lunes, 19 de mayo de 2014

Noticias censuradas (11): Agentes británicos del GCHQ infiltran páginas web para manipular, engañar y destruir reputaciones

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

El periodista estadounidense Glenn Greenwald, el mismo que destapó las revelaciones de Snowden, demostró en febrero 2014, en el portal FirstLook.org, que una supuesta “teoría de la conspiración” que acusa a los gobiernos de intervenir páginas web, sitios de redes sociales y secciones de comentarios es algo absolutamente real y cierto.

La agencia GCGQ del Reino Unido, equivalente a la estadounidense NSA, adiestra y paga a cierta gente para que se infiltre en los sitios web y las redes sociales, arme sus propios blogs para marcar y destruir la imagen pública de una víctima, escriba en las secciones de comentarios de un sitio web para influir en su discurso y así socavar y arruinar su reputación, según lo demuestra un documento clasificado comentado por Greenwald.

El periodista trabajó los datos masivos que le entregó Snowden y allí encontró información confidencial obtenida del británico Cuartel Central de Comunicaciones Gubernamentales (Government Communications Headquarters, GCHQ). Esas revelaciones indican que el GCHQ tiene una unidad de guerra psicológica llamada Joint Threat Research Intelligence Group, JTRIG (Grupo de Investigación de Inteligencia sobre Amenazas Conjuntas), cuyos propósitos fundamentales de cyber-agresión –auto descritos e identificados en el documento JTRIG/GCHQ reproducido completo por Greenwald– incluyen tácticas de inyección de material falso en línea en un esfuerzo por destruir la reputación de sus objetivos, manipulación de su discurso on line y activismo para obtener resultados deseados (utilizando técnicas propias de las ciencias sociales).

El Manual de Estrategia Operacional de GCHQ (GCHQ Operational Playbook) enumera algunas tácticas específicas de la organización, incluidas operaciones de infiltración, estratagemas, puestas en escena o montajes noticiosos, actos de falsa bandera (acciones que se atribuyen a otros), falsos rescates, perturbaciones, disturbios, acciones encubiertas y trampas.



El manual de GCHQ también ofrece un listado de tácticas para desacreditar objetivos individuales, empresas y grupos. Estas técnicas se utilizan a menudo contra presuntos autores de delitos comunes o usuarios de actividades de protesta on line con fines políticos. La agencia GCHQ incluso admitió en sus documentos que empuja los límites y orientación de movimientos infiltrados que no tienen nada que ver con terrorismo.

Las tácticas de "engaños sucios" figuran en cuatro documentos clasificados que el GCHQ presentó a la NSA y a otras agencias amigas de los países de habla inglesa llamados "Five Eyes" (Australia, Canadá, Estados Unidos,Nueva Zelanda y Reino Unido). El documento del JTRIG que comentó Greenwald se titula "Arte del Engaño: Educación para Operaciones Encubiertas en línea". En el lenguaje del manual, los enemigos on line del Reino Unido se denominan "hacktivistas".

El ex jefe de la Oficina de Información y Regulación de Affaires de la Casa Blanca, Cass Sunstein, propuso tácticas similares en un polémico artículo difundido en 2008. Como escribió Greenwald, los documentos GCHQ "son los primeros en demostrar que un gobierno occidental importante está utilizando algunas técnicas muy controvertidas para difundir engaños on line y perjudicar blancos u objetivos predeterminados”.

Por ejemplo, una de las primeras páginas del Manual, que lleva como título "Desacreditar un blanco", propone varias operaciones tipo bullying para marcar al personaje, tenderle una trampa sexual, tomar fotos y destruir rápidamente su imagen con las siguientes operaciones:



–Establecer "una trampa de miel" (por ejemplo, una situación sexual embarazosa)

–Subir sus fotos a los sitios sociales más frecuentados de internet

–Escribir un blog cuyo autor o propietario pretenda ser una de sus víctimas

–Desacreditarlo enviando correos electrónicos y textos a sus colegas, vecinos, amigos, etc.

Los documentos describen con gran detalle muchas tácticas específicas, que pueden verse in extenso en FirstLook.org. (https://firstlook.org/theintercept/2014/02/24/jtrig-manipulation/)

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado de Proyecto Censurado

Imágenes: Título del Manual de Operaciones / Desacreditar un blanco

Fuentes:
-Glenn Greenwald, “How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations,” firstlook.org, February 24, 2014, https://firstlook.org/theintercept/2014/02/24/jtrig-manipulation/.
-Tyler Durden, “The Conspiracy Theory Is True: Agents Infiltrate Websites Intending To Manipulate, Deceive, And Destroy Reputations’,” Zero Hedge, February 24, 2014, http://www.zerohedge.com/news/2014-02-24/conspiracy-theory-true-agents-infiltrate-websites-intending-manipulate-deceive-and-d.
-Proyecto Censurado: http://www.projectcensored.org/gchq-agents-infiltrate-websites-destroy-reputations-manipulate-deceive/

Student Resercher: Noah Tenney (Sonoma State University)

Faculty Evaluator: Peter Phillips (Sonoma state University)

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Los bancos y la nueva doctrina “Too big to Jail” (Parte V - Final): Los grandes bancos y la manipulación de los tipos de interés

Eric Toussaint (CADTM)

La manipulación del tipo de interés LIBOR.

La forma laxa con la que las autoridades de los principales países industrializados tratan la manipulación de los tipos de interés demuestra a las claras que la nueva doctrina "demasiado grande para ser condenado" se aplica a gran escala. En 2010 estalla el escándalo de la manipulación del LIBOR (siglas de su denominación en inglés, London Interbank Offered Rate), realizada por un grupo de dieciocho bancos durante el período 2005-2010. El LIBOR es el tipo de interés de referencia para el cálculo de los tipos en un mercado que supone 350 billones de dólares en activos y derivados financieros, y constituye el segundo tipo de referencia más importante del mundo después del tipo de cambio con el dólar. Su valor se determina a partir de la información que aportan dieciocho bancos sobre sus costes individuales de financiación en los mercados interbancarios. En 2012 se obtuvieron pruebas de que hubo colusión entre grandes bancos como UBS, Barclays, Rabobank (Países Bajos) y el Royal Bank of Scotland para manipular el LIBOR según sus intereses.

Si bien es cierto que las autoridades de control han abierto expedientes sancionadores en todos los rincones del mundo (Estados Unidos, Reino Unido, el resto de la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia, Hong Kong), hasta el momento no se ha incoado ningún procedimiento penal contra los bancos y las multas impuestas son de un montante ridículo si se las compara con la magnitud de la manipulación realizada |1|. Aún no se han cerrado todos los procedimientos en curso. Grosso modo, hasta el momento presente las multas que se han abonado alcanzan una cifra cercana a los 10.000 millones de dólares. Además, la parte que ha pagado cada uno de los bancos es mínima en comparación con el daño causado. Varios cargos directivos de los bancos dimitieron de resultas del escándalo. Es el caso de Barclays (segundo banco británico) y de Rabobank (segundo banco de Países Bajos). Otra consecuencia fue el despido de decenas agentes de negociación ("trader" en la terminología inglesa). Sin embargo, y esto es lo más importante, a ninguno de los bancos se le ha retirado el derecho de operar en los mercados en los que han actuado cual una banda organizada, y ninguno de sus dirigentes ha terminado entre rejas.

A pesar de que los bancos en cuestión reconocieron las acusaciones de manipulación y, en consecuencia, aceptaron las sanciones que les impuso la justicia británica, la estadounidense procedió de forma escandalosa a la hora de dictar sentencia. El 29 de marzo de 2013, Naomi Buchwald, juez de distrito en Nueva York eximió a los bancos implicados en el escándalo de toda responsabilidad legal para con las personas o las instituciones afectadas por la manipulación del LIBOR |2|. Para proteger a los bancos de posibles demandas por colusión y prácticas monopolistas elaboró una motivación según la cual el cálculo del LIBOR no está sujeto a la legislación sobre la competencia. Por ello, a partir de ese momento los bancos pueden ponerse de acuerdo para fijar el valor del tipo de interés sin que ello suponga una infracción de la legislación antimonopolio de los Estados Unidos. Dado que la determinación de los tipos en los mercados de permutas ("swaps" en inglés), así como en los de permutas para cobertura de impagos ("CDS" en inglés) era similar (es decir, calculando la media de los tipos notificados por los participantes), con esta sentencia se sienta un peligroso precedente, ya que abre la puerta a que las grandes instituciones financieras manipulen sin más los precios y los tipos clave que rigen en funcionamiento de los mercados financieros mundiales. En marzo de 2014, el escándalo del LIBOR resurgió en Estados Unidos: la agencia de garantía de los depósitos bancarios interpuso una demanda contra más de una docena de grandes bancos (JP Morgan, Citigroup, Bank of America, UBS, Crédit Suisse, HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Société Générale, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,...) |3|. Está por ver si, lo mismo que con el caso precedente, todo termina con el sobreseimiento del caso. También es posible, desde luego, que se cierre con una multa pero sin condena.



Volviendo al caso del LIBOR, la Comisión Europea, por su parte, ha impuesto multas por un valor total de 1.700 millones de euros a ocho bancos tras haberlos acusado de haber establecido un cartel que manipuló el mercado de derivados |4|. Cuatro bancos se coaligaron para manipular el tipo de los derivados relacionados con el mercado cambiario del euro mientras que otros seis manipulaban el conjunto de los tipos de los derivados ligados al del yen. Una vez más se aplica la lógica de no condenar.

Además, como los bancos han accedido a pagar la multa, se ha reducido su cuantía en un 10%. Los bancos multados son: JP Morgan y Citigroup (primer y tercer banco de EE UU respectivamente), Deutsche Bank (primer banco alemán), Société Générale (tercer banco francés), Royal Bank of Scotland (tercer banco británico), y RP Martin. Dos bancos, en concreto UBS (el primer banco suizo) y Barclays (el segundo banco británico), se han librado de la sanción por haber denunciado al cartel.

En resumidas cuentas, hemos vuelto al sistema de las indulgencias: « Pague por redimir sus pecados y podrá usted permanecer en el paraíso de las finanzas. Retráctese de sus faltas y denuncie a los otros ladrones, así obtendrá dispensa y no se verá obligado a pagar las indulgencias, perdón, las multas ».

En Australia las autoridades han dado un giro de tuerca más a la farsa: se han limitado a amonestar a BNP Paribas por una conducta potencialmente ilícita (en inglés, literalmente, "potential misconduct") relacionada con los tipos de interés interbancario de 2007 a 2010. BNP Paribas ha despedido a agentes de negociación ("traders") y ha declarado que haría una donación de un millón de dólares australianos para fomentar la literatura financiera |5|. ¡Qué generosidad! ¿Pero de quién se están burlando?

Conclusión: hay poner punto y final a los mercados no regulados y prohibir la especulación y los productos derivados. Los bancos deben contratar seguros clásicos para cubrir los riesgos ligados a los tipos de interés.

