martes, 13 de mayo de 2014

Noticias censuradas (7): Negocios viles de Apple: Malas prácticas, evasión de impuestos y vigilancia con fines de lucro

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

De Apple se cuentan historias muy bellas, pagadas por las public relations de la marca de mayor valor de mercado en el mundo -510.221,80 millones de dólares al 7 de mayo 2014-, pero la empresa no exhibe una conducta intachable y también es adicta a los “atajos financieros”, trampas, evasión tributaria y delitos afines, según la evaluación realizada en enero 2014 por Nicki Lisa Cole en Counterpunch.

La periodista-socióloga destapó malas prácticas preocupantes de la compañía, tales como beneficiarse de la minería no regulada del estaño en Indonesia, explotación de “trabajo negro” en China, evasión fiscal, especulación con el sistema de escuelas públicas de Los Ángeles y uso de la tecnología de vigilancia sobre sus clientes con fines de lucro corporativo, entre otras acciones reñidas con la ética empresarial que proclama su propaganda corporativa.

En 2013 muchas compañías de alta tecnología admitieron que compran estaño en las minas no reguladas de Indonesia, metal utilizado en soldaduras de prácticamente todos los dispositivos electrónicos. Sin embargo, Apple se negó a revelar dónde se abastece de este elemento químico, incluso después que la red internacional de organizaciones ambientales Amigos de la Tierra (Friends of the Earth) movilizara a 25.000 personas para escribir una protesta a la empresa.

En China extendió el uso ilegal de mano de obra -con un régimen de trabajo más parecido a una semi-esclavitud-. Informes de Sacom (sigla en inglés de Estudiantes y Académicos Contra Mala Conducta Empresarial) y China Labor Watch (Observatorio Laboral Chino) documentaron deplorables condiciones de trabajo en 11 proveedores chinos de Apple, incluida la semana laboral de 100 horas, altos niveles de empleo de estudiantes menores de edad y salarios que no permiten vivir, todo esto a pesar que Apple se afilió en 2012 a la Fair Labor Association (Asociación para el Trabajo Justo).

Cole también informa que iBeacon, una aplicación para los populares productos iPhone y iPad, que la compañía afirma que no invaden la "privacidad del cliente", está programada para atosigar al usuario con ofertas de venta y notificaciones que presionan al usuario npara echar un vistazo a las tiendas Apple. Esta clase de publicidad por locación y contexto recibe por años las más severas críticas de los defensores de la privacidad. "Mientras Apple ha tomado una postura pública en contra de la vigilancia digital generalizada del programa Prism (1), la empresa claramente no tiene ningún escrúpulo moral sobre el uso de la tecnología de vigilancia en su propio beneficio", escribió Nicki Lisa Cole.

Algunas noticias sobre las prácticas comerciales mercenarias de Apple comenzaron a aparecer en ciertos grandes medios corporativos de EEUU y pueden seguir cobrando fuerza, sobre todo desde que el New York Times difundió el expediente de evasión tributaria de Apple y Los Ángeles Times sacó a la luz la oferta de Aple de un contrato de mil millones dólares al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para abastecer con iPads a todos los estudiantes, con aparatos supuestamente precargados con el software del plan de estudios. Apple aspira a extender este negocio a todo el país, en perjuicio de una educación pública que ya es de muy mala calidad y a nadie le interesa mejorarla.

Historias feas de Apple

La socióloga Nicki Lisa Cole, bajo el título "Delitos top 2013 de Aple: desde evadir impuestos a explotación tóxica", retrucó en Counterpunch.org el artículo de propaganda "Las más grandes historias 2013 de Apple", una alabanza a los reyes del Silicon Valley publicada en Cult of Mac. Cole describió otras historias importantes omitidas en esas “grandes historias”.

• La minería del estaño hiere y mata a los mineros en Indonesia, mientras los residuos en las aguas evacuadas por las minas amenazan corales y vida marina y la deforestación minera acidifica el suelo y daña granjas pequeñas y comunidades rurales de la región metalífera.

• Desigualdad de ingresos y aburguesamiento: Amigos de la Tierra y otros grupos de San Francisco manifiestan contra buses privados que Apple, Google y Facebook utilizan para llevar y traer de Silicon Valley a sus empleados aristocratizados, que han provocado aumentos de precios de la vivienda, purgan de la zona a residentes de ingresos medios y bajos, utilizan paradas gratuitas y socavan el transporte público.

• iEvasión impositiva: Apple utiliza a Irlanda como paraíso fiscal. Uno de sus holdings, Apple Sales International, pagó sólo 0,0135% en impuestos sobre sus 74 mil millones dólares en ingresos en 2012, según manifestantes de EEUU y el Reino Unido. Los residentes pobres de Chicago, porcentualmente pagan más impuestos que la corporación más valorada del mundo. El jefe de Apple, Tim Cook, impulsa una reforma impositiva de sociedades que puede rebajar aún más la responsabilidad tributaria de Apple en EEUU.

• El alto precio del iPhone, y su valor como símbolo de estatus, fomentan el robo. Un iPhone robado puede costar 200 dólares en EEUU y más en el extranjero. La empresa de seguridad Móvil Lookout estima en 30 mil millones de dólares el valor anual de smartphones perdidos y robados. La Comisión Federal de Comunicaciones informó que 1,6 millones de estadounidenses fueron despojados en 2012 de un aparato digital portátil (teléfono inteligente o tableta), la mayoría de ellos iPhones Apple. En Washington, entre el lanzamiento del iPhone en 2007 y 2011, los robos de móviles aumentaron 54%, mientras en San Francisco, donde casi el 50% de la población posee un iPhone, la mitad de los robos en 2012 implicó un teléfono inteligente, mientras a nivel nacional la tasa es de 33%. En Londres, cerca de la mitad de los móviles robados en 2013 eran iPhones. Pareciera que la empresa desea que los aparatos robados sigan usándose.

• Sobreexplotación en China: Informes de Hong Kong provenientes de Estudiantes y Académicos Contra la Mala Conducta Corporativa (Sacom), China Labor Watch y el recién formado "Programa Concerniente a la Nueva Generación de Trabajadores Migratorios" detallan violaciones laborales sistémicos en 11 proveedores chinos de Apple (Foxlink, Pegatron y Wintek, entre otros): salarios muy bajos, exceso de horas extraordinarias forzadas, hasta 14 horas diarias y 100 horas semanales, trabajo de pie durante 11 horas, un mayor trabajadores de despacho en inseguridad, empleo de menores de edad y estudiantes forzados a convertirse en trabajadores, estilo militar de gestión con prohibiciones de ir al baño, hora de almuerzo inadecuadas y ambientes de trabajo inseguros. Más de 1.000 trabajadores fueron golpeados en Foxconn, Fengcheng, provincia de Jiangxi, por querer sindicato, aumento de salarios, ambiente de trabajo digno, mejor equipamiento de seguridad, máscaras adecuadas para soldaduras, mejor nivel de vida en dormitorios y duchas diarias, no sólo una vez por semana, entre otras reivindicaciones. 169 trabajadores del proveedor de teclados Sunrex fueron envenenados por agua potable contaminada entre mayo y septiembre 2012. Sólo la mala historia laboral Apple permitiría escribir una extensa nota.

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional de Proyecto Censurado

Notas y referencias:
1) El programa secreto Prism permite a los servicios de inteligencia de EEUU acceder a los datos de 9 empresas de Internet, incluyendo los emails almacenados y actúa también fuera del territorio estadounidense. El programa fue aprobado por los tribunales, pero no se estableció ningún tipo de garantías individuales. Opera bajo una autorización amplia de los jueces federales que supervisan la aplicación de la Ley de Inteligencia Exterior (Fisa). Algunos documentos que describen el funcionamiento del programa fueron publicados por The Washington Post el 6 de junio 2013, con detalles adicionales, incluidos los niveles de revisión y supervisión de la NSA y el FBI. Los documentos también muestran cómo el programa interactúa con las empresas de Internet. TWP publicó diapositivas comentadas que representan una selección de todo el documento que aún pueden verse on line en castellano).

Fuentes:
-Nicki Lisa Cole, “Apple’s Top Crimes of 2013,” Counterpunch, January 1, 2014, http://www.counterpunch.org/2014/01/01/apples-top-crimes-of-2013/
-Proyecto Censurado: http://www.projectcensored.org/apples-rotten-business-malpractice-tax-dodging-surveillance-profit/
-Invertía.com: http://www.invertia.com/mercados/bolsa/empresas/apple-comp/portada-rv018apple
-TWP, Prism: http://noticiasdeabajo.wordpress.com/2013/07/02/como-funciona-el-programa-de-vigilancia-prism-de-la-agencia-de-seguridad-nacional/
Student Researcher: Bryan Brennen (Diablo Valley College)
Faculty Evaluator: Mickey Huff (Diablo Valley College)

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Estados Unidos y la UE, ciegos y sordos ante el cambio de época

Vicky Peláez (RIA NOVOSTI, especial para ARGENPRESS.info)

Cuando veas un gigante examina antes la posición del sol; no vaya ser la sombra de un pigmeo (Friedrich L. Freiher von Hardenberg (“Novalis”), 1772-1801)

Hace más de dos años el presidente de Ecuador Rafael Correa anunció que “América Latina no vive una época de cambios, sino un cambio de época”. Lo mismo está ocurriendo actualmente en la Unión Europea, Estados Unidos y Eurasia, aunque sus caminos son muy diferentes. De un lado, China y Rusia, y por el otro, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y los del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), están formando alianzas en torno a la necesidad de crear una nueva forma de un mundo multilateral. De otro lado, en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos está resurgiendo la ideología fascista que necesita para su sobrevivencia un mundo unipolar.

En Estados Unidos, de acuerdo a estudios recientes de la Universidad de Princeton y de la Universidad Northwestern, la democracia dejó de existir cediendo el poder a la oligarquía que no representa los intereses de la mayoría de sus ciudadanos sino los de los más ricos y poderosos. Todo sucede, según describe el estudioso Michael Snyder en su ensayo “The US Economic Collapse”, cuando el 20 % de los hogares norteamericanos no cuentan con ningún miembro de la familia que tenga trabajo. El crecimiento económico en Norteamérica en 2014, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), será alrededor del 1.5%. La severa crisis económica se refleja también en el aumento del crimen. Actualmente la población carcelaria en Norteamérica, de acuerdo al Consejo Nacional de Washington de la Academia Nacional de Ciencias, es la más grande del mundo: 2,200 000 de personas están en prisión, lo que representa el 25% de la población carcelaria mundial.

A nivel global, Norteamérica está en un período de declive, conservando sin embargo su poderío militar y su estatuto de superpotencia mundial única. Pero quiéralo o no, Washington está ante la necesidad de compartir el poder con Rusia y China. La reciente votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Crimea demostró que hasta el aliado incondicional de los EE.UU., Israel, prefirió no participar para no enfrentarse a Rusia y no perjudicar sus propios intereses económicos.

Lo que está sucediendo actualmente es la formación de un nuevo orden mundial al agotarse el que trataron de imponer los iluminados globalizadores en los años noventas. Este proceso tiene el carácter curvilíneo, cuyos principales protagonistas son Rusia, China y los países del grupo BRICS. Estados Unidos y la Unión Europea tratan de amoldarse a este proceso para desviarlo, pero sus contradicciones internas y su estado de la economía los están convirtiendo en actores de menor importancia. La Unión Europea es una formación fragmentada con tantos intereses y posiciones como Estados la conforman. El país motor de la UE, Alemania, está revelándose contra la política de los Estados Unidos hacia Rusia basada en la imposición de las sanciones contra este país utilizando Ucrania como el pretexto.

Algo parecido está sucediendo en los Estados Unidos donde inclusive el Pentágono se ha pronunciado contra la política de las sanciones económicas y financieras que quieren imponer contra Rusia el Departamento de Estado y el Congreso. Sin embargo, los políticos “iluminados” norteamericanos como Victoria Nuland o Susan Rice, guiados todos por su gurú intelectual Zbigniew Brzezinski, no pueden deshacerse del concepto de la “Isla Mundial” formulado en 1904 por el geógrafo y político británico, Halfor John Mackinder.

