ivanoff, que cumplió cinco meses al frente del Poder Ejecutivo, soporta desde este lunes la séptima semana consecutiva de paros en la administración pública, entes descentralizados y autárquicos y en el área salud por 72 horas desde este miércoles. Este mismo día pero por 48 horas, los gremios docentes combativos de ATECh y Federación SITECh inician medidas de acción directa que completarán 13 días sin clases en lo que va del año.

El miércoles se realizará una movilización de la multisectorial que desde distintos puntos de Resistencia confluirán en la Casa de Gobierno y que seguramente será acompañada por Movimientos Sociales y agrupaciones políticas.

Cabe señalar, que a pesar del largo tiempo transcurrido con medidas de acción directa que mantienen paralizada la administración pública, sin servicio de salud en hospitales y centros de salud de toda la provincia y sin clases en el caso de los docentes, el gobernador Bacileff Ivanoff minimizó los paros en una entrevista, afirmando que todos estos sectores están trabajando normalmente. Si no se admite el reclamo y sus consecuencias, es poco probable que el conflicto que es muy grave, encuentre vías de solución.

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Libertad y Democracia Sindical. Triunfo de la UCRA: Una sentencia judicial extiende la Inscripción Gremial a Resistencia, Chaco

ACTA

Una sentencia en la que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le ordenó al Ministerio de Trabajo extender la inscripción gremial de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA-CTA) a la Ciudad del Resistencia, Chaco.

La UCRA, sindicato que agrupa a los conductores de transporte de larga, media y corta distancia en todo el país, fue informada de la sentencia emitida el día 4 de abril de 2014 terminando con el obstáculo que, injustificadamente, le interponía el Ministerio de Trabajo de la Nación para desarrollar el sindicato en la ciudad de Resistencia ya que esta dilación constituía un elemento de disuasión utilizado por los empleadores y las autoridades locales para evitar nuevas afiliaciones de trabajadores.

La Unión de Conductores de la República Argentina es una entidad gremial de primer grado que estatutariamente define su zona de actuación a todo el territorio de la República Argentina.

Obtuvo su inscripción gremial en el año 2003 “para agrupar a todos los trabajadores en relación de dependencia que se desempeñan como conductores de vehículos automotores de transporte de pasajeros; con zona de actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Partido de Vicente López de la Provincia de Buenos Aires.”

La afiliación de trabajadores en las distintas ciudades del país, ha producido su crecimiento sostenido y le permitió solicitar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación la ampliación territorial de su inscripción gremial a las ciudades en las que acredita afiliados.

El 14 de mayo de 2009 la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) solicitó al Ministerio de Trabajo la ampliación de su ámbito de actuación territorial con carácter de Inscripción Gremial a la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, acreditando afiliados en dicha ciudad. Acreditados los afiliados, el Ministerio de Trabajo debía otorgar la ampliación de la zona de actuación del sindicato en un plazo de 90 días.

Sin existir justificación alguna, el Ministerio de Trabajo de la Nación omitió resolver la ampliación de zona de actuación territorial peticionada a la Ciudad de Resistencia, configurado una verdadera injerencia, que por omisión en el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley, ha limitado y entorpecido la libertad sindical constitutiva de los trabajadores del transporte en dicha jurisdicción.

El tiempo transcurrido desde la presentación constituyó un verdadero obstáculo para el desarrollo del sindicato, y fue utilizado por los empleadores y por las propias autoridades locales, como elemento de disuasión entre los trabajadores para evitar nuevas afiliaciones, con el supuesto argumento de carecer de la legalidad necesaria para actuar.

El “injustificado” retardo originó la interposición de una demanda judicial contra el Ministerio de Trabajo de la Nación y el 4 de abril de 2014 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con votos de los doctores Fernández Madrid y Graciela Craig, emitió sentencia en la que resolvió:

“Ordenar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a que reconozca al Sindicato Unión de Conductores de la República Argentina la simple inscripción gremial en el ámbito de la Ciudad Territorial de Resistencia de la Provincia de Chaco.”

