lunes, 23 de junio de 2014

50 verdades sobre el rey de España Juan Carlos I de Borbón y Borbón

Salim Lamrani (OPERA MUNDI, especial para ARGENPRESS.info)

Tras 38 años de reinado, Juan Carlos I de Borbón decidió abdicar el 2 de junio de 2014 a los 76 años de edad y ceder el trono de España a su hijo Felipe, Príncipe de Asturias.

1) Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, o Juan Carlos I, nació el 5 de enero de 1938 en Roma de la unión de don Juan, conde de Barcelona, y doña María de las Mercedes de Borbón, princesa de las dos Sicilias, los cuales tienen cuatro hijos: Pilar (1936), Juan Carlos, Margarita (1939) y Alfonso (1941).

2) Juan Carlos es nieto de Alfonso XIII por la rama paterna y miembro de la dinastía capeta de los Borbónes, de la cual proceden los reyes de Francia desde Henrique IV.

3) El joven Juan Carlos pasa los primeros cuatro años de su infancia en Roma, donde la familia real reside en exilio desde la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. En 1942, don Juan, sin trono, decide instalarse a Lausana, Suiza.

4) El general Francisco Franco, que gobierna con mano de hierro desde 1939, se interesa muy pronto por Juan Carlos. El 25 de agosto de 1948, el dictador y el conde de Barcelona -quien había apoyado a los fascistas durante la Guerra Civil - se reúnen secretamente en el golfo de Vizcaya y deciden juntos que Juan Carlos se instalaría en España para recibir una educación franquista. El objetivo del Generalísimo es reinstalar a largo plazo la Casa de Borbón en el trono. El 8 de noviembre de 1948, el joven príncipe viaja por primera vez a la Península Ibérica y vive un año allí.

5) En 1950, tras vivir un año en la residencia familiar en Estoril, Portugal, Juan Carlos regresa a España para seguir sus estudios bajo la tutela benévola de Franco.

6) De 1955 a 1959, Juan Carlos, tras el bachillerato, recibe instrucción militar en la Academia General Militar de Zaragoza, en la Escuela Naval Militar de Marín y en la Academia General del Ejército del Aire de San Javier. El dictador elige personalmente esas instituciones y sigue de cerca la carrera de su futuro sucesor.

7) El 29 de marzo de 1956, Alfonso, hermano menor de Juan Carlos, de 14 años, pierde la vida al recibir una bala de revolver en la cabeza, en la residencia familiar de Estoril. La declaración oficial de la familia real relata que el joven Alfonso se mató accidentalmente al manipular el arma. En realidad, el responsable del accidente es Juan Carlos. No se realiza ninguna investigación y Alfonso es enterrado al día siguiente. Franco interviene entonces personalmente y pide a su hermano Nicolás Franco, embajador de España en Lisboa, que redacte un falso comunicado sobre el drama para proteger a Juan Carlos. Don Jaime, hermano de don Juan y tío del joven Alfonso, es el único en exigir una investigación, en vano: “Exijo que se proceda a esta encuesta judicial porque es mi deber de jefe de la Casa de Borbón y porque no puedo aceptar que aspire al trono de España quien no ha sabido asumir sus responsabilidades”. En octubre de 1992, Juan Carlos, entonces rey de España desde hace 17 años, accedería a la petición de su padre y repatriaría los restos de su hermano al panteón real.

8) En 1962, Juan Carlos, con 24 años, se casa con la princesa Sofía de Grecia en Atenas. Juan Carlos y doña Sofía tienen tres hijos: la infanta Elena (1963), la infanta Cristina (1965) y el príncipe Felipe (1968).

9) En 1963, Franco persuade entonces a la joven pareja para que se instale en el palacio de la Zarzuela, en Madrid, a pesar de la feroz oposición del conde de Barcelona, quien entiende las maniobras del dictador para privarlo del trono.

10) Varios miembros del Opus Dei rodean y asesoran entonces a Juan Carlos.

11) En enero de 1966, Juan Carlos hace una declaración a la revista estadounidense Times y jura fidelidad a su padre: “Nunca aceptaré la corona mientras mi padre siga vivo”.

12) Pero el 5 de marzo de 1966, con ocasión de la conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Alfonso XIII, siguiendo los consejos de Franco, Juan Carlos se niega a participar en la reunión del Consejo Privado del conde de Barcelona en Estoril, destinada a reafirmar los derechos dinásticos de Juan de Borbón. Juan Carlos elige romper la unidad dinástica para acceder al poder.

13) En 1969, Franco decide nombrar oficialmente a Juan Carlos como su sucesor basándose en la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado de 1947. Rompe así las reglas dinásticas que estipulan que Juan de Borbón y Battenberg, legítimo heredero del rey Alfonso XIII, debe ocupar el trono.

14) Don Juan se entera de la noticia y recibe un correo de su hijo Juan Carlos quien le pide su bendición. Su respuesta es contundente: “¿Qué Monarquía salvas? ¿Una Monarquía contra tu padre? No has salvado nada. ¿Quieres salvar una Monarquía franquista?... Ni estoy de acuerdo, ni daré mi acuerdo nunca, ni aceptaré jamás que tú puedas ser rey de España sin el consentimiento de la Monarquía, sin pasar a través de la dinastía”. Decide entonces quitarle el título de “Príncipe de Asturias”.

15) Frente a ello, Franco decide otorgarle el título de “Príncipe de España” -jamás usado antes- a Juan Carlos. El sucesor designado presta juramento en julio de 1969 y jura fidelidad al franquismo, a los principios del Movimiento Nacional (el partido creado por el Generalísimo) y a las Leyes Fundamentales (impuestas por el dictador durante su reinado en sustitución de la Constitución).

16) Juan Carlos, muy cercano a Franco, no deja de alabar al caudillo en una entrevista para la televisión francesa en 1969: “El general Franco es verdaderamente una figura decisiva, histórica y políticamente, para España. Supo resolver nuestra crisis de 1936. Desempeñó un papel político para sacarnos de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos treinta años, ha echado las bases del desarrollo [del país]. Para mí, es un ejemplo vivo, por su dedicación patriótica diaria al servicio de España. Le tengo un gran afecto y una gran admiración”.

17) En enero de 1971, Juan Carlos viaja a Estados Unidos a invitación del presidente Richard Nixon para estrechar los lazos con Washington, que brinda su apoyo al régimen franquista desde los años 1950.

18) Franco gravemente enfermo, Juan Carlos es designado por primera vez Jefe del Estado interino entre el 19 de julio y el 2 de septiembre de 1974. El 18 de julio de 1974, incluso sustituye al generalísimo en la celebración del aniversario de la sublevación de 1936 contra la República española.

19) El 20 de julio de 1974, Juan Carlos realiza su primer acto oficial y firma una declaración conjunta con Estados Unidos para prorrogar el Tratado de Ayuda Mutua entre ambos países.

20) El 30 de octubre de 1975, Juan Carlos asume otra vez el papel de Jefe del Estado hasta el 20 de noviembre de 1975. Unas semanas antes, el 1 de octubre de 1975, apareció al lado de Franco durante una reunión organizada por el régimen en respuesta a la condena unánime por parte de la comunidad internacional por la ejecución de cinco presos políticos.

21) La biografía oficial publicada en el sitio internet de la Casa Real omite cuidadosamente recordar los estrechos lazos entre Franco y Juan Carlos. No se hace ninguna mención de sus cargos políticos antes del 22 de noviembre de 1975.

22) Dos días tras la muerte de Franco que ocurrió el 20 de noviembre de 1975, las Cortes franquistas proclaman a Juan Carlos rey de España, respetando así la voluntad que expresó el Generalísimo en un mensaje póstumo a la nación: “Os pido que preservéis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado”. El nuevo rey se encuentra entonces “atado y bien atado” al trono.

23) La biografía oficial de la Casa Real relata este episodio en estos términos: “Tras la muerte del anterior Jefe del Estado, Francisco Franco, Don Juan Carlos fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, y pronunció en las Cortes su primer mensaje a la nación, en el que expresó las ideas básicas de su reinado: restablecer la democracia y ser el rey de todos los españoles, sin excepción”.

24) Ahora bien, la realidad histórica contradice esta afirmación. Lejos de abogar por una transición democrática, Juan Carlos, al contrario, jura fidelidad al legado franquista y afirma que seguirá desarrollando su obra: “Juro por Dios y los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional”. Durante su discurso, rindió un vibrante tributo al dictador: “Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado”. En ningún momento, Juan Carlos habla de democracia ni evoca la instauración de un proceso de transición democrática.

25) Del mismo modo, durante su discurso de Navidad del 24 de diciembre de 1975, Juan Carlos elogia de nuevo a Franco: “El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro Generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas, los enormes sentimientos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Tenemos las bases muy firmes que nos legó una generación sacrificada y el esfuerzo titánico de unos españoles ejemplares. Hoy les dedico desde aquí un homenaje de respeto y admiración”.

26) Mientras las manifestaciones y las huelgas se multiplican por todo el país, a pesar de la sangrienta represión, frente a la resistencia armada de ETA y de los comunistas del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) y de los Grupos de Resistencia Antifascista del Primero de Octubre (GRAPO), el rey de España toma conciencia de que el mantenimiento del estatu quo es imposible y el cambio es inevitable. Se da cuenta de que el franquismo no sobrevivirá tras la desaparición de su líder.

27) No obstante, en 1975, decide nombrar a Adolfo Suárez, antiguo presidente del Movimiento Nacional, a la cabeza del gobierno.

28) Frente a la oposición republicana, que ve en él un heredero del franquismo, Juan Carlos concluye un pacto: abrirá la vía a una transición democrática a condición de que se restablezca la monarquía. Se presenta como el garante de la reconciliación de todos los españoles.

29) El 18 de noviembre de 1976, la Ley para la Reforma Política, que abre camino a una transición democrática, se aprueba por referéndum con cerca del 95%. Se legalizan los partidos políticos, incluso el Partido Comunista Español, y se decreta una amnistía para algunos presos políticos.

30) El 14 de mayo de 1977, Juan Carlos obliga a su padre, conde de Barcelona y legítimo heredero del trono, a renunciar a sus derechos dinásticos para asentar su poder y legitimar su cargo que ocupa por la voluntad del hombre que desató la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Juan Carlos se convierte entonces en el Príncipe de Asturias el 1de noviembre de 1977.

31) En junio de 1977, se desarrollan en España -privada de Constitución de 1936 a 1978- las primeras elecciones democráticas desde 1936. La Unión del Centro Democrático (UCD), partido del presidente del Gobierno Adolfo Suárez, nombrado por el rey, gana el escrutinio. El nuevo Parlamento -en el cual Juan Carlos nombró a 41 senadores, siguiendo así una práctica que instauró Franco- adopta la Constitución de 1978 (la cual se ratifica por referéndum con un 95%), que hace de España una monarquía parlamentaria y que reconoce a Juan Carlos como el “heredero legítimo de la dinastía histórica’ (artículo 57). La nueva Carta Magna sustituye a las Leyes Fundamentales franquistas.