Mackinder afirmaba que en el planeta hay una “Isla Mundial” donde se concentran las mayores riquezas naturales y que está conformada por la gran masa euroasiática y africana. Al interior de este enorme espacio, de acuerdo a Mackinder, existe un pivote que se extiende desde el Volga hacia el este, hasta el río Yang Tse en China, y desde los Himalaya hasta el Océano Ártico y Siberia. El geógrafo británico afirmó: “quien controle Europa del Este dominará el Pivote del Mundo, quien controle el Pivote del Mundo, dominará la Isla Mundo, quien domine la Isla Mundo dominará el mundo”.

Hace 60 años Adolf Hitler, inspirado por las ideas de Mackinder, intentó dominar el Pivote del Mundo” bajo la consigna “Deutchland uber alles” (Alemania sobre todo), hazaña que terminó con la existencia de Alemania nazi. Ahora los asesores “iluminados” de Barack Obama quieren hacer revivir el postulado de Mackinder en Ucrania, olvidándose de la nueva era en que entró el mundo y el surgimiento de los nuevos actores geopolíticos y geoeconómicos que están desplazando lentamente a los Estados Unidos en el ajedrez político-económico mundial. A pesar de la vigorosa guerra mediática orquestada por Washington contra Rusia, este país está recibiendo el apoyo de la mayoría de la opinión mundial.

La persistente y cotidiana campaña de desinformación sobre los acontecimientos en Ucrania no ha logrado evitar que la opinión pública mundial esté consciente de que se trata de un golpe de Estado fascista que los iluminados de Washington promovieron y los obedientes burócratas de Bruselas hicieron realidad. Su resultado en Odesa ha sido visto por el mundo entero: las huestes nazi dieron muerte a decenas de personas en la Casa de los Sindicatos, mientras la policía observaba el incendio del edificio y la masacre de los inocentes, incluyendo mujeres y niños. Algo parecido sucedió después en Mariupol.

También la opinión pública mundial se da cuenta que en las ciudades rebeldes ucranianas que no están reconociendo al actual gobierno ucraniano de índole fascista impuesto por Washington y Bruselas no están ocupadas por ciudadanos separatistas pro rusos que luchan por la integración a Rusia sino por la población que exige el establecimiento del sistema federal en Ucrania. Sus ciudadanos quieren tener autonomía, libre de la interferencia de Kiev, en el marco de una Ucrania federalizada. La mayoría de estas provincias constituye la base del sector minero e industrial que representa un tercio de la producción industrial de Ucrania. Sus ciudadanos saben lo que hacen pues desoyeron el pedido de Putin de posponer el referéndum sobre la federalización para dar opción al diálogo y le contestaron que proseguirán con la votación. Al momento de escribir esta nota ya se divulga en muchos medios sobre la participación de unos 400 mercenarios norteamericanos llegados a Ucrania y que están participando en la represión contra los que luchan por la autodeterminación.

Mientras todo esto sucede, Ucrania sigue cayendo en las garras del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que ya anunciaron la necesidad de aplicar las recetas del Consenso de Washington tan tristemente conocidas en América Latina porque significa la austeridad y la destrucción de toda la estructura económica nacional. Los 16 mil millones de dólares que otorgó el FMI para la reestructuración del país se utilizarán para destruirlo tomando en cuenta que la deuda total de Ucrania es de 140 mil millones de dólares y la deuda a plazo corto es de 65 mil millones. A la vez está endeudado seriamente con la corporación rusa Gasprom. A cambio de estos 16 mil millones de dólares, los curadores norteamericanos y europeos del gobierno ucraniano exigen muestras de belicosidad contra Rusia, el despliegue de sus fuerzas militares en la frontera con este país, así como y aplastar a sangre y fuego la rebelión de 23 ciudades ucranianas.

Los líderes de la OTAN están incentivando también a los nazis ucranianos con la promesa de defenderlos en caso de una posible agresión rusa sabiendo perfectamente, como escribió el columnista del periódico español El País, Lluís Bassets que “nadie quiere morir por Ucrania, un estado fallido. Nadie quiere ver a los soldados europeos arriesgando sus vidas por un país que a estas alturas no sabe siquiera si quiere existir”.

Washington no quiere entender esto, pues está ilusionado con la idea de dominar el “Pivote del Mundo” para salvarse de la miseria. Se olvida del trágico destino de todos los que lo intentaron alguna vez. Por algo el profesor de Yale University, Jed Rubenfield escribió en su libro “El Instinto de la Muerte” que “Estados Unidos ama olvidar el pasado”.

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¿Quiénes son los dueños de la Universidad Andrés Bello de Chile?

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Laureate International Universities utiliza a Bill Clinton como cebo en la cacería de jóvenes a la propaganda de la educación superior privada y con fines de lucro primero seduce y luego estafa sus legítimos “sueños” de una vida mejor.

La corporación transnacional Laureate Education Inc. (LEI) controla tres universidades en Chile: Andrés Bello, Las Américas y Viña del Mar, más dos institutos profesionales (AIEP y EMM) y un centro de post grados (IEDE), que estuvo a cargo del ex candidato presidencial Franco Parisi.

En América del Sur, el grupo LEI opera a través de la división Región Andina del grupo, que abarca universidades e institutos en Chile (6), Perú (2) y Ecuador (2, incluida una filial de UDLA-Chile). También posee universidades e institutos en otros países de la región: 12 en Brasil, 2 en Costa Rica, 2 en Honduras, 2 en México y 2 en Panamá.

Laureate no es sólo la trasnacional más grande de la educación superior en el campo de cacería de "los sueños" de los jóvenes de Chile, sino la mayor del mundo. Fundada en 1998 con su matriz en Baltimore, Maryland, y conocida antes como Sylvan Learning Systems, Inc., en mayo 2004 cambió su nombre a Laureate Education, Inc. y opera como subsidiaria de Wengen Alberta, Limited Partnership, controlada por Douglas L. Becker.

Laureate fue la 9ª empresa más grande de Baltimore, con más de 1.000 millones de dólares en ingresos en 2006. También adquirió fama como el mayor especialista en educación online, a través de Educar Inc., que alguna vez formó parte de los antiguos Sylvan Learning Systems.

En enero 2007 se anunció la adquisición de Laureate Education Inc. por un grupo de inversión encabezado por el CEO Douglas L. Becker, actual presidente del consejo de la compañía y responsable de las decisiones financieras. La oferta de compra terminó fijada en 62 dólares por acción, en una transacción finiquitada en 2008 por 3.820 millones de dólares, pagados de contado y calificada entre las mayores operaciones de Baltimore de la última década.

El consorcio formado para la operación incluyó entidades y fondos como Kohlberg Kravis Roberts (KKR),Citigroup Private Equity, SAC Capital Management, SPG Partners, Bregal Investments, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Sterling Capital, Makena Capital, Torreal S.A., y Southern Cross Capital. Estas firmas están basadas en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y España, pero se trata de capital financiero sin fronteras.

Hubo accionistas que cuestionaron esta transacción. Mientras la oferta de venta se estaba estudiando, algunos accionistas, como el gerente T. Rowe de Price Group Inc., de Baltimore, se quedaron preguntándose qué habría sido de su empresa y argumentaron que el acuerdo de venta beneficiaba a la gestión mientras estafaba a los accionistas. Una demanda colectiva, llamada "juicio de acción de clases", presentado por accionistas insatisfechos por la transacción ante la Corte del Circuito de Baltimore City terminó en un arreglo en octubre de 2011, que significó el reparto de una reparación por 35 millones de dólares entre los tenedores de acciones que participaron del acuerdo, recibidos en proporción al número de acciones que poseían, explicó Brian Moffet, abogado de Gordon Feinblatt en Baltimore, que no estuvo asociado al caso Laureate. Se adquirieron más de 60 millones de acciones en esta compra.

“Tales demandas son comunes cuando las empresas participan en grandes fusiones y adquisiciones, pero es menos frecuente que los accionistas terminen recibiendo algún dinero”, explicaron Scott Dance y el staff del Baltimore Business Journal (15/07/2011). Los funcionarios de Laureate consultados se negaron a comentar sobre el acuerdo, mientras los abogados eludían el requerimiento periodístico. (Ver http://www.bizjournals.com/baltimore/print-edition/2011/07/15/laureate-shareholders-reap-35m.html?page=all).

La expansión de Laureate da vértigo. Hacia 2007, Laureate atendía una matrícula global de aproximadamente 250 mil estudiantes, 30 mil de ellos en programas a distancia, según el académico mexicano Roberto Rodríguez Gómezm (UNAM) (http://firgoa.usc.es/drupal/node/34340). En 2008, el mismo autor estimaba la matrícula en 400.000. (http://www.observatorio.org/opinion/Transnacional.html). En 2010, el CEO Douglas L. Becker, a través de la Universidad Viña del Mar aseguraba que Laureate entregaba “formación a cerca de 600 mil estudiantes” (http://www.uvm.cl/noticias.shtml?cmd%5B366%5D=i-366-15b0e0d5b51f37e7dea057a70ab3a8c3)

Sólo en Chile, su matrícula 2012 ascendía a 123.739 estudiantes, el 12,5% de un “mercado” que en 2011 exhibía 989.034 estudiantes matriculados en centros de formación ténica, institutos profesionales y universidades (http://www.cned.cl/boletin/201112N05.pdf)

“Laureate Education Inc. se perfila como el proveedor transnacional de servicios educativos de tipo superior más significativo a nivel global”, escribió Rodríguez Gómez en 2007. “La política corporativa Laureate consiste en adquirir o aliarse con institutos de educación superior establecidos, preferentemente acreditados en su país de origen y con un nicho de mercado resuelto”.

El aporte de Laureate consiste principalmente en capital más el valor agregado de la afiliación a la red de universidades LIU, con posibilidades de intercambio y movilidad internacional. La transnacional incrementa el valor de sus activos y, por consiguiente, su posición en el segmento en que opera en el mercado internacional. En educación a distancia tipo on line, el grupo ofrece programas de licenciatura y postgrado a través de dos instituciones especializadas, la Universidad Walden, de Estados Unidos, y el sistema Laureate Online Education B.V., en alianza con la Universidad de Liverpool.

Laureate Education Inc. tiene una cara pública más amable, con la apariencia de una red académica transnacional, que es la imagen de Laureate International Universities (LIU), que, según su sitio web, en 2013 incorporaba 72 instituciones de educación superior de 29 países de América Latina, Norte América, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y Norte de África (http://www.laureate.net/).

Visitando la recién adquirida Universidad Viña del Mar, en mayo 2010 el CEO del conglomerado Laureate Inc., Douglas L. Becker, afirmó que la educación superior debe satisfacer las necesidades de la empresa y facilitar el éxito profesional de los jóvenes. Su argumento principal incidió en la teoría de satisfacer "el sueño" juvenil de una educación que lo arme para el futuro en el mundo en que vivimos: “En la red compartimos la misión de hacer accesible la educación superior, de modo que más jóvenes pueden perseguir sus sueños”, dijo, orgulloso. “Ofrecemos una educación profesionalmente orientada, con una perspectiva internacional que contribuye a preparar a los jóvenes para triunfar en el mercado global”, expresó el ejecutivo (http://www.uvm.cl/noticias.shtml?cmd%5B366%5D=i-366-15b0e0d5b51f37e7dea057a70ab3a8c3).

Bill Clinton aporta su imagen

La figura del ex presidente de EEUU William Clinton es el mascarón de proa que usa Laureate para navegar en las aguas internacionales del negocio de la educación superior privada, como “canciller honorario” de LIU. El ex presidente "ofrece asesoramiento en temas como responsabilidad social, liderazgo juvenil y aumento del acceso a la educación superior". La pomada que vende Clinton "también anima a la participación cívica y el liderazgo juvenil en importantes cuestiones sociales durante sus apariciones en los campus universitarios de Laureate", asegura la propaganda corporativa LIU.

