martes, 1 de julio de 2014

¿Cuántos buitres acosan a la Argentina?

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

Argentina afronta nuevamente un chantaje financiero, pero esta vez la extorsión no tiene precedentes. Los especuladores que compraron bonos por 48 millones de dólares lograron en Nueva York una sentencia de cobro por 1500 millones.

Este fraude retrata cómo funciona el capitalismo actual. Al pueblo argentino le quieren imponer la misma confiscación que padecen los pequeños deudores norteamericanos, los desalojados de viviendas de España y los empobrecidos de Grecia.

Cuando se convoca a reforzar la integración internacional a este sistema se empuja al país a nuevos padecimientos. Los buitres se disponen a repetir el mismo despojo que ya realizaron en otros lugares como Perú.

Cómplices y ausencias

En esta crisis ha salido a flote como opera la justicia estadounidense que muchos elogian como un ejemplo de independencia. No sólo Griessa, sino todos los magistrados que confirmaron el fallo demostraron su dependencia de Wall Street. Con este tipo de sentencias protegen a los especialistas en estafas de alto riesgo y a los evasores de los paraísos fiscales.

Como estos especuladores colocan periódicamente al sistema financiero al borde del abismo, también chocan con los gobiernos y organismos que pretenden regular su actividad. Por esta razón el propio FMI está descontento con un dictamen que afecta los ajustes que monitorea, para refinanciar las deudas de los países europeos colapsados por el socorro concedido a los bancos. La sentencia socava su proyecto de ordenar la quiebra de los estados mediante normas de negociación mayoritaria con los acreedores.

Pero estos conflictos en los pasillos del poder no atenúan la expropiación de Argentina. Desde el inicio de la crisis global (2008) se discutieron incontables propuestas para limitar las aventuras financieras y no se aplicó ninguna. En este escenario de impunidad para la usura ningún poderoso va a impedir la ejecución de un fallo contra un país latinoamericano.

No hay que ilusionarse con los formalismos diplomáticos. El maltrato contra un deudor incomodo como Argentina es plenamente compartido por Obama. El presidente del imperio exige sometimiento a Griessa y a su cobro de tributos.

Es cierto que el país ha recibido muchas declaraciones de solidaridad, desde el G 77 más China hasta la UNCTAD. Pero son mensajes cordiales sin efectos prácticos. Ningún escrito altisonante neutralizará el pago forzoso que se le impone a la Argentina. Esta falta de acompañamiento es más grave en Sudamérica. ¿Dónde están las Cumbres de Presidentes para afrontar situaciones de emergencia? ¿Qué medidas preparan UNASUR o CELAC para responder a esta bofetada contra toda la región?

Hasta el momento tampoco aparecieron propuestas de intermediación de Brasil o iniciativas conjuntas para cambiar las jurisdicciones de litigio con los bonistas. Tampoco se habla de reactivar el fondo latinoamericano de estabilización de reservas, frente a un peligro de default. Esta ausencia de la región probablemente obedece al propio mareo que exhibe el gobierno ante lo que está ocurriendo.

Desconcierto frente a la hipoteca

El oficialismo confiaba en un gesto de la Corte estadounidense para posponer el conflicto. Esperaba un reconocimiento por el giro ortodoxo que inició a principio año con la devaluación. Se aceptó la demanda de cinco empresas litigantes en el CIADI, se desembolsó la indemnización pedida por REPSOL y se pagaron en tiempo récord las viejas deudas con el Club de Paris. Pero ninguna de estas medidas disuadió a los protectores de los buitres. Al contrario, al observar disposición de pago reforzaron sus presiones de cobro.

Cristina no tenía previsto el fallo adverso. Apostó con la miopía a un escenario opuesto, sin ningún plan para afrontar el dilema actual. Por esta razón improvisa respuestas. Un día denuncia la extorsión de los buitres y al otro sugiere el desembolso integro del dinero.

El gobierno ha quedado atrapado en el peor de los mundos. Si resuelve abonar en las condiciones que estableció Griessa se arriesga a ingresar en un pozo de demandas judiciales y erogaciones infinitas. Y si amenaza sin ninguna convicción con maniobras para eludir el pago, afronta un retorno al escenario de diciembre pasado con el dólar paralelo fuera de control.

Al momento de escribir este artículo el gobierno no se atrevió a cambiar el domicilio de pago, pero intentó cumplir con los viejos bonistas soslayando la negociación que reclama Griessa. Los buitres exigieron el embargo de esos fondos y el juez bloqueó la operación, confirmando que empujará al país al default si no se aceptan las exigencias de los especuladores.

Hay un mes de plazo para cerrar las tratativas, pero lo más probable (y coherente con viraje ortodoxo del gobierno) es un acuerdo oneroso. Se ha creado un gran consenso entre el oficialismo y la oposición derechista para aceptar esa salida. Sólo divergen en los detalles del convenio.

Algunos proponen abonar todo en efectivo y otros promueven cancelar el grueso de la factura en bonos. Algunos alertan contra la inconveniencia de hacer depósitos voluntarios y otros promueven esa vía. Algunos miran bien las bravuconadas en la negociación y otros piden no irritar al sultán Griessa. Pero todos ocultan los costos inmediatos del pago.

La deuda pública aumentará de inmediato si se repite la emisión de bonos consumada para acordar con REPSOL. Lo mismo ocurrirá si se abonan las comisiones y punitorios que obtuvo el Club de Paris. Pero lo más grave viene después, ya que los 1300-1500 millones de dólares que se llevaran los primeros buitres constituirán el anticipo de los 12.000-15000 millones, que exigirá la segunda oleada de bonistas en litigio.

Se estima que la mitad de ese 7% de “hold outs” reúne a fondos muy agresivos (“buitres de los buitres”), que harán demandas para obtener rápidos fallos favorables en Nueva York. El otro grupo tendría localizadas sus peticiones en Inglaterra, Alemania e Italia y una porción litigaría en el CIADI. En ese tribunal del Banco Mundial, Argentina tiene acumuladas demandas por unos 20.000 millones de dólares.

Pero lo más problemático fue explicitado por Cristina antes de avenirse a ingresar en el abismo. Si en los próximos años algún juez de alguna jurisdicción obliga a extender la mejora concedida a los buitres a los viejos bonistas, la hipoteca podría llegar a cifras incuantificables. Ese contexto situaría al país en un limbo jurídico, frente a las decisiones de cualquier émulo de Griessa.

Esta perspectiva quedará particularmente abierta si los nuevos bonos en discusión mantienen los tribunales extranjeros como sede de controversias. En este caso se eternizaría el sometimiento financiero que Argentina conoce muy bien desde la época de la Baring Brothers.

Fantasías tranquilizadoras

El gobierno y la oposición derechista vislumbran igualmente un futuro promisorio, luego de superar las turbulencias de la negociación actual. Estiman que el país accederá a los beneficios de un gran reingreso al mercado internacional. Afirman que “conseguiremos refinanciación barata”, para acceder a muchos dólares con bajas tasas de interés.

Pero ese dorado escenario no sería tan inmediato, puesto que todas las emisiones próximas están previstas con costos que duplican el promedio mundial. Se tomarán créditos para cancelar préstamos, con el pálido consuelo de un abaratamiento ulterior de esa intermediación.

Por ahora existen fuertes vencimientos con bajas reservas. Las obligaciones suman 30.000 millones de dólares hasta fines del 2015, con divisas actuales de resguardo por 27.000 millones. Esta fotografía ilustra un escenario de tratativas al filo de la navaja.

Además, los créditos del futuro no vendrán gratis. Exigirán al estado solvencia de repago, con la consiguiente contraparte de ajustes fiscales. La famosa pregunta mediática (“¿cómo afectará esa situación a la vida cotidiana de la gente?”) tiene una respuesta contundente: habrá recortes del gasto para los trabajadores, los jubilados y los desempleados.

Es muy posible que ese reingreso al circuito de la refinanciación incluya un retorno del FMI, que es el gran encargado internacional de gestionar nuevos créditos para pagar deudas anteriores. Un economista predilecto de Scioli (Blejer) ya declaró que la reconciliación con el Fondo será el punto de partida de su plan económico.

El gobierno construye un puente hacia ese escenario, argumentando que el país necesita crédito externo para obras de infraestructura. Pero omite señalar que el grueso de la financiación en curso apunta a solventar gastos corrientes. Especialmente las provincias (Buenos Aires en primer lugar) utilizarán ese dinero para pagar sueldos.

Por otra parte, los préstamos de inversión priorizan la minería y el petróleo. Solventarán a las empresas que dinamitan la Cordillera o a las compañías que se aprestan a seguir el formato de los acuerdos secretos que YPF firmó con Chevron. Tendrán un nuevo precio en boca de pozo, autorización para girar dividendos y libertad para exportar a partir de cierto nivel de extracción.

Muchos economistas neoliberales igualmente declaran que “la deuda es baja y podemos endeudarnos”, olvidando que con ese mismo diagnóstico gobernaron y crearon la montaña de pasivos que arruinó al país. Los oficialistas describen el mismo contexto de desahogo financiero, afirmando que constituye un mérito de la “política de des-endeudamiento”.

Pero la disminución del pasivo total de 130 % o 90% del PBI (según el momento de comparación con el colapso del 2001) al 46% actual, mantiene porcentajes históricos significativos de endeudamiento público. Es un promedio semejante a los años 90, inferior a los momentos críticos de los 80 y superior a la media de los 70.

El carácter problemático de la deuda argentina radica en la capacidad de pago, más allá de la reducida proporción frente al PBI que presenta en comparación a muchos países. El gobierno afirma que la solvencia ha crecido con el cambio de composición de compromisos externos hacia obligaciones internas.

El total de la deuda en moneda extranjera disminuyó de 94% (2000) a 59% (2012). Y el grueso de ese pasivo local es intraestatal, puesto que las obligaciones con organismos públicos pasaron en el mismo período del 6% al 58%. Se destaca que esta estructura de pagos es manejable, ya que los vencimientos se refinancian mediante simples decretos gubernamentales.

¿Pero qué quiere decir que la mitad de la deuda actual constituye un compromiso del estado con sí mismo? Qué se ha construido una ficción estadística para descargar los costos del pasivo sobre las mayorías populares. Gran parte del endeudamiento inter-estatal es con Banco Central, que ha sido convertido en una máquina de emisión con impacto inflacionario. El otro soporte es el ANSES que aumenta su tenencia de bonos públicos, mientras pospone el pago de sentencias por mala liquidación de haberes. Algunas estimaciones elevan ese pasivo a 28.200 millones de dólares.

