lunes, 30 de junio de 2014

Argentina tiene que ir al default

Lic. Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

Ya lo hemos planteado: El rey está desnudo y hay que decirlo.

Si el paciente está enfermo de cáncer hay que reconocerlo y decírselo porque fallar en la identificación del problema y/o trampear en su diagnóstico van contra cualquier terapia posible.

Todo ocultamiento de la realidad va a ser peor.

El fallo y sus consecuencias

La sentencia Griesa, ratificada en sus tres instancias judiciales en los Estados Unidos, deja agotadas las instancias legales de la Argentina en dichos tribunales y totalmente vulnerada cualquier alternativa de solución en materia financiera, como no sea seguir comprometiendo más deuda pública que no se puede pagar:

a) A la suma de los 1.500 MD (Millones de Dólares) de este caso testigo NML-Elliot y otros se debe agregar la avalancha segura del resto de los holdouts que - hayan hecho o no juicio todavía - van a sumarse a los reclamos legales contra la Argentina, con resultado cierto y rápido, por un monto total que se estima en más de 20.000 MD.

b) La falencia central de la estrategia legal seguida por el gobierno Kirchner fue no cuestionar la legitimidad de las acreencias de estos holdouts, aceptando la competencia de tribunales extranjeros y sin realizar una auditoría previa de la deuda en default, lo que llevaba inexorablemente a una derrota legal del Estado Argentino.

c) La actual administración quedaba así expuesta a una encerrona financiera y jurídica que era sólo cuestión de tiempo, como parte de la política institucional de vivir pateando sistemáticamente para adelante obligaciones que no se pueden pagar y seguir tomando deuda nueva.

d) El gobierno Kirchner, en su desesperación por seguir ocultando el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005-2010, no sólo se empeña en presentarlo aún como “exitoso” sino que, como agravante, lo invoca para seguir pagando la servidumbre de sus intereses.

e) La Argentina no puede evitar las consecuencias, directas o indirectas, de la Cláusula RUFO o del Acreedor más favorecido - que firmó este gobierno entre las cláusulas leoninas aceptadas con el Megacanje 2005 - porque una de dos: o va a tener otro frente de tormenta frente a protestas y reclamos de los bonistas del canje o va a tener que intentar estirar de cualquier forma sus efectos dilatando hasta el 2015 cualquier arreglo definitivo sobre la forma de pago a los fondos buitre (colocándose así en la paradójica situación de burlar la cláusula RUFO para el 93 % de los bonistas que entraron en el canje, cuyos derechos enfatiza querer proteger).

f) Con o sin fallo Griesa, la Argentina se encuentra en default, un default por insolvencia fiscal y por iliquidez: sólo puede enmascarar esta realidad apelando a continuar cancelando deuda con nueva deuda y asumiendo más obligaciones impagables que, en su mayor parte, espera transmitir al nuevo gobierno electo en 2015.

Las instancias legales se han agotado y el gobierno Kirchner clama por poder pagar la próxima cuota de intereses - correspondiente a los bonos Discount del Canje - este 30.6 y pide “negociar” el cumplimiento del fallo del juez Griesa que lo obliga a una humillante gestión de regateo con los fondos buitre a través de una variante insólita: que el juez designa a un “mediador” para posibilitar el cumplimiento de su propia sentencia (!).

La administración Kirchner probablemente espera, entre los atajos posibles, que se le dé alguna variante de tipo “solución Gramercy”: la compra por otro fondo de inversión a NML-Elliot y compañía de los derechos de la sentencia Griesa para luego canjearlos por nuevos bonos de la Argentina. Pero ello es “pan para hoy, hambre para mañana”.

En medio del revoloteo de toda una legión de socios del Club de la Deuda que pugnan por no perderse el negocio combinado de comisiones, gastos por colocaciones de títulos, asesoramientos, etc. - incluso con versiones de sobre-pagos a los fondos buitre por acuerdo secreto - en estas circunstancias las autoridades siguen proclamando su “vocación pagadora” y su aceptación a cumplir con la Hoja de Ruta Boudou volviendo al Mercado Internacional de Capitales, precisamente para tomar más deuda.

Replanteo del problema deuda

Si existiera alguna vía de solución al problema de la Deuda Pública Perpetua la misma nunca pudiera darse bajo las actuales condiciones del endeudamiento: es necesario replantear los términos de discusión de la deuda; y a ello ya nos hemos referido:

1. Blanquear el DEFAULT para ir a una re-estructuración forzosa y no voluntaria de la Deuda.

2. Verificar todas las acreencias, esto es AUDITAR LA DEUDA, que significa investigarla.

3. Sólo con el dictamen de la deuda legítima y la demostración de la capacidad de repago, sentarse con los acreedores para ajustar las formas de la RE-ESTRUCTURACIÓN.

Pero el requisito básico del Default es su totalidad: no hay default parcial - como se manejó, en cambio, el problema en el 2002, en que salimos de una Crisis de Deuda con más endeudamiento - sino integral, es decir, un default en el que deben contemplarse los derechos de todos los acreedores y no sólo el privilegio de los acreedores privados extranjeros.

Cuando se habla de default total esto quiere decir, entonces, que tiene que haber respuesta también a cómo, cuando, cuánto y quién paga la enorme Deuda intra-Estado acumulada por este gobierno, que es el 60 % de la Deuda del Estado Central; y de la cual ni autoridades ni voceros del Partido de la Deuda dicen media palabra.

Porque los fondos de la ANSES prestados compulsivamente al Tesoro - que es la plata de los jubilados - también tienen que ser devueltos, porque las divisas que la administración Kirchner retiró y retira vaciando las reservas del Banco Central (BCRA) no son del gobierno sino el respaldo de la Moneda Nacional y de toda la Balanza de Pagos del Estado Argentino, porque las autoridades tienen que decir cómo se arregla ahora el entuerto de haber empapelado al Sector Público (con el Banco Nación a la Cabeza, aparte de la ANSES y el BCRA) con títulos impagables y porque tiene que definirse qué pasa con el rol de la deuda cuasi-fiscal del BCRA como mecanismo de compra de reservas con deuda.

En este contexto de la nueva Crisis de Deuda el Congreso tiene que retomar su función y los legisladores tienen que cumplir con sus obligaciones constitucionales de arreglar la Deuda Pública:

a) Obligando una reformulación de la Ley de Presupuesto 2014 con los verdaderos números posteriores al cambio de los supuestos macro-económicos, producidos justamente al inicio de este ejercicio.

b) Retirando la delegación de facultades especiales al Poder Ejecutivo para retomar en forma directa el manejo de la cuestión de la Deuda.

c) Revisando toda la normativa legal y administrativa vigente en materia de Endeudamiento del Estado.

Se trata, muy probablemente, de la última oportunidad histórica para hacer estas cosas; pero para ello se requiere: CAPACIDAD, HONESTIDAD Y CORAJE.

Rendición ante el partido de la deuda

Tal como lo venimos diciendo, el gobierno Kirchner - como los que lo precedieron - no tiene otra Política de Deuda que la de seguir re-endeudándose (pago de deuda con más deuda) y hacerlo así para volver a los mercados de capitales a tomar deuda nueva.

La Argentina está nuevamente en situación de default, vive en situación de default, pero lo oculta con el mecanismo de la Deuda Perpetua: toda obligación que vence por capital se refinancia.

Con esto se cumple con la falacia central del Partido de la Deuda: tomen deuda aunque no la puedan pagar porque, mientras puedan aguantar el pago de los intereses, nosotros les refinanciamos el principal y además le damos más deuda.

El gobierno K - un gobierno debilitado, incoherente y corrompido - es hoy un peligro para los intereses del Estado: éste gobierno está aceptando cualquier cosa en materia de Deuda (CIADI, Repsol, Club de París, Bonar 2017, más préstamos multilaterales, deuda cuasi-fiscal del BCRA, deudas igualmente impagables de provincias y municipios, de empresas y organismos del Estado, etc.).

Hemos llegado a un punto de inflexión que impone el blanqueo de la realidad: el costo de la ficción de no reconocer la nueva Crisis de Deuda sólo empeora la situación.

Es el camino hacia una rendición forzosa y segura ante el Partido de la Deuda y la Banca Internacional que lo sostiene mientras se escenifica una resistencia que no existe: una rendición “exitosa” más en el camino de servidumbre financiera del Sistema de la Deuda.

Pero es, además, la peor de las rendiciones, que es la rendición sin lucha: porque EL QUE SE RINDE SIN PELEAR NUNCA TERMINA DE RENDIRSE.

Este trabajo es continuación del anterior titulado “Holdouts: Default o más Deuda” (del 25.6), que se considera de lectura previa imprescindible como complemento del presente.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

La Corte Suprema argentina y el Congreso de la Nación deben asumir de inmediato la gravísima cuestión de los holdouts y fondos buitre

Ing. Mario Cafiero - Javier Llorens (especial para ARGENPRESS.info)

El conflicto con los bonistas impagos y con la justicia norteamericana ha llegado a un punto de tal gravedad, que requiere una profunda replanteo de la estrategia como país republicano.

El escenario se presenta con enormes riesgos económicos financieros y tiene una trascendencia institucional inusitada.

El origen de este problema es la forma en que se reestructuró la deuda pública en el 2005, luego del default parcial del 2001.

El PEN, haciendo uso de facultades delegadas por el Congreso, puso en marcha un proceso de reestructuración que no ha podido concluirse y se han sufrido serios reveses judiciales en tribunales extranjeros. Que implicarían montos finales de sentencias que con sus costas significarían una emisión de nueva deuda por u$s 30 mil millones, a partir de un monto de deuda inicial de u$s 6,5 mil millones.

La Argentina está siendo juzgada en los tribunales extranjeros como un vulgar “comerciante” y sometida al imperio de decisiones foráneas que entrañan inconmensurables costos y riesgos presentes y futuros.

Prueba patente de ello es que un juez norteamericano le ordenó a Argentina lo que tiene que hacer (pagarles a los holdouts) y también lo que no tiene que hacer (no pagarles a sus acreedores de deuda performing). Dándole incluso órdenes personales a “mister Kicillof”, y advirtiéndole de los riesgos que corre si no las acata, como si el Juez Griesa fuera el Presidente de la Nación.

Por esa razón el gobierno y el país se encuentra ante un atolladero aparentemente insoluble, que incluso pone en gravísimo riesgo el funcionamiento de nuestra economía. Dado que por efecto del derecho acordado a quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 de participar en mejores ofertas (cláusula RUFO) hasta el 31 de diciembre no puede entablar negociación alguna con los fondos buitres y holdouts, que pueda implicar una oferta voluntaria. Salvo la de como efectuar el pago de las cuantiosas sentencias dictadas por el juez Griesa, y otras que vayan apareciendo en el camino.

Razón por la que en el ínterin Argentina seguirá en default parcial, impidiéndole en consecuencia obtener préstamos del exterior, para conseguir las divisas de las que carece el país, que ha afectado seriamente el funcionamiento de su economía. Y recién el año que viene podría hacer una oferta global a los tenedores de bonos que no ingresaron al canje, cuyos importes que agobiarán severamente al país, no podrán ir muy lejos de lo determinado judicialmente. Razón por la que el ministro de Economía Kicillof habla de una posible vuelta al catastrófico año 2001.

Todos los poderes del Estado – Ejecutivo, Legislativo, y Judicial- tienen responsabilidad en esta oprobiosa y absurda situación. Y en especial aquella clase dirigente, que hasta hace poco casi unánimemente loaba a los canjes de deuda concretados por el actual gobierno. Sin querer ver el diablo ostensible que se escondía en sus detalles, que a la larga derivaron en la actual situación.