Los cuatro años transcurridos desde que el sindicato UCRA acreditó afiliados en la Ciudad de Resistencia de la provincia de Chacho sin obtener resolución de la cartera laboral son parte de una “política” del Ministerio de Trabajo de dilatar los trámites de las entidades que solicitan la simple inscripción gremial, en la media que las mismas sean autónomas y no respondan a los lineamientos poder ejecutivo.

La judicialización de los expedientes, aún teniendo la certeza de que se obtendrá una sentencia favorable que ordene el reconocimiento que el Ministerio de Trabajo omite intencionalmente, no resuelve las consecuencias que las entidades sindicales padecen en la dilación de los trámites, considerando que el proceso judicial demora no menos de un año.

Los trabajadores que han ejercido el derecho a constituirse como UCRA en la provincia de Chaco, pese al actuar omisivo del Ministerio de Trabajo en su deliberada forma de cercenar la libertad sindical en el plano individual y colectivo, no han abandonado su tarea de construcción sindical en todos estos años y tienen hoy una herramienta más para continuar trabajando en la acción gremial.

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Escrache en la empresa Ledesma en Buenos Aires: La CTA repudió el procesamiento del dirigente Rafael Vargas

Melissa Zenobi (ACTA)

Ante un desmedido despliegue policial, la Central realizó un escrache a la sede de la empresa Ledesma en Capital Federal. La CTA acompañó la lucha de los trabajadores del Ingenio en repudio al procesamiento del Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL-CTA), Rafael Vargas. “Por más que repriman o procesen compañeros, no van a parar la lucha de los trabajadores”, resaltó Fernando “Nando” Acosta, secretario de Interior de la CTA Nacional y secretario general de ATE Jujuy.

La movilización contó con militantes de CTA nacional, CTA Capital, CTA Buenos Aires, UETTEL, UCRA, Federación de Obreros Portuarios y el MTL. En tanto, de la Mesa Nacional estuvieron presentes Fernando Acosta, secretario de Interior y titular de ATE Jujuy, Daniel Jorajuría, secretario Gremial y Darío Perillo, secretario de Organización.

“Nos movilizamos a la sede de la empresa Ledesma, que explota en Jujuy el azúcar, el papel y los cítricos. Una empresa que tiene como dueño a un hombre que está procesado por la noche del apagón, hoy mantiene en Jujuy la misma impunidad en complicidad con el poder político, económico y judicial”, comenzó su declaración Daniel Jorajuría.

Además, el dirigente del Nuevo Sindicato Gastronómico contó que desde el Sindicato que conduce Vargas, el año pasado se consiguieron en paritarias, el pase escalonado a planta permanente de 150 trabajadores: “Pero ahora la empresa quiere arrebatar esos derechos por el ingreso de nuevas tecnologías”.

Esto es parte de la pelea que está llevando adelante la CTA contra la tercerización y la precarización laboral. Sin embargo, la cuestión se agravó porque ayer un fiscal dictó el procesamiento del dirigente gremial, Rafael Vargas. “Le meten un delito penal por las acciones sindicales que se llevaron a cabo el año pasado. No sé qué fiscal confunde derechos sindicales con conflictos penales. Vaya nuestra solidaridad a los compañeros de Jujuy y un abrazo fuerte a toda su lucha”, sentenció Jorajuría.

Por su parte, Fernando “Nando” Acosta agradeció el gesto solidario: “de la clase trabajadora que ante las oficinas de la empresa Ledesma en Capital, están expresando el reflejo de una jornada de lucha muy importante que hacen los compañeros en la sede de la empresa en Jujuy”.

Acosta recordó el procesamiento de Blaquier, el dueño de la empresa Ledesma por los crímenes durante la noche del apagón: “Hace 38 años que esta empresa, en complicidad con el gobierno militar y la policía, secuestraba y desaparecía a trabajadores. Tuvieron que pasar 38 años para que este hombre sea procesado. Sin embargo hoy se procesa a un compañero luchador porque los trabajadores están organizándose sindicalmente para pelear por sus derechos, por cortar la ruta y los accesos a la empresa con el acompañamiento de la comunidad de El Talar”.