32) El rey es Jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas y garante de la unidad de la nación. Sanciona y ratifica las leyes, nombra al presidente del Gobierno y puede disolver el Parlamente con el acuerdo del presidente del Congreso. Representa al país a nivel internacional y ejerce el derecho de indulto (artículo 62). Acredita a los embajadores, firma los tratados internacionales y dispone del poder de declarar la guerra, tras autorización del Parlamento (artículo 63). Por fin, como estipula el artículo 56, dispone de inmunidad total y absoluta para todos los crímenes y delitos, incluso en caso de traición a la Patria.

33) Juan Carlos I de Borbón se beneficia de un presupuesto anual para sufragar las necesidades de su familia y lo distribuye libremente (artículo 65). Según la Casa Real, para el año 2014, este presupueste es de 7,8 millones de euros.

34) No obstante, según el coronel retirado Amadeo Martínez Inglés, estudioso de la Casa Real y crítico de Juan Carlos, el costo real de la monarquía se eleva a más de 560 millones de euros al año. Al presupuesto inicial directamente entregado a la Casa Real, hay que agregar los presupuestos del ministerio de la Presidencia (administración real, recepciones, preservación del patrimonio nacional reservado al uso de la familia real), del regimiento de la Guardia Real y de las fuerzas armadas encargadas de la protección del rey durante sus viajes así como de toda la logística, el costo que representa la seguridad de la Casa Real de la cual se encarga el ministro de Interior, los gastos de viaje al exterior (ministerio de Asuntos Exteriores), el costo del personal de la Casa Real (372 empleados), etc.

35) El New York Times estimó la fortuna personal del rey de España en cerca de 2.000 millones de euros.

36) El 23 de febrero de 1981, la joven democracia española se enfrenta a un intento de golpe de Estado militar orquestado por el teniente coronel Antonio Tejero. El Congreso de los Diputados es tomado por asalto por cerca de 300 guardias civiles y 100 soldados en el momento de la investidura del candidato a la Presidencia Leopoldo Calvo Sotelo. El ejército ocupa varios puntos estratégicos de la capital y del país. El rey Juan Carlos interviene siete horas después por televisión para condenar la intentona golpista: “La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar, en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum”. Esta intervención refuerza la imagen del rey, considerado el salvador de la democracia.

37) En 1981, Juan Carlos se reúne con el presidente estadounidense Ronald Reagan y decide integrar a España a la OTAN en 1982. Ese mismo año, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) accede al poder y el nuevo presidente del Gobierno, Felipe González, mantiene excelentes relaciones con la Corona.

38) Entre 1983 y 1987, bajo el Gobierno de Felipe González, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), escuadrones de la muerte creados por el Estado español para luchar contra los independentistas vascos, asesinan a 27 personas, la mayoría opositores políticos. Oficialmente, Juan Carlos I ignoraba todo de esta política de terrorismo de Estado. Esta versión es poco creíble. En efecto, el rey tenía la fama de mantenerse minuciosamente informado sobre la situación del país y recibía informes diarios.

39) En 1992, el diario conservador español El Mundo revela la existencia de una relación extraconyugal entre Juan Carlos y la decoradora mallorquina Marta Gayá, lo que provoca un escándalo.

40) El 1 de octubre de 1995, Juan Carlos es víctima de un intento de asesinato en Palma de Mallorca, organizado por la organización separatista vasca ETA.

41) En 2002, durante el golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez en Venezuela, la España de Juan Carlos de Borbón y del presidente del Gobierno José María Aznar es el único país del mundo con Estados Unidos en brindar un reconocimiento oficial a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga. Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español, el 1 de diciembre de 2004, Miguel Ángel Moratinos, entonces ministro de Asuntos Exteriores, se expresó con claridad al respecto : “Mis afirmaciones fueron: 1. que hubo un golpe de estado en Venezuela; 2. que el Embajador español recibió instrucciones del Gobierno; 3. que el objetivo de estas instrucciones, o mejor dicho, para evitar juicios de intención, que el efecto de la ejecución de esas instrucciones y de otras actuaciones fue apoyar el golpe [...]. Mis palabras deben entenderse en el sentido de que por apoyar quise y quiero decir que no condenó el golpe de Estado, que lo endosó y que le ofreció legitimidad internacional”.

42) En 2003, Juan Carlos, Jefe de las Fuerzas Armadas, decide implicar a España en la guerra contra Irak, ilegal según el derecho internacional, mofándose de la voluntad del pueblo español, opuesto en su inmensa mayoría a lo que consideraba una agresión de un país soberano para controlar sus recursos energéticos.

43) En noviembre de 2007, durante la XVII Cumbre Iberoamericana en Chile, Juan Carlos ataca al Presidente Hugo Chávez de Venezuela de forma poco cortés: “¿Por qué no te callas?”. El Presidente Chávez había recordado efectivamente que Madrid había brindado su apoyo al golpe de Estado de 2002: “Es difícil pensar que el embajador va a estar apoyando a los golpistas, que va a ir al Palacio [presidencial] sin la autorización de su majestad”. Al ataque del rey, Chávez pidió respeto recordando que era Jefe de Estado “como el rey, con la diferencia que yo he sido electo tres veces y él no”.

44) En abril de 2012, Juan Carlos I es víctima de una fractura de la cadera durante un safari en Botsuana. Numerosas voces se levantaron contra este viaje que costó varias decenas de miles de euros al contribuyente español mientras el país atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia, y que muchas personas, sobre todo las categorías más vulnerables, se encontraban abandonadas a su suerte por un Gobierno que decidió hacer de las políticas de austeridad una prioridad y desmantelar todo el sistema de protección social. Para recuperar el prestigio perdido, el rey presentó sus disculpas a la nación -hecho único en la historia de su reinado- el 18 de abril de 2012: “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Pero este mea culpa no tuvo los resultados esperados en una población golpeada por la crisis económica.

45) Numerosas voces se levantaron para expresar la censura impuesta a los medios informativos o el “Pacto del silencio” entre la Corona y la Federación de Prensa, para todo cuanto tiene que ver con la figura del rey. Del mismo modo, varias personas fueron condenadas a prisión por injurias al rey (Mariano Delgado Francés en 1988, Ceuta Abdclauthab Buchai en 1989, etc.).

46) El 2 de junio de 2014, Juan Carlos decide abdicar a favor de su hijo Felipe de Borbón y Grecia, el cual tomará el nombre de Felipe VI. El rey explica las razones: “Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad […]. En la forja [del] futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista […]. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. […] Mi hijo Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. […] El Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la Jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. […] Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles […], he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España”.

47) El artículo 57 de la Constitución, que aborda el tema de la sucesión de Juan Carlos, privilegia “el varón a la mujer”, legitimando así la designación de Felipe. No obstante, varios juristas consideran inconstitucional este artículo, ya que contraviene al artículo 13 que estipula que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

48) Ese mismo día, manifestaciones ciudadanas de decenas de miles de personas estallaron por todo el país, reclamando un referéndum sobre la estructura del Estado español y la instauración de una República. Según varios sondeos, más del 60% de los españoles desea una consulta popular.

49) Juan Carlos deja un país en plena crisis económica con una tasa de paro del 26%, récord europeo, y más de 6 millones de desempleados, un número sin precedentes de suicidios -nueve al día- desde que empezó la crisis económica en 2008, y más de tres millones de personas que viven en condiciones de “pobreza severa”, es decir con menos de 307 euros al mes, o sea el 6,4% de la población.

50) A pesar de la transición democrática y del establecimiento de una monarquía parlamentaria, a pesar de los esfuerzos para ocultar sus lazos íntimos con Franco, el rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón nunca ha logrado librarse de su déficit de legitimidad debido a una mancha indeleble: fue instalado en el trono por el dictador Franco, apoyado por Hitler y Mussolini, que aplastó en sangre la República española que salió de las urnas el 16 de febrero de 1936.

Salim Lamrani es Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/35723/50+verdades+sobre+o+rei+espanhol+juan+carlos.shtml

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Entrevistamos a Marcelo Ramal (FIT) y a Claudio Katz (EDI): El kirchnerismo fue el recurso de la burguesía para reconstruir el Estado (III - Final)

Matías Eskenazi y Mario Hernandez
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Mario Hernandez (MH): Hace un par de meses hablábamos con Jorge Altamira acerca de la convocatoria a un Congreso del movimiento obrero y la izquierda, que fue la propuesta política más importante que surgió del último Congreso del Partido Obrero. Me gustaría retomar ese tema.

Marcelo Ramal (MR): Antes quiero referirme a algo que dijo Claudio. Creo que es importante que tratemos de caracterizar más concretamente el lugar del kirchnerismo como movimiento de la burguesía nacional.
Tomemos la comparación que hizo Claudio. El peronismo del ’45 es el resultado de una crisis política, de un choque, de una huelga general que de algún modo tiene a Perón y al peronismo como protagonistas. El kirchnerismo no fue protagonista del Argentinazo. De algún modo, fue el recurso del cual se valió la burguesía para remontar y reconstruir el Estado después del Argentinazo.
¿A quién apeló? A un grupo de menemistas, no olvidemos que Néstor Kirchner había apoyado la privatización de YPF, participado de todo el saqueo de la década anterior y expresó un cambio de la burguesía frente a las nuevas condiciones de la quiebra nacional y de una rebelión popular que trató de domar tortuosamente sobre bases fuertemente conservadoras.
Tomó la bandera de los Derechos Humanos como recurso político para de alguna manera acomodarse al clima que había dejado el 2001 en Argentina. Luego rescató la deuda a través de los procesos de canje, en 2001 quebraron las privatizaciones y el kirchnerismo se las arregló para sostener a los privatizadores transfiriendo parte de una renta sojera que podría haber servido para un proceso de reindustrialización, de reconstrucción nacional, al contrario, sostuvo a los concesionarios del sistema ferroviario y otros.
Quiero hacer esta precisión para ubicar el lugar que le cabe al kirchnerismo incluso en el cuadro de otros movimientos nacionalistas que cualquiera sean sus limitaciones, tienen un origen mucho más ligado a crisis políticas, rebeliones populares, que alcanzaron choques con el capital extranjero de un alcance que el kirchnerismo nunca protagonizó, llegando hoy al punto que estamos.
En relación al Congreso del movimiento obrero y la izquierda tiene que ver con una conclusión política, con lo que pensamos que surge de esta crisis nacional. El gran desafío es avanzar en la unión entre la izquierda, como programa, como movimiento histórico y el movimiento obrero, sus sindicatos, sus luchas, bajo circunstancias políticas que son inéditas para la izquierda.
Uno habla de 1.300.000 votos y puede pensar que es el resultado de una moda, de algo que ocurrió pero de pronto pasó, pero hay que tener cuidado con esta forma de pensar, porque las que obtienen ese resultado son fuerzas políticas conocidas y que antes no eran votadas.
Está ocurriendo algo en el movimiento obrero que no había ocurrido nunca antes y es el hecho que hoy los trabajadores se vuelcan a la izquierda como resultado de una influencia política general. Lo que antes solo ocurría por la acción de un activista sacrificado que iba a una fábrica, convencía a un compañero, le pasaba un periódico, transitaban por una lucha, hoy ocurre como resultado de una acción política de alcance más vasto porque aparece un polo político, una alternativa entre varias otras que indudablemente se disputan esta transición política.
La idea de un Congreso, no se trata de un día, sino de un proceso político, de hacer reuniones, plenarios, actividades, invitar a trabajadores a debatir esta cuestión política y lograr que muchos que hoy están siguiendo este accionar de la izquierda con relativa distancia, porque no han tomado contacto con las organizaciones del FIT u otras que transitan distintas luchas importantes en este período, de alguna manera se proclamen como alternativa política. Este es el sentido que tiene este planteo.

