jueves, 22 de mayo de 2014

Noticias censuradas (2/4): Tailandia participa secretamente en el tráfico humano de refugiados musulmanes rohingya-myanmars (birmanos)

Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Reuters reveló una política clandestina del Reino de Tailandia para vender a las bandas de tráfico humano establecidas en el área a los refugiados de etnia rohingya desplazados de la vecina Birmania/Myanmar. Los tratantes de personas aguardan en el mar a que las autoridades de Tailandia les entreguen a los rohingya, que viven hacinados y maltratados en campos de concentración para inmigrantes de esa etnia.

Los rohingya conforman un grupo étnico musulmán emigrado de Rakhine, Birmania/ Myanmar, de donde huyen a la vecina Tailandia para escapar de la persecución religiosa en su país de origen. (Desde 2010 Birmania se auto denomina Unión de Myanmar, pero Naciones Unidas sigue llamándola Birmania, no así la Unión Europea).



Los rohingyas huyen de la persecución religiosa en su tierra a través del sur de Tailandia, donde son secuestrados como rehenes -para cobrar eventuales rescates- o sencillamente futuros esclavos, sin ningún estatus jurídico. Generalmente los agrupan en campos ocultos cerca de la frontera con Malasia, hasta que sus eventuales familiares en ese país paguen miles de dólares para liberarlos. Cuando no aparece el dinero del rescate, sea porque no tienen familia en Malasia o sus parientes no tienen dinero, a algunos los convierten en mercancía del tráfico de esclavos y a quines no califican para negociarlos, simplemente los matan.

Miles de rohingya han pasado a través de este gulag tropical, con un número incalculable de muertos en la travesía, reportaron Jason Szep y Andrew R. C. Marshall en un informe especial de Reuters publicado el 5 de diciembre 2013. Algunos fueron asesinados por los guardias del campo, o sucumbieron a la deshidratación o enfermedades.

Los reporteros de Reuters localizaron tres de estos campos. Dos los hallaron por el testimonio de rohingyas que estuvieron cautivos allí y, caminando por la zona, llegaron a un tercero fuertemente custodiado, cerca del pueblo llamado Baan Klong Tor.

Las autoridades tailandesas aseguran que estas prácticas no significan tráfico humano, pero la Real Policía tailandesa dio a conocer por primera vez una política secreta llamada "Opción dos", que consiste en transarlos en las redes establecidas del mercado de tráfico humano, para librar a Tailandia de estos emigrantes rohingyas.

“Una tarde de octubre, Muhammad Ismail, de 23 años, desapareció en la aguada tierra de nadie entre Tailandia y Myanmar”, reportó Reuters. “Funcionarios de inmigración tailandeses dijeron que estaba siendo deportado a Myanmar. De hecho, a Ismail lo vendieron, y a cientos de otros musulmanes rohingyas, a los traficantes de seres humanos coludidos con la policía, quienes los aíslan en campos brutales de la selva”.

Ismail atestiguó a Reuters que al poco tiempo los funcionarios de inmigración tailandeses lo vendieron directamente. Otros sobrevivientes aseguran que funcionarios tailandeses participaron en su venta a los traficantes de personas. "Parecía tan oficial al principio", dijo Ismail. "Se llevaron nuestras fotografías. Tomaron nuestras huellas dactilares. Y luego, una vez en los barcos, a unos 20 minutos de viaje en el mar, nos dijeron que nos habían vendido”.

Tony Cartalucci, de AltthaiNews.blogspot.com, sostuvo en diciembre 2013 que el régimen de la primera ministra de Tailandia Yingluck Shinawatra, respaldada por EEUU, permitió que el tráfico organizado de refugiados sea realizado por su propio departamento de inmigración y policía, con beneficios pecuniarios para el gobierno, la policía y sus corruptos funcionarios. El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a Shinawatra el 7 de mayo de 2014 por delitos de abuso de poder.

Cartalucci, quien también escribió citando la investigación de Reuters en tres países (Thailandia, Myanmar y Malasia), dijo que "los refugiados no deseados, en lugar de ser enviados de vuelta a su país de origen, se vendieron a la esclavitud como rehenes para pedir rescate o fueron asesinados en los campos del gulag a lo largo de la frontera Tailandia/Myanmar".

"El rohingya Bozor Mohamed, cuyo frágil cuerpo le hace parecer más joven que sus 21 años, relató que estuvo cautivo en un campamento custodiado por hombres con armas y palos, y al menos una persona murió cada día debido a la deshidratación o enfermedad. 'Yo solía ser un hombre fuerte', dijo el ex productor de arroz, originario de Rakhine, Myanmar, en una entrevista [en Kuala Lumpur, Malasia], mientras se masajeaba las piernas marchitas", según el reportaje de Reuters.

"Mohamed y otros dicen que tuvieron que soportar el hambre, la suciedad y múltiples golpes. Los codos y espalda de Mohamed tienen cicatrices de lo que dijo fueron las palizas administradas por sus captores en Tailandia". El prisionero telefoneó a su cuñado en Malasia, rogándole que pagara un rescate de 2.000 dólares. "Algunos hombres no lograron encontrar un benefactor en Malasia para pagar su rescate. El campamento se convirtió en su hogar. Ellos tenían largas barbas y el pelo era tan largo, hasta la mitad de la espalda, que se veían parecidos a mujeres”, dijo Mohamed.

Pero ¿qué pasa con los rohingyas que no pueden comprar su libertad? Sigue siendo poco claro, reportó Reuters. "Un contrabandista con sede en Tailandia dijo que algunos se venden a las compañías navieras y a las granjas como trabajadores manuales no calificados desde 155 a 1.550 dólares cada uno". El contrabandista, que habló bajo condición de anonimato, dijo: "Los precios varían de acuerdo a sus habilidades".

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado de Proyecto Censurado

Fuentes:
- Jason Szep and Andrew R. C. Marshall, “Special Report: Thailand Secretly Dumps Myanmar Refugees Into Trafficking Rings,” Reuters, December 5, 2013, http://uk.reuters.com/article/2013/12/05/uk-thailand-rohingya-special-report-idUKBRE9B400920131205.
- Tony Cartalucci, “Thailand: Shinawatra Regime Complicit in Rohingya Slave Camps,” AltThaiNews, December 5, 2013, http://altthainews.blogspot.com/2013/12/thailand-shinawatra-regime-complicit-in.html.
- Proyecto Censurado: Thailand Secretly Partaking in Human Trafficking
- http://www.projectcensored.org/thailand-secretly-partaking-human-trafficking/

Student Researcher: Sarah Martinez (Florida Atlantic University)
Faculty Evaluator: James F. Tracy (Florida Atlantic University)

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Paraguay: Asimetría perversa

José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Horrorizado por el vuelo rasante de helicópteros y el ruido de 30 patrulleras y maquinaria pesada, policías a caballo, cascos azules y fusileros, asaltadas las viviendas e insultados y humillados sus habitantes, amenazados por un enjambre de fusiles ametralladoras, despertó este martes el pueblo “15 de junio”, a siete kilómetros apenas de Guajaiví, en el convulsionado Departamento de San Pedro, noreste de Paraguay.

Las nuevas víctimas de la represión del Gobierno de Horacio Cartes, son unas 600 familias campesinas asentadas en una tierra fiscal de 1.600 hectáreas, parte de una enorme extensión ocupada ilegalmente hace medio siglo por un jerarca militar del primer anillo del General Alfredo Stroessner, cabeza de la tiranía desde 1954 a 1989.

La escuelita fue destruida, al igual que la pequeña iglesia y de las plantaciones no ha quedado nada, en un gigantesco operativo, que además de abusivo es desproporcionado, con lo cual el gobierno del Partido Colorado está repicando la política estronista de amedrentamiento de una población que ha vivido muchas décadas horrorizada por las torturas y crímenes, comentó el Senador Liberal Luis Wagner, expreso político.

El Departamento de San Pedro, cada día más ocupado por las corporaciones del agronegocio y la mafia traficante de mercaderías de todo tipo, es uno de los viejos escenarios de las luchas campesinas por la reforma agraria, en un país con el 85 por ciento de la mejor tierra en manos del tres por ciento de la población, buena parte extranjera.

Entre ellos destacan latifundistas brasileros, con agresivo despliegue en toda la fértil región del Alto Paraná, que ocupan con moderna infraestructura edilicia y productiva, y miles de familias menonitas, secta religiosa instalada desde 1927 en Paraguay, donde se ha convertido en un Estado dentro del Estado, con sus propias autoridades policiales y judiciales, resultado de la vinculación de algunos dirigentes con el tiránico régimen del General Alfredo Stroessner, abrazados en negociados y en el anticomunismo.

Arlan Fick Bremm, joven de 16 años, hijo de un productor menonita, quien está secuestrado desde hace mes y medio, presuntamente por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), protagoniza en las últimas semanas las primeras planas de toda la prensa comercial, en la que muy poco espacio ocupa los asesinatos de un segundo campesino en un mes y de un joven conductor de radio, que denunciaba el narcotráfico, el pasado fin domingo.

En silencio, en cambio, continúan los asaltos a comunidades indígenas y los reiterados desalojos de cientos de familias campesinas, víctimas de hordas policiales y militares, y de comandos mercenarios contratados por empresarios sojeros y ganaderos, que incendian humildes rancheríos y los pocos puentes de madera, robando todo lo poco de valor material que encuentran, para forzar el abandono de la tierra por sus ocupantes ancestrales y poder extender los sembradíos transgénicos y sus fumigaciones tóxicas.

El rapto de Arlan se produjo al inicio de abril en Paso Tuyá, Departamento de San Pedro, en un incidente armado del que sólo ha circulado la información del Ministerio del Interior, en el que cayó muerto Coco Bernal y otro supuesto guerrillero, quienes serían integrantes del EPP. También murió un policía y dos peones. Una inmediata versión oficial indicó que los guerrilleros llegaron a la casa del joven para apropiarse de víveres, “desesperados porque están aislados y sin recursos”.

El intento habría sido repelido por las fuerzas conjuntas que operan desde hace cuatro meses en la zona, con asesoría de expertos norteamericanos, israelíes y colombianos, con la misión de aniquilar a lo que representaría esa sigla de tres letras y que toda la literatura estatal y de la prensa afín estampillan de guerrilla.

Otro mandato que recibieron los uniformados al lanzarse a los bosques, riesgo que aún se desconoce si corrieron, fue el de combatir al narcotráfico, tan activo en la zona. Al cabo de cuatro meses, ambas funciones resultan un evidente fracaso y ello no debe sorprender porque la asesoría extranjera proviene de tres países donde florecen el terrorismo y el narcotráfico, como ejercicio de Estado.

En el mes y medio transcurrido desde el secuestro, ninguna versión creíble ha circulado sobre la autoría del EPP. Por ahí anduvo una declaración de la presunta conducción del EPP, negando el hecho, pero sin ninguna trascendencia. Versiones de prensa señalan que la familia Fick Bremm habría recibido algunos mensajes de los captores, entre ellos uno ordenando que entregaran víveres por un monto de 50 mil dólares a las familias más pobres de la zona, cosa que se habría cumplido a cabalidad.