La deuda inter-estatal es actualmente solventada por los jubilados que no cobran los atrasos de sus remuneraciones. En este terreno rige una doble vara de respuestas gubernamentales a las sentencias judiciales. Lo que ordena Griessa se negocia y las intimaciones de la Corte Suprema argentina para normalizar la situación de los jubilados son ignoradas.

El trasfondo del problema es la total ineficacia de la política oficial de des-endeudamiento. En la última década se pagaron unos 50.000 millones de dólares a los organismos internacionales y 80.000 millones a los acreedores privados (otros cálculos elevan ese total a 173.000 millones). Mientras el gobierno exhibía con orgullo su comportamiento de “pagador serial”, las reservas se desplomaban y las salidas de capitales sumaron otros 80.000 millones.

Este proceso pasará a la historia como un ejemplo mayúsculo de ceguera económica. Sólo competirá en ese terreno con la opción neoliberal de retomar alegremente el endeudamiento, para “repetir lo que hacen nuestros vecinos”. Una larga experiencia de la región indica que abrir las fronteras al libre ingreso y salida de capitales otorga un pasaporte directo al temblor financiero.

Sólo con el tiempo se podrá establecer, además, un real balance del canje del 2005 que tanto enorgullece al gobierno. Si ese intercambio inicial de títulos hubiera sido tan exitoso, no enfrentaríamos actualmente el escenario de terror que han detonado un juez y sus buitres. El monto real de la famosa quita deberá ser recalculado a la luz de todos los pagos adicionales que se realizaron a través del cupón de crecimiento.

Los defensores del canje también olvidan que gran parte de los bonos emitidos en esa operación incluyeron la aceptación de dirimir litigios en Nueva York. Esta concesión fue justificada por la excepcionalidad del momento. “No se podía hacer otra cosa a salida del colapso del 2001”. Pero se omite mencionar que los títulos colocados en los últimos meses (por ejemplo con REPSOL), también incorporan la misma aceptación de tribunales internacionales. ¿Tampoco ahora se pudo hacer otra cosa?

Siempre hay alternativas

Con el episodio de los buitres el gobierno refuerza el giro hacia el ajuste que inicio con la devaluación, pero mantiene un discurso contestatario. Disfraza con retórica progresista el puente que construye hacia la sucesión conservadora del 2015.

La derecha se burla de este divorcio entre “el relato y la realidad”. Pero esas ironías no logran ocultar sus propios mitos y veneraciones de los capitalistas. Se ríen de Boudou pero hablan con solemne respeto de Griessa, hacen chistes sobre la Cámpora pero no sobre Rocca o Grobocopatel. Especialmente eluden que actualmente acompañan las decisiones del gobierno. Todos marchan por el mismo rumbo. La derecha se congratula con el viraje pos-devaluación del oficialismo y el gobierno irrita verbalmente a los poderosos mientras implementa sus mandatos.

Las incongruencias del kirchnerismo son patéticas. Empapelan la ciudad contra los buitres mientras negocian sus exigencias. Convocan a un “frente nacional” contra los especuladores que ya incluye a todos los subordinados a Griessa.

En este mundo invertido el sometimiento a demandas foráneas es presentado como una gran victoria nacional. Los ministros declaran que “vencimos a REPSOL” con un cheque de pago y que “le torcimos el brazo al Club de Paris” desembolsando una fortuna. Este doble discurso oficial exige minimizar todas las capitulaciones o contrastarlas con eventualidades más catastróficas. Hubo devaluación (pero “frenamos un dólar a 13 pesos”), se pagó a REPSOL (pero “menos de lo que querían”), se arregló con el CIADI (“pero no fue muy caro”) y se acordó con el Club de Paris (“pero era un pasivo que heredamos”).

Lo llamativo es la ausencia de reacciones críticas en vasto campo del oficialismo. El conformismo kirchnerista contrasta con la tradición de rechazos, que en el pasado generaban los virajes conservadores del justicialismo. Los ahijados de la gloriosa JP se mantienen por ahora en silencio.

Afortunadamente ya despuntan fuertes cuestionamientos de la izquierda y los sectores progresistas y antiimperialistas, que no aceptan el chantaje descalificatorio de los planteos alternativos. Al igual que en los 90 vuelven a circular las advertencias del purgatorio que le espera al país “si nos aislamos del mundo”. Con esos augurios se justificó el endeudamiento que condujo al colapso.

Las opciones actuales no se reducen al default o al pago a los buitres. Esa disyuntiva es un episodio coyuntural derivado del enredo que auto-generó el oficialismo. La solución a esta encerrona exige reconocer que Argentina no necesita endeudarse significativamente. Tiene suficientes recursos propios para administrar sus gastos, si ordena su ahorro e impide el drenaje de excedentes.

Los 80.000 millones de dólares expatriados durante la “década ganada” surgieron de ganancias y rentas creadas en el país. La estimación oficial de 205.000 millones de dólares de capitales argentinos localizados fuera de las fronteras se ha quedado corta frente dos estudios recientes, que elevan esa cifra a 379.000 millones (Gaggero) y 440.000 millones (Henry).

Este vaciamiento fue tradicionalmente financiado con endeudamiento público. Un peligroso anticipo de repetición de esa pesadilla es el blanqueo en curso para todos los evasores de gran porte. Desde hace meses se renueva un perdón fiscal para quienes sustrajeron fondos. La complicidad oficial con la salida de capitales se extiende ahora a su reingreso.

No tiene sentido volver a endeudarse frente a este escenario de dinero sustraído del circuito nacional. Pero más hipócrita es afirmar que semejante despojo se corrige “restaurando la confianza” para que “vuelvan los capitales”. El arreglo con los buitres, el recorte del gasto social, los techos a las paritarias y una escalada de tarifazos son las primeras medidas que exigen los poderosos para considerar ese retorno.

La recomposición del ahorro nacional exige el control estatal de las rentas generadas por las exportaciones (nacionalización del comercio exterior) y la estricta regulación de las divisas (mediante un control de cambio en serio y un sistema bancario estatizado).

En este marco se puede replantear la deuda, investigando su contenido y discriminando los montos que corresponde abonar. Un principio de esa auditoría fue cajoneada por el alfonsinismo, el menemismo, la Alianza y el Kirchnerismo. Ninguno quiso destapar la olla de ese pasivo. Pero los incontables canjes no han borrado las huellas de estos delitos, ni impiden separar lo fraudes de los compromisos legítimos.

Esa investigación permitiría conocer cuáles son los grupos económicos que deben ser gravados con impuestos especiales. No son intocables. Un gobierno con autoridad puede cerrar las canillas de sus transferencias al exterior y poner la lupa sobre sus recursos dentro del país. La investigación es también indispensable para reemplazar definitivamente los bonos en circulación por títulos sujetos a la legislación argentina.

La suspensión del pago es una medida insoslayable, pero sujeta al momento y conveniencia de la nueva estrategia. La existencia de este plan diferencia tajantemente un replanteo de la deuda del simple default, que es una cesación de pagos indeseada e inmanejable para el deudor. Con otra política se podría reorientar los créditos concertados en el futuro hacia proyectos productivos.

La batalla contra la deuda vuelve a reaparecer en un contexto muy distinto al pasado. La propia marcha de esta resistencia delineará las demandas y las medidas requeridas para cada momento. El punto de partida es recuperar la mirada crítica y la disposición a luchar.

Claudio Katz es economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

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“Los Fondos Buitres es una decisión Política”: Jorge Beinstein, marxista y economista argentino

Dick Emanuelsson (especial para ARGENPRESS.info)

“Es una decisión geopolítica de hackear la economía argentina”.

El gobierno argentino se encuentra ante una crisis económica pero también política, dice el economista y marxista Jorge Beinstein.


Foto: ¿Será nuevamente los trabajadores argentinos que tendrán que pagar la crisis? Un obrero en el astillero Unidad Naval en Buenos Aires, centro de producción tomado por los obreros en la crisis de los años 2001-2003.

Cuando se edita esta entrevista en audio, al mismo tiempo se debate en la sesión de la OEA el tema de los Fondos Buitres.

Los especuladores que posee de los bonos equivalente a siete por ciento de la deuda pública argentina en el 2001, que llegó hasta 144 mil millones de dólares, no quisieron llegar a un acuerdo con el estado argentino como los demás acreedores que el 2005 y 2010 clausuraron sus acuerdos con Argentina. Los “Buitres” encontraron ahora el momento político justo para ejecutar la puñalada con el respaldo del Poder Judicial de los Estados Unidos. Con la sentencia de un juez en Nueva York, Argentina se encuentra en una situación muy peligrosa ya que los otros acreedores pueden tomar como referencia esa sentencia para exigir lo mismo: 100% del valor nominal de los bonos comprados en 2001.


Foto: Jorge Beinstein

– Es una decisión geopolítica de hackear la economía argentina. Ha habido una serie de movidas en los últimos seis-siete meses. Los norteamericanos hicieron acciones destabilizadoras en el país como la rebelión policial hace algunos meses y la rebelión de militares de la Prefectura Naval también hace unos meses.

Argentina invitada a la reunión de BRICS

– Se da esto justamente cuando Argentina es invitado para participar en la reunión de BRICS (Brasil, Sudáfrica, Rusia, China y India) en dentro de 15 días en Río de Janeiro. En esta reunión de BRICS es casi seguro que se va a anunciar la creación de una suerte de Fondo Monetario Internacional y un Banco Mundial de BRICS. También hay información sobre negociaciones muy avanzadas sobre la constitución de que se va a llamar una súper moneda que va a competir abiertamente con el dólar.

Sin saberlo o no, pero Beinstein sospecha que Argentina se encuentra en una disputa geopolítica que la sobrepasa ampliamente.

Acceda desde aquí al audio de la entrevista (22 minutos)

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Argentina: Nunca más Buitres

RED ECO

Diversas personalidades y organizaciones, entre las que se encuentran Adolfo Pérez Esquviel y Nora Cortiñas, invitan a sumar firmas en un documento donde sientan posición respecto a la Deuda y el conflicto con los fondos buitres. En un pasaje del mismo, afirman: "Lamentablemente, el gobierno nacional persiste en su estrategia de 'manejar' la deuda, tornándonos al pueblo argentino en pagadores seriales de una deuda imposible de saldar. Su objetivo principal es volver a los mercados internacionales para colocar allí más deuda y traer nuevas inversiones, intentando así resolver su crisis de pago provocada por la falta de liquidez que el aumento de los déficit fiscal y externo le han causado - de una manera que la historia nos ha señalado, tampoco logrará los resultados buscados".