No solo judicial, sino también económica, por el enorme esfuerzo de pago hecho por el país, para cumplir con compromisos de deuda que eran insustentables. Al no haber podido acceder por la subsistencia de un default parcial, a la financiación internacional para llevar adelante las indispensables refinanciaciones de deuda que implicaban los canjes del 2005 y 2010. Financiación que la AGN -en un estudio especial que efectuó en el 2006- estimó en u$s 38.000 millones. Y que a falta de los mismos, llevó a agudos conflictos para tratar de obtenerlos, como el de la resolución 125. Y al vaciamiento de la ANSES, el Banco Nación, y el BCRA. Siendo este faltante de divisas, además de la fuga de u$s 90 mil millones ínterin, el grave problema que aqueja nuestra economía.

Cada uno de los poderes del Estado Nacional -en su órbita- debería estar involucrado en solucionar este gravísimo problema.

En primer lugar el Poder Legislativo debe inmediatamente abocarse a revisar el modo fraudulento que se viene utilizando para conceder cláusulas de prórroga de jurisdicción y ejecución de sentencia. El Congreso nunca autorizó –ni de manera general, ni particular- un mecanismo de renuncia de inmunidad soberana total, ni de prórroga de jurisdicción, ni de prórroga de ejecución de sentencia. Por eso debería pronunciarse expresamente al respecto, al haberse avasallado mediante un fraude legislativo sus atribuciones constitucionales indelegables. Máxime en una cuestión referida a la renuncia a la soberanía, que en todo caso mal que pese, solo puede haber sido hecha por el pueblo soberano, o al menos por sus representantes.

El fraude se originó en base a un decreto-ley de Videla-Martínez de Hoz, que otorgó a la secretaría de Hacienda la facultad de ordenar anualmente la Ley Complementaria de Presupuesto (Ley 11.672). Ley que solo contenía una autorización al Poder Ejecutivo para que Argentina prorrogara la jurisdicción, en el caso de préstamos de organismos multilaterales donde la Argentina era miembro, y cuando diera avales a empresas estatales.

No obstante el ministro de Economía Domingo Cavallo, que hoy está en el banquillo de los acusados ante la justicia penal por peculado y negociaciones incompatibles con los bancos que intervinieron en la emisión de los bonos en cuestión, y su secretario de Hacienda Ricardo Gutiérrez, utilizaron esa autorización en el año 1993, para desnaturalizar y retorcer el sentido de esa norma. Introduciendo aviesamente una autorización de prórroga de jurisdicción general, que desde entonces con modificaciones menores viene utilizándose repetitivamente en los decretos de autorización de emisión de deuda dictados hasta la fecha.

Además, en un análisis exhaustivo que efectuó Javier Llorens de los 60 decretos del PEN, y de las más de 220 Resoluciones de emisiones de bonos de deuda soberana emitidos desde 1993 a la fecha, y sus anexos correspondientes, donde obran los prospectos de los títulos públicos (“La deuda externa, la pérdida de la Libertad y la soberanía, y como recuperarlas definitivamente”) surge claramente que los prospectos no se ajustan a lo que autorizan las resoluciones. Y las resoluciones no se ajustan a lo que autorizan los decretos. Y los decretos no se ajustan a lo que autorizan las leyes genuinas aprobadas por el Congreso.

Esta increíble degradación en la pirámide normativa, llevó a que finalmente Argentina no solo prorrogara jurisdicción a favor de tribunales extranjeros a los efectos de una demanda, como daba a entender acotadamente la ley genuina del Congreso. Sino que también se extendiera esta a los efectos de una ejecución de sentencia, en cualquier lugar del mundo, con una renuncia absoluta y total a su inmunidad soberana. Renunciando absurdamente así a las Convenciones de Viena, y las limitaciones que establecen las leyes de inmunidad soberana existente en distintos países del mundo. Extremo descabellado que generó hechos como el embargo de la fragata Libertad en un puerto de África.

Es por ello que desde el año 2004 venimos planteando la nulidad absoluta de estas prórroga de jurisdicción y de ejecución de sentencia, y renuncia a la inmunidad soberana. Siendo este el único remedio que cabe ante ellas, por el enorme menoscabo que han significado para nuestro país.

Pero la naturaleza de la cuestión planteada, de evidente trascendencia institucional, impone también la intervención de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J.N.) para que como tribunal supremo del Estado Argentino intervenga, conforme sus facultades constitucionales. Máxime cuando el riesgo afecta la Nación en su totalidad, frente al apetito ejecutivo de los acreedores externos, que pone en grave compromiso al erario público.

La intervención de la C.S.J.N., asumiendo su competencia originaria, es necesaria a efectos de que no se desnaturalice el orden público interno (Art. 27 C.N.) en procesos en extraña jurisdicción que afectan en modo patente lo establecido en nuestra Constitución Nacional.

Ante la inexistencia de una legislación internacional que regule el proceso de insolvencia y reestructuración de deudas soberanas; el dinamismo de los fondos buitres con gran capacidad de lobby, especializados en explotar las zonas gris de la ley; y las descabelladas renuncias a su inmunidad soberana formuladas supuestamente por Argentina, nos encontramos frente a una situación límite. Que requiere una revisión integral de lo actuado con la intervención inmediata de la C.S.J.N. argentina, que debe recuperar nuestra soberanía jurisdiccional extraviada. Siendo únicamente este Máximo Tribunal quien puede inhibir el foro foráneo en atención a la implicancia internacional que el asunto asume.

Argentina con la cuestión de la deuda externa y los holdsout, enfrenta hoy un desafío histórico, como pocas veces en su existencia. Y al respecto el filósofo de la historia Arnold Tonybee advierte que los países que saben estar a la altura de ellos, porque cuentan con una “minoría creativa” que se anima a hacerlo, son los que progresan. Y los que renuncian a enfrentarlos, porque carecen de una “minoría creativa”, son los que fracasan. En este rumbo lamentablemente parece ir hoy Argentina.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Desaceleración económica y negociaciones en Nueva York

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

La economía argentina se desacelera en el marco de fuertes presiones de los acreedores de la deuda con sentencia favorable de la justicia de Nueva York.

En efecto, el INDEC(1) señala que “La estimación preliminar del PIB del primer trimestre de 2014 muestra una variación negativa de -0,2% con relación al mismo período del año anterior”.

Agrega el organismo oficial de estadísticas que “El PIB desestacionalizado del primer trimestre de 2014 con respecto al cuarto trimestre del 2013 arroja una variación de -0,8%.”

La información se extiende destacando que la variación negativa de la oferta se explica por la mencionada caída del PIB y “fundamentalmente por la reducción de las importaciones de bienes y servicios reales -3,8%.” Por el lado de “...la demanda se observó una variación negativa del -6,4% en las exportaciones de bienes y servicios reales, un crecimiento de 1,9% en la formación bruta de capital, un aumento de 3,4% del consumo público, en tanto que el consumo privado decreció -1,2%.”

Queda claro que el impacto se concentra en el sector privado y que los datos son amenguados por la intervención estatal en sostener el gasto público, tensionada en la coyuntura por las demandas de diversos sectores sociales del país con sus reivindicaciones de ingresos y los acreedores de la deuda pública, especialmente los que demandan ante la justicia de Estados Unidos.

En el interior del país existen requerimientos de fondos públicos los docentes universitarios, en conflicto con las autoridades de Educación y Economía, en el marco del ajuste del salario deteriorado por las condiciones de negociación vigente y la aceleración de los precios en el último tiempo. También demandan los jubilados que solicitan recursos extras a mitad de año, el aguinaldo, precisamente por el retroceso de los ingresos previsionales contra la evolución de los precios en el primer semestre del 2014. Del mismo modo que los trabajadores regularizados pretenden subas del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o su directa eliminación. Son estos, parte de las presiones locales sobre los disminuidos recursos fiscales y que compiten con los acreedores de la deuda pública.

Cumplir con el 100% de los acreedores

El discurso oficial, apoyado por el arco opositor con capacidad de ser gobierno, manifiesta la vocación de cancelar la deuda en su totalidad, sea el 92,4% ingresado a los canjes de deuda del 2005 y 2010, como al 1% que hizo juicio en Nueva York y ya tiene sentencia en firme, como al resto no ingresado al canje y que explica la continuidad del default (cesación de pagos) iniciado a fines del 2001.

Muy pocos parlamentarios se manifiestan contrarios a honrar el fraude de la deuda, según manifiesta la sentencia del Juez Ballesteros del año 2000, o las múltiples denuncias en sede judicial en la Argentina contra operaciones de canje de deuda en tiempos constitucionales. Algunos razonamientos aluden críticamente a la mayor validez otorgada a una sentencia gestada en Estados Unidos que a otra surgida desde la Argentina.

En rigor, existe en el país una tendencia mayoritaria en el régimen político institucional favorable al pago de la deuda, mientras resurge una corriente crítica, que entre otros se manifiesta en la Carta dirigida al Juez Griesa por parte del Premio Nobel de la Paz Adolfo Peréz Esquivel donde señala que "no es un justo pagar una deuda ilegítima e inmoral"(2). Esta corriente de opinión crítica retoma la consigna del No pago de la Deuda que se sustenta en una larga tradición de pensamiento y acción contra el orden capitalista y sus derivaciones especulativas, financieras y usurarias.

La crítica al endeudamiento y la presión acreedora se anima en declaraciones de apoyo, algunas que se destacan por el origen, caso de las opiniones de los presidentes ecuatoriano o boliviano.

Rafael Correa manifestó "Toda nuestra solidaridad a Argentina, todo nuestro apoyo. Yo creo que no debería pagar eso". Agregó que "Unidos, con una acción concertada de América Latina, se podría evitar aquello, pero creo que todavía estamos lejos de esa capacidad de coordinación". Siguió diciendo que "el orden mundial no solo es injusto sino inmoral, y solo unidos podremos resistir a ese injusto orden mundial o incluso cambiarlo, solo unidos, la integración latinoamericana.”(3)

Evo Morales, en su condición de presidente pro-témpore del Grupo de los 77 más China (G77+China), anunció que se comunicará "con otros mandatarios a ver qué podemos hacer para derrotar esta clase de asalto, de especulación financiera, a la extorsión económica"(4), con relación a la sentencia estadounidense a favor de la demanda de cobro contra la Argentina. Recordemos que la presidencia boliviana del G77+China es lo que facilitó la presencia urgida del Ministro de Economía de Argentina en la sede neoyorkina de Naciones Unidas, informando sobre la situación creada a propósito de la sentencia del Juez estadounidense.

La opción que surge de movimientos populares locales y expresiones parlamentarias en Argentina contra el pago de la deuda, se vincula a las voces desde el exterior que claman por una nueva arquitectura financiera en la región. En rigor, demandan ensayos de caminos alternativos a la lógica del capitalismo de época. Es algo a procesar desde las definiciones que surjan desde la Argentina en el marco de una integración alternativa a la que sugiere el orden capitalista. Claro que eso supone ir en camino totalmente inverso a la decisión mayoritaria por honrar el fraude del cáncer de la deuda.

La deuda pública No puede y No debe pagarse

Pero más allá de opiniones, importan los hechos que remiten a las dificultades de la economía argentina y las restricciones para hacer frente a los pagos externos, lo que implica señalar que el país no puede pagar, salvo con la recurrencia de mayor endeudamiento, y en consecuencia, el agravamiento de una hipoteca sobre el presente y el futuro de generaciones.