La novedad apareció este martes cuando se produjo un curioso cruce de notas breves entre representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el preso Alcides Oviedo, supuesto líder del grupo llamado guerrillero, lo cual causó mucho efecto mediático, de las autoridades del gobierno y del padre de Arlan, furioso por la intromisión de esas personas que se han ofrecido para mediar, sin haber tenido la mínima delicadeza de consultarlo, en un gesto imprudente que, sin dudas, tiene mucho de oportunismo.

“Señores agentes provocadores de los colorados (Partido de Gobierno), defensores de latifundistas y matones de estancia: en lo que concierne a mí, no habrá ninguna orden de liberación si eso no implica como contrapartida una orden de liberación de todos los epepistas que sufren en las cárceles del gobierno. En eso está mi verdadero humanitarismo. Saludos revolucionarios”, dice la respuesta de Oviedo, quien lleva 10 años en la cárcel, de una condena a 30, que ahora quiere aumentar el corporativismo agroganadero, vía fiscalía, que lo denuncian por incitar a la violencia armada.

Lo único claro del gran embrollo que es la caótica relación del Estado con el pueblo es que es imposible dar crédito a las declaraciones del Ministro del Interior, Francisco de Vargas o de su colega de Defensa Soto Estigarribia, enfurecidos ahora porque fueron sorprendidos por la visita a Oviedo y cuya derivación, según ellos, convierte un hecho a negociar en una operación bélica de rescate, que bien puede tener consecuencias dramáticas.

Otro elemento nuevo y que Vargas confiesa haber ignorado, es que el padre del joven rehén pagó 500 mil dólares a los raptores, tal lo que anunció ayer martes en rueda de prensa, declaración que alimenta diversas hipótesis, entre ellas que el secuestro podría ser obra de algún comando mercenario de los muchos que activan en Paraguay, a sueldo de sojeros, ganaderos y narcos, en plena batalla por ampliar sus territorios de operaciones que ya no les alcanza con la tierra robada a un millón de campesinos y pueblos originarios.

El maridaje de las corporaciones transnacionales sojeras con la oligarquía vacuna paraguaya permite, entre otras aberraciones, que la agroexportación esté exenta de pagar impuestos, y que comandos armados operen a su antojo por los campos, burlándose incluso de las resoluciones del Instituto Nacional de la Tierra (INDERT), en su intento por instalar asentamientos campesinos en tierras fiscales recuperadas de la ocupación ilegal que, desde hace décadas, existe en el país sobre unas ocho millones de hectáreas.

En los últimos días, esos intentos vienen siendo saboteados por mercenarios armados que destruyen las obras de infraestructura, tales la instalación de cañerías de agua y las letrinas construidas por los propios labriegos, incendian campos y las vías de acceso, como los puentes de madera que son cortados con motosierras, delitos cometidos a poca distancia de los cuarteles de las fuerzas conjuntas.

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Venezuela y el doble rasero de los medios informativos occidentales

Salim Lamrani (OPERA MUNDI, especial para ARGENPRESS.info)

Mientras las violencias mortíferas que golpean el país desde febrero de 2014 son actuaciones de la oposición, los medios informativos occidentales persisten en acusar al Gobierno democrático de Nicolás Maduro.

Desde 1998, la oposición venezolana siempre ha rechazado los resultados de las elecciones democráticas, con una excepción: reconoció la legitimidad de su victoria en el referendo constitucional del 2 de diciembre de 2007, que ganó con un margen inferior al 1%. Así, la derecha se ha opuesto resueltamente a los gobiernos de Hugo Chávez de 1999 a 2013 y de Nicolás Maduro desde abril de 2013. Ha utilizado todos los métodos para derrocarlos: golpe de Estado, asesinatos políticos, sabotaje petrolero, guerra económica, llamados a la sublevación y campañas mediáticas de desprestigio.

Desde febrero de 2014, Venezuela es víctima de violencias mortíferas que costaron la vida a más de 40 personas, entre ellas 5 miembros de la guardia nacional y un fiscal de la República. Más de 600 personas resultaron heridas entre ellas 150 policías y los daños materiales superan los 10.000 millones de dólares: autobuses quemados, estaciones de metro saqueadas, una universidad –la UNEFA– completamente destrozada por las llamas, decenas de toneladas de productos alimenticios destinados a los supermercados públicos reducidos a cenizas, edificios públicos y sedes ministeriales saqueados, instalaciones eléctricas saboteadas, centros médicos devastados, instituciones electorales destruidas, etc. (1)

Frente a este intento de desestabilización destinado a provocar una ruptura del orden constitucional, las autoridades venezolanas han dado una respuesta enérgica y procedieron a arrestar a varios líderes de la oposición que lanzaron llamados a la insurrección o promovieron actos de vandalismo, y a casi de mil personas implicadas en las violencias. (2) Como todo Estado de Derecho y en el estricto respeto de las garantías constitucionales, la justicia venezolana enjuició a los acusados y aplicó las sanciones previstas en el Código Penal para semejantes actos. (3)

Los medios informativos occidentales, que se han alineado con la oposición golpista y antidemocrática, han denunciado atentados contra los derechos humanos. Al mismo tiempo omiten cuidadosamente señalar los asesinatos que cometieron los manifestantes, los allanamientos de armas y explosivos por parte de la policía entre esos grupos presentados como pacíficos y las destrucciones de propiedades públicas y privadas. (4)

De hecho, la indignación mediática es de doble rasero y no se aplica de modo universal. En efecto, la prensa observa un sorprendente silencio cuando los países occidentales toman medidas mucho más draconianas por disturbios mucho menos graves que los que golpean Venezuela.

El caso de Francia es revelador. El 27 de octubre de 2005 estallaron revueltas urbanas en los barrios populares de París y de las grandes ciudades del país, tras la muerte accidental de dos adolescentes perseguidos por la policía. La importancia de las violencias –que no causaron ninguna muerte – era menor que las que han golpeado a Venezuela en las últimas semanas.

No obstante, a partir del 8 de noviembre de 2005, el Presidente Jacques Chirac decidió declarar el estado de excepción en todo el país e instaurar un toque de queda mediante el decreto 2005-1386, durante varios meses, aplicando así la ley de 3 de abril de 1955 adoptada durante… la guerra de Argelia. Esta legislación, que no se utilizaba desde 1961, suspende las garantías constitucionales y atenta gravemente contra las libertades públicas pues permite “prohibir el tránsito de personas”, “instituir zonas de protección o de seguridad donde se reglamenta la estancia de personas” y declarar “arresto domiciliario en una circunscripción territorial o una localidad territorial para toda persona que resida en la zona fijada por el decreto”. (5)

Del mismo modo, “el Ministro de Interior, para todo el territorio donde está instaurado el estado de excepción, y el prefecto en la provincia, pueden ordenar el cierre provisional de las salas de espectáculos, bares, restaurantes y lugares de reunión de todo tipo en las zonas determinadas por el decreto previsto en el artículo 2. Pueden también prohibirse, a título general o particular, las reuniones cuya naturaleza pueda provocar o alimentar el desorden”. (6)

La ley de 3 de abril de 1955 confiere “a las autoridades administrativas señaladas en el artículo 8 el poder de ordenar registros de domicilio día y noche” y habilita “a las mismas autoridades a tomar todas las medidas para asegurar el control de la prensa, de las publicaciones de toda índole así como de los programas de radio, de las proyecciones cinematográficas y de las representaciones teatrales”. (7)

Esta legislación da el poder a la justicia militar de sustituir a la justicia civil. Así, “puede autorizar a la jurisdicción militar a encargarse de crímenes, así como de los delitos que les son conexos, que incumben [normalmente] al tribunal provincial”, en detrimento de la jurisdicción de derecho común. (8)

Para justificar semejantes medidas que contravienen la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH), París evocó el artículo 15 de la CEDH que autoriza “en caso de guerra o de peligro público que amenace la vida de la nación” a derogar a las obligaciones a las cuales se había suscrito Francia. (9)

En ningún momento Venezuela –golpeada por violencias más severas que las de 2005 en Francia– ha instaurado el estado de excepción, ni ha suspendido las garantías constitucionales, ni ha atentado contra las libertades públicas, ni ha impuesto la justicia militar en detrimento de la justicia civil.

Un ejemplo más reciente es también ilustrativo. Tras los disturbios que ocurrieron en la ciudad de Amiens el 14 de agosto de 2012, que causaron daños materiales (una escuela y varios edificios públicos incendiados) e hirieron a 17 policías, la justicia francesa sancionó severamente a los autores de esos delitos. Seis personas fueron condenadas a penas de uno a cinco años de prisión. (10) El tribunal de menores de Amiens incluso condenó a cinco adolescentes de 14 a 17 años a penas de hasta 30 meses de prisión. (11)

Sería fácil multiplicar los ejemplos. Cuando la policía de Nueva York arrestó arbitrariamente a más de 700 manifestantes pacíficos, los cuales fueron víctimas de brutalidades por parte de las fuerzas del orden, los medios informativos occidentales no acusaron al gobierno de Barack Obama de violar los derechos humanos. (12)

Del mismo modo, cuando la policía brasileña reprimió violentamente a los manifestantes pacíficos en Sao Paulo y procedió al arresto de 262 personas en un solo día, agrediendo al mismo tiempo a varios periodistas, los medios informativos, con razón, no pusieron en tela de juicio, la legitimidad democrática de la Presidenta Dilma Roussef. (13)

Los medios informativos occidentales son incapaces de mostrar imparcialidad cuando se trata de abordar la compleja realidad venezolana. La prensa se niega a cumplir su deber que consiste en difundir todos los hechos y se mofa de Carta de Deontología Periodística. Prefiere defender una agenda política bien precisa, la cual va contra los principios elementales de la democracia y de la voluntad del pueblo venezolano expresada múltiples veces en las urnas.

Notas:
1) Agencia Venezolana de Noticias, «Violencia derechista en Venezuela destruye 12 centros de atención médica y electoral”, 27 de marzo de 2014.
2) Salim Lamrani, «Se a oposiçao venezuelana fosse francesa... », Opera Mundi, 11 de abril de 2014. http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/34786/se+a+oposicao+venezuelana+fosse+francesa%85.shtml (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
3) EFE, « Lilian Tintori expone el caso de Leopoldo López ante autoridades españolas”, 18 de mayo de 2014.
4) Paulo A. Paranagua, « Leopoldo Lopez, prisonnier politique numéro un du président vénézuélien Maduro », Le Monde, 22 de abril de 2014. http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/04/22/leopoldo-lopez-prisonnier-politique-numero-un-du-president-venezuelien-maduro_4405213_3222.html?xtmc=venezuela&xtcr=5 (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
5) Loi n°55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000695350 (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
6) Ibid.
7) Ibid.
8) Ibid.
9) Convention européenne des droits de l’homme, article 15. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
10) Le Monde, « Emeutes d’Amiens : jusqu’à cinq ans de prison ferme pour les violences », 16 de mayo de 2014. http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/16/emeutes-d-amiens-jusqu-a-cinq-ans-de-prison-ferme-pour-les-violences_4420337_3224.html (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
11) Le Monde, « Emeutes d’Amiens : jusqu’à 2 ans de prison ferme des mineurs », 13 de mayo de 2014. http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/13/emeutes-d-amiens-jusqu-a-deux-ans-de-prison-ferme-pour-des-mineurs_4416169_3224.html (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).
12) Sandro Pozzi, « La policía detiene a 700 indignados por ocupar el puente de Brooklyn”, El País, 2 de octubre de 2011.
13) María Martin, « Ativistas denunciam brutalidade policial durante o ato contra a Copa de São Paulo”, El País, 14 de febrero de 2014. http://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/23/politica/1393194512_885141.html (sitio consultado el 20 de mayo de 2014).