Ver también:
- Los bancos y la nueva doctrina “Too big to Jail” (Parte IV): HSBC, un banco de un pasado abrumador y un presente sulfuroso
- Los bancos y la nueva doctrina “Too big to Jail” (Parte III): Los barones de la banca y de la droga
- Los bancos y la nueva doctrina “Too big to Jail” (Parte II): EEUU. Los abusos de los bancos en el sector inmobiliario y los desahucios ilegales
- Los bancos y la nueva doctrina “Too big to Jail” (Parte I)

Notas:
1| Matt Taibbi, “Everything is rigged : The biggest price fixing scandal ever”, 25 de abril 2013, http://www.rollingstone.com/politic... Véase igualmente http://en.wikipedia.org/wiki/Libor_...
2| The Wall Street Journal, “Judge dismisses antitrust claims in LIBOR suits”, 29 de marzo 2013, http://online.wsj.com/article/SB100...
3| AFP, « Le scandale du Libor rebondit aux Etats-Unis », 14 de marzo 2014, http://www.rtbf.be/info/economie/de...?
4| Comisión Europea, “Antitrust: Commission fines banks € 1.71 billion for participating in cartels in the interest rate derivatives industry”, comunicado de prensa del 4 de diciembre de 2013, http://europa.eu/rapid/press-releas...
5| Financial Times, « BNP Paribas sacks staff for interbank rate-fixing attempt », 29 de enero de 2014.

Traducción: Fernando Lasarte Prieto y Verónica Lasarte Prieto

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Argentina: Política social compensatoria

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Hacía un año que no se actualizaban los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y esta semana se informó una actualización del 40%. Aun siendo poco representativo para cada perceptor del beneficio, de $460 a $644 por mes, la suma total afectada aporta en el intento de contrarrestar la caída del consumo y la producción que verifica la desaceleración de la economía en el presente.

El ajuste de ingresos por beneficios sociales supone varias consideraciones. Por un lado significa un reconocimiento de la variación real de los precios de bienes y servicios que consumen los sectores más desprotegidos de la sociedad; y por otro, confirma que los elevados indicadores de crecimiento de la economía en la década no alcanzan para que millones de personas resuelvan su cotidianeidad con recursos provenientes del empleo.

La política económica no ha podido resolver cuestiones estructurales asociadas al ingreso popular, por lo que la política social masiva actúa de forma compensatoria, intentando morigerar indicadores sociales de marginación y empobrecimiento que constituyen legados de cambios regresivos en el orden económico y social gestados en las últimas cuatro décadas.

Vale mencionar que la AUH es el programa más extenso de una política social masiva que involucra a casi 4 millones de beneficiarios, y a la que se suman otros tres millones de diversos planes sociales, entre ellos nuevos jubilados sin historial de aportes previsionales. La política social alcanza a unos 7 millones de personas que reciben transferencias de ingresos provenientes de la ANSES.

El movimiento de trabajadores jubilados cuestiona la distracción de fondos del ANSES para fines que no sean previsionales, sustentando que lo esencial de los recursos de la seguridad social son aportes y contribuciones con ese específico fin. En todo caso, señalan, la insuficiencia de fondos para hacer frente los pagos de jubilaciones y pensiones se asocian a la disminución de aportes patronales gestados en tiempo de Cavallo y Menem y que motivó el reemplazo con recursos tributarios. Este último argumento, la compensación con impuestos para el fondo de la seguridad social es lo que sostiene el gobierno para atender el conjunto de la política social con dinero de la ANSES.

La cuestión parece irresoluble por escases de fondos, sean del tesoro nacional o del fondo de la seguridad social. Las demandas a satisfacer son cuantiosas y más allá del debate sobre índices de pobreza e indigencia, la realidad es que una parte importante de la sociedad tiene problemas de ingresos para resolver las necesidades de la vida cotidiana.

En efecto, si son 7 millones los beneficiarios de la política social con ingresos ajustados pero escasos, y unos 5 millones de jubilados nacionales perciben la mínima, por debajo del 50% de lo necesario para una vida digna; y un tercio de los trabajadores están en situación irregular con ingresos menores a los regularizados con seguridad social; queda claro entonces la deuda del orden económico social con la mayoría de la población.

Con ese cuadro de situación se impone la masividad, no necesariamente universalidad, de una política social compensatoria ante una economía que en la crisis mundial creció a valores superiores. Es una situación que la Argentina comparte con la mayoría de los países de la región, aún con orientaciones políticas diferenciadas. En casi todos los países de Latinoamérica se aplican programas de transferencias de renta sustentados en fuertes ingresos fiscales derivados de la particular situación de suba de los precios internacionales de los productos de exportación.

Uno de los problemas a consignar es que en estudios de la CEPAL y de la OIT para la región se anticipan modificaciones en las condiciones globales del rumbo económico, del comercio y de los precios de las materias primas que pueden afectar la cuestión de los ingresos fiscales de los países y convocaran a discutir el uso de los recursos públicos. No en vano, sectores hegemónicos presionan para la disminución del gasto público y aunque no siempre se sostenga claramente, el gasto social está en la mira del objetivo para la reducción.

Otro de los problemas proviene de la evolución de los precios, del 1,8% en abril según el INDEC, que se suma al 10% del primer trimestre, y en particular del de la divisa, que esta semana parece haber iniciado un nuevo movimiento alcista luego de la devaluación de enero. Las mínimas correcciones del valor del dólar impactan en varios precios que sufren precisamente los sectores de menores ingresos, que aun antes de percibir los ajustes ya sufren el impacto de la suba en bienes y servicios de consumo cotidiano.

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Argentina: El ajuste K y los ataques patronales apuntan contra el empleo y el salario

Esteban Mercadante (PUNTO DE DESEQUILIBRIO)

A comienzos de este año, señalábamos que el giro dado por el gobierno de Cristina Fernández en enero, al imponer el mayor ajuste cambiario desde 2002 signaba “de forma irreversible, la entrada en una nueva dinámica”. La del ajuste a un ritmo más acelerado. Más acelerado, decimos, porque en los hechos después de las elecciones de 2011 se decretó el fin del tan mentado “nunca menos”, y comenzaron las primeras medidas de ajuste.

Pero la devaluación marcó un salto. Le dio un nuevo empujón a la inflación, que ya se había acelerado de forma considerable a fines de 2013, y en unos pocos meses (de noviembre a marzo) el poder adquisitivo del salario cayó más de 15%. El ajuste cambiario fue seguido por una política monetaria restrictiva que subió las tasas de interés y restringió la liquidez para contener al dólar, con la consecuencia de encarecer significativamente el crédito al consumo -con tasas que llegan al 80%- y reducir (o cortar, según el tipo de bienes) su disponibilidad. Se trató de un zarpazo en toda la línea, el mayor de la época kirchnerista, contra los ingresos de los asalariados y el nivel de vida de todos los sectores populares. Y al mismo produjo un regalo a los bancos, que en el primer trimestre de este año llegaron en algunos casos a cuadriplicar sus ganancias respecto de igual período del año anterior.

Cuatro meses después, se confirma que hemos entrado en una nueva dinámica. Veamos.

Una estabilización “macro” provisional y limitada

La situación que se está configurando, se alejó en lo inmediato de los pronósticos de descalabro de la economía que circulaban durante los primeros meses del año. A fuerza de ajuste ortodoxo, el tándem Kicillof (Ministro de Economía) y Fábrega (Presidente del Banco Central, BCRA) logró estabilizar la situación. La devaluación, seguida por una política monetaria restrictiva (es decir un combo de ajuste ortodoxo por ambos lados) para incentivar el ahorro en pesos y frenar la fuga al dólar; el posterior blanqueo de la inflación con el nuevo IPCNu (aunque también el achicamiento del crecimiento que los libró del cupón de crecimiento a fin de año) y el acomodamiento en una pauta de negociaciones salariales que supera el objetivo que se había puesto el gobierno a comienzos de año (18%) pero que va a dejar los salarios por debajo de la devaluación acumulada desde fines de 2013, y de la suba proyectada de precios para este año, lograron estabilizar la macroeconomía por un período (dependiendo cuánto dure de si planchan la moneda o no, del nivel de inflación y de los dólares que entren por el comercio exterior). Las patronales siempre propensas a reclamar por la “competitividad” se vieron beneficiadas por una devaluación que hizo caer el costo salarial en dólares, y el “agropower” logró un tipo de cambio favorable para liquidar los dólares amasados por la cosecha. Esto puso un freno a la fuga de dólares, que se llevó 13 mil millones de dólares en 2013 a pesar del cepo cambiario.

Los esfuerzos mostrados en la negociación con el Club de París para restablecer un cronograma de pago de estas deudas con acreedores de los países ricos, la circunspecta presencia de Kicillof en la reunión del FMI, y el acuerdo con Repsol para pagar generosamente la compra del 51% de las acciones de YPF, empezaron a despejar alguna posibilidad de emisión de deuda pública en el exterior. Se comprende, con tasas por el piso en los países ricos, los grandes bancos internacionales desesperan por hacer negocios con un país al que le pueden cobrar arriba de 8%. Por lo pronto avanzaron emisiones de deuda de YPF, así como hay ofertas para préstamos a tasas que rondan el 6% al BCRA, para ampliar la cobertura de dólares (es decir, no sería un financiamiento al tesoro del Estado argentino sino una especie de “swap”, que cubre al BCRA para sostener la política monetaria), en ambos casos a tasas altas en términos internacionales, pero mejores que hace un tiempo. La estabilización también despejó, al desinflar el mercado cambiario paralelo, algunos obstáculos que limitaban la extensión del acuerdo Chevron a otras empresas, como era la necesidad de hacer mecanismos para compensar la "pérdida" de las multinacionales por entrar en dólar legal en vez de blue. Al acuerdo con Dow anunciado en septiembre pasado, se sumó otro con la malaya Petronas, así como un nuevo desembolso conjunto de YPF y Chevron por 1.600 millones de dólares. Estos negocios petroleros representan el ingreso de al menos 2 mil millones de dólares para este año.

Todo esto contribuyó a descomprimir el faltante de dólares, tanto por el lado de frenar la salida como de alimentar la entrada, relajando entonces la “restricción externa” (sobre esta restricción en la economía argentina ver aquí). Pero aunque esto alejó por el momento los riesgos de una crisis externa (es decir de un escenario donde el tipo de cambio nuevamente se vuelva inmanejable, con nuevo salto del blue e incluso riesgo del sistema financiero), la inflación que sigue a paso firme, y la baja de la tasa de interés que está encarando ahora el BCRA para tratar de restablecer las condiciones de crédito, dejan el interrogante de cuánto tiempo duraran estas condiciones. A esto se agrega otra inquietud, imprevista hace unos meses, que es el deterioro agudo del balance comercial. Llamativamente el Indec acaba de ajustarlo a la baja para el año 2013, pasando de u$s 9.024 millones a u$s 8.004 millones. Pero lo más alarmante es que las habituales discrepancias con los registros de Intercambio Comercial Argentino (ICA) son mucho mayores que en otros años, y llevaron a ajustar las estimaciones privadas para 2013 a un superávit virtualmente nulo (ver acá). Para este año, se redefinieron los pronósticos y se espera un superávit comercial de u$s 5 mil millones. El saldo externo favorable observado desde 2002 ha sido clave para fortalecer las reservas del BCRA, que se fueron volviendo cada vez más importantes para la política económica a medida que otras patas del llamado “modelo”, como el superávit fiscal o la competitividad lograda en 2002 con la megadevaluación, se deterioraban. Como explicábamos en Ideas de Izquierda 7: “El hecho de que el BCRA tuviera un nivel elevado de reservas, contribuyó durante los últimos años de diversas formas a sostener el esquema de financiamiento imprescindible para afrontar un gasto público en aumento”, entre otras cosas porque permitió que una parte de las reservas fuera usada para pagar deuda pública externa, sin contrapartida de mayor endeudamiento del Tesoro (el Fondo del Bicentenario). Para que nos demos una idea, los vencimientos de deuda del Gobierno nacional que se pagaron con reservas ascienden a u$s 27.500 millones entre 2010 y 2013. Las alarmas sonaron en 2011 sólo porque los dólares de la soja (y otros granos) ya no alcanzaban para sostener el déficit industrial, el déficit energético, los pagos de la deuda, las remesas de capitales y la lisa y llana fuga de dólares. Ese año fue el primero de la década kirchnerista donde el año concluyó con una caída en las reservas en manos del Banco Central.

