lunes, 28 de abril de 2014

Noticias censuradas sobre Siria (Parte V - Final): Occidente ignora masacre de cristianos en Siria

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Estados Unidos está ayudando a los grupos yihadistas a destruir de manera salvaje el estado laico de Siria, tal como lo hizo antes en Irak. Anticipando lo que harían si conquistaran el poder en Siria, los terroristas de diferentes grupos como Al-Quaeda, Al-Nusra, Estado Islámico de Irak y Levante (ISIS, por sus siglas en inglés) y muchos otros, emprenden crueles matanzas de civiles, incluidos niños y mujeres, con redoblada saña y crueldad en comunidades cristianas. El yihadismo fue prácticamente inventado y financiado por Estados Unidos hace muchos años, cuando utilizó a su agente Osama Ben Laden, el “aliado” que desapareció tan misteriosamente como emergió, para armar a los muyahidines y ponerlos a luchar contra los soviéticos que invadieron Afganistán en 1979-1989.

Según los reportajes seleccionados por Proyecto Censurado de California para elegir “las 25 noticias más censuradas 2014-2105”, decenas de miles de ciudadanos cristianos huyen de Siria, acosados por los grupos yihadistas "rebeldes" que reciben armas y financiamiento del gobierno de Estados Unidos y de la monarquía de Arabia Saudita.

Los yihadistas invaden áreas otrora pacíficas para llevar a cabo matanzas masivas de quienes no desean convertirse a su versión del Islam. Raymond Ibrahim describió en su blog (http://www.raymondibrahim.com/islam/largest-massacre-of-christians-in-syria-ignored/), el 21 de noviembre 2013, una entre muchas matanzas de cristianos en Sadad, Siria, ejecutada en octubre por un ejército mercenario que a su paso dejó "fosas comunes, mujeres y niños torturados hasta morir e iglesias cristianas destruidas".

Sadad es una antigua localidad habitada por cristianos ortodoxos sirios, aldea tan vetusta que aparece referida en el Antiguo Testamento. La mayoría de los residentes de la zona son descritos como muy pobres, que viven en difíciles condiciones y bastante aislados en las regiones desérticas entre Homs y Damasco. En octubre de 2013, los grupos rebeldes apoyados por Estados Unidos invadieron y ocuparon Sadad durante más de una semana, hasta que fueron expulsados por el ejército sirio. Además de otras atrocidades, asesinaron a 45 cristianos, entre ellos mujeres y niños. Muchos fueron torturados hasta morir. Los cuerpos de una familia de seis miembros, de 16 a 90 años fueron encontrados en el fondo de un pozo.

Las fuerzas mercenarias también saquearon y destruyeron 14 iglesias de Sadad, entre ellas varias consideradas monumentos antiguos. Los terroristas yihadistas difundieron videos, con subtítulos en inglés, de la masacre y detalles específicos de algunas atrocidades. Además de armas, llevaron también cámaras de video. Las imágenes muestran a estos individuos celebrando con el grito de victoria islámico "Allahu Akbar".

El líder religioso Selwanos Boutros Alnemeh, Arzobispo Ortodoxo Siríaco Metropolitano de Homs y Hama, hizo un sucinto relato de los hechos, citado por Ibrahim:

“Lo ocurrido en Sadad es la masacre más grave y más grande de cristianos en Siria en los últimos dos años y medio... 45 civiles inocentes fueron martirizados sin ninguna razón, y entre ellos varias mujeres y niños, muchos arrojados a fosas comunes. Otros civiles fueron amenazados y aterrorizados, 30 fueron heridos y 10 siguen desaparecidos.

"Durante una semana, 1.500 familias fueron retenidas como rehenes y escudos humanos, entre ellos niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres... Todas las casas de Sadad fueron robadas y saqueados bienes. Las iglesias fueron dañadas y profanadas, despojadas de libros antiguos y muebles preciosos... Lo que pasó en Sadad es la mayor masacre de cristianos en Siria y la segunda en el Oriente Medio, después de la Iglesia de Nuestra Señora de la Salvación en Irak, en 2010”.

Masacres de civiles como la de Sadad han ocurrido muchas en diferentes puntos del territorio sirio controlado por rebeldes yihadistas, entre ellos bastantes extranjeros. En diciembre 2013 se conoció la matanza de 90 civiles en Adra, a 20 km de Damasco. Los grandes medios guardan silencio ante estos horribles episodios, mientras sólo difunden propaganda y contra-propaganda (des)informativa estadounidense. Un reportaje ecuánime, pero en lengua árabe, apareció con testimonios y entrevistas periodísticas en el canal sirio Sama- TV (http://www.youtube.com/watch?v=1MplzoF4_K4). Rusia Today (RT), emisora de televisión que transmite en español, inglés, árabe y ruso, quizás el único medio transnacional que se ha referido a estos temas (http://actualidad.rt.com/search?q=masacre+civiles+siria&source=all&page=2).

Fuentes:
-Zvi Bar’el, “Once Protected, Christians Have Become Fair Game in Iraq and Syria”, Haaretz.com, December 18, 2013, http://www.haaretz.com/news/middle-east/.premium-1.563966
-Raymond Ibrahim, “Largest Massacre of Christians in Syria Ignored,” Raymond Ibrahim, November 21, 2013, http://www.raymondibrahim.com/islam/largest-massacre-of-christians-in-syria-ignored/
-Whole Families Murdered’: Syrian Rebels Execute Over 80 Civilians Outside Damascus, RT.com, December 15, 2013, http://rt.com/news/syria-adra-civilian-execution-289/
- West Ignores Extensive Massacre of Christians in Syria
http://www.projectcensored.org/west-ignores-extensive-massacre-christians-syria/
-Student Researcher: Amanda Molitor (Florida Atlantic University)
Faculty Evaluator: James F. Tracy (Florida Atlantic University)

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional de Proyecto Censurado.

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Argentina: La pobreza en discusión

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

La polémica de estas horas remite a la magnitud de la pobreza e indigencia en la Argentina actual, y el debate transita entre la negada información oficial y mediciones alternativas.

Más allá de la cuestión cuantitativa, la discusión es relativa al modelo de desarrollo en crisis en 2001, con la máxima medición de pobreza e indigencia en nuestra historia, y las políticas asumidas posteriormente.

Datos y argumentos oficiales

En rigor, el INDEC discontinuó la publicación relativa a pobreza e indigencia y como consecuencia de la sorpresa para propios y extraños, el debate generado incluyó una explicación técnica en su sitio en internet el 24 de abril señalando que: “...se discontinuó la publicación de la serie histórica de la medición de incidencia de pobreza e indigencia por ingresos monetarios que el instituto estadístico venía realizando desde 1993 por contar con severas carencias metodológicas, sumadas al hecho de la discontinuación del IPC-GBA y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC-NU.”(1)

Es raro que se aluda a las “carencias metodológicas” que hasta ahora explicaron la “drástica” disminución de los indicadores, según argumenta el Jefe de Gabinete. Las cifras de pobreza e indigencia bajaron desde el máximo a comienzos del 2002, pero no a los niveles irrisorios que enuncia el INDEC.

Según el INDEC(2), para el primer semestre del 2013 existían un 4,7% de personas bajo la línea de pobreza, 2 millones de personas; y la indigencia en 1,4% de la población, un poco menos de 600.000 personas. Para el IPyPP(3) los datos son del 36,5% de personas bajo la pobreza, unos 15.400.000 personas, y la indigencia involucra a 5.000.000 de personas, expresando el 12,1% de la población.

Por lo tanto, la pobreza e indigencia es menor a la del 2001/2002 en las dos mediciones. Los registros del IPyPP están sustentados en actualizaciones de una base con datos del INDEC al 2006. Desde entonces el INDEC ha sido poco creíble en su información y las nuevas mediciones depararan nuevos debates sobre los indicadores de pobreza e indigencia.

En cualquier caso, la reducción respecto del grosero dato del 2002 con 56% de la población bajo la pobreza se explica por una política social masiva, para la sobrevivencia, que no saca a la población beneficiaria de la situación de empobrecimiento. Aludimos a los planes sociales, especialmente a la Asignación Universal por Hijo, de $460 mensuales con cerca de 4 millones de beneficiarios; y a 2 millones de nuevas jubilaciones mínimas otorgadas en estos años, con un ingreso mensual de $2.752.

Menos creíble aun es el argumento del “empalme” ya que la información escamoteada remite a datos del segundo semestre del 2013, antes de modificar a comienzos del 2014 el índice de Precios al Consumidor según la nueva metodología. No hay necesidad de empalme, y se necesitaba el dato de fines del 2013, así como oportunamente se informó el IPC de diciembre que tampoco empalma la inflación con el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano.

Es muy importante que el INDEC difunda las cifras, ahora enunciadas desde la nueva metodología, y así como la inflación de enero se multiplicó por cuatro respecto de la de diciembre en la medición de precios; el indicador de pobreza e indigencia podría presentar una similitud, además agravada por el impacto de la devaluación y su incidencia en la inflación sobre los sectores más empobrecidos.

Pobreza y producción

Decíamos que el tema supera lo cuantitativo y se asocia a cuestiones estructurales del orden económico en la Argentina, al modelo productivo y de desarrollo.

En ese sentido y a modo de ejemplo vale mencionar la aprobación parlamentaria de la compensación por 5.000 millones de dólares a REPSOL.

¿Por qué el vínculo entre los datos de pobreza e YPF? Porque la petrolera privada de gestión estatal sigue siendo la empresa más importante y de mayor facturación en la Argentina, y constituye el eje proveedor de insumos estratégicos para el desarrollo productivo del conjunto de la economía local.

YPF participa activamente en la generación de valor, o si se quiere, de riqueza. Uno de los interrogantes, por lo tanto, remite a la distribución de la riqueza en el país, y queda claro que lo aprobado por el Parlamento supone el destino de cuantiosos recursos públicos, generados por el esfuerzo del trabajo social en el país al capital externo. Esos inversores externos, REPSOL, son un conglomerado transnacionales que deterioraron las reservas de gas y petróleo, depredaron la naturaleza y fugaron ganancias para sus estratégicos planes de inversión en otras latitudes.

Vale remarcar que en Diputados la medida avanzó con 135 votos afirmativos del partido de gobierno y aliados (Nuevo Encuentro y otros provinciales); con la abstención de 42 legisladores, básicamente del masismo y el macrismo, que no se oponen a lo esencial de indemnizar a REPSOL(4), con lo cual existe una amplia mayoría favorable a favorecer recursos públicos a cumplir con acreedores e inversores externos. La votación negativa sumó 59 diputados, que incluye opositores que acuerdan la normalización con la petrolera transnacional (caso de la mayoría de UNEN) y sectores de izquierda y centro izquierda con larga prédica contra la política petrolera desde los 90´ (Proyecto Sur, UP, FIT).

Los argumentos del gobierno y la oposición sistémica favorecen una reinserción subordinada de la economía local en el sistema capitalista mundial, por ello la autorización reciente al Santander para girar 32 millones de dólares como remesas de utilidades al exterior, y toda la búsqueda por conseguir capitales externos para introducir en la Argentina.

Los pagos se realizarán con bonos de la deuda pública, con rentabilidad en dólares, a una tasa mayor de la que obtienen otros países vecinos, entre el 7 y el 8,75%. Para el 2015 empezarán a amortizarse los bonos de deudas y los compromisos se extienden hasta el 2033, configurando toda una hipoteca que se suma al cáncer interminable del endeudamiento externo.