NUNCA MÁS BUITRES

Nuestro país ha recibido un nuevo revés en los tribunales de los Estados Unidos. El resultado no podía ser otro. Fue el propio Estado argentino quien se ha venido sometiendo desde la dictadura a la fecha, atado de pies y manos, a las condiciones del capital trasnacional, renunciando a sus derechos soberanos, aceptando ser juzgado ante la justicia de los propios acreedores y sosteniendo que no tenía opción al “honrar” una deuda, probadamente, ilegítima e ilegal. Alternativas hay, por lo que llamamos a las autoridades argentinas - a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso Nacional, al Poder Judicial - a asumir sus responsabilidades para no seguir pagando lo que no debemos.

Esta vez, fue la Corte Suprema estadounidense la que rechazó el pedido argentino de frenar, al menos hasta diciembre, los efectos de los fallos anteriores. El costo para el pueblo argentino, en términos de salud, educación, empleo y otros derechos fundamentales, será mucho más grave que el embargo de la “Libertad” hace dos años, ordenado en esta misma causa. El Estado argentino ha sido condenado a pagar de inmediato el 100% de los bonos holdouts demandantes, unos U$S 1.330 millones, si quiere evitar una nueva suspensión de pagos a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. Pero sin dudas, el fallo será además un estímulo para nuevos reclamos judiciales, lo que podría implicar, según anunció la propia Presidenta, unos U$S 15.000 millones adicionales.

Este panorama confirma que la deuda es “inmanejable”. Desde 2003 a la fecha se pagaron no menos de U$S 173.000 millones. Sin embargo, pese a ello, hoy la deuda asciende a más de U$S 240.000 millones, cuando en 2002 era de U$S 144.212 millones - y hace apenas un año, de U$S 209.000 millones.

La única realidad es que todas las re-negociaciones de deuda realizadas desde 1983 a la fecha han fracasado rotundamente. Cada una de ellas se presentó como la solución final al problema de la deuda pero la terminaron agravando. Es que mientras no se enfrente de raíz el problema, asumiendo las consecuencias de su ilegalidad e ilegitimidad y anulando las leyes, tratados y acuerdos que siguen otorgando privilegios a los capitales transnacionales, la deuda continuará poniéndonos de rodillas.

Lamentablemente, el gobierno nacional persiste en su estrategia de 'manejar' la deuda, tornándonos al pueblo argentino en pagadores seriales de una deuda imposible de saldar. Su objetivo principal es volver a los mercados internacionales para colocar allí más deuda y traer nuevas inversiones, intentando así resolver su crisis de pago provocada por la falta de liquidez que el aumento de los déficit fiscal y externo le han causado - de una manera que la historia nos ha señalado, tampoco logrará los resultados buscados.

Estos déficits se venían tapando hasta el momento mediante un creciente endeudamiento intra-Estado, o sea, pagando a terceros acreedores con bonos que se cancelan con fondos provenientes de organismos públicos (ANSES, Banco Central, Banco Nación, Lotería Nacional, etc). Pero este mecanismo de pago se encuentra agotado, por lo que urge al gobierno retomar el camino del endeudamiento externo.

Y es para lograr ese fin que el gobierno nacional viene cumpliendo con pasos previos que el capital transnacional le exige: arreglo de la deuda con el Club de París y holdouts, cumplimiento de los laudos del CIADI y pago de indemnización a REPSOL por la “nacionalización” de YPF (todo con emisión de más deuda pública, renunciando a la revisión de los reclamos, cediendo nuevamente jurisdicción y acordando cifras y condiciones infladas y secretas).

El re-endeudamiento externo implicará mayores compromisos de pago y más condicionalidades externas. Esto es, más ajuste y empobrecimiento, más liberalización, más dependencia y presión extractivista contra los bienes naturales, lo que derivará, tarde o temprano, en una nueva crisis de pago, y así sucesivamente en este círculo vicioso de la deuda.

Es necesario romper con la lógica perversa de la deuda, repudiarla por ser una estafa al pueblo argentino y un instrumento de dominación y dependencia que nos ata a un modelo productivo depredador de la naturaleza y violador de los derechos humanos. El sistema de la deuda y el modelo impuesto, dirigido fundamentalmente a producir “commodities” en beneficio de los países centrales, son los responsables de la creciente concentración de la riqueza con su contracara de pobreza, marginación y violencia. El pueblo argentino no ha sido beneficiario de una deuda contraída por quienes no representaron sus intereses, viciada de fraudes e ilegitimidad y, no puede ni debe soportar sobre sus espaldas el pago de la misma. Nuestro pueblo no sólo no es deudor sino que es acreedor de una justa y legítima deuda social que crece cada día y que debe ser pagada cuanto antes.

Como primera medida, es preciso suspender los pagos hasta tanto una Auditoria Participativa e Integral determine si hay tramos de la misma que puedan considerarse legales y legítimos. Contamos con el antecedente de Ecuador, que en 2007 dispuso una Auditoría de la Deuda Pública que permitió calificar de “ilegal, ilegítima y corrupta” a gran parte de la misma. Y en nuestro propio país, con el invalorable aporte de la causa “Olmos”, donde en la sentencia se dieron por probados centenares de ilícitos en el proceso de endeudamiento del período 1976/82 que dio origen directo a los bonos hoy en manos de los fondos especulativos llamados “buitres”.

Una Auditoria supone también denunciar la institucionalidad que subordina a la Argentina a los intereses del gran capital, tales como la cesión de jurisdicción, los tratados y acuerdos de inversión y comercio y la pertenencia al CIADI. Y asumir en la práctica que los derechos humanos tienen primacía por sobre cualquier acuerdo comercial de deuda, según señala el derecho nacional e internacional.

Además, la Justicia argentina tiene que declarar la nulidad absoluta de los actos delictuales investigados en la causa “Olmos” y proseguir con las demás demandas abiertas, incluyendo las del escandaloso Megacanje de 2001 y el Canje de 2010.

El Congreso de la Nación debe también desempolvar la causa “Olmos” y exigirle al Poder ejecutivo que pida nulidades y demande la reparación del daño a los que resultaron contraparte de la Nación en los actos ilícitos.

Porque los privilegiados deben ser los acreedores internos de la deuda social, y no los acreedores externos de una deuda ilegítima e ilegal que condiciona a la miseria y al atraso al pueblo argentino.

FIRMAS INICIALES:
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
Diálogo 2000 - Jubileo Sur Argentina
Servicio Paz y Justicia SERPAJ
ATTAC Argentina
Programa de Deuda Ilegítima y Justicia Ecológica de la Federación Mundial Luterana
Juan Yahdjián, Movimiento Social Misionero
Cátedra de Derecho y Deuda Externa Pública, Facultad de Derecho, UBA
Graciela Rosenblum - Liga Argentina por los Derechos del Hombre
José Ernesto Schulman - Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

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Argentina: La transferencia del patrimonio nacional pesquero

Dr. César Augusto Lerena (INFOSUR)

El camino hacia un proyecto pesquero sustentable ética, biológica, económica, social y ambientalmente.

El Consejo Federal Pesquero (CFP) estableció por Res. 1/2013 que las Cuotas de Captura son transferibles en las condiciones que este Consejo y la Subsecretaría de Pesca establezcan. La denominación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura se comienza a usar sin fundamento alguno en la reunión de ese Consejo del 22 de abril de 1999, ello a pesar de que en la Ley 24.922 refieren a “Cuotas de Captura” o “Cuotas Individuales de Captura” (CIC), y en ningún caso, a “Cuotas Transferibles”. Son notables las contradicciones del Consejo para avalar las transferencias; modificó cinco resoluciones, la primera 10/09 y la última 1/13.

Ese Consejo se atribuye las capacidad para “transferir” las Cuotas de Captura; y si bien en el art. 27 de la Ley de Pesca lo faculta a reglamentar un régimen de administración de los recursos, lo limita al “otorgamiento de cuotas de captura por especies…”, no estando previsto la transferencia, y mucho menos que ésta se pueda efectuar en favor de buques de terceros ajenos a las concesionadas. Solo lo habilita a “…establecer las cuotas de captura anual por buque…” y “…aprobar los permisos de pesca comercial…”.

Por otra parte, la Ley y el Consejo entienden, que el Estado es el Concedente; que los “Permisos” sólo habilitan el acceso al caladero, y son las Cuotas las que habilitan a la captura; y que estas “son concesiones temporales” (Art. 27) que permiten la captura de especies; y por tanto, es inviable las transferencias de Cuotas a terceros; ya que el recurso pesquero es del Estado; y es éste, quién otorga la concesión a una Empresa; y no la Empresa a un tercero. El Concesionario no tiene sobre el recurso más que una “concesión temporal” que fenece en el mismo acto de pretensión de ceder transitoria, definitivamente, por venta o alquiler a un tercero la cuota asignada. Se ha dado el caso, que empresas que cesan su actividad pretenden tener derechos sobre las Cuotas de Pesca que disponían sus buques y en ocasiones lo logran.

Cuando la Ley refiere a que “…Las cuotas serán total o parcialmente transferibles…” y “…No se permitirá la transferencia de cuotas de capturas de buques pesqueros fresqueros a congeladores…” se refiere a transferencias entre barcos de una misma Empresa o Grupo, o las transferencias transitorias a terceros derivadas de la imposibilidad -por fuerza mayor- de cumplir con las Cuotas asignadas. Ello, es coincidente con las reglas del art. 30 de la Ley 24.922 y el Decreto 749/99. Las razones del Consejo Pesquero, deberían ser evaluarse exhaustivamente, ya que de otro modo, bajo pretexto de acogerse a las causales del régimen, las Cuotas podrían ser negociadas entre privados. Al respecto llama la atención la autorización de las transferencias sin fundamento, como indicó recientemente en el Senado el Jefe de Gabinete de la Nación.