El superávit comercial previsto para este año está un poco por encima de los vencimientos de deuda pública de este año (3.200 millones de dólares) en caso de que efectivamente no haya pago de cupón de PBI como se prevé por el momento (sino la cifra podría trepar a 6 mil millones de dólares, es decir que el superávit comercial del año no llegaría siquiera a cubrir esto). Considerando que la salida de dólares se enlenteció pero no se frenó del todo, es probable que el año termine nuevamente con caída de reservas. 2015 luce más complicado, ya que los vencimientos ascenderán a 9 mil millones de dólares.

Por eso, aunque en lo inmediato el ajuste cambiario y la política monetaria ortodoxa contribuyeron a estabilizar la situación, el deterioro comercial es otro síntoma de que esto podría durar poco.

La hora de la recesión

La “estabilización” -con los límites que señalamos más arriba- ha sido lograda a costa de un ajuste que golpeó una economía que ya mostraba múltiples señales de deterioro. La devaluación agravó un escenario complicado, empujando en lo inmediato a la economía hacia la recesión. La economía, que venía ya de dos años (2012 y 2013) muy bajo crecimiento (que ahora el ajuste de los números oficiales del PBI confirma), ingresó técnicamente en recesión, ya que se registraron dos trimestres consecutivos de contracción de la economía. Los pronósticos para el año prevén una contracción económica de entre 0,5% y 1,5%. Con una inflación que difícilmente termine el año por debajo de 35%, y acuerdos salariales que salvo excepciones estuvieron por debajo del 30%, la política oficial se orienta hacia una profundización del deterioro del salario real (que en promedio había terminado con una ligera caída en 2013, que en varios gremios, con los convenios salariales negociados por debajo del promedio, fue en realidad un deterioro bastante más marcado).

Uno de los sectores que muestra mayores complicaciones es la industria automotriz. Esta acusa una caída acumulada de la producción de 18% en los primeros cuatro meses del año, y una disminución de las ventas locales del 30% y del 18,6% de las exportaciones en igual período. Por ahora el deterioro se está acelerando, ya que sólo el mes de abril la caída en las ventas mayoristas fue de 40% respecto de igual mes del año anterior. Como señalamos acá, las automotrices han aprovechado las formidables ventajas en flexibilidad que les otorgan las cláusulas de flexibilidad perfeccionadas en cada convenio (por rama y por empresa) durante la última década para ajustar just in time el trabajo, anunciando en unas pocas semanas una seguidilla de suspensiones que afecta a 12 mil trabajadores. Esto evidencia cómo, aún los sectores mejor pagos de la clase trabajadora argentina, y que lograron participar en cierto modo del “derrame” que no bajó a los escalones donde se encuentra el grueso de los asalariados del país, se encuentran hoy ampliamente flexibilizados. Esta dimensión de la precariedad que se invisibiliza en tiempos de crecimiento, se pone en evidencia apenas emerge la crisis. Estamos empezando a ver reminiscencias de lo que fue 2009. Pero promete ser mucho peor, y es necesario responder a la medida del ataque que se viene.

La profundidad de la caída tiene numerosos efectos expansivos sobre el resto de la industria. Las terminales representan el 6,5% del PBI industrial y el 7,2% del empleo en forma directa. Aún con la limitada integración de componentes locales en los vehículos (30/35%), más de 400 empresas autopartistas se mueven al vaivén de lo que ocurre con la producción automotriz. El 55% de su facturación está compuesto por ventas a las terminales locales. Otro 15% se dirige a Brasil, donde las automotrices también están aplicando suspensiones. La onda expansiva del parate automotriz continúan, a través de sus proveedores, hacia un importante número de metalúrgicas, fundidoras y proveedores de insumos básicos como acero, aluminio, vidrios, químicos y plásticos. Esto significa sectores que implican que no menos del 14% del PBI industrial (3% del PBI total nacional). Según estimaciones de Dante Sica de Abeceb, por cada puesto de trabajo generado en una terminal automotriz, se crean otros 3,7 empleos en empresas eslabonadas en la cadena de producción, distribución y comercialización. Es decir que la crisis automotriz afecta a una buena parte de los más de 165 mil empleos involucrados en la cadena. Ante esto las patronales se aprestan a descargar sobre los trabajadores el peso de la crisis. Ni lerdos ni perezosos, las patronales autopartistas ya iniciaron despidos, como observamos en Gestamp.

¿Cuáles son los motivos de esta caída? En la industria automotriz el gobierno pretende explicarla centralmente por la caída de Brasil. Pero aunque las exportaciones cayeron fuerte, mucho más lo hicieron las ventas locales. También están cayendo fuerte otras ramas de la industria muy vinculadas al desenvolvimiento del mercado local. De conjunto la actividad industrial de marzo de 2014 muestra disminuciones del 6% en términos desestacionalizados. La producción de cemento registra en marzo una caída del 4,8% en comparación con igual mes de 2013; en el primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo período del año anterior la producción de cemento presenta una disminución del 0,8. Alimentos y bebidas cayó en marzo 0,4 respecto de igual mes del año anterior, y acumula en el año una caída de 0,6 respecto de igual período del año previo). Mientras tanto, firmas como Aluar que exporta un 70% de la producción, presentaron balances con ganancias que crecieron un 115% en nueve meses.

En este contexto, durante la segunda parte del año podría haber, en el mejor de los casos, alguna reversión parcial del deterioro. Hasta marzo el consumo agregado acumulaba en el año una caída del 0,6, mientras que el crédito al consumo registraba una caída de 6,1%.

Después de paritarias y la liquidación de la soja puede haber algún impulso a la demanda, aunque limitado porque la tendencia a la destrucción del empleo no da signos de detenerse. las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicadas para el primer trimestre, que reflejan una merma interanual del 1,2 por ciento en la cantidad de obreros en la industria manufacturera. La encuesta industrial del Indec indica que el 3,2% por ciento de los empresarios fabriles prevé una baja en el número de empleados para los próximos meses, así como también estiman reducir la cantidad de horas trabajadas. Según la encuesta reciente de la consultora SEL, sobre 140 grandes empresas, un 15% espera disminuir su personal en 2014, cifra que casi duplica la relevada el año pasado, cuando sólo el 8 por ciento preveía despidos. El estudio señala que “esta expectativa se agudiza en el sector de bienes durables, donde la proporción de empresas que espera disminuciones se duplica, llegando a un 30 por ciento”. En contraposición, el 19 por ciento espera aumentos, 4 puntos por debajo de igual período del año anterior. Según el mismo estudio, el 26 por ciento de las empresas líderes redujo las contrataciones estacionales. Alineado a lo anterior, el 21 por ciento ya ha eliminado la contratación de personal temporario, cifra que asciende al 24 entre las compañías de bienes durables y consumo masivo.

Un programa para frenar el ataque

Ante este cuadro de deterioro, que ya está golpeando sobre la clase trabajadora, desde usinas afines al oficialismo depositan confianza en las herramientas del gobierno para contener los efectos sobre los ingresos de los trabajadores y sectores populares. Mencionan en Programa de Recuperación Productiva (RePRo), implementado en 2008 ante la caída de la economía que causó la crisis mundial. Algunos llegan tan lejos como para afirmar que el anuncio de 40% de aumento para la AUH y para las asignaciones familiares (que analizamos acá) desmiente el rumbo del ajuste.

Pero este aumento es por sí sólo un reconocimiento del ajuste aplicado sobre los ingresos de la clase trabajadora, de los sectores público y privado, que en ningún caso tuvieron una recomposición nominal del ingreso equivalente. Si la AUH le empata le gana por poco a la inflación (no así a los aumentos de precios de alimentos, que alcanzan a 40% desde junio último, cuando había sido el anterior aumento de la asignación), los salarios pierden por goleada.

Ante el déficit fiscal, y las limitaciones para financiarlo, el gobierno no puede actuar para contrapesar la caída económica. Al contrario, está obligado a actuar para profundizarla. A diferencia de otros ajustes devaluatorios (como 2002) que permitieron ajustar gastos en relación a los ingresos, mejorando la situación fiscal, ahora ocurrió todo lo contrario. La devaluación no hizo más que agravar las dificultades, entre otras cosas porque agravó el costo de las importaciones de combustible. Como consecuencia de esto, los aumentos de tarifas de servicios públicos y del transporte trasladan a los precios una parte de los subsidios, pero esto no permite reducirlos sino sólo limitar su crecimiento. Salvo que ensayen a fondo la vuelta a los mercados, o que aceleren el financiamiento a través de la emisión monetaria (que el actual jefe del BCRA no parece dispuesto a convalidar), el ajuste fiscal debe continuar a paso firme, ya que no hay margen para continuar con los mecanismos de financiamiento ensayados en los últimos años (a través de ANSES y el BCRA). Por eso se encuentra limitada la capacidad de empujar la economía con gasto público. A la inversa, la devaluación y la reducción de subsidios, así como el encarecimiento del crédito son un combo de ajuste sobre la economía. La estabilización provisional (que podrá extenderse a cosa de más devaluación -es decir más ajuste- y endeudamiento externo) lograda a fuerza de medidas ortodoxas, está permitiendo dosificar los ritmos, no cambiar la tendencia.