Si el default del 2001 por 100.000 millones de dólares se sustentó en una deuda impagable de 144.000 millones de dólares, y la presidencia informa que se abonaron en una década 173.000 millones de dólares, y el último dato oficial indica una deuda de 209.000 millones de dólares, a lo que debe adicionarse los bonos emitidos para cancelar sentencias al CIADI, compensación a Repsol por la expropiación parcial de YPF, el arreglo al Club de París y la sentencia de la Justicia de Estados Unidos, más otras demandas de holdout, la deuda se estira hasta los 240.000 millones de dólares.

El problema es que el argumento oficial y el apoyo de la oposición sistémica es que se necesitan nuevos préstamos e inversiones. Es más, el argumento oficial transita por el desendeudamiento, que habría servido para volver a tomar deuda. Todos los caminos conducen al re-endeudamiento, aun cuando la deuda tenga una proporción menor en el PIB que hacia el 2001. Todo se reduce a más deuda para cancelar deuda y continuar profundizando el cáncer de la deuda.

La cuestión se agrava con el paso de los días. El gobierno dispuso cancelar a deudores ingresados al canje depositando los recursos necesarios en el banco pagador de Nueva York, En lugar de embargar, el Juez Griesa en Estados Unidos, indicó al banco devolver los fondos y exige a la Argentina negociar con los acreedores de la sentencia en firme por 1.500 millones de dólares.

No se sabe cómo sigue la historia, pero es un cuento en capítulos diarios, con novedades e incertidumbres sobre el costo definitivo que significa pagar la deuda con más deuda que resta posibilidad a satisfacer necesidades insatisfechas de la población. Por eso, porque no se puede pagar sin mayores privaciones populares es que la deuda no debe pagarse.

Costos por pagar o no pagar

El interrogante inmediato es ¿qué pasaría si no se paga? Lo mismo que ocurrió luego de la cesación de pagos de diciembre del 2001. Si en el 2001 se utilizaron 12.000 millones de dólares para cancelar deuda, al año siguiente, en default, la cifra bajó a 3.000 millones, utilizando la diferencia para otros fines, que aun cuando se los discuta sobre a quienes se beneficiaron con esas políticas, la realidad es que se facilitó un proceso de aplicación de recursos públicos para la recuperación de la economía local.

Además, quedar afuera del mercado mundial de préstamos, favoreció la posición local ante la crisis mundial emergente en 2007-2009, por ausencia de exposición a nuevo endeudamiento, cuestión que afectó seriamente a países fuertemente endeudados, caso de Grecia.

¿Necesita Argentina nueva deuda e incluso inversiones externas, tal como señala el discurso mayoritario de gobierno y oposición, en consonancia con la lógica de las clases dominantes? ¿Es bueno ser país emergente, destinatario de préstamos e inversiones externas?

Diremos hasta el cansancio que es emergente el país que ofrece fuerza de trabajo barata y abundantes recursos naturales. Son los factores que hacen al modelo productivo y de desarrollo hegemonizado por transnacionales, que para el caso argentino se asocian a la soja, la mega minería o al petróleo y gas no convencional. ¿Es la única opción productiva? No, se puede transitar otro camino, y no supone el aislacionismo, sino la decisión de articular integradamente con la región la posibilidad de una alternativa de cara al Sur del mundo.

El tema de la solidaridad es de ida y vuelta. Argentina no acompañó con proceso similar a Ecuador en 2007 cuando este país hizo su auditoria para disminuir el monto de deuda por ilegalidad de la misma. El país tampoco acompañó a Bolivia, Venezuela y Ecuador cuando éstos se retiraron del CIADI, además que Brasil nunca lo reconoció. El país está en mora solidaria con esos procesos y bien podría ahora retomar una perspectiva crítica sobre la base de los pronunciamientos contra la extorsión de la justicia estadounidense y el accionar de la especulación que expresan los fondos buitres.

La Argentina puede sostener el No Pago de la Deuda y su investigación, para luego renegociar eliminando la cesión de soberanía jurídica, junto a la denuncia de la institucionalidad subordinada: los tratados bilaterales en defensa de las inversiones, como la inserción al CIADI.

Confirmamos que este rumbo supone discutir la inserción en el orden capitalista y construir una lógica inspirada en la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, lo que puede abordarse desde un programa de soberanía (alimentaria, energética, financiera) e integración regional.

Notas:
1) http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/pib_06_14.pdf (consultado el 27/6/2014)
2) http://www.eldia.com.ar/edis/20140627/Perez-Esquivel-envio-carta-Griesa-No-es-justo-pagar-deuda-inmoral-20140627193055.htm (Consultado el 27/6/2014)
3) http://www.telesurtv.net/articulos/2014/06/24/rafael-correa-argentina-no-deberia-pagar-a-fondos-buitre-1109.html (consultado el 27/06/2014)
4) http://www.telesurtv.net/articulos/2014/06/27/morales-busca-alianzas-con-otros-gobernantes-para-derrotar-extorsion-economica-de-fondos-buitre-6628.html (consultado el 27/6/2014.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina en recesión: De los Fondos Buitre a la superación de la izquierda limitada

Andrés Figueroa Cornejo (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevista con el autorizado economista, Eduardo Lucita.

“Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad,
es hora de comenzar a decir la verdad.”
Bertolt Brecht

En el bar El Libertador de Corrientes y Dorrego está la oficina de uno de los más recorridos, consultados y autorizados economistas de izquierda de Argentina, Eduardo Lucita. Lo de su oficina me lo dice mientras nos estrechamos las manos y su café vacío acusa mi impuntualidad en medio de un claro amable que rebota en la mesita sin mantel.

-Es inevitable preguntarte qué son los Fondos Buitre (FB).

“Los Fondos Buitre son inversores y fondos especulativos a gran escala que compran bonos a muy bajo precio y luego entablan demandas contra Estados soberanos para cobrar el 100% de ellos. En el caso concreto de Argentina, se trata del Grupo MN Elliot, que ya hizo esta misma operación hace años en contra de Perú, triunfó y le cobró a muy buen precio bonos que le había comprado a precio regalado.

Argentina emitió los bonos el 2001. Una parte de ellos cuenta con cesión de soberanía jurídica en el distrito de Nueva York, que es lo que está en discusión hoy. En la práctica, los FB compraron bonos argentinos emitidos al precio de un dólar en 0,4 centavos de dólar y en la actualidad reclaman el pago de un dólar. Hubo un fallo en primera instancia desfavorable para Argentina contra el que el gobierno apeló. Luego un fallo en segunda instancia que también se perdió, y después se apeló a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que convalidó los fallos anteriores del juez federal de Nueva York, Thomas Griesa.

A la Argentina le están reclamando ahora USD1.500 millones al contado, cuando la deuda original de hace 10 a 12 años era de USD400 millones.

El Estado argentino realizó una gran reestructuración de la deuda con los FB que llegó a un 92-93% del total. Un 7% de los bonos no ingresó en esa reestructuración. Ahí está el fondo Elliot que corresponde a alrededor de un punto del 7%. Si se paga a ese 1%, el resto del 7% puede reclamar su pago también. No todo ese porcentaje tiene su sede legislativa en Nueva York, por tanto hay un debate sobre el eventual monto de deuda a cancelar. Podría estar entre USD8 mil a USD15 mil millones, mientras las reservas del Estado alcanzan alrededor de los USD29 mil millones.”

Las condiciones de la quiebra

-Aparentemente resulta contradictorio que el gobierno, habiendo cumplido con la negociación de la deuda del Club de París, el oneroso pago a Repsol y el tipo de negocio hecho con Chevron, es decir, habiendo cumplido con los requisitos del imperialismo, hoy sea castigado a través de los FB.

“Desde hace más de un año que el giro abierto hacia los mercados de la administración K tienen por objeto la adquisición de más crédito como lo demuestra el caso Repsol; el contrato secreto con Chevron en condiciones que no tiene ninguna otra empresa; el arreglo con el Club de París de una deuda de USD9.700 millones cuando la deuda consolidada un año antes era de poco más de USD6.000 millones (¿por qué aparecieron USD3.700 millones de más? Nadie sabe, es otro secreto). Esto es, el gobierno realizó una serie de concesiones para volver a los mercados internacionales, lo que significó la toma de más deuda. Hoy el juicio de los FB tiene al gobierno en peligro de incumplir sus metas de tomar financiación para reactivar la economía y terminar el 2015 con un crecimiento de dos a tres puntos.”

-La semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reconoció que Argentina se encuentra en recesión.

“Sí. Hay dos trimestres consecutivos con caída del Producto Bruto Interno (PBI). La recesión es especialmente fuerte en la industria automotriz que recibe el golpe de la depresión de la actividad económica de Brasil. Pero no sólo se trata de la industria automotriz (pilar, referencia y paradigma de toda la industria argentina). Está cayendo la metalmecánica y el plástico. O sea, la recesión se está agudizando. Por el contrario, los bancos nunca habían estado mejor.”

-¿Por qué se habla tan fuerte de un posible default del país?

“Si el Estado argentino le cancela la deuda al 7% mencionado, el 92-93% ya reestructurado, debido a una quita a favor del país en su negociación, goza de una cláusula que le permite cobrar el 100% de lo adeudado, apelando a un no trato discriminatorio. Hoy es 27 de junio. Existe un riesgo parecido a una tormenta perfecta. Anoche el gobierno giró un monto destinado a los bonistas reestructurados del cual un porcentaje puede ser desembolsado a los FB por el juez Griesa. Ello habilitaría a los mismos bonistas reestructurados a reclamar su pago total. Y si Argentina reniega del fallo, entra en default (cesación de pagos por insolvencia). Por eso el gobierno hoy mismo está intentando negociar la cancelación, un movimiento cuyo resultado desconozco, claro. (Mientras se edita esta entrevista, el viernes 27 de junio de 2014, según la prensa, el juez Griesa habría anulado el pago en tiempo y forma del gobierno a los bonistas reestructurados realizado sólo anoche.)”

-¿Qué pasa si el default se concreta?

“Se quebraría toda posibilidad inmediata de conseguir créditos externos para financiar la crisis. Ello profundizaría el derrumbe de las empresas, aumentaría la desocupación y las formas de flexibilización laboral. Sin embargo, la tasa de ganancia del capital en el mundo y en Argentina es una de las más altas de la historia, pese al desplome del salario y el aumento de la pobreza.”

Las causas principales de la crisis argentina

-Hay economistas de distinto signo que se refieren a una suerte de ciclos críticos en Argentina…

“Desde la mitad de la centuria pasada que las crisis recurrentes del país explotan por la falta de divisas y por la inflación provocada por las luchas intercapitalistas. Argentina tiene una economía muy concentrada. Hay 500 empresas que explican el 50% del PBI, y de las 500 hay 50 que, a su vez, explican la mitad del PBI. Y la inmensa mayoría de esas empresas (salvo excepciones como YPF) pertenecen a capitales privados transnacionales. Ahí está el meollo de la crisis.”

-Es decir, la causa es la forma nacional que contiene el capitalismo argentino…

“En efecto. El crecimiento económico de los últimos años, descontando la caída de 2014, jamás rompió con los límites estructurales del capitalismo. Es la dependencia propia del desenvolvimiento capitalista en Argentina y en los Estados periféricos. Por ejemplo, el proceso de sustitución de importaciones luego de la segunda guerra mundial fue un fenómeno acotado en gran parte de América Latina.”

Argentina y la hegemonía del capital financiero mundial

-Observando la expresión nativa de la crisis mundial, ¿cómo impacta la conducción del momento financiero del control de mandos de la reproducción capitalista?

“Con la caída de la tasa de ganancia a fines de los 60 del siglo pasado, la aparición de los petrodólares, etc., se constituyó una plétora de capital financiero que no encontraba dónde invertir en la economía real. Esa crisis se subsumió en la década siguiente.”