El término “Individual”, que la ley coloca entre las palabras Cuota y Captura, nos indica la condición de “intransferibilidad parcial” de las Cuotas, ya que “individual” significa “que no es divisible”. Respecto a las “trasferencias definitivas” a terceros el Consejo no puede aprobarlas, ya que como hemos dicho, el art. 27 de la Ley otorga a la Empresa una “concesión temporal”; que, como su propia definición indica, es “una Concesión que dura por algún tiempo, pero no es fija ni permanente”. Es un despropósito, que la Autoridad de Aplicación convalide estas operaciones de venta entre privados de las Cuotas de Captura, y establezca un “derecho de transferencia definitiva”, como si fuera una mera operación de intermediación inmobiliaria, y no se tratara de un recurso de propiedad, que no cumplido el objeto de la concesión vuelve al Estado. Ni el más elemental contrato de concesión de un buffet permitiría su transferencia a terceros; como no se autorizó transferir los permisos de captura del calamar en ocasión de aprobarse proyectos para esta especie.

Entre 2010 y 2013 se produjeron 80 transferencias; y hay casos documentados, como por ejemplo el del hoy Subsecretario de Pesca, interviniendo en el año 2010 como apoderado de firmas pesqueras en la solicitud de “transferencias definitivas” de Cuotas de Captura. No puede esperarse que el Estado administre en forma planificada el recurso si en tan corto tiempo se producen 80 transferencias definitivas, a lo que se agregan las transitorias y cientos de casos de inactividad, donde las Cuotas se pierden en perjuicio de otras empresas.

Más allá de las distintas interpretaciones que la cuestión de las transferencias provoca, las Cuotas de Captura no pueden ser transferidas a terceros, ni temporal (con las excepciones indicadas) ni definitivamente, porque el porcentual de las Cuotas asignadas en relación a las Capturas Máximas (CMP) vence anualmente, en un todo de acuerdo a lo que explicita el art. 9° de la Ley: “Establecer la CMP por especie, teniendo en cuenta el Rendimiento Máximo Sustentable de cada una de ellas…establecer las cuotas de captura anual por buque…” y el art. 18° que indica que “El Consejo Pesquero establecerá anualmente la Captura Máxima Permisible por especie, conforme lo estipulado en el artículo 4°, 9°, 19° y 36° del Régimen General de Cuotas.

Desde el punto de vista biológico, “la transferencia de las Cuotas” a terceros, hace inviable una administración adecuada del recurso por parte del Estado. La Autoridad de Aplicación da en Concesión una Cuota de Captura, para que un buque, incluido en un Proyecto Pesquero aprobado, “pesque un volumen establecido, de una determinada especie, en un tiempo y lugar”. Si estas condiciones no se mantienen, transfiriendo total o parcialmente, temporal o definitivamente la Cuota, no sólo se modifica el Proyecto aprobado, sino que se trastoca la administración del recurso y además se conculcan derechos de terceros, que bien podrían haberse presentado ante la Autoridad de Aplicación para obtener una Cuota de Captura.

El Valor del Estado es el pescado, más allá de quién se habilite a capturarlo. En la Pesca, cuando se vendían Permisos de Pesca o se transfieren Cuotas de Captura se está efectuando una transacción comercial con un recurso de propiedad del Estado. Se supone que estas transacciones no son a título gratuito, y antes y ahora para hacer posible estas operaciones, fue y es necesaria la aprobación de la Autoridad de Aplicación, y siempre, y aún en nuestros tiempos, es “vox pópuli” que estas operaciones estarían tarifadas. No nos consta que así sea; pero, en cualquier régimen de permisos, licencias y concesiones siempre ha sobrevolado la cuestión, aunque se trate de una licencia de taxi, la concesión de un buffet o la propia “Cuota Hilton”.

Estas “concesiones temporarias del Estado” vencen anualmente; y podrían ser revocadas o reducidas con fundamento en incumplimiento de los proyectos o las leyes; la indisponibilidad de los stocks; variaciones biológicas; la reducción de las Capturas Máximas Permisibles y la consecuente reducción de las Cuotas otorgadas en concesión; o simplemente, por no haberse aprobado el proyecto presentado por la Empresa.

La previsibilidad de la Empresa no la debe dar la Cuota; es decir la disponibilidad del pescado, si no el Permiso de Pesca; su trayectoria; el volumen anual y proyectado de la Captura Máxima Permisible y la responsabilidad social de la Empresa en el cuidado del recurso, junto con una adecuada Administración por parte del Estado. El “Valor” de la Empresa se da por el valor de la marca. Y ésta se adquiere, con la viabilidad del proyecto pesquero; su disponibilidad de buques y la eficiencia de éstos para reducir el esfuerzo de captura; el equipamiento, la tecnología y la mano de obra para el procesamiento; el valor agregado a las materias primas; la diversidad y calidad de los productos elaborados; el conocimiento del mercado y su competencia mundial o local; la calidad gerencial, la de sus cuadros técnicos y operarios, etc.

El Gobierno, en este fin de ciclo, no debería aprobar nuevas transferencias, de modo de asegurar que la flota pesquera no supere la captura biológicamente aceptable (CBA); evitar la depredación del recurso y los cíclicos conflictos sociales derivados de la sobre-explotación del recurso; de modo, que los mayores ingresos en esta actividad se deban a una mayor calidad y valor agregado, y no al mero efecto de exportar mayor volumen como se ha dado en décadas de explotación.

Finalmente el Estado debe retomar la Administración de los Recursos y otorgar las Cuotas a quienes presenten un Proyecto Pesquero sustentable ética, biológica, económica, social y ambientalmente, y donde se propicie el desarrollo territorial e industrial y la ocupación marítima del Atlantico Sur.

El Dr. César Augusto Lerena. Es ex Secretario de Estado. Autor de “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la monedad de cambio” (2009). “Hacia un Soberanía Plena en el Atlántico Sur” (2010). “La Soberanía Argentina en el Atlántico Sur y Malvinas. La Política Pesquera como herramienta” (2013).

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Entrevista a Christian Castillo, PTS - FIT, diputado provincial de Buenos Aires: “Es una suerte de prisión a cielo abierto”

LA REVANCHA - ANRED

A fin de la semana pasada, Scioli anunció que va a crear las policías comunales por decreto, mientras el proyecto estaba en tratamiento legislativo con aprobación en Diputados. Se refugió en la declaración de emergencia de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. La propuesta es que los distritos con más de 70.000 habitantes cuenten con una policía municipal con cierta autonomía y con fondos provinciales. Hablamos con Christian Castillo, Dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas y Diputado Provincial de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

LR: ¿En qué consiste esta nueva policía que se suma a la Provincia de Buenos Aires, en la propuesta que se trató en diputados?

Christian Castillo: El lunes, Scioli tendría una reunión con todos los intendentes donde mostraría el decreto en el cual se establecerían los lineamientos finales de la policía. Aparentemente tendría cambios que fueron aprobados en Diputados. Nosotros estamos en contra. El bloque del FAP y del radicalismo también. La diferencia fundamental es que sería un órgano de la bonaerense, no una policía alternativa. Después está el problema de si van a portar armas cuando estén fuera de servicio o no. Lo que se había votado en diputados establecía que no. Aparentemente eso lo cambiarían y el hecho de si te pueden detener o no por averiguación de antecedentes, cosa que está prohibida en el texto y ahora volverían a tener esa facultad. Van a ser verdaderos grupos de choque con los que van a contar los barones del conurbano, que van a tener a estos cuerpos a cargo. Nada bueno augura para los habitantes de la Provincia.

Sobre la existencia de nuevos efectivos bajo el rótulo de policía comunal, Castillo no ve la propuesta con buenos ojos:

C.C: Fue el nombre que se había votado en Diputados, como policía de aproximación. Pero como lo vemos con la metropolitana, es el ejercicio de las funciones represivas de todas las policías en el marco de una provincia que está económicamente quebrada en el sector público. Sin embargo, se van a destinar 4.500 millones anuales para financiar estos 15.000 nuevos policías que se van a distribuir en los 40 distritos con más de 70.000 habitantes en la Provincia. Por un lado, hay docentes que están meses sin cobrar, salarios muy bajos estatales, faltan insumos en los hospitales, edificios hospitalarios y educativos que se caen, faltan políticas de vivienda popular. Por el contrario hay un gasto con un adicional en una policía nueva, que lejos de resolver el problema de la llamada inseguridad lo mantiene. Porque acá no se avanza sobre el poder de la bonaerense, que es la que junto con sectores del poder político, económico y judicial administra el llamado gran delito: el manejo de las redes de trata, narcotráfico y desarmaderos, como puede verse claramente que se desprende del informe del caso Candela.

LR: ¿Se sumaría una fuerza policial más a las que están actuando en la Provincia?

C.C: Es una condición de militarización de la Provincia. Es una suerte de prisión a cielo abierto, sobre todo lo que hace a las barriadas populares, donde actúa gendarmería, prefectura, la federal, la bonaerense, las comunales y ahora las nuevas policías. Es una condición de que se está militarizando todo, estigmatizando a los sectores en situación de pobreza, aumentando las penas, persiguiendo sobre todo a los jóvenes de visión popular y no atacando a los que manejan al gran delito. Para graficar: esta mirada pone el foco en Luciano Arruga y no en quienes hicieron desaparecer a Luciano Arruga.

LR: La problemática en seguridad es una que a la Izquierda le cuesta generalmente abordar, que suele ser patrimonio de la derecha, al menos en términos de propuesta. Como Diputado Provincial, ¿cómo está trabajando en esto?

CC: Hay una discusión sobre el uso del término que no se usa para el trabajo precario, para la falta de acceso vivienda, sino que se utiliza en función del delito urbano y en particular contra la propiedad. Hay una clara direccionalidad sobre qué es lo que hay que defender. Se focaliza en ese tipo de delitos y no en el delito que se puede llamar de guantes blancos, que es en general el que afecta a más personas. Las llamadas políticas de seguridad tienen como fin a un sector de la población al cual se lo priva de todo y por otro lado, son un fuerte control social. Basta ver cuál es la población de las cárceles para entender eso. No podemos escindir el problema del carácter de la organización social en la cual vivimos. Esto implica una mirada que sale del golpe de efecto de lo que se llama la demagogia punitiva: que con más cárceles y con más policías acá todo se resuelve. Nuestra mirada es opuesta a esto. Pone el eje en dos aspectos. Primero en cuestionar las condiciones de desigualdad en la que se basa el orden social y que los mismos políticos que proponen más policías y más cárceles son incapaces de superar. No le dan trabajo ni acceso al estudio a un millón de jóvenes en el país. Y del otro lado, ellos mismos son los que dicen de perseguirlos y estigmatizarlos. El otro aspecto es que los que administran hay delitos con los que no se quieren meter. Porque acá las cúpulas policiales son las que manejan esto. Basta mirarlo no solo en la Provincia de Buenos Aires, sino con los policías de Córdoba y Santa Fe, con sus policías procesadas por organizar el narcotráfico o en Tucumán, por la complicidad con las redes de trata. No se quieren meter con la policía porque son los cuerpos de orden que preservan el mismo sistema capitalista. Nuestro abordaje cuestiona este orden social al servicio del cual están estas fuerzas represivas.