Toda la burguesía y los partidos patronales acompañan las medidas de ajuste. Aunque desde sectores opositores y El Foro de Convergencia Empresaria expresen la intención de lograr medidas más decididas, y sobre todo, aspiren a desmontar mecanismos de intervención en la economía aplicados durante estos años que, aunque aplicados en función de sostener la reproducción del capitalismo nacional, cuentan con el rechazo de sectores empresarios. Pero no hay diferencias en un punto fundamental: que sean los trabajadores los que paguen los costos de la crisis. El gobierno, que al mismo tiempo que puso techos a los salarios por debajo de la inflación se resiste a mover el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y trata de “privilegiados” a los sectores sindicalizados, pretende que todo esto es para sostener los ingresos de los sectores más bajos. Puro verso: el ajuste pega de lleno sobre estos sectores, ya que, por fuera de la percepción de la asignación con fondos del Estado, buena parte de los ingresos en estos sectores provienen de un empleo, en condiciones no registradas (en “negro”), en los sectores como la construcción que están entre los que más caen (construcción cayó 6% en marzo). Como planteamos en Ideas de izquierda 5, las condiciones de precarización de la fuerza de trabajo, que son las principales responsables del bajo piso de ingresos. Al cabo de una supuesta década “ganada”, el 50% percibe ingresos de hasta $4.040, y el 70% está por debajo de los $6.000. Suena a broma presentar ahora, como medida contra el trabajo no registrado, después de 10 años en el poder, un proyecto de blanqueo de inspiración cavallista, con la modesta aspiración de bajar un 10% el empleo no registrado (es decir que pase de 34% a 28% de la Población Económicamente Activa). En abril, el mismo mes en que se anunciaban estas medidas,las contribuciones a la seguridad social crecieron un 19,4% interanual, la mitad del aumento general que registró la recaudación. Es decir bastante menos que la inflación estimada. Dado que el desempleo no se disparó y que los despidos todavía son puntuales, eso implica que hay empresas que dejaron de pagar los aportes por sus empleados o que empezaron a “negrear” ante el enfriamiento de la economía. El plan de “blanqueo” nace fallado por la crisis, que potencia la inclinación negrera de la burguesía argentina.

Los verdaderos “privilegiados”, en la Argentina del ajuste ortodoxo llevado a cabo puntillosamente por heterodoxos, son los sectores empresarios, si juzgamos por la última presentación de balances de las empresas cotizantes, con crecimientos de los beneficios de hasta 400% en el caso de algunos bancos.

Con el 10A, la clase trabajadora hizo visible su fuerza en la calle. También se puso en evidencia la presencia de la izquierda en sectores estratégicos, como es la zona norte del Gran Buenos Aires donde se encuentran algunas de las principales concentraciones fabriles del país. En numerosas fábricas los sectores clasistas arrebataron muchas de las organizaciones (centralmente Comisiones Internas) de manos de la burocracia sindical. También contamos con el avance político que representa la conquista de diputados, legisladores y concejales de los trabajadores con el Frente de Izquierda. Con esta fuerza los trabajadores podemos evitar pagar los costos de esta nueva crisis (como pasó con el fin del Gobierno de Alfonsín o el de Menem y la Alianza). Tenemos la fuerza para articular una alianza con los sectores populares, resistir este ajuste e imponer una salida opuesta. Es mentira que no queda otra que aceptar las “reglas” del ajuste, es decir, las de los que la “juntaron con pala”. Atacando sus millonarias ganancias, hay una salida a favor de los trabajadores y el pueblo.

Para imponerla, lo primero es terminar con la tregua que, después del 10A, impulsan los sectores opositores de la burocracia sindical. Hay que imponer un paro nacional de 36 horas con movilización y piquetes. Rodear de solidaridad todas las luchas, pelear por la prohibición de todas las suspensiones y despidos, y por la reapertura de todas las paritarias para imponer “cláusulas gatillo” para ajustar los salarios ante la inflación. Reparto de las horas de trabajo manteniendo el salario. Abajo la precarización laboral. Pase a planta y a mejor convenio.

La clase trabajadora puede presentar una alternativa al ajuste. Hay que expropiar a los bancos y crear una banca estatal única controlada por los trabajadores que termine con los usureros. Se debe confiscar a las comercializadoras de granos e imponer el monopolio estatal del comercio exterior, hay que decidir qué se exporta y qué se deja introducir como importaciones de acuerdo a las necesidades populares, y con precios accesibles y no de acuerdo a la ganancia de las multinacionales. Hay que desconocer la deuda usuraria, que ya se pagó más de treinta veces, e imponer que los empresarios retornen los dólares que tienen en el exterior (calculados en 210 mil millones). Si se niegan, hay que expropiar sus bienes en el país. Todas las privatizadas demostraron que utilizaron los subsidios para su rentabilidad, sin inversión (los permanentes cortes de luz fueron la muestra reciente): hay que estatizarlos y ponerlos a funcionar bajo control de los trabajadores.

Estas son demandas de un plan de emergencia que muestran que hay otra salida, pero que no vendrá ni de este Gobierno que se arrodilla ante el capital ni de la oposición patronal. Solo la movilización obrera y popular puede ir conquistando estas demandas y un Gobierno de los trabajadores puede imponer este programa de conjunto. Para que la crisis la paguen los empresarios.

Los Encuentros regionales como el que se prepara para el 24 de mayo en la Zona norte del Gran Buenos Aires, tienen como desafío impedir el avance de las suspensiones y despidos, así como rechazar la ley antipiquetes, la represión a los que luchan y tomar medidas para seguir exigiendo la absolución ya a los petroleros de Las Heras.

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Argentina: Un diálogo mano a mano con la diputada de izquierda Angélica Lagunas (videos)

CARTAGO TV

La diputada neuquina del Frente de Izquierda y los Trabajadores, en una charla con Cartago repasando sus primeros pasos en la militancia y las reivindicaciones populares.

También dialogo sobre los desafíos del FIT y la unidad de las luchas populares







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Juan Garberi: "Esta es una economía que no le importa lo que le pasa a la gente"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con Juan Garberi -Biólogo Molecular- homenajeamos a Andrés Carrasco, un científico comprometido con una "Argentina fumigada" por las transnacionales y sus escribas.



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Ante el fallo de la Cámara Federal por el memorando con Irán

APEMIA

Después de veinte años de impunidad de la masacre de la AMIA, el fallo de la Cámara Federal que declaró inconstitucional el Memorando ha provocado una nueva crisis política. Los ministros Alak y Timerman prometieron una apelación que no tenían pensada. Pichetto llegó a hablar de un “gobierno de los jueces” para justificar la parálisis y el fracaso de las iniciativas que el gobierno impulsó durante años en el tema del atentado a la AMIA.

Se trata de un fallo al que todas las partes apostaron buscando presentarse como ganadores. El gobierno, para mostrar que su acuerdo con Irán era beneficioso, incluso para Israel y la paz en Medio Oriente. Los jueces, para mantener su “independencia” y tratar de salvar el honor después de veinte años de encubrimiento. Y DAIA/AMIA, para mostrarse como articuladores de una oposición política que sigue encubriendo al Estado nacional y sus reconocidas responsabilidades criminales.

El fallo que significó una derrota para el gobierno no avanza un centímetro en el camino del esclarecimiento, la verdad o la justicia, llegando a sorprender por la pobreza de sus resoluciones.

Después de reconocer explícitamente el papel que jugó el Poder Judicial en el encubrimiento y las desilusiones del pasado, le pone límites a los otros poderes del Estado para preservar su propia cuota de poder. Allí donde reconoce la “buena voluntad” del Poder Ejecutivo y del Legislativo, no puede dejar de advertir que sus principales iniciativas políticas siguen empantanadas. “En lo atinente a lo que se dio en llamar ‘conexión local’, ya ha padecido terribles distorsiones en la búsqueda de la verdad y la justicia… en lo que atañe a la denominada ‘conexión internacional’, ha sufrido una excesiva demora. Precedidos de esa experiencia negativa, no es posible permitir que en lo sucesivo ocurra algo que… confunda, entorpezca o siga dilatando la debida dilucidación de lo ocurrido…” (pág. 8).

Los jueces reconocieron que en la discusión sobre la legitimidad o no del Memorando, lo que se está debatiendo es la propia investigación del atentado. De manera contradictoria, critican el Memorando porque somete una investigación realizada en su propio espacio de poder, sin defender ni comprometerse con el contenido de esa supuesta investigación, que ellos mismos dicen que no progresa.

Se trata de una extensa reflexión y reconocimiento de la impotencia y el fracaso del Estado a la hora de garantizar que las víctimas reciban –al menos- su “derecho a la verdad”. Los jueces explicaron cuáles serían las condiciones para una salida que dé respuesta a los reclamos de verdad, justicia y esclarecimiento del crimen político más grave cometido en nuestro país. Plantearon dos posibles caminos.

Uno discute la posibilidad de un “juicio en ausencia” para los iraníes, en sintonía con las presiones recibidas por parte de DAIA/AMIA y el Estado de Israel. Los jueces sugieren usar un mecanismo que no existe en nuestro orden jurídico. Se trata de una propuesta temeraria, que divide sus opiniones y que, explícitamente, no fundamenta la constitucionalidad o legalidad de esta posibilidad. Uno de los jueces, propone que una futura ley habilite “juicios en ausencia”, mientras el otro dice que, de ser constitucional, no habría motivo para esperar un trámite parlamentario.

El otro camino reconoce la importancia que una verdadera “Comisión de la Verdad” podría tener en el esclarecimiento de crímenes como éste. “Han adquirido destacada importancia” a nivel mundial porque “enfrentan la necesidad de averiguar la verdad de lo ocurrido -fundamentalmente como medio de reparación a las víctimas-, ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables… Es decir, la tarea de una comisión por la verdad puede reforzar el posible enjuiciamiento a iniciarse en el futuro.” (pág. 66). Sin embargo, vacilan y se niegan a impulsarla: “Si es posible, conveniente y útil la creación de una comisión de la verdad con relación al atentado a la sede de la AMIA que, por sobre todas las cosas, atienda al derecho de las víctimas a conocer la verdad y a obtener el reconocimiento oficial de la grave injusticia sufrida para que quede en la memoria de generaciones futuras, es algo que no compete a este Tribunal decidirlo” (pág. 31).

Al igual que el gobierno, los jueces muestran que tampoco pueden superar el fracaso y la impunidad. Después del Memorando y este fallo, no hay lugar para alguna alternativa creíble de nuevos juicios como los propuestos por DAIA/AMIA, que ni siquiera existen en los códigos. Los jueces no impulsan una Comisión de la Verdad que ellos mismos reivindican como salida para este tipo de procesos históricos, pero los ilusiona pensar en supuestos “juicios en ausencia” que serán discutidos por la Corte Suprema, cuando les llegue en apelación. Eligen entonces una vía que “confunda, entorpezca o siga dilatando la debida dilucidación de lo ocurrido…” (Pág. 8).

Desde APEMIA llevamos años impulsando la constitución de una Comisión Investigadora y la apertura de los archivos para esclarecer los hechos y llegar a la verdad como único camino para superar veinte años de impunidad y maniobras políticas y jurídicas. Después de tantos años de lucha y debates, los jueces, finalmente, reconocieron en su fallo el valor y la legalidad de estas comisiones de la verdad, aunque no las promuevan.

Nuestra propuesta se plasmó en un Proyecto de Ley que presentaremos públicamente en los próximos días junto a distintos bloques parlamentarios de ambas cámaras que la hicieron propia.

Consiste en la conformación de una Comisión Investigadora que funcione en el ámbito del Congreso Nacional, conformada por una mayoría de personalidades de trayectoria incuestionable en distintos ámbitos, representantes de los familiares de las víctimas y diputados y senadores. Su espíritu se refleja en los antecedentes internacionales que el fallo de Cámara cita.

La condición para su funcionamiento es la apertura de los archivos secretos vinculados al atentado a la AMIA, que el gobierno ya abrió para otras causas de Derechos Humanos.

La constitución de una Comisión Investigadora y la apertura de los archivos es la única vía que nos puede llevar a la verdad que el Estado argentino oculta desde hace veinte años. Y el derecho a verdad, justicia y castigo a todos los culpables es la única salvaguarda contra la impunidad.