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/babel/35356/venezuela+y+el+doble+rasero+de+los+medios+informativos+occidentales.shtml

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El Mundial viene caliente

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

Es inocultable que la devaluación del peso no ha resuelto los problemas de ‘caja’ del gobierno y ha provocado una crisis industrial. En Córdoba, las suspensiones en la industria automotriz sumaron esta semana 1.900 trabajadores, mientras 150 metalúrgicas se acogen a los ‘recursos preventivos de crisis’, la venia para suspender o despedir. En Rosario, General Motors interrumpió su producción un día por semana, mientras que los recursos preventivos ya involucran a 3.000 trabajadores en toda la provincia. Mendoza sumó 6.000 desocupados en los últimos meses. El ‘ajuste’ K, que fuera celebrado por todo el arco patronal, se ha convertido en un desajuste en gran escala.



Entre una devaluación y otra

Es en este marco que la llamada ‘pax cambiaria’ ha llegado a su fin y que se vuelve a disparar el dólar en los mercados de capitales. La sangría no podrá frenarse esta vez con un aumento de la tasa de interés en pesos, porque el nivel alcanzado -arriba de un 30% anual- es una carga insoportable para la economía. Por otro lado, las concesiones a los monopolios extranjeros, como ha sido el caso de Chevron o el resarcimiento ruinoso a Repsol, no han aportado nada a la posibilidad de obtener financiamiento internacional. Una nueva devaluación volverá a aumentar el peso de la deuda pública dolarizada y disparará aun más los precios. Esto ocurre cuando el endeudamiento de los trabajadores alcanza a tres sueldos promedio, el nivel más alto de los últimos quince años -y similar, justamente, al que se registró en las puertas de la quiebra anterior (1998).

El kirchnerismo, en este cuadro, juega sus últimas fichas al reendeudamiento con el capital financiero internacional, pero no hay señales de que tenga éxito en el intento. Desde el FMI para abajo exigen una devaluación mayor del peso, la extensión de los tarifazos a todos los servicios y el levantamiento del llamado ‘cepo cambiario’. Un fallo desfavorable de la Corte norteamericana sobre el litigio con los fondos buitres obligará al gobierno a una negociación en condiciones negativas.

El gobierno transita por los carriles de un ‘rodrigazo’, precisamente cuando las grandes huelgas docentes y el paro del 10 demostraron que el movimiento obrero no lo va a aceptar sin grandes luchas. Ante la presión de los despidos, la UOM de Córdoba acaba de votar una huelga activa en la jornada aniversario del Cordobazo.

En ese cuadro, la embestida judicial sobre Boudou demuestra que el gobierno carece de la capacidad para arbitrar la crisis; se mantenga inmóvil o vuelva a devaluar sus posibilidades se achican. Ya lo advirtió Bergoglio: “cuiden a Cristina”. El Episcopado ha vuelto a intervenir con un llamado a la ‘reconciliación nacional’ y a pactar ‘políticas de Estado’ -o sea a armar una ‘unidad nacional’ que evite una repetición de 2001 en condiciones de mayor movilización y mayor politización de las masas. Esto explica las convocatorias a Moyano y Barrionuevo, y la unión entre macristas y kirchneristas en un engendro de “juventudes políticas”.

Clase obrera

Una gran deliberación recorre a todas las clases sociales, en primer lugar a la clase obrera. Es necesario que enlacemos las grandes reivindicaciones de la hora -prohibición de suspensiones y despidos, abolición del impuesto al salario, ajuste móvil de salarios con la inflación, 82% móvil, y el reclamo de un inmediato para de 36 horas por estos reclamos- junto a los planteos políticos estratégicos, para unir al movimiento de la clase obrera con la izquierda.

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El Congreso comenzó a trabajar para controlar la protesta social

Dolores Marengo (OTROS CÍRCULOS)

Sin que se haya discutido si este derecho debe ser regulado o no, la comisión de Asuntos Constitucionales inició el análisis de varios proyectos que buscan limitar las manifestaciones. La izquierda coló la discusión de una amnistía a miles de personas procesadas por luchar en todo el país.

“Porque todos tenemos un piquetero y un ciudadano adentro”, explicó la diputada Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al proponer un debate libre de chicanas en el comienzo de las exposiciones que desde esta semana analizan la regulación de las manifestaciones callejeras. También fueron presentados proyectos que buscan la amnistía de los procesados en dichas protestas.

Cumpliendo con el pedido de la Presidenta Cristina Fernández en la apertura del año legislativo de debatir “alguna normativa de la convivencia ciudadana, porque no puede ser que diez personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan”, la Cámara de Diputados de la Nación ya debate sobre cómo limitar las protestas sociales. Con el objetivo de llegar al recinto de la Cámara Baja con un texto consensuado entre el oficialismo y la oposición, los integrantes de Asuntos Constitucionales estudian las propuestas bajo el nombre de “régimen de consolidación del derecho a la petición social y la convivencia ciudadana en las manifestaciones públicas”.

Sin discutir si el derecho a la protesta debe ser controlado, las iniciativas presentadas sólo difieren en el cómo hacerlo. Con varios puntos en acuerdo, el massista Darío Giustozzi y los macristas Federico Sturzzeneger y Pablo Tonnelli presentaron proyectos que limitan las protestas en vía pública a las veredas y las plazas, obligan a la liberación de un carril durante una manifestación y sancionan su incumplimiento con multas que llegarían a los $ 5.000 pesos. Por su parte, el oficialismo presentó con la firma de Conti (FpV) y la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli un proyecto que busca una alternativa al presentado en marzo por Carlos Kunkel, también del FPV y titular de la comisión de Seguridad del Interior, que tiene un fuerte tinte de criminalización de la pobreza y despertó importantes críticas dentro y fuera del bloque oficialista. Mientras el proyecto de Kunkel permite a las fuerzas de seguridad “dispersar” a las “movilizaciones ilegitimas”, y en su momento fue definido por el diputado del PTS Nicolás del Caño como un “proyecto reaccionario”, el de Conti y Comelli busca, entre otros puntos, la creación de una comisión moderadora frente a una protesta social.

Del Caño también afirmó durante el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales que “Berni actúa como la avanzada represiva del Gobierno para imponer los techos salariales y garantizarle a las patronales las suspensiones y los despidos” y rechazó junto a los legisladores del Frente Amplio UNEN cualquier tipo de regulación de protestas sociales. Propuso al mismo tiempo una regulación que permita “la extinción de la pena y la acción penal” a los más de de 5.000 procesados y condenados en movilizaciones y huelgas vinculadas con reivindicaciones sociales, económicas, de derechos humanos entre otros ítems.

La comisión dio por abierto el debate esta semana pero no volverá a hacerlo hasta el 10 de junio, cuando se harán presentes organizaciones sociales opositoras a este tipo de regulaciones que cercenan el derecho social de manifestarse, como Amnistía Internacional y el CELs, y la organización política Quebracho, que tiene a dos de sus militantes, Fernando Esteche y Raúl Lescano, presos en Ezeiza.

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Argentina: Hay que abolir el impuesto al salario

Pablo Heller (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Dos perspectivas enfrentadas.

La carga impositiva a los trabajadores aumenta, aunque la capacidad de compra del salario cayó fuertemente. La abolición de ese impuesto debe incluir jubilaciones, monotributos y cualquier ingreso personal del trabajador.



Junto al congelamiento del mínimo no imponible, el gobierno kirchnerista mantiene las escalas del impuesto. Las alícuotas del impuesto a las ganancias van desde el 9 hasta el 35 por ciento y se van aplicando progresivamente por tramo de ingresos. El congelamiento de estas escalas de ingresos data de 2007. De manera tal que una franja más amplia de trabajadores es afectada, pues sube en la escala y paga tasas más elevadas como resultado de ello, un asalariado termina pagando la misma tasa del 35 por ciento que los Bulgheroni o los Roggio. Es lo que ocurre con los trabajadores cuyos ingresos superan los 15 mil pesos. Los grandes capitalistas, sin embargo, tienen sus patrimonios bajo el paraguas de sociedades anónimas y, como consecuencia de ello, sorteando el pago de impuesto a las ganancias como personas.

Los trabajadores pagan un impuesto al salario mayor, a pesar de que, en términos de poder adquisitivo, el salario ha retrocedido con respecto a una década atrás. Hoy, con un salario bruto de 20.0000 pesos se abona la tasa máxima, mientras que hace diez años para llegar a esa tasa había que contar con ingresos de 60.000 pesos. El gobierno podría cambiar el mínimo no imponible, pero, con el correr de los meses, lo perdido no se recupera.

Tampoco el proyecto de Sergio Massa hace referencia a las escalas. En cambio, el Frente Renovador plantea eximir el pago del impuesto para pequeñas y medianas empresas. El proyecto del Unen propone un mínimo no imponible para un persona soltera de 12.700 netos -lo que representa el equivalente de los 15.000 brutos que rigen en la actualidad-, el cual ha quedado totalmente desactualizado, teniendo en cuenta la carestía y los nuevos aumentos operados en las paritarias.

En contraste con estos proyectos, el proyecto del Frente de Izquierda, que impulsamos, plantea la abolición del impuesto al salario, la jubilación y cualquier otra forma de ingreso personal de un trabajador, incluidos monotributistas. Consecuentemente con esta línea, señalamos que la exclusión debería extenderse a los ingresos equivalentes al costo de tres canastas familiares. En torno al impuesto a las ganancias, lo que está en debate es quién va a pagar la crisis y cargar sobre sus hombros el ajuste: el capital o los que viven de su trabajo.

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La “inteligencia” militar

Luis "Vitín" Baronetto (ACTA)

Cuando Jorge Rafael Videla declaró como imputado el 6 de abril de 2011 en la causa por el homicidio del obispo Enrique Angelelli, se limitó a mencionar tres aspectos.

1. Que en audiencia concedida, el nuncio Pío Laghi le dijo: “Presidente, la Iglesia tiene asumido que el fallecimiento de monseñor Angelelli fue producto (sic) por un accidente. Usted puede dormir tranquilo respecto de este asunto”.

2. Que hacía entrega al juez de documentación recibida de un ex colaborador (69 fojas en fotocopias).

3. Que ese ex colaborador era el coronel (R) Eduardo De Casas.

Lo que no agregó Videla es que el militar retirado había trabajado en la Policía Federal de La Rioja y era enlace con inteligencia del Ejército.