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La voz de los inundados de La Plata

LA RETAGUARDIA

Cada 2 de cada mes se reúnen para recordar lo vivido aquel oscuro día de abril de 2013, y a denunciar que a más de un año nada se ha hecho para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. A pesar de las por lo menos 89 muertes, las pérdidas que sufrieron y el dolor que visiblemente los sigue acompañando, no consiguen ser escuchados por las autoridades ni que los medios de comunicación amplifiquen sus voces. La Retaguardia, en una transmisión especial desde la Casa del Pueblo de La Plata, habló con integrantes de la Asamblea Vecinal Parque Castelli, la Asamblea de Inundados de Tolosa, la Asamblea La Loma y la Asamblea Vecinal Ambiental de Berisso-Ensenada.

Las voces silenciadas

“Nosotros agradecemos este espacio porque estamos acallados, vivimos en una ciudad donde los medios principales de comunicación prácticamente no nos sacan ninguna opinión; es más, para que podamos opinar y nos escuchen tenemos que juntar mucha gente. Por ejemplo, el 2 de abril pasado que juntamos cerca de veinte mil personas en Plaza Moreno en el aniversario de la inundación, o hace unos días, el 2 de junio, como hacemos todos los 2 de cada mes, convocamos a una movilización y estamos los vecinos, familiares de víctimas, quizás ahí podemos lograr hacer alguna notita”, explicó Alfredo Peñalva de la Asamblea La Loma, una de las más afectadas por las inundaciones.

La Loma tiene una larga y triste historia con las inundaciones. La del 2 de abril de 2013 fue una más de las que han sufrido: “en realidad hace más de diez años que nos estamos inundando. La zona baja de La Loma que es la afectada está recorrida por un afluente del Arroyo El Gato, que se llama Arroyo Pérez, ese recorrido provoca inundaciones desde hace muchos años, se hicieron obras en las décadas del ’50 y del ’60, conductos que van por ejemplo por la calle 21 y que desaguan. Ante los cambios en el medio ambiente que se están produciendo, esas obras no solamente son insuficientes, sino que han provocado la muerte de muchos vecinos, tenemos decenas de vecinos fallecidos entre las 89 víctimas que probó la investigación del juez Arias. Pero también tuvimos víctimas en el año 2002, en diciembre de 2004, y el 28 de febrero de 2008”, agregó el miembro de la Asamblea La Loma.
Desde aquella inundación de 2002, los vecinos continúan reclamando la realización de obras hidráulicas, pedidas no solo por ellos, sino aconsejadas por un estudio efectuado en 2007 por ingenieros de la Universidad Nacional de La Plata acerca de la situación en el Arroyo El Gato: “allí determinaron la necesidad de producir un ensanchamiento del arroyo desde la desembocadura hasta la altura de 143 y hacer aliviadores por la 131 y 143. Esta obra recomendada en el año 2007 no fue tenida en cuenta por el actual intendente Pablo Bruera, a tal punto que rechazó la intervención de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una nota que hemos presentado en la justicia porque lo consideramos primer responsable de los efectos de la inundación por negarse a llevar adelante un consejo científico de la universidad, donde la municipalidad rechaza la intervención de la provincia de Buenos Aires porque había recibido fondos del gobierno nacional y había hecho un dragado, una limpieza pero no el ensanchamiento que recomendaba la universidad, lo rechazó bajo el argumento de que habían hecho la obra hidráulica más importante de la ciudad”.

Víctimas no oficiales

De aquel 2 de abril de 2013, Alfredo Peñalva relató: “los vecinos no supieron qué hacer, el caso de Juan Carlos García que intentó salir de su casa porque se asustó ante el nivel al que llegaba el agua, que estaba ya cerca del nivel de la puerta... lo llevó la correntada. Cuando la familia descubrió la situación estuvo horas esperando que vinieran desde la morgue o desde la policía, hasta que vino un efectivo que les dijo a la esposa y a la hija ‘mejor llévelo a una empresa fúnebre’, hacía más de seis horas que estaban con el cadáver en las calles 21 y 32. Y ahí surgió que el certificado médico era por una muerte natural. Entonces no hubo investigación inicial sobre su caso, y gracias a la investigación del juez Arias hoy está reconocido como fallecido, víctima fatal del 2 de abril”.

Poco antes de cumplirse el primer aniversario de las inundaciones en La Plata, el juez en lo contencioso administrativo Luis Arias dio a conocer una resolución de más de 190 fojas, resultado de su investigación en la que daba cuenta que 89 personas debían ser oficialmente reconocidas como víctimas de lo sucedido el 2 de abril de 2013. Además sumó otros 16 casos sobre los que el magistrado advirtió que no contaba con la prueba suficiente para determinar si sus muertes estaban vinculadas a las inundaciones.

En el marco de la emisión especial del programa radial La Retaguardia desde La Plata, el juez Arias dijo: “hay 16 casos, que los mencionamos en la sentencia, que no pudimos probar fehacientemente la vinculación de su muerte con el temporal, y están allí las personas que fallecieron en el Hospital Español ¿Qué pasó la noche en que se cortó la luz allí? ¿Qué sucedió cuando se interrumpió el suministro eléctrico, se inundó el subsuelo del hospital? Dejaron de funcionar los grupos electrógenos que debían dar electricidad y todo el hospital quedó a oscuras, había personas en terapia intensiva con aparatos tales como respiradores artificiales, digitales, ¿qué pasó esa noche con estas personas? Al otro día aparecieron muertas. Dos de ellas en la propia terapia, una cuando la trasladaban. Qué pasó dentro del hospital, no lo podemos saber. Los enfermeros, los médicos lógicamente no van a testimoniar en contra de sus propios empleadores, al menos no lo hemos logrado todavía, pero es una gran incógnita lo que ha sucedido esa noche ahí”.

En relación a las palabras de Arias, Alejandro Albano de la Asamblea de Inundados de Tolosa remarcó: “hoy en día nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando en relación con el fallo del juez Arias, todos los martes nos estamos movilizando ante la Cámara y principalmente estamos organizando una gran movida para el martes 17 de junio, a las 12, enfrente a la Cámara en calle 45, entre 10 y 11, con el objetivo de apoyar el fallo de Arias y rechazar lo que está haciendo el gobierno que quiere desconocer el fallo y lo que implica. La provincia dijo en un momento que los fallecidos eran 52 y a través de la investigación del juez Arias sabemos que son 89, pero además lo que desnuda todo esto es que hay un entramado de poder tendiente a tapar, que no se sepa lo que hay, e ir tras los responsables políticos que hay”.

“No puede ser que una persona muera porque llueve”

En cuanto a la situación específica en la zona de Tolosa, Alejandro Albano afirmó: “en nuestro caso, con Dora mi señora, estamos nuevos en lo que es la participación en el movimiento asambleario. Nosotros somos vecinos y siempre hemos sido eso, a partir de lo que fue la inundación nos movilizamos, sobre todo por las víctimas. Nos movilizó el hecho que no puede ser que una persona muera porque llueve. Eso fue un movilizador terrible para nosotros y nos enteramos de que unos vecinos que se juntaban en la Plaza Esperanza, que está en 6 y 528, se empezaron a movilizar, fuimos y a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos involucrando cada vez más, y ese involucramiento fue empezar a conocer más cosas. Nosotros como vecinos sabemos que en 2002 en Tolosa nos inundamos, en 2008 la zona norte de La Plata se inundó, pero ahora lo que nos hizo esta inundación fue empezar a indagar, a conocer las causas, a entender por qué se dan todas estas cosas, y esa fue y es nuestra lucha que continúa. Nos reunimos en el Club Sudamérica y nuestra asamblea, como muchas otras, se moviliza por tres ejes: justicia, obras e indemnización”.

En efecto, la mayoría de los vecinos comenzó a movilizarse, reunirse y organizarse a partir de las inundaciones, ante la falta de reacción y respuestas de parte de las autoridades locales y provinciales: “somos nuevos en esto, producto de las desgracias los vecinos nos hemos reunido, nuestra primera reunión fue el 7 de abril del año pasado y nos hemos estado reuniendo permanentemente a partir de esa fecha hasta el día de hoy”, contó Néstor Rodríguez de la Asamblea Parque Vecinal Castelli. “Nuestros pilares fundamentales de reclamos –continuó– fueron, son y serán que se haga justicia, que se sepa la verdad de lo que pasó, que las obras que no están hechas por más que encontremos carteles Scioli, una provincia activa, no son verdad, no hay obras, ni subsidios porque no hemos recibido ayuda del Estado. Nosotros nos hemos inundado y el Estado no ha declarado estado de emergencia en La Plata, ni sanitaria, ni económica, cuando al oeste cuatro vacas se ahogan e inmediatamente a la gente del campo le decretan emergencia económica, con lo cual tiene un menú de créditos, tienen muchas cuestiones relacionadas con impuestos cuando a mí me siguen cobrando el impuesto a la camioneta”.

Mercedes Centena es una oyente fiel de Radio La Retaguardia, y en esta oportunidad se encargó de organizar y producir esta emisión especial. Además, coordinó parte del programa. En este marco, sumó un dato sobre la Asamblea Vecinal Parque Castelli: “allí se han dado a su vez connotaciones bastante específicas porque hay un puntero, un militante social del bruerismo, que ha tenido situaciones de persecución, y no sabemos quiénes han quemado la camioneta de Néstor. Es un barrio con gente mayor, un barrio antiguo de La Plata, es la bajada de una colina y ha sido especialmente damnificado y en lugar de ser recepcionados, los vecinos han sido maltratados específicamente”.