Buenos Aires, 17 de mayo de 2014

APEMIA
Agrupación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA

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Boletín Informativo de CORREPI

“Yo no crié a un hijo sola para que venga la policía y me lo mate” / Querella de la RNMA: policías con una ayudita de los jueces amigos / Tres días, tres muertos tras las rejas / Represión a bancarios en Tucumán / Represión en Barracas / Exequiel Barraza, otro gatillo fácil en Córdoba.
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“Yo no crié a un hijo sola para que venga la policía y me lo mate”
El miércoles 14 de mayo, en los tribunales de Comodoro Py, los jueces del TOF nº 6 escucharon el testimonio de los familiares de los asesinados el 20 de diciembre de 2001 en el centro de la ciudad de Buenos Aires durante la represión a la rebelión popular.
María Mercedes Arena, viuda de Gastón Riva; Karina Lamagna, hermana de Diego y Marta Almirón, la mamá de nuestro compañero Carlos Raúl “Petete” Almirón, fueron las primeras en sentarse frente al tribunal y a la larga fila de acusados. Impávidos, junto a sus atildados defensores, estaban allí el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso Enrique Mathov; el ex jefe de la PFA, Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti y el ex director general de Operaciones Norberto Gaudiero. Al fondo, quedaban los otros 13 imputados, comisarios, subcomisarios, sargentos, principales y auxiliares de la federal que intervinieron en los homicidios, tentativas de homicidios y otros delitos durante la represión.
Mari Riva conmovió con el sereno y doloroso relato de la angustia que vivió desde alrededor de las 4 de la tarde, cuando vio por televisión el momento en que su compañero y padre de sus tres hijos era cargado, ya herido, en una ambulancia, hasta que logró encontrarlo, ya muerto, en el hospital Argerich. Ni el SAME ni el Centro de Orientación de Personas de la PFA acortaron su desesperante búsqueda. Sobre el final de su declaración, Mari denunció la ausencia en la sala del ex presidente Fernando de la Rúa, principal responsable político de la represión, quien fue sobreseído por la (in)justicia argentina, que validó su argumento de que dio órdenes ni sabía lo que pasaba, porque estaba “muy ocupado con importantes cuestiones de estado”.
Karina Lamagna reconstruyó la forma en que su mamá supo de la muerte de su hermano Diego, mientras ella veía los sucesos por los medios, ya que vivía en el sur, y conmovió también con su breve pero contundente relato, en el que reivindicó la decisión de Diego de autoconvocarse para ir a manifestarse a Plaza de Mayo contra el gobierno de De la Rúa y Cavallo.
Nuestra compañera Marta Almirón trajo a la sala el emocionado recuerdo de los ideales y la lucha organizada de su hijo. “Carlitos era militante del Movimiento 29 de Mayo y de CORREPI, estudiaba Sociología y quería cambiar la forma en que vivimos los pobres, por eso se organizaba, salía a la calle, y ahora su lucha es mi lucha”, dijo entre lágrimas pero con firmeza, y denunció: “Yo no crié un hijo sola para que venga la policía y me lo mate”.
También remarcó la significativa ausencia del ex presidente entre los imputados, que abre la puerta a que Mathov, Santos y el resto de la cúpula policial sólo enfrente cargos por delitos cometidos por violación del deber de cuidado, impericia o negligencia, como “incompetentes” que permitieron que la policía en la calle se “desborde” y no como los represores que son.
Fue indisimulable la incomodidad de los jueces, en especial del presidente del tribunal, ante los aplausos del público, donde se habían convocado para apoyar a las compañeras militantes de CORREPI, la CPS 29 de Mayo, Convergencia Socialista, Sitraic, TPR y Gremial de Abogados.
Antes de salir, Marta contó que su hijo Petete siempre le decía: “Si del gobierno no te escuchan, hay que salir a hacer ruido”. Eso seguiremos haciendo, por los caídos de ayer y de hoy.

Querella de la RNMA: policías con una ayudita de los jueces amigos
A los jueces les gusta decir que ellos “hablan por sus sentencias” para diferenciarse de los que simplemente expresamos nuestras opiniones. Esta semana, la jueza Wilma López, titular del juzgado de instrucción nº 38, no se guardó nada en un fallo que deja al descubierto la forma en que “dicen en derecho” cuando al que tienen que juzgar lleva el uniforme del estado.
El 12 de marzo de 2013, en pleno conflicto de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín, el ministro de cultura de la CABA, Hernán Lombardi, pidió como “muestra de buena voluntad” a la Asamblea que se levantara provisoriamente el acampe en la entrada del edificio de la calle Sarmiento, para permitir el ingreso de trabajadores, a cambio de retomar el diálogo reclamado por los compañeros. En lugar de eso, el gobierno de la Ciudad mandó a la policía Metropolitana a ocupar la plaza seca, lo que motivó que centenares de jóvenes se convocaran para defender la toma y recuperar el espacio. Por largas horas se resistió el embate policial, que se cobró cuatro pibes detenidos, muchos lesionados, y tres heridos con balas de plomo.
Los compañeros Germán de los Santos y Esteban Ruffa, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Mario Fumaroni, de la Biblioteca El Libro de la Esquina, fueron alcanzados por disparos con proyectiles letales en la esquina de Corrientes y Paraná. Los dos primeros, con apoyo de CORREPI COPODH y CADEP, promovieron querella contra los funcionarios del GCBA y su policía.
En poco más de un año, fue posible identificar a los jefes del operativo y a dos policías que usaron escopetas Mossberg 12/70 cargadas con cartuchos de guerra, con postas de plomo. También se pudo establecer que la policía federal, como en las represiones del Parque Indoamericano y el Hospital Borda, actuó en forma coordinada con la metropolitana, sirviendo de anillo de contención y facilitando el ataque.
Llegado el momento en que la fiscalía y la querella ampliamos la imputación al comisario de la 3ª y al Director de Operaciones de la PFA, y cuando está pendiente una pericia de gendarmería para precisar quiénes dispararon contra los compañeros, la jueza resolvió que la causa debe pasar al juzgado de Menores que instruye las actuaciones contra los cuatro chicos (uno de 17 años) que esa noche fueron detenidos y siguen acusados por el “combo manifestación” (atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones).
El planteo es bien transparente: la jueza, la misma que dividió la causa contra los asesinos de Mariano Ferreyra porque, para ella, no se podía mezclar la acusación contra Pedraza y la patota con las “pequeñas faltas” de los policías federales, porque no era “un mismo hecho”, ahora dice que la conducta policial al disparar balas de plomo contra periodistas y manifestantes debe analizarse “en conjunto con las agresiones que los funcionarios sufrieron”, porque se trata de “dos caras de una misma moneda”.
En la apelación que ya presentamos, le decimos a la jueza que, en Argentina, hace décadas que a su postura se la llama, en política, “teoría de los dos demonios”, y que su resolución es una clara muestra de cómo los jueces, cuando “hablan por sus sentencias”, dicen una cosa, o todo lo contrario, según lo que mejor les convenga para legitimar la represión y garantizar la impunidad de sus ejecutores.

Tres días, tres muertos tras las rejas
El 25 de abril, Iván Rivadero, de 35 años, detenido en una comisaría de Villa Carlos Paz, Córdoba, apareció colgado de una frazada en su celda. Había sido detenido la noche anterior.
El 27 de abril, en el penal federal de Rawson, Carlos Cevallos, de 51 años, murió de neumonía. Desde que enfermó, entró y salió varias veces al Hospital Penitenciario Central, y fue devuelto a la celda con apenas algún inútil analgésico, y un turno nunca cumplido para una resonancia magnética.
El 29 de abril, en el penal nº 6 de San Cayetano, Corrientes, donde tres presos que compartían la celda resultaron con quemaduras graves por un incendio, y Cristian Bianchetti, de 25 años, falleció tras varios días en el hospital.
“Suicidios” inverosímiles; incendios autoprovocados, enfermedades. Si no matan torturando, matan dejando morir. Tres muertos en tres días, que confirman que, después del gatillo fácil, estar preso es la primera causa de muerte a manos del estado.

Represión a bancarios en Tucumán
El martes 13 de mayo, cientos de trabajadores bancarios se movilizaron en Tucumán, exigiendo, como vienen haciendo desde hace meses, la reincorporación de 36 compañeros despedidos de la Caja Popular de Ahorros. Ante la movilización, la respuesta del gobierno provincial de José Alperovich fue la represión, que dejó un saldo de 22 heridos de bala, y las detenciones del Secretario Adjunto de la Seccional y el Secretario de Finanzas de la Asociación Bancaria.
Una vez más se muestra que la represión directa sobre los trabajadores alcanza a todos los gremios que se propongan luchar por la defensa de los puestos de trabajo de sus afiliados, incluyendo aquellos que se identifican con el kirchnerismo, como es el caso de La Bancaria de Zanola y Berrozpe. El paro nacional de dos horas convocado por los trabajadores bancarios para el 14 de mayo, y el llamado a una movilización nacional a Tucumán para el 22, fue rápidamente criticado por Capitanich, quien pidió que el conflicto “no se extendiera más allá de los límites provinciales”.
No podemos esperar de Capitanich que acepte una noción tan básica del clasismo combativo como la solidaridad entre los trabajadores que luchan contra las patronales en cualquier lugar. Tampoco que reconozca la represión como una política estatal sistemática, lo que sería contradictorio con sus propios intereses.
Es por eso que creemos que la denuncia contra la represión institucional debe ser abordada como un todo que se extiende contra los trabajadores, ocupados y desocupados, en búsqueda de un disciplinamiento que no lograrán en tanto se continúen profundizando la precarización y el ajuste.

Represión en Barracas
El domingo 11 de mayo, Tiara, una nena de 3 años, murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 12 que perdió el control e impactó contra la casilla en la que vivía con su familia.
Los familiares y los vecinos, indignados por la muerte de la nena y las condiciones de precariedad en la que vive la familia que hace que estén expuestos de forma permanente a este tipo de accidentes, se movilizaron hasta la terminal de la empresa para pedir que alguien los recibiera.
En la empresa no sólo no los atendieron, sino que los agredieron, echándolos y diciéndoles que eran unos "negros", lo que ocasionó la furia de la gente que respondió contra las instalaciones de la empresa.
Sumado al dolor de la muerte de Tiara, la familia y los vecinos tuvieron que soportar la humillación de la empresa y la “presencia” del gobierno, que nunca se hizo cargo del problema habitacional y que ahora les ofrecía plata para el cajón y una habitación de hotel.
Era lógica la bronca de la gente esa noche en la terminal de la línea 12. Pero para contenerla, la empresa contó con la presencia de la prefectura, que rápidamente actuó desalojando, golpeando y llevándose detenidos a tres familiares de la nena muerta.
Esta es la respuesta del estado frente a las necesidades del pueblo, te dejan morir y si se te ocurre levantar la cabeza te apalean y te meten preso.
Pero así como el pueblo no se acostumbra a la miseria y la humillación, la acción de vecinos y organizaciones logró la difusión de la situación, lo que facilitó a su vez la liberación de los detenidos.
Es muy importante la solidaridad y la coordinación para poder enfrentar esta política nefasta que castiga a los más pobres y que pretende el disciplinamiento del pueblo.