“Ellos tienen en claro que hay dirigentes que se hacen cargo de los derechos de los trabajadores. Y hoy han despedido a 180 trabajadores tercerizados”, añadió Acosta y explicó: “Porque si bien aparecen como trabajadores de una agencia de empleo, realizan tareas fundamentales en la producción del azúcar de Ledesma, y hacen ganar mucho dinero a Blaquier. Los trabajadores que le hacen ganar a Ledesma, tienen que ser reconocidos por Ledesma y no pueden cambiarlos por una maquina”.

El secretario de Interior de la Central dejó en claro que el conflicto se va a profundizar: “Es muy importante que en las oficinas de esta empresa de Blaquier, se tenga bien en claro que no se va a aflojar en el conflicto. No van a hacerlo desaparecer acallando a los compañeros ni apretando a la gente del ingenio. Y sea donde sea que esté refugiado Blaquier, le vamos a llevar el conflicto” .

“No van a parar la lucha de los trabajadores por más que repriman o procesen compañeros. Esta es una pelea de todo el pueblo, y va a convertirse en una pelea provincial. Toda la clase trabajadora va a seguir en pie de lucha con los compañeros azucareros. Vamos a parar la provincia, vamos a cortar todas las rutas, no vamos a dejar pasar ningún camión.

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Demandan en Chile la creación de la Defensoría del Pueblo

PL

La creación de una Defensoría del Pueblo en Chile gana hoy adeptos entre especialistas y abogados, quienes consideran importante esa institución para impulsar una mayor participación de la ciudadanía.

La presidenta Michelle Bachelet abogó por abrir espacios a los chilenos para que dejen de ser un sujeto espectador y pasen a ser uno deliberante, comentó a Radio Universidad de Chile el titular de la Comisión Defensora Ciudadana de la Secretaría General de la Presidencia, Rodrigo Mora.

Estamos en una fase preliminar de conversación, luego debemos comenzar un análisis jurídico, explicó Mora.

Por su parte, Ana María Moure, profesora de la facultad de derecho de la Universidad de Chile, lamentó que en el pasado los senadores no otorgaran la relevancia debida a esa propuesta, "que lleva tanto tiempo pendiente desde el retorno a la democracia".

Al respecto, Radio Universidad de Chile recordó que la Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), recomendó la iniciativa pero fue engavetada en el Senado, tras su aprobación en la Cámara baja.

Hemos tardado muchos años, coincidió Juan Domingo Milos, presidente del capítulo chileno del Ombudsman.

La Defensoría no solo vigilaría "las actuaciones del Poder Ejecutivo, la administración pública o servicios estatales sino también a los servicios que prestan privados", subrayó.

El abogado destacó que existe la figura del Ombudsman en la mayoría de los países. ¿Están todos equivocados?, preguntó Milos.

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Ningún tribunal puede obligar a un Estado a ceder territorio, dice canciller chileno

XINHUA

El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, afirmó que ningún tribunal internacional puede obligar a un Estado a ceder "graciosamente" parte de su territorio, en referencia al reclamo presentado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

"Chile jamás le ha otorgado a Bolivia un derecho como el que hoy día pretende (...) confunde su reclamo marítimo con derechos que obligarían eventualmente a Chile a darle una salida soberana al océano Pacífico, indicó el canciller en entrevista publicada por el diario local "La Tercera".

La semana pasada Bolivia presentó ante la CIJ de La Haya su demanda para obligar a Chile a negociar de buena fe una salida soberana al mar, la cual perdió en la llamada Guerra del Pacífico del siglo XIX, donde los chilenos vencieron también a Perú y ocupó parte de sus territorios y dejó a los bolivianos sin costas.

Según Muñoz, Bolivia empleará una estrategia mediática y política para afirmar una demanda que no tiene sustento jurídico, por lo tanto la defensa chilena abarcará todos los ámbitos.

El canciller chileno admitió que el gobierno boliviano presentó un escrito serio, aún cuando se trata de una "demanda artificiosa, que carece de fundamento jurídico y que revierte un proceso de diálogo constructivo y de generación de confianzas mutuas que Chile ha privilegiado".