La izquierda política, social, sindical, cultural argentina es un espectro amplio

MH: Quería retomar “Nuevos escenarios, nuevas posibilidades” porque en una de sus partes señalas: “La izquierda comienza a traducir al plano electoral la fuerza que acumula a nivel social, cultural y estudiantil. Una generación joven, emancipada de los viejos prejuicios anticomunistas, busca una nueva identidad política que empieza a vislumbrar en las corrientes socialistas revolucionarias. ¿Cuál es el alcance de este giro, revierte el ciclo histórico de 1945? ¿Los trabajadores que fueron desde la izquierda hacia el peronismo están transitando ahora el camino inverso?”.

CK: Creo que efectivamente está abierto ese camino. Quizá lo distintivo es que yo no pienso que sea inédito, la primera vez en la historia argentina que ocurre. No es que hubo 1945 y ahora 2014 y en el medio no pasó nada. Hubo siempre peronismo y nunca izquierda. Hubo 3 o 4 oportunidades de la izquierda en los últimos 40 años, el clasismo de los ’70, la caída de la dictadura, en el declive del alfonsinismo, ni qué hablar en el 2001. Tenemos 3 o 4 momentos donde se avizoraba esa nueva situación, declive o gran crisis del peronismo y despunte de la izquierda.
Se vuelve a repetir en Argentina una gran oportunidad y el problema abierto es si esta vez la izquierda logrará dar el gran salto. Yo soy bastante optimista en el artículo porque señalo también novedades que no estaban presentes en otras épocas. Este nivel de presencia electoral, por ejemplo, hay que remontarse al pre-peronismo para encontrarlo. Este nivel de influencia en el movimiento obrero tan estable y organizado no se ve desde hace mucho tiempo.
Creo que dependerá de la estrategia que tenga la izquierda, también de una buena caracterización del kirchnerismo. No creo que el kirchnerismo muera, creo que está en declive, seguramente será sustituido por un gobierno de derecha, pero Cristina está armando su propia estructura a mediano plazo y hay una batalla política por captar a todo el gran sector de la población que ha tenido ilusiones en el kirchnerismo y hoy ve con simpatía a la izquierda. Para lograrlo es indispensable comprender bien al kirchnerismo.
Sería un poco más cauteloso en varios aspectos. El kirchnerismo ha sido un gobierno de centro-izquierda y en ese sentido ha sido más conservador que los gobiernos radicales como el de Chávez, pero incluso dentro del espectro de centro-izquierda ha sido, hasta cierto punto, más radical que el lulismo, que es la expresión plena de la centro-izquierda en América Latina. En ese sentido tenemos que comprender bien su proceso.
Tampoco trazaría tantas oposiciones con el primer gobierno de Perón. Hay que ubicar a los dos movimientos en las dos épocas, no nos olvidemos que Perón también usurpó la fuerza que tenía la izquierda en el movimiento obrero en los ’40 y desde la Secretaría de Trabajo llevó a cabo la construcción de una burocracia sindical y la estatización del movimiento obrero. Tenemos que tener cuidado con una especie de añoranza de Perón contrapuesto a Kirchner.
Kirchner usurpó el 2001 y Perón la experiencia previa de la izquierda anterior a 1943. En ese sentido me parece que tenemos que encontrar un análisis balanceado y de lo que no cabe duda es que, pase lo que pase con la izquierda, lo estamos discutiendo en un contexto de optimismo, de avance.
No sabemos cuánto va a durar esta brecha. Si nos guiamos por la historia argentina no son períodos que duren 10 años, a lo sumo 2 o 3, hasta que el nacionalismo burgués, el peronismo vuelva a la contraofensiva.
En este momento de giro, que será este año y el que viene, cuando toda la centro-izquierda K tenga que enfrentarse al hecho de tener que votar a Scioli y toda la centro-izquierda anti-K tenga el dilema de hacerlo por Sanz, Binner o Cobos, y vean en la izquierda una oportunidad, junto con el crecimiento que está demostrando, y un dato clave, la valentía de la izquierda.
La izquierda está ganando el lugar que está teniendo porque está en la puerta de Gestamp en el momento que hay que estar y eso es lo que está siendo valorado por sectores muy importantes de la población. Me parece que hay que encontrar el camino para que esta construcción comprenda algo que para mí es básico: la izquierda política, social, sindical, cultural argentina es un espectro amplio, que no se reduce a las organizaciones que hoy están comandando este avance, encontrar la sintonía entre las organizaciones que han logrado ocupar ese lugar central en la construcción de la izquierda con todo el vasto sector que la observa con mucha simpatía pero que no sintoniza plenamente. Encontrar ese enganche es el gran desafío de los próximos meses.

Somos la izquierda que no quiso ser furgón de cola del kirchnerismo

MR: Creo que es importante caracterizar la naturaleza de este ascenso de la izquierda porque se trata de la izquierda que en estos años, Claudio hablaba de valentía, para mí no se trata de arrojo o determinación personal, yo hablaría de la izquierda que no quiso ser furgón de cola del kirchnerismo o de los aparatos de la derecha.
En esta última década hubo en la izquierda un proceso de delimitación política. Hay una izquierda que terminó disuelta en el kirchnerismo, otra en la Mesa de Enlace y el FIT que hoy concentra este ascenso, se caracteriza por ser la izquierda que buscó una autonomía política, un camino independiente y es la que con esa delimitación logró llamar la atención política y abrir un camino en el plano sindical, estudiantil pero, por sobre todo, en el plano de su presencia como expresión política.
Eso es algo sustantivo de este momento, es decir, el alcance de una izquierda que opina, que interviene, que aparece como una referencia política en términos de alternativa para el conjunto de los problemas del país y no simplemente para un sindicato o universidad. Eso es lo que quiero destacar en particular.

CK: La clave es la oportunidad que se presenta en estos momentos y también en un momento internacional interesante por un ascenso de la izquierda, no tanto por el devenir latinoamericano, que tiene aspectos grises, aunque algunos de ellos son muy alentadores. Ustedes comentaban la entrevista que van a realizar con trabajadores brasileros y en los próximos días vamos a estar atentos a un Mundial de fútbol pero también, al nivel de resistencia social que ha comenzado en el vecino país.
La pregunta sería: ¿Este giro de la conciencia que se ve aquí, no se refleja también allí? ¿Era pensable unos años atrás que la población brasileña, su juventud se movilizaran en pleno Mundial de fútbol demandando educación, salud y el uso del dinero despilfarrado por la FIFA para gastos en infraestructura y sociales?
Hay un giro en la conciencia, que tal vez en Brasil no se expresa todavía en un plano político tan nítido como aquí, pero ya está presente en las calles, en la vida de la población.
Hay un giro también en España como hemos visto en las noticias de ese país donde después de una lucha muy dura el Movimiento 15M, después de una resistencia muy fuerte a los desalojos, ha desembocado en cinco diputados sorpresivos de Podemos, una coalición de izquierda que ha ganado una autoridad impensada en ese país en un momento de crisis mayúscula como implica la abdicación del Rey y la perspectiva de una República potencial como posibilidad en España.
Hay, como siempre ocurre cuando avanza la izquierda en Argentina, puntos de contacto con situaciones internacionales que la alimentan, que la motivan, la estimulan, que la hacen participar de un proceso más global.

MH: Punto final. En dos semanas vamos a armar una mesa sindical.

ME: La idea es invitar a algunos compañeros de las Comisiones Internas que están a la vanguardia de diferentes luchas discutiendo las Convenciones Colectivas de Trabajo, así tendremos una visión más directa de esta situación en los lugares de trabajo.

Ver también:
- Entrevistamos a Marcelo Ramal (FIT) y a Claudio Katz (EDI): El desarrollo de la izquierda como alternativa política al agotamiento del peronismo (I)
http://www.argenpress.info/2014/06/entrevistamos-marcelo-ramal-fit-y.html
- Entrevistamos a Marcelo Ramal (FIT) y a Claudio Katz (EDI): A Axel Kicillof le tocó ser el Gómez Morales de Cristina (II)
http://www.argenpress.info/2014/06/entrevistamos-marcelo-ramal-fit-y_18.html

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Después del Club de París, fondos buitres

Después del Club de París, fondos buitres

Rolando Astarita

El martes 16 de junio la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dejó en firme el fallo del juez Thomas Griesa, por el cual se obliga a Argentina a pagar US$ 1500 millones al fondo MNL Capital y otros litigantes por sus bonos en default, que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 (holdouts, que tienen el 7% del total de los títulos).

Antes el fallo de Griesa ya había sido ratificado por la Corte de Apelaciones de Nueva York. Esa misma noche la presidenta Cristina Kirchner dirigió un mensaje al país por cadena nacional, en el que dijo que Argentina estaba siendo sometida a una extorsión, que no la iba a aceptar. Pero prometió que su gobierno dispondría todas las medidas tendientes a garantizar el pago de la deuda a los tenedores de bonos que aceptaron entrar en las reestructuraciones anteriores. Y subrayó que su gobierno está dispuesto a negociar con los fondos buitres. Al día siguiente, el ministro Kicillof dijo que Argentina no podía pagar a los holdouts, pero que aseguraría los pagos a los que habían entrado en los canjes, incluso trasladando el lugar de pago de Nueva York a Buenos Aires, a fin de evitar que se retengan fondos. “No pasarán. No van a impedirnos pagar la deuda al 93% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010”, aseguró. Pero el cambio de lugar de pago es impracticable -Griesa prohibió a los bancos estadounidenses colaborar en la operación- y además desataría un default de toda la deuda (entre otras razones, porque podría activar cláusulas llamadas de cross default).