Exequiel Barraza, otro gatillo fácil en Córdoba
Exequiel Barraza tenía 20 años cuando, el pasado 23 marzo, en el barrio 1º de Mayo de la ciudad de Córdoba, el suboficial Pablo Álvarez, de la división Homicidios de la Policía, que se encontraba de franco de servicio, le disparó un tiro mortal en la zona abdominal. Un día después, Exequiel falleció en el Hospital de Urgencias de la ciudad.
La versión del personal policial, como siempre, apunta a la legítima defensa acusando al pibe de de tirotear, robar y todos los argumentos que ya conocemos. La realidad demuestra que el cadáver de Ezequiel estaba todo golpeado, tenía la cara raspada, la nariz quebrada y orificios de tiros en los glúteos, en el cuello, abdomen, y la ingle. Estas heridas fueron fotografiadas por la familia del pibe, alertada de la necesidad de hacerlo, porque no se le había practicado una autopsia.
El asesinato de Exequiel se suma a una larga lista de casos de gatillo fácil que viene acumulando la provincia de Córdoba durante los últimos meses. El 19 de abril, en el barrio Las Palmas, fue asesinado Lautaro Torres, de 16 años, por una oficial de policía, Eliana Soledad Rinaudo, también de franco, que sostiene que Lautaro se le acercó para robarle el celular.
A fines de abril, luego de pasar 10 días inconsciente e incomunicado en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, murió Ezequiel Ávila. De acuerdo a la versión policial, falleció como resultado de las lesiones que sufrió al caerse de la moto en la que intentaba escapar luego de un asalto. La familia del pibe asegura que Ezequiel fue sacado de una vivienda por un móvil policial, y golpeado reiteradas veces tanto en el camino a la comisaría como ya en la celda donde fue alojado.
Y así podemos seguir sumando nombres como por ejemplo Jorge Reyna, asesinado por la policía de Capilla del Monte. Si además tenemos en cuenta los asesinatos por parte de las fuerzas represivas en cárceles y comisarías de Córdoba durante lo que va del año, la lista se agranda.
Como consecuencia de estos últimos casos de gatillo (que se suman a los 278 casos cordobeses desde 1983 que registra CORREPI en su archivo 2013), los familiares de las victimas comenzaron a reunirse y junto a una gran cantidad de organizaciones sociales y de derechos humanos, el pasado 7 de mayo organizaron una movilización al centro de la ciudad en reclamo de justicia por los pibes asesinados. La masividad de la marcha generó como contrapartida, y redoblando la apuesta represiva y de provocamiento, un desmedido operativo policial que incluyó una gran cantidad de policías de civil infiltrados.
Mientras tanto, a700 km de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, la situación represiva también cala hondo. El viernes 2 de mayo apareció muerta Nancy Fernández, miembro del pueblo Qom. Nancy era la mamá de Micaela, la adolescente de 14 años que murió en 2013 en la casa de un traficante y reclutador de pibas para la prostitución, el Pato Cenizo, que tenía protección de la policía del destacamento de Las Tunas, especialmente el subcomisario José Ríos y el oficial Alejandro Sandoval, quienes, además, fueron los que golpearon durante tres días a Nancy cuando fue a denunciar el caso de su hija. El padre de Nancy y abuelo de Micaela, Eugenio Fernández, sigue denunciando a la policía y luchando por el esclarecimiento de ambas muertes.
Como no existe otra forma que la organización y la lucha para resistir a la represión que el estado y sus fuerzas represivas descargan sobre el pueblo trabajador y pobre, los familiares se convocan junto con las organizaciones que acompañan para darle una continuidad a los reclamos de justicia y comenzar así el largo pero valioso camino de pensar de manera conjunta y organizada los pasos a seguir en esta lucha.

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Seecholé, la eterna sobreviviente

Mariano González Vilas (APE)

El 8 de mayo pasado falleció en el territorio Pilagá Norma Navarrete, Seecholé en lengua Pilagá, sobreviviente de la masacre de Rincón Bomba en 1947.

Habrá pasado sus últimas horas, antes de abandonar este lado de la tierra, recordando en la oscuridad la historia de aquel octubre demasiado frío, demasiado gris, demasiado impune de 1947 cuando las fuerzas del orden ordenaron sistemáticamente, junto al Estado Nacional, la muerte del pueblo Pilagá.

Habrá recordado al paraje de Rincón Bomba, en Las Lomitas; en aquella Formosa en pañales que aún no era provincia, en donde el genocidio se mostró desnudo. En aquella Nación todavía en construcción no había lugar para los sucios indios. Nunca hay lugar para los Otros y mucho menos si son indios. Ni siquiera la exaltación de la época los vió. Fueron los grandes olvidados de la época, compañeros del dolor con los malones de la paz, los hermanos de Napalpí y tantas otras masacres silenciosas; víctimas invisibles de un país construido por los sicarios de la ilustración, que rezando al Dios del capital y el progreso, le besaban la sombra a los Sarmiento, los Mitre y los Roca.

Habrá permanecido en su cama los últimos días. Mirando sus arrugadas manos se habrá extraviado en la neblina de la noche, sin saber si eran los dedos de la abuela Norma o los de la joven Seecholé los que veía.

Ni la violencia ni la muerte pudieron disciplinar a esta mujer que era una y es todas, que fue la voz de las que no pudieron gritar. Las balas junto a la violencia física y sexual intentaron disciplinar y humillar sus cuerpos para grabar a sangre y fuego qué lugar ocupaban; para que supieran y conocieran su triple pecado. Ese pecado imperdonable para los dueños del poder y la fuerza: ser india, mujer y rebelde.

Los gritos de aquel fatídico octubre le habrán zumbado de nuevo en sus oídos y la leve silbatina de las balas le habrá recordado el olor de la sangre regando el suelo de los mediados del siglo XX. Habrá repasado detalles minúsculos, perdidos en algún rincón de la memoria. Se le habrá colado por la ventana, casi sin querer, el color de la voz olvidada de su madre.

Habrá recordado la cacería humana que se prolongó durante semanas luego de aquel 10 de octubre y los cuerpos que quedaron tendidos para siempre en la inmensidad del monte de su memoria. Habrá recordado a la violencia uniformada y el desconcierto en las miradas ancianas ocultas tras los arbustos. Habrá repasado los años que siguieron a la masacre, el largo caminar construyendo nuevos mundos sobre la herida aún abierta y finalmente, antes de irse, se le habrá inflado el pecho de dignidad por haber destrozado de una vez y para siempre al silencioso olvido.

Norma Navarrete, la abuela Seecholé, murió sin conocer la justicia. Se fue en un mundo donde ser Otro sigue siendo un pecado y donde la pluriculturalidad es todavía es un mundo por construir.

*****

Con el paso avejentado se va. Camina despacito pero lejos, con el paso y el peso de los años lastimándole los hombros, los gritos de sus muertos como llagas en la boca y la sangre derramada tiñendo su memoria. Se va despacio y se presiente lejana. La extrañará la madera que se ofrecía a reparar sus sueños, la extrañará el viento norte que sólo sosegaba en sus ojos. La canasta inconclusa esperará en vano a sus tersas manos que ya no volverán. La llorarán sus nietos huerfanitos de historias a la hora en que la noche se vuelve muerte. Es frío y hace mucha noche en este rincón. La devoró esa misma noche que se abalanza en esta parte de la tierra, se la llevó la noche con el frío de la amnesia que abriga a los desmemoriados de arriba.

Dejó un pañuelo a mano por si regresa y una escarcha hecha memoria que irá quemando más temprano que tarde, los pies que nos aplastan. “Se va la abuela”, grita el changuito, guerrillero de los montes, temido por las aves más pequeñas que él, con la cara todavía sucia de un duro día de juegos. La ve irse, pero nadie lo escucha en la noche solitaria. Ella lo saludará desde el umbral que separa los mundos y el moqueará más que de costumbre apretando los dientes, esperando que los labios de su abuela tejan una última historia.

La llora el artesano; y son ahora sus criaturas de madera quienes le moldean el dolor. Se encerrará en el monte a llorar su pena de varón. Pasará horas meciéndose en la noche que se la llevó, susurrándole palabras olvidadas a su amada compañera. Las aves mensajeras de la noche fatigarán la oscuridad uniendo los mundos. Despertará sin haberse dormido con la brisa del norte en su mirada. “No se fue la abuela”, dirá con los idiomas abrazados.

Los miles hermanos masacrados la recibirán con honores por haber revelado los dolores de su pueblo. Sus hermanas sanarán su dolor.

Vivirá en la memoria que sembró, en la historia que tejió con paciencia milenaria; revivirá como las brasas cuando la palabra susurre su nombre en un breve soplido. No se fue, vivirá en la mirada de sus hermanos; jamás será olvido ni ausencia. Se ha quedado a morir en el corazón del carandillo, vigilando celosamente la memoria de su pueblo, aguardando silenciosa y taciturna la llegada de la justicia; obligando a los suyos, a los que venimos detrás, a avanzar sin detenerse; buscando a la justicia que por más que se esconda no puede fatigar las huellas de este gigante. Aquí se ha quedado, en el perfume del palo santo, en lo dulce de la tuna, en la lluvia insurrecta, obligando a caminar despacito pero lejos, como sus pasos.

En memoria de todos los que mueren de pie, embarrados, en busca de justicia.

En memoria de todos los que nos obligan a caminar y a continuar su lucha.

En solidaridad con los que todavía caminan este mundo buscando justicia e igualdad.

En memoria de la abuela Norma Navarrete, sobreviviente del genocidio, aún impune, llevado a cabo por el Estado Nacional y Gendarmería Nacional en 1947 contra el pueblo Pilagá.

“No están mudos, nunca han partido nuestros muertos, se les oye en la leña que arde, en el sollozo del humo, en los labios de la llaga.
Hombro con hombro, vivos y muertos vamos; venimos del goteo de un árbol...
- Como no dirás…
- Como no diremos”.

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El conflicto boliviano-paraguayo: Un Justo, el argentino que abonó guerra injusta

Alfredo Montenegro (EL ESLABÓN - REDACCIÓN ROSARIO)

El 9 de mayo de 1933 comienza otra guerra que deja en dos años más de 100 mil muertos latinoamericanos. Tras el triunfo chileno en la guerra del Pacífico (1879-1883) Bolivia se queda sin salida al mar, llena de resentimiento y muertos. Busca un puerto marino por el río Paraguay, pero para los guaraníes ese brazo fluvial era lo poco que le había dejado la masacre y saqueo de la Triple Infamia (Argentina, Brasil y Uruguay, 1864-1870).

Ambas empobrecidas naciones apuntan entonces a los pantanos del Chaco Boreal. Los del Alto Perú tienen en la zona fortines desde 1922, por lo que Paraguay levanta los suyos. Hasta que un día, la sed impulsa a los bolivianos a ocupar un fortín paraguayo para tomar su pozo de agua.

Así, desde mayo de 1933 a junio de 1935 combaten los dos pueblos. Como en esos páramos de 250 mil kilómetros cuadrados del Chaco boreal la riqueza subterránea era el petróleo, los intereses de grandes petroleras intervienen en el conflicto. Los soldados pelean, casi sin saber, para la estadounidense Standard Oil desde Bolivia o la anglo holandesa Royal Dusch Shell, desde Asunción.