Señaló que el hecho de que la demanda haya sido entregada personalmente por el presidente boliviano Evo Morales, en vez del agente boliviano, fue para "dar dramatismo a una entrega puramente administrativa" y que Chile seguirá con su tradicional sobriedad en temas internacionales.

Lo que pide Bolivia no es un diferendo limítrofe, sino una demanda basada en supuestos "derechos expectaticios", a la cual "agrega componentes políticos y mediáticos para darle fuerza a un caso que no tiene sustento jurídico", indicó. Muñoz señaló que la CIJ deberá decidir con argumentaciones jurídicas, pero los jueces "se enfrentan a las argumentaciones de las partes y, en este caso, la de Bolivia es claramente política".

"Debemos contar con la necesaria unidad nacional, preparación rigurosa y cabeza fría para enfrentar el caso en cuestión", enfatizó muñoz sin dar detalles de la estrategia que Chile seguirá en este caso.

"De ser cierta la tesis boliviana, ningún país podría entrar en tratativas con otro por el temor a que las fórmulas que se barajen, si fracasan, se conviertan posteriormente en obligaciones para dicho Estado," añadió.

En las relaciones entre Chile y Bolivia lo que vale son los tratados y el de 1904 fijó las fronteras entre ambos países y las condiciones de acceso de Bolivia al mar, "eso es lo que cabe respetar, pues los tratados de límites corresponde cumplirlos", puntualizó el canciller.

Chile se ha preparado desde hace tiempo para resguardar sus derechos esenciales, sin embargo no se puede menospreciar esta demanda, ya que Bolivia contrató abogados externos de primer nivel y ha hecho el mejor esfuerzo para apoyar su caso, aclaró.

Muñoz afirmó que Chile desea las mejores relaciones posibles con el gobierno y el pueblo de Bolivia, razón por la cual el gobierno de Santiago está dispuesto a reponer la agenda de 13 puntos acordada con Bolivia durante la primera administración de la presidenta chilena Michel Bachelet, pero sin el punto 6 que trata el tema del mar.

Se trata de la agenda que propuso la mandataria en su primer gobierno (2006-2010), donde no se avanzó en la demanda marítima, y que, durante la administración posterior de Sebastián Piñera fue desechada, tras lo cual se deterioró la relación bilateral.

Ante las opiniones favorables de algunos políticos chilenos de izquierda de conceder a Bolivia una salida al mar, como la que propuso en 1975 el jefe del régimen miliar Augusto Pinochet, Muñoz dijo respetarla.

"Respeto esa y otras opiniones. Pero frente a una demanda concreta presentada en contra de Chile no corresponde otra cosa que hacer respetar los tratados que nos unen con Bolivia. Como sostuvo la presidenta, esto es algo muy claro y esencial para nosotros".

Explicó que Chile no se va a dejar presionar en esta sensible materia.

"Lamentablemente, el camino que ha escogido Bolivia es uno potencialmente largo, oneroso e improductivo", agregó.

Desde finales del siglo pasado y hasta el 2010, Chile realizó conversaciones con Bolivia para darle una salida al mar a Bolivia.

En 1975 Chile negoció la entrega a Bolivia de un corredor en el norte de Arica, a cambio de una compensación.

Dicho proceso fracasó porque Bolivia no aceptó dar a cambio algún territorio y también por el rechazo del gobierno de Perú, en virtud del tratado de chileno-peruano de 1929, que establece que Chile no puede entregar algún territorio que haya sido peruano sin su permiso.

Sobre una eventual inquietud de otras naciones por los efectos que puede tener un eventual fallo de La Haya en favor de Bolivia, al alentar controversias en otros países, Muñoz dijo que en este caso"se cierne una sombra de incerteza jurídica sobre la intangibilidad de los tratados de límites".

Mencionó que, en virtud del principio de la estabilidad de las fronteras, los tratados de límites tienen una protección reforzada bajo el derecho internacional.

Las fronteras en muchos países de la región, así como en diversos lugares del mundo, "generalmente se han fijado como consecuencia de momentos difíciles e incluso dolorosos", concluyó el canciller chileno.

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