El paraguas universal LIU que usa LEI para el negocio de la educación superior privada asegura que su noble misión es "ampliar el acceso a la educación de mejor calidad para hacer del mundo un lugar mejor. A través de nuestra red mundial de instituciones de educación superior compartimos la misión de hacer la educación superior de calidad accesible y asequible para que más estudiantes puedan perseguir sus sueños" (http://www.laureate.net/).

En 2000, Laureate integró en Chile a la Universidad de Las Américas (UDLA) para hacer "accesible y asequible" a los jóvenes chilenos "sus sueños" de futuro. Fundada localmente en 1988, la UDLA se declara "pionera en la ampliación del acceso a la educación superior” a lo largo del país como "la segunda universidad más grande de Chile". Desde 2003, controla la Universidad Andrés Bello (UNAB), una de “las tres mejores instituciones privadas de educación superior en el país”, según la propaganda corporativa del holding; y desde 2009, la Universidad de Viña del Mar (UVM), fundada en 1988.

En 2006 instaló el Institute for Executive Development (IEDE), sucursal de la escuela de negocios para postgrados de la Universidad Europea de Madrid, establecida en 1994, que en Chile funciona adherida a la UNAB. El candidato presidencial Franco Parisi Fernández desempeñó la jefatura del IEDE Chile como decano hasta julio 2012. Los programas IEDE venden sus servicios en Santiago, Madrid y Shanghai, especializados en “programas de gestión, concentraciones generales de negocios, marketing, finanzas y liderazgo, con certificación internacional de calidad ISO 9001:2000”.

Otros negocios locales de Laureate son el Instituto Profesional AIEP (AIEP), instituto técnico y profesional, adquirido en 2003 y fundado en 1960, que ofrece 40 programas en negocios y gestión, tecnologías de la información, diseño y publicidad, ciencias de la educación y desarrollo social, y salud; y también el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música (IP-EMM), adquirida por Laureate en 2008 y fundada en 1940 para educar en música y danza. Según la Fundación Sol, Laureate posee 123.739 alumnos repartidos entre la UNAB, UDLA, AIEP, IP Escuela Moderna de Música y Universidad Viña del Mar.

En junio de 2012, el informe sobre educación superior de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados dio a conocer que la UDLA y otras seis universidades e institutos de educación superior incurrieron en irregularidades diferentes y no cumplieron las exigencias legales que obliga a las corporaciones educacionales “sin fines de lucro”. Tres casas de estudios –Las Américas, Andrés Bello y Viña del Mar– más el instituto Aiep pertenecían a la división Región Andina de Laureate Education Inc. Las otras tres fueron las universidades Santo Tomás, Uniacc y del Desarrollo.

Vínculos UDLA/Laureate

La junta directiva de la UDLA muestra el entretejido de los dos bloques políticos dominantes, Alianza y Concertación, en el negocio de la educación superior chilena. Y ese entretejido legitima dudas sobre la sinceridad de los propósitos enunciados de terminar con el “lucro ilegal” en la enseñanza superior que hizo colapsar a la Universidad del Mar, otra de las casas cuestionadas por el informe parlamentario 2012, donde las víctimas fueron 18.000 estudiantes que pagaron por sus sueños.

Por ejemplo, Jorge Constantino Demetrio Selume Zaror, del grupo de becarios de la escuela de economía de la Universidad de Chicago que tomó el control de la economía chilena con la dictadura Pinochet, preside la Región Andina de Laureate Education Inc., el holding que en 2000 compró en 26 millones de dólares Desarrollo del Conocimiento S.A., la empresa controladora de la UDLA, para convertirla en subsidiaria.

Selume salió a la luz pública en diciembre 2012, durante la investigación de los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo de los correos electrónicos que le envió el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz —quien estuvo en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos— sobre planteles del holding que solicitaban acreditación.

Selume comenzó a colaborar con Pinochet cuando cumplía 28 años, para servir como director de Presupuesto, por recomendación del entonces ministro de Hacienda Hernán Büchi, a quien apoyó en su fallido intento de reemplazar a Pinochet vía las urnas en las primeras elecciones post-dictadura de 1989. Pertenece al grupo de empresarios de origen árabe (Carlos Abumohor Touma, Álvaro Saieh y otros) que hizo fortuna tras adquirir en 1986 el Banco Osorno por menos de 10 millones de dólares para vendérselo una década después (1996) en 496 millones de dólares al Banco Santander-Central Hispano de España.

Jorge Selume Zaror también participa en actividades lucrativas con Saieh, el dueño de Copesa (diario La Tercera, Qué Pasa y otros grandes medios) y de CorpBanca, entre numerosos mega-negocios. También ha sio vicepresidente de la UNAB y directivo de la cúpula de CorpBanca, que posee 7 filiales (CorpBanca Administradora General de Fondos S.A.. CorpBanca Agencia de Valores S.A., CorpBanca Asesorías Financieras S.A., CorpBanca Corredores de Bolsa S.A., CorpBanca Corredora de Seguros S.A., CorpLegal S.A.y SMU Corp S.A.) y declara un capital de 720,5 millones de dólares (340.358.194.234 de pesos chilenos).

Este polifacético hombre de negocios tiene, además, un primo que –cuando sea necesario– vota a favor de sus intereses en el parlamento, el diputado UDI Gustavo Hasbún Selume, graduado en tiempo récord como periodista en la Universidad de Santiago (Usach), quien votó en 2012 contra el informe que vinculaba a la UDLA (30.000 estudiantes) con el lucro en la educación.

Hasbún dijo que la comisión "perdió todo tipo de objetividad al mencionar solamente a algunas universidades y no a todas" y "eso demuestra claramente que el lobby pesó más que la realidad". El informe fue sepultado por la mayoría parlamentaria controlada por el lobby de la educación privada. (En abril de 2006, siendo alcalde de la comuna Estación Central de Santiago, Hasbún se tituló de periodista con la nota mínima en la Usach, luego de rendir un examen de grado defendido en "power point" ante una comisión integrada por el jefe de la carrera, Eduardo Román; la coordinadora de prácticas de la escuela, Sonia Aravena; y el académico Cristián Antoine. Los estudiantes estimaron que su exposición fue incoherente con la propuesta de su tesis y protestaron, mientras el académico Román señalaba que la defensa de tesis del alcalde fue "mediocre", porque el alumno "lograba hablar del tema, pero no necesariamente contestar las preguntas". Tampoco hubo audio ni video, como se estila en la escuela, dijo la versión electrónica del desaparecido diario gubernamental La Nación http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20060428/pags/20060428234538.html).

Quien aparecía como presidente de la junta directiva UDLA hasta 2013 era Herman Chadwick Piñera, también presidente del Consejo Nacional de Televisión, hermano del ex ministro del Interior y ex senador Andrés Chadwick, primo del ex presidente Sebastián Piñera. Curiosamente, en 2014 la UDLA aparece sin presidente: encabeza la junta directiva el vicepresidente José Pedro Undurraga I., ingeniero comercial de la Universidad Católica con un MBA en la Universidad de Chicago, la cuna ideológica del neoliberalismo, cuando los "Chicago's Boys" hicieron "su práctica" en un país totalmente sometido por la dictadura de Pinochet. Fue director ejecutivo de la Corporación Inacap, rector de la Universidad Tecnológica de Chile-Inacap., del Instituto Profesional Inacap y del Centro de Formación Técnica Inacap. En Gener SA fue subgerente general y gerente de la división eléctrica, además ha sido director de Puerto Ventanas, Energía Verde y Colbún, entre otras compañías. Ha sido asesor del en los ministerios de Planificación, del Trabajo y de Hacienda, además de integrante del consejo de la Universidad de Atacama. Chadwick fue presidente (2006-2010) de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), agrupación de las empresas concesionarias del Estado que explotan obras de infraestructura o servicios públicos, léase autopistas privadas.

En la junta directiva UDLA también estuvo Genaro Arriagada Herrera, DC, ministro secretario General de la Presidencia 1994-1996, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y continúa el periodista de extrema derecha Manfredo Mayol, asesor de Pinochet, de las campañas electorales UDI y de importantes empresas.

Otro directivo UDLA ha sido el abogado Cristián Inzulza Brajovic, ex jefe del departamento jurídico de la división de Educación Superior del ministerio de Educación, y participante en la tramitación de la ley 20.129, sobre "aseguramiento de la calidad de la educación superior", y la ley 20.027, que "modernizó" el sistema de financiamiento de la educación superior. Fue secretario técnico de la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior, constituida en 2007 por Michelle Bachelet para elaborar la propuesta “Los desafíos de la Educación Superior Chilena”, entregada sin pena ni gloria en marzo de 2008. En abril de 2010 fue nombrado secretario general de la Universidad de Viña del Mar, también de LEI y afiliada a LEU, el grupo global de Laureate.

La rectora de UDLA, Pilar Armanet (PPD), fue jefa de la División de Educación Superior (2000-2006) del ministerio de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y ministra vocera (2009-2010) del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), mientras la ingeniera comercial PS –o filo PS– Pilar Romaguera, su ex subsecretaria (2006-2008) e ideóloga de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), se desempeña hoy (2013) como decana de Educación de la UDLA.

Hasta junio de 2011, Paulina Dittborn Cordua, hermana del subsecretario de Hacienda de Piñera y ex diputado UDI Julio Dittborn, fue pro-rectora de UDLA, aunque originalmente sería nombrada rectora, pero la designación a ese cargo se frustró por el escándalo que generó el anuncio de su nombramiento dos meses después que el Consejo Superior de Educación (CSE), mientras ella ejercía como vicepresidenta, el 3 de abril 2008, cuando aceptó por unanimidad una apelación que revirtió el fallo negativo de la CNA a la acreditación de UDLA. La ministra de Educación, y por tanto presidenta del CSE, era entonces Yasna Provoste Campillay, DC, quien le entregó el cargo a Mónica Jiménez de la Jara el 17/04/2008. Paulina Dittborn aterrizó en la UDLA después de la acreditación del CSE, hacia fines de 2008.

Paulina Dittborn sirvió también a la dictadura como jefa de gabinete del ministerio de Educación (1981-1987), subsecretaria de Educación (1987-1988) y subsecretaria de Previsión Social (1988-1990). Fue directora del Colegio Mariano de Schöenstatt y actualmente es directora nacional de la red Colegios Santo Tomás y decano de la facultad de educación de la universidad homónima, que posee 14 sedes y 27.000 alumnos. Formada en arqueología y prehistoria cuando la Universidad de Chile era gratuita, magíster en psicología, presidió el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura; dirigió la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura, y fue consejera, vicepresidenta y miembro del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, del Consejo Superior de Educación (CSE).

Julio Castro Sepúlveda, nombrado en 2006 jefe de la División de Educación Superior del Mineduc –quien también aprobó la acreditación UDLA desde su sillón del CSE–, también terminó ligado a esa casa de estudios como asesor educacional de la Región Andina de Laureate International Inc., el holding propietario. Hoy Castro Sepúlveda es rector de la Universidad de Viña del Mar.

Los vínculos de Paulina Dittborn con la cúpula UDLA se remontan a los años 1990, cuando fue vicerrectora académica del Instituto Nacional de Capacitación (Inacap) y su rector, en 1999-2007, era José Pedro Undurraga Izquierdo, rector de UDLA hasta 2013. Undurraga fue también vicepresidente del grupo Región Andina de Laureate y, por tanto, colaborador estrecho de Jorge Selume Zaror, presidente de esa división. Undurraga, también director de la Empresa Nacional de Minería (Enami) en representación del presidente Piñera hasta enero 2013, quien secundó a Selume en levantar la Universidad Andrés Bello junto a Álvaro Saieh, Juan Antonio Guzmán (cónyuge de Paulina Dittborn), y Andrés Navarro, dueño de Sonda.

Los dueños de la Andrés Bello

Para vender la lucrativa mercancía llamada educación superior, un pequeño grupo cerrado fundó en 2003 la Universidad Andrés Bello. Víctor Saleh fue el accionista mayoritario (72% de la propiedad) de este negocio, secundado por Francisco Luna (25%), y por Luis Cordero, Ignacio Fernández y Marcelo Ruiz Pérez, que en conjunto aportaron el 3 % que faltaba. La “casa de estudios superiores incorporó después nuevos socios y pasó por varias manos ligadas a la extrema derecha y a negocios lucrativos hasta que el grupo Laureate compró su “cartera de alumnos” en 2003.