-Algunos plantean que la actual crisis proviene de los años 30 del siglo XX…

“A mi juicio tiene más que ver con la crisis de los 70 y con la fórmula de su salida que implicó el rediseño productivo capitaneado por la hegemonía del capital financiero. Entonces el capital financiero relanzó la crisis en los 70 hasta el 2007-2008. En ese marco surgieron los sistemas financieros derivados. Incluso se dice que el capital financiero que está dando vueltas en el mundo es 10 veces superior al PBI del planeta. Frente a semejante masa de capital-dinero girando, el complejo financiero mundial debió adecuar su dispositivo jurídico a esa realidad del capitalismo y su financiarización global.”

-¿Y bajo qué formas?

“La Comunidad Europea a inicios de los 70 y en el 76 en Estados Unidos, jurídicamente, establecieron como “recomendación” que cada vez que un país contratara deuda o emitiera bonos, ante cualquier litigio debía incorporar a un tercer país. Eso se llama hoy cesión de soberanía jurídica. Por supuesto que los países que ceden soberanía jurídica son los dependientes, no los Estados imperialistas. Ello terminó de consolidarse con el Plan Brady para América Latina que consiste en la titularización de los bonos donde desaparecen los organismos internacionales y los bancos como los grandes prestamistas, y surgen personas de derecho privado, miles de individuos compradores de bonos. A partir de allí, la cesión de la soberanía jurídica, de “recomendación”, pasó a una imposición de hecho.”

La Kaída

-El gobierno encabezado por Cristina Fernández no termina de reiterar las cifras de crecimiento macroeconómico, comparándolas incluso con las chinas. ¿Qué hay allí?

“En los últimos años Argentina creció, pero sin modificar las bases estructurales del tipo de capitalismo existente desde hace muchas décadas. La industria fue incapaz de obtener las divisas para su desarrollo, se retornó el déficit fiscal primario (aquello que genera la economía sin contemplar el pago de deuda) y se incrementó la deuda interna. Y políticamente se ha manifestado la incapacidad del Estado de arbitrar entre los distintos intereses capitalistas, es decir, en la disputa por la monopolización de la apropiación privada del excedente económico, disputa productora de inflación.”

-¿Cómo caracterizas la contingencia política argentina?

“Toda la derecha tradicional está de acuerdo con pagar la deuda para retomar más deuda. Eso es lo que buscan las grandes instituciones del crédito mundial. Ahora la actual administración paga, con el agravante de que lo hace con las reservas fiscales. Salvo la minoría de izquierda, todo el espectro del sistema de partidos políticos es también “pagador serial”. También hay que señalar que el presente gobierno jamás ha querido romper con el capitalismo ni el imperialismo. La presidenta ha sido clara cuando dice que su administración es pro-capitalista. Basta dar cuenta, entre tantos ejemplos posibles, su acuerdo y promoción del extractivismo. Lo que sí intentó fue canalizar y gestionar institucionalmente la lucha de clases, y guardar distancia con las formas más radicales del menemismo.

De todos modos, lo que pasa en el país ha provocado una discusión interna en el sistema financiero internacional porque una cosa son los Estados imperialistas y la industria financiera, y otra cosa son los intereses de los acreedores, de los FB y de los bancos que quieren cobrar sin importarles las consecuencias. Por lo demás, el juez Thomas Griesa es un hombre ligado al Partido Republicano norteamericano donde el Tea Party (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=154928) tiene un peso extraordinario.”

-¿Y el movimiento popular que se advierte muy fragmentado?

“El proceso histórico del capitalismo concentra, centraliza y hegemoniza por arriba, y divide y heterogeneiza por abajo. La heterogeneidad del movimiento de los trabajadores y el pueblo es muy grande, tal cual la tendencia mundial. Además, tanto el gobierno como algunos sectores populares han concordado en la cooptación.”

-Personalmente, hoy soy incapaz de ver una izquierda que sea vanguardia de algo. Lo que observo son territorios de pueblo en lucha que en cualquiera de sus movimientos se torna, queriéndolo o no, anticapitalista.

“Pero no acaba de resolverse porque no existe un eje concentrador. No ha surgido -pese a la multiplicidad de luchas sociales y a todas las agrupaciones políticas, sociales y culturales aparecidas desde la crisis de 2001 (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=141791)- un movimiento que no escape de la pura reivindicación económica. Aquí no se grita “Trabajadores al poder”.”

-Una zona de la izquierda tradicional obtuvo un puñado de bancas legislativas en las últimas elecciones…

“Efectivamente, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT, bloque trotskista) obtuvo muy buenos resultados electorales, sobre todo y sorpresivamente al interior del país (Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz, etc.).”

-Honradamente, lo aprecio en su mérito, pero es una franja completamente insuficiente cuando nos referimos a lo importante: las formas de implicarse en el movimiento real del pueblo y el fetiche parlamentarista, es decir, en la materia estratégica y de sentido de la vocación poder. ¿Cómo te imaginas la unidad política necesaria e independiente de los oprimidos/as?

“Estamos frente a una nueva realidad que produce discusiones que no existían. Sobre la unidad yo advierto dos planos: uno político electoral y otro de las luchas concretas. Ante la coyuntura de los FB debería existir un Frente Amplio Antiimperialista, por ejemplo. Ahora bien, en cuanto al ámbito político electoral, el FIT es una realidad y al mismo tiempo una limitación. Es preciso ampliar ese frente, aunque dentro de propio FIT hay quienes se oponen. Urge romper el sectarismo del FIT, tanto como el sectarismo de los no sectarios. En resumen: la multiplicidad de resistencias populares como el propio FIT tendrían que autosuperarse en la conformación de un nuevo continente político abarcativo.”

Eduardo Lucita es economista.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

El divisionismo se impuso en el capítulo argentino de la FSM y el ESNA

Víctor Mendibil (ACTA)

Fue a través de una declaración de la autodenominada “Coordinación Argentina de la Federación Sindical Mundial” que se publica en la Revista de la FSM América N° 77 de mayo-junio, lamentablemente no consultada con otros integrantes de larga tradición militante y de pertenencia a la FSM en Argentina.

En la declaración que se denuncia al imperialismo estadounidense por la decisión de la Justicia de ese país a favor de los acreedores externos que demandan a la Argentina, “los fondos buitres”, en actitud sectaria y excluyente, en lugar de convocar a la unidad de la clase obrera y el pueblo en lucha contra el imperialismo, alude solo a una parte del sindicalismo “oficialista” contraviniendo el sentido de la unidad sostenida desde el ESNA y la FSM.

El documento incluye la adhesión al gobierno, pagador serial de la deuda ilegítima contraída en tiempos de la dictadura genocida y hoy arreglada con el Club de París por 9.700 millones de dólares; las sentencias del CIADI; o el pago a REPSOL con bonos por 5.000 millones de dólares luego del saqueo realizado al frente de la privatizada YPF. Ahora habrá que incluir el “arreglo” con los fondos buitres que negocia el gobierno enfatizado por la Presidente en que se pretende cumplir con el 100% de los acreedores, manifestado en el acto por el día de la bandera en Rosario el pasado 20 de junio.

En el mismo espíritu actúan organizaciones que en forma inconsulta se asumen expresión del capítulo argentino del ESNA, que igual que los auto-asumidos coordinadores en Argentina de la FSM repudian el accionar de los acreedores externos, “los fondos buitres”, y destacan el pago de la deuda por parte del gobierno argentino.

Quiero resaltar que los firmantes desconocen el pronunciamiento histórico de No Pago a la Deuda Externa, inscripto en numerosos programas de organizaciones populares, entre ellos en los congresos de la CTA (antes de la fractura de 2010), e incluso en los 26 puntos de la CGT, y muy especialmente desde la convocatoria del Comandante Fidel Castro Rus a conformar un Club de Deudores en rechazo a la pretensión de los acreedores en 1985.

En esa multitudinaria asamblea realizada en la Habana participó una nutrida y destacada delegación de Argentina y otros países de la región. Es más, desde Argentina sostuvimos por largo tiempo el periódico “Deuda Externa”, como forma de difundir las razones y argumentaciones para el No Pago de la Deuda. Con ese antecedente fuimos parte de la iniciativa masiva de la “Auto-convocatoria No al ALCA”, que realizó en noviembre del 2003 una gran consulta popular que entre otras incluía una pregunta relativa a “pagar o no pagar la deuda” (entonces en default por 100.000 millones de dólares y cumpliéndose regularmente con los organismos internacionales por 44.000 millones de dólares).

El interrogante sobre la deuda recibió votos con el 86% de respaldo a la posición del No Pago. Participaron en la ocasión 2.100.000 personas. En el año 2000 el Juez de la Nación Argentina, Dr. Ballesteros, dictó un fallo en el que identificó la deuda externa del País como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”, un hecho histórico en el mundo, además dispuso la viabilidad de que el Congreso de la Nación abriera una investigación profunda sobre la deuda a fin de decidir la política a implementar, remitiéndole todos los elementos que estaban en la causa. El Congreso nunca se expidió, ni siquiera lo analizó, tampoco hizo nada el Poder Ejecutivo ni sus representantes.

Cabe preguntarse: ¿El fallo de un juez argentino es considerado inferior al de un juez norteamericano? Lo que urge es cumplir con lo dispuesto por el Juez Ballesteros: investigar, auditar sobre la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa que consideró probada, y así también hacer un homenaje a Alejandro Olmos que invirtió años de vida en esta noble causa de investigar y juzgar la deuda externa argentina. Estos respaldos masivos y calificados al No pago de la Deuda, los firmantes del caso lamentablemente los desconocen.

Además, el comunicado, no solo es firmado por organizaciones que nunca asistieron a actividades del ESNA, sino que es inconsulto con otros fundadores del mismo, que integramos desde el origen la articulación regional de la coordinación continental del ESNA.

Es lamentable la actitud de los promotores de esos pronunciamientos, como preocupante que la FSM América lo difunda a sabiendas de la exclusión de organizaciones y personalidades históricamente vinculadas al clasismo y a la FSM en nuestro país. También nos llama la atención la difusión del documento por la FLATEC, organización conocedora de la exclusión deliberada de organizaciones fundadoras del ESNA en el debate. ¿Será que los firmantes se subordinan a las estrategias del Estado capitalista en Argentina con la deliberada decisión de fracturar el espacio local de unidad en la FSM y en el ESNA?

Por estas razones es que repudio el accionar de la especulación financiera y en consecuencia la existencia de “fondos buitres” facilitados por las condiciones de emisión de deuda por el Estado Argentino.

Rechazo la cesión de soberanía jurídica de la Argentina a tribunales externos y por eso impulso el desconocimiento de la intromisión de la Justicia estadounidense en los asuntos internos, y denuncio la responsabilidad de la emisión de títulos en 2005 y 2010 bajo las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández otorgando la posibilidad a acreedores de la deuda a demandar a la Argentina en el exterior, lo que provoca ahora que el gobierno argentino se disponga a negociar la cancelación del 100% de la deuda.

Sostengo la necesidad de la independencia de los trabajadores del Estado, los patrones y los partidos, para que en unidad de acción se despliegue la lucha y la organización en defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo, la unidad latinoamericana y la emancipación y liberación de Nuestramérica.

Víctor Mendibil es Cosecretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA).

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina: Acerca de la reforma de los profesorados en Santa Fe: ¿socialistas neoliberales?

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Amine Habichayn (docente rosarina) nos describe y explica en qué consiste la reforma de los planes de estudios de los profesorados santafesinos implementado por el dícese progresista frente gobernante.



Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CXLV): "El péndulo: ¿descompuesto?"

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS. info)

A lo largo de la historia que vincula al General con el Movimiento se ha hablado de una política pendular ejercida por este y considerada necesaria para mantener la alianza entre la clase obrera y la burguesía industrial, que posibilitó el proceso de profundas transformaciones democrático burguesas que se produjeron en el llamado "primer peronismo"-1946-1952.

Estas, podrían haber sido la antesala del socialismo, de no haber anulado Perón toda autonomía de los trabajadores en la construcción de su organización; para asegurar su liderazgo.

Es interesante, rastreando el baúl de los recuerdos, recordar un diálogo entre Luis Gay, dirigente telefónico, presidente del Partido Laborista electo Secretario General de la CGT en 1947 y el entonces primer mandatario:

"… Después de mi designación como Secretario General de la CGT visité a Perón y me felicitó diciéndome luego que ahí, en su despacho, había un equipo de asesores que me habría de asesorar sobre las declaraciones que debía hacer y las medidas que debía tomar. Para no violentarlo, enseguida le respondí:

"Mire señor Presidente usted tiene muchos problemas importantes que atender, así que déjenos a nosotros, los hombres que tenemos 25 años en el movimiento obrero, dirigir la CGT.

El con toda prepotencia me replicó: "Entonces los sindicatos autónomos los dirijo yo".

Bueno ese es un problema suyo, señor Presidente y de los sindicatos autónomos, pero le puntualicé a la CGT la dirigimos nosotros".

Esta conducta fue duramente castigada. Meses mas tarde se lo acusó de traidor obligándolo a dar un paso al costado; siendo designado en su lugar José Espejo -el Rucci de esa época-.

Por su lado a Cipriano Reyes, secretario general del gremio de la carne y uno de los principales protagonistas del 17 de octubre, que cuestionaba la conformación del partido peronista e insistía en mantener la estructura del Laborista, se le imputó ser parte de una confabulación dirigida a asesinar al General junto con más de 90 militantes de esa corriente, que había conformado el frente que llevó a Perón a la Presidencia en 1946.

Detenido y sometido a brutales torturas permaneció en prisión durante casi 8 años.

Repitiendo la historia, "nuevamente como tragedia", en febrero de 1974 el designado Jefe de la Policía Federal por el "Viejo", Comisario General Alberto Villar asistido por su segundo Margaride hizo una idéntica acusación contra Julio Troxler y Envar El Kadre; de la que daré cuenta en una próxima nota.

Pese a todo ello en aquellos años 40 el proceso histórico que tuvo un sesgo antimperialista se enmarcó en un escenario claramente desfavorable ya que Estados Unidos, luego de la Segunda Guerra, reconstruía su hegemonía y veía con preocupación estos gestos "independentistas" de esta "oveja gris"; como caracterizara Ernesto Guevara a la Argentina del "primer peronismo".

Que, además, como decía nuestro compañero Roberto Sinisgaglia, la balanza de la historia se inclinaba a su favor, por las profundas transformaciones sociales, económicas y culturales logradas.

Este cuadro determinaba que en ese diciembre de 1973 siguiéramos reivindicando nuestra pertenencia peronista más allá de comprobar que no cabía duda del claro alineamiento del General, de su respaldo a la burocracia sindical encabezada por Lorenzo Miguel, de su apoyo al acuerdo con el partido militar concertado por la conducción burguesa del Movimiento y de su activa participación en el golpe palaciego que provocó la renuncia del Presidente Cámpora y de sus colaboradores.

Al mismo tiempo que el Consejo Superior había declarado el "estado de guerra contra los infiltrados marxistas" -leáse activistas obreros, militantes barriales, dirigentes estudiantiles, sacerdotes del Tercer Mundo y todos los que participaran del movimiento popular y revolucionario- el Líder llamaba a conformar el "Somatén" que ya había iniciado acciones criminales que hemos descripto en notas anteriores.

En el caso del Diario, luego del atentado a la imprenta y que estuvimos varios días sin poder editar el mismo, obtuvimos un claro respaldo de la Asamblea del personal y de dirigentes políticos del arco democrático.

También desde el movimiento obrero nos hicieron llegar la solidaridad y el repudio a la agresión.

En Córdoba se llevó a cabo un encuentro de gremios combativos al que asistieron, entre otros, Gráficos, Mecánicos-SMATA-Luz y Fuerza, Viajantes, Publicidad, Prensa, Universitarios, Correos, agrupaciones internas de metalúrgicos y el sindicato de Perkins los que ratificaron su oposición a las maniobras de los sectores ortodoxos alineados con la CGT nacional dirigidos a desestabilizar al gobierno provincial encabezado por Ricardo Obregón Cano y Atilio López.

La respuesta fue un atentado al domicilio de este último y, una balacera a la sede de Luz y Fuerza.

Al mismo tiempo que se escalaba la ofensiva de la Triple A con atentados en los barrios y agresiones a delegados de base, el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires Victorio Calabró, que luego de la masacre de Ezeiza reunido en Entre Ríos con el dirigente burocrático del gremio de la carne y vicegobernador Dardo Blanc, había exigido la destitución del Ministro del Interior Esteban Righi y del gabinete del "Tío"; conspiraba para lograr la salida de la gobernación de Oscar Bidegain.

De todos estos movimientos, que apuntaban a desplazar a los gobernadores de la Tendencia, no era ajeno el General; por el contrario formaban parte de su decisión de frenar el desarrollo del proceso revolucionario.

Miguel Ragone en Salta, Alberto Martinez Baca en Mendoza y Jorge Cepernic fueron víctimas de las maniobras de la derecha del Movimiento.

Este cuadro, sin embargo, no lograba detener el ascenso y desarrollo de las organizaciones revolucionarias.

El 3 de diciembre el Ejército Revolucionario del Pueblo procedió a detener al ejecutivo de la petrolera ESSO, subsidiaria de la multinacional EXXON, Víctor Samuelson, sobrino de Nelson Rockefeller.

Exigieron, para su rescate, la suma de 10 millones de dólares en comida, materiales de construcción y alimentos para distritos y barrios carenciados de todo el país más 4 millones para los afectados de recientes inundaciones.

Por tratarse de un claro representante del Imperio, la acción generó simpatía en amplios sectores de la población.

Al mismo tiempo y, preanunciando que este enero "la política no se tomaría vacaciones", se llevó a cabo un encuentro nacional del Movimiento Sindical de Base; con una amplia representación de los delegados de las fábricas de las riberas del Paraná y de Villa Constitución.

A su vez el diario lograba incrementar su tiraje, reorganizando la distribución quedando al frente de la misma un profesional con experiencia en este tema.

Decidimos, que ya que estábamos vendiendo cerca de 150 mil ejemplares en las dos ediciones -quinta y sexta - debíamos exigir la publicidad oficial que nos correspondía conforme a lo establecido por ley, por lo cual solicité una entrevista con el Ministro de Economía, José Bel Gelbard.

Me la concedió inmediatamente.

Concurrí a la misma con Ana Guzzetti, la periodista acreditada en Casa de Gobierno y con Alicia Eguren.

No recibió afablemente y al manifestarle nuestra solicitud nos respondió que no nos concederían publicidad alguna, pese a la ley, ya que nuestra postura de absoluta oposición nos colocaba "en la vereda de enfrente" y no estaba dispuesto a financiar voces disonantes.

Diferente sería si, en vez de atacar al gobierno en su conjunto, rescatáramos la política económica-agregó. En particular la apertura en las relaciones económicas con Cuba y la URSS y la reciente misión a Vietnam.

Además, insistió en que debíamos rescatar el pacto social.

Nuestra respuesta fue contundente. De ninguna manera hipotecaríamos la libertad informativa teniendo en cuenta que intentábamos ser el vocero de las corrientes antiburocráticas del movimiento obrero y de las expresiones del peronismo revolucionario, la izquierda guevarista y de los cristianos que adhieren a la Teología de la Liberación.

Reiteró su planteo agregando "Critiquen a López Rega con todo, pero diferéncienme a mí que intento restablecer la alianza de clases que fue fundante en los 40".

Nosotros insistimos en que no era ni la CGT de Lorenzo Miguel la representación de la clase trabajadora, ni existía la burguesía nacional que había representado Miguel Miranda en el primer peronismo.

Pese a la dureza de la confrontación nos despidió cortésmente y a los pocos días llegó un primer aviso de Presidencia para publicar, de casi media página.

En ese escenario complejo en el que se redoblaban las amenazas a mi persona por teléfono de voces anónimas que se identificaban como de la Triple A, se produjo en Paraná un extraño episodio que me llenó de preocupación.

Los vecinos de mi domicilio ubicado en la calle Paraguay en la que habían colocado un explosivo el pasado 29 de setiembre detectaron que desde un vehículo Renault, estacionado cerca del mismo, una persona con una máquina fotográfica y lente de aproximación tomaba imágenes de mis hijos que jugaban en la vereda.

Rápidamente llamaron a la policía que llegaron en dos patrulleros y detuvieron al desconocido.

Esa misma tarde mis amigos y colegas Luis Brasesco y Eduardo Solari se apersonaron en la Seccional Segunda negándoles el comisario toda información por lo cual interpusieron un habeas corpus preventivo en el Juzgado de Instrucción a cargo de uno de los mejores exponentes de la justicia independiente en el fuero penal, en nuestra provincia, Silvano Santander.

Este solicitó informes sin resultado alguno.

Ante esta situación y en reunión con el equipo del diario y con Benito Urteaga, decidimos apresurar la instalación en la Capital, de Alba y de los chicos.

En esa vorágine, en la que todos los días parecían años, sentíamos que, pese a los enemigos poderosos que debíamos enfrentar, cada vez más compatriotas recuperaban el mensaje del Che; los que nos llenaba de alegría.

Las noticias que llegaban de Vietnam, de Centroamérica, de África y de las naciones árabes, alimentaban nuestro optimismo.

¿De qué forma responde el General al crecimiento de las organizaciones revolucionarias? ¿Cuál es la reacción gubernamental al intento de copamiento de una unidad militar en Azul llevada a cabo por el ERP? ¿Cómo se profundiza la represión y el debate con la izquierda reformista?

Estos y otros temas abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario "El Mundo" y de las revistas "Nuevo Hombre" y "Diciembre 20".

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Boletín informativo de CORREPI

Custodio de la presidenta condenado por gatillo fácil / Crimen de Saavedra: Se les complica el camino hacia la impunidad / Otro capítulo represivo en la lucha docente salteña / Combinaciones carcelarias: Abandono, agresiones y muerte / Represión a trabajadores en Callao y Corrientes.
.