El periodista argentino Rogelio García Lupo, cofundador con Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh y Jorge Masetti de la Agencia de Noticias Prensa Latina -además de coordinar con Walsh y Horacio Verbitsky el Semanario CGT de los Argentinos-, también investigó una intriga que no trascendió ni se recuerda con la atención merecida. Sucede que el entonces presidente argentino, general Agustín Pedro Justo, “fue un abierto operador a favor de Paraguay contra Bolivia”.

El apoyo a los guaraníes no surgía de un mea culpa por las masacres cometidas antes durante la guerra de la Triple Infamia. Sucede que tras esa contienda, capitales porteños desembarcaron en esas tierras para invertir en la reconstrucción. La reconstrucción paraguaya fue un negocio para intereses porteños. En 1904, ya más de 140 mil kilómetros cuadrados de territorios del oeste guaraní eran vendidos a capitales argentinos, algo como el 93,68 por ciento de las tierras fiscales.

La prensa y los libros de la historia oficial retoman estos hechos. Pero los hombres comprometidos con la palabra y la memoria, como Eduardo Galeano, entre otros, también trabajaron el tema. “Está guerra es entre los dos pueblos más pobres de América del Sur: los que no tienen mar, los más vencidos y despojados, se aniquilan mutuamente por un pedazo de mapa. Escondidas entre los pliegues de ambas banderas, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell disputan el posible petróleo del Chaco. Metidos en la guerra, paraguayos y bolivianos están obligados a odiarse en nombre de una tierra que no aman, que nadie ama: el Chaco es un desierto gris, habitado por espinas y serpientes, sin un pájaro cantor ni una huella de gente. Todo tiene sed en este mundo de espanto. Las mariposas se apiñan, desesperadas, sobre las pocas gotas de agua. Los bolivianos vienen de la heladera al horno: han sido arrancados de las cumbres de los Andes y arrojados a estos calcinados matorrales. Aquí mueren de bala, pero más mueren de sed”. (Memoria del Fuego 3: El Siglo del Viento).

Desde Bolivia, El Chueco Augusto Céspedes Patzi (Cochabamba, 1904-1997), escritor, periodista y político, relata: “Un pelotón de soldados empieza a excavar un pozo, a pico y pala en busca de agua. Ya se ha evaporado lo poco que llovió y no hay nada de agua por donde se mire o se ande. A los doce metros, los perseguidores del agua encuentran barro líquido. Pero después, a los treinta metros, a los cuarenta y cinco, la polea sube baldes de arena cada vez más seca. Los soldados continúan excavando, día tras día, atados al pozo, pozo adentro, boca de arena cada vez más honda, cada vez más muda; y cuando los paraguayos, también acosados por la sed, se lanzan al asalto, los bolivianos mueren defendiendo el pozo, como si tuviera agua”.

En el libro La Guerra del Chaco: Petróleo, del escritor-periodista brasileño Julio José Chiavenato, se relata: “En el Chaco, diez mil bolivianos mueren de sed en un solo cerco”. Se agrega luego que en 1938 una misión militar norteamericana, sobrevolando la zona de operaciones en el Chaco, hace un macabro hallazgo: las osamentas de 10.000 soldados bolivianos muertos de sed en el cerco de Picuiba-Irendague.

Viveza criolla

“Todo el trigo, la nafta y el fuel-oil que consumió el ejército paraguayo durante los tres años de guerra le fueron facilitados gratuitamente por el gobierno argentino” (David Zook, The conduct of the Chaco War, New Haven, Bookman Associates, 1960).

García Lupo señala que además de planificar necesidades de armas, créditos, transportes y alimentos, el gobierno comprometió al Estado Mayor del Ejército Argentino.

En la logística, el coronel Abraham Schweizer, hijo de un estanciero judío de Corrientes y con prácticas prolongadas en el ejército alemán, antes del nazismo, fue destinado al Paraguay entre 1931 y 1934, para el espionaje de Bolivia.

También documenta que el entonces mayor Juan Domingo Perón “era desde febrero de 1932 el ayudante de campo del Ministro de Guerra, el general Manuel Rodríguez, a su vez persona de confianza del presidente Justo”.

Esa intervención argentina llevó a que Gran Bretaña y Francia le recriminaran al canciller argentino Carlos Saavedra Lamas la violación del embargo de venta de armas a países en guerra.

Luego de tres años de guerra y muertes, en 1935 se logra un acuerdo de paz. Galeano retoma ese momento no en despachos ministeriales, sino entre el polvo del espanto: “Al mediodía llega al frente la noticia. Callan los cañones. Se incorporan los soldados, muy de a poco, y van emergiendo de las trincheras. Los haraposos fantasmas, ciegos de sol, caminan a los tumbos por campos de nadie hasta que quedan frente a frente el regimiento Santa Cruz, de Bolivia, y el regimiento Toledo, del Paraguay: los restos, los jirones. Las órdenes recién recibidas prohíben hablar con quien era enemigo hasta hace un rato. Solo está permitida la venia militar; y así se saludan. Pero alguien lanza el primer alarido y ya no hay quien pare la algarabía. Los soldados rompen la formación, arrojan las gorras y las armas al aire y corren en tropel, los paraguayos hacia los bolivianos, los bolivianos hacia los paraguayos, bien abiertos los brazos, gritando, cantando, llorando, y abrazándose ruedan por la arena caliente”.

Paraguay se queda con el 75 por ciento de la región y el resto es para Bolivia, ocupando un acceso al río Paraguay y al puerto de Casado. Pero los bolivianos siguen acusando la intervención argentina: “Quien manejara las supuestas condiciones de paz, el argentino Saavedra Lamas, favoreció grandemente a Paraguay. Por las ironías de la vida, este señor argentino luego se hizo acreedor del premio Nobel de la paz”, indica Roberto Querejazu Calvo en Masamaclay (lugar donde se pelearon dos hermanos).

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Argentina, Rosario: Los efectos de la militarización de los barrios

INDYMEDIA - AGENCIA WALSH

A un mes del desembarco de tres mil efectivos federales se multiplican las denuncias por abuso de autoridad al tiempo que se cuestiona sus efectos concretos sobre la violencia narco. “Si estos operativos se hubiesen desplazado a los espacios donde se lava dinero del narcotráfico, esto estaría mucho más controlado. Lo único que se ha hecho es un control social” aseguró el sacerdote Daniel Siñieriz, del barrio Nuevo Alberdi.

A un mes del desembarco de tres mil efectivos federales y que, supuestamente, generó tranquilidad, seguridad y redujo el número de delitos y homicidios, se multiplican las denuncias por abuso de autoridad al tiempo que se cuestiona sus efectos concretos sobre la violencia narco. “Si estos operativos se hubiesen desplazado a los espacios donde se lava dinero del narcotráfico, esto estaría mucho más controlado. Lo único que se ha hecho es un control social” aseguró el sacerdote Daniel Siñieriz, del barrio Nuevo Alberdi.

“Con el facho de Berni a la cabeza, dicen querer 'pacificar' el territorio, pero desde la llegada de gendarmería, hasta el 16/04, se registraron 11 crímenes en el Gran Rosario. Encima todos los días vemos los abusos que llevan a cabo los gendarmes golpeando y denigrando sistemáticamente a todo joven con gorrita o 'portación de cara'” se suman a los cuestionamientos los jóvenes de la Juventud Revolucionaria Che, que algo de esto saben: un año atrás fueron parte de la demolición comunitaria de un bunker narco en Barrio Triángulo, donde están construyendo el centro Comunidad Rebelde.
Por su parte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos emitió un documento en el que se puede leer que “el espectacular y caro operativo dice moverse con una lógica estratégica de ir brindando seguridad, destruyendo las casamatas de las fuerzas del delito, los focos donde se genera-expande el mismo y la violencia dentro de los barrios barridos (así como entre sus pobladores). De allí surge nuestra pregunta: ¿han pensado en desbaratar los centros de guerra psicológica-propagandística-legitimadora-legalizadora de la mafia y sus negocios? Queda poco tiempo para que sus procedimientos, con colaboración provincial y municipal, muestren resultados favorables a la convivencia. Concretamente al retirarse deberían dejar debilitada la capacidad de conducción, dificultadas las complicidades (profesionales-políticas-judiciales-policiales) y desvinculadas la asociación de estos grupos con inmobiliarias, comercios, bancos y empresas: caso contrario, se cumplirá aquello de que ´se fue el gato y aparecieron los ratones´”.

Desde la delegación local de la APDH, en tanto, su presidenta, Florencia Delnegro, comentó que en esa entidad están preparando una “denuncia global” con todos los casos de maltrato. “Hay denuncias de chicos que dicen que los paran, les encuentran un porro y les apoyan la cara contra el pavimento y les ponen una bota encima. Hay gente que es hostigada sólo por tener apellido Cantero aunque no tenga nada que ver con los detenidos así llamados. Hay un caso de un chico de apellido Cantero al que lo detuvieron cinco veces en una semana. Pasan cosas así”, ilustró.

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Los ataques no paran: de nuevo niños Wichí baleados en Formosa

Stefan Biskamp (ANRED)

Una ola de violencia policial está arrollando a las comunidades indígenas Wichí de Ingeniero Juárez, Provincia de Formosa. Unas semanas después de que unos niños fueran heridos gravemente, la fuerza estatal atacó ayer otra vez con tiros de bala de plomo a chicos Wichí de esa localidad, lesionando a varios de ellos. Uno, de 14 años, fue llevado a la comisaría y golpeado brutalmente.

Según relatan testigos, a las 10:00hs de la mañana de ayer, sábado 17 de mayo, una decena de policías entró a la comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez en el noroeste de la Provincia de Formosa. “Sin avisar, tiran directo con balas de goma y de plomo”, contó un testigo. “Entran al barrio con palabras ’indio de mierda’ y ’mataco’”. Cuando los miembros de la comunidad corrían desesperadamente, “los policías se reían”. Un niño de 14 años fue detenido por los efectivos: “Lo llevan a la rastra al niño Leandro. La madre grita, le pegaban y casi la balean también”.

El referente de las comunidades Wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, afirmó que fueron siete los niños heridos por el ataque a tiros. Leandro fue golpeado brutalmente en la comisaría. “Le pegaron entre tres policías con los borcegos en las costillas y le ataron los pies”, dijo Santillán. “Cuando fui a retirarlo de la comisaría, el chico tenía la boca llena de sangre y lloraba. Dijo que le duele por los golpes cuando respira”, destaca Santillán. El niño había dicho: “Me pegaron, qué hice, hace frío”. Lo pusieron al lado de un ventilador, contó Santillán, “temblaba el chico”.



Según los vecinos, los jóvenes estaban “jugando en la vereda a las bolitas” cuando la policía entró al barrio. Así desmintieron la versión policial sobre los hechos, la cual fue publicada en el diario formoseño El Comercial. En esta versión, “dos móviles de la comisaría local, con varios efectivos de dotación” vinieron por pedido de un vecino que “alertó sobre la presencia de un grupo importante de originarios que lanzaba pedradas contra una casa”. Los policías, se lee en la nota, “efectuaron disparos” y como “producto de la agresión, dos efectivos resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo”.