Pero lo más importante es que el Gobierno no quiere un default, como no lo desea la totalidad de la clase dirigente criolla. Aunque Cristina Fernández tampoco quiere renunciar al discurso patriótico detrás del cual ha venido agrupando a la militancia (peronismo de izquierda, PC y ex PCs, y similares). Por eso, toda la situación se sintetiza en esta contradicción flagrante: mantener la retórica de “resistencia nacional al capital financiero internacional”, al tiempo que se arreglan las cosas con el conjunto del capital financiero internacional. La dificultad de la tarea es que hay que enhebrar el nuevo “arreglo” en la saga de Ciadi, Milani, Chevron, Repsol, devaluación, ajustes de salarios, Club de París… Son demasiados los “sapos” que se viene tragando la militancia nacional. ¿Qué queda de las transformaciones “revolucionarias” de Argentina? ¿De qué se puede alardear ahora? ¿De una cuarta parte de la población en la pobreza? ¿Del 35% de los trabajadores precarizados? ¿De las jubilaciones de miseria? ¿De la fuga de capitales? ¿De pagarle 9700 millones al Club de París en 5 años?

Por supuesto, todo esto debía ir debajo de la alfombra, pero ahora hay que hacerle tragar a las bases del kirchnerismo un nuevo y gigantesco sapo: pagar a los fondos buitres, después de haber jurado y recontrajurado durante años que no se les daría un dólar. El discurso de hoy, 20 de junio -día de la bandera en Argentina- de Cristina en Rosario se puede sintetizar en “unidad nacional… para pagar”. El mensaje fue “la Patria pagará la deuda a todos los acreedores”. Incluso ya se habla de que estaría acordada una nueva emisión de bonos, para entregar a los holdouts, junto con una parte del pago en efectivo. El juez Griesa dejó abierta una puerta para esta negociación al aclarar que el pago no tiene por qué ser todo en efectivo. The Wall Street Journal dice que los fondos buitres ya habrían aceptado recibir bonos. Los mismos acreedores que entraron en los canjes pueden estar interesados en que Argentina llegue a algún tipo de acuerdo con los holdouts, antes de que haya un default general que obligue a renegociar todo de vuelta. Con esto en vista, en esta nota presento algunas reflexiones en torno la deuda y el discurso K sobre el asunto.

Explicación materialista y capital financiero

Es necesario, en primer lugar, abordar la cuestión desde un enfoque materialista, esto es, dando prioridad explicativa a los condicionamientos de clase por sobre los relatos y las ensoñaciones ideológicas. Es que si bien las relaciones sociales no determinan mecánicamente el comportamiento de los personajes históricos, y por eso nadie puede descartar alguna “pirueta” nacionalista circunstancial, lo cierto es que las piruetas no determinan el curso de los acontecimientos. Apenas alteran algo de las formas. Y en todo este asunto, el curso profundo está determinado por el hecho de que entre el capital “en general” y el capital financiero existe una relación orgánica. Esto es, el capital financiero no es un capital “aparte”, sino una de las formas que adopta el capital, y que como tal, es indisociable del modo de producción capitalista. Esto no se interrumpe fronteras adentro, y por una razón muy sencilla: no hay acumulación del capital sin crédito; no hay crédito sin tasas de interés y mercados financieros; y no hay mercados sin especuladores. Y cuando el capitalismo se internacionaliza, no hay manera de desligar el capital local del capital internacional ni, por supuesto, del capital financiero internacional. Esta es la razón de fondo por la cual toda la clase dominante criolla -incluidos sus representantes más “izquierdistas”- presiona para que se llegue a un acuerdo con los buitres. Incluso los economistas K heterodoxos se han puesto serios, y hablan de las “dificultades que tiene el país por sus serias restricciones externas”.

Esta actitud no se debe a que la burguesía argentina, o sus representantes políticos, estén “colonizados” por el capital financiero internacional, como creen algunos. Es una relación de distinta naturaleza que la colonial, porque es entre participantes del botín de la plusvalía, que discuten de qué manera arreglan con los menores costos (menores costos para ellos, no para el pueblo, se entiende). Esta relación es la que pone un límite objetivo -el marxista posmoderno se pone incómodo- al devaneo “anti poder financiero global especulativo”. La insulsa tesis (Laclau y compañía) de que las clases y los movimientos políticos son construcciones retóricas y discursivas, no tiene forma de disimular el carácter objetivo de la vinculación entre modo de producción capitalista – crédito – intereses – deudas – especulación – carácter internacional del capital. Y esto significa, entre otras cosas, que existe un nexo orgánico, interno, entre la Patria -construcción burguesa- y el capital financiero, incluido el más especulativo. La oposición que el militante nac & pop cree absoluta, se da en realidad en el marco de la unidad entre las formas del capital, y no puede no darse en el plano de esa unidad.

Bajemos a tierra el planteo. Si el capital es, en esencia, valor que se valoriza mediante la explotación del trabajo (dinero que da más dinero, para dar más dinero), es inevitable que todo capitalista quiera ganar más y más saltando toda barrera y especulando de cualquier forma. Y para esto no hay que ir a Nueva York. Pensemos, por ejemplo, en capitalistas financieros operando bajo la dictadura militar argentina, y quedándose con las viviendas de quienes no podían pagar sus hipotecas. O en contratistas haciendo negociados como proveedores del Estado, y multiplicando sus fortunas de la noche a la mañana. O en inversores comprando tierras fiscales a precios viles, para revenderlas en poco tiempo por montos varias veces superiores. O en “asesores de deuda” cobrando millones a una provincia hambreada por “asesorar” una reestructuración de deuda con el gobierno nacional. O de nuevo imaginemos a inversores comprando, entre 2003 y 2005, títulos defaulteados a 20 o 25 centavos de dólar, entrando luego en el canje y enriqueciéndose de manera colosal con las altas tasas que se les pagaban (más “propinas” como el cupón PBI) y con la valorización de los títulos. Pero además, el capital acumulado por el especulador inmobiliario, por el contratista del Estado, por el adquirente de bonos, por el “old fund”, conecta por todos los poros con el capital mundial. Es parte de este, es sangre de su sangre y carne de su carne.

Veámoslo todavía en relación al país que se ha convertido en la bandera del nacionalismo pequeño burgués militante, la Venezuela chavista: entre 2005 y agosto de 2008 Venezuela le prestó a Argentina 7.599 millones de dólares a tasas que empezaron en 8,5% y terminaron, en agosto de 2008, en la astronómica cifra de 14,8%. Cuando se llegó a esos niveles, Argentina dejó de colocar deuda al compañero Chávez. ¿Qué tiene que ver esto con la patria o la liberación nacional? ¿O acaso van a explicar que Chávez cobraba esa tasa a Argentina porque estaba colonizado por el capital financiero internacional? Precisemos también que esta compra de bonos dio lugar a jugosos negociados de funcionarios chavistas y amigos del régimen: el gobierno de Venezuela vendía una parte de los bonos argentinos a bancos locales cobrando en bolívares al tipo de cambio oficial. Luego los bancos vendían los bonos en el mercado del dólar paralelo (precio más elevado que el oficial); quienes compraban los bonos los utilizaban para sacar divisas de Venezuela.

Toda una demostración de cómo funcionan estos mecanismos de liberación nacional y lucha contra el capital financiero especulativo internacional. A comienzos del siglo XXI ya no queda huella alguna del carácter medianamente progresista que pudo tener el capitalismo estatista de mediados del siglo pasado, que al menos procuraba invertir en desarrollo de las fuerzas productivas (aun con sus deficiencias). Actualmente, en esta era de nacionalismo estatista senil, lo que predomina es el lumpen, el aventurero sin límites ni escrúpulos. Por eso “Patria o buitres” es “solo” discurso. Coloco comillas en el “solo” porque no quiero disminuir la relevancia del discurso, la incidencia de lo ideológico (en el sentido de Marx) en el accionar de los seres humanos. Pero lo que trato de significar es que el discurso no afecta en ningún sentido profundo a la lógica del capital (el marxista posmoderno se pone nervioso de nuevo). Aun en el caso extremo de que el Gobierno K hubiera terminado defaulteando, ello no hubiera implicado una medida “revolucionaria”. Incluso en esa eventualidad (que no va a darse, todo indicaría) hubiera vuelto a negociar con el capital financiero de conjunto, y a recomponer relaciones. Es parte de su naturaleza social; segregan este curso con la misma espontaneidad con que un gusano segrega seda.

Deuda y transferencia de excedente

Ahora hay que particularizar lo anterior en el movimiento histórico concreto de la deuda externa argentina. Recordemos que la deuda ha venido creciendo de manera sostenida desde 1976. Al momento de producirse el golpe militar era de 8500 millones de dólares; al llegar Alfonsín había subido a 44.000 millones de dólares; en 1989 era de 65.000 millones; con Duhalde alcanzó los 176.000 millones; y en diciembre de 2013 (no hay muchos datos oficiales, el gobierno oculta mucha información) el stock de deuda era de 202.000 millones de dólares. Pues bien, el cuento que se cuenta habitualmente sobre este proceso viene a decir que la deuda externa fue una pura imposición de la dictadura militar, en combinación con los bancos y los centros financieros, y que desde entonces se estableció un mecanismo de explotación por vía del pago de intereses y refinanciación de los principales prestados, cuya víctima fue el pueblo argentino de conjunto (hasta que llegaron los Kirchner a liberar al país).

La realidad, sin embargo, es otra. Por empezar, ya en 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, hubo un intento de tomar grandes cantidades de deuda a tasa variable para superar la aguda crisis de la balanza de pagos que Argentina estaba atravesando. Luego, a partir de 1976, el endeudamiento fue aprobado, o por lo menos consentido, por amplios sectores de la clase dominante. Por este motivo continuó después de caída la dictadura militar, y se prolonga hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la lógica? Pues que la deuda sirvió para financiar las grandes salidas de capitales que ocurrieron a lo largo de todos estos años. En este punto, un trabajo de economistas K del Banco Nación (Gaggero, Casparrino y Libman, “La fuga de capitale. Historia, presente y perspectiva”, Cefidar, 2007) muestra con meridiana claridad cómo el stock de la deuda externa y el stock de capitales fugados crecieron casi a la par desde mediados de los 1970 hasta los mediados de los 2000. Esto no fue una “imposición” del imperialismo colonialista sobre una burguesía sometida, sino una operación consciente y libre de los explotadores criollos, obedeciendo a sus propios intereses. Por esta vía se operó concretamente la soldadura con el capital financiero internacionalizado.

Naturalmente, las refinanciaciones también dieron lugar a repetidos festivales de dinero -cada una de estas operaciones dejaba suculentos ingresos a quienes participaban de ellas-, saqueo de los fondos públicos y corruptos negociados de todo tipo. Es muy significativo que en los 1990 y comienzos de los 2000, cuando se anunciaban las reestructuraciones de la deuda externa -en el marco de un creciente empobrecimiento del pueblo trabajador- la clase dominante saludaba estas operaciones como “triunfos”. Subrayo: fue una política general, de clase. Y esa política se integró con las privatizaciones -que implicaban siempre nuevas y gigantescas transferencias de riquezas-, con las aperturas de los mercados, y el despliegue a pleno de las leyes del capital. La dirigencia K, que hoy se hace la víctima, no puede negar que participó de cuerpo y alma en el asunto.