Custodio de la presidenta condenado por gatillo fácil
El 17 de mayo de 2013, mientras la Federal y la Metropolitana reprimían en el Hospital Borda, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Rafael Villamayor, Marcelo Dellature y Jorge Camino, absolvía, con el voto de los dos primeros, al policía federal Maximiliano Germán Ledezma, que, el 26 de septiembre de 2010, fusiló con cuatro y tres tiros en la espalda a Walter Robles y Leandro Pérez, dos pibes de Villa Fiorito.
El fiscal había pedido 20 años de prisión. Las madres de los chicos, Marcela Robles y Nélida Barrios, militantes de CORREPI asistidas por la compañera María del Carmen Verdú, reclamaban prisión perpetua. El juez Caminos votó por la condena, pero sus colegas Villamayor y Dellature dijeron “legítima defensa”, y aclararon que Fiorito es “una zona baja naturalmente hostil a la policía”. Los vidrios rotos del edificio de los Tribunales de Lomas mostraron que también es un barrio hostil a la impunidad.
Trece meses después, al calor de una lucha que no cesa, hoy CORREPI y Fiorito festejan. En fallo unánime, la Sala I del Tribunal de Casación Penal provincial revocó la absolución y condenó al policía federal Ledezma por homicidio.
Tan grosera había sido aquella absolución, que el camarista Benjamín Sal Llargués rompió el protocolo judicial y, vinculando el asesinato de Walter y Lean al fusilamiento del brasileño Charles de Meneses en el subte de Londres, dijo: “A salvo la infausta ley del ‘shoot to kill’ del Reino Unido, que yo sepa, nada autoriza a disparar a zonas vitales a quien huye. Pérez ha sido aquí –como Meneses allá- víctima propiciatoria de la nuda violencia estatal”. También se refirió al “pensamiento cavernario de los portavoces del odio a los pibes chorros”, como definió a los periodistas que “celebran el gatillo fácil diciendo ¡uno menos!” y “administran los estereotipos de la criminología mediática”.
La causa volverá ahora al tribunal oral, para que se fije la pena que deberá cumplir el policía federal, que está en actividad, con su uniforme y su arma, y en la calle. Cuando fusiló a los chicos, formaba parte de la custodia presidencial en Casa de Gobierno.
Sabemos que no termina aquí la lucha. Seguirá la pelea en los tribunales, porque vendrán los previsibles recursos de la defensa ante la corte provincial y la federal. Y seguirá, ante todo, la lucha organizada en la calle, que es nuestra única fuerza frente a la represión.

Crimen de Saavedra: Se les complica el camino hacia la impunidad
El camino hacia la impunidad del policía federal Javier Iván Almirón comenzó a complicarse el día que la familia de Gonzalo Marcos Crespo decidió organizarse y luchar para que el asesinato del pibe de Saavedra no pasara al archivo de las barbaridades judiciales.
Decidieron hacerlo en CORREPI y parece ser que esto fue considerado un problema por los defensores institucionales del criminal uniformado. En mayo, los integrantes de la División de Asuntos Penales (Dirección de Asuntos Jurídicos) de la PFA apelaron la resolución del juez instructor que incorporó como querellantes en la causa a Beatriz Racedo, mamá de Gonzalo, y Fiamma Campos, su compañera y madre de su bebé.
Osada aventura judicial la que emprendieron los funcionarios que defienden al policía: las compañeras, con el patrocinio de CORREPI, cumplieron todas las formalidades necesarias, pero no fue eso lo que objetaron los abogados del ministerio de Seguridad. Plantearon que no podían ser querellantes porque Gonzalo no es la víctima en la causa que investiga cómo y por qué el policía Almirón le metió cinco balas 9 mm en el cuerpo.
La Cámara, después de escuchar el pasado 19 de junio a los apelantes, y la respuesta a su planteo de CORREPI y el fiscal Sandro Abraldes, resolvió esta semana rechazar el recurso y ratificar la condición de querellantes de nuestras compañeras. Al mismo tiempo, mandó al juez de primera instancia a revisar la causa, en la que hoy el policía goza de una provisoria falta de mérito, insinuando que, como lo reclamaron querella y fiscalía, se debe procesar al asesino por el homicidio de Gonzalo.
Cinco balazos en zonas vitales, cuando ningún peligro acechaba al policía federal Almirón, son más que suficientes para habilitar esa circunstancia procesal. Cinco balazos que echan por tierra la mentira del policía, que intentó colocarse en situación de ejercer una defensa que nunca fue legal ni mucho menos legítima.
En CORREPI conocemos la ruta de la impunidad. Suelen diseñarse en las oscuridades de los despachos policiales y judiciales cuando la familia está con la guardia baja, en medio del dolor y el desconcierto.
Por eso la estrategia de la defensa buscaba apartar, no simplemente a los familiares de Gonzalo en tanto tales, sino en su condición de militantes organizados en la lucha antirrepresiva. Esa condición es la que molesta y entorpece el camino de los asesinos.
Lo saben en la institución, desde el que manda en el Ministerio, hasta el que apretó el gatillo. Y también lo saben los abogados a los que el estado sostiene para defenderlos.
Desenmascarada la maniobra, con agitación en las calles y movida frente a su edificio, a la cámara no le quedó otra que invalidar la pretensión de la defensa de alejar a la familia de Gonzalo del expediente.
Ahora vamos por el procesamiento y la detención del policía federal Javier Iván Almirón. De lo contrario, resultará que tiene razón su jefe político, el coronel Berni, cuando dice que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra...

Otro capítulo represivo en la lucha docente salteña
La infantería salteña impidió que docentes de la provincia de Salta instalaran una carpa blanca en frente al Cabildo de la Plaza 9 de Julio de la ciudad capital, como parte del plan de lucha en reclamo por mejoras salariales.
Los Docentes Unidos de Salta habían anunciado la medida para difundir sus exigencias y realizar actividades culturales en el lugar, a lo que el gobierno salteño respondió con un operativo policial de más de 500 efectivos en inmediaciones del Cabildo.
Entre agresiones y gas pimienta, la policía reprimió y dispersó a los manifestantes, agrediendo brutalmente a un padre autoconvocado que apoyaba la manifestación y terminó hospitalizado con fractura de tres costillas. Al mismo tiempo, unos 50 efectivos desarmaron el acampe dentro de la Plaza 9 de Julio, donde los docentes se encontraban ya instalados, y se llevaron sus pertenencias, entre ellas documentación y dinero. Una de las trabajadoras denunció haber sido golpeada cuando intentaba defender el acampe.
En la represión se detuvo a la docente Marcela Romero (quien ya recuperó su libertad) y al fletero que llevaba la carpa, a quien se le abrió una causa adjudicándole haber atropellado a uno de los policías. Una acusación absurda y falaz como lo denuncian los Docentes Unidos de Salta.
El suceso se inscribe en la larga lista de actos represivos dirigidos por las espadas mayores del kirchnerismo en todo el país, destinados a reprimir y criminalizar la protesta, contrariando el discurso de “no criminalización de la protesta”, tanto tiempo negado por los voceros del peronismo en el gobierno. Siempre dijimos que la mentada “política de derechos humanos” y ese discurso no eran más que un recurso oportunista y falaz destinado a invisibilizar el verdadero interés de clase que defendió el gobierno en su “década ganada”. La lógica es la misma en todo el país: trabajadores en lucha, trabajadores protestando, gobiernos "progresistas" con el mazo dando.

Combinaciones carcelarias: Abandono, agresiones y muerte
El 17 de junio, Gustavo Benito Aranda murió en su celda del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, abandonado a su suerte luego de reclamar por atención médica durante 20 días.
El joven, qué había cumplido 29 años dos días antes, no había recibido más que un calmante en la sección de sanidad del penal desde que comenzó con fuertes dolores estomacales el 29 de mayo pasado.
El lunes 23 de junio, José Luis Orellana fue apuñalado en una celda de la unidad 5 de Mercedes. José Luis se encuentra preso por una causa armada en la que la policía lo obligó a firmar una conformidad para hacerlo cargo del asesinato de un custodio de seguridad de un supermercado chino.
El chico, de 21 años, sufre una parálisis facial y presenta retraso madurativo, a lo que se suman problemas coronarios y auditivos. A sabiendas de esto, y aprovechándose de su incapacidad para leer, la policía lo cargó con una acusación que le valió una estadía en Olmos a base de palizas y puñaladas, antes de ser trasladado a Mercedes.
El miércoles 25 de junio, al mediodía, Cristian Valdez Aquino, preso en la Unidad 24 de Florencio Varela, fue atacado por atreverse a reclamar un año de libertad que le debe el estado: uno de los seis penitenciarios que lo agredieron dentro de la celda de castigo le disparó una perdigonada de escopeta cuando se encontraba acostado. El joven se encuentra realizando una huelga de hambre como parte de sus reclamos.
Sólo tres ejemplos en menos de un semana de cómo entienden los gobiernos nacional y provincial el mandato constitucional de “cárceles sanas y limpias”.

Represión a trabajadores en Callao y Corrientes
El jueves 26 de junio, mientras terminaban en el Puente Pueyrredón las actividades a 12 años de la represión que costó la vida de Maxi Kosteki y Darío Santilán, los trabajadores de Paty-Quickfood se movilizaron al ministerio de Trabajo y al sindicato de la carne, en medio del conflicto desatado tras la decisión de la patronal de cerrar la planta en Martínez, Buenos Aires, y concentrar la producción en San Jorge, Santa Fe, lo que deja en la calle a centenares de obreros.
Luego, para visibilizar su reclamo, se dirigieron a Callao y Corrientes, junto con delegaciones de trabajadores otras plantas en conflicto, como Lear y Donnelly, y militantes de diversas organizaciones que se acercaron a solidarizarse. El operativo policial fue gigantesco, con gran cantidad de móviles, carros hidrantes y celulares y personal policial de las comisarías 3ª (entre ellos el comisario Carnero, uno de los imputados en la causa por los disparos de balas de plomo en la represión de la Sala Alberdi del año pasado) y 5ª, del cuerpo de Infantería, la Doucad y decenas de agentes de civil.
En ese marco de provocación, varios funcionarios policiales sin identificación detuvieron a un trabajador de la textil Brukman y militante de Democracia Obrera, Miguel, quien fue golpeado y trasladado a la comisaría 5ª. La imputación, de vuelta, lo que llamamos “combo manifestación”: resistencia a la autoridad y lesiones, típica calificación que sirve a la vez para iniciar las actuaciones judiciales, y enmascarar tras la argumentación típica de que “el personal policial debió aplicar las fuerza mínima necesaria para vencer la resistencia del incuso” la tremenda paliza que le dieron. Tan tremenda, que Miguel debió ser asistido en la comisaría por personal médico del SAME que decidió su internación en el Hospital Ramos Mejía.
Militantes de CORREPI y CEPRODH se dirigieron de inmediato a la comisaría, donde tomaron intervención y en cuestión de horas fue liberado desde el hospital, donde le hicieron el aguante sus compañeros.
Un nuevo episodio que confirma lo que venimos señalando: frente a más ajuste y represión, debemos profundizar la lucha organizada.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ni un pibe menos: Repudio a los recortes en el Servicio Alimentario Escolar y reclamo para su inmediata restitución

ACTA

"La nutrición de la población más vulnerable, que se encuentra en su principal etapa de desarrollo, debe ser una de las principales prioridades para todo Estado que tenga visión de presente y futuro".

"Descargar el ajuste sobre el servicio de Comedores Escolares, bajo argumentos débiles y que no dan cuenta de la magnitud de la problemática real de los niños/as que asisten a escuelas con comedor, es propio de un Estado ausente en políticas sociales.

Desde el Foro por los Derechos de la Niñez, reclamamos por la restitución de los cupos en los comedores escolares a raíz de los cambios dispuestos en el Servicio Alimentario Escolar del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Se estima que el recorte representa la pérdida del alimento de entre el 23 y el 30% de niños/as y adolescentes que hasta mayo recibían el beneficio de desayuno o merienda y raciones dobles en jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias dependientes de la Dirección Provincial de Escuelas.

De acuerdo a algunas estimaciones que trascendieron, sólo en Mar del Plata se recortaron más de 4 mil cupos, y la medida puede perjudicar en La Plata a alrededor de 13.765 niños y jóvenes, en Almirante Brown 16.108, y en San Miguel 6.412. En total, se proyecta más de medio millón niños y adolescentes afectados, la cuarta parte de la población que hasta mayo estaba se calcula incluida sólo en algunas categorías del programa del gobierno bonaerense.