Habitualmente, representantes del Estado en las provincias del noroeste como Formosa, gobernada por el kirchnerista Gildo Insfrán, usan el argumento de una supuesta agresión violenta por parte de los pueblos originarios para justificar una represión. Así sucedió por ejemplo cuando en Ingeniero Juárez, el 21 de marzo, tres chicos resultaron heridos por balas. En aquella ocasión, casi idéntica a la de ayer, el niño Nazareno Chávez, de 11 años, sufrió las heridas más graves y los huesos de su rodilla de izquierda fueron astillados por una bala de plomo que disparó un policía. Hace unos días pudo volver a casa, luego de haber estado internado casi dos meses en un hospital en Formosa Capital, a unos 500 kilómetros de su comunidad en Ingeniero Juárez.

Como se pudo documentar en marzo, la herida de Nazareno fue producto de una verdadera cacería de niños realizada por policías provinciales. Aquel día, un grupo de chicos se había sentado tranquilamente en la vereda, frente a la Plaza Juan Domingo Perón, cuando efectivos bajaron de un patrullero, les dispararon y los persiguieron, tirando con balas de goma y de plomo. Llamativamente en ese momento –así como en el contexto de esta nueva violencia policial contra niños Wichí– los efectivos difundieron la versión de que fueron los chicos quienes habían empezado, amenazando con piedras a coches de vecinos criollos y atacando a los policías después. Esta versión oficial se pudo desmentir con una cuidadosa documentación de los hechos.

Autor fotos: Agustín Santillán (ANRED)

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Denunciaron a la APDH de La Matanza: cuando la policía se defiende acusando

LA RETAGUARDIA

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza convocó a una conferencia de prensa el 14 de mayo pasado, donde se dieron detalles de una causa armada en su contra por abogados defensores de policías señalados como los responsables de la tortura y muerte de Gabriel Blanco, ocurrido en la comisaría de San Carlos, Isidro Casanova, en marzo de 2007. Dialogamos con Pablo Pimentel, referente de la APDH-La Matanza, quien se refirió a la causa y anunció, además, una movilización en rechazo de la judicialización del organismo para el próximo 28 de mayo.

Según explicó Pablo Pimentel de la APDH-La Matanza a La Retaguardia, esta judicialización se da en el marco del acompañamiento que la Asamblea viene haciendo a la familia de Gabriel Blanco a partir de su detención y posterior tortura y muerte, ocurrida en marzo de 2007.

“Gabriel Blanco era un joven que fue detenido el 1 de marzo de ese año, fue brutalmente golpeado, y luego se simuló un ahorcamiento. La familia nos pidió que acompañemos el proceso de la investigación. Gabriel formaba parte de un grupo al que estábamos acompañando para que vayan saliendo del tema de la adicción, de la droga, que los lleva a delinquir. Meses antes Gabriel había sido convocado, o reclutado como se dice, por la policía para que robe para ellos. Él se negó. Y eso en la jerga de los chicos es una condena a muerte o a ir a prisión con una causa real o armada. En el caso de él le valió la muerte”, contó Pimentel.

Apenas la familia se puso en contacto y pidió acompañamiento, la APDH-La Matanza inició su propia investigación: “a los dos días fuimos a la comisaría, hablamos con los detenidos. Ellos ciertamente escucharon los gritos desesperados de Gabriel que les pedía que no le peguen más, y en un momento no se escuchó más nada... evidentemente ahí ya había fallecido. Empezamos a investigar, pasaron seis años, cumplimentamos todo lo que el juez de garantías (Raúl Ricardo Alí) nos solicitó, absolutamente todo, con lujo de detalles, ya que es un juez que antes de detener a una persona, policía o quien sea, se asegura de que estén todos los recaudos y las pericias terminadas. Entonces se determina que estos policías son responsables de torturas seguidas de muerte y se los detiene preventivamente hace un año”, detalló Pablo Pimentel.

Los efectivos detenidos son el subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena. “En ese marco –continuó Pimentel–, ellos contratan a un grupo de abogados que lee la causa, ve que ciertamente fuimos a visitar la comisaría porque está nuestra denuncia, ya que apenas salimos de la comisaría fuimos a la fiscalía general y denunciamos todo lo que habíamos escuchado. Entonces convocan a los presos que ya habían declarado hacía seis años y en esa convocatoria los inducen, yo creo que fue previo también, y les hacen cambiar la declaración donde dicen que sí fueron visitados por organismos de derechos humanos que les habían insinuado que ellos, los presos, debían denunciar a la policía como responsable de la muerte de Gabriel. En ese marco, un abogado de apellido Fernández radicó una denuncia en setiembre del año pasado en la Fiscalía General, que le da entidad y lo deriva a una fiscalía descentralizada, que nos convoca y nos notifica. Se empieza a mover la causa, nosotros presentamos la desestimación, ya que nos parecía una locura, una barbaridad. A los seis meses el fiscal entiende que era verdad que no tenía ningún sentido, ni fundamento y eleva a la Fiscalía General para que le den lugar a la desestimación, pero la Fiscalía se lo rechaza diciendo que era temprana la decisión y eso es lo que realmente nos preocupa”.

En diálogo con La Retaguardia, Pimentel especificó las preocupaciones de la APDH-La Matanza: “primero, el hecho gravísimo de que hay un joven que hace siete años fue muerto a palos y que esto responde a una actitud ya cultural, que engrosa la gran lista de jóvenes desaparecidos, torturados, muertos, casos de gatillo fácil, que ya pasan los cuatro mil, y que encima de eso quieren estigmatizar, judicializar de una manera calumniosa, antiética e inmoral, a quienes venimos acompañando en forma desinteresada”.

Esto es lo que ha denunciado el organismo el miércoles 14 de mayo en una conferencia de prensa que contó con el apoyo y la presencia de organizaciones sociales y sindicales de la zona, además de Teófilo y Carmen, padres de Gabriel; Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Aldo Echegoyen de la mesa directiva de la APDH Nacional; y Elsa Gómez de la Asociación Madres del Dolor.

En relación a la acusación puntual contra la APDH-La Matanza, Pimentel explicó: “nosotros jamás presionamos a los presos, lo que hacemos es asistir cuando hay una violación en sus derechos. Tampoco somos saca presos como muchos dicen, sino que asistimos a las condiciones de detención, que sigan y cumplan la condena que les corresponda, pero en el marco de lo que la Constitución dice de las cárceles. En este punto, decimos que ante cualquier situación que vivan, cualquier hecho de violencia, nos llamen que nosotros vamos a tratar de asistir y acompañarlos. O si les niegan el derecho a declarar bajo la identidad reservada que es una figura jurídica, un derecho que tiene cualquier ciudadano. Lo demás es una falacia, una canallada de estos señores que no tienen parámetros en su profesión de abogados para defender a capa y espada a estos señores que son responsables nada más y nada menos que de las torturas y la muerte de Gabriel Blanco”.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-La Matanza convocó además a una marcha para el miércoles 28 de mayo, a las 17, que partirá desde Indart y Almafuerte, en San Justo, y se dirigirá hasta la histórica plaza de esa localidad del conurbano bonaerense, que homenajea a los treinta mil detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, y que cuenta además con una placa que recuerda a Luciano Arruga, el joven de 16 años desaparecido desde el 31 de enero de 2009 por negarse a robar para los policías del ahora ex destacamento de Lomas de Mirador. En esta plaza se llevará adelante el acto central de repudio a esta denuncia contra la APDH-La Matanza, una organización acostumbrada a acompañar las movilizaciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, pero que ahora necesita que toda la gente a la que alguna vez ayudó y todos aquellos que respetamos su trabajo, los acompañemos el próximo 28 de mayo.

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Delitos de lesa humanidad: Empresarios de Ford Argentina procesados

MOVIMIENTO DDHH - INDYMEDIA

Directivos de Ford serán los primeros empresarios juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa durante la última dictadura militar, en un nuevo juicio de la megacausa de Campo de Mayo que comenzará el 8 de julio próximo.

"Hasta ahora, ningún tribunal juzgó o condenó a empresarios o gerentes por su participación o autoría en estos delitos" represivos, dijo a Télam el abogado Pablo Llonto, quien representa a una de las querellas de las víctimas.

El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tramitará desde el 8 de julio los casos de unas 40 víctimas, en su mayoría obreros de la automotriz Ford y otras fábricas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, pero también familiares de los trabajadores perseguidos.

El juicio oral y público debatirá sucesivamente cuatro agrupamientos de víctimas: los desaparecidos de los astilleros Astarsa y Mestrina, los de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur, los de la metalúrgica Bopavi y los de Ford.

Los imputados no son los mismos en todos los casos y tres de ellos son ex directivos de Ford, acusados de haber facilitado datos para el secuestro de 24 obreros de la automotriz en 1976 y permitido que los represores montaran un centro clandestino de detención dentro de la fábrica, en la localidad bonaerense de Pacheco.

Antes del comienzo del juicio, el Tribunal deberá resolver sobre un planteo de nulidad presentado por la defensa de estos tres acusados en la audiencia preliminar que se realizó el 9 de mayo.

Los imputados son el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, "y no llegó como acusado el entonces presidente del Directorio de Ford (Argentina, Nicolás Courard) porque murió antes", detalló Llonto.

En otras jurisdicciones, pero con imputaciones similares, también deberían ser juzgados este año el dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, en una causa que está ya en el final de la instrucción, y Marcos Levin, propietario de la transportista La Veloz del Norte en Salta, causa ya elevada a juicio.

"La que llegue primero a juicio oral y sentencia, va a indicar, desde los fundamentos jurídicos, por qué se considera a un empresario partícipe o autor, y eso también va a ser interesante: si se le pone grado de participación o se le pone grado de autoría" en los delitos imputados, explicó Llonto.

Y esto "va a servir de fundamento, seguramente, para todos los demás juicios" en que propietarios o gerentes de numerosas empresas sean imputados por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de sus establecimientos.

La responsabilidad de civiles en crímenes del terrorismo de Estado sólo comenzó a ser investigada en los últimos años, y para marzo último representaban, según el CELS, alrededor del 13 por ciento del total de 2.239 imputados en causas de lesa humanidad.

Dentro del heterogéneo conjunto de los civiles en diversa medida cómplices o incluso integrantes de la dictadura cívico-militar, muchos menos son los dueños o directivos de empresas investigados por participar en la represión clandestina a sus trabajadores.

Además de las causas que implican a Ford, Ledesma y La Veloz del Norte, también el dueño del diario La Nueva Provincia (de Bahía Blanca), Vicente Massot, está siendo investigado en la fase de instrucción por el secuestro y asesinato de dos trabajadores.

Otras investigaciones judiciales del mismo tipo parecen bloqueadas o más demoradas, como las que involucran a empresarios o directivos de la automotriz Mercedes Benz, la yerbatera Las Marías o la cementera Loma Negra, entre muchas empresas más, tanto de capital privado, nacional o extranjero, como también estatales.

En otros casos, en gran parte de las provincias pero sobre todo en las principales ciudades industriales, hay cuando menos indicios de colaboración empresarial en la represión terrorista de Estado a obreros, delegados y dirigentes sindicales, pero aún sin indagados ni procesados.

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