Se entregarán a REPSOL tres títulos: a) el Bonar X por 500 millones de dólares, con tasa del 7%, y con vencimiento en 2017; b) el Discount 33 por 1.250 millones de dólares, con tasa al 8,28%, con vencimiento en 2033; c) el Bonar 2024 por 3.250 millones de dólares, con tasa al 8,75%, que vence en 2024. Un tema de interés es que los 5.000 millones de dólares deben ser efectivamente realizados por Repsol; y si esto no ocurre, porque el valor de mercado obtenido fuera menor a 4.670 millones de dólares, el Estado se compromete a entregar bonos adicionales hasta 1.000 millones de dólares.

Es evidente un gran negocio para REPSOL, que afirma la pérdida de soberanía de la Argentina y la consolidación del carácter dependiente de nuestro orden económico y social. Por ello es que se necesita asociar la pobreza a la riqueza, ya que esta existe como consecuencia de aquella y habilita a un debate sobre un “modelo productivo y de desarrollo no dependiente”, donde la riqueza social generada sea distribuida para resolver las insatisfechas necesidades de la población empobrecida de la Argentina.

Notas:
1) http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/gacetilla_24_04_14.pdf (consultada 25/04/2014)
2) http://www.indec.mecon.ar/ (consultada 25/04/2014)
3) http://www.ipypp.org.ar/index.php/50-articulos/357-36-5-de-pobres-y-12-1-de-indigentes-los-numeros-que-el-gobierno-pretende-ocultar (consultada 25/04/2014)
4) “Entre el pragmatismo y el cálculo, un voto opositor incómodo” Por Laura Serra, LA NACION. "Yo lo hubiese votado a favor", se sinceró, sin ambigüedades, un encumbrado diputado del Frente Renovador. …el diputado de Pro Federico Sturzenegger, miembro informante de la bancada, lo reconoció en el recinto, cuando dijo que el problema de YPF "es un capítulo que debe ser cerrado, porque los costos de dejar este proceso en su situación actual son mayores que los que acarrearía no hacerlo". Gilberto Alegre, la voz del massismo en este tema en el recinto, coincidió. "Arreglar con Repsol es necesario y conveniente. El que expropia debe pagar. La Argentina debe volver al mundo y arreglar la situación con los acreedores externos". http://www.lanacion.com.ar/1684634-entre-el-pragmatismo-y-el-calculo-un-voto-opositor-incomodo (Consultado el 25/04/2014)

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Proyecto reciclado

Fabiana Arencibia (ACTA)

La presidenta Cristina Kirchner presentó el lunes pasado el proyecto de “Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del fraude laboral”. Es un (no tan) nuevo esquema de rebaja de las contribuciones patronales con el (tampoco tan nuevo) objetivo de que los empresarios registren a sus trabajadores.

La iniciativa ingresó esta semana en el Senado para su debate en las comisiones de Trabajo y Previsión. El próximo martes el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, explicará sus alcances en un plenario de ambas comisiones que deberían darle despacho para pasar, en primera instancia, al recinto de esa Cámara.

Antecedentes

Desde lo conceptual, este proyecto no aporta nada nuevo. La política de un Estado que subsidia al empresariado tiene su antecedente en la rebaja de las contribuciones patronales del Decreto 2609/93 firmado por Menem-Cavallo. Aquel beneficio estaba vinculado a diversas actividades que fueron ampliándose, con porcentajes que se fueron modificando según las zonas geográficas. El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, firmado por la Nación y las Provincias en agosto de 1993 -que luego se implementó con ese decreto- tenía como objetivo declarado: “…comprometerse en distintas acciones necesarias para promover el empleo, la producción y el crecimiento económico armónico del país”.

Sin embargo no es necesario remontarse a la década de los noventa, porque esa política de reducir las contribuciones patronales devino, en diciembre de 2008 -durante la primera presidencia de Cristina Kirchner- en la firma de la Ley 26.476. Esta norma significó un blanqueo a favor de los empleadores que los eximió de multas (aún de aquellas sancionadas como “firmes” por parte del fisco) y del pago del impuesto a las Ganancias e IVA derivados de ingresos que se suponen como no declarados para pagar sueldos no registrados. Los empleadores pudieron blanquear personal que no lo estaba, rectificar la remuneración que tuviesen declarada (en general menor a la real), y modificar la fecha de ingreso del trabajador a la empresa (blanqueándolo hacia atrás sin penalidad alguna).

Por esta ley se instituyó además el “Régimen especial del empleo no registrado y promoción y protección del empleo registrado”. Este régimen - actualmente vigente, ya que desde hace cinco años se prorroga en cada mes de diciembre - otorga el beneficio de las rebajas en las contribuciones patronales para la seguridad social durante 24 meses. Por cada nuevo puesto de trabajo que sume al número de trabajadores declarados por la empresa a noviembre de 2011, el empleador pagará durante los primeros 12 meses la mitad de las contribuciones a la seguridad social y el 75% durante los 12 últimos.

En el proyecto presentado ahora por el Ejecutivo, se mantiene ese esquema de reducción pero creando diferencias entre las empresas según la cantidad de trabajadores que tengan declarados.

El nuevo proyecto: Su contenido

El proyecto le devuelve al Ministerio de Trabajo de la Nación las funciones de fiscalización del trabajo y de la normativa laboral en todo el país, en concurrencia con las administraciones del trabajo provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Estas funciones habían sido delegadas a las provincias.

Instituye, en el ámbito de este ministerio, la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), para analizar situaciones de trabajo no registrado en sectores de compleja fiscalización.

Crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) en el que quedarán incluidas las empresas que no cumplan con la inscripción legal de los trabajadores y que violen la Ley sobre Trabajo infantil y Protección del Trabajo Adolescente, así como con la Ley sobre la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Las empresas que caigan en este registro no podrán acceder a programas o subsidios del Estado nacional, ni a créditos de la banca pública. Tampoco podrán ser proveedoras del Estado, ni podrán beneficiarse con las reducciones de las contribuciones patronales que prevé este proyecto.

El mismo objetivo: Beneficios para las empresas

Se crean dos regímenes de reducción de las contribuciones patronales que aportan al sistema de jubilaciones y pensiones. El primero es de carácter permanente y beneficia a las empresas que tengan un plantel de hasta cinco empleados (que se elevaría a siete) a la fecha de inclusión en este régimen y un tope de facturación anual a definir (se habla de 1,8 millones de pesos).

Esas empresas solo aportarán para las arcas de los jubilados la mitad de lo que le correspondería por cada empleado nuevo que contraten o registren con la modalidad de “tiempo indeterminado” y jornada completa. Si es por tiempo parcial la reducción baja al 25%. Además, gozarán del beneficio de un tope para el pago de ART que se calculará como promedio de lo que abonan en este concepto las empresas en las diversas actividades.

Si los empleadores despiden personal o entran en el REPSAL, perderán los beneficios de la reducción.

El segundo es de carácter transitorio, solo por 24 meses contados a partir del inicio de cada nueva relación laboral. Aquí el proyecto define tres situaciones.

La primera es de empresas que tengan hasta 15 empleados a la fecha de inclusión en este régimen. Por cada nuevo trabajador que contraten y que signifique un aumento de esta plantilla, NO pagarán contribuciones durante los primeros 12 meses. En los 12 meses siguientes abonarán el 25% de lo que les correspondería por ley.

Luego, las empresas que tengan entre 16 y 80 trabajadores abonarán durante los 24 meses, solamente la mitad. Y finalmente las que tengan más de 80 pagarán un 75% en los dos primeros años desde el inicio de la nueva relación laboral.

Opiniones, apoyos y críticas

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, dijo: "Estas decisiones están bien orientadas para el sector privado” y agregó: “La Unión Industrial Argentina fue consultada sobre estos proyectos en el ámbito del ejecutivo en el Ministerio de Trabajo y nosotros dimos nuestro beneplácito porque son proyectos que están orientados a generar nuevos puestos de trabajo y combatir la informalidad a partir del estímulo".

Desde las organizaciones empresariales, también se manifestaron a favor del proyecto, la Confederación General Económica, la Confederación General Empresaria (CGERA), la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero (CIMA) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).

Por su parte, Claudio Lozano, presidente del bloque de Unidad Popular en la Cámara Baja, manifestó: “Tiene la lógica de Cavallo: con la excusa de blanquear el mundo laboral, beneficia a los patrones”, apuntó. También, aseguró que “es mentira que el proyecto sólo beneficia a las PYMES, porque le abre la ventana a las grandes empresas”. Y, por último, puso en duda su implementación. “¿Cómo se va a controlar? Esto no se resuelve con inspectores del Ministerio de Trabajo, que en su mayoría son trabajadores contratados, por lo tanto son absolutamente vulnerables a las intenciones de las grandes empresas”, graficó.

El senador socialista Rubén Giustiniani afirmó que “es un hecho positivo que se reconozca el problema del trabajo en negro y que hay que combatirlo” pero advirtió: “El camino de quitar aportes patronales ya se implementó en los ‘90 y quedó demostrado que no es correcto. Fue la solución que implementó Cavallo y fue un beneficio para las empresas y no para los trabajadores”. Fernando “Pino” Solanas, diputado de UNEN, consideró positivo que se ataque el trabajo no registrado, aunque insistió en la necesidad de discutir el tema a fondo. Y concluyó en que hay que implementar una desgravación impositiva por regiones y estimular el apoyo tecnológico y crediticio.

Néstor Pitrola, diputado nacional del Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, señaló: “El proyecto kirchnerista no es de blanqueo de trabajadores. Se trata de un subsidio de los trabajadores a los empresarios, porque reduce cargas patronales que golpearán todavía más a las jubilaciones, que son el salario diferido de los trabajadores”. Y agregó: “Subsidia a todas las empresas, no sólo a las Pymes, y es completamente inútil, porque quien tiene una economía o parte de ella en negro, seguirá lucrando con la evasión, exactamente lo que ya vivimos en los ‘90. Las rebajas de aportes patronales sólo incrementaron las ganancias empresariales”.

El sindicalista Hugo Yasky, titular de la oficialista Central de Trabajadores Argentinos, dijo: "Esto empieza a marcar el camino de un Estado que quiere dejar de ser espectador de una de las peores lacras sociales en el país" y agregó: "es un avance importantísimo para generar un instrumento para que las empresas pequeñas puedan registrar a sus trabajadores y que las que no registran a sus trabajadores sean penalizadas".

Nos preguntamos, ¿cómo debe intervenir el Estado? ¿Premiando al empresariado que ha mantenido precarizado y no registrado a los trabajadores, aún con normas vigentes que lo benefician?

A modo de final abierto

El proyecto dice textualmente: “Las reducciones mencionadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de seguridad social. El Poder Ejecutivo Nacional adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata”.

En otras palabras, es el Estado con los recursos de todos por igual -los más ricos y los más pobres- el que financiará a las empresas - chicas y grandes, nacionales y extranjeras - para intentar evitar que sigan sangrando las arcas de la ANSeS.

La política es la misma que tuvo origen en el menemismo, subsidiar al empresariado. Y la lógica es la misma que la del Repro, programa por el cual el Estado subsidia parte de los salarios que las empresas “en situación de crisis” deben abonar a sus trabajadores y que en su lugar lo paga la ANSeS.

Este Programa de Recuperación Productiva -creado 2002 y prorrogado hasta la actualidad- está, según dice el sitio del Ministerio de Trabajo, “destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su labor en sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis y tiene por objeto brindar una ayuda económica no remunerativa a los mismos en miras a paliar los efectos negativos en su relación de empleo”. Unas de las primeras empresas que en 2009 recibieron este subsidio (¿sector privado “en declinación”?) fueron las multinacionales automotrices Volkswagen, Peugeot, Iveco y Ford.