Durante las primeras horas de las intensas lluvias de aquel abril de 2013, desde la cuenta de twitter del intendente de La Plata, Pablo Bruera, se publicó una foto y se indicaba que ya estaba trabajando para solucionar los problemas que la tormenta estaba ocasionando. Sin embargo, luego se supo que el jefe comunal estaba de viaje en otro país. “Él se puede ir a descansar, no hay problema –señaló al respecto Rodríguez–, pero si yo manejo un micro de larga distancia no me puedo ir al baño sin avisarle al copiloto para que tome el volante. Bruera se fue de La Plata y no le dijo a nadie que se iba a retirar a tres mil kilómetros del lugar de su trabajo, con lo cual no sabemos quién fue el responsable de timonear las horas posteriores a la inundación, y tampoco se indaga sobre el tema, tampoco hay responsabilidades, calculo que hoy tiene más posibilidades de ir preso el motorman de Once que cualquiera de los responsables que por desidia y abandono ni siquiera están llamados a indagatoria”.

En este sentido, Centena agregó: “en su momento leí la carta orgánica de La Plata y en uno de sus artículos justamente habla de cuando se da una situación de estrago doloso o de un número grande de damnificados, el Concejo Deliberante está capacitado, habilitado para llamarlo a una indagatoria, estuvimos esperamos esa instancia y no se realizó”.

Según sumó Rodríguez, hubo incluso legisladores o concejales que presentaron una moción para conformar una Comisión que investigara lo actuado por Bruera y su equipo, pero no lograron los votos necesarios.

Democracia renga

Para Néstor Rodríguez, las autoridades políticas quieren hacerle creer a los vecinos que en realidad el 2 de abril no pasó nada: “yo quiero aclarar que en Parque Castelli hemos tragado agua de cementerio, como a todos nos ha pasado, pero cada uno habla de su experiencia, y no hemos tenido ni siquiera una garita sanitaria. Enfrente nuestro falleció un chico por leptospirosis, y sabemos que han hecho controles sanitarios de noche, ¿por qué lo hicieron de noche? Fueron médicos sanitaristas a la casa. ¿Miedo a qué tenían? ¿Por qué no fueron de día? ¿Por qué no estipularon emergencia sanitaria a todos? Porque yo tengo hijos chiquitos en casa. Todos tenemos algún gurí o un mayor en nuestras casas, y no vino ni salud pública de la provincia, ni municipal creando la conciencia de decirnos ‘ahí tienen una garita, vaya, hágase los estudios’, ni médicos infectólogos, no hemos tenido nada. La idea acá es clara. El Estado es absolutamente responsable de todo porque ya había aviso, informes de que esto iba a suceder, y volvieron a hacer la vista gorda”.

En este sentido, Rodríguez dio lo que llamó un ejemplo práctico: “yo manejo un auto, atropello a alguien, no solamente hago abandono de persona, sino que estoy viendo a quién hago acallar, cómo escondo el auto, cómo busco una figura penal para quedar limpio; la cuestión es que no le di una mano al accidentado, lo quise matar o no, no lo sé, la cuestión es que yo abandoné a la víctima, y después cometí una serie de ilícitos para ver cómo borraba la prueba. Y esto fue lo que hizo el Estado en democracia. Yo siento que desde el 2 de abril de 2013 a esta parte la democracia está cada vez más renga, porque en cuanto a derechos y garantías y superación de la problemática nada ha pasado, todos los días tenemos un retroceso”.

De todos modos, Rodríguez destacó el trabajo llevado adelante por los vecinos de Parque Castelli, tanto desde el corazón como desde la angustia: “a los seis meses creamos un monumento a las víctimas que ahora hemos juntado firmas y estamos luchando para que el Concejo Deliberante lo declare de interés municipal y que ningún trasnochado se le ocurra sacarlo, que fue declarado de interés cultural en el momento en que lo inauguramos el año pasado, pero queremos la figura como corresponde de interés municipal. Y en pocos días más estamos lanzando un libro que precisamente habla de estos relatos que se llama ‘El agua bajó, las marcas quedaron’”.

Los negocios, la desidia y la naturaleza detrás de la inundación

Sebastián Mikoluk integra la Asamblea Vecinal Ambiental de Berisso-Ensenada y es periodista. Durante la transmisión especial de La Retaguardia, contó que la misma noche de la inundación se incendió la refinería de YPF en Ensenada, una de las más grandes de Latinoamérica. “Los hornos estaban calientes, el nivel de agua fue subiendo hasta que llegó a los mecheros y es cuando vuela la planta de coque que quedó destruida. El día del incendio no se le avisó a la gente, no fue evacuada. Podría haber volado, y haber volado la ciudad de Ensenada, Berisso, parte de La Plata. Es una de las refinerías más grandes de Latinoamérica, que produce más del cincuenta por ciento de la nafta que se consume en el país”.

Mikoluk sumó otro elemento a los por qué de semejante inundación: “La Plata tuvo un gran crecimiento poblacional y se ha construido en zonas donde está prohibido por ley. En todos los municipios de la provincia, tal vez en todos los del país, hay una ley de ordenamiento territorial que te dice dónde hacer, dónde no, hay zonas que son prohibidas porque son bajas, inundables y porque nosotros vivimos sobre el río, es tierra ganada al río, Berisso, Ensenada, La Plata, es como pasa en Buenos Aires. Nos tendríamos que remontar por ahí a la época de la conquista y cómo construyeron la ciudad los españoles, porque ellos tenían un tablero de ajedrez y subieron en todas las ciudades de Latinoamérica, vamos a Colombia, a cualquier país, México, Chile, las ciudades están construidas sobre lo que se construyó, un tablero de ajedrez, sobre ríos, pendientes, por eso la contaminación y por eso se está hundiendo la ciudad del DF. No es nada casual que después de cuatrocientos años nos digamos por qué nos inundamos, y por qué el río crece, porque busca su cauce natural y es lo que pasó en La Plata, cayó el agua desde muchos más de Los Hornos, de la Ruta 36 y hasta la Ruta 2, esto viene en picada, tenemos doce metros de diferencia con Berisso, es una pendiente de doce metros, el agua por algún lado tiene que ir. El agua busca su cauce natural, su caída. Yo tuve que ir a buscar a mi hija al otro día de la inundación, y fui con el agua a la cintura en 6 y 528”.

Al igual que ocurre en otras ciudades como la Capital Federal o Rosario, en La Plata existe un importante desarrollo inmobiliario. Y esto también trae consecuencias. “Hay que calcular que en La Plata se construyeron muchos edificios –señaló Mikoluk–. En una cuadra donde había cinco casas se construyen tres edificios y estamos hablando de edificios de diez pisos, más subsuelos. Tengo amigos en Edelap, que es la empresa que distribuye la electricidad, y te dicen que los cables son de hace treinta años, entonces vuelan las instalaciones eléctricas, los caños de cloacas y así vamos sumando un montón de cuestiones, pero no solamente tenemos el tema de la pendiente que es natural sino que en Berisso, los cráneos para defender la crecida del Río de la Plata, que era un pedido que venía de hace muchísimos años, hicieron un terraplén costero. No estamos hablando de un terraplén como se hizo Holanda, que está metida dos metros bajo de la cota gdel mar, pero además el tema es que nosotros no somos Holanda, somos Argentina. Acá hicieron un terraplén costero que defiende a todo lo que es la franja costera de Berisso de la crecida del Río de la Plata. La crecida mayor que ha habido del Río de la Plata hace bastantes años, estamos hablando de cerca de cuatro metros. El terraplén se hizo a cuatro metros de altura. Tiene un montón de falencias porque han hecho un gran negocio. Tenemos ese gran problema de que el agua baja y se frena como si le pusieras una puerta, llega hasta ahí el agua y no baja, por eso también nos inundamos en Berisso. Después del 2 de abril, a nosotros nos pasó el 2 de mayo, llovió y nos inundamos y el agua no salía, porque el terraplén tiene un montón de falencias, supuestamente hay una ingeniería hecha, hay bombas que supuestamente expulsan el agua hacia el río, pero no funcionaban porque faltan las bombas, no tienen los grupos electrógenos y está todo a medio hacer. Estamos a ese nivel de conflicto”.

Nuevo puñal

Al ser consultados sobre si se están realizando tareas para evitar nuevas inundaciones, Rodríguez destacó que solo hay una obra grande, pero que no se trata justamente de una obra hidráulica y necesaria para los vecinos: “si uno toma la Autopista Buenos Aires-La Plata en dirección a Capital Federal, está sobre el costado derecho del Arroyo El Gato. Hasta hace algún tiempo vimos un gran pozo, lo están trabajando, y supusimos que era una obra no declarada de la provincia respecto al ensanche del arroyo, pero no es así, es un emprendimiento privado, es una locura, justo en la desembocadura del Arroyo El Gato donde hay bañados, al costado de la autopista están construyendo un country. Pertenece al partido de Ensenada, a la vera del Arroyo El Gato, están elevando metros de tierra para hacer un country, con lo cual no se van a inundar ellos porque van a bajar por autopista pero están complicando enormemente el drenaje del agua, porque estamos hablando de que no se tiene que tocar la cuenca. El gran problema que tenemos en los barrios más carenciados, a los que literalmente el agua se los llevó puestos, es que los patios de las casas humildes limitan con la cuenca del arroyo. Acá otra clase de poder adquisitivo decide crear al costado de la cuenca un dique de contención, con lo cual el agua no se va a estar desparramando, con lo cual ante una lluvia extraordinaria de sesenta milímetros, nada más, nos están complicando la vida. O sea que la única obra visible que hay es esa. Ya hemos presentado denuncias, hay asambleas que lo han hecho. A la Secretaría de Medio Ambiente, ante la autoridad del agua, a ingenieros. Todos reconocen que la obra está, que es un emprendimiento privado, y en una reunión formal que hemos tenido en el Ministerio de Infraestructura nos dijeron que estarían viendo cómo la pueden frenar, lo cual es raro que no se frene ya porque sabemos que no son tierras aptas. Es un puñal más para quienes somos inundados y pasamos por ahí, que después ni aun habiendo 89 muertos tenemos algo de decoro por quienes nos representan”, explicó el integrante de Asamblea de Parque Vecinal Castelli.

“Habría que rastrearles la ordenanza de uso del suelo –se sumó Mikoluk–, porque muchas veces los municipios como están en complicidad lo que hacen es modificar la ordenanza de uso del suelo y te sacan un terreno que es bajo y no se puede construir te lo cambian a uno urbanizado o que se puede urbanizar, y ahí te hicieron el cambio. Entonces cuando el Ministerio de Infraestructura se dé cuenta, si es que no lo saben ya, ya va a ser tarde”.