Entre sus accionistas figuraron los ex senadores y exs ministros de Interior y Economía de Piñera Andrés Chadwick y Pablo Longueira, a través de una sociedad anónima denominada Copra, que fundaron en 1986 junto a otros próceres de la UDI, Luis Cordero, Ignacio Fernández y Andrés Serrano Gutiérrez, del tribunal supremo de la tienda. En 1991, Copra ingresó a la propiedad de la Sociedad Inmobiliaria Andrés Bello y la Universidad que lleva el mismo nombre del ilustre venezolano.

Nadie recuerda cuando Copra vendió sus acciones de la Inmobiliaria Andrés. En el caso del ex ministro Andrés Chadwick, en su oportunidad informaron desde su cartera que cuando se convirtió en diputado “se retiró de la sociedad porque fue electo”, aunque no recordaban la fecha exacta, “pero fue entre 1990 y 1991, y no recibió nada de dinero al momento de desvincularse. Su señora, Victoria Costa, estuvo unos pocos meses más pero luego también se retiró”. En el caso de Pablo Longueira no hubo respuesta (http://www.elmostrador.cl/pais/2012/12/20/las-poderosas-redes-que-cierran-la-puerta-a-una-reforma-profunda-de-la-educacion/).

En 1996 Saleh vendió su parte en las sociedades vinculadas a la Universidad. Fue comprada por Álvaro Saieh, Andrés Navarro, Jorge Selume y los ex ministros de Pinochet Miguel Ángel Poduje y Juan Antonio Guzmán, ministro de Educación en los ’80.

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Argentina: Daniela Vergara: Hay que "construir desde los espacios combativos"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Daniela Vergara -integrante de Docentes en Marcha en Amsafe - conversamos sobre la situación educativa santafesina.



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Una alianza por derecha

Hugo Blasco (FISYP)

Por decisión conjunta del macrismo y del kirchnerismo, el IEM desaparecerá. Se trata del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), conducido hasta la actualidad por organismos de Derechos Humanos, un ente que surgió siendo autárquico y autónomo, y que desde ahora queda disuelto.

Serán los gobiernos de turno quienes resolverán sobre la utilización de numerosos ex-campos de concentración que funcionaron durante el Terrorismo de Estado.

La decisión del Pro y del FpV de terminar con el IEM no es casual, forma parte de una política de Estado coincidente entre ambas fuerzas.

Son el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) socios de una maniobra que vulnera la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La misión y la función del IEM ha sido la de resguardar y transmitir la memoria e historia de los hechos ocurridos en los años ’70 e inicio de los ’80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y sus consecuencias, con el objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos, y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana.

Pero se terminó, los legisladores del Pro y del Frente para la Victoria levantaron la mano y acabaron con el IEM en la tarde del 8 de mayo de 2014.

Fue el día que callaron a las Madres, cuando les prohibieron expresarse, cuando no las dejaron hacer uso de la palabra.

En este caso la prohibición se puede cuantificar, fueron 35 los legisladores que votaron para que Nora Cortiñas y Elia Espen, de Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora, no pudieran hablar en el Recinto. Prohibieron expresarse a dos emblemas que honran desde hace 37 años la memoria de los 30.000 compañeros detenidos–desaparecidos.

Que el oficialismo de la Nación (FpV) y el oficialismo de la CABA (PRO), resuelvan cuestiones en sintonía, no es un dato sorprendente, ya lo vienen haciendo desde hace tiempo. Aprobaron la Ley Antiterrorista, la nefasta ley de Accidentes y Riesgos del Trabajo, acuerdan negocios inmobiliarios en Buenos Aires, impulsan entusiastas una ley para eliminar y reprimir la protesta social.

¿Puede llamarnos la atención lo del IEM? Obviamente que no. Es una demostración más del oportunismo de quienes utilizan la lucha por los derechos humanos con un criterio político bastardo.

Negarles la palabra a dos compañeras que merecen todo el respeto y consideración por lo que hicieron y hacen permanentemente por la Memoria, la Verdad y la Justicia es por lo menos una actitud miserable. Y no nos llama la atención. Se les cae la careta, muestran el verdadero rostro.

Nuestro repudio a los legisladores del PRO y del Frente para la Victoria.

Nuestra condena a la iniciativa del Gobierno nacional.

En ocasiones como esta gritamos más fuerte que nunca: No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Por los 30.000 detenidos desaparecidos: PRESENTES! Ahora y Siempre!!!.

FISYP: Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.

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Palabras y silencios de los obispos

LA ARENA

El reciente documento dado a conocer por el sínodo de obispos de la Iglesia Católica cuyo eje central es la tajante aseveración de que "la Argentina está enferma de violencia", ha sido motivo de diversas interpretaciones, desde una aprobación indiscriminada por parte de la oposición al gobierno hasta un rechazo contundente de otros sectores.

En verdad que el documento se presta al análisis desde diversos puntos de vista pero lo que sobresale es lo taxativo de tal afirmación. Sobre todo porque la Iglesia Católica no está en situación de señalar la paja en el ojo ajeno en forma tan contundente porque mantiene todavía una deuda con la sociedad argentina. Puede advertirse que el concilio obispal concreta esta declaración al mismo tiempo que un sector interno de la iglesia, el de los sacerdotes de la Opción por los Pobres, cuestiona la actuación del obispo de Bahía Blanca por encubrir y ayudar la fuga del ex capellán militar Aldo Vara, acusado por delitos de lesa humanidad. El reclamo también señala la protección que le dio a Vara la autoridad católica de Ciudad del Este, en Paraguay, donde permanecía prófugo.

No es nuevo el reclamo que hoy vuelve a hacérsele a la iglesia para que dé a conocer todo lo que sabe sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar, que por lo que conoce, no es poco. En un sínodo anterior los obispos se habían comprometido a revisar y dar a conocer los antecedentes que tuvieran respecto a los delitos de lesa humanidad; sin embargo el silencio sobre esos oscuros años continúa.

De allí que el fuerte alegato sobre una situación de violencia que encuentra generoso eco en los grandes medios de comunicación opositores al gobierno, se vuelve inexorablemente contra de los propios declarantes. La extensa lista de ejemplos de violencia y desigualdad social que señala el documento dado a conocer resulta, a su vez, un espejo de la labor obispal, detalle que no han ignorado voceros del gobierno que no han vacilado en recordar la espantosa violencia de los años del proceso militar, infinitamente mayor a la actual, oportunidad en que la iglesia mantuvo un mutismo absoluto, aun en casos que la afectaban muy directamente, como el caso del obispo Angelelli. En esta suerte de respuesta oficial algunos usaron munición muy gruesa, como fue el caso de la embajadora en México, quien dijo "no recordar un pronunciamiento similar del Episcopado durante la dictadura militar, ni en la época del auge neoliberal ni en la crisis del 2001". No faltaron tampoco los que reprocharon el silencio eclesial cuando sumaban millones los desocupados y las fábricas se cerraban durante los aciagos años noventa de Menem-Cavallo.

La tajante afirmación obispal es demasiado parecida a la prédica de los medios hegemónicos y se autoexime de responsabilidades y compromisos. Además la emisión de semejante documento ha sido coincidente con el 40 aniversario del asesinato del sacerdote Carlos Mujica, tenido como ejemplo de la "opción por los pobres" y cuyo recuerdo en los altos niveles de la iglesia poco menos que pasó desapercibido.

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Carapintadas y censura en un Congreso organizado por AMSAFE seccional General Obligado

Matías Ruiz Díaz

El jueves 8 y viernes 9 de mayo se realizó en Reconquista (Santa Fe) el Congreso del Pensamiento Argentino, organizado por la seccional General Obligado de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, en conjunto con la Asociación Mutual de los Trabajadores del Arte y la Cultura, AMTAC. Del mismo participó como principal expositor, con media jornada de intervención, el teniente coronel carapintada Santiago Roque Alonso, quien recientemente reivindicó el rol del levantamiento contra el gobierno de Alfonsín como una herramienta para retrasar por casi dos décadas los juicios a los genocidas de la última dictadura.

Además, el periodista y docente Andrés Sarlengo fue censurado y “borrado” de la lista de expositores luego de aceptar la invitación de la Cátedra Abierta sobre Derechos Humanos del Profesorado N° 4 para dar una charla sobre políticas educativas.

Este Congreso, arancelado, en el que se habilitó la palabra durante media jornada a un militar carapintada y se censuró a un escritor por haber accedido a realizar una charla abierta y gratuita en un IFD público, se dio a los pocos días de que Ctera repudiara la presencia de ex militares carapintadas en un “evento pedagógico” organizado por el Gobierno de la C.A.B.A.; el agravante, en el caso del congreso del Pensamiento Argentino, es que la organización corrió por cuenta del mismo sindicato docente.

Un carapintada en el Congreso de AMSAFE

El orador central del Congreso de Pensamiento Argentino, primero realizado en Reconquista, pero decimoprimero de los realizados por AMTAC sobre la misma temática, fue el teniente coronel retirado Santiago Roque Alonso, quien disertó desde las 9 de la mañana hasta pasado el mediodía del viernes sobre "Cómo funciona realmente el mundo: las Sociedades Secretas y el Poder Mundial". Al presentar a Alonso, el mismo gremio docente incluyó parte de su CV:
* En diciembre de 1986 fue designado Jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 35, en Rospentek, ubicado a 30 kilómetros de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz.
* Fue pasado a retiro obligatorio en marzo de 1988, como consecuencia de los hechos derivados de su participación en la sublevación de Semana Santa de 1987. – para qué fueron los levantamientos carapintadas.[1]

Omitieron mencionar que dichos levantamientos tuvieron como objetivo frenar el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, a tal punto que secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desaparición de personas recién pudieron comenzar a juzgarse tras dos décadas de recuperado el sistema democrático.

Comenzando su disertación, Alonso criticó a quienes repudiaron su pasado. Sin embargo, no se trata sólo de su pasado: en fecha reciente, fines de 2010, Alonso le escribió una carta pública al Coronel también retirado Néstor Omar Greppi, quien intentó reprimir el levantamiento de 1987. El caso de Greppi es curioso, ya que se trata de un represor nato, a quien le daba lo mismo reprimir ilegalmente a “subversivos” durante la dictadura, o a sus pares durante la democracia: en 1987 intentó reprimir el levantamiento carapintada del Regimiento de Infantería Mecanizado 35 que estaba a cargo de Alonso, en Rospentek (próximo a Río Turbio), desde su Regimiento de Caballería de Tanques 11, en Puerto Santa Cruz (a 500 km de distancia). Luego, sería condenado a veinte años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa a causa de su participación en los delitos de lesa humanidad en La Pampa, durante la última dictadura.

En “el pasado” (léase, 1987), Alonso pensaba y decía que de continuarse con la aplicación de la “batalla jurídica” (el juzgamiento de los genocidas) por parte del entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército “hasta su consumación total, constituiría un costo inaceptable que afectará la conservación de la fuerza, su honor, su justificación histórica, la disciplina, la obediencia confiada y la moral de los cuadros en el presente y los que se incorporen a la institución en el futuro”. Y fundamentaba el levantamiento carapintada en la necesidad de “instrumentar las acciones necesarias para que cese la represalia de naturaleza jurídica dirigida contra el Ejército Argentino (…) por hechos de guerra en actos del servicio, en el transcurso de la guerra contra la subversión…”[2]

Claro, eso era en el pasado. Pero en el presente, noviembre de 2010, Alonso se lamentó “profundamente” por los “cientos de Jefes y Oficiales presos y condenados”, a quienes les recordó que “con la actitud de mi Regimiento y de otras pocas unidades se contribuyó a que usted [Greppi] y los que hoy están condenados o detenidos o que fallecieron en esa condición, hayan disfrutado de la libertad a partir de Semana Santa de 1987 hasta la reapertura de las causas judiciales (17 años o más)”[3]. O sea: 17 años de impunidad.