Quienes sostenemos desde hace años que hay que terminar con la rebaja en los aportes patronales y recuperar ese dinero como una de las fuentes genuinas de recursos de la ANSeS y sus jubilados, no podemos compartir permanecer en la misma lógica. Más allá de diferenciar en porcentajes a las empresas chicas, medianas o grandes, lo concreto es que la norma sigue la misma política por la cual hoy la mitad de la fuerza laboral está precarizada.

Buscar la salida al trabajo no registrado dentro del mismo esquema no es la solución. Y así se reconoce de alguna manera en las palabras del gobierno cuando dice que el objetivo del nuevo proyecto es disminuir en dos años la informalidad de 33,5 a 28 por ciento y no erradicarla. Por otra parte, el Estado es uno de los principales "patrones" con personal sin registrar o con "contratados", gran parte de ellos dentro de la misma cartera laboral.

Más allá de las diversas opiniones sobre este nuevo proyecto nos preguntamos: ¿Es posible terminar con el trabajo no registrado y precarizado en el marco de una estructura productiva altamente concentrada, extranjerizada y “soja-dependiente”? Creemos que es el debate de fondo necesario para superar parches y hallar las soluciones de fondo.

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Argentina: Represión a la carta

Prof. Juan Carlos Sánchez (especial para ARGENPRESS.info)

Mientras se acrecienta la protesta social, con marchas y movilizaciones por todo el país, ante las serias limitaciones del modelo kirchnerista en materia socio - económica, fueron presentados dos proyectos en el Congreso Nacional con la finalidad de "regular" la modalidad de los diferentes cortes y piquetes.

La Presidenta Cristina Fernández ya había afirmado, en el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias durante el pasado 1º de marzo, que "vamos a tener que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser..." "No puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan. No puede ser. Y que no pase nada" para, luego, explicar como se realizan las manifestaciones en el Imperio: "¿cómo manifiestan en Estados Unidos? En la vereda hacen como vallas hasta el cordón, de esquina a esquina, dejan un espacio entre el ingreso a los negocios y la valla y la gente va adentro de la valla y protesta adentro de la valla, pero no cortan la calle ni interrumpen", siendo aplaudida a rabiar por el bloque PRO. Capitalismo puro, que duda cabe...

Sin embargo, además de los informes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el oficialismo debería leer y tomar nota del Informe "10 años de kirchnerismo: Una década ganada ¿para quién?" que elaborara CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). En dicho material informativo, explica que "a pesar del recurrente discurso de ' no represión de la protesta ', la realidad muestra que pocas manifestaciones populares han escapado a algún grado o forma de represión en la pasada década, especialmente a partir de mediados de 2004, cuando el Gobierno Nacional vió asegurado el consenso necesario por el que trabajaron ardientemente". Asimismo, el organismo antirrepresivo afirmó que hubo 19 muertos; uno de ellos, desaparecido, en la represión directa a la clase trabajadora. Nada extraño cuando se viene defendiendo la pertenencia al capitalismo, con la incorporación al G - 20 y con ella, la sanción de la Ley Antiterrorista que, junto al resto del articulado del Código Penal, tiene procesados y, en algunos casos, condenados a más de 5.000 luchadores populares en nuestro país.

Los proyectos

Uno de ellos es el conocido proyecto Kunkel y la semana pasada, se presentó otro proyecto complementario al anterior por parte de las Diputadas Nacionales Diana Conti (FPV) y Alicia Comelli (MPN). El primero se refiere a la regulación de las manifestaciones públicas, bajo el paraguas de la "convivencia", en una clara interpretación del pedido presidencial aunque con un pequeño detalle: resulta ser una copia
adaptada de los Decretos Secretos Nº 1.086 y 1.216 de la dictadura chilena; mientras que el segundo amplía el concepto de "mediación", como carta de negociación con la oposición ante el fuerte rechazo de los organismos de Derechos Humanos y de diversas organizaciones políticas y sociales al proyecto original.

Ambas iniciativas expresan el verdadero sentir de la clase mierda, buscando su apoyo con miras a las elecciones del año próximo, la que ha apelado a la justicia por mano propia como ha ocurrido en Rosario y en Buenos Aires. Pero ello se conjuga con una necesidad del oficialismo: la de tener una herramienta jurídica para la represión y la severa limitación a los cortes y movilizaciones actuales y futuros, en previsión de un escenario adverso debido a las consecuencias de la devaluación del pasado mes de enero y la notoria inestabilidad económica que se evidencia a través del incremento de precios, pues éstos no están "cuidados" ante la pistola de remarcar de los principales supermercados del país.

Sin dudas, constituyen otro giro más hacia la derecha (aunque siempre lo fue el kirchnerismo) que deja traslucir su pase de un modelo neodesarrollista a otro neoconservador. Basta con leer "La Economia Argentina", de Aldo Ferrer, para darnos cuenta que nos encontramos ante otra nueva etapa agroexportadora con un fuerte sesgo extractivista, la que no permite satisfacer las necesidades de todas y todos los argentinos como también ampliando la brecha entre ricos y pobres.

Por otro lado, forman parte de una estrategia destinada a compartir el costo político de la represión con el resto de la oposición. Vale decir, pretende correrla por derecha para retomar la iniciativa política y ponerse en el centro de la escena ante los públicos reclamos del massismo y la política de seguridad del sciolismo.

La "convivencia" de Pinochet

La dictadura chilena encabezada por el extinto Gral. Augusto Pinochet Ugarte delimitó claramente el límite para las manifestaciones públicas e inclusive, lo extendió a las reuniones privadas. Esto último no sería extraño que fuese incorporado en un nuevo proyecto del oficialismo, teniendo en cuenta la vigencia y actualidad del Proyecto X.

Los Decretos Secretos Nº 1.086 y 1.216 tienen un contenido que fue reflejado en el articulado de los proyectos legislativos que se encuentran en el Congreso Nacional. Para comprenderlo, basta un pequeño juego de similitudes (y diferencias) que podemos comenzarlo con el Art. 1º de ambas normas que, un poco más o menos, coincide con los Arts. 1º y 2º del proyecto kirchnerista al referirse al derecho de reunión; el Art. 2º es la base de los Arts. 7º, 8º y 9º del proyecto Kunkel, por cuanto establece el aviso previo de 48 horas a la autoridad competente (la autoridad policial) como también de la definición de la manifestación legítima e ilegítima, por vía interpretativa de la normativa chilena.

Si bien el segundo decreto que hemos mencionado continúa con el establecimiento de una normativa destinada a las reuniones en casas particulares y en sedes de diversas organizaciones, ello podría ser adoptado por el oficialismo a través de un nuevo proyecto parlamentario constituyendo un arma represiva para aquellas que no comulgan con su pensamiento o sean calificadas como "perturbadoras".

Con lo esbozado en este pequeño análisis, fundamentamos nuestra afirmación que las normas copiadas de la dictadura pinochetista son dos y no, una como se pretendió instalar mediáticamente.

El corralito represivo

Ambas iniciativas del FPV intentan conjugar los derechos de reunión y de entrar, permanecer y salir del territorio argentino establecidos por el Art. 14 de nuestra Constitución Nacional. Y como bien sabemos, una de las fuentes de ésta es la Constitución de los Estados Unidos y por ende allí radica la impronta liberal que aquella posee.

No obstante, debemos recordar que la premisa fundamental del capitalismo y del liberalismo económico es la defensa de la propiedad privada. En consecuencia, lo que se está tratando de defender en forma subliminal es esto último teniendo en cuenta las consecuencias que supone la restricción del tránsito de personas y mercaderías mediante los piquetes. No les importa si existe una violación de Derechos Humanos, sino que se trata de proteger a la burguesía de la autodefensa de los excluídos por el sistema.

El modelo elegido para las manifestaciones es el norteamericano. Encerrados en un corral, que griten todo lo que quieran, pero que "acepten" la mediación del Ministerio de Seguridad. Resulta evidente que ello sería inviable en una marcha masiva, pero sería de capital importancia para el oficialismo con respecto a aquellas que no lo son y de esa forma, intentar coartar la expresión del reclamo popular y tratar de patear para adelante las exigencias de éstas últimas.

Sin dudas, se trata de instalar un nuevo corralito en donde la policía también podrá hacer lo que acostumbra, la Gendarmería también podrá infiltrarse y deja la puerta abierta a la represión en el caso de calificarse como ilegítima a la marcha o manifestación.

¿Hubiera sido posible el 17 de octubre de 1945 o el 19 y 20 de diciembre de 2001?. Si esta norma hubiese existido en aquellos años, habría sido calificada de ilegítima y la represión hubiese sido feroz. Por supuesto, sin olvidarnos que esto último aconteció durante aquellas jornadas que precedieron a la caída del Presidente De la Rúa.

De la convivencia a la mediación

Ante las fuertes presiones internas y externas que sufre el kirchnerismo, ahora se pretende presentar otro perfil a la normativa a través de la figura de la "mediación" y propone la "amnistía" de quienes están procesados por las manifestaciones desde el 2001 a la actualidad, como forma de consensuar con el proyecto de desprocesamiento de los luchadores populares que se presentará el próximo martes 29, el cual es impulsado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Con la acentuación del perfil negociador se intenta diluir los aspectos represivos del proyecto Kunkel, lo cual dista mucho de ser algo aceptable por cuanto sería una forma de dilatar la solución a los problemas y exigencias que se plantean, pero también la no aceptación de la "mediación" sería la excusa perfecta en términos legales para reprimir.

Respecto de la mentada "amnistía", sería reconocer que los luchadores populares cometieron un delito al protestar y ello resulta inaceptable. Lo que corresponde, en realidad, es el inmediato desprocesamiento y puesta en libertad de las y los compañeros procesados y condenados.

Un futuro sombrío

Pensando en el 2015 y en una eventual victoria de los nostálgicos de los ' 90, como Sergio Massa o De la Sota o de los continuadores democráticos de la dictadura, como Mauricio Macri, la sanción de esta norma les viene como anillo al dedo para sus futuras acciones represivas contra los trabajadores y el pueblo en cuanto adopten las conocidas recetas del FMI y el resto de los organismos multilaterales de crédito.

Tanto el PRO como el Frente Renovador lo apoyan como una forma de quebrar al kirchnerismo, para que haga la tarea sucia antes de una eventual asunción del poder y constituya una solución transitoria para una actualidad candente.

¿Alguien pensó en la verdadera significación de esta normativa y su aplicación en manos de Massa, De la Sota, Scioli o Macri?. Resulta inimaginable la atrocidad de la represión con estos verdaderos representantes de una derecha insaciable, los que contarán con el apoyo inefable de las Carrió, las Bullrich y los Binner. Y ese es el futuro que nos espera en ese escenario que lamentablemente se va perfilando ante los derrapes oficialistas y la incapacidad de una verdadera unión de la izquierda para el armado de una fuerza política que le permita constituirse en una nueva alternativa y evitar seguir votando más de lo mismo.

Represión cantada

No cabe duda que estamos ante un verdadero menú represivo ante la creciente protesta de los trabajadores y del pueblo. Existen demasiadas pruebas acerca de la represión explícita e implícita del kirchnerismo durante los últimos años. Lo que ahora se trata de hacer, simplemente, es de legalizarla aunque tampoco renunciarán a la tercerización de la represión que vienen llevando a cabo.