Por otra parte, muchos de los que adquirían los bonos de deuda también eran argentinos. Para bancos, financieras y otros inversores, los títulos eran vistos como una oportunidad de buenas ganancias. De esta manera se estrechaban también los vínculos con el capital financiero internacional. Por eso no se puede decir que la clase dominante argentina fuera o sea actualmente “explotada” por medio de la deuda. Los argentinos que tienen colocaciones financieras en Suiza, Miami o paraísos fiscales como las Seychelles, no están oprimidos por los centros financieros internacionales, sino son partícipes de la explotación del trabajo a través del capital de préstamo, al mismo nivel que cualquier otro capitalista financiero, sea de Estados Unidos o de cualquier otro país.

Condiciones para los buitres

Recurrir a la historia y ampliar la lente hasta las relaciones sociales subyacentes permite desnudar al impostor. La “niebla ideológica” del nacionalismo estatista no sólo pretende ocultar “el reino de las estructuras”, para sustituirlas por mera apariencia -bandera argentina, patria, unidad nacional- sino también su propia participación en el crimen que denuncia con palabrerío infinito. Por eso, escuchando en el día de hoy a Cristina Fernández, me vino a la memoria el pasaje de Marx que dice “si de verdad creyera en su propio ser, no lo escondería bajo la apariencia de un ser ajeno ni buscaría su salvación en la hipocresía y el sofismo”. Es que no fue “un ser ajeno” a los Kirchner el que estableció las cláusulas que posibilitaron a los fondos buitres litigar en Nueva York.

Los datos, los duros datos de la realidad y de la historia reciente -esos que nunca podrá “coordinar” el funcionario “coordinador del pensamiento nacional”- están allí para quien quiera verlos. Cuando se reestructuró la deuda en 2004, el decreto firmado por el presidente Kirchner (decreto número 319 del PEN) prorrogó la jurisdicción de los tribunales de Nueva York y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana. Esta renuncia de soberanía fue mantenida en el nuevo canje de 2010 (decreto 1953 de 2009, presidencia Cristina Kirchner). Alejandro Olmos Gaona (del que tomo muchos de estos datos) señaló repetidas veces que los funcionarios argentinos que aceptaban los tribunales de Nueva York no podían desconocer las tradiciones del derecho anglosajón en cuanto hacer cumplir contratos de deudas. Pero el criterio sigue vigente: entre las cláusulas (que se intentan mantener en secreto) del convenio que el gobierno K firmó con Chevron, hay una que establece que en caso de existir desacuerdos entre Chevron e YPF, la jurisdicción para arreglarlos no serán los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio con sede en Francia. Y otra que dispone que la ley aplicable del acuerdo en caso de incumplimientos o disputas no es la de Argentina, sino la que rige en la ciudad de Nueva York.

Tengamos presente también que en los canjes de 2005 y 2010 actuaron como intermediarios grandes grupos financieros: Citigroup Global Markets Inc. y Deutsche Bank Securities Inc. y Barclays Capital Inc., UBS Limited y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, que cobraron, como siempre, jugosas comisiones. Además, se fijaron otras cláusulas muy favorables a los acreedores, como las “cross default” (que disparan el default generalizado si no se cumple con el pago a algunos bonos), o la “RUFO” (siglas en inglés de derecho acerca de futuras ofertas), que garantiza que cualquier mejora que se otorgue a los que no entraron en el canje se aplicará a los que sí lo hicieron. Naturalmente, la Presidenta se niega a recordar estas cuestiones. Pero son datos históricos que no deberían olvidarse.

Permanencia de la dependencia y el subdesarrollo

Como lo hemos señalado más arriba, aquí hay un sendero que se profundiza y afianza. Los acuerdos con el Ciadi, con Repsol, Club de París, ahora con los fondos buitres, no se pueden separar de la devaluación y el ajuste de salarios, ni de cuestiones como la ley antiterrorista, la inteligencia sobre organizaciones de izquierda y movimientos sociales, o la designación de Milani. Y todos ellos conectan con algo fundamental, que hemos discutido en otras notas: el pretendido “modelo industrialista con inclusión social” no cambió en absoluto la matriz dependiente y atrasada del capitalismo argentino. Los “pilares” de la economía K durante la última década siguieron siendo el complejo sojero, maicero, la gran minería, la industria automotriz (deficitaria en términos de balanza comercial) y la industria liviana, con crecimiento más bien extensivo (esto es, basado en plusvalía absoluta). En este marco, desde 2007 a 2012 se produjo una nueva y gigantesca fuga de capitales (unos 80.000 millones de dólares hasta el cepo cambiario), expresión mayúscula del subdesarrollo. Agreguemos que en la “década ganada” los acreedores recibieron 173.000 millones de dólares (cifra proporcionada por Cristina Fernández). Y desde fines de 2013 la economía entró en estancamiento y recesión; a la vez, disminuyó el superávit comercial, y continuó aumentando el déficit fiscal. Por eso están dadas todas las condiciones para un nuevo incremento del stock de deuda. A los 9.700 millones de dólares que se comprometieron con el Club de París y a los 5000 millones de endeudamiento con Repsol, se sumarán ahora los montos que “arreglen” con los holdouts.

Cuando el gobierno devaluó en enero, los escribas K escribieron que “esta vez iba a ser distinto”. Desde este blog -y desde todas las publicaciones de la izquierda marxista- se pronosticó que venía más explotación y penalidades para el pueblo trabajador. No nos equivocamos. Ahora nos quieren vender que están “liberando la Patria” con este nuevo ciclo de endeudamiento masivo. La realidad es que esta “liberación” va a significar nuevos y mayores “ajustes” sobre los salarios y el bienestar de la clase trabajadora. De nuevo, esta vez tampoco será “distinto”.

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Propuesta para derrotar a los “recalcitrantes” fondos buitres

Mario Cafiero (INFOSUR)

Los fallos adversos a la Argentina del juez de Nueva York Griesa y de la Corte de Apelaciones en el juicio del fondo NML, han puesto en graves dificultades a un gobierno nacional que se advierte sorprendido, desorientado, y cada vez más improvisado.

Una realidad que desnuda el falso relato del desendeudamiento y el fracaso de la estrategia que se encaró para reestructurar la deuda después del default del 2001. Todo ello en un contexto de un gobierno debilitado en las urnas y en el favor ciudadano, entre otras razones por las consecuencias económicas y sociales de la reestructuración de la deuda, que comenzó con el canje del 2005 de Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.

La historia sin fin

La Presidente se autocalificó como una “pagadora serial” y reconoció que entre el 2003 y el 2013 se pagaron más de 173.000 millones de dólares de deuda. Pero ese enorme esfuerzo financiero tuvo como contrapartida un innegable costo económico y social, en una economía que apenas salía después del 2001 de una de las más graves crisis de su historia.

Esos monumentales pagos a los acreedores financieros se realizaron postergando o desconociendo otras acreencias internas, como la coparticipación federal de impuestos a las provincias, y la actualización del haber jubilatorio. Usando a la ANSES como “cueva financiera” para simular las recompras de deudas pactadas en el canje del 2005, y despojarla de los cupones PBI que tenía en cartera, provenientes de las AFJP. O echando mano a las reservas del Banco Central, debilitando por lo tanto el peso y alentando el proceso inflacionario. O aumentando la presión tributaria que se encuentra en un record histórico, y que sigue siendo brutalmente regresiva e injusta.

Pero los esfuerzos hechos para satisfacer el agujero negro de la deuda parecen no tener fin. En el 2001 debíamos 145.000 MU$S y se declaró la imposibilidad de afrontar la deuda. Del 2003 al 2013 como reconoció la Presidente se pagaron 173.000 MU$S. Sin embargo el stock de la deuda no se redujo, ya que el Ministerio de Economía reconoce que la deuda pública asciende a diciembre pasado a 197.500 millones de dólares. Si le agregamos la deuda con los holdouts por 11.500 millones, que con las sentencias judiciales treparían al doble, la deuda pública treparía a 220.000 millones de dólares, sin computar los intereses a pagar por otros 72.000 millones de dólares.

¡Oh juremos con deuda morir!

Así titulamos nuestro análisis de la estrategia de reestructuración de la deuda que impulsaron Kirchner y Lavagna en el 2005. Fuimos no más de 3 diputados nacionales los que nos opusimos a ese canje en el recinto, advirtiendo en dicho análisis que los problemas de la deuda reaparecerían en el 2008, tal como sucedió. El canje se basaba en dos premisas: que iba a haber una fuerte QUITA de la deuda, y que iba a haber un CERROJO para no abrir el canje a los que se negaran a hacerlo en ese momento, como una especie de repudio de deuda sin fundamento legal alguno.

Ninguna de esas dos premisas a la postre se cumplieron. A la quita nominal, calificada de heroica en el relato, con la que se trató de suplir o disimular la exigencia de una auditoria sobre la deuda formulada por casi toda la sociedad, se la compensó subrepticiamente con el premio del bono atado al PBI, que se entregó graciosamente a todos los bonistas que entraron en el canje. Los que además contaron con un mecanismo de rescate anticipado de ellos, para lograr su rápida revalorización.

Y la ley cerrojo, que prudentemente debió haberse derogado después de haber cumplido su objetivo de compeler al canje del 2005, se convirtió lamentablemente en un instrumento para concretar el negociado del canje del 2010, y facilitarle la labor a los fondos buitres. Entre el 2005 y el 2010 sirvió para mantener deprimidos el precio de los bonos en default que no habían ingresado al canje, para que los tiburones de las altas finanzas los acapararan a vil precio, e hicieran una pingüe diferencia con el canje del 2010. Por ello la justicia argentina actualmente investiga si existió “inside information”, y conflicto de intereses por parte de la consultora interviniente Arcadia, y del Banco Barclays, denunciado por ser financista de las petroleras de Malvinas.

Seguidamente, al entrar nuevamente en vigencia la ley cerrojo, esta pasó a ser en el argumento fundamental por parte de los fondos buitres, para plantear la existencia de una violación al pari passu o igualdad de los acreedores. Acción que se vio rematada con los absurdos fallos del juez Griesa y la Corte de Apelaciones al respecto, los que como si Argentina fuera un ciudadano común de Estados Unidos, y no un país soberano, pretenden coaccionarla a pagar cash a los fondos buitres el capital de la deuda, más los intereses que lo cuadruplican. Bajo la amenaza de impedir que los pagos hechos a los bonistas que aceptaron el canje, lleguen a manos de estos, pese a que no pertenecen ya a Argentina, por la estructura de fideicomiso que con que se articularon los canjes del 2005 y 2010. Poniendo así a la Argentina ante la disyuntiva de arrodillarse ante los fondos buitres, y poner en peligro toda la reestructuración de la deuda acometida, o no hacerlo y caer en nuevo default.