Luego, con un extraño concepto de la Historia y en un congreso docente sobre Historia, Alonso se lamentó de que algunas personas no puedan olvidarse de lo que pasó hace ya tanto tiempo.

Pero al pasado carapintada y al presente de reivindicador de la dictadura se suman otros detalles del CV de Alonso. Desde diciembre de 2001 dirige el periódico mensual Patria Argentina, publicación asiduamente mencionada en diversos informes sobre el antisemitismo en la Argentina, desde donde desarrolla teorías como la del Plan Andinia de los judíos para quedarse con la Patagonia. Además, desde 1995 preside los Centros Cívicos Patrióticos, “Asociación Civil sin fines de lucro” que también suele destacarse tanto en los informes sobre antisemitismo por el contenido de sus boletines como por su postura abstencionista ante los procesos electorales.

Educación, libremercado y censura

Mientras los organizadores del Congreso, AMSAFE Obligado y AMTAC, habilitaban la palabra a un carapintada como Alonso, censuraban al docente y periodista Andrés Sarlengo, encargado de una ponencia sobre “Educación y libremercado”. Sarlengo, cuya disertación estaba prevista para el viernes a las 9:00 horas, había aceptado una invitación de la Cátedra Abierta sobre Derechos Humanos del Instituto Superior del Profesorado N° 4 “Angel Cárcano” para dar una charla abierta y gratuita sobre el tema, y presentar su libro Crimen educativo: Una mirada periodística sobre las políticas educativas.

Pero mientras se encontraba en pleno viaje desde Venado Tuerto (unos 650 km la separan de Reconquista) se le comunicó desde la organización que debía suspender la charla de la noche, que nada tenía que ver con el Congreso. Luego, ya suspendida dicha charla, directamente “me llaman nuevamente levantando mi exposición (‘porque no hay garantías de que no presentés el libro (…) que vos tendría que haber consultado mínimamente esa actividad’)”, contó él mismo a través de un texto titulado "Censurados, sutilmente o no tanto"[4].

“El Congreso de Amtac para las 19 horas del viernes 9 de mayo ya habría terminado y seguir difundiendo mi ‘laburo’” es mi deber y cometido. Pero no siempre la verdad que uno descubre es bien vista por otros”, indicó el escritor censurado, quien interpreta que las denuncias por la participación del militar carapintada pudieron tener relación con la decisión de borrarlo de la lista de expositores. A los docentes que asistieron al congreso de AMSAFE a escuchar su ponencia no se les quiso dar ninguna explicación. Su lugar lo ocupó Alonso, quien alargó una hora más de lo previsto su disertación.

Un congreso que fue una estafa

Luego de concluido el Congreso, que tuvo un costo de 135 a 250 pesos, las críticas de los docentes asistentes y afiliados al sindicato AMSAFE no se hicieron esperar. Mediante un texto titulado “Un Congreso engañoso y poco serio”, Luciano Sánchez, docente que viajó 80 km para asistir al mismo, denunció que “habían promocionado 2 días y terminó siendo día y medio (nunca nos enteramos la razón). Habían promocionado la asistencia de 14 expositores y hubo tan solo 5 (sólo 2 de los 5 estaban en el afiche, y tampoco nunca nos enteramos las razones). Habían promocionado 11 temáticas y desarrollaron solo 5 (algunas no estaban en la cartelera y tampoco supimos los motivos)”.

Si bien disertaron en el congreso la profesora Elsa Bruzzone (CEMIDA, ATTAC), Alejandro Olmos Gaona, habían sido publicitada también la presencia de Walter Pengue, Juan Carlos Cena y el mismo Sarlengo. Por ninguna de esas u otras ausencias se dio explicaciones. “Al finalizar nadie de la organización dio la cara ni mucho menos explicaciones para todos los que asistimos de diferentes localidades de la región esperando por un Congreso que prometía ser un gran encuentro y sin embargo nos terminamos yendo con la sensación de que nos habían estafados”, señaló el docente Sánchez.

1] Página oficial de Facebook del gremio docente Amsafe seccional General Obligado: https://www.facebook.com/amsafegeneralobligado?fref=ts

2] http://diariopregon.blogspot.com.ar/2010/12/carta-publica-del-tcnl-santiago-roque.html

3] http://diariopregon.blogspot.com.ar/2010/12/carta-publica-del-tcnl-santiago-roque.html

4] http://gacetillasargentinas.blogspot.com.ar/2014/05/censurados-sutilmente-o-no-tanto.html

Santiago Roque Alonso, orgulloso de haber retrasado el juicio a los genocidas.

Programa del Congreso: se anunciaban el doble de los expositores que finalmente estuvieron.

Andrés Sarlengo, censurado por Amsafe y Amtac.

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Pan del Borda: una organización que construye

Manuela Cucchetti (RED ECO)

A un año de la represión en el Hospital José Tiburcio Borda hablamos con Pan del Borda, una organización que lucha por la salud mental pública, por los derechos de los pacientes, intentando superar las trabas que la dirección del hospital les pone junto a las políticas gubernamentales que no hacen más que complicar la situación hospitalaria.



El Pan del Borda comienza a funcionar en 2002 por iniciativa de un grupo de vecinos que, en medio de un proceso de reclamos al Estado por mejoras en la salud pública, encuentran un espacio abandonado dentro del hospital José Tiburcio Borda y lo recuperan con el fin de hacer ahí una panadería que trabaje como cooperativa. Con el tiempo, los vecinos se fueron dispersando y varias organizaciones, como El Brote y Camino de los Libres, junto con estudiantes y profesionales se hicieron cargo de él, llevándolo adelante hasta hoy. Más allá de que el espacio colabora con la recuperación de los internos y les enseña un oficio que los pueda ayudar en una futura externación, no cuentan con un reconocimiento de la cúpula del hospital, con Ricardo Picasso a cargo de la dirección. Sin embargo, tanto trabajadores como pacientes le han concedido legitimidad a Pan del Borda gracias al gran trabajo diario de los voluntarios.

“El Pan del Borda es un espacio de rehabilitación dentro del Hospital Borda, donde trabajan pacientes que están internados y externados, también junto a coordinadores que son estudiantes (psicología, medicina, comunicación, etc.) y profesionales, con interés en la salud mental, que ven en este espacio un lugar para intervenir, organizarse y llevar adelante una transformación en el hospital. Es un espacio de rehabilitación porque es fundamental el proceso de desinstitucionalización de los internos. Hay pacientes con 20 años adentro del hospital, una tarea imprescindible para rehabilitarlos es darles las herramientas para que se puedan volver a insertar a la sociedad. Cuando uno ingresa al hospital, la vida social se desgarra. Entran en un estado manicomial donde pasan días enteros sin hacer nada, paseando por los pasillos del hospital y sin una propuesta de trabajo para ellos. Encerrados, la enfermedad se hace crónica y la patología se vuelve identidad. Históricamente los manicomios fueron creados como espacios de aislamiento, para alejarlos de la sociedad. Todo este conjunto de cosas hace que el trabajo de rehabilitación sea necesario a la hora de pensar en la salud de los internos, no es solo el trabajo individual sobre las particularidades de cada paciente, su historia personal y los orígenes de sus padecimientos, sino que se necesita volver a tejer lazos sociales con las personas, volver a tener un oficio, una actividad cotidiana, una rutina. Este espacio de la panadería y otros espacios independientes que funcionan dentro del hospital tienen este planteo, que la salud de las personas tiene que ver con volver a socializarse”, cuenta María José, coordinadora del grupo.

La panadería es un espacio de trabajo que funciona de lunes a viernes por la mañana, donde los pacientes tienen a cargo la producción de distinto tipos de alimentos y también su venta, de la que obtienen un porcentaje semanal en condición de sueldo. La concurrencia es libre.

Los cambios están a la vista, dice María José: “hay pacientes que llegan con imposibilidad o poca capacidad de habla, rigidez corporal muchas veces debido a la misma medicación, y el trabajo en la panadería les demanda un esfuerzo para comunicarse con otras personas ejercitando tanto el cuerpo como la mente. La falta de estímulos y el encierro empeoran su situación, agravan la enfermedad. Entonces en este espacio donde comparten el lugar con otros compañeros, deben cumplir una tarea en común y tienen que dialogar e interactuar si o si”. Aprendizaje de un oficio y estimulación, la terapia es efectiva y positiva pero la dirección del hospital se niega en reconocer el trabajo hecho por los voluntarios poniéndoles obstáculos en el desarrollo de sus actividades o simplemente haciendo oídos sordos a los reclamos.

Si bien no es un espacio institucional formal reconocido por las autoridades, los coordinadores del Pan llevan registro de los pacientes que concurren a la panadería, dialogando con los distintos médicos y especialistas, elevando informes si es necesario y consultando al personal médico en cualquier cuestión. “Nosotros no hacemos caridad, es un trabajo de acompañamiento constante donde se intenta encausar todo eso para que la transformación sea de fondo”, explica María José. Todos son coordinadores, si bien hay grupos más operativos respecto a algunas tareas, no hay un orden jerárquico. El espacio es abierto y puede participar quien quiera.



El hospital

¿Cuántos internados hay? Más de 300 personas, sin contar la movilidad de algunos que van y vienen. Alrededor de 80 médicos trabajan en este hospital. La carencia de personal sobre todo en la parte de enfermería es la más notoria: “Los enfermeros son quienes están constantemente con ellos, hacen turnos de 24 hs, muchas veces un enfermero se encarga de 25 pacientes. No hay forma de que la atención sea la correspondiente, las manos no alcanzan, entonces los métodos muchas veces utilizados por el personal del hospital resultan contradictorios con las prácticas necesarias para rehabilitar a una persona. El trato es esencial, hay pacientes postrados, cronificados, que necesitan un cuidado más personalizado. Este es uno de los déficits más grandes en la salud mental, no se puede así pensar un sistema de salud más inclusivo, más humano”, afirmó al respecto María José.

A esto se le suma el abandono de las condiciones edilicias, hay pisos deshabitados, destruidos. Áreas enteras totalmente cerradas, como la morgue.



¿Cómo empezó esto?

El proceso de desmantelamiento en el sistema de salud mental comenzó hace tiempo y tuvo varios episodios.

En las Pascuas de 2011 se produjo el primer corte de gas, debido a una rotura de un caño maestro. Esto dejó a todo el hospital sin gas. Ya desde ese momento circulaba la hipótesis de que era una operación para cerrar el nosocomio. Al hospital le costó recuperarse, ya que se cerraron muchos servicios a raíz de eso. Se reubicaron a los profesionales y a los pacientes. Todo esto significó una reducción del lugar. El servicio 1422 que se ocupaba de problemáticas como adicciones y HIV cerró sin que se ponga un área sustituta.

En el verano de 2012 se demolió la panadería originaria ubicada en el subsuelo. Con los pacientes dentro trabajando, se cortó la luz y se comenzó con la demolición. La noticia sobre la construcción del centro cívico de la Ciudad de Buenos Aires en este predio ya se venía escuchando desde 2011, pero a partir de la demolición de la panadería se hizo una asamblea y se dio inicio a un proceso de organización muy fuerte. Sin un lugar estable, estuvieron medio año funcionando en el hall del hospital como forma de manifestación.

El 26 de abril de 2012, una multitudinaria asamblea de trabajadores de la institución rechazó la propuesta del gobierno porteño: la construcción del Centro Cívico a cambio de obras en el hospital. Desconociendo el mandato de la asamblea, las cúpulas sindicales de Médicos Municipales, SUTECBA y UPCN aceptaron y firmaron el acuerdo. Las peleas y desacuerdos sindicales que existen dentro de la institución hacen que no puedan concordar para llevar adelante el mejoramiento y la defensa del hospital, olvidándose de lo que verdaderamente importa y priorizando intereses particulares.

En la madrugada del 8 de agosto de 2012, un grupo empresario con trabajadores, encabezados por la Policía Metropolitana, entró al Borda por el portón de la calle Perdriel. Rompieron el candado y se instalaron, sin ningún tipo de autorización y violando la legalidad, en un operativo nocturno. La finalidad era empezar con las obras.