Es una verdadera represión a la carta, donde solamente el kirchnerismo decidirá si un corte o una marcha es legítima a través de una norma de dudosa legalidad, si ella es sancionada por el Congreso Nacional. Como en los ' 90, no nos cabe duda de la necesidad de redoblar la lucha frente a este intento, que no será el último por cierto y más allá de las declaraciones de Jorge Capitanich acerca de la opinión de la oposición acerca del proyecto, para evitar que se acallen las voces populares en el medio de tanta incertidumbre política y económica.

Hoy más que nunca, deberemos pensar si queremos seguir reclamando por nuestros derechos en forma pacífica, como siempre se ha hecho o que nos sigan reprimiendo aún más, tan sólo para continuar protegiendo las pertenencias y los derechos de unos pocos.

Y para finalizar, una pequeña acotación. Cuando el proyecto Kunkel habla de discapacitados, otra vez se olvida que este colectivo está formado por personas. Y allí está otra huella clave de una norma represiva fundada en el molde pinochetista...

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Argentina. El Ejército, las Madres de Plaza de Mayo y La Cámpora juntos: En busca de una épica perdida

Fabián Kovacic (BRECHA)

El gobierno argentino intenta por todos los medios recuperar la mística para enfrentar el año que falta para las elecciones presidenciales de 2015. Y para eso recurre a gestos insólitos. Uno de ellos es la iniciativa de las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, y de la agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, de llevar a cabo acciones conjuntas con el Ejército, en un remedo extemporáneo de una acción similar realizada por los Montoneros en los años setenta. En el medio se cuelan groseras faltas a la memoria y a la historia de los desaparecidos.



El 24 de marzo pasado la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el diputado nacional Andrés Larroque, referente de la agrupación kirchnerista La Cámpora, recordaron los 38 años del golpe militar en un asentamiento precario llamado La Carbonilla, levantado en plena hecatombe social menemista por un grupo de cartoneros y recicladores. Ubicado en el barrio porteño La Paternal, el asentamiento reúne a unas cuatrocientas familias que desde 2007 reciben ayuda social de los militantes de La Cámpora, a raíz de los problemas de vivienda, contaminación y falta de agua que el barrio padece.

Ahora fue el lugar elegido por los militantes K y Hebe de Bonafini para incorporar al Ejército en tareas sociales. A comienzos de abril se hicieron presentes en el lugar los militantes al mando de Larroque junto a una veintena de soldados para trabajar en el zanjeo del barrio, pintada de fachadas y trabajos comunitarios en general.

El proyecto cuenta con el aval del jefe del Ejército, César Milani, quien desde el momento en que se convirtió en el elegido de la presidenta Cristina Fernández para asumir la conducción del arma anunció su adhesión “al proyecto nacional y popular”. Los primeros discursos de Milani fueron en el sentido de una vieja prédica del general Juan Domingo Perón: “la unidad pueblo-fuerzas armadas”.

Unos meses antes, en julio de 2013, la presidenta Cristina Fernández había insinuado su intención de retomar esa vieja aspiración peronista. “Me siento responsable, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, de incorporarlas a este proyecto de integración latinoamericano y de desarrollo económico, porque somos todos argentinos”, dijo en un discurso, dirigiéndose a los militares.

La cosa venía de lejos.

Operativo Dorrego

En 1973, apenas el peronista Héctor Cámpora asumía la presidencia, y con él llegaban al gobierno representantes más o menos orgánicos de la guerrilla montonera, el general Raúl Carcagno, por entonces comandante en jefe del Ejército, se definía como “un militar nacional y popular”. Terminada la primavera camporista –de apenas 49 días–, y con la vuelta al gobierno del propio Perón, Carcagno avanzó con sus planes. Sectores del Ejército vinculados al área de ingeniería e infraestructura organizaron junto a militantes de la Juventud Peronista, vinculada a los Montoneros, una suerte de comandos para tareas sociales en pueblos y asentamientos carenciados de la provincia de Buenos Aires. Las lluvias de junio habían destrozado buena parte del oeste de la provincia y fue el escenario ideal para iniciar el trabajo de reconstrucción. Participaron en el operativo parte del Primer Cuerpo de Ejército, que años más tarde estaría entre los más feroces a la hora de la represión ilegal, con su jefe, el temible general Albano Harguindeguy, futuro ministro del Interior de Jorge Rafael Videla, y la Juventud Peronista bonaerense.

El Operativo Dorrego empezó el 4 de octubre e involucró a casi 4 mil efectivos del Ejército y 800 civiles, distribuidos entre los partidos provinciales de Bragado, 9 de Julio, 25 de Mayo, Saladillo, Carlos Casares, Pehuajó, Bolívar, General Alvear, Junín, Lincoln, General Viamonte, General Pinto, Trenque Lauquen y Carlos Tejedor. Las tareas consistieron en la reparación de caminos, escurrimiento del agua acumulada, limpieza de puentes y alcantarillas, reconstrucción de los caños provenientes de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, demolición de muros inestables, reparación de revoques, cambios de pisos en algunos inmuebles, reparaciones eléctricas, y reacondicionamiento de distintos edificios, especialmente hospitales y escuelas, según recuerda en estos días una nota aparecida en el portal de la agencia Paco Urondo a propósito de la remake del Dorrego. El operativo finalizó el 23 de octubre de 1973.

Cuarenta años después…

En el primer día de ejecución de este nuevo plan, el kirchnerista Andrés Larroque se mostró muy agradecido con el personal del Ejército “por la voluntad y el compromiso” de ponerse al servicio de la gente. “Es la puesta en marcha de un trabajo mancomunado entre las Madres, la militancia, el Ejército y otros organismos del Estado”, aseguró el secretario general de La Cámpora al diario La Nación.

Los soldados que llevarán adelante los trabajos sociales pertenecen al Batallón 601 de Ingenieros, con base en Campo de Mayo. Está previsto que trabajen en La Carbonilla durante tres meses. Con picos, palas y una máquina retroexcavadora, van a abrir calles, instalar cloacas y construir espacios comunitarios: una plaza y un playón para hacer deportes.

La alianza entre Madres, La Cámpora y el Ejército viene también generando cuestionamientos desde diversos frentes. En la oposición política, el legislador porteño Maximiliano Ferraro cuestionó con dureza el despliegue de soldados en asentamientos y anticipó que le pedirá al gobierno de la ciudad, a cargo del derechista Mauricio Macri, que informe si autorizó o no las tareas sociales de la fuerza que encabeza César Milani. “Es preocupante y triste ver cómo un organismo de derechos humanos y una agrupación política se relacionan con un represor e imputado por delitos de lesa humanidad como Milani. El Ejército no debería actuar, salvo alguna situación de emergencia o catástrofe”, apuntó. El legislador porteño deslizó que el jefe del Ejército podría aprovechar la ocasión para realizar “tareas de inteligencia” en las villas de la capital. “Los argentinos ya sabemos qué es lo que ocurrió en el país cuando se le dio al Ejército un rol político y despliegue territorial”, remarcó.

Currículos manchados

El abrazo entre la líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini y el general César Milani, ascendido en julio pasado a jefe del Ejército, marca un hito en el discurso oficial difícil de digerir para buena parte de la sociedad, fundamentalmente gente vinculada a otras organizaciones humanitarias. Milani es un oficial del área de inteligencia acusado por sobrevivientes de la dictadura de haber participado en la represión ilegal entre 1976 y 1983. En los últimos años, abogados de agrupaciones de izquierda dijeron que cuando Milani era oficial de inteligencia ideó, entre 2005 y 2010, un programa de espionaje –llamado Proyecto X– a organizaciones sociales, estudiantiles y partidos políticos en general, al amparo de la ministra de Defensa de la época, Nilda Garré. La justicia está investigando actualmente a Milani por lo relativo al Proyecto X y por enriquecimiento ilícito, ya que su patrimonio ha crecido desmesuradamente en estos años.

Hebe de Bonafini no ha dudado en defender al comandante del Ejército. La líder histórica de las Madres ya venía golpeada por el escándalo de corrupción ligado al programa Sueños Compartidos, a través del cual la agrupación gestionó la construcción de viviendas populares en diferentes ciudades del país con el apoyo y financiamiento del Estado nacional. Pese a que la cara visible del emprendimiento fue Hebe de Bonafini, los responsables de las finanzas del proyecto eran Sergio y Pablo Schoklender, dos hermanos que cobraron notoriedad en los años ochenta por haber asesinado a sus padres, vinculados con negocios de alto nivel que incluían la venta de armas. Una vez libre, Sergio Schoklender conoció a Bonafini, que simpatizó con él y le encargó la sistematización y organización del archivo de las Madres. Ahí se solidificó un vínculo que parecía indestructible hasta que el escándalo de Sueños Compartidos estalló. La investigación judicial llevó a proceso a los Schoklender. Bonafini no fue imputada por ningún delito. El escándalo salpicó a funcionarios y ex funcionarios del gobierno, incluyendo al vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Planificación Federal Julo de Vido –responsable último de los fondos girados al proyecto– y la ex ministra de Economía Felisa Micelli, entre otras figuras del kirchnerismo. El dinero desviado sumó más de 765 millones de pesos (unos 80 millones de dólares) y la causa estuvo en manos del juez federal Noberto Oyarbide, siempre cuestionado por su cercanía “natural” con el poder político de turno, fuera menemista o kirchnerista.

Apenas ascendido, Milani fue reconocido por Alfredo Olivera, un ex detenido en la provincia de La Rioja, como quien lo trasladó en 1976 desde el centro clandestino donde estaba hasta el despacho de un juez para ser interrogado, y también como el oficial que secuestró a su padre. “Durante el viaje el teniente Milani me decía: ‘A vos te cortamos la carrera justo, ibas a convertirte en un guerrillero del erp. ¿Sabés qué es el erp? ¿Y qué es el prt?’. Después supe que fue él quien se llevó secuestrado a mi padre, Ramón”, testimonió Olivera. El dato corrió como un reguero de pólvora y convocó en los meses siguientes a otras cuatro personas a reconocer a Milani en tareas de represión en tiempos de dictadura.

Cuando era subteniente, Milani participó de operaciones militares en La Rioja y Tucumán, adonde llevó como asistente personal al soldado Alberto Agapito Ledo, un joven que tenía una militancia de base en organizaciones de la izquierda no peronista, según recuerda su amigo Álvaro Illanes, que compartió parte del servicio militar con él. Ledo desapareció el 17 de junio de 1976 en Tucumán, y fue el propio Milani quien firmó el informe que ubicaba a Ledo como desertor. El hermano de Illanes, Juan Carlos, estuvo con Ledo hasta pocos días antes de su desaparición y en diciembre pasado declaró ante la justicia federal de Tucumán contra Milani. “Como Ledo, yo también era ayudante de un subteniente, pero estábamos destinados en Catamarca. En junio de 1976 fuimos a Tucumán y pude hablar con Ledo. Estábamos en un campamento militar en Concepción, donde funcionaba un centro clandestino de detención en el que se torturaba a guerrilleros del ERP. Milani estuvo allí, y como militar de inteligencia no se le pudo escapar lo que ocurría”, dijo Juan Carlos Illanes al juez Raúl Bejas.

También el periodista Plutarco Schaller, preso desde el día del golpe hasta que Raúl Alfonsín llegó al gobierno, en 1983, recordó ante el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, que mientras estaba en un hospital de la provincia curándose las heridas de la tortura entró a los tiros el oficial Milani. “Al verme, sólo dijo: ‘Este hijo de puta todavía está vivo’, y se retiró. Esa misma noche fue a mi casa y se llevó detenido a mi hijo Antonio, quien permaneció desaparecido por 30 días.”