Dejando de lado las profundidades legales, ambos fallos tienen aspectos rocambolescos que hieren el sentido común. Lo cual ha sido resaltado por los bonistas extranjeros que ingresaron a los canjes y ven peligrar sus pagos (Exchange Bondholders – EBG) en la apelación que acaban de interponer contra el fallo de la Corte de Apelaciones, pidiendo la intervención del pleno de ella. Expresando que el fallo peca por momentos, de una “formalidad que roza la ceguera voluntaria”, poniendo así en duda la honorabilidad de sus jueces.

En él se expresa que los fondos buitres serían un primer acreedor, en relación a los bonistas que aceptaron el canje, al tener bonos más antiguos, y por eso tendrían derecho a cobrar el 100 % de sus acreencias, junto con el primer pago de vencimientos de intereses que se haga a estos. Ignorando el hecho de que NML (Elliot) compró los bonos cuando estaban en default para litigar, lo que no es lícito según la legislación de Nueva York. Y afirma que a la regla del pari passu hay que darle una interpretación especial en el caso de Argentina, por ser un deudor “recalcitrante”, y que ello no sienta precedente alguno, como si a la ley no hubiera que interpretarla igual para todos. Paradojalmente falla así respecto el pari passu o igualdad de los acreedores a favor de NML, pero sostiene al mismo tiempo la no igualdad ante la ley para Argentina. Y califica de esa manera a Argentina sin prueba ni consideración alguna, solo con una nota a pie de página en base un artículo periodístico.

La articulación del pari passu por parte del fondo buitre Elliot-NML no es ninguna novedad, dado que es la misma chicana que esgrimieron para arrodillar al Perú en la década del ’90, cuando este pretendía ingresar al Plan Brady. Pese a haber obtenido previamente una sentencia favorable de la justicia de Nueva York, que consideró que era ilícito comprar bonos para litigar conforme las leyes de ese Estado. Lo cual pone en evidencia que la Presidenta ha sido deliberadamente muy mal aconsejada, o arteramente aconsejada, por parte de quienes deberían conocer plenamente estos antecedentes.

Estas barrabasadas en un país normal, hubieran costado la cabeza del ministro de Economía. Pero en el mundo del revés de la deuda, eyectaron a Boudou a la vicepresidencia. Boudou vicepresidente era una señal de bengala a los “mercados”, que luego se esfumó como una cañita voladora. Quién además ya se había mostrado como un eficaz saqueador de la caja del ANSES, al usar la plata de los jubilados para pagar la deuda, y despojarlos a vil precio de los cupones atados al PBI.

Volver con la frente marchita

La forma en cómo reconciliarse con los “mercados” fue el desiderátum desde el principio de la reestructuración en el 2005. Por una sencilla razón: era imposible hacer frente a los compromisos reestructurados sin dejar de recurrir a nuevo endeudamiento. Cuando en el 2005 le pedimos a Guillermo Nielsen, secretario de Finanzas de Lavagna, que nos mostrara el PLAN FINANCIERO de la Argentina para saber cómo iba el país a hacer frente de esos compromisos, solo obtuvimos silencio stampa. El plan solo cerraba si a corto plazo nos volvían a prestar. Pero el método de reestructuración voluntaria de deuda que se eligió no fue consistente con esa necesidad, porque la conflictividad que suponía los bonistas rebeldes litigando en todas las plazas financieras tornó imposible ese objetivo. Se hizo demagógicamente “terrorismo” de mercado, para luego querer volver a los mercados.

El resultado fue tener que recurrir al ahorro forzoso interno para seguir cumpliendo con la deuda. El gobierno se colocó desde entonces en la absurda posición de comportarse como buen deudor – “pagador serial”- para no recibir nada a cambio. El contexto internacional obró con ambivalencia. Por un lado la suba de los precios internacionales de los comodities, dio un respiro enorme a la economía argentina, pero la crisis financiera que comenzó en el 2008 cerró las pocas puertas que se pudieron haber abierto. En ese sentido debe entenderse la decisión de la casi recién asumida Presidenta, que dispuso por decreto en setiembre del 2008 la cancelación inmediata de la deuda con el Club de París con reservas del Banco Central. Cerrados los mercados internacionales, vendría la estatización de las AFJP en noviembre del 2008 para hacerse de “caja”. Y lo mismo sucedió con el Banco Central dos años después.

La índole de la propuesta: sacar la basura escondida debajo de la alfombra

El otro silencio stampa de la reestructuración de la deuda, fue la cuestión de la legitimidad y legalidad de la misma. Aspecto nunca abordado por la democracia ni el Parlamento desde 1983. Hay un rosario de aspectos jurídicos absolutamente cuestionables de la deuda, que se escondieron como la basura bajo la alfombra, o peor aún, como el cadáver en el ropero. Desde la deuda externa de la dictadura y su nulidad absoluta de acuerdo a la doctrina de la deuda odiosa, que fuera planteada por primera vez por nosotros en el Congreso Nacional en el 2002. Pasando por la extraordinaria tarea de Alejandro Olmos (padre) y el histórico fallo judicial que derivó la causa al Congreso.

Pero los innumerables intentos de creación de una Comisión Investigadora de la Deuda fueron infructuosos, porque hay un pacto de impunidad financiera que pese los sacudones que sufrió el mundo, sigue vigente. Se anularon las leyes de la impunidad del terrorismo de Estado, pero jamás se avanzó sobre la deuda manchada de sangre. Ese pacto se extendió a todas los canjes de deuda, al plan Brady, hasta llegar a la descomunal estafa del megacanje que incrementó la deuda en más de 55.000 millones de dólares, como demostró el perito Ing. Moisés Resnick Brenner. En una causa penal que con absoluta soledad política y judicial llevamos adelante, aportando a la Justicia pruebas contundentes que motivaron la elevación a juicio oral y público de la causa, todavía sin fecha de concreción en el T.O.F Nº2.

Cabe mencionar que 1.860 millones de dólares, un 29 % del capital de la deuda reclamada por los “buitres”, corresponden a bonos emitidos con el megacanje de Cavallo de junio de 2001, quién hoy está citado a juicio penal oral y público por ello. Importe que con las sentencias recaídas en Nueva York, treparía a los ocho mil millones de dólares, en base a los absurdos intereses previstos en esos bonos. A la par que el fiscal de la causa pidió que se requiera la captura internacional de los banqueros intervinientes en la operación, encabezados por David Mulford. Otro hubiera sido el resultado de la reestructuración del 2005, si en primer lugar se hubiera realizado un análisis de la legalidad de la deuda. O sea la verificación del crédito, antes de su reprogramación financiera.

Auditoria y nulidad insanable de las prorrogas de jurisdicción efectuadas

Este es el punto crítico de la cuestión jurídica, pero queremos precisar en detalle cuales serían los aspectos puntuales donde una inmediata y veloz auditoria de la deuda podría arrojar resultados concretos, frente a la grave situación en que hoy se encuentra Argentina. La lupa de ella debería ponerse en la cuestión de los -a nuestro juicio- ilegales mecanismos que han permitido la prorroga de jurisdicción para una eventual demanda, la renuncia irrestricta a la inmunidad soberana, y la absurda prorroga de jurisdicción para la ejecución de sentencia en cualquier lugar del mundo.

Que tuvo su palmaria expresión con el embargo de la fragata Libertad en el minúsculo país africano de Ghana. Ante el cual tanto el Tribunal del Derecho del Mar de Hamburgo, como la Corte Suprema de Ghana fallaron a favor de Argentina, con el ominoso argumento que el embargo podría haber dado lugar a un conflicto bélico. Además de otras decenas de embargos de parecido tenor e injuriante calibre, que se intentaron en otros países, fallados también a favor de nuestro país.

Comenzando por el Museo de San Martín en Boulogne Sur Mer, pasando por edificios y fondos de embajadas, instalaciones de uso militar, patentes y derechos de autor, hasta desembocar en el absurdo episodio de Ghana. Todos estos acontecimientos constituyen hechos nuevos que en cualquier país serio del mundo hubiesen dado lugar a actuaciones en el Congreso, el Ejecutivo, y la Justicia, para esclarecer como se pudo llegar a esos ultrajantes extremos, y las derivaciones legales que podrían suscitar, pero en Argentina como es costumbre en todo lo relacionado con la deuda, no sucedió nada de eso.

Los antecedentes de la propuesta que formulamos, consisten en el Proyecto de Ley (1133-D-2004) de NULIDAD INSANABLE DE LA PRORROGA DE JURISDICCION a favor de tribunales extranjeros que presentamos el 24 de marzo del 2004. Y también en él exhaustivo análisis de la cuestión efectuado en diciembre del 2012 por Javier Llorens, titulado “La deuda externa, la pérdida de la Libertad y Soberanía, y como recuperarlas definitivamente”.

En ellos se pone de manifiesto que el trípode supuestamente legal en el que se apoyó el endeudamiento externo a partir de 1976, tiene sus tres patas cojas, y por ende no puede sostenerse. La primera fue la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros que se autorizó en el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Que fue modificado a esos efectos, con la promulgación en abril de 1976, al mes siguiente del infausto golpe cívico militar de ese año, de la ley de facto 21.305, firmada por el ex general Videla, hoy fallecido y condenado reiteradas veces a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, y el brigadier Gómez.

La segunda fue la forma absolutamente irregular en que un organismo de tercer orden del Poder Ejecutivo, la secretaría de Hacienda ordenó en forma permanente la ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672 para poder autorizar insidiosamente la prorroga de jurisdicción a favor de cualquier tribunal extranjero, por cualquier asunto. Para lo que procedió nada menos que a mutilar las leyes sancionadas por el Congreso, para alterar enteramente el sentido de ellas.

Pese a que de su contenido surge claramente que el Poder Ejecutivo sólo está autorizado para prorrogar jurisdicción cuando se tratare de préstamos con organismos internacionales económico – financieros a los que pertenezca como miembro la REPÚBLICA ARGENTINA, o con agencias y entidades de otros gobiernos, pero en ningún caso tendría tal potestad para incluir tales cláusulas en los casos de endeudamiento mediante títulos públicos emitidos en el extranjero. Y menos aun a renunciar a la inmunidad soberana para la ejecución de sentencias.

La tercera pata es la resolución 373/95 por la cual el Ministerio de Economía delegó en la secretaría de Hacienda todas las facultades relacionadas con el endeudamiento público, pese a tratarse de una facultad primigenia del Congreso, fijando los lineamientos para ello, cuya publicación en el Boletín Oficial no ha podido ser ubicada, ni figura en Infoleg. A partir de ella, reiteradamente citada en las resoluciones de la secretaría de Hacienda y Finanzas en sus resoluciones atinentes a la deuda, la mencionada investigación de Llorens pone en evidencia que la letra chica de los contratos de emisión de deuda, exceden largamente los mandatos expresados en los decretos que los autorizan. En un proceso degenerativo que se va acentuando a lo largo de la década de los `90, a medida de qué como consecuencia del racionamiento crediticio, las colocaciones de nueva deuda se hacían cada vez más difíciles.