La documentación de Videla, en fotocopias sin firmas, era una recopilación de informes de la inteligencia militar que pretendía instalar la versión del “accidente fatal”. El juez Herrera Piedrabuena desestimó el valor de esos anónimos por no reunir requisitos de prueba indiciaria y calificó la maniobra como “‘operación’ tendiente a desviar la investigación”. Pero esos papeles revelaron el activo rol de la inteligencia militar y su preocupación ante el develamiento de la verdad sobre el asesinato de Angelelli.

La actuación del colaborador de Videla, el coronel Eduardo De Casas, empezó en julio de 1986, poco después de que el juez Aldo Morales resolvió que la muerte del obispo obedecía a un “homicidio fríamente premeditado”. Ante el interés del entonces obispo de La Rioja, Bernardo Witte, elaboró una estrategia para hacerle llegar un supuesto testigo directo que afirmaba la versión del accidente vial. Raúl Antonio Nacuzzi declaró ante el obispo Witte –no ante la Justicia– que el conductor era Arturo Pinto y el obispo Angelelli fue despedido por la puerta del acompañante al volcar. Nacuzzi, fallecido, tuvo vinculaciones con el Batallón de Ingenieros de La Rioja, según declaró su segunda esposa en el juicio Angelelli, el pasado 9 de mayo.

La generosa colaboración de los servicios de inteligencia con el obispo Witte avanzó con un peritaje mecánico extrajudicial realizado en 1988 por el coronel (R) Héctor Maximiliano Payba, Dir. Téc. EMGE (Estado Mayor General del Ejército), quien siguiendo la versión militar dio por supuesto que Angelelli no conducía la camioneta.

La segunda ofensiva de la inteligencia militar fue en 2006, cuando se reactivó la causa por el asesinato, después de anuladas las leyes de impunidad y se conmemoraron los treinta años del crimen. El presidente Néstor Kirchner, con motivo de los homenajes, afirmó en Chamical que lo habían asesinado los militares. Y el cardenal Jorge Bergoglio, revestido con la casulla roja martirial, dijo en la homilía en la catedral riojana ese 4 de agosto que Angelelli “fue testigo de la fe derramando su sangre”.

Un nuevo informe sin firma ni fecha calificó de “marxista-tercermundista” el impulso judicial de los querellantes. En esta nueva etapa, además del coronel De Casas, que mostró poseer un verdadero expediente paralelo, con papeles y fotos de Angelelli, algunos en original –según declaró un testigo en el juicio–, actuó el general (R) Jorge Norberto Apa, detenido y procesado en mayo de este año por 85 desapariciones y 20 secuestros en una investigación judicial a cargo de la jueza federal Alicia Vence, de San Martín. El general Apa fue jefe de Inteligencia Subversiva Terrorista del Departamento Interior de la Jefatura de inteligencia del Estado Mayor del Ejército en los años 1979 y 1980. Y siguió trabajando en su especialidad, aportando en la elaboración de otro informe sobre la investigación efectuada por el fallecimiento de Enrique Angelelli, bastante similar al anterior, según la carta del arzobispo Carmelo Giaquinta al coronel De Casas. Pero además desarrolló una intensa actividad hacia miembros destacados del Episcopado argentino. Y demostrando conocer internas episcopales, el 2 de agosto de 2006, con el epígrafe de “presidente” –sin especificar de qué–, envió una carta al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer: “Nos dirigimos a S.E.R., en cumplimiento de un deber de elemental prioridad ética, ante lo que consideramos una clara maniobra para involucrar a la Iglesia Católica en un hecho de evidente falsedad. Nos referimos a la muerte de monseñor Enrique Angelelli, que se está instrumentando como martirio, ubicando como autores de su muerte a miembros de las FF.AA. Adjuntamos para su conocimiento la información documentada (copia fiel del original) que demuestra que la muerte fue claramente un accidente. Si la jerarquía católica desconociese esa circunstancia, sería víctima de una maniobra perversa y, como tal, plena de injusticia. Hemos considerado que la magnitud y gravedad del hecho en análisis amerita su conocimiento por las más altas autoridades de la Iglesia. En consonancia con esto le hacemos saber que esta información le fue entregada al señor cardenal primado, monseñor Jorge Bergoglio, con fecha 3 del corriente”. Nótese que la carta fechada el 2 de agosto da cuenta de una entrega de documentación aún no enviada. Un nuevo embate de inteligencia para insistir ante la jerarquía eclesiástica en la versión del accidente.

El mismo general Apa se presentó ante otros obispos sin identificarse con rango militar sino como “Sr. Jorge Norberto Apa, presidente del Centro de Estudios Históricos Verdad y Dignidad”, después de la creación de la Comisión Episcopal ad hoc “Monseñor Enrique Angelelli” que presidió Giaquinta hasta su fallecimiento. Y es mencionado por éste en la carta al coronel De Casas. En esa carta, según los papeles de Videla, también le agradeció la visita para reunirse con la mencionada comisión en “El Cenáculo - La Montonera”, previa a la Asamblea Episcopal del 9 de abril de 2008. Esta intensa actividad de inteligencia, además de ser usada ahora por los defensores de los imputados, ha influido sobre la mayoría de los miembros del Episcopado, que hasta el momento soslayó pronunciarse públicamente.

Luis "Vitín" Baronetto es ex detenido político. Director de Tiempo Latinoamericano. Biógrafo del Obispo Enrique Angelelli. Ex secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.

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Ante el pedido de sobreseimiento de César Milani

APDH

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos declara su profunda preocupación y rechazo ante el pedido del fiscal Michel Horacio Salman de La Rioja, para que cese la investigación y se cierre la causa que implica al Teniente General César Milani en la privación ilegítima de la libertad de Pedro y Ramón Olivera.

El fiscal, quien debería ser sometido a sumario, a tres meses de haber asumido ha violado su obligación de investigar estancando la causa, planteando la nulidad del requerimiento de instrucción y asumiendo los argumentos de la defensa. El libelo del Salman no sólo olvida el carácter de prueba privilegiada que la jurisprudencia ha otorgado a los testimonios de los sobrevivientes sino, que en su objetivo de cerrar la causa, argumenta que Milani carece de antecedentes pese a que en Tucumán se encuentra imputado por la desaparición forzada seguida de muerte del soldado Alberto Agapito Ledo.

Su intervención ofende y viola los derechos humanos de las víctimas de crímenes horrendos a conocer y esperar justicia, tal como lo prescribe nuestro sistema y doctrina jurídica, desde el Juicio a las Juntas hasta los fallos de la Corte Suprema que declaran la nulidad de las normas de impunidad.

La tarea de nuestro organismo creado en 1975, ha sido desde entonces escuchar siempre la voz de las víctimas, y exigir al Estado investigación y justicia.

Cuanto mayor es el poder de quien se encuentra imputado de participación en el genocidio, mayor es el deber del Estado de separarlo del cargo y someterlo a una seria investigación. Esta obligación material, política y moral es inexcusable en el caso de un funcionario como Milani, designado nada menos que Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de la formación de los futuros cuadros dirigentes, cuya designación no sólo se mantiene y a la que él mismo no renuncia, cuando se trata de un cargo que debe estar absolutamente exento de toda sospecha de violación de los derechos humanos.

Mesa Directiva APDH

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Salta y los dientes de los vengadores

Silvana Melo (APE)

“Para la gente humilde la justicia queda por un camino muy largo, que no se puede alcanzar”. Luciano Ruiz es un artesano de Guemes, pueblo de policía brava. Donde a mitad de mayo le alzaron de la calle a su pibe de 15 y se lo lanzaron al calabozo donde lo esperaban los vampiros de la justicia en mano para masacrarlo. Había que encontrar al culpable del robo de un celular. Y salieron de caza. La policía encontró en él y su amigo los corderos para expiar las culpas sociales. Y las víctimas del robo se volvieron lobos del hombre (diría Hobbes) pero peor: el olor a sangre era de sangre de niño. Los victimarios no sabrán nunca quién les robó un teléfono. Pero a Samuel le cerraron de golpe las puertas de la inocencia. Y jamás serán lo mismo la calle y la gente ante sus ojos.

Luciano Ruiz construye su relato ante APe con un acento mezclado entre Salta y Santiago. Tiene un concepto férreo de la Justicia. Y desanduvo los pasos de su hijo en esa tarde para asegurarse de que su verdad era una verdad entera, sin fisuras. “Soy muy estricto con él”, aclaró. Y supo que “salió del colegio a las 19,40 y no se movió de casa hasta que su madre, a eso de las 20, lo mandó a comprar yerba. Y no volvió”. A las 11 de la noche Ruiz estaba atravesado por la angustia. La búsqueda frenética no dio resultados hasta que la policía avisó de la detención. ¿Detenido Samuel? Salió para la comisaría “con ganas de ajusticiar a mi propio hijo, a quien he criado rigurosamente en la humildad y en el sentido de ganarse el pan con el trabajo diario”. Pero cuando llegó lo que le pusieron delante de su incertidumbre y su enojo, delante de sus ojos perplejos, fue “al chico y a su amigo sangrando, muy golpeados. Le habían puesto una bolsa en la cabeza, lo habían hecho arrodillar esposadito y le habían pegado”.

Cuando los policías le hablaron del robo de un celular, sintió que el fuego le subía a la cara. “Somos pobres pero nunca nos quedamos con nada. Le dije que se preparara para lo que le esperaba en casa”. Pero Samuel murmuró “yo no te fallé” y relató cómo fueron esas horas, ese retazo de tiempo, ese sacudón que lo despertó a otra vida. A la verdadera. Más agreste, más impiadosa, más injusta. “Me contó que salió del Colegio Nacional a las 7.40, se fue a la casa junto con su compañero y ni bien llegó su madre lo mandó a la feria a comprar yerba”. Contaba y repetía “no te he fallado papá”.

Le contó que, camino al almacén, “un móvil del 911” los levantó para que se hicieran cargo del robo de un celular a un empleado de Rentas. Les revisaron las mochilas y encontraron una pistola de joystick con cable y todo. El resto del juego (entregado a cambio de una artesanía) había quedado en casa. Negar la autoría sólo sirvió para que los golpes comenzaran en el mismo patrullero. La justicia, dice Eduardo Galeano, suele ser una serpiente: sólo muerde a los descalzos. A veces aquellos bien calzados construyen la propia.

Una justicia venenosa, llena de espinas, que acecha en lugar de acompañar.

Los dueños del celular perdido esperaban en la comisaría. Los chicos fueron entregados a la furia. Nadie sabía si eran ellos o no los responsables del robo. Nadie pasó por un mostrador judicial. Nadie pensó en que a los 15 se es niño para la ley. Y para la gente nacida bien. Nadie pensó que no tuvieron la oportunidad de abrir la boca. De decir no fui. De confesar fui pero. De explicar salí de la escuela y fui a comprar yerba. No había en ese ámbito con olor a sangre y a carne golpeada ni un solo mosaico donde pudiera pararse la justicia. Sólo fue la policía, levantó dos chicos de la calle, decidió que ésos eran y se los lanzó a las víctimas – victimarios para que aplicaran la venganza sobre una palmaria presunción de inocencia.