El 1ero de noviembre 2012 la Legislatura votó de forma express -y a espaldas de la sociedad- un paquete de leyes que habilitaba el traspaso del manejo de las tierras del Borda del Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Urbano. Ese paquete incluía varios espacios públicos más. Este es uno de los pactos PRO-K.

El 26 de abril de 2013 estaba planeado un festejo por el año de la asamblea histórica donde se dijo NO AL CENTRO CIVICO por votación masiva, cuando el amanecer los sorprendió con casi 400 efectivos de la Policía Metropolitana y el equipo de demolición. A las 9 de la mañana el taller protegido número 19 ya no estaba, había sido demolido. En este taller se hacía herrería y carpintería. El centro cívico se iba a empezar a construir en ese mismo lugar. Lo que sobrevino fue la resistencia de los trabajadores e internos, la represión, un saldo de 50 heridos, 8 detenidos, un festibalazo por el Borda, una jornada cultural y ese lunes una movilización a la legislatura porteña en contra de la represión.



Ese día…

“A las 9, el taller ya estaba demolido, era un caos, nadie entendía lo que estaba pasando, había médicos, enfermeros, pacientes, vecinos, militantes, delegados, funcionarios, periodistas, medios, estudiantes y voluntarios. Era una situación confusa, el taller ya estaba demolido, lo principal era que la policía se fuera. Sucedían tiros constantemente, fue todo muy caótico, personas corriendo, organizarse era imposible, fue complejo, la represión duro hasta las 12. El director no apareció, no se hizo presente ninguna autoridad de ningún tipo, ni desde los gobiernos ni desde el hospital. Hasta que en un momento decidimos irnos porque se habían llevado compañeros detenidos y era más importante ir a reclamar para que los suelten”, recordó María José.

Red Eco: ¿Y la represión en los pacientes?

María José: Fue mucho trabajo poner en palabras todo lo que había pasado porque repercutió de distintas maneras en cada uno de ellos, muchos se encerraron y lo vieron desde adentro por televisión, hoy en día hay algunos que ni se acuerdan, otros que piensan en la policía y se ponen mal, los menos afortunados llevan los tiros en el cuerpo, hubo un interno que recibió cerca de 30 disparos. Fue un momento muy traumático, hay personas que están viviendo ahí desde hace muchísimos años, el Borda es su casa.
Después de la represión, empezaron a modernizar áreas, el pabellón central fue remodelado, pusieron luces, re-pavimentaron las calles, aunque estructuralmente no se está haciendo nada para cambiar las condiciones del hospital. Es solo un lavado de imagen. Un par de alas se mejoraron, pero no es donde más pacientes hay. Hacen falta servicios, la panadería no tiene gas, hay faltantes de personal. Los carteles amarillos del macrismo están por todos lados, sin embargo no hay grandes cambios.

Ellos no bajan los brazos y siguen luchando por los derechos de los más vulnerados. Junto con el Frente de Artistas del Borda, Cooperanza, Radio Colifata elaboraron un proyecto de ley que se llama “Ley Borda”, donde se asienta la voluntad de que se preserven esos predios correspondientes al nosocomio para el uso relacionado a las necesidades del sistema de salud pública, pasando a ser intransferibles. Este proyecto fue presentado en la Legislatura y muchos diputados porteños lo firmaron. Pero después lo cajonearon.

Entre olvidos y descuidos, este 26 de abril, se cumplió un año de la represión en el Borda. Para conmemorarlo hubo dos actividades, una en la puerta principal a cargo de ATE, con la presencia de uno de sus referentes, Marcelo “Nono” Frondizi, con Unidos y Organizados, donde tocaron bandas.

Por su parte, los espacios alternativos que funcionan en el lugar, autoconvocados, la 26 de Abril y laburantes del taller protegido realizaron una actividad en el mismo espacio donde se encontraba el taller protegido Nº 19 y ahora puro escombros. “Nuestras consignas diferían de lo que planteaba el otro acto y nuestras ideologías no nos dejaban unificar. Nuestro panorama es más amplio, no es solo NO a la represión. Es un ataque sistemático al sistema de salud mental, el pacto PRO-K y todos los conflictos recientes en el sistema de salud pública” explicó María José.

Cerca del mediodía hubo teatro con el Taller de Teatro Participativo del Frente de Artistas del Borda, en el hall de la estación de Constitución. Más tarde marcharon con Tambores No Callan hasta el hospital. Y desde las 15, se hizo radio abierta, donde estuvieron de invitados cuatro de los seis procesados por la represión, que se refirieron a la situación actual de la causa. Para finalizar hubo música, bandas, una quermese para los pacientes y proyecciones.



La actualidad del proceso

El 24 de abril la Sala IV de la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, de la vicejefa, María Eugenia Vidal; junto con el titular del Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y de los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro; y de Salud, Graciela Reybaud. En ese mismo momento, la Cámara confirmó el procesamiento de los seis trabajadores detenidos en la represión, que irán a juicio oral. La Cámara ordenó además al juez de la causa, Jorge Adolfo López, que continúe con las investigaciones para determinar las responsabilidades que tuvieron en el hecho. Además, consideró que era "prematuro" el fallo que había firmado en diciembre pasado el juez López.

“El gran problema de estos hospitales es que si bien hay que cerrarlos, no hay otra alternativa. Se necesitan transformaciones de fondo. La desmanicomialización es fantástica en lo teórico pero en lo práctico se necesitan estructuras y herramientas para sostenerla. La realidad es que no están dadas las condiciones, sobre todo cuando tenemos un Gobierno de la Ciudad que especula con las tierras públicas según sus intereses inmobiliarios y corporativos. Es necesario un trabajo social muy de fondo, crear una conciencia social que sostenga el cambio”, reflexionó.

La ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y la Ley 448 de Salud Mental de la ciudad autónoma de Buenos Aires no se cumplen, los gobernadores especulan y negocian con la salud pública, la justicia lo avala, las autoridades del hospital miran para otro lado, los sindicatos se pelean entre ellos, los medios manipulan la información, quienes luchan son ignorados y en el medio los pacientes cada vez mas vulnerados, ¿no habrá derechos humanos para ellos también?

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Los pibes son pibes

Carlos Del Frade (APE)

-Los pibes son pibes - decía la consigna de la convocatoria de la Asamblea Permanente por los derechos de la Niñez y la Juventud y la CTA Regional Rosario. “Narcotráfico, pobreza, exclusión y violencia con niños y jóvenes como víctimas. Pongamos en común ideas y alternativas para construir con ellos, un presente digno y un futuro posible”, eran los temas de la juntada del jueves 8 de mayo.

Y en el primer piso del centro cultural La Toma, llamado así por la experiencia de ex trabajadores de un supermercado que jamás se resignaron al destino de ser desocupados por uno de los tantos patrones mercantiles de la ex ciudad obrera y que supieron convertir el espacio en un comedor universitario y un amplio espacio cultural, político y social, centenares de personas, la mayoría de ellas pibas y pibes muy jóvenes, manifestaron su compromiso para transformar la realidad e ir mucho más allá de las celebraciones de los gobiernos socialistas y kirchneristas por el primer mes de ocupación de las barriadas por miles de robocops federales.

-Los trabajadores que estamos todos los días en los barrios estamos precarizados, no solamente por la inestabilidad laboral sino también por los salarios que cobramos - dijo Laura Rodríguez, representante de ATE Rosario.

Para Gustavo Brufman, secretario de derechos humanos de la CTA regional, “todas las compañeras y todos los compañeros le pusieron el hombro y la energía necesaria a este encuentro. Había una gran necesidad desde el corazón mismo de la precariedad en la que se despliega nuestra lucha. Abiertos a todas las puntas que se despliegan desde la puesta en evidencia una vez más que la infancia popular pone al descubierto las miserias más profundas de la hipocresía del sistema pero además nos permite pensar la refundación misma de la política diaria y cotidiana”.

-No se puede dejar de pensar que el tema del narcotráfico y la violencia tuvo un gran desarrollo mediático en los últimos meses. Como si todo hubiera sido construido desde los grandes medios de comunicación para llegar angustiados al 9 de abril y entonces, cuando llegaron las tropas federales, claramente se vivió eso en los barrios como un gran alivio.

Hay que darse una política para los medios donde se discute lo simbólico de la sociedad - dijo, con lucidez y sensibilidad, la periodista Sonia Tessa.

A su turno, el pastor Eduardo Trasante, que sufrió los asesinatos de dos de sus hijos, Jeremías -en el llamado triple crimen del primero de enero de 2012 en Villa Moreno- y Jairo -a principios de 2014 luego de salir un bar del pleno centro rosarino-, “remarcó la necesidad de buscar un encuentro entre todas las organizaciones sociales para transformar la realidad política de la ciudad y la región”, al mismo tiempo que recordó el último escrito de su segundo hijo horas antes de ser baleado en el que buscaba “un futuro mejor”.

-En el barrio, más allá de los gendarmes, siguen los tipos de siempre vendiendo droga en los pasillos y a los que conducen autos de alta gama; siguen los chicos bailando loquitos por la calle como consecuencia de lo que consumen; siguen intactos los negocios que surgieron después del impacto cultural, social y económico que tuvieron las políticas neoliberales; siguen los pibes yéndose de las escuelas porque aburren y lo que aburre aburra - dijo con una cada vez más joven claridad, Oscar Lúpori, principal referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

La jornada terminó con la necesidad de continuar trabajando por los pibes, denunciando las hipocresías que se erigen detrás de las tropas federales e impulsando la declaración de emergencia de la niñez y la adolescencia desde la Asamblea. Una jornada cargada de rebeldía, sensibilidad y esperanza.

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Argentina. Presos políticos: Empeora la salud del militante de Quebracho, “El Boli” Lescano

AGENCIA WALSH

La Gremial de abogados, repudia el accionar del Gobierno Nacional y a la Justicia Federal, por la situación a la que se somete al compañero Raúl “El Boli” Lescano. Preso por un escrache a Jorge Sobich.

Desde la Agencia Walsh queremos hacerle llegar nuestra solidaridad al compañero Lescano.

El Boli fue encarcelado y sometido a un sistema de detención que no contempló su precario estado de salud –pese a los innumerables pedidos de su Defensa que lo acreditó con completos informes médicos- y mantuvo al compañero en un estado de detención que finalmente produjo el desenlace que ahora lo mantiene en una grave situación.-

El encarcelamiento tanto del Boli como de sus compañeros se produjo en medio de innumerables irregularidades, y groseras violaciones al Debido Proceso y al derecho a la defensa, todas con complicidad desde el inicio del Poder Político y del Poder Judicial nacional.-

No pueden ahora hacerse los desentendidos de una situación que ELLOS provocaron. En especial el Ministerios de Justicia y DDHH y el Ministerio de Seguridad.-Mas allá de las trabas de la Justicia, lo cierto es que el Servicio Penitenciario Federal que depende directamente del Gobierno Nacional jamás pudo admitir ni mantener un detenido en las condiciones en que ingresó el Boli, sin que puedan ampararse en la Obediencia Debida más allá de que los jueces le hayan denegado la prisión domiciliaria-

El Estado tiene la obligación de respetar los derechos a la vida y a la integridad personal como de adoptar todas las medidas apropiadas para garantizarlos, el cumplimiento de su deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados internacionales de derechos humanos, "sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

De tal obligación deriva el deber especial en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En tal sentido, el ‘Boli’ Lescano, en su condición de persona privada de su libertad, tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado como responsable del establecimiento de detención en el que había sido alojado, es el garante de todos sus derechos ya que está bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar su salud y su bienestar, debiendo de manera inmediata revertir el sufrimiento que hoy padece, el que se ha tornado en un trato cruel, inhumano y degradante.

La ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS de la Argentina se pone a disposición de los compañeros de militancia del Boli Lescano, de sus familiares y amigos para lo que sea que podemos serles útiles todos y cada uno de nosotros.-

Por último, la Gremial ratifica su postura de solidaridad permanente para con compañeros como el Boli y en tal sentido accionaremos conforme entendamos que corresponde en esta grave situación.-

ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS

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Argentina. Gatillo fácil en Córdoba: Marcha de familiares y una extraña respuesta policial

LA RETAGUARDIA

Exequiel Barraza fue asesinado el 23 de marzo pasado por un policía de civil. Su caso se suma al de otros tres jóvenes que murieron en manos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba en el transcurso de un mes. Dialogamos con Lorena Barraza, que nos contó lo que sucedió con su hermano. Además, Lucrecia Fernández de la Coordinadora Antirrepresiva se refirió a la organización que se está generando entre los familiares, que realizaron una marcha hasta la jefatura policial la semana pasada. La policía, en un hecho poco habitual, salió al cruce de la movilización con un comunicado donde dice que los chicos estaban robando y fueron muertos en enfrentamientos.

“Exequiel desapareció en la noche del 23 de marzo pasado. Yo lo había visto que estaba drogado, había tomado unas pastillas, entonces salimos a buscarlo pero no lo encontrábamos. A las tres y media de la mañana encontramos un chico NN en el Hospital de Urgencias, dijimos si podíamos verlo para ver si era mi hermano, y nos dijeron que no porque había entrado al quirófano de urgencia. Le dimos los datos de mi hermano y a las ocho nos llamaron para darnos el informe porque había salido de quirófano. Falleció a las once y media de la mañana. Uno de los proyectiles tocó el intestino delgado, el grueso, uréter y arteria. Ese fue el motivo de la muerte, porque él se desangró en el lugar del hecho, más lo que se desangró en el quirófano. El fiscal nos dijo que nos iban a entregar el cuerpo el día 25 al mediodía porque iba a tener una autopsia profunda porque él tenía golpes. Cuando lo vimos, mi hermano estaba desfigurado de los golpes que tenía. Lo trajeron el 25 a los dos de la mañana, no le hicieron la autopsia, cuando nos lo entregaron vimos cómo estaba golpeado, y le saqué fotos. Tiene lastimada la cara, está raspado, le falta un pedazo de labio, hasta el testículo tiene lastimado, rodilla, piernas, porque a él después que le dispararon, lo ataron y lo lincharon”, relató Lorena Barraza en diálogo con La Retaguardia.

“Dicen que intentó robar, mi hermano trabajaba, siempre trabajaba, nada más que estaba perdido por la droga estos últimos cuatro meses. Dicen que intentó robar y que el policía le disparó pero tiene cuatro tiros por la espalda, y dos de frente”, agregó Barraza.

En las últimas semanas, Lorena se reunió con familiares de otras víctimas de la policía de Córdoba y organizaron, junto a organismos de derechos humanos, una gran movilización el pasado miércoles 7 de mayo por las calles del la capital provincial.

“Se sumaron muchos casos, y participó mucha gente”, referenció Barraza. Una de las organizaciones que se acompañó el reclamo de los familiares fue la Coordinadora Antirrepresiva. Lucrecia Fernández, integrante de esa organización habló con el programa radial de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas (ELM).

En este marco, afirmó que el caso de Exequiel Barraza es emblemático, ya que se trató de un supuesto caso de robo en el que actuó un policía de civil, y en el que la víctima fue linchada, baleada, atada, golpeada y luego recién llevada al hospital.

La familia Barraza comenzó a organizarse con la de Lautaro Torres, asesinado por un policía. Su madre, Natalia Suárez, una joven en estado de prostitución, había denunciado a una red de trata de personas de la que consiguió escapar hace apenas meses; el otro caso es el de Ezequiel Ávila, que murió tras agonizar diez días en un hospital por una golpiza que recibió cuando fue detenido.

“Después se sumó un cuarto caso –agregó Fernández a ELM–. La golpiza a un preso que había caído por una riña. Era albañil, y aparentemente se peleó con sus compañeros, lo detienen por una contravención y aparece ahorcado a las horas en la celda, con una serie de golpes en el cuerpo, que es una manera que está sucediendo hace ya un par de años en el interior de la provincia de Córdoba. Fueron muchos casos en un mes, los organismos nos empezamos a reunir con los familiares para llevar adelante esta movilización, que fue muy convocante”.

La marcha estuvo encabezada por más de cien familiares de víctimas de la policía: “no tenemos precedentes de semejante convocatoria. Que se genere una red y empiecen a encontrarse es muy importante para ellos y ha generado esta movida”, agregó la integrante de la Coordinadora Antirrepresiva.

Ante esta movilización hubo una reacción policial extraña para estos casos. Unos días antes, desmintieron que se hubiera tratado de casos de gatillo fácil y presentaron cada caso como enfrentamientos en ocasión de robo. Cotejando esta información con la denuncia de los familiares, viene a la memoria el recuerdo de los enfrentamientos fraguados durante la última dictadura cívico militar. En todo caso, cabe también analizar cuánto de respaldo social hay para estas prácticas policiales. Parece ser que si un joven es sorprendido robando, pierde todos sus derechos. También conocemos muchos otros casos en los que no hubo robo de por medio, pero se presentó la historia oficial como si lo hubiese habido.

Además de la masividad, hubo un hecho negativo que también diferenció a esta movilización: “la reacción de la policía fue distinta. El operativo fue monstruoso. Había una enorme cantidad de policías de civil infiltrados, en su mayoría mujeres, que incluso comenzaron a arengar en contra de los familiares”, contó Fernández.

Según denunció Fernández, se trató de una clara provocación en busca de una reacción violenta de los familiares, pero no lo consiguieron. Por el contrario, las familias están comenzando a reunirse, a articular también con organizaciones sociales y de derechos humanos, y a hacer de las peleas individuales una gran lucha colectiva en contra del gatillo fácil, la represión policial, y también contra el silencio cómplice que hay alrededor de estos hechos.

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La Unión Europea y el Mercosur negocian en secreto un acuerdo de libre comercio

ALBA MOVIMIENTOS

Los movimientos populares demandamos que se detengan las negociaciones hasta tanto se garantice la información y decisión de nuestros pueblos.

En noviembre de 2005 la resistencia y movilización de los movimientos populares de Nuestra América logró enterrar el ALCA. Los mandatarios y pueblos latinoamericanos rechazamos las órdenes del imperio de someternos a un área de “libre comercio” en las Américas. Hoy, 8 años después, vemos con preocupación los intentos de recrear un nuevo ALCA con las negociaciones de un acuerdo comercial entre los países del MERCOSUR y la UNION EUROPEA. Frente a ello, señalamos:

Que estas negociaciones se llevan adelante de forma secreta y confidencial, sin información oficial sobre las cuestiones y propuestas en debate. Demandamos que se hagan públicas, los pueblos de nuestros países tienen derecho a conocer lo que se está negociando y discutir las consecuencias y conveniencias de este acuerdo comercial. Por ello, instamos a los gobiernos de los países del Mercosur y a las autoridades de este bloque regional a no avanzar con las negociaciones hasta tanto se garanticen los procesos democráticos de información y consulta con las organizaciones populares y el conjunto de la población.

Alertamos también que este tratado amenaza con profundizar la dependencia de la región a partir de una integración basada en la exportación de bienes primarios y la importación de productos europeos industriales de alta tecnología. Y que posiblemente tenga como consecuencia el desmantelamiento de los sistemas de protección social y laboral y la reducción de las capacidades de intervención estatal y pública en favor de los pueblos y de un proyecto de país y de región alternativo.

No permitiremos que se promocionen inversiones europeas que buscan transferir a nuestros países emprendimientos extractivistas y contaminantes, devastadores de los pueblos y la Madre Tierra, con el efecto de eludir las regulaciones ambientales existentes en su continente. Un acuerdo así amenaza también con acentuar la subordinación de la región a los dictámenes del CIADI y los organismos financieros internacionales. Proponemos que los gobiernos del Mercosur sigan el ejemplo de la República Bolivariana de Venezuela que en 2012 se retiró de dicho organismo internacional y cuestionó su legitimidad como árbitro “imparcial” global en temas comerciales.

Consideramos que la integración que necesitan nuestros pueblos debe basarse en la solidaridad, la justicia y la reciprocidad y no en el “libre comercio”. Nos convocamos a ampliar este debate y organización para demandar:

Detención de las negociaciones para garantizar la inmediata y amplia información sobre los contenidos del acuerdo. Convocatoria a un debate público y democrático sobre las consecuencias económicas, sociales, ambientales y culturales de dichas negociaciones.

No al libre comercio y a la subordinación a los organismos financieros internacionales y el capital trasnacional.

Sí a la integración de los pueblos basada en los principios de igualdad, solidaridad, reciprocidad, complementariedad y defensa de la Madre Tierra. Por la defensa de nuestros bienes comunes sociales, naturales y de nuestros territorios. En defensa de las soberanías populares y de la soberanía alimentaria de los pueblos nuestroamericanos.

Por una integración desde los pueblos. No al libre comercio.

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Argentina, Chaco. Marcela Cortés: "Nunca di la orden de desalojar la plaza ni la calle"

CHACO DÍA POR DÍA

La jueza de Faltas de Resistencia, Marcela Cortés, afirmó que nunca dio la orden de desalojar la vía pública el miércoles 7 de mayo pasado, cuando la policía reprimió a trabajadores estatales que marchaban por reclamos salariales. Aclaró que recibió una comunicación telefónica de un jefe policial que puso en su conocimiento el operativo que, según le informó, se iba a realizar para garantizar la circulación.

"Orden judicial no hubo. Lo que aconteció el miércoles fue que el jefe de la Policía Metropolitana, de apellido Machuca, que es el encargado de realizar los operativos, me informó que ellos habían dispuesto un operativo a fin de garantizar el tránsito y la seguridad de las personas que eventualmente concurrieran a la Casa de Gobierno", explicó la jueza en declaraciones a RADIO CIUDAD.

La jueza indicó, además, que el jefe policial que se comunicó con ella a través de un llamado a su celular le dijo que "se había dispuesto un operativo porque había dos grupos que venían marchando desde el Hospital Perrando, y otro grupo desde Desarrollo Social, y que personal policial los acompañaba."

"Me dijo que se iba a garantizar la circulación y que la policía los acompañaba y que los iban a guiar para que suban a la plaza. Lo que manifesté fue que me parecía bien que la policía acompañe y se garantice la circulación vehicular, pero (les recordé) que estaba prohibido el acampe en la plaza", detalló la jueza.

"Les dije que sí, que suban a la plaza, porque me pareció correcto que se garantice por un lado el reclamo de la gente que estaba agrupada, y por otro lado el de la gente que iba a circular, pero que tuvieran la precaución de que no llevaran carpas para que no exista un acampe en la plaza 25 de Mayo", señaló Cortés.

"El jefe policial me llamó a mi celular personal y luego se comunicó al celular de turno del Juzgado de Faltas. Fue una comunicación en la que me ponía en conocimiento del operativo y de cuáles eran las medidas que iban a implementar", añadió.

"Nunca di una orden de desalojar la plaza ni la calle, ni nada. Yo las órdenes las doy por escrito, a través de una resolución o de argumento fundado. En este caso fue una comunicación, como siempre sucede todos los miércoles, porque todos los miércoles tenemos cortes de tránsito en inmediaciones de la Casa de Gobierno", dijo la jueza.

Respecto a declaraciones de funcionarios del Ejecutivo provincial que hicieron referencia a una orden judicial, Cortés aclaró que "ellos hablaban de un respaldo judicial y no de una orden". "Ellos dijeron que la policía actuó con respaldo judicial. Nunca hablaron de una orden judicial. Interpreto que ellos entienden el respaldo porque a mí me pusieron en conocimiento del operativo. Orden concreta no hubo, y ellos tampoco hablan de que hubo una orden", señaló.

La juez Cortés aclaró, por otra parte, que la llamada telefónica la recibió en su oficina, y que en el lugar del hecho estuvieron los ayudantes fiscales. "El fiscal interviene porque supuestamente se habían roto vehículos", explicó.