El caso del soldado Ledo ya acumula un expediente voluminoso y tiene como único imputado por ahora al superior de Milani en esos años, el capitán Esteban Sanguinetti. En La Rioja, la causa que tramitan Schaller y Olivera ya tiene siete cuerpos y según sus abogadas, María Elisa y Viviana Reinoso, “hay prueba más que suficiente para imputar a Milani en delitos de lesa humanidad”. María Elisa es la abogada que lleva adelante las cuatro causas por la represión en La Rioja, y fue designada por el gobierno de Cristina Fernández como directora de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación (AFSCA), nacida a partir de la ley de servicios audiovisuales promulgada por el gobierno en 2009. Cuando la abogada pidió que Milani fuera citado a declarar por los delitos que se le imputan, fue cesada en la AFSCA. “Valoro todo lo que este gobierno hizo, pero mi compromiso es con la justicia frente a estos hechos aberrantes cometidos durante la dictadura”, dijo a los medios.

Mientras la justicia dilata la investigación, Milani, Hebe de Bonafini y los muchachos de La Cámpora siguen adelante con un relato épico que empieza a hacer agua.

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La disputa por el IEM, mediocridades y tristezas desde la misma vereda

LA RETAGUARDIA

A pesar del reiterado rechazo de organismos y personalidades de los derechos humanos, el PRO y el Frente para la Victoria pretendieron tratar los proyectos de traspaso de los sitios de memoria de la ciudad a la nación y de disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) en la sesión del jueves pasado en la Legislatura porteña, pero lo suspendieron a último momento al darse cuenta de que perdían la votación. Volverán a intentarlo el 8 de mayo. Aquí las opiniones de Víctor Basterra, Facundo Di Filippo y Stella Calloni.


Foto: De izquierda a derecha, Tebele, Basterra, Malamud y Di Filippo

Las palabras de Facundo Di Filippo y Víctor Basterra se dieron durante la emisión de Oral y Público, que se transmitió desde el Stand del IEM de la 40º Feria Internacional del Libro en Buenos Aires; Stella Calloni, fue entrevistada por el programa Oíd Mortales.

“Cuando se hacen cosas que intentan ocultarse o por las cuales las gestiones, los gobiernos, tratan de pagar el menor costo político posible, lo hacen de esta manera”, aseveró el ex diputado porteño Facundo Di Filippo, al referirse a lo sucedido en la tarde del jueves 24 de abril en el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de no haber sido incluido en el temario durante la reunión de labor parlamentaria, había fuertes rumores acerca de la posibilidad de que se tratara sobre tablas la iniciativa relacionada al convenio firmado por los Estados de la Ciudad y Nacional para el traspaso de los ex centros clandestinos de detención de la órbita porteña a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acuerdo que requiere de la aprobación tanto del sistema unicameral de la Ciudad de Buenos Aires, como del bicameral de la Nación. Además, también iba a tratarse el proyecto de disolución del Instituto Espacio para la Memoria, enviado por el gobierno porteño: “como frutilla del postre el Estado de la Ciudad mandó este proyecto, cosa que ni siquiera estaba planteada cuando empezamos a conocer este acuerdo. En algún momento hubo una vocación, un discurso que decía que el IEM iba a seguir existiendo, manejando algunas políticas de memoria, pero acto seguido vinieron con este proyecto de ley”, agregó Di Filippo en diálogo con Oral y Público en la Feria del Libro, donde también estuvo como invitado Martín Malamud.

“Lo que vimos hoy en la Legislatura –continúo Di Filippo– fue que los bloques mayoritarios que acuerdan esto, estamos hablando del Frente para la Victoria y el PRO, no consiguieron el número necesario para votar estas leyes, pero sí se ha visto o por lo menos en algunos sectores del FPV y específicamente en la presidenta de su bloque, Gabriela Alegre, que es una persona que supuestamente viene de una lucha de los organismos de derechos humanos, y viene de haber sido subsecretaria de Derechos Humanos en la Ciudad, un nivel de virulencia y agresividad hacia la investidura o hacia la institución del IEM que me parece grave, que yo la catalogo, si se quiere, en esa concepción que tienen de que las luchas son propias y no de otros, de que como somos los dueños de la verdad no aceptamos otras alternativas y hay sectores que creen que son los dueños de los derechos humanos, que son los únicos habilitados para militar la temática, para recordar, para hacer el ejercicio cotidiano de la búsqueda de la justicia y la verdad, y eso pareciera que es una cosa exclusiva del FPV. (Durante la sesión) hubo discusiones muy fuertes, se le recordó cuando esta legisladora venía a pedir el apoyo de los organismos de derechos humanos para su carrera política, y mostró cómo claudicó en esa concepción, y es una de las que ha vaciado el Instituto hace mucho tiempo, que ha articulado el vaciamiento de algunas organizaciones por parte del Instituto, y que ahora se cree con las facultades de avanzar sobre la institucionalidad”. Cabe recordar aquí que la ley 941 que creó el IEM, incluyó en su conformación no solo a los organismos que hoy lo conforman (el SERPAJ, la LADH, la APDH., el MEDH, Herman@s y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), sino otros que fueron renunciando y que, no casualmente, son los que conservan poca o nada autonomía del gobierno nacional, entre ellos el C.E.L.S., Familiares de desaparecidos, Abuelas e H.I.J.O.S. Capital. En tanto la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), no participó nunca del IEM. Sin embargo, hoy son uno de los organismos que se opone con mayor virulencia a su disolución.

Lo votamos solo si ganamos (la nueva política llegó para quedarse)

Lo concreto fue que al darse cuenta de que no les alcanzaban los votos para la aprobación de los proyectos, el FPV y el PRO resolvieron directamente posponer el debate, ya que si lo hacían y perdían la votación ya no podrían volver a tratar estas iniciativas durante este año. Una conducta que no tendrán problema en repetir hasta obtener los votos necesarios: “eso es lo que ha sucedido y lo que va a suceder si no logramos penetrar dentro del bloque del oficialismo nacional, porque hay que entender que en la Legislatura es un bloque variopinto, es un interbloque del FPV, que lo integran diversos partidos y espacios políticos y que algunos de ellos se han manifestado en contra tanto de la eliminación del IEM como de la firma del acuerdo. De la firma del convenio diría que en un tono menor, porque me parece que hay más adhesiones y presiones de parte del gobierno nacional, creo que la yapa que plantea el gobierno de la Ciudad es la eliminación del IEM pero ellos están esperando tener el número; hoy les faltaba un legislador que estaba de viaje, y empezaron a hacer las cuentas y como vieron que no llegaban pospusieron el debate para más adelante, ya igual la presidenta del bloque del FPV (Gabriela Alegre) ha dicho que el asado se lo come la semana que viene en la ESMA... ese fue el término que utilizó, como diciendo que la semana que viene cocinaban esto”, afirmó Di Filippo.

Cabe recordar que el término “asado” tiene una significación especial para los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos: “así se le decía a la quema de cuerpos de los compañeros que quedaban en la tortura o que eran heridos y muertos dentro de la ESMA; y como no los iban a incorporar a la dotación de posibles personas arrojadas al mar, porque eran arrojados vivos al mar... no los mataban los milicos sino el mar, esa era la perversión. Entonces, si se les quedaba un compañero, lo quemaban en los fondos del centro clandestino que dan al río, por eso se llamaban ‘asaditos’, ‘venimos de concurrir a un asadito’, decían. Por eso en todas estas cosas hay que ser muy cuidadoso en las pelotudeces que se hacen”, advirtió Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, también en el marco del programa Oral y Público, que se realizó desde el Stand del IEM en la Feria del Libro. Alegre le respondió invocando el asado, entre otros al Sueco Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA.

El PRO y el FPV son dos fuerzas que nacieron y tuvieron impulso tras la caída en desgracia (que finalmente terminó siendo temporaria) del PJ y la UCR. Ambas fuerzas, desde distintas posiciones ideológicas, se autonominaron como los representantes de la nueva política. No solo en la sesión del jueves, sino en varios acuerdos que han realizado tanto en la ciudad como en la nación, ha quedado expuesto que reproducen las peores formas de la política tradicional. En la legislatura porteña, como el PRO no cuenta con mayoría propia, debe alcanzar acuerdos con otras fuerzas, lo que no tendría nada de malo si no fuera que los acuerdos consisten en "te firmo esto a cambio de aquello". No son acuerdos donde se encuentren proyectos consensuados, sino el viejo recurso del toma y daca.

Nuevo pacto PRO-K, en todos y todas estás vos

En cuanto al trasfondo de este supuesto entendimiento entre los bloques del FPV y el PRO, Di Filippo, que actualmente integra el Colectivo por la Igualdad dentro del Partido Social (con la gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos como principal referencia), consideró que existe una ganancia para ambos espacios políticos: “los acuerdos no son nuevos, se vienen dando hace dos años en la Legislatura, con una gran cantidad de normativas y leyes que favorecen, entre otras cosas, al mercado inmobiliario, que nosotros como organización política hemos denunciado, hemos estado en audiencias públicas, hemos ido a la justicia, tenemos amparos ganados por ejemplo para la construcción de un shopping que acordaron entre gobierno nacional y la ciudad, esa es una concepción; y por otro lado, en un momento, el kirchnerismo pretendió avanzar sobre el control de los ex centros clandestinos y creo que lo que más le interesa es la ESMA, venían esos diez años donde el ex presidente había bajado el cuadro y se quería hacer un gran evento y no les importa, no miden consecuencias, es esta concepción conmigo o contra mí, y me parece que en ese debate la verdad es que perdemos todos. Yo reivindico la dignidad de los espacios que están dentro del Instituto en reclamar pese a la diversidad de voces y pensamientos, pero está claro que la jugada es ir por todo. El gobierno de la Ciudad se ahorra dinero porque el presupuesto del IEM es de 70 millones de pesos al año y para ellos en derechos humanos esto es un gasto. El actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, piensa que es un gasto, se ahorra eso, y también viene por una de las reformas que él siempre prometió que es achicar la planta del Estado porque le traspasa trabajadores al Estado nacional, y a su vez hay algunos acuerdos que son extras, como una bajada de la Autopista a la altura de Libertador que se destraba por este conflicto, es parte del pacto PRO-K, como nosotros denominamos, que también se metió en la justicia de la ciudad y que ahora se ve lamentablemente perjudicando a un Instituto que había hecho una buena tarea en la defensa de la memoria y en la administración de los ex centros clandestinos”.

Facundo Di Filippo fue legislador por ARI-Coalición Cívica en el período 2005-2009 y en este marco integró el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria como representante de las diferentes minorías en la Legislatura, tal como lo establece la Ley 941 de creación del IEM. Actualmente se encuentra colaborando con el legislador del bloque Verde-Alameda, Gustavo Vera.