*****

“Para la gente humilde la justicia queda por un camino muy largo, que no se puede alcanzar”, dice a APe Luciano Ruiz. Tiene 43 años según el documento. Pero sospecha que andará por los 50. “Yo nací en el campo en Santiago del Estero. Me quedé sin mamá a los tres días de vida y me criaron mis abuelos que eran muy pobres. En ese tiempo se anotaba muy tarde a los chicos. Yo fui hasta segundo grado, hice tres meses de segundo grado. Después me daba vergüenza ir a la escuela descalzo”. Por eso construyó otra vida. En Guemes, a la vera de la ruta 34. Donde la policía salteña muestra los dientes de vez en vez. “Yo lo que quiero es que se limpie la imagen de la familia y de mi hijo y se lo dije a un comisario que me fue a ver. Pero él me dijo póngase en lugar de esa gente… yo le contesté que yo no me puedo poner en lugar de esa gente. Porque yo soy gente. Yo jamás le hubiera pegado a nadie como hicieron ellos con los chicos”.

El habla de linchamiento, como algún diario de la Provincia. Sin embargo los foros de los portales, los comentarios de la calle, los dueños de la venganza ciega, apuntan a los chicos como a lacras. Hay mucho pibe moreno y solo por ahí. De hecho Salta es una de las provincias más pobres del país. Y, proporcionalmente, su policía es una de las más violentas.

Una ecuación que siempre cierra. Donde quedan atrapados siempre los que no tienen recursos. Ni económicos ni culturales para hacer frente a la in-justicia y a la des-justicia.

“Guemes es un pueblo tranquilo, pero a veces… a mí no me gusta la injusticia. Esta gente habla de pobreza, de familia, qué saben de pobreza, de eso sé yo; qué saben de familia, familia es amar a su mujer y querer a sus hijos como en mi casa”, dice Luciano a APe. Luciano, que le deja como legado a Samuel su nombre como segundo, esa certeza de que la justicia está en algún rincón del mundo y la dignidad como bandera a plantar en cualquier mosaico en que se haga fuerte.

“Quiero que la población conozca estas cosas y por eso comencé a denunciar este hecho en todos los medios y en la fiscalía. En Guemes, en la comisaría, no quisieron recibir la denuncia, y no voy a parar hasta que este linchamiento de menores quede escarmentado”. Samuel quería ser policía hasta la mitad de mayo. Ahora quiere ser abogado. Va a la escuela, estudia violín e hizo un curso de reparación de celulares. Y trabaja con cueros y tientos con su padre. Pero el azar lo llevó a cruzarse en el camino de un patrullero el lunes 12 a las ocho de la noche.

*****

Hace dos años un video viralizado en las redes sociales desnudó a la policía de Guemes: se exhibía la tortura a dos jóvenes, semidesnudos y sometidos al submarino, una de las técnicas preferidas en los cadalsos de la dictadura.

La policía salteña, tres años atrás, decidió encontrar a los culpables del crimen de las turistas francesas. Y logró que un par de paisanos se hicieran cargo hasta de la bala que mató al caudillo en 1821.

La metodología está encarnada en la fuerza. Que parece desconocer el paso de la dictadura a la democracia. En sus intestinos, todas las épocas son la misma época.

Del linchamiento de los chicos en la comisaría el poder político se enteró “por el diario”. El Estado en todas sus versiones golpea, ignora, descree, abandona. Escucha a unos y desprecia a otros. “Para la gente humilde la justicia queda por un camino muy largo, que no se puede alcanzar”, dice Luciano Ruiz. Junto a su hijo van caminando esa senda escarpada. Suben, como Sísifo con la piedra, sabiendo que antes de llegar a la cima volverán a caer y habrá que empezar de nuevo. Golpes no le faltan a la pobreza. Se trata de resistir. Algún amanecer aparecerá un día. Aunque sea el otoño y el frío ataque por atrás, como la justicia de los vengadores.

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Censura y Cultura, entrevista al periodista Andrés Sarlengo

LA DEUDA ETERNA (especial para ARGENPRESS.info)

El periodista y escritor Andrés Sarlengo fue censurado antes de dar su ponencia "Pedagogía y Libremercado", en el XI Congreso de Pensamiento Argentino en Reconquista, Santa Fe, para el que había sido invitado.



FM Flores 90.7 CaBa

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Argentina. Chaco: Otra marcha multitudinaria sin respuestas del Gobierno; la UPCP extiende el paro

CHACO DÍA POR DÍA

Una masiva y pacífica movilización de trabajadores estatales, docentes y movimientos sociales llegó este miércoles a la sede de la Casa de Gobierno del Chaco pidiendo diálogo al gobernador a cargo Juan Carlos Bacileff Ivanoff. No obtuvieron ninguna respuesta y la UPCP extiende el paro este jueves y viernes.

Otra multitudinaria movilización de trabajadores estatales, docentes y movimientos sociales tuvo lugar este miércoles por la mañana en la ciudad de Resistencia. Este vez, más allá de algunos momentos de tensión que se produjeron pasadas las 13, no se registraron incidentes entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que desplegaron un amplio dispositivo bloqueando la circulación en gran parte del microcentro. Ante la falta de respuestas, el secretario general de UPCP, José Niz, planteó que permanecerían en el lugar hasta obtener algún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo y anunció la extensión de la medida de fuerza para este jueves y viernes, dado que la misma concluía hoy.

Las columnas de trabajadores estatales –que recorrieron diversas dependencias públicas con alta adhesión a las medidas de fuerza- y los movimientos sociales que conforman la Multisectorial contra el Ajuste llegaron antes del mediodía a las inmediaciones de la Casa de Gobierno y realizaron un acto frente a la misma donde el secretario general de la UPCP, José Niz, volvió a reclamar respuestas por parte del gobernador interino Juan Carlos Bacileff Ivanoff a los petitorios presentados la semana pasada por los distintos sectores.

Una vez finalizado el acto, la mediadora del Ministerio de Gobierno del Chaco se acercó para dialogar con los referentes de las distintas agrupaciones quiénes reclamaron por la falta de respuestas del Ejecutivo provincial a sus planteos. “Lo que el Ejecutivo me dice es que ustedes están siendo convocados por los ministros”, reveló la mediadora a los manifestantes. En tanto, los referentes gremiales y sociales negaron esa versión.

Niz reclamó la presencia de la ministra de Gobierno del Chaco, María Lidia Cáceres, y de otros funcionarios del Ejecutivo para que asuman la responsabilidad por la situación que se vive en las distintas dependencias de la administración pública provincial que se encuentran prácticamente paralizadas por las medidas de fuerza ante las deficientes condiciones en la infraestructura y la falta de insumos.

Ante la falta de respuesta, el secretario general de la UPCP, José Niz y el referente del MTD 17 de Julio, Tito López, anunciaron que realizarán un abrazo simbólico a la Casa de Gobierno como señal de protesta pacífica, pero les fue denegada la autorización por parte del personal de seguridad, que fue supervisado por el propio jefe de Policía del Chaco, Gustavo Peña.

Manifestaciones y cortes en localidades del interior

En declaraciones a RADIO CIUDAD, la referente del MCC Charo Alcire, reveló que durante la jornada de este miércoles se realizan distinto tipo de manifestantes en diecinueve localidades del interior provincial y nueve cortes de rutas, además de la categórica movilización que recorrió las calles de Resistencia para concentrarse frente a la Gobernación.

“Es el comienzo de algo que se resolvió a las apuradas pero que con el correr de las semanas seguramente se va a profundizar. Vamos a poder llevar el mensaje a los demás compañeros que puedan levantar su voz”, sostuvo la dirigente social.

“Ante la amenaza del gobernador de decir que va a poner tras las rejas a todos los dirigentes que encabezamos este tipo de manifestaciones, le respondemos que aquí estamos, que él conoce la dirección de todos y cada uno de los dirigentes, que no se va a terminar encerrándonos a todos”, advirtió Alcire. Y reflexionó que “va a tener que anexar cárceles porque en estos años de lucha que llevamos, donde los distintos gobiernos no han podido dar respuesta, hemos tratado de trabajar muy duro en la conformación de cuerpos de delegados muy fuertes que va a continuar porque las necesidades de los compañeros están primero”.

La dirigente del MCC recomendó además al mandatario chaqueño: “que deje de comprar municiones para tirarle a los manifestantes, que invierta esa plata en comprar medicamentos, sábanas, que se dedique a comprar la leche para los merenderos que cerró hace más de tres meses”.

Por último, lamentó que sea un chaqueño –el diputado del Frente para la Victoria, Juan Manuel Pedrini- quién impulse una ley en el Congreso Nacional para reprimir la protesta social. “Está haciendo punta de lanza, pero no van a poder avanzar porque no van a poder tapar el sol con las manos, porque no van a poder tapas todas las manifestaciones que se vienen en base a la segunda devaluación que el gobierno de Cristina, Capitanich e Ivanoff van a implementar en la provincia en todos los ámbitos”.

“No estamos pidiendo cosas alocadas, estamos pidiendo necesidades básicas que sean satisfechas por parte del gobierno, donde hay compañeros que hasta ahora siguen reclamando, no les hacen caso y ni siquiera tienen agua para tomar”, recalcó.

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Argentina, Corrientes. Crece el empleo público: El número de estatales provinciales casi iguala al de los trabajadores privados

MOMARANDU

La cantidad de empleados públicos de distintas reparticiones superaría los 100 mil trabajadores en la provincia de Corrientes. Sólo los empleados públicos provinciales llegan a 76.646, casi lo mismo 76.809 trabajadores privados en relación de dependencia regularizados.

A nivel nacional se reveló un crecimiento del gasto público destinado principalmente a sostener un incremento de la cantidad de trabajadores públicos.

La tasa de crecimiento del empleo público en los últimos años se ubicó por encima del crecimiento del empleo privado, y a la vez el porcentaje de crecimiento del empleo público cuadruplicó al porcentaje de crecimiento poblacional.

En la provincia de Corrientes sumando los empleados del Gobierno provincial, de los municipios, y de organismos dependientes del Gobierno nacional, se superan los 100.000 trabajadores cuyos ingresos dependen del Estado.

En cambio, la cantidad de puestos de trabajo declaradas por empleadores privados de Corrientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) totaliza 76.809. Se trata de asalariados privados, excluyendo a autónomos, monotributistas y por supuesto trabajadores privados "en negro".

Si se toman sólo los trabajadores públicos del Gobierno provincial de Corrientes, los mismos son 76.646, apenas 163 menos que los trabajadores privados.

La provincia de Corrientes en la última década experimentó un crecimiento del 65% en la cantidad de empleados privados provinciales. En el año 2003 la cantidad de trabajadores del estado provincial eran 46.214, contra los 76.646 actuales. La misma tendencia habrían registrados los organismos nacionales con asiento en la provincia así como los municipios.

El crecimiento del empleo público en cifras cercanas al 60 y 65%, contrasta con tasas mucho más bajas en el sector privado, e incluso con la variación poblacional que entre el censo de 2001 y 2010 fue del 6.6% en la provincia de Corrientes.