El recorte en comedores, la ausencia de políticas sociales en lugares estratégicos, la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado ante el avance de las mafias, y la falta de voluntad en la plena aplicación de la ley de niñez, se contrapone con la urgencia de un ejecutivo provincial que apura la aprobación de policías locales e invierte más en armas que alimentos. Parece que este Gobierno provincial está dispuesto a continuar cambiando abrazos por itacas, profundizando los circuitos delictivos en vez de abordar los problemas con madurez desde la raíz.

Lamentamos que se priorice la “emergencia en seguridad” que se materializa en la disposición indiscriminada de recursos hacia la compra de más patrulleros, armas, construcción de instituciones cerradas y más policías; cuando aún miles de niños/as se encuentran en “emergencia social” y en peligro en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Da cuenta de esto el comunicado del Consejo Local de Mar del Plata, en donde ocurrieron dos hechos que merecen no solo el repudio sino la intervención inmediata del Estado. Uno de ellos ocurrió el 14 de junio, cuando “un niño en situación de calle de escasos 6 años fue brutalmente golpeado por una comerciante de la ciudad” señalan desde el organismo local y agregan “el ingreso de un grupo de policías armados a un establecimiento escolar en horario de clase, esgrimiendo que estaban persiguiendo a un joven que creían sospechoso”.

Por esto acompañamos la Jornada de Protesta y movilización convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina provincia de Buenos Aires para el próximo 2 de Julio, cuando se movilizará a la Dirección General de Cultura y Educación en reclamo de nombramiento de personal, pase a planta permanente de miles de trabajadores precarizados, actualización y pago de sueldos atrasados de docentes y auxiliares, mejor infraestructura edilicia. Y luego la marcha avanzará hacia el Ministerio de Desarrollo Social donde se manifestará contra el recorte a los comedores escolares y populares.

A diez años de la creación de este espacio multisectorial y de la sanción de la Ley de Niñez 13.298 en la Provincia, no aceptamos retrocesos en los derechos conquistados, y volvemos a convocar a los distintos actores para lograr nuevos acuerdos que nos permitan avanzar", concluye el comunicado del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires–10 años.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

La ley contra la violencia laboral en la Ciudad de Buenos Aires, un derecho poco conocido

LA RETAGUARDIA

Con la Ley 4.330, en la Ciudad de Buenos Aires, la pena se agrava si el victimario de violencia laboral es un Superior Jerárquico. Este es solo uno de los derechos que otorga esta norma a los trabajadores, que en general la desconocen. La doctora Catalina Galati se refirió a la mesa en la cual participó en las I° Jornadas Multidisciplinarias del Hospital Pirovano para hablar de este tema. Fue entrevistada por el programa ¡Oíd Mortales!, que se emite los lunes a las 20 por Radio La Retaguardia.

“Todos la conocen por la ley 1.225, pero en realidad, esta ley, que es de 2003, tuvo una modificación en 2012, que para mí es importantísima, que es la Ley 4.330. Tenemos que contar en qué consiste. Hay todo procedimiento para hacer este sumario”, dijo Galati durante el diálogo con la Lic. Cristina Varela y Luis Angió.

- Oíd Mortales: Es una ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se aplica para todos los y las trabajadoras del Gobierno de la Ciudad o también en el ámbito privado?

- C.G.: También en el ámbito privado.

- OM: En empresas que tengan su sede en Capital Federal.

- CG: Hay que aplicarlo, porque es violencia laboral. Los fueros laborales de Capital Federal los tienen que trabajar. Porque lo que dice la primera ley - la segunda refuerza estos conceptos- es sancionar y prevenir toda acción que humille, intimide, denigre, menoscabe a un trabajador o a una trabajadora.

- OM: ¿Qué es la violencia laboral?

- CG: Toda acción que cualquier persona comenta contra un trabajador o una trabajadora, y que esa acción o esa omisión la humille, la menoscabe, maltrate, la acose sexualmente; u hostigamiento. La ley en el artículo 3° habla de una serie de conductas, pero no es taxativa, es enumerativa. Es decir, cuando una ley en un artículo nos dice que estos son los delitos o estos son los agravantes, estos y solo estos. Es taxativo, no puedo agregar.
Cuando la ley dice que estas conductas son meramente enunciativas, pueden existir otras conductas u otras omisiones que humillen a la gente o que sea una violencia. Eso, si encuadra en la ley.
Lo que decía la ley antes (con la ley 1.225) era que toda acción de humillación, de intimidación, de hostilidades, de violentarlo a alguien, maltrato físico también, acoso sexual, hablaba de superior jerárquico. ¿Por qué? Porque decían que esta es la que tiene el poder, esta es la persona que, o me va a echar, o me va a amenazar con echar.
Por ejemplo, tenían el poder de decirles a otras personas que trabajan conmigo: “No le hablen”. Eso es típico de un grupo de compañeros que dicen “No le hablamos; hace las cosas mal”.
Es interesantísimo cuando la ley dice que te den una tarea denigrante, que te den una tarea que saben que no podés hacer. Eso es violencia. O que no te den los insumos para poder hacerlo.

- OM: O que directamente no te den tareas para hacer.

- CG: Eso es denigrarte también, te quedás en un rincón. Yo decía en las Jornadas que parece tan simple, estos términos - que siempre lo charlamos- , tenemos que empezar a hablar de otra manera. ¿Cuántas veces le decís a alguien “A mí así no me servís”? Es violencia.
Lo que nosotros tenemos que entender cuando hacemos una denuncia de este tipo es que la ley te habla de continuo, repetido.

- OM: Por ejemplo, una compañera viene muy triste, entonces le digo: “Así para trabajar no podes estar”, “Quedate tranquila”, “Hoy te pasa esto”.

- CG: Claro, “Hoy te pasa una cosa así”, entonces, vos como jefa o como compañera le decís: “Hoy mejor no toqués nada porque tenés un problema”.
La ley dice que tiene que ser continuo, porque así es, y repetido. Ahora la ley dice sistemático, continuo, repetido; que esta persona se sienta continuamente humillada. Claro que con el acoso sexual es otra cosa.

- OM: Para el afectado, ¿cómo lo puede demostrar? Porque hay un segundo o un tercero en discordia, que es la periferia, las otras personas que muchas veces no se animan a atestiguar contra uno o contra otro.

- CG: Por eso la nueva ley hace un montón de nuevas modificaciones. En la administración siempre hablamos de un descargo, alguien hace una queja, pide una sanción disciplinaria, y lo primero que se hace es decirle a esa persona que tiene el derecho al descargo. Eso también me gustaría aclararlo: el descargo es un derecho; si quiero, lo ejerzo; si no, no. Lo que me tiene que decir la Administración es: “Acá tiene una queja, o pedido de sanción. ¿Quiere hacer un descargo? Tiene tres días para hacerlo”. Pero es mi derecho. Esto no se puede hacer ni en la 1.225 ni en la 4330.
Alguien dice que está sufriendo violencia laboral, describe un hecho. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando llegamos a eso, primero es todo confidencial, no hay nombres. Primero tenemos que ver quién lo hace. Antes, con la Ley 1.225, era su jefe. Si era el jefe directo, no podía ir a él, entonces pasaba la vía jerárquica e iba al que le seguía. Esto es lo que ocurre.
En el hospital, por ejemplo, lo sabíamos pocas personas, que se lee todo. Ahora, cuando se termina de leer todo, se le pide una información al jefe del área, que haga un informe de la circunstancia, si sabía algo, si alguna vez le notificaron algo, por ejemplo, y si sabiendo, tomó medidas.
Esa denuncia que hace una persona que está sufriendo violencia laboral, las autoridades tienen que hacer lo siguiente: en un sobre cerrado, lo que pone en el asunto es “Violencia laboral”. Siempre tienen que estar las iniciales, y lo tiene que elevar inmediatamente. Cuando llega al Ministerio de Salud sin analizar nada se envía a la Procuración y se abre un sumario.
Mucha gente dice: “¿Pero al que denunciaron cuándo se va a defender?”. Se va a defender cuando se abre el sumario.

- OM: Pero primero hay un proceso administrativo interno del organismo al cual depende el damnificado.

- CG: Pero poco. No es que el que fue denunciado puede hacer un descargo o no. Se entera cuando lo llaman de la Procuración y le van a notificar si va a estar indagado por el supuesto violento.

- OM: ¿La Procuración tiene que elevar el caso a los tribunales laborales?

- CG: No. Esto es administrativo. Es un sumario administrativo que puede llegar a 30 días de suspensión, la cesantía o la exoneración. Y lo que hace también la ley ahora es, primero, agravarte la pena. Si sos superior jerárquico, tenés más pena. Y además la Ley 4330, saca al “superior jerárquico”. Mi colega, mi compañera, la administrativa, cualquier puede cometer las conductas de violencia. Eso también es importante. Porque a veces hay un grupo de personas que hacen la vida imposible, y son los propios compañeros, y esa persona no puede trabajar bien.
Cuando hacemos esto, viene el sumario administrativo. Los abogados de la Procuración dictaminan y dicen si hubo violencia o no.
A partir de eso, seguimos protegiendo. Porque hubo casos en que se hizo un sumario, la Procuración consideró que no había violencia, que no fue continuo, porque no se repitió, porque fue alguna vez, porque testigos dijeron que no; hay una probanza. Y esta persona que se sentía tan mal porque la habían denunciado por violencia empapeló todo el lugar de trabajo con el dictamen que había dicho que no había habido violencia. Con lo cual, tuvo otro sumario administrativo por violencia.
Siempre debe ser confidencial, jamás podés decir los nombres. Y la nueva ley - que para mí es genial- agrega este artículo 12°, que no estaba. Protege al que denuncia por violencia y al que salió como testigo. Todos sabemos que alguien no saldrá como testigo. Porque está el miedo, la incomodidad. Cuando pedís un testigo para ir a tribunales, contesta que pierde toda la mañana, dice “¿Me van a hacer mentir?”, “Yo tengo que seguir trabajando”. O lo que a veces dicen tanto los jefes como alguien que pedís como testigo, “Yo creo que se llevan mal”, “Yo creo que como no tienen los mismos gustos...”.
La Ley 1.225 no protegía. Ahora el artículo 12° dice que si yo hice una denuncia o fui testigo, si me alteran mi condición de trabajo en los subsiguientes 6 meses de la denuncia, se presume, -salvo prueba en contrario-, que me echaron por eso. Es fabuloso. Porque ahí sí me defiendo y puedo conseguir un testigo que diga que es realmente testigo. Porque es una ley que me protege y que presume que me echaron o que me alteraron o que me violentaron porque yo te salí de testigo o porque denuncié a alguien. Eso es importante.
Y la responsabilidad solidaria de un jefe. Muchísimas veces el jefe o el que tiene mayor autoridad sabe que ocurren estas cosas.

- OM: Aunque no es el victimario directo, lo avala.