"Trato de ser cautelosa en estas cuestiones. He estado en algunas manifestaciones en la que estuvo UPCP en años anteriores. Impedí, en esa oportunidad, el acampe en la plaza 25 de Mayo, pero (esa vez) me apersoné en la manifestación con una orden escrita y fundada en la mano, como corresponde", sostuvo.

"Estas cosas no hay que decidirlas por teléfono. Hay que estar en el lugar y ver qué pasa. Hay que canalizar el reclamo. Hay un protocolo de actuación policial. Creo que desde los dos lados las cosas están mal hechas, porque por un lado no se requiere cortar una calle ni hacer un acampe en la plaza para entregar un petitorio al gobernador, existen las vías administrativas para hacer el reclamo", dijo.

"Obviamente que también está garantizado el derecho a manifestarse. Acá tenemos en pugna varios derechos, pero lo que tenemos que hacer es tratar de perturbar lo menos posible", agregó.

"Faltó tolerancia, consenso, diálogo. El rol de la Justicia es un poco difícil, en el sentido de que tenemos que consensuar los intereses de ambas partes. Por un lado un sector que reclama un derecho que considera legítimo y lo ejerce. Ejerce su derecho constitucional de peticionar lo que ellos consideran legítimo. Por otro lado está la sociedad que se ve afectada en su desplazamiento, y el gobernante de turno que debe analizar el mérito y la oportunidad del reclamo para dar o no dar", reflexionó.

"Creo que acá también surge muy clara la necesidad de la Policía Judicial, porque no nos olvidemos que el Ejecutivo es el jefe político de la policía, y la policía actúa en ese sentido", sostuvo.

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Argentina, Mendoza: El FIT busca prohibir despidos y suspensiones

MDZOL

Los legisladores provinciales recién asumidos por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) presentaron su primer proyecto en la Casa de las Leyes a propósito de la crisis que se registra en el empleo en los primeros meses de 2.014.

En medio de la crisis que se evidencia en diversos sectores industriales y que se traduce en suspensiones y despidos de empleados, legisladores provinciales del Frente de Izquierda y de los Trabajadores presentaron un proyecto que busca prohibir la cesantía de trabajadores.

Fuentes de prensa del partido indicaron que "frente al ajuste en marcha sobre la clase obrera, que se traduce en una completa desvalorización de los salarios, despidos y suspensiones que comienzan a multiplicarse en la provincia, los diputados del bloque del Frente de Izquierda, presentaron un Proyecto de Ley de Emergencia de Prohibición de Despidos y Suspensiones por el término de 24 meses para todos los trabajadores de Mendoza registrados, no registrados o registrados irregularmente y además, asegurando el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario".

En ese sentido, el diputado Hector Fresina declaró que “en un cuadro de crisis económica que golpea fuerte en la industria de la provincia, especialmente en el sector agrario y vitivinícola, con miles de trabajadores despedidos en secaderos y empacadoras, sumado a cientos de despidos (no renovación de contratos) en varias Municipalidades, el Frente de Izquierda presenta un proyecto de ley para defender los puestos de trabajo”.

Por su parte, el legislador provincial Martín Dalmau expresó: “Queremos proteger la fuente de trabajo de las familias mendocinas, que no sòlo tienen que luchar por aumento de sueldos sino también por la estabilidad laboral y sufrir los despidos, por ejemplo en Lavalle los trabajadores han instalado una carpa en el Concejo porque la Intendencia ha violado el acuerdo paritario firmado en el mes de enero para la reincorporación de cinco trabajadores”.

La Legislatura de la Provincia de Mendoza

Sanciona con fuerza de Ley:

Artículo 1°: Declárese la Emergencia Laboral y Ocupacional en todo el territorio provincial.

Artículo 2°: Prohíbese en todo el territorio de la Provincia de Mendoza, por un período de veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, despedir sin justa causa o suspender a cualquier trabajador, en relación de dependencia. Esta prohibición se aplicará sobre todos los trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, sea contratado, becario o monotributista, cualquiera fuera su forma contractual. Todo contrato laboral de cualquier carácter se prorrogará por el plazo establecido por este artículo. La presente disposición contempla a los trabajadores contratados bajo la forma de monotributistas, pero que revistan en relación de dependencia del estado o de un privado. Para el caso de trabajadores que se pretenda despedir con justa causa, se aplicará el procedimiento de garantía sindical durante la vigencia de la presente, el empleador deberá recurrir al procedimiento de exclusión de tutela.

Artículo 3°: El incumplimiento por parte de los empleadores del artículo 2° de la presente, implicará la nulidad absoluta de la medida dispuesta, debiendo proceder a la reincorporación inmediata del trabajador despedido y/o suspendido, en su puesto y condición normal y habitual de trabajo, en forma retroactiva al 1 de enero de 2014.

Artículo 4°: En caso de no acatamiento por parte del empleador, sin perjuicio de las medidas de fuerza que frente a ello dispongan los trabajadores, ante la simple denuncia por parte del trabajador afectado o de su representación sindical de cualquier nivel, el Ministerio de Trabajo Justicia y Gobierno de la Provincia de Mendoza dispondrá la inmediata reincorporación del despedido para que vuelva a cumplir sus tareas normales y habituales. Asimismo, el trabajador podrá recurrir al procedimiento establecido en los arts. 47 y 52 de la Ley 23.551, es decir que durante el período de veinticuatro meses tendrán todos los derechos y garantías de empleo que gozan los trabajadores con cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales. A los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo, la medida cautelar que solicitare el trabajador en primera instancia, ya sea del ámbito estatal o privado, se tramitará inaudita parte.

Artículo 5°: La orden judicial de reinstalación deberá cumplirse en el término de 48 horas. En caso de incumplimiento, con la mera solicitud del trabajador para hacerla efectiva, se procederá a la reincorporación con la presencia del magistrado en el lugar de trabajo y/o mediante oficial de justicia, con el auxilio de la fuerza pública, previamente ordenada en caso de resistencia a la reincorporación. Para los supuestos pertinentes se observará lo dispuesto en la ley 22172. Frente a cada día de demora en la reinstalación, se aplicará una sanción que regirá desde el momento del despido y no podrá ser inferior a un mes de salario por día que se negase a su reinstalación, según lo establecido en el artículo 666bis del Código Civil. La suma de dinero de la multa establecida en el párrafo anterior será percibida y administrada por la Comisión Interna y/o cuerpo de delegados y/o “Comisión de Control Obrero” creada por esta ley. En todos los casos, la resolución sobre el uso del dinero se tomará en Asamblea conjunta de los trabajadores del establecimiento más allá de su modalidad contractual, estén afiliados o no a alguna organización sindical.

Artículo 6°: Inciso a) Créase en el ámbito de las empresas que aleguen caída de ventas o producción, o que hayan iniciado un procedimiento preventivo de crisis, una “Comisión de Control Obrero” integrada por representantes de las organizaciones sindicales actuantes en las mismas y delegados de personal elegidos para este fin en asamblea de todo el personal de la planta, sin excepción, estén o no afiliados a algún sindicato e independientemente de su condición contractual. No podrán ser parte de esta comisión ningún empleador ni miembros de los órganos de gobierno de la empresa, gerentes, ni funcionarios públicos políticos y/o representantes del Estado.
Inciso b) La “Comisión de Control Obrero” tendrá acceso pleno e irrestricto a toda la información contable, comercial, bancaria, jurídica y de cualquier índole a los fines de poder elaborar un análisis certero de la situación de la empresa, la que deberá ser puesta a su disposición por los empleadores y órganos estatales de contralor.

Artículo 7°: Cualesquiera fueran las causas, si fuese necesario reducir las horas de trabajo, el empleador repartirá equitativamente las horas necesarias de trabajo entre todos los trabajadores de la empresa, manteniendo el mismo salario, bajo la supervisión directa de los delegados sindicales de planta o de la Comisión de Control Obrero constituida según el artículo 6°, según corresponda, los cuales tendrán derecho a veto y poder de rectificación en dicha distribución.

Artículo 8º: Se procederá a la estatización, con una indemnización que no podrá ser superior a $1, de toda empresa que cierre. Las mismas estarán bajo control y gestión de la “Comisión de Control Obrero” según se dispone en el artículo 6° de la presente ley. Los despidos o suspensiones que den lugar a dicha estatización, quedarán sin efecto, reincorporando al trabajador, en su puesto y condiciones normales y habituales de trabajo, abonándole los salarios caídos.

Artículo 9º: Con el fin de que los trabajadores no registrados puedan estar amparados en los beneficios de la presente ley, se acreditará tal condición mediante la simple notificación por medio de carta documento al Ministerio de Trabajo Justicia y Gobierno de la Provincia de Mendoza y a la empresa, por parte del trabajador. Condición que podrá corroborar el Ministerio mediante sus mecanismos de inspección. En caso de no ocurrir dicha inspección, al cabo de quince días corrido automáticamente el trabajador será considerado en relación de dependencia y el empleador deberá efectuarle todas las cargas sociales de ley, respetando la real antigüedad en el cargo.

Artículo 10°: La presente ley comenzará a regir, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 11°: De Forma.

FUNDAMENTOS

El desbarranque económico está teniendo aspectos gravosos contra los trabajadores y de ello da cuenta el notorio “enfriamiento” de la economía con caída de la producción en importantes ramas que ya empezó a acompañar a la megadevaluación. Los sucesivos aumentos de las tasas de interés, dirigidos a ofrecerle a los especuladores un destino más redituable que el acaparamiento de divisas, tienen como contrapartida una recesión y su consecuencia en términos de despidos. Ese cuadro ya golpea fuerte en la industria y especialmente en el sector agrario con miles de trabajadores despedidos en secaderos y empacadoras, en el sector vitivinícola, donde el sindicato de San Rafael denuncia 70 despidos sumados a otros tantos en el resto de la provincia, a lo que hay que agregar cientos de despidos (no renovación de contratos) en varias de las Municipalidades de la Provincia, en lo que ha adquirido un significado especial los despidos en la Municipalidad de Lavalle, violatorios del acuerdo paritario firmado en el mes de enero por la Intendencia y la representación gremial (Ate).-

La industria de la construcción sufre una recaída: se detienen obras privadas y la obra pública se paraliza, con la secuela inmediata de desocupación que esto produce. El sector de trabajadores contratados o conchabado por agencias tercerizadas sufren los primeros golpes por su vulnerabilidad, al igual que los trabajadores informales. Los empresarios aprovechan las modalidades de contratación impuestas en los noventa, conocidas entonces como “contratos basura”, y que hoy continúan con plena vigencia, para despedir en primer lugar los trabajadores con contratos a plazo, precarios. Si se profundiza la recesión económica, se seguirá por las plantillas permanentes. O incluso el cierre de empresas para dedicarse a la especulación financiera, como ya ha sucedido en numerosas oportunidades de nuestra historia.

Hemos incluido cláusulas especiales para amparar en la prohibición de despidos incluso a los trabajadores no registrados o registrados como monotributistas, los primeros que serán afectados por esta escalada.

Cada crisis económica que tuvo la Argentina en los últimos 40 años terminó con un saqueo al nivel de vida de la única clase productora, la clase trabajadora, en favor de un puñado de grandes capitalistas. Así sucedió luego del Rodrigazo de 1975 incrementado con la masacre perpetrada por la dictadura cívico militar a partir de marzo de 1976 y el plan antiobrero de Martínez de Hoz; con la crisis hiperinflacionaria de 1989 y su secuela de bajos salarios reales durante toda la década de los noventa sumados a una hiperdesocupación. Se salió de la crisis de 2001 con una hiperdevaluación y una pesificación asimétrica en favor del gran capital y, como contrapartida, con una colosal desocupación y caída del salario.

El desafío que plantea esta crisis es que la clase obrera y el conjunto de los trabajadores impongan esta vez su propia salida. El punto de partida de esa salida es la defensa del salario, las jubilaciones y los puestos de trabajo, de tal suerte que la crisis la paguen los beneficiarios del “modelo” y no sus víctimas. Con este proyecto, queremos contribuir a un debate nacional en el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones, que establezca un programa y un plan de lucha por estas reivindicaciones urgentes, así como llevar ese debate y esa lucha al ámbito político de la Legislatura de Mendoza.

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