Situación Nacional

A nivel nacional se advierte que el componente principal del gasto público está dado por el aumento de la cantidad de empleados y las remuneraciones que superan a las del sector privado.

Diversas instituciones (Iaraf, Idesa, NOAnomics, Ieral), coinciden en el desfasaje de empleo público como generación principal de trabajo. El empleo en las 24 jurisdicciones provinciales sería de 2.000.000 de empleados, computando la administración central. A este número hay sumar los municipios, el Gobierno nacional, las numerosas empresas nacionales, provinciales y municipales.

Entre 2003 y 2008 el crecimiento del empleo privado duplicaba al público; desde la última fecha hasta la actualidad la relación se ha invertido y la tasa de crecimiento del empleo público duplica al sector privado, 3,1% anual versus 1,6% en el país.

En la última década, 2003-2013, el empleo público en las provincias creció 43%, mientras el aumento de la población fue del 10%. La provincia en donde más ha crecido el empleo estatal es Tierra del Fuego con un aumento del 106%, Catamarca con un incremento del 80% en la última década, y luego aparecen Santa Cruz, Chubut, Corrientes y Salta que se encuentran en el rango del 60% y más.

Empleo público en Corrientes y el NEA

Los niveles de empleo en el sector público se ubica en Corrientes en el 21,9% del total de empleados, aunque si se contabilizan formas de contratación precaria alcanzaría al 30%. Resistencia y Formosa tienen tasas de empleo público superior al 32%.

En Corrientes a nivel provincial de calcula que el 21.9% de los empleados trabajan en el sector público, cifra que llega al 22.2% en la ciudad de Corrientes.

En Chaco el promedio nacional de empleo público es del 28.3%, y del 32.3% en el Gran Resistencia. En Formosa el 31% del empleo es público, y orilla el 32.2 por ciento en Formosa Capital.

Misiones tiene los indicadores más bajos de la región a nivel provincial con 18.8% de empleo público, aunque llega al 23.1% de empleados públicos en la ciudad de Posadas, su capital.

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A 45 años del Cordobazo: Lo que está en juego en las elecciones de la CTA Micheli

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

Las elecciones de la CTA Micheli, del próximo 29 de mayo (la fecha no parece haber sido elegida al azar), proponen reformular la discusión del cuadro histórico que ocupa el clasismo en un escenario de crisis marcado por la decadencia del peronismo, en su versión nacionalista y popular, y un crecimiento de la izquierda revolucionaria que ha logrado representación parlamentaria sobre la base de 1 millón 300 mil votos.

La crisis del kirchnerismo pone en cuestión no sólo la supuesta existencia de “un estado de bienestar” en el marco del capitalismo nacional y popular, sino el rol que ocupan las direcciones sindicales de los trabajadores del Estado y sus estrategias conciliadoras, dado que el “progresismo” dirigente y burocrático de la CTA (de ambas CTA) sostiene en términos estratégicos, y de manera inclaudicable, al Estado-patrón como el origen y el horizonte de las políticas de “bienestar con justicia social”.

El carácter de clase que prefigura la existencia de ese Estado para los capitostes de la CTA no tiene mayor importancia, porque todo el razonamiento de su progresismo centroizquierdista se vertebra sobre la creencia conservadora de una verdad histórica indiscutible “el capitalismo es necesario e inexorable” y este es su límite infranqueable.

Una observación atenta de sus acciones y programas, desnuda una CTA cuyo principal reclamo consiste en el reforzamiento del Estado. Es la estrategia de un sindicalismo solidario y solicitante de políticas de “más Estado con justicia social” o, como proponen abiertamente que el Estado sea el que “alimente a los pibes, subsidie a los pobres, brinde una mejor educación y salud, libere a la patria…”etc, es decir, se trata de un sindicalismo conciliador que procura desconocer que ese mismo Estado, que refuerzan en sus pedidos, es la representación concentrada del capitalismo ajustador y subsidiario, pagador serial de las deudas a los buitres y vaciador del Anses y los fondos públicos, protector de los magnates del juego y la trata, impulsor del gatillo fácil.

Primero lo primero. Es común, que la centroizquierda sindical, copartícipe de estas posiciones burocráticas “progresistas”, justifiquen el rechazo de una definición de las CTA hacia el clasismo -entendido como una lucha independiente del movimiento obrero de carácter anticapitalista y por el socialismo- sosteniendo que cualquier definición política en este sentido estorbaría la supuesta renovación que los sindicatos deben llevar adelante impidiendo el ingreso de la “política partidaria” a un espacio de masas pluralista. Esta justificación, que se dibuja para la tribuna como una respuesta tardía a la repugnante integración con el poder oficial de las tradicionales burocracias peronistas de los “gordos”; escamotea una realidad de mas de 3 décadas de existencia: detrás de la famosa “neutralidad e independencia política” sindical de las CTA, Yasky-Micheli-De Genaro, han armado un enorme campo de maniobras para integrarse al Estado sin distinciones de que representante de los capitalistas ejerza el poder.

Así los encontramos asociados al gobierno de la Alianza hasta el 2001 (levantamiento de la carpa blanca en solidaridad con el nuevo gobierno de De la Rua-Cavallo) o al kirchnerismo hasta el 2008 cuando su supuesta “independencia” de la política los enfrentó a una crisis que terminó por dividir la central entre oficialistas y sociedad rural-mesa de enlace.

Para decirlo de un modo mas frontal: el progresismo es una agencia de conciliación de clases que reparte sus simpatías de acuerdo a como evolucione la crisis entre los de arriba porque su estrategia no supera los limites del reformismo que postula: que en la medida en que el Estado-patrón supere sus cuentas fiscales hace posible el famoso “derrame de justicia social”.

Es en este sentido, que lo que se juega en las próximas elecciones del 29 de mayo tiene un carácter estratégico que supera las maniobras burocráticas de fraude y cualquier política abstencionista. Las elecciones en la central michelista contienen en si un elemento político y el añadido cultural de reforzar la conciencia de los trabajadores a una salida independiente de la conciliación de clases con las que convidan las burocracias sindicales en sus versiones nacionalistas burguesas. En el aniversario del cordobazo se vota entonces por la continuidad de estas estrategias conciliadoras, donde encuentra sentido la tragedia del movimiento obrero argentino y de un modo más general la de un pueblo llamado a marchar detrás de opciones que terminan por decepcionarlo en cada tramo histórico. O, por el clasismo, representado en la Lista 3, que se define como inconciliable en esta batalla contra las clases patronales, sean estatales o privadas, que ajustan a los trabajadores en función de hacerles pagar una crisis que no provocaron.

La supuesta neutralidad política del michelismo y sus aliados, en medio de un cuadro de despidos, suspensiones, tarifazos y carestía de los productos de la canasta familiar, es decir, en medio de un “rodrigado”, no es producto de tratar de mantener una central obrera “apartidaria” sino la madre de las indefiniciones que en si misma que marca todo un programa político. El michelismo (lo mismo vale para el yaskismo) está expectante de la resolución que la burguesía y la política le den a la crisis, pretende que los trabajadores se mantengan al margen y que no intervengan en forma directa y con sus métodos para derrotar el ajuste, porque una política obrera independiente, en lugar de “reforzar al Estado” capitalista lo debilitaría, abriendo perspectivas nuevas donde las decisiones de los trabajadores en asambleas empezarían por desplazar a la propia burocracia de las centrales obreras y de los sindicatos conciliadores.

Esto es lo que está en juego entre las listas michelistas y las listas clasistas en las próximas elecciones del 29 mayo.

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Pablo Micheli: "La CTA es para los audaces"

ACTA

El secretario General de la CTA Nacional, Pablo Micheli dio una Conferencia de Prensa en Ushuaia, en el marco de la Campaña Electoral de la Lista 1 Agrupación “German Abdala” con vistas a las elecciones nacionales del próximo 29 de mayo. "La CTA Fueguina es cada vez más grande" destacó el dirigente y también resaltó la importancia de los comicios en el marco de la lucha que lleva adelante la CTA por la libertad y democracia sindical: "Lo importante de esta elección de la CTA es que se respeta la pluralidad".

La conferencia tuvo lugar en la sede local de la CTA. Estuvieron presentes, junto a la secretaria General Provincial Silvia Paredes, trabajadores de distintas organizaciones que se nuclean en esta Central, miembros de los diferentes gremios: UTCA, UCRA, SITRACOM, CEPETEL, ANUSATE, SEJUP, Cooperativas MOI, SUEF, Colectiva Feministas, SIPROSA, FSU, Movimiento Barrios.

Silvia Paredes comenzó la conferencia diciendo: “esta CTA, que nos ha costado mucho pelearla, sostenerla y defenderla, nos ha enseñado lo que es el trabajo colectivo y el reconocimiento entre compañeros, que el problema de un trabajador es el problema de todos”.

Y por otra parte aseguró: “avanzamos y crecimos como organización, pudiendo incorporar a compañeros de distintos sindicatos, las cooperativas MOI teniendo en cuenta la batalla desde la concepción ideológica y política, desde la producción de las organizaciones sociales, no en contra del estado, pero sabiendo que podemos ser autónomos y disputar lo que corresponde, sobre todo con la problemática de no poder acceder a una vivienda”.

La dirigente afirmó: “En este caminar juntos nos dimos cuenta que en cada lucha tuvimos que tomar decisiones fuertes debido a que, los gobernantes de nuestra provincia prefieren llegar a los limites máximos con los trabajadores, como en el caso del conflicto estatal”.

“Nuestra tarea y nuestra lucha es justa, son por los derechos de los trabajadores” finalizó, la Secretaria General de CTA Tierra del Fuego Silvia Paredes.

Asimismo el máximo referente de la CTA Nacional explicó: “nuestra Central está conformada por decisiones autónomas respecto a ideologías partidarias, pero predispuesta a la discusión del obrero en su lugar de trabajo. En ese sentido, creo que debemos ratificar el voto a la lista 1 en Tierra del Fuego concurriendo masivamente con los compañeros y compañeras al acto electoral, pudiendo así tomar mas fuerza para poder afrontar lo que se nos viene”.

“La disputa por el salario, por los puestos de trabajo, por la distribución de las riquezas, por el 82% móvil, contra la criminalización de la protesta social, entiendo que todas estas cosas van a tener más impulso con una elección de la Central más contundente, con respecto a la participación de los compañeros”, enfatizó el dirigente nacional.

Micheli destacó que se construye “demostrando transparencia, legalidad y democracia. Respetando al otro que piensa distinto, porque no es nuestro enemigo son compañeros de otra lista si no estarían con los grupos capitalistas desde otro lugar”.

Respecto a la organización, más allá de la próxima elección, el dirigente resaltó: “La CTA Fueguina es cada vez más grande, la realidad es que desde la conducción nacional siempre estamos en contacto con la situación de la provincia. Durante el mandato de Paredes en la provincia nuestro apoyo ha sido permanente, y como referente nacional mi apoyo ha sido incondicional”.