Para Di Filippo nada ha cambiado en el Ejecutivo porteño. Está convencido de que si el gobierno nacional le hubiera propuesto al macrismo el traspaso de los sitios de memoria e incluso del IEM al inicio de su gestión lo hubiera aceptado: “para esta gestión de la Ciudad, el Instituto siempre fue un problema, un espacio que en un principio se miró con desconfianza, al que se le restó valor. Cuando fui miembro del Consejo Directivo del IEM iba en representación de la Legislatura, y por la ley de creación hay representación proporcional de los bloques y el PRO nunca mandó su representación porque nunca le interesó el IEM, no le interesó la política de memoria, y lo que hacía solamente era mandar algún delegado por parte del Ejecutivo. Esa poca importancia dada al IEM seguramente se vio en el marco de esta propuesta del gobierno nacional. Recordemos que Nación venía insistiendo con algunas de estas obras, con la creación de este museo principalmente en el Casino de Oficiales, había una propuesta de funcionarios nacionales, creo que hubo algunos diálogos y reuniones con el CD del IEM, pero cuando vieron que no había acuerdo o no podían avanzar tan rápido como ellos querían hacerlo lo solucionaron rápido, llamaron a Macri y le dijeron ‘acordemos, te saco la gente, te ahorras 70 millones, qué más necesitás’, ‘bueno, necesito la bajada de acá’, ‘bueno, listo’ y mandaron los convenios. Este acuerdo entre ambos bloques tiene muchas etapas, tengo entendido que vienen en buena sintonía respecto a los acuerdos políticos que pueden alcanzar, no solamente está esto, la aprobación de la construcción de una terminal de ómnibus en Villa Soldati (aprobada en la última sesión), la semana pasada se sancionó el Master Plan para la Comuna 8 para conseguir inversión inmobiliaria allí, porque se va a hacer la villa olímpica, porque el sur está postergado, pero tiene que ver solamente con consignas de habilitar al mercado la política de tierras y de inversión en la zona sur, que lo que va a hacer es expulsar paulatinamente a los pobres. En la sesión hubo una gran presencia de movimientos villeros repudiando ese acuerdo, incluso movimientos villeros que pertenecen al FPV y no obstante eso lo votaron, es una ley de doble lectura, y lo van a volver a votar dentro de una semana”.

Di Filippo señaló que los acuerdos entre los dos sectores están tan firmes y son tan fuertes que él no termina nunca de saber por qué se dan: “sé que hay funcionarios o legisladores que eran del FPV que consiguieron muy buenos cargos por este tipo de acuerdos, pero a mí me cuesta creer que sea solamente eso, que se rife el destino del IEM por un cargo o el destino de una comunidad o de las poblaciones en asentamientos y villas por cargos, seguramente tiene que ver con otras cuestiones, hay empresas pretendiendo acceder a la tierra y al recurso finito de la Ciudad que es la tierra porque ya no queda donde crecer, donde expandirse, y esa pretensión obviamente tiene sus muy buenos dividendos entre los funcionarios cipayos de turno que siempre están a la orden de cumplirle los deseos a cualquier grupo monopólico de inversión o desarrollo inmobiliario”.

Al ser consultado acerca de la trascendencia y difusión de lo que está sucediendo con los sitios de la memoria de la Ciudad de Buenos Aires, Di Filippo fue contundente: “no es casual que lo estemos tocando en una red de medios alternativos porque los grandes grupos concentrados de medios de comunicación y propaganda, digo propaganda porque han sido propaganda de diferentes gobiernos, no tocan la temática, entonces esto es muy difícil de conocer por parte de la ciudadanía, que es quien tiene dentro de sus funciones controlar y velar por el estado de derechos de una ciudad y por el estado de cumplimiento de las normativas vigentes, y que desconoce que se está eliminando un espacio autónomo y autárquico donde conviven de manera plural muchos organismos de derechos humanos y que ha pasado muchos vendavales, muchas vicisitudes, ha sido golpeado por muchas figuras políticas, ha habido pretensión de coparlo por determinados sectores políticos que no han logrado hacerlo, y me parece que esa resistencia, esa intransigencia ocasiona esta virulencia”.

¿Por qué la ESMA?

Más allá de la intención del gobierno nacional de administrar los ex centros clandestinos de detención de la Ciudad pasando por encima del Instituto Espacio para la Memoria, cabe preguntarse por qué el especial interés por dominar la gestión de la ex ESMA. Al respecto, Facundo Di Filippo reflexionó: “es importante remarcar que Néstor Kirchner llega a la presidencia de la mano de Eduardo Duhalde, con un pasado desconocido, por lo menos si es que lo tuvo, de vínculo con la historia y la lucha de los organismos de derechos humanos. Ese interés repentino tiene que ver seguramente con algo genuino que yo no termino de desconocer, pero también tiene que ver con una estrategia política: necesitaba sostenerse sobre algunos principios, sobre algún sector, y encontró legitimación por parte del sector de los organismos de derechos humanos. El gobierno nacional ha hecho esfuerzos para avanzar en los juicios, hay victorias que uno no puede desconocer en ese sentido, pero a su vez vino de la mano de la cooptación de algunos organismos y de la obsesión por la ESMA. Yo creo que el ingreso de Kirchner y el relato, la mística cuando él ingresa a la ESMA y obliga a bajar el cuadro fue muy fuerte, marcó a fuego a la militancia del kirchnerismo, muchos de los cuales hoy siguen defendiendo a este gobierno, siguen teniendo como una de las mayores herramientas de defensa la pelea por los derechos humanos y esa imagen de Néstor bajando o mandando a bajar el cuadro, y creo que eso le es muy importante para los sentimientos, no creo que detrás de ello haya ningún tipo de especulación económica sobre el predio, sí creo que hay una especulación y voluntad de utilización política. Muchas veces en el Consejo Directivo del IEM hemos tenido posiciones encontradas, pero hemos analizado muchas veces este loteo que se ha hecho de la ESMA entre diversos organismos, el ingreso de un canal de televisión, de oficinas que no hacen a la esencia de la historia del espacio, de la utilización que se la ha dado a esto cuando antes mencionábamos actividades como los asados que han realizado allí, y fuimos muy cuidadosos en el Instituto con algunas actividades que habíamos habilitado a hacer dentro de la ESMA. Me acuerdo que dentro del Edificio Cuatro Columnas solicitamos que no se genere música en vivo adentro, porque hay una concepción del respeto que se tiene hacia ese espacio que me parece que es muy fuerte dentro del Instituto y que no lo es tanto a la hora de planificar por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación la visión del resto de la ESMA, y creo que tiene que ver con esos diez años de un hecho simbólico de los más importantes de la historia del kirchnerismo que es cuando se hizo el evento en la ESMA por parte del ex presidente Kirchner”.

En relación a la simbología partidaria que puede verse en el predio de la ESMA, por ejemplo en las gigantografías en las que se le agradece a Néstor Kirchner “por devolvernos la patria”, Di Filippo señaló: “yo milito en muchas causas y también hago política partidaria y no soy de los que repudian ni de los que puede estar en contra de la actividad partidaria, política, lo que a mí me parece y es algo que pudimos tener dentro del Instituto es que el funcionamiento de los organismos de derechos humanos tiene que ser independiente de los gobiernos, y como creo que la ESMA siempre tuvo que haber sido administrada por los organismos, es un debate profundo de lo que allí se quería; hay históricas diferencias entre algunos organismos pero me parece que el desafío, el reto de tener un espacio, un sitio de memoria que es el más grande y simbólico del país, uno de los más simbólicos a nivel internacional, en un país donde se ha podido enjuiciar a los genocidas o se está pudiendo hacerlo, es un antecedente de muchísima importancia a nivel internacional, tendría que haber sido administrado con otro sentido, con otra vocación. Los organismos pueden rescatar políticas públicas de determinados gobiernos, pero no pueden subsumirse a las voluntades políticas de esos gobiernos y creo que allí está el problema central, y creo que esa habilitación que le dieron algunos organismos al gobierno nacional implica que éste se crea el dueño de la política de memoria, o algunos militantes se crean que son los dueños y que después actúen en consecuencia con este tipo de proyectos que lo que hacen es dañar profundamente el movimiento de los organismos de derechos humanos”.

Cerrando su intervención en esta emisión especial de Oral y Público, desde el Stand del IEM de la Feria del Libro, el ex legislador aseguró: “todos vamos a seguir trabajando e insistiendo, los juicios se van a seguir acompañando, la memoria se va a seguir rescatando pero se había logrado tener un espacio de resistencia de los organismos y ahora queda subsumido a una simple negociación, a la vocación de un gobierno nacional de apropiarse de un espacio, una causa y una lucha, y la vocación de otra gestión, la del gobierno de la Ciudad, de sacarse de encima el costo de 70 millones de pesos y canjear con la Nación algunas obras complementarias que son necesarias para la ciudad y para su legitimación política al frente de la ciudad a meses, prácticamente un año de una elección presidencial donde lo tienen al jefe de gobierno como pre-candidato y con mucha vocación de administrar los destinos de la Nación, cosa que también vuelve a ser peligrosa porque recordemos que esta ley habilita que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación administre los sitios de memoria, y en diciembre de 2015 seguramente cambiará la gestión actual, cualquier alternativa del kirchnerismo, de las más potables, no van a ser lo mismo que el actual; o si son sectores de centroderecha vamos a tener que estar ahí al pie del camión para remarla y volver a rescatar y cuidar los espacios de memoria como lo venía haciendo hasta ahora el Instituto”.

Otras voces, la misma indignación

Lo que viene sucediendo con los sitios de la memoria, la incertidumbre acerca del Instituto Espacio para la Memoria, el intento de instalación museográfica en el Casino de Oficiales que fue frenado por la justicia, ha generado importantes rechazos de parte de referentes de los movimientos de derechos humanos, tal como fuimos dando cuenta en distintas notas sobre el tema. Estas opiniones adversas se mantienen, incluso de personalidades cercanas o defensoras del proyecto del gobierno nacional.

Respecto a lo que sucede con el IEM, la periodista, escritora e integrante del Consejo Directivo del Instituto, Stella Calloni afirmó, en diálogo con el programa Oíd Mortales de Radio La Retaguardia: “yo defiendo mucho lo que se ha hecho durante este gobierno, estoy plenamente clara de que sin una voluntad del gobierno nosotros no hubiéramos podido estar con estos juicios hoy en día, porque a pesar de la lucha de los pueblos siempre se necesita también una contraparte estatal que te ayude en un momento determinado. Yo reconozco todo, pero sí lamento mucho que en este tema, no sé guiados por qué consejos, se toman medidas que pudieron manejarse de otra manera. Siento que se dicen cosas sobre el IEM que son muy injustas, y me parece que si hubieran hablado con cada uno de nosotros o con todos nosotros de estas temáticas nos hubiéramos puesto de acuerdo para que el IEM continuara siendo un ente autónomo, autárquico, todo lo que lo hacía intocable para cualquier cambio que se produzca. Creo que hubo un desmanejo, creo que hay personas que a veces no hacen bien o terminan golpeando por dentro al propio gobierno. Esto es lo que creo sinceramente y lamentablemente se ha producido esta situación, cuando pienso cómo trabajamos nosotros para que la gente que entrara a trabajar al IEM, a los distintos centros clandestinos de detención, tuviera una gran conciencia como para después crear grupos, y a mí me preocupa mucho que haya grupos de personas que trabajen cerca del tema humanitario, que puedan mentir, que puedan señalar, fustigar a personas sin ninguna razón, sin ninguna causa, solo por una pequeña ambición política de ocupar un lugar, los lugares se ocupan en la lucha política con seriedad, decencia, honestidad, y si una izquierda no es ni decente en el sentido de la decencia que entienden los pueblos, si una izquierda no camina verdaderamente, qué le puede dar a la gente, qué puede dar a los derechos humanos, hay muchas cosas aquí que debatir en este tema”.