Albano de la Asamblea de Inundados de Tolosa agregó: “dentro de las obras se tiene que relocalizar una serie de viviendas que están a la vera del Arroyo El Gato. La primera etapa son 120 viviendas y se están haciendo en el lugar que se están haciendo precisamente porque la Municipalidad de La Plata mediante una ordenanza cambió el uso del suelo, porque era una zona industrial y la pasaron a una zona urbanizada para viviendas sociales. Está puesto así en la ordenanza, cuando uno la mira entiende mucho de lo que nos está pasando”.

Al respecto, Rodríguez elaboró otra teoría: “se están expropiando tierras porque nos lo han reconocido, a la margen del Arroyo El Gato por el momento en que se vaya a ensanchar, tienen que tomar tierras privadas. Mi duda está en cuando tomen ese predio cuánto más va a valer, porque nos sabemos cuánta plata puso el dueño, que debe ser un personaje muy particular, para la remoción de tierra, pero va a decir que acá tenemos lucro cesante y que se lo van a tener que pagar. Esa es la gran duda que tengo respecto a ese emprendimiento, quizás saben de antemano que no se podía hacer ahí”.

Todos los asambleístas coincidieron en la disociación que existe entre el poder político y las necesidades reales de la población, y cómo operan en paralelo, apoyándose unos a otros el Concejo Deliberante de La Plata y los poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia, sin tener en cuenta a quienes los votaron.

Acerca del puerto

Durante la emisión especial de La Retaguardia, Sebastián Mikoluk se refirió especialmente a los negocios que hay detrás del manejo del puerto de contenedores de La Plata: “este proyecto viene de la década del noventa, se llamó Atlantic 21 y era para desarrollar el puerto, se pinchó en el camino, no pasó nada. El puerto de La Plata que era nacional, se provincializó y la idea que tuvo la provincia fue crear el Consorcio del Puerto de La Plata para que administre lo que Nación le había cedido. El Consorcio empezó a trabajar sobre el puerto pero en cosas muy puntuales como el tema de las escolleras, etc., pasaron los años y (Daniel) Scioli con su gabinete pensaron qué hacer con el puerto y dijeron que necesitaban una inversión privada. Aparecieron unos filipinos que tienen otros puertos en la Argentina y en Latinoamérica, por ejemplo en Rosario tuvieron un conflicto y se tuvieron que ir por esas cosas turbias y oscuras de los manejos de los contenedores. Pero la gran idea que tuvo Scioli fue cederles la explotación de un sector del puerto de unas 42 hectáreas para depósito de contenedores, como en Capital no dan abasto vieron cómo hacer para distribuir las cargas. Esto genera todo un movimiento de plata. El proyecto del puerto son más o menos cuatrocientos millones de dólares, supuestamente se va a inaugurar en setiembre, lo iban a hacer en marzo, después en junio y ahora setiembre. Todo esto tiene que ver con que los muchachos fueron tan inteligentes y brillantes que primero hicieron la terminal de contenedores y después pensaron en los caminos de salida de la terminal. Ahora están haciendo las calles, nosotros desde la asamblea Salvemos al Monte presentamos un proyecto en el Concejo Deliberante para que activen las vías del ferrocarril. En Berisso funcionaros durante muchos años los frigoríficos y ahí hay vías que no están activas, pero existen y nosotros pedimos en base a un estudio que hizo un ingeniero ferroviario el desarrollo del tren para sacar los contenedores en tren y no en camiones. Se evita así el camionerío, ya que serían en principio 380 camiones por día. La cuestión es que la salida de los contenedores representa una infraestructura vial importante. En Villa Elisa también tenemos la continuación de la Autopista Presidente Perón, que supuestamente serviría para hacer un anillo conector con el puerto de La Plata, se metería en el Parque Pereyra”.

A esta explicación se sumó Néstor Rodríguez quien señaló que previamente había un recurso de no innovar por parte de un juez que prohibió atravesar ese pulmón verde: “tengamos en cuenta que en 2002 la inundación viene en parte de esa zona también y mucha culpa se le estaba echando al tema de que la autopista cometió o cumplió las veces de dique, ahora hacen otra paralela ya en un pulmón verde en Villa Elisa donde el daño ambiental es irreparable, y antes de que un juez levantara la prohibición ya se estaba hablando de la Ruta 6 y la Avenida 90. Hay toda una lucha de Villa Elisa y toda la zona norte para que no se haga la ruta por ese lado”. Pero una vez más, las autoridades políticas parecieran no escuchar las necesidades y reclamos de los vecinos.

Las voces de las asambleas de Inundados de Tolosa, la Vecinal Parque Castelli, de La Loma y Berisso-Ensenada se pudieron escuchar en esta emisión especial que Radio La Retaguardia realizó, con la producción de Mercedes Centena, en la Casa del Pueblo. No es casualidad que el programa se haya podido desarrollar allí, ya que la Casa del Pueblo tiene relación con algunos de los integrantes de las asambleas y ha sido sede, incluso, en tres oportunidades de la recepción de las donaciones que desde todo el país llegaron para dar una mano a las víctimas de las inundaciones. Una mano que debería venir principalmente desde las autoridades locales, provinciales y nacionales, algo que parece una obviedad, pero que tal como lo relataron los vecinos de La Plata, no lo es.

La necesidad y la solidaridad hizo que quienes vivían en los barrios y zonas afectadas dejaran de saludarse apenas cuando se cruzaban por la calle, y pasaran a reunirse, conocerse, organizarse y juntos salir a reclamar y exigir por sus derechos, a pelear para que una tragedia evitable como la del 2 de abril no vuelva a suceder.

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Argentina, Córdoba: La ciudad paralela que se cierne sobre Alta Gracia

Adrián Camerano (PRENSA RED)

“El pueblo aprendió que estaba solo… El pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza.”
Rodolfo Walsh

1. En espejo con la jesuítica Alta Gracia, una ciudad paralela y exclusiva crece en las sierras y amenaza con modificar para siempre el futuro de la localidad. De facto, y por años, un country ubicado en plena Área de Protección Ambiental incidió en una comunidad a la que nunca pretendió integrarse, usó a su arbitrio un curso de agua y restringió la circulación en el espacio público. Además, montó una cancha de golf de 18 hoyos sobre un arroyo. Pero por si todo esto fuera poco, ahora va por más: una segunda etapa con construcciones en altura, mayor consumo de agua e incógnitas varias; por ejemplo, adónde irán a parar los residuos cloacales de tamaña urbanización.

La zona donde está la ciudad paralela tiene carácter de reserva natural y valor patrimonial ligado al pasado jesuítico, ya que los Paredones eran parte del sistema de recolección de agua ideado siglos atrás. De hecho, al lugar los jesuitas le llamaban “Potrerillo”, porque allí pastaban sus animales. El “De Larreta” se agregó después, cuando el aristocrático don Enrique compró 430 hectáreas que eran parte de la Estancia Jesuítica, hoy patrimonio mundial.

El country Potrerillo de Larreta prevé una ampliación –“Potrerillo 2” o “Sur” o “del Sur”- y compite en superficie con la propia ciudad. Allí se ha alambrado en reiteradas ocasiones el acceso al arroyo Los Paredones; celosos guardianes desaniman a los caminantes, que de seguro serán fotografiados si intentan pasar; y ni siquiera ingresan los recolectores municipales de residuos. Tiene ley propia, y lleva en su sino fundacional las sospechas ciudadanas acerca del uso privado del arroyo. Una estimación del consumo de agua en el lugar, basada en datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ubica al megaemprendimiento solicitando 100 millones de litros anuales, de los cuales el 87% iría al riego de la cancha de golf(1). No es justo: mientras arriba se mantienen verdes los greens, abajo hay barrios con un servicio deficiente, o directamente sin agua.

Por todo ello, más las consecuencias socioambientales que traería la ampliación, se trata sin dudas de “Un country distinto”, como “vende” el socio Edisur en un video institucional(2).

Se trata, ni más ni menos, que del poder real, bajo la máscara del “progreso” -versión neoliberalismo tardío- y con estrecho vínculo con el poder formal, que a veces mira para otro lado, otras (lo veremos) juega a favor del llamado “desarrollismo”.

Enfrente, vecinos organizados por el derecho a la vida, la tierra y el ambiente.

2. Tierra y Ambiente fue un colectivo altagraciense que planteó en la agenda pública la discusión del derecho a la vida vinculado al ambiente. La ingeniera agrónoma Mercedes Mascó, integrante de aquel grupo(3), rescata esa experiencia y delimita hoy cuatro grandes problemáticas ambientales en el territorio cordobés. “El avance de la frontera agrícola, con áreas que ya casi no tienen bosque nativo, y el avance sobre el bosque serrano; el avance de la construcción, que afecta al ecotono, una zona muy rica, de transición entre el bosque de llanura y el serrano; y grandes incendios que afectan fuertemente a la vegetación. Todo esto trae un problema general, la falta de agua”(4).

En este contexto, se multiplican en la geografía provincial luchas populares, en las que las organizaciones hacen de Davids y lidian contra Goliats que suelen tener aval estatal(5). Y surgen entonces algunas preguntas: ¿Qué lleva a un grupo de altagracienses a dedicar prácticamente sus vidas a la lucha por el espacio público, la defensa del agua, la vida? ¿Miedo a una desertificación cada vez más evidente? ¿Mera conciencia ambiental? ¿La igualdad de condiciones, la desaparición de la brecha entre los que más y menos tienen?

¿Sentir hondo cualquier injusticia, como pedía un vecino, el Che?

En Alta Gracia, esta lucha tiene un nombre: Todos por Nuestros Arroyos.

3. María deja la bicicleta a un lado, goza el sol. Se sienta en una piedra redonda, de esas esculpidas por el agua durante siglos, y llora. Corren las lágrimas por el rostro guapo de la menuda María Vidosa una tarde de principios de los 2000, por lo escuálido que está el arroyo Los Paredones. Allí nació y se crió, allí vio cómo ese arroyo se convertía en casi nada.

“Ellos empiezan a cerrar estos lugares con la excusa de la reserva ecológica, hace unos 30 años. El quiebre para mí fue un puente que construyen delante del Primer Paredón Jesuítico. Yo iba a la Municipalidad, estaba de intendente Mario Bonfigli, pero jamás fui escuchada. Entonces iba y me sentaba a llorar en el Paredón, porque ya faltaba el agua, o venía turbia. Diez años después, conversando con mi amiga Esther Burlli, empezamos a hacer el comentario por Facebook acerca de qué pasaba con el arroyo, a subir fotos, y vimos que había gente interesada. Dijimos ´vamos a armar un grupo´, y nos empezamos a reunir”(6).