En ese sentido agregó que “todos sabemos que Paulo Baiz encabeza la Agrupación ANUSATE en Tierra del Fuego, que va anticipando a lo que se viene en el 2015, y, por otra parte el sector del SUTEF también tienen relación con partidos políticos. Por ello creo que llegan a la confrontación. De acuerdo a como se dieron las negociaciones acá, me llamó mucho la atención que hayan hecho una lista opositora”.

Por otra parte subrayó que “lo importante de esta elección de la CTA es que se respeta la pluralidad. No nos da lo mismo gane quien gane, quizás para algunos en lo personal nos da lo mismo si gana el otro y continuamos con el mismo proyecto, pero lamentablemente sabemos que esto no va a ocurrir”.

El Secretario General de CTA Nacional, que va por la reelección el próximo 29 de mayo finalizó la conferencia diciendo que “si supiéramos que aquellos que hoy confrontan con nosotros, van a defender el proyecto de autonomía de la Central, de no poner banderas partidarias, de continuar respetando la pluralidad y la democracia -porque este es un tema que en la Argentina cuesta-. Recaemos en un discurso mentiroso diciendo que la unidad hace la fuerza, pero la realidad es que la unidad esta en los trabajadores no en los dirigentes”.

Luego de la conferencia, Pablo Micheli recorrió el Hospital Regional Ushuaia y aseguró que respecto a las condiciones edilicias “es uno de los hospitales más golpeado en el país”, y en términos de salarios y las condiciones de insumos “es similar en todos lados”.

También visitó a los trabajadores de Casa de Gobierno. Se interiorizó a través de los delegados de los sectores, acerca de las problemáticas edilicias y los reclamos vigentes, reconociendo el trabajo que se viene haciendo desde la Central local y remarcó que “vengo predispuesto a reunirme con Fabiana, para saber la situación en que se encuentra el Acta firmada en marzo pasado, por pedido de Asamblea”.

Se obtuvo, como resultado al finalizar la jornada de ayer, una reunión en Casa de Gobierno con la primera mandataria provincial.

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Paritaria de Prensa en Córdoba: El Cispren consiguió un muy buen aumento de 33,7%

PRENSA RED

Un cerrado y sostenido aplauso de los trabajadores de prensa presentes en la delegación Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación fue el corolario del cierre de una ardua negociación paritaria que demandó más de dos meses, entre audiencias, plenarios, asambleas, caravanas y un histórico escrache a La Voz del Interior.

De esta manera, el Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba (CISPREN) consiguió un muy buen aumento, por arriba del que obtuvieron otros gremios, del 33.07% para el Redactor de Córdoba-Capital por lo que en marzo de 2015 el básico será de casi 8.300 pesos.

El aumento se abonará en tres tramos: 15% en abril, 6% en julio y 7% en octubre, lo cual significa un aumento acumulativo del 28% para en octubre trepar al 30, 4 % y de enero a marzo, al abonarse mensualmente un proporcional, se llegará al 33,7%

Las partes también acordaron “el pago de una suma única, extraordinaria y no remunerativa y por única vez y compensatoria del período comprendido entre abril de 2013 y marzo de 2014, ambos inclusive, de 2500 pesos, importe que será absorbido hasta su concurrencia con los pagos que hayan efectuado las empresas en ese lapso, como pago en dinero por cualquier concepto, como también los realizados en tickets, vales, tarjetas u órdenes de compra en comercios, pagos efectuados a cuenta de futuros aumentos”.

Carlos Valduvino: “Constancia en la lucha”

“Hemos conseguido un significativo aumento que refleja la constancia en la lucha de los trabajadores de prensa de toda la provincia de Córdoba y la negociación finalmente se pudo destrabar por la propuesta superadora que presentó los SRT, distinta a la que estábamos discutiendo”, manifestó más que satisfecho, el secretario General del Cispren, Carlos Valduvino.

El dirigente también se mostró “muy contento porque los trabajadores de prensa pudimos visibilizar el conflicto en la sociedad y en eso fue muy importante el aporte de los SRT, de los compañeros del diario El Argentino, edición Córdoba y de las FM de toda la provincia. Mañana jueves estaremos cerrando el acuerdo con las empresas de Río Cuarto e Interior A y B con los mismos porcentajes de la escala de Córdoba-Capital”.

Por otra parte, Valduvino destacó que en esta paritaria ”rompimos la intransigencia patronal, fundamentalmente de La Voz del Interior, con el histórico escrache que hicimos ayer frente a la sede del diario y que los compañeros hayan podido hacer una gran asamblea para después salir al portón de ingreso para apoyar nuestra protesta, es un gran paso adelante para terminar con los aprietes de la empresa hacia sus trabajadores”.

Guillermo Vagliente (SRT): “Un gran logro”

El delegado de los SRT, Guillermo Vagliente señaló que “fue una negociación paritaria muy intensa porque los empresarios dilataron el acuerdo para producir un desgaste en los trabajadores, pero no lo consiguieron, sino que con su tozudez potenciaron nuestro espíritu de lucha para conseguir salarios dignos ”.

En ese sentido resaltó el trabajo realizado por los compañeros en todos los medios de la ciudad de Córdoba “porque dieron todo y eso quedó reflejado de manera contundente ayer en el escrache al diario La Voz del Interior”.

El compañero valoró la visualización del conflicto que hizo el multimedio SRT “porque con el aval de las autoridades, decidimos visibilizar el reclamo, y la gente entonces se enteró de que los periodistas, a quienes conocía porque les informaban sobre las luchas de otros sindicatos, también exigían a las patronales salarios dignos a las patronales”.

Destacó que “haber conseguido que el aumento sea acumulable es un gran logro porque gradualmente los montos no remunerativos irán pasando al básico, lo cual también impactará en el aumento del pago de la antigüedad y el título, entre otros ítems” .

Raúl Carta (Canal 8): “Aumentó la participación de los compañeros”

“Fue una negociación complicada, pero haberla iniciado tres semanas antes de que venciera la escala salarial del año pasado, permitió que no se extendiera más allá en el tiempo, fue un todo un acierto del gremio y del Cuerpo de Delegados”, expresó el delegado de Canal 8, Raúl Carta

El compañero también destacó el alto grado de participación de los trabajadores de prensa en estos más de dos meses de negociación.

“A diferencia de otros años, esta vez la participación de los compañeros no se diluyó como pasó en años anteriores, sino que aumentó, y eso se notó en las asambleas, los plenarios y en distintas actividades que se hicieron conjuntamente con el Cispren”, señaló.

“Esta paritaria tuvo una característica distinta de las anteriores porque cambió la composición salarial de no remunerativos más altos por un sueldo básico más alto, y que fue lo que buscó el gremio desde un principio, que los aumentos fueran acumulativos, pero no sobre el salario básico de la escala salarial anterior, como era hasta ahora, y así un aumento acumulativo del 28% termina siendo en la realidad un poco más del 33%”, concluyó.

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El mapa de los peores países para ser empleado

RT

¿Cuál es el peor país para ser empleado? La Confederación Sindical Internacional (CSI), una alianza de confederaciones que defiende los derechos laborales, ha elaborado un mapa donde clasifica los países según un índice global de derechos.



La CSI ha clasificado los países según el respeto a los derechos laborales y sindicales de su población. La escala va de 1 (más respeto) a 5 (menos respeto).

El mapa se realizó en función de aspectos como la posibilidad de los trabajadores de sindicarse, ganar derechos de negociación colectiva y tener acceso al debido proceso y a la protección legal. El informe únicamente evalúa los derechos laborales en 139 países, por lo que hay algunas zonas grises en el mapa.

Los países marcados en granate (categoría 5) son en los que menos se respetan o protegen esas normas internacionales, como Grecia, India y China. En esa categoría también se encuentran, por ejemplo, Guatemala, Colombia o países como Arabia Saudita, Bangladés, Nigeria o Catar.

Además, existe una sexta categoría, 5+, en la que se incluyeron países en conflicto o donde existe una fractura del Estado de Derecho como es el caso de Libia, Siria, República Centroafricana, Sudán del Sur, Palestina, Somalia o Ucrania.

En el cuarto puesto están los países donde se observan "violaciones sistemáticas" de los derechos de los trabajadores, como México, Panamá, Perú, Argentina, Irán, Iraq, Kenia, El Salvador, Estados Unidos o Yemen.

Países como Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Venezuela se ubican en la escala 3 y son algunos en los que se registran "violaciones regulares" de los derechos del trabajador, mientras que Japón, Rusia, España, Nueva Zelanda y Suiza están clasificados en la categoría 2 ("violaciones repetidas").

Entre las naciones que destacan positivamente y se encuentran en el nivel más alto, la CSI cita los Países Bajos, Uruguay, Noruega, Dinamarca, Francia, Estonia y Bélgica, entre otros.

Leer el informe – Índice Global de los Derechos de la CSI: Los peores lugares del mundo para los trabajadores.

http://actualidad.rt.com

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Bolivia pide el fin de la impunidad en Estados Unidos de Sánchez de Lozada

PL

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, pidió hoy el fin de la impunidad que ha protegido al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a un colaborador suyo, ambos refugiados en Estados Unidos desde 2003.

"Esperamos que de una vez acabe esta impunidad ante el delito, con la que se estaba desenvolviendo el sistema judicial norteamericano respecto a nuestra demanda de extradición de Sánchez de Lozada y del ministro de Defensa, Carlos Sánchez, afirmó García.

Sánchez de Lozada y Sánchez son responsables de la muerte de 67 personas y de causarle heridas de bala a otras 500 durante una insurrección popular en el país andino-amazónico reprimida por fuerzas uniformadas.

En la jornada se conoció que el juez federal del estado norteamericano de Florida James Cohn decidió autorizar un proceso contra el ex presidente boliviano (2002-2003) y el extitular de Defensa por el hecho conocido como Masacre de Octubre, ocurrida en 2003.

El exmandatario y su entonces ministro de Defensa huyeron ese año a Estados Unidos, tras una revuelta popular que obligó a Sánchez de Lozada a dimitir, luego de la represión contra los manifestantes, recordó la Agencia Boliviana de Información.

En su fallo, el juez federal de la Florida consideró que los acusadores pueden seguir con su demanda en apego a la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura.

Nueve familiares de las víctimas de esa represión presentaron la demanda el 24 de junio de 2013 en el Tribunal de Florida, acusando a ambos antiguos funcionarios y prófugos de crímenes de lesa humanidad y de negligencia en la muerte de civiles, entre ellos niños, además de ordenar la represión a la protesta social.

La justicia boliviana formuló cargos por genocidio y peculado tanto a Sánchez de Lozada como a Sánchez.

El Tribunal Supremo de Justicia ha intentado sin éxito ante Washington la extradición del expresidente y del exministro de Defensa.

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Persiste el clima tenso previo a las presidenciales colombianas

Anubis Galardy (PL)

Sólo restan 72 horas para las elecciones presidenciales colombianas del domingo venidero, sin que decaiga la atmósfera enturbiada por las confrontaciones entre candidatos y nuevas revelaciones del escándalo de espionaje del hacker Andrés Sepúlveda.