El discurso de Calloni respecto a lo que está sucediendo en el IEM claramente se ha ido endureciendo. Ella explicó que desde lo personal lo que más siente y lamenta es que no se haya respetado el trabajo que se viene desarrollando desde el Instituto: “nos costó tanto mantener las unidades que se pudieron mantener en un período donde la gente no entiende que sólo la unidad nos puede salvar en todas las circunstancias, y en la lucha de derechos humanos todos juntos, no tenemos por qué andar poniéndonos zancadillas en el camino de los derechos humanos, cuando hay una cuestión que nos sobrepasa a nosotros como personas. Ha habido mezquindades, miserias, faltas de respeto absoluto, conductas que no tienen nada que ver con los derechos humanos, ni con la defensa de la humanidad, a mí me parece que eso es lo grave de todo este asunto. Ya no importa lo que pase, que uno sepa que se ha cometido una injusticia con uno mismo, para cada uno de los integrantes creo que lo sentimos así, porque dimos muchas horas sin esperar nada más que nuestro trabajo fuera serio, profundo, porque peleamos muchas veces para que los que fueran a trabajar a estos centros tuvieran sueldos normales, decentes, sueldos que incluso fueron superiores a los del resto de trabajadores de la misma municipalidad”.

De humildades y mediocridades

Calloni, a su vez, también se refirió a la denuncia realizada por el Premio Nobel de la Paz e integrante del CD del IEM, Adolfo Pérez Esquivel, acerca de la existencia de listas negras de trabajadores, elaborada por la Comisión Interna de ATE Sitios de Memoria, para que no sean incluidos en el traspaso al ámbito de la nación al momento de la disolución del instituto. “Nosotros entrábamos en listas negras –aseveró al respecto Calloni–. Muchos de ellos ni siquiera han conocido las luchas que tuvimos en esa época, lo que cada uno es, cómo pueden llegar a estas miserias, estos extremos que son intolerables, y no se pueden dejar pasar, yo no estoy dispuesta a dejar pasar esto, porque si hemos luchado contra un enemigo durante tantos años, gente como Pérez Esquivel, como yo, fuimos víctimas de muchas dictaduras y fuimos perseguidos muchas veces, y nos tuvimos que ir muchas veces de nuestras casas y estuvimos condenados por solidaridad con otras personas, cómo vamos a tolerar que un grupo de personas totalmente fundamentalistas… porque detrás de todo hay una gran mediocridad, gente que hace estas cosas es infinitamente mediocre. Yo he conocido tanta gente maravillosa, en la clase obrera, en los campesinos, aquí y en toda América Latina, que son incapaces de estas cosas, son gente muy humilde, pero una cosa es la humildad y otra es la mediocridad, la mediocridad es lo más parecido a todo lo que hace posible que un imperio, un colonizador colonice, un imperialista actúe sobre otros en plan de dominación porque es de una enorme sordidez e injusticia. Como hemos tenido el valor de pelear tanto tiempo contra tantas dictaduras, no nos vamos a dejar arrastrar, yo por lo menos no estoy dispuesta a que alguna persona me ponga en una lista negra cuando no tiene ni la cuarta parte de historia de lucha que nosotros hemos tenido, sacrificando muchas cosas, incluso nuestros propios hijos muchas veces. En nombre de los que no están, nosotros tenemos que hacer primar la justicia, contra quien sea y donde sea, la justicia tiene que primar y la impunidad no puede existir de nuestro lado”.

Basterra y los desengaños desde la misma vereda

Víctor Basterra forma parte del equipo que realiza Oral y Público y como tal estuvo en el programa que se emitió desde la Feria del Libro, además es sobreviviente de la ESMA e integra el Consejo Directivo del IEM, como una de las personalidades junto a Calloni, la cineasta Lita Stantic, Ana María Careaga, el jurista Beinusz Szmukler y la actual senadora nacional Alcira Argumedo. Al ser consultado acerca de cómo se sentía respecto a lo que estaba sucediendo, señaló: “en mi vida, tengo casi 70 años y 50 de activista, sufrí muchísimas derrotas, y me las han ocasionado enemigos irreconciliables conmigo y con las ideas que uno lleva consigo. Lo doloroso de esto es que esta especie de derrota o desengaño, lastimaduras que le producen a uno, está hecho por gente que supuestamente está en la misma vereda, esta apropiación o necesidad de apropiarse de una herramienta que es absolutamente colectiva, que pertenece al conjunto del pueblo argentino, y que además sirve de referencia a buena parte de los organismos de derechos humanos internacionales, como es la lucha de los organismos en la Argentina, que intenten apropiársela grupos partidarios, cuando justamente lo que ha caracterizado al movimiento de derechos humanos en Argentina ha sido la independencia de esos grupos partidarios, tenían que acompañar la acción de los organismos y ahora tratan de apropiarse de esta acción que es colectiva, de todos, y eso es horrible porque uno ve que treinta y pico de años de resistencia pueden ser rifados, entonces a uno se le pasa por la cabeza un montón de sensaciones… esto yo lo ato un poco con la pelea que se dio hace cinco años más o menos, cuando junto a Cecilia Piñeyro (Secretaria Ejecutiva del IEM y actual Directora interina) fuimos a pelear una posición independiente y firme frente a la necesidad que se daba de mantener la independencia de los organismos de derechos humanos, en un foro que se dio en Río de Janeiro sobre la Justicia Transicional, y yo creo que el objetivo de toda esta historia está envuelto en esta historia. La Justicia Transicional dice que yo reconozco el daño que he hecho, lo reparo económicamente, pero no acepto la justicia. En cambio para nosotros, desde el movimiento de derechos humanos en la Argentina, la cosa era memoria, verdad y justicia, juicio y castigo a los culpables, y esta es la realidad, lo otro es una entelequia en la que justamente el imperio norteamericano está preparando el territorio de la justicia transicional para evitar ser juzgado el día de mañana por todos los crímenes que ha cometido y sigue cometiendo, todo esto hay que mirarlo en ese contexto”.

Para Basterra, hoy la ESMA es un sitio de memoria, recogimiento y reflexión, o al menos así tendría que ser: “tendría que ser un sitio de absoluto respeto, como han sido los campos de concentración en otros países, que no han sido modificados, y además por sí mismo tienen una expresión, una significación. A la ESMA la quieren resignificar y la resignificación siempre trae aparejada miradas diferentes, que no está mal que las haya, pero el sitio en sí ya es la significación del mal humano, por lo tanto tiene que ser mirado con absoluto respeto y recogimiento de esa historia terrible, que hace muy poco que pasó, nada más que treinta años. Los afectados estamos vivos, buena parte de los afectadores también, y muchos de ellos están presentes en el banquillo de los acusados en el mayor juicio de la historia de la humanidad, yo lo considero así, y entonces todo tiene que ser tratado con muchísimo respeto, no puede rifarse, no se pueden hacer las cosas que se hacen en ese predio, hay que parar un poco la mano con eso”, agregó.

Claramente el conflicto no terminó con la suspensión del debate en el parlamento porteño, ya que aún está pendiente el tratamiento del proyecto de traspaso en el Congreso Nacional, como así también en la Legislatura, en donde nuevamente los bloques mayoritarios intentarán debatirlo, junto a la iniciativa de Mauricio Macri que propone disolver el IEM, el jueves 8 de mayo. La incertidumbre, la bronca y la tristeza aún continúan.

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Segunda indagatoria a Vicente Massot, dueño y director del diario "La Nueva Provincia" de Bahía Blanca: La estrategia de culpar a mamá

Diego Martínez (BAHÍA GRIS)

Vicente Massot declaró como acusado por delitos de lesa humanidad. Minimizó las pruebas en su contra y dijo que su madre y su hermano, ya fallecidos, manejaban el diario durante la dictadura. Una nueva declaración confirma que su madre le encomendó al comandante del Cuerpo V “chupar por izquierda” a los delegados que días después fueron secuestrados.



El empresario Vicente Massot se negó ayer a responder preguntas de los fiscales que lo acusan por delitos de lesa humanidad durante la dictadura y volvió a centrar todas las responsabilidades en su madre Diana Julio y su hermano Federico, ambos fallecids. El director de La Nueva Provincia intentó minimizar la importancia de las actas labradas en 1975, en las que aparece negociando cara a cara con los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, y dijo no recordar cómo se enteró de sus asesinatos en julio de 1976. Las actas sobre el supuesto “sabotaje” al diario, en las que Massot figura dando órdenes desde el despacho de su mamá en los momentos más álgidos del conflicto, son la base del informe de Prefectura sobre “guerrilla sindical”, que concluyó con la decisión de “ralear” de la tierra a los dirigentes gremiales. La novedad que descolocó al empresario fue la declaración del teniente coronel Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Ejército y abogado de represores, quien rompió el pacto de silencio al contar que el general Adel Vilas le dijo, en 1987, que escuchó cuando la directora del diario le pidió al general Osvaldo Azpitarte “chupar por izquierda” a los delegados que días después serían secuestrados. “Son declaraciones infames e infamantes”, se ofuscó Massot, quien sigue en libertad y volvería a ser citado por el juez federal subrogante Alvaro Coleffi para ampliar su declaración indagatoria.

Massot ingresó al juzgado a las 7.30, mientras militantes de organismos de derechos humanos y de izquierda llegaban con sus banderas. “Es un día histórico para la ciudad. Fue uno de los partícipes civiles más importantes de la dictadura”, recordó Alejandra Santucho, de HIJOS Bahía Blanca, en la radio de la Universidad Nacional del Sur. “Heinrich y Loyola hicieron un trabajo de hormiga para organizar a los trabajadores que habían sido expulsados del gremio”, recordó su compañero Jorge Manuel Molina, uno de los muchos entrevistados en la transmisión conjunta de FM de la Calle y LU3 Radio Bahía Blanca.

La indagatoria, que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani habían pedido en mayo del año pasado, comenzó con la lectura de la acusación y el detalle de las pruebas. El acusado negó una a una las imputaciones y entregó notas de Clarín, La Nación y otros diarios para demostrar que publicaron “varios de los ejemplos de supuesta acción psicológica y complicidad” que se le adjudican a La Nueva Provincia. Luego precisó datos que había dado en su “declaración espontánea” del mes pasado.

El eje de la defensa de Massot, que comenzó el 18 de marzo, pasa por probar que vivía en Buenos Aires, que sólo hacía “visitas ocasionales en calidad de hijo”, que en 1976 hizo la conscripción y que recién en 1977 se hizo cargo de la oficina en Buenos Aires pero sin responsabilidades importantes. Ocho actas ante escribano durante el segundo semestre de 1975, sin embargo, prueban su intervención personal en el conflicto con los gráficos, encabezando negociaciones con Heinrich y Loyola. En julio su madre le firmó un poder para que negociara con obreros en huelga y le delegó facultades para suspender y despedir empleados. En septiembre citó a los delegados al despacho de la directora para tratar de que levantaran medidas de fuerza, fue a la rotativa a convencer a los armadores que cubrieran un “retiro de colaboración” y pasó varias madrugadas discutiendo sobre distribución de tareas y horas extra. Las actas, insumo del informe de Prefectura, muestran sus fracasos para evitar las medidas de fuerza, pero sobre todo su participación en decisiones cruciales de las que dependía la salida del diario.

“Las organizaciones subversivas habían matado” a once gerentes y jefes de personal, por lo cual su madre le pidió que se quedara en Bahía, dijo Massot el mes pasado, cuando sólo sabía de una de las actas. “Mi participación fue absolutamente accidental”, pretendió ayer, porque se limitó a “dos semanas en un conflicto de más de dos años”. Luego él mismo se refutó: entre enero y marzo de 1976, admitió, la madre le pidió colaboración “a toda la familia” para que saliera el diario, “con lo cual todos los días convivíamos tíos, primos, sobrinos, hermanos”.