De esa manera a título de ejemplo, la prorroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York, a los efectos de una demanda judicial bajo las leyes de ese país, que impedían todos los embargos mencionados, terminaron en base a la letra chica de los contratos, en renuncias absolutas a la inmunidad soberana, y prórroga de jurisdicción para la ejecución de sentencia a cualquier tribunal del mundo.

Lo que ningún país serio del mundo aceptaría, al quedar colocado como un paria o fugitivo internacional, con consecuencias como las que se efectivizaron con el ultrajante embargo de la fragata Libertad en Ghana, que como dijeron los tribunales intervinientes, bien podría haber dado lugar a una confrontación bélica. Todo por unos papeles o títulos ejecutivos aviesamente redactados, que concedían en ellos mucho más de lo que los mandantes habían autorizado, que hoy están en litigio en los tribunales de Nueva York, y sobre los cuales estos se basan para emitir sus inusitados fallos.

Nulidad y responsabilidad extracontractual

El núcleo perverso de las deudas son las “condicionalidades” que ellas implican, y la consecuente pérdida de la autodeterminación, que nos obligó a destruir a Argentina en la década del ’90. Hoy las condicionalidades de la deuda de los ´90 han cambiado. Ahora quedan las condicionalidades por las demandas judiciales de una deuda mal arreglada, y las consecuencias sociales y financieras del pago de la deuda con deuda intraestado. Tanto el gobierno como buena parte de la oposición proponen que para salir de esta condicionalidad, debemos volver a endeudarnos externamente, para volver a caer otra vez en las condicionalidades de la deuda del pasado. Después de haber dejado que se fugaran del país 90 mil millones de dólares en la última década. Por nuestra parte para sortear definitivamente esas condicionalidades, proponemos darle un enfoque totalmente nuevo al endeudamiento externo, con la expresa intervención del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.

En el considerando Nº 6 del proyecto de ley 1133-D-2004, proponíamos: “Un nuevo punto de vista para la resolución del problema” que vale la pena reproducir textualmente: “Es de suma importancia dejar aclarado que la declaración de nulidad perseguida no importaría eximir al Estado Nacional de su responsabilidad ante los tenedores de buena fe de los bonos viciosamente emitidos. Sin embargo, ésta no tendría por causa un acto de comercio internacional, sino una responsabilidad extracontractual con la novedad de que deberían concurrir como corresponsables solidarios ante los inversores no sólo los funcionarios que oportunamente realizaron los actos nulificados, sino también los bancos que actuaron como colocadores y “creadores de mercado” y las empresas evaluadoras de riesgo crediticio, quienes no podían ni debían ignorar el incumplimiento de los requisitos que la ley argentina dispone para la validez de los actos que se pretende anular”.

En el considerando 5 planteábamos la cuestión de la competencia originaria de la Corte

Suprema de la Nación. “La naturaleza de la cuestión planteada, de evidente trascendencia institucional impone un examen cuidadoso de la intervención originaria de la C.S.J.N. como tribunal supremo del Estado Argentino, máxime cuando el riesgo afecta la Nación en su totalidad frente al apetito ejecutivo de los acreedores externos en grave compromiso al erario público. Entonces, a la Corte Suprema de Justicia, en su carácter de órgano soberano de la Nación le compete entender en asuntos donde es necesaria una rápida y efectiva tutela del derecho constitucional amenazado, que la Corte debe tutelar en forma inmediata frente al peligro arriba denunciado. La intervención del Tribunal, en competencia originaria, es exigida a efectos de que no se desnaturalice el orden público interno (Art. 27 C.N.), en procesos en extraña jurisdicción que afectan en modo patente la órbita federal establecida en el art. 116.”

Debe analizarse la forma y procedimiento en que debe involucrarse a la Corte Suprema de Justicia en la cuestión, con la intervención del Procurador del Tesoro y la Procuradora General de la Nación. Y las consecuentes acciones civiles y penales contra quienes defraudaron o se excedieron respecto las instrucciones recibidas, o intervinieron en la alteración de lo previsto en las leyes.

La declaración de nulidad de los bonos aun en default, permitiría cambiar el actual status jurídico de la deuda, pasando de un titulo ejecutivo, a una deuda común a ser verificada por la auditoria. En estas condiciones tendría verdaderamente sentido la derogación de la ley cerrojo y reapertura del canje de deuda, que se propone hacer tardíamente ocho años después, con la leche ya derramada, por la notable impericia o mala fe de los funcionarios actuantes. Como un gesto trivial, inútil, e infantil hacia los insaciables fondos buitres, que ya rechazaron tres veces esa misma oferta. Pese que en la última de ellas se efectuó una subrepticia y sustancial mejora en sus términos, tratando de complacerlos de cualquier manera. Como lo pone en evidencia el análisis de Llorens “La opaca y maliciosa propuesta a los fondos buitres”, donde también se plantea un arreglo definitivo de la deuda partiendo de las premisas expuestas.

La mentira puede ser una picardía en la política, pero la mentira como política, no lleva a ningún lugar cierto, y muchas veces lleva al desastre, como el que parece avecinarse con los fallos de Nueva York. A los que la Presidenta parecería querer tratar de enfrentar con un ruinosísimo quid pro quo, consistente en entregarle Vaca Muerta a las compañías norteamericanas en condiciones altamente lesivas para el país, a cambio de salir del embrollo con los holds out y fondos buitres. El cual semejante al canje de Esaú, que cedió su primogenitura por un plato de lentejas, representa cancelar un pasivo equivalente al 1,5 % del PBI, por una riqueza que podría trepar a 28 PBI, con una usura de dos mil veces más. Ni la Presidenta ni el país está en condiciones de soportar esto.

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La deuda externa y los derechos humanos

CELS

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la apelación de la Argentina y sostener la demanda de los acreedores que no aceptaron integrar el acuerdo alcanzado con más del 92% de los bonistas excede la cuestión particular del cumplimiento de una sentencia.

En el centro del conflicto está la tensión entre hacer prevalecer el derecho de propiedad, apoyado en las prácticas predatorias que habilita el sistema financiero, y la obligación de los Estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En este caso, un tribunal extranjero se pronuncia en favor del derecho a la propiedad de un grupo reducido de acreedores de títulos públicos con una sentencia cuyo cumplimiento estricto implicaría tomar decisiones económicas que afectarían los derechos de los habitantes de nuestro país.

Esta tensión cruza hoy uno de los debates más fuertes de la comunidad internacional sobre el modo en el que se deben alcanzar consensos que equilibren los intereses de acreedores y deudores. El análisis de la cuestión debe tener en cuenta los principios del derecho internacional público y las obligaciones de los Estados en materia de promoción y protección de derechos.

En 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos. El principio 6 establece que los Estados deben asegurar que las actividades estatales relacionadas con “las decisiones acerca de la concesión y solicitud de préstamos, las de las instituciones internacionales o nacionales, públicas o privadas a las que pertenezcan o en las que tengan intereses, la negociación y aplicación de acuerdos sobre préstamos y otros instrumentos de deuda, la utilización de los fondos, los pagos de deuda, la renegociación y reestructuración de la deuda externa, y, en su caso, el alivio de la deuda” no vayan en detrimento del “deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos”. El principio 8 agrega que “toda estrategia de deuda externa debe concebirse de forma que no obstaculice el mejoramiento de las condiciones que garantizan el disfrute de los derechos humanos y debe estar destinada, entre otras cosas, a garantizar que los Estados deudores alcancen un nivel de crecimiento adecuado para satisfacer sus necesidades sociales, económicas y de desarrollo, así como cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

En noviembre de 2013 Cephas Lumina -experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos- luego de una visita a la Argentina apoyó “la posición del Gobierno de no ceder a las demandas irrazonables de algunos fondos buitre que siguen litigando contra el país en jurisdicciones extranjeras” y realizó un llamamiento “a todos los países para que promuevan legislación, con carácter prioritario, para limitar la posibilidad de que inversores sin escrúpulos traten de obtener beneficios inmorales a expensas de la población pobre y más vulnerable mediante litigios prolongados”. Lumina recordó en esa oportunidad que en los Principios “se subraya que los Estados deberían velar porque los derechos y las obligaciones originados en un acuerdo o arreglo sobre la deuda externa, en particular la obligación de amortizar la deuda externa, no sean incompatibles con sus obligaciones mínimas de satisfacer los niveles básicos de cada derecho económico, social y cultural y no lleven a la adopción deliberada de medidas regresivas”.

El derecho internacional también establece principios acerca de mecanismos de resolución de conflictos internacionales a través del consenso para restringir las prácticas abusivas.

En 2012, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estableció los Principios internacionales sobre la toma y otorgamiento de préstamos soberanos. El punto 7 establece que “todos los prestamistas tienen el deber de actuar de buena fe y con espíritu de cooperación para llegar a una reorganización consensual de esas obligaciones” y que “un acreedor que adquiere un instrumento de deuda de un soberano en problemas financieros con la intención de forzar una preferencial liquidación de la reclamación fuera de un proceso de entrenamiento consensual está actuando de manera abusiva”.

El punto 15 de los Principios señala que “si el soberano ha demostrado que una reestructuración de la deuda es realmente necesaria, el deudor debería procurar y proponer un acuerdo con una mayoría calificada de los acreedores para modificar los términos contractuales originales”. Y que la reestructuración debe ser “proporcional a la necesidad del soberano y todas las partes interesadas (incluidos los ciudadanos) deberían compartir una carga equitativa del ajuste y/o las pérdidas”.

Estos principios generales deben guiar todo proceso de insolvencia y ser aplicados en supuestos en los que se encuentra involucrado un Estado. Esto último coincide incluso con las fórmulas previstas en la legislación interna de Estados Unidos sobre los procesos de insolvencia de los gobiernos locales. En el llamado “Capítulo 9” de la regulación de quiebras y concursos, cuando se trata de municipios de Estados Unidos se permite a estas entidades presentarse ante la justicia y refinanciar sus deudas, un mecanismo que impide automáticamente la exigibilidad de pagos y anula los embargos. Además, para que un plan de reestructuración se considere aprobado deben aceptarlo los acreedores que representen las dos terceras partes del monto total del adeudado y la mitad de los acreedores reconocidos de cada categoría.