- CG: Por eso la ley habla de omisión. Es decir, “vos sabés que me tratan si soy gay o no, si soy separada, negro, cabecita, peronista”. Hubo un caso. Alguien durante 10 años soportó que un jefe lo hostigue.
Hablábamos de la prueba: esta mujer pudo probarlo con mucha gente que se cansó de esto y le salió de testigo, y, además, una denuncia en la policía.
Nosotros decíamos en las Jornadas cómo esta violencia repercute en tu vida, en tu casa, con tus hijos, con tu marido, con el trabajo que no vas a hacer bien.
Yo di un ejemplo un poco bruto en esas Jornadas: Vos vas a tu trabajo y estás toda la mañana pensando que ahora viene el señor y me va a tocar la cola, no voy a ir a trabajar tranquila porque estoy esperando la mano en la cola. Y es ese miedo y tengo que ir a laburar, y no se lo cuento a mi marido, no se lo cuento a mis hijos, no se lo cuento a nadie.
Esta mujer, después de 10 años, creo que le hizo un comentario al marido: “Ya no puedo más”. Fue a esperarlo a la salida del trabajo, hubo trompadas. Uno dice que es lógico, pero ahí se genera más violencia.
Hubo denuncia policial, hubo testigos, y los exoneraron al jefe inmediato y al superior. Tenía conocimiento de esto, y no hizo nada.
La nueva ley también agrega en el artículo 9°, el traslado preventivo. A mucha gente le da miedo, porque dice “Estoy prejuzgando” y después vos podés tener una denuncia porque me prejuzgaste y me hiciste un traslado preventivo.
Pero no es así, con las violencias doméstica y familiar pasa lo mismo: se hace una denuncia y lo primero que hacen es excluirlo.
Es importante eso, siempre aclarar que esto no significa prejuzgar, pero que se hace porque alguna medida hay que tomar.
A veces el superior saca a la víctima. Entonces lo victimizás dos veces. Es decir, “Pobrecita, a vos te maltratan, te voy a cambiar de oficina”. ¿Otra vez? Es terrible.

- OM: Al victimario preventivamente lo pueden trasladar.

- CG: Sí.

- OM: Ahí ya el sumario dejaría de tener el secreto de quiénes son las partes.

- CG: No, porque lo tiene que manejar la jefatura. De alguna manera tenés que manejarlo para que no se sepa. Creo que eso es algo que se sabe.

- OM: En este tipo de situaciones, trabajando en un lugar se ven las cosas que pasan. Salvo que sucedan situaciones en donde alguien se queda a solas con otra persona, compañero, jefe o con quien sea. En proporción, se convive mucho más tiempo con más personas que con la familia; siempre es más amplio el espectro de quién te conoce y a quién conocés como persona.

- CG: Yo tengo más que nada experiencia en salud. Puse el ejemplo de violencia familiar porque hago familia. También es esto, el que agrede o el que pega dice “Que me lo comprueben y después me sacan”. No, hay que proteger, hay que tratar de proteger.
Nosotros en salud lo vemos. Cuando ves una persona cómo actúa y tiene cierta conducta, te das cuenta si está mintiendo, si está haciendo una confabulación de la violencia. Si es: “Te dije cuerva, Catalina, una vez. Era una broma”. Ahora, si todos los días llego al hospital y me dicen “Ahí viene la cuerva, estos abogados, todos ladrones, no saben nada”, bueno, ahí sí. Yo siempre digo lo mismo: lean la ley. Porque además de ser muy fácil es muy importante hacerlo.

- OM: En general, en los medios no se habla de un jefe que acosa a un trabajador o un trabajador que es acosado por sus propios compañeros, sino que sale que le pegaron a un médico, a un administrativo, ¿esto está encuadrado en estas leyes?

- CG: No. Yo no sé si puedo hacer una denuncia por violencia. Pero les cuento lo que me pasó una vez. Con esto de “pegan a un administrativo” la gente se pone nerviosa, no consigue un turno; los médicos o enfermeros que han dado trompadas en las guardias. Hace muy poco se hizo un paro, una movilización, para la defensa del profesional del equipo de salud. Porque hay una defensa. Y hay una violencia.
Existe una oficina de la Corte Suprema de Justicia, la Oficina de Violencia Doméstica, ubicada en Lavalle 1250 y que atiende las 24 horas. Cualquier persona puede ir a hacer una denuncia. Yo fui una mañana a hablar con los abogados, y me dicen “No, estás hablando de otro tipo de violencia. Nosotros estamos acá por la violencia familiar, la violencia doméstica”. Me tomaron los datos, estuve varios minutos hablando con ellos, y me dicen “Es terrible, estas cosas ocurren”. Sí.
Ahora, yo creo que acá tiene que haber una protección a nivel Estado. Algo tiene que pasar para que nos protejan. Es decir, la salud de los trabajadores de la salud.
Por otro lado - y esto es una opinión muy personal- , un hospital no es una isla. Cuando hay tanta violencia, cuando a veces pasa que hay tanta demanda y la gente espera, a veces no hay respuesta. Y un administrativo no puede decidir si te da o no te da. ¿A esta persona que necesita un turno, dónde la pones, en una lista de espera, lo atendés más tarde? Que vaya a la guardia, la guardia está completa. Yo creo que es un problema mucho mayor. Me parece a mí que hay un sistema perverso, hay una demanda.

- OM: ¿A los trabajadores quién nos forma para poder contener a las personas que están en una situación de vulnerabilidad? Desde algún lugar, quizá gremial o institucional, podrían dar formación. Porque hay gente que a pesar de esto puede entrar en complicidad con el paciente.

- CG: Siempre hablamos de la relación: médico-paciente, enfermero-paciente o paciente con administrativos. Yo soy de la idea de que la gente que está en ventanilla rote, hacer talleres, que haya un psicólogo que lo escuche.

- OM: Grupos de trabajo entre los compañeros.

- CG: Pero es mucho. El escuchar al otro también te trae algo. Ponerte en el lugar del otro, porque yo también voy a ser paciente. Pero es pedirles mucho. Y se enferman. Vamos a darles un apoyo psicológico, sacarlos de esos lugares.
Es distinto cómo la gente reacciona frente a un profesional, cómo se dirige al médico - a pesar de que lo esperó tres horas- , cómo se dirige al enfermo, cómo se dirige al kinesiólogo y cómo se dirige al administrativo.

- OM: Es una cuestión cultural también.

- CG: Sí. A mí me tratan diferente, y eso que yo les doy la devolución de las quejas. Yo tengo dos clases de personas: el que me insulta y dice: “Vos sos la abogada de acá dentro; sos cómplice, estás con ellos y siempre les vas a dar la razón”. Y está el otro que dice: “No lo puedo creer, hay un abogado en el hospital. Me está escuchando, me está haciendo una devolución”.
Ese es un trabajo que hace muy poco lo estamos haciendo, porque está la ley de quejas. Pero eso ha ayudado muchísimo, porque la gente siente que lo que escribió molesta, triste, mal, no lo ponemos en un cajoncito. Ahí nosotros le pedimos la información y cuando nos contesta, llamamos a esa persona y le decimos que tenemos la devolución. La gente dice: “Esta respuesta a mí no me gusta, esto no es una respuesta” o esto no es una disculpa”; se enoja, amplía.
Pero yo creo que el contacto es lo que sirve. La gente que viene y le damos una devolución y la siento en una oficina y le digo que espere, que viene el doctor, el administrativo o el enfermero a hablarle. La gente siente que hizo una queja, que no está en un cajón, y que alguien le va a dar una devolución. Y se la respeta.
Más de una vez la dice: “No estoy de acuerdo. Pero gracias, me han hecho la devolución. Espero que nunca más pase” y te dan la mano, les digo “Es un trámite administrativo. Además la ley me la exige. ¿Archivo esta queja?”, “Sí, archívela” o “La voy a ampliar” o “No, voy a ir a la defensoría”.
Creo que podemos hacer muchas cosas. Pero hay que proteger al trabajador.

- OM: Lamentablemente, en los medios de comunicación esto no se refleja, porque estas cosas están naturalizadas. La violencia laboral de decir “Pero es el jefe...”. Pero uno tiene que saber que el jefe supuestamente es jefe por su capacidad, su tarea, trabajo o antigüedad, no porque tiene más poder. Ser jefe no da poder sobre las personas, sino que da poder y responsabilidad sobre los actos que hay que hacer en la tarea cotidiana.

- CG: Por eso me encanta que la ley agrave la pena. Si yo soy jefe, es porque tengo otras capacidades, otro nivel; sabemos mejor, sabemos conducir, cómo manejar. Entonces, me lo tienen que agravar. Lo que pasa es que el miedo está. Hablamos de este tipo de cosas, del cambio que hemos hecho, y sin embargo siguen diciendo “Es mujer”, “Entre un abogado y una abogada, meto como jefe de departamento al abogado”.

- OM: Eso se da en todas las áreas de trabajo. En el área privada se da el hecho del salario: por ser mujer, en la misma función le pagan menos. En al área estatal no tanto, porque hay un escalafón que se cumple y, más allá que sea hombre o mujer, no les pueden bajar el sueldo. Eso también es violencia.

- CG: Tendríamos que terminar con esto de dar examen todos los días. Yo he escuchado todos los días: “Doctora, ¿todos los días doy examen? Yo ya me recibí”. Es como que alguien le exige. Y hay una realidad, a veces el que no es jefe le explica todos los días al jefe.
Creo que tenemos que hacerlo de a poquito. Y enseñarle a la gente esto. La gente sabe que existe la Ley 1.225, hablan de ella, y la modificación a esta ley no la nombran. Es la Ley 4.330.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Puja redistributiva: El plenario de secretarios generales de CONADU Histórica rechazó la propuesta salarial del Gobierno

CONADU - ACTA

El plenario de secretarios generales de la CONADU Histórica, que contó con la presencia de 19 asociaciones de base, resolvió rechazar la propuesta salarial del Gobierno nacional y continuar con el paro total de actividades, a la vez que resolvió realizar un Congreso Extraordinario el 3 de julio en la plaza frente al Ministerio de Educación de la Nación para analizar la continuidad del plan de lucha.

El plenario se llevó a cabo el viernes en el Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán, y emitió un listado de resoluciones que se detalla a continuación:

1) Rechazar la propuesta salarial transmitida en forma verbal por el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, a nuestros paritarios el martes 24 de junio, considerando que la misma resulta insuficiente, por cuanto no contempla la retroactividad al mes de enero de 2014, ni la revisión y monitoreo semestral del impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios;

2) Ratificar el pliego de reivindicaciones votado por el Congreso Extraordinario de la Federación: Incremento salarial de emergencia del 40% para todas las categorías, dedicaciones y niveles, retroactivo a enero de 2014, en camino a la media canasta familiar para el cargo testigo; eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y de los topes a las asignaciones familiares; la inmediata homologación del Convenio Colectivo de Trabajo, con aplicación obligatoria en todas las UUNN;

3) Continuar con el cese total de acvtividades en todas las Universidades Nacionales, con evaluación en un nuevo Congreso Extraordinario de la Federación, a realizarse el próximo jueves 3 de juluio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Ministerio de Educación de la Nación (Palacio Sarmiento);

4) Exigir y demandar al Ministerio de Educación el acuerdo paritario hasta diciembre del 2014;

5) Reclamar la Paritaria Salarial Docente según establece la ley para los primeros días del mes de febrero 2015;

6) Denunciar y rechazar la actitud extorsiva y discriminatoria del Ministerio de Educación de la Nación, por cuanto cercena el derecho a la capacitación gratuita a miles de docentes de distintas Universidades Nacionales al supeditar la remisión de fondos a la aceptación del ofrecimiento salarial;

7) Realizar un afiche denunciando la actitud desleal de las burocracias sindicales de las restantes Federaciones, que traicionan con su firma en estas condiciones a los 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios;

8) Solicitar a la CTA un plan de lucha nacional con un paro activo contra el ajuste;

9) Repudio y declaración ante las distintas manifestaciones contra la criminalización de la protesta;

10) Mandatar a los paritarios para que recepten la propuesta por escrito y la sometan a consideración del Congreso;

11) Contra el procesamiento de Santiago Gándara (Secretario General de AGD-UBA y Eduardo Glavich Secretario General de AGD-Filosofía y Letras de la UBA).

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.