La noticia que más lo incomodó ayer no fue ver su nombre en las actas ante escribano, sino el relato del diálogo de su mamá con el general Azpitarte en los días previos a los asesinatos, que Gutiérrez contó ante los fiscales. En 1987, antes de las leyes de impunidad, Vilas cumplía prisión preventiva en el Cuerpo V, donde solía conversar con el entonces auditor. Hablando de “la costumbre de ciertos sectores civiles de pedirles favores a los militares”, le contó que en junio de 1976 Azpitarte lo citó a su casa del barrio Palihue para participar de una entrevista pedida por Diana Julio. La directora del diario planteó allí “que tenía problemas con los obreros gráficos Heinrich y Loyola” y “pidió una solución porque le habían parado el diario”. Azpitarte le pidió opinión a Vilas, quien consideró que el tema no era “de incumbencia militar”. Su superior le ordenó retirarse y, mientras se alejaba, escuchó las palabras de la señora: “Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda”, frase que Gutiérrez tradujo como “secuestrarlos”. El abogado apuntó que el diálogo fue “sobre fines de junio de 1976” y que días después se produjeron los secuestros. “Declaraciones infames e infamantes”, refunfuñó ayer Massot y curiosamente trató de desacreditar al militar diciendo que fue “defensor del general Vilas”, a quien su diario siempre consideró un héroe de la guerra sucia

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¿Por qué el Che fue a Bolivia? (Parte I)

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Daniel de Santis nos cuenta sobre su nuevo libro presentado el 9 de abril en Buenos Aires. Una obra de teoría política con historias que marcaron a fuego nuestro presente latinoamericano.



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Argentina, Ciudad de Buenos Aires: Gastronómicos resisten en un local por el atraso de pagos y vaciamiento

ANSOL

Son 17 y desde ayer por la noche permanecen en el restaurante Lalo, en el centro porteño. Mientras aguardan respuestas de la patronal prevén una salida autogestiva del conflicto. Recibieron el apoyo de los trabajadores de Alé Alé, firma del mismo rubro que, junto a Don Bataglia, Mangiatta y Los Chanchitos, fue recuperado con éxito el año pasado.

"Lo vamos a trabajar nosotros y descontaremos lo que nos deben. Vamos a hacerlo funcionar con dinero propio, porque no nos dejaron nada", deslizó Rubén Soriano, mozo del establecimiento, en declaraciones reproducidas hoy por la agencia Télam.

Lalo de Buenos Aires funciona en Montevideo 355, a pocas cuadras del Obelisco, desde 2001 y sus dueños desde hace tres meses adeudan los salarios a 17 trabajadores, que decidieron permanecer adentro del local y evalúan mantener sus fuentes de trabajo a través de la formación de una cooperativa si los actuales dueños no dan respuestas.

"Pasamos la noche en el restaurante a la espera de una respuesta de los propietarios", indicó Soriano, que junto a sus compañeros también advirtió sobre el vaciamiento ejecutado por la patronal.

En ese sentido, otro de los empleados del local gastronómico, Luciano García, explicó que "en los últimos meses el restaurante sufrió un fuerte vaciamiento por parte de los dueños, ya no quedan vinos y en los últimos días teníamos que atender almuerzo o cenas de más de cien cubiertos con medio lomo o tres porciones de vacío".

Los trabajadores de Lalo de Buenos Aires ya recibieron respaldo y asesoramiento de sus pares de la parrilla Alé Alé, que junto con los de los restaurantes Mangiata, Los Chanchitos, La Soleada y Don Battaglia, concretaron el año pasado la reconversión de esas emprsas asesorados por la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta).

El presidente de la Cooperativa Alé Alé, Andrés Toledo, dijo a Ansol en aquella oportunidad que "la autogestión ayuda a salir de la crisis provocada por la patronal y hoy, el cooperativismo nos permite sostener a 40 familias. Por eso, es fundamental que los trabajadores sepan que nunca deben bajar los brazos".

Los trabajadores de Lalo de Buenos Aires remarcaron que el "principal interés es defender nuestra fuente de trabajo. Nosotros queremos abrir porque sabemos que este restaurant es redituable y que la clientela es buena, pero queremos abrir en condiciones dignas".

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Violencia laboral: Yabkowski, “Hoy las leyes se esterilizan en sumarios burocráticos”

LA OLLA - ACTA

Jorge Yabkowski, secretario de Salud Laboral de la CTA y presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA), sostuvo que "en la Argentina la violencia laboral es una de las facetas que adquiere la precarización laboral y la súper explotación”.

Yabkowski expresó que hay una manera de encarar la violencia en el trabajo de forma individualista, donde los fenómenos, tanto de acoso moral, acoso sexual o violencia física, “son interpretados por quienes no defienden los derechos de los trabajadores como hechos producidos por mentes enfermas, capataces irascibles o patrones que tienen desviaciones psiquiátricas”.

Pero en realidad -subrayó el dirigente de la CTA- , “el fenómeno es tan extendido que se imbrica con todo el fenómeno de precarización y explotación. Con lo cual, hace ya tiempo, a nivel mundial, se viene discutiendo el tema de la violencia laboral, sobre todo la violencia vertical, patronal o de los jerárquicos contra los trabajadores como parte de los fenómenos que hay que modificar de la relaciones del trabajo. Si bien no es la única violencia que hay -a veces hay violencia horizontal, externa, de usuarios- la ley que nos ocupa viene a encarar el fenómeno de la violencia como relación jerárquica”.

Cabe destacar que la legislación vigente sobre violencia laboral existe actualmente sólo en algunas provincias y está limitada al sector público. En la práctica se ha mostrado ineficaz para combatir el fenómeno.

“Hoy es más difícil denunciar un caso de violencia laboral y probarlo que viajar a la luna. Las leyes que están bien dibujadas se esterilizan en sumarios burocráticos que no llevan a ninguna parte y que sobre todo no protegen al trabajador denunciante, que arriesga la pérdida de trabajo”, dijo Yabkowski.

El anteproyecto de Ley sobre Violencia Laboral elaborado por la CTA abarca todo el país, tanto en el sector público como en el privado. Busca apoyarse en una amplia participación de los trabajadores creando comités con poder de resolución en cada establecimiento.

A juidico del titular de FESPROSA, "la idea es plantear un nuevo paradigma a través de la ley que elaboramos en la CTA con Unidad Popular y plantear esto como parte del empoderamiento de los trabajadores en el lugar de trabajo y encarar un fenómeno que no está desligado de la precarización laboral y de los riesgos del trabajo en general”.

Principales puntos

Entre los puntos destacados de proyecto Yabkowski dijo que encara la violencia física y el acoso psicológico como parte de un mismo fenómeno.

Asimismo, que “no se agota en una descripción meticulosa de todas las formas de acoso, sino que plantea mecanismos democráticos de participación de los trabajadores, como los comités en el lugar del trabajo para poder separar, por ejemplo, al que ejerce la violencia de la víctima para protegerla, para garantizar un procedimiento sumarial rápido”, entre otros aspectos que se relacionan con el grupo de proyectos de legislación popular que junto a la Ley de Riesgos del Trabajo, y la de Organizaciones Sindicales busca crear nuevos paradigmas en las relaciones laborales y la organización democrática de los trabajadores.

Presentaron el jueves pasado el anteproyecto y las experiencias de combate a la violencia en el lugar de trabajo Víctor De Gennaro, diputado nacional de la CTA y presidente de Unidad Popular (UP); Jorge Yabkowski, presidente de FESPROSA y secretario de Salud Laboral de la CTA; María Marta Terragno, abogada de ATE Córdoba, coordinadora de redacción del anteproyecto y Ernesto Contreras, responsable del área de Violencia Laboral del Consejo Directivo Nacional de ATE.

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Argentina, Córdoba. Paritaria de Prensa: ¡A resistir con Asambleas y Movilización!

Bárbara Arias (PRENSA RED)

En la delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación el jueves se realizó una nueva audiencia entre el Cispren y las empresas periodísticas en el marco de la negociación paritaria que continúa en punto muerto.

Por este motivo, los trabajadores de prensa continuarán con la realización de asambleas en todos los medios y otras actividades para visibilizar el conflicto en la sociedad, lo cual refleja la voluntad de unidad ante el reclamo salarial.

En la audiencia de ayer el Cispren estuvo representado por el Secretario General Carlos Valduvino, el Adjunto Víctor Beccaria, el Gremial Esteban Liendo, junto a los asesores legales del gremio, Eugenio Biafore y Luis Reinaudi, como así también participaron los delegados paritarios y un nutrido grupo de trabajadores de prensa.

Antes de dar comienzo a la séptima audiencia paritaria, los compañeros del Multimedio SRT intentaron entrevistar a los empresarios, quienes con evasivas argumentaron que las respuestas las darían en la audiencia.

Empresas sin propuestas y un NO rotundo al pedido de los 10.128 pesos de básico inicial

Durante la audiencia, los empresarios adujeron no tener propuestas, ya que según ellos estaban esperando que los trabajadores presentaran una propuesta final. Ante esta situación el compañero secretario General Carlos Valduvino expuso que la demanda de los trabajadores se sostenía como el primer día de audiencia: 10.128 pesos como básico inicial.

La respuesta de la patronal, como era de esperarse, fue un NO rotundo. Los empresarios siguen con la negativa de ofrecer un aumento digno para el salario de los trabajadores de prensa, incluso cuando en sus propios medios de comunicación hacen referencia a un índice inflacionario superior al 30%.

La discusión salarial sigue sin arribar a un acuerdo a raíz de la escasa cooperación de la patronal para que la negociación se destrabe. Luego de una acalorada discusión, la patronal realizó un tibio ofrecimiento de un 30% de aumento en tres cuotas: una de 15% en el mes de abril, un 8% en agosto y en diciembre el restante 7%.

Y como respuesta al pedido de recomposición de emergencia ofrecieron $240 hasta el mes de diciembre que se sumarían al no remunerativo actual de $360.

Los compañeros analizaron la propuesta y lanzaron una contrapropuesta: un aumento del 30% en dos cuotas de 15% acumulativas, todo esto cancelado en un período que no supere el mes de octubre, también se solicitó como parte de la recomposición salarial de emergencia el blanqueo de esos $360 no remunerativos al básico.

Ante la propuesta realizada por los compañeros y con un nuevo escenario planteado, los empresarios se comprometieron a analizarla y traer una respuesta para la próxima audiencia que tendrá lugar el martes 29 de abril, a las 16, en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por su parte, los compañeros no descartaron la continuidad y profundización de las medidas de fuerzas durante los próximos días.

SRT: Rechazo a oferta patronal

El miércoles pasado, la asamblea re trabajadores de los SRT rechazó la oferta patronal que pretendía quebrar la unidad y aislar a esos compañeros del colectivo del gremio.

En una decisión digna de destacar los compañeros del multimedio universitario rechazaron el ofrecimiento realizado fuera del ámbito del ministerio de trabajo de la nación y exigieron a los directivos a que dejen plasmada cualquier oferta concurriendo a las audiencias.

Cabe recordar que los SRT, junto a Propuesta Editorial, eran una de las dos empresas que nunca había concurrido a las audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Nación desde que hace más de un mes comenzó la negociación.

Apriete, sin éxito, en La Voz del Interior

Por su parte los compañeros de La Voz del Interior realizaron el lunes por la tarde una numerosa asamblea a pesar las intimidaciones empresariales para que no se llevara adelante.

La amenaza patronal fue trasmitida a los trabajadores por un escribano a quien los compañeros invitaron a retirarse.

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