Las reglas de la buena fe y del uso no abusivo del derecho forman parte de los “principios generales del derecho de las naciones civilizadas” (artículo 38 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia) y se reflejan en normas y prácticas en materia de reestructuración de deuda ampliamente refrendadas en los marcos jurídicos de los Estados. Su relevancia está dada por la insuficiencia del derecho internacional convencional o consuetudinario. Por lo tanto, son fuentes normativas que guían los comportamientos de los Estados, incluidos sus órganos judiciales. Las prácticas de grupos que adquieren bonos de países en crisis, que en el caso rechazado por la Corte Suprema de Estados Unidos obtendrían una diferencia de 1600% de lo pagado al momento de su adquisición, con el sólo fin de obtener un trato preferencial a través de medidas abusivas no están en conformidad con el principio de buena fe.

El artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que “todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

En nuestro país, las decisiones que apuntaron únicamente a satisfacer las demandas de un sector minoritario del mercado financiero a costa del bienestar del conjunto de la población ya condujeron a catástrofes sociales. En los últimos años, la Argentina mostró que se puede optar por asumir los compromisos internacionales sobre la base de políticas de desarrollo y crecimiento que no trasladen el costo de esos compromisos a los sectores populares.

Los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos deben ser parte del marco normativo que guíe la resolución de la disputa entre el Estado nacional y los acreedores de modo de garantizar decisiones de política económica soberanas y la no regresión de las políticas que ampliaron el ejercicio efectivo de los derechos en nuestro país.

CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales.

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El silencio de las sotanas

Martín Luna (LA PULSEADA - ANRED)

Acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, el cura Aldo Vara recibió el beneficio divino de una muerte impune ocurrida hace poco en Paraguay. Mientras era buscado por la Justicia, el sacerdote vivió en La Plata y cobraba mensualmente su haber jubilatorio. Sin embargo, la Iglesia mantuvo vigente su plan sistemático de ocultamiento y negó conocer su paradero.

Mientras la Justicia esperaba una extradición que nunca llegó, días atrás murió en una parroquia de Asunción de Paraguay, Aldo Omar Vara, el capellán militar de Bahía Blanca durante la dictadura. El sacerdote apareció muerto a los 80 años en Paraguay adonde había huido cuando empezaba la causa penal por el Batallón de Comunicaciones 181, en la que estaba imputado por delitos de lesa humanidad. “Vara murió impune”, lamentó la agrupación HIJOS de Bahía Blanca y recordó que el sacerdote “fue apañado por la Iglesia Católica hasta el momento de su muerte”. Vara tenía pedido de captura desde agosto de 2013 por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia; homicidio agravado por alevosía en concurso de al menos tres personas y homicidio y desaparición forzada e imposición de tormentos.

El ex capellán se fugó del país el 15 de agosto de 2011, un mes y medio después del comienzo del primer juicio a los represores bahienses. A raíz de su captura a manos de Interpol que tuvo lugar el 28 de abril de este año, se comenzaron a revelar las complicidades del arzobispado de Bahía Blanca y de la diócesis de Ciudad del Este, donde, según expresó el obispo paraguayo Rogelio Livieres Plano, Vara participaba de oficios religiosos en la Parroquia Virgen del Rosario.

Pocas horas después de que Vara fuera detenido en Paraguay, a través de la denuncia que realizó el sociólogo Fortunato Mallimaci, se supo que continuaba recibiendo, por parte de la curia bahiense, un haber jubilatorio destinado a sacerdotes mayores de 68 años. Ante esa denuncia pública, el periodista Diego Kenis señaló que “los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia se acercaron hasta la sede del Arzobispado de Bahía Blanca y confirmaron por fuentes del propio arzobispado que Vara durante todo el tiempo en que permaneció prófugo de la justicia, cobró a través de un apoderado, que era el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, un haber jubilatorio” hecho que “el arzobispado jamás notificó ante la justicia”. A partir de allí “comenzó a desenredarse un ovillo que derivó en la imputación por encubrimiento del arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti y de su apoderado, el empresario Leopoldo Bochile”.

La Iglesia Católica al servicio de Vara

Desde 2011 la justicia intentó establecer el paradero de Vara por requerirse su declaración en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. La Justicia Federal, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Agrupación HIJOS y la Red por la Identidad, solicitaron la información correspondiente al arzobispado de Bahía Blanca. Pero tanto a la Justicia Federal como a los organismos de derechos humanos, el Arzobispado respondió que no tenía ninguna información al respecto, omitiendo mencionar que, mientras estuvo prófugo, Aldo Vara continuó cobrando el Fondo de Solidaridad que la Conferencia Episcopal Argentina paga a curas mayores de 68 años.

Por su parte, ante el pedido de la justicia, la diócesis de Ciudad del Este, confirmó que Vara siguió encabezando los oficios religiosos y que fue recibido en esa diócesis ante un pedido de su obispo, sin especificar de quién se trataba. Para el periodista bahiense Diego Kenis, “hay algunos datos que permiten saber que Aldo Vara permanecía bajo la jerarquía de Guillermo Garlatti, pese a que éste lo negó en un comunicado en el que aseguró que se había ido de la arquidiócesis en el 2001”.

Los elementos que permiten saber que el cura ahora fallecido permanecía bajo la jerarquía de Guillermo Garlatti son, “en primer lugar la información que el propio Mallimaci brindó cuando denunció el pago del haber jubilatorio. Mallimaci explicó que Vara era un sacerdote incardinado, es decir que tenía una anclaje territorial permanente y que pertenecía a una sola arquidiócesis, en este caso, a la de Bahía Blanca”. Esta información se corroboró a partir de los documentos que la propia iglesia entregó para responder los pedidos que el juez federal Álvaro Coleffi le hizo mientras Vara permaneció prófugo.

La justicia federal cursó oficios a los arzobispados de Mendoza, San Rafael, La Plata y Bahía Blanca, a la Conferencia Episcopal Argentina y al Vaticano a través de la Nunciatura y todos expresaron desconocer el paradero de Aldo Vara. Desde el arzobispado bahiense respondieron que no tenían ningún dato de él y agregaron que el sacerdote no les había solicitado permiso para salir del país. En la respuesta del arzobispado bahiense, Diego Kenis percibe la confirmación de la jerarquía de Garlatti sobre Vara, porque el propio arzobispado responde que Vara no les solicitó permiso para salir del país. ¿Por qué –se pregunta Kenis-debería hacerlo si Guillermo Garlatti no era su superior jerárquico? Por su parte, la Conferencia Episcopal dijo no tener ninguna información sobre Vara y agregó que había consultado al Arzobispado de Bahía Blanca. “Otra vez, entonces, surge la pregunta: ¿Por qué consultar al arzobispado de Bahía Blanca y no a otro?”.

“Es llamativo cómo se ha protegido de modo institucional a un sacerdote que tiene una importancia sustantiva por ser parte del terrorismo de Estado, aunque no es de los más encumbrados miembros de la jerarquía eclesiástica”, reflexionó Kenis, lo que lo llevó a concluir en que la iglesia “sigue protegiendo a cualquiera de sus miembros”.

El rol de Vara durante el terrorismo de Estado

Entre 1971 y 1979 Aldo Vara se desempeñó como capellán auxiliar en el V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca. Sin embargo, en 1999, cuando declaró como testigo en el Juicio por la Verdad “dijo que no tenía rango militar en el Ejército” cuando en realidad “tenía rango militar de capitán”, advirtió Kenis. “Vara cumplía funciones como militar en el marco del reglamento de operaciones psicológicas, que establecía claramente la función del capellán”, afirmó el periodista y agregó que ese rol “consistía (como lo denunció el Tribunal que en La Plata condenó a Christian Von Wernich), en el juego del interrogador bueno y el interrogador malo. El malo era el que iba y torturaba y el bueno era el que ejercía otra forma de tortura”. Kenis describió que estos ministros de la Iglesia “vestidos de sotana se hacían presentes donde estaban los detenidos y donde habían sido torturados, buscando, mediante otros métodos, interrogarlos nuevamente, mientras los aconsejaban olvidar y no denunciar lo que habían padecido”. En esas conductas incurrió Aldo Vara “y están documentadas”.

En los fundamentos del fallo que condenó a siete represores del V Cuerpo de Ejército, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Bahía Blanca, ordenó abrir investigaciones judiciales para determinar la responsabilidad de Aldo Vara en delitos de lesa humanidad. Dijo expresamente que resulta comprometedora para la iglesia católica la intervención y presencia de uno de sus pastores en los centros clandestinos de detención y en los encuentros con los detenidos.

“El Tribunal dijo que esto resultaba comprometedor para la Iglesia Católica”, la cual “en lugar de aportar a la búsqueda de justicia, lo que ha hecho es mantener un silencio ante cualquier tipo de requisitoria incluso la de las víctimas”, expresó el periodista y escritor Diego Kenis.

El silencio del Vaticano

“Al menos en dos oportunidades, el Vaticano ha recibido pedidos de información sobre el destino de Aldo Vara” y siempre, a través de la Nunciatura, aseguró no contar con ningún dato sobre su paradero, informó Kenis. Incluso los organismos de derechos humanos llegaron a pedirle al propio Papa Francisco que intercediera para dar con Vara, caso en el cual asegura el periodista “la conducta del Vaticano fue todavía peor, porque directamente no respondieron”.

El periodista reveló que días antes de que los organismos cursaran esa comunicación, “el Sumo Pontífice había llamado por teléfono a la madre de un joven de Bahía Blanca que murió cuando explotó el laboratorio clandestino en la empresa para la que trabajaba”. Destacó que “el Papa tuvo el gesto de llamar a la madre de ese muchacho para decirle que la acompañaba, que rezaba por ella y entendía su deseo de justicia y dolor; pero no tuvo ese gesto noble para ofrecer también su acompañamiento a las víctimas del accionar de Aldo Vara”.

Aldo Vara en La Plata

Un dato curioso que se suma a las irregularidades y silencios de la cúpula eclesiástica es que, mientras el Arzobispado de La Plata contestó -en momentos de ser requerido-, que desconocía el paradero del imputado, sí admitió que éste vivió en la mismísima arquidiócesis entre 2006 y 2007, momentos en que ya pesaban sobre él serias denuncias y se sabía que había mentido en sus declaraciones en el marco de los Juicios por la Verdad.

La jerarquía católica platense adujo entonces que la permanencia de Vara en la ciudad obedecía a que éste tenía familiares acá y -en un intento por eludir responsabilidades-, resaltó que en 2009 se le negó su incorporación como miembro a la Arquidiócesis solicitado por el imputado.

Por otra parte, en la sección fúnebre del diario El Día de La Plata, los familiares de Aldo Vara publicaron un singular mensaje a propósito de su muerte. En él no consta su situación de prófugo de la justicia ni de imputado por crímenes de lesa humanidad. Prefirieron decir que su deceso se produjo “en el exilio” destacando que “él rogará por todos”.

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Carlos Pistelli: "Belgrano fue un hombre que puso todo al servicio de la Patria"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Con el historiador rosarino Carlos Pistelli recordamos quién fue y qué hizo Don Manuel Belgrano.

Parte 1


Parte 2


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