El propio presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien aspira a la releección en los comicios del 25 de mayo, lamentó el pasado lunes que la campaña electoral hubiera entrado en una fase que caracterizó como "ataque a los adversarios con mentiras".

Quisimos que fuera una campaña basada en propuestas e hicimos lo posible por mantener ese nivel, pero resultó imposible, dijo a la emisora Blu Radio, tras lamentar el cauce seguido hasta devenir una "campaña delincuencial", lo cual calificó de muy grave.

La víspera el especialista español en seguridad informática, Rafael Revert, contratado por Sepúlveda, reveló a la Fiscalía los posibles vínculos del expresidente Álvaro Uribe con el hacker colombiano que espió el proceso de paz.

Tambien manejaba la campaña en las redes sociales del candidato por el Centro Democrático, Oscar Ivan Zuluaga.

En una ocasión Sepúlveda me dijo, manifestó Revert, que Uribe conocía lo que se estaba haciendo, que Oscar Ivan Zuluaga y él eran íntimos amigos. También me dijo que "Oscar (candidato presidencial por el partido Centro Democrático, que lidera el exmandatario) era la marioneta de Uribe".

Según dijo a la emisora Blu Radio Revert -quien sacó a la luz en un video la reunión de Zuluaga con el hacker- Uribe visitó ese local.

Lo hizo dos dos días antes de que estallara el escándalo de las infiltraciones de Sepúlveda a los correos electrónicos de los representantes del gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en la mesa de diálogos instalada en La Habana.

Andrés me contó, agregó Revert, que trabajó antes con Uribe -en la época en que el asesor de la presidencia era el venezolano J.J Rendón-, y me confesó que lo admiraba, que era "un paisa (como se llama a los oriúndos del del departamento de Antioquia) espectacular".

Me dijo, además, que "en la casa de Nariño (sede de la presidencia) había contactos por ahí dentro" y era importante saber qué está haciendo la campaña de Juan Manuel Santos "para que nuestro Centro Democrático se prepare", aseveró el informático español, hoy testigo bajo protección de la Fiscalía.

Se espera que Zuluaga, quien desde un inicio calificó el material grabado por Revert como una manipulación para afectar su campaña, presente hoy ante ese órgano judicial las pruebas prometidas según las cuales el video es un "burdo montaje".

Pruebas que debieron ser entregadas hace 48 horas y que serán confrontadas con el examen pericial realizado por especialistas del cuerpo técnico de la Fiscalía, quienes confirmaron la autenticidad del video sustentada en una continuidad sin rupturas de audio e imágenes.

Los peritos encargados del examen también serán llamados a declarar. Si las pruebas presentadas por el abogado defensor de Zuluaga, Jaime Granados, resultaran falsas, el jurista podría incurrir en el delito de fraude procesal, según lo estipula la Constitución.

La campaña había adolecido hasta ahora de los habituales debates televisivos de los candidatos para presentar sus propuestas -reclamados por la ciudadanía como imprescindibles para decidir su voto-, lo cual se intentará remediar hoy y mañana con presentaciones en RCN y Caracol Television.

Cuatro mil observadores internacionales de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la Organización de Estados Americanos (OEA) y misiones electorales de varios países llegaron en las últimas horas a Colombia para ejercer sus funciones como veedores del proceso electoral en 24 de los 32 departamentos del país.

Además de Santos y Zuluaga aspiran a la presidencia durante el cuatrienio 2014-2018, Clara López, por la Coalición Polo Democrático-Unión Patriótica, Marta Lucía Ramírez, por el Partido Conservador, y Enrique Peñalosa, por la Alianza Verde.

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Asambleísta amazónico ecuatoriano denuncia daños de Chevron

Reina Magdariaga (PL)

Cientos de personas fallecieron en la Amazonía ecuatoriana por la contaminación dejada por la petrolera estadounidense Chevron-Texaco, denunció hoy el asambleísta de la provincia de Orellana, Manuel Arce.

"Chevron explotó nuestro recursos petroleros, y nunca remedió, ni pagó por los daños y perjuicios en nuestras comunidades, dijo Arce.

Sin embargo, añadió, ni todo el dinero del mundo puede borrar tanto menoscabo a nuestra selva.

El también directivo de organizaciones indígenas, lamentó los efectos negativos en la flora y la fauna por el derrame del crudo, y la muerte de los pobladores que, a pesar de los años transcurridos, aún se reportan por lesiones malignas.

Por eso, los campesinos y las comunidades propias de la Amazonía no nos cansaremos hasta que haya justicia y se compense y repare a la región amazónica por esos estragos, advirtió.

"La gente de nuestra parroquia a diario está enferma, y continúa muriéndose por ese concepto", señaló al referirse a los 30 mil pobladores afectados.

Ayer en todo el mundo se realizó el Día Internacional AntiChevron para exigir justicia por este caso, a partir de la convocatoria realizada por organizaciones sociales y movimientos de solidaridad el 25 de abril pasado en Quito.

Esta idea surgió a propósito de que la petrolera convocó su asamblea anual de accionistas en el poblado de Midland, Texas, para el 28 de mayo.

Chevron fue condenada en 2011 por la Corte de Sucumbíos a pagar nueve mil 500 millones de dólares de indemnización por los graves daños ocasionados a la Amazonía durante el tiempo en que operó en esa región de Ecuador, desde 1964 hasta 1992.

La petrolera estadounidense rechaza la sentencia y acusa de haber cometido fraude en el juicio a los grupos indígenas que le demandaron y a sus abogados.

Según las autoridades ecuatorianas, la empresa estadounidense derramó millones de galones de petróleo en el ecosistema, vertió otros millones de galones de aguas tóxicas en los suelos y ríos, y quemó miles de millones de pies cúbicos de gas.

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La izquierda española prevé inicio del fin del bipartidismo en ese país

PL

El ciclo electoral que se inicia el domingo con la votación al parlamento europeo marcará el principio del fin del bipartidismo en España, afirmó hoy el cabeza de lista de Izquierda Unida, Willy Meyer.

Vamos a subir en esta campaña electoral y es una realidad que bajarán las fuerzas que diseñaron esta Europa, los partidos Popular (PP) y Socialista Obrero Español (PSOE), precisó Meyer en entrevista a la publicación digital Público.

Meyer, quien repite por tercera vez como cabeza de lista de su partido al Parlamento Europeo, acusa al PP y PSOE de estar gestando una gran coalición en España -a la alemana, a la griega o a la italiana- para después de las elecciones generales.

Al respecto asegura que el expresidente Felipe González, el grupo Prisa, las empresas del IBEX 35 (que cotizan en la bolsa) y la Casa Real quieren apuntalar el bipartidismo y ser los artífices en la sombra del gobierno de concentración.

Lo que tratan de garantizar -dijo- es que las cosas sigan igual, porque saben que un proceso constituyente en España como el que defendemos implica dar la palabra al pueblo para decidir si quiere una república federal o una monarquía.

PP y PSOE no son lo mismo, pero hacen lo mismo. El pacto entre socialdemócratas y conservadores en Europa allanó el camino para que sean las grandes empresas transnacionales y el sector financiero los que gobiernen los Estados, apuntó.

Es, añadió, un golpe silencioso de la Troika (Fondo Monetario Internacional, Comunidad Europea y banco Europeo) que, de la mano de PP y PSOE, ha provocado la quiebra de nuestro país. Si no lo remediamos, no tendremos futuro, aseveró.

Interrogado sobre el triunfo del partido de izquierda Syryza en Grecia en la primera vuelta de las elecciones locales, Meyer la consideró un espaldarazo a las organizaciones integrantes del Partido de la Izquierda Europea.

La izquierda española, agregó, lo que plantea es precisamente acabar con este proyecto europeo, diseñado y construido no para el interés de la gente, para el empleo, para la cohesión social o para la felicidad de los ciudadanos, sino para garantizar la acumulación de capital y convertir Europa en una especie de gran sociedad anónima.

Alexis Tsipras, líder de Syrizas, es un símbolo que ha conseguido en Grecia resistir y ganar. Por tanto, Tsipras muestra que se puede resistir y dar una alternativa al austericidio (políticas de recorte), subrayó.

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La derecha xenófoba en Escandinavia

Maria Novella Topi (ANSA)

En la próspera Escandinavia hay olor a nazismo. Sin muchas vueltas, a la hora de analizar lo que ocurre en esta parte de Europa, días atrás ésto fue lo que en pocas palabras dos destacadas políticas de Suecia escribieron en el diario Svenska Dagbladet.

Los autores de ese editorial, la ex Comisaria europea Cecilia Malsmstrom y la ex ministra para la UE Birgitta Ohlsson, firmaron una carta abierta a los jóvenes para que "se despierten" y de una vez se comprometan a luchar contra "los herederos ideológicos de Hitler, que avanzan hacia nuestros democráticos parlamentos".

La carta de las dos políticas es un grito de alarma que identifica con precisión los riesgos del brote neonazi y xenófobo que existen en los países escandinavos.

La derecha le está ganando espacio a los partidos tradicionales en numerosos frentes, desde la inmigración y la libertad religiosa hasta el empleo y la distribución de la riqueza.

Los movimientos de la extrema derecha de Dinamarca, Finlandia y Suecia son cada vez más agresivos e intolerantes. Lo mismo ocurre por otra parte en la cerca Noruega, que no forma parte de la UE pero que también asiste al avance del populismo y de los sentimientos anti-inmigración.

El planteo político que hacen los partidos de la extrema derecha no es complicado. Sus líderes sostienen que en la situación actual de crisis mundial, no hay más espacio en sus países para los extranjeros y que las exigencias de los pueblos originarios deben ser respetadas.

Lo que afirman es en otras palabras que las oleadas de inmigrantes han terminado quebrando el equilibrio que se había alcanzado gracias a un Estado de Bienestar que por décadas generó la envidia de Europa del sur y de otras regiones del mundo.

Pia Kjaersgaard, del Partido del pueblo de Dinamarca, llegó por ejemplo a proponer la creación de un murallón con la cercana Suecia, donde algunas ciudades -como Estocolmo, Malmoe y Goteborg- se han convertido, según declaró, en una suerte de "Beirut escandinavas".

Según todos los sondeos, el Partido del pueblo sacará muchos votos en las elecciones europeas del domingo, tal cual ocurrirá por otra parte en Finlandia con el Partido de los verdaderos finlandeses liderado por Timo Soimi.

La formación tiene 39 escaños en el Parlamento de Helsinki y el 19% de los votos. En los últimos años se opuso con mucha firmeza a la concesión de las ayudas financieras a los países del Mediterráneo en dificultad, como Grecia o España, o también Portugal y Chipre.

Para Soimi los inmigrantes son lisa y llanamente "parásitos de quien en cambio paga los impuestos".

En Suecia, los militantes del partido Democrático de Jimmie Akesson afirma que inmigración es sinónimo de criminalidad. Pese a su nombre, a menudo el partido ha apoyado manifestaciones extremistas donde no faltan las cadenas, las banderas con esvásticas o las chaquetas de cuero negro.

En el país ha sin embargo habido en estos último tiempos una reacción a este fenómeno, a través de numerosas "protestas nacionales".

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