María sigue llorando, pero ahora con otros. Juntos por el agua, empiezan a organizarse.

4 . Ahora vienen por el agua. La profecía apocalíptica se confirma hoy con casos de privatización del agua dulce en varios sectores de la vasta geografía nacional(7). Algo similar ha ocurrido en Alta Gracia. Y el panorama se agrava con la anunciada construcción de numerosas “casonas y condominios”(8), en pleno paraíso natural. “Estamos hablando de una ciudad paralela que va a consumir el doble o el triple de agua que consume hoy la ciudad, por la sencilla razón de que es un country, que se riegan jardines, parques, las piletas… un consumo propio de las clases sociales más altas”(9) sostiene Néstor Ferrari, un herrero que en el 2001 hizo la primera denuncia ante el Estado Provincial(10).

Es al respecto sumamente claro el periodista francés Hervé Kempf, cuando dice que “con la corrupción en el centro, el capitalismo se reconfigura en base al lucro, el exhibicionismo y el desprecio por las reglas colectivas”(11). Pero, en rigor, no hace falta mirar para afuera: que el agua es pública y las riberas de libre circulación lo establece la propia Constitución Nacional(12).

Por eso, además de angurria, poder y ambición, estamos hablando de eso: mero “desprecio por las reglas colectivas”.

5. “Notamos estos problemas a partir de la construcción del country, y que ya no se podía acceder a ciertos espacios del arroyo –rememora Vidosa, una quincena de años después-. Lo que más nos preocupaba era la falta de agua. Entonces hace cuatro años fundamos Todos por Nuestros Arroyos, empezamos a ir al Concejo Deliberante, a hacer caminatas, siempre de manera pacífica. El tema creció en la discusión pública, y empezamos a hacer asambleas en la plaza”(13). “La primera intención que tuvimos fue la de reunirnos y dejar de quejarnos, después surgió formar el grupo” confirma hoy Burlli desde Mar del Plata, donde vive(14).

De golpe, la falta de agua en el arroyo irrumpe en la agenda pública. “Repercute primero con un dato concreto, que el arroyo no tenía agua. El problema explota por las redes sociales, se visibiliza y se desnaturaliza, porque estaba naturalizado que el arroyo no tenía agua. Hoy ya no es natural o incuestionado –señala la politóloga María Paula Ávila, integrante de TPNA-. Cuando el grupo se organiza, camina, entra al country y registra y filma todas estas irregularidades, deja de ser el rumor o un supuesto y pone en evidencia al Estado de no ocuparse. Eso es lo que vino a hacer la organización”(15).

Interpelado el Estado Municipal, las respuestas fueron tres, según Ávila. “El primer argumento fue que el lugar no era del ejido de Alta Gracia y no tenía competencias para actuar. Eso cambió con la ampliación del ejido y que Alta Gracia tuviera el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial. El Estado entonces no pudo sostener esa primera máscara, y ahí fue la primera interpelación hacia el Estado de la organización. La comisión de investigación fue la segunda excusa del Estado para dilatar; la organización decide no participar, porque ya estaba todo investigado, y siguió haciendo caminatas, se quejó de las lagunas sanitarias, de otros arroyos, del río Anisacate, hasta la cautelar que restableció el alambre por unos meses, en diciembre de 2012. Eso judicializó el conflicto, llevándolo a un nivel provincial: country contra Provincia. Esa es la tercera marca de la Municipalidad, que es decir ´Está en manos de la Justicia´”, cierra.

La comisión se reunió una sola vez y nunca reportó un informe, el tema transita Tribunales aún hoy. Justicia perseguirás.

¿Justicia perseguirás?

6. No pocos consideran una parodia el litigio judicial que el country inició al Estado Provincial, en defensa de su supuesto derecho a alambrar el espacio público. Más allá de que cuesta entender el avance en los estrados de una presentación de ese tipo, siempre está presente el estrecho lazo que vincula al emprendimiento con diversos actores del poder formal.

De muestra, un botón: un convenio con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba permite a los socios ingresar de manera libre, y les otorga tarifas preferenciales para jugar golf y/o hospedarse en la hostería de 17 habitaciones(16).

Pero si una imagen vale más que mil palabras, un video significa mucho más. Y dos, ni hablar, filmados ambos al presentarse al grupo Edisur como socio de Potrerillo de Larreta en la comercialización del emprendimiento. El registro de las “paquetas” reuniones en las que se produjo el “desembarco” (así nombrado) de Edisur y se anunció la ampliación, en diciembre, puede entenderse como una herramienta de difusión, o un compendio de confesiones.

Comienza el video de “Evento con periodistas” (4´4”) mostrando el lema del grupo: “Desarrollando ciudad”(17). Justamente eso es lo que se pretende hacer en la reserva natural, una ampliación que termine de conformar una ciudad paralela, y para ello es indispensable una venia estatal que todavía no se concretó, aunque no faltan indicios para suponer que es sólo cuestión de tiempo. Al respecto, es muy claro en el video el director de Edisur Horacio Parga. “El desarrollo solo no funciona. El sector privado sin el público no puede funcionar, y este caso no va a ser la excepción” plantea el también titular de la Bolsa de Comercio cordobesa. Y tras cartón admite el Talón de Aquiles, la des-conexión con el pueblo: “Vamos a trabajar conjuntamente con Potrerillo para insertarnos bien en Alta Gracia, con la sociedad de Alta Gracia”.

Es que, a pesar de estar encabezado por una familia arraigada en la ciudad y tener más de una década de trayectoria, Potrerillo no termina de lograr consensos. Por eso la presencia de Edisur, tras años de silencio mediático o vacilaciones a la hora de intentar rebatir los cuestionamientos públicos. En declaraciones posteriores, Parga reafirmaría esa estrategia y trazaría además como objetivo central el de “desarrollar una obra de agua que permita abastecer el emprendimiento y dejar de tomar agua del arroyo”(18).

A confesión de partes, relevo de pruebas.

Pero volvamos al video. Toma la palabra el afable arquitecto Ignacio Zuberbuhler, relata que su abuela le convenció al abuelo “para que comprara”, y –pecado- nombra al arroyo. “Caminando conmigo por acá, mi abuelo me dijo: ´Yo tengo el deseo de que hagan un loteo contra el arroyo´, que iba a ser un negocio bueno y que iba a ser muy bueno para Alta Gracia”, dice. No explica don Ignacio si el abuelo le habló de la cancha de golf sobre el arroyo, pero ahí están, contundentes, los 18 hoyos de prestigio nacional.

A continuación, otros socios. Rubén Beccacece, de Edisur, parece ser alguien que va a al grano. Su colega Fernando Reyna, también. El primero habla en el spot de apostar a “la relación con las autoridades como para poder llegar a acuerdos que permitan seguir potenciando este emprendimiento”, el segundo directamente agradece a los periodistas presentes: “Nos acompaña muchísima gente, nos acompañan los compradores, sobre todo nos acompañan ustedes, la prensa”(19).

Ninguno de los dos pierde el tiempo. Fin del video, música cool, buena onda, rostros finos.

Pero si el spot con la prensa es llamativo, el que difunde el “Evento con propietarios”(20) roza el escándalo. Dura apenas 3´17”, pero aún hoy da que hablar en la ciudad del Tajamar. Parga abre la filmación asegurando que “estamos abierto a escuchar”, algo por lo menos en duda ante la inexistencia de instancias de diálogo y participación ciudadana de diciembre a esta parte. Pero lo de verdad llamativo es el papel protagónico que en el registro juegan dos representantes estatales, el Intendente de Alta Gracia y el Ministro de Infraestructura. El abogado Torres, a cargo del Ejecutivo Municipal, adelanta que “vamos a darles todas las manos que podamos” para la urbanización en el área de protección ambiental. Y promete: “Vamos a trabajar juntos con ustedes para que este emprendimiento llegue a mejor puerto posible”.

A su turno, Hugo Testa reconoce que “desde el Gobierno de la Provincia siempre vamos a estar apoyando este tipo de emprendimientos y desarrollo, y sobre todo cuando confluyen una familia honorable y distinguida de Alta Gracia, como es la familia Zuberbuhler, y el grupo, la familia Edisur”. Siempre hablando como funcionario público, Testa se ocupa -sin nombrarlos- de quienes cuestionan el megaemprendimiento. “Todos los altagracienses deberíamos estar orgullosos de que ustedes estén aquí hoy”, alecciona.

Risas, abrazos, excelente música. Todo muy lindo, salvo un detalle: Testa y Torres representan a dos Estados enfrentados con el Potrerillo en la causa judicial(21).

7. Lo de ciudad paralela no es sólo una figura discursiva ni una mera cuestión de dimensiones. Implica una concepción ideológica de autoencierro, autoabastecimiento y des-conexión con “los otros”, en un lugar paradisíaco, enorme y para muy pocos. Cuenta el promotor cultural Adolfo Barrera que “las elites siempre vivieron en lo que se conoce como “El Alto”, y en algún momento fantasearon con que ese sector fuera otra ciudad, ´Carlos Pellegrini´. Pero cuando a esa zona de Alta Gracia comenzaron a llegar hijos de inmigrantes con poder adquisitivo, no les gustó nada y comenzaron a asentarse más arriba, sobre las sierras”(22).

Ávila lo pone en términos académicos. “Hay dos expulsiones hacia la periferia. Una voluntaria, de sectores privilegiados, y otra impuesta, para los sectores más empobrecidos, que viven en las otras afueras, más accesible. Hay entonces una periferia excluida del circuito urbano, y otra que se autoexcluye”(23).

Desde las sierras, entonces, los más favorecidos nos miran a todos desde arriba.

8. Justamente arriba, al cielo, miró más de una vez Pablo Catania No tanto por su condición de pastor de la iglesia “Jesús para todos”, sino para intentar dilucidar si el clima permitiría las múltiples actividades al aire libre del grupo Todos por Nuestros Arroyos, del que es referente. De alta exposición pública en el reclamo al country, Catania fue de los primeros en avisar que se venía arriba una ciudad paralela, y traza un paralelismo con la época medieval(24). “Adentro del castillo vivían los poderosos y afuera el pueblo, que recibía protección a cambio de alimentación. Los countries se fueron apropiando de esos mejores lugares, pero ahora es al revés: le tienen miedo a la gente, por eso se encierran, y usan esos recursos con la aprobación de los municipios, a cambio de dádivas. La lógica de la ciudad paralela y la medieval es lo mismo”(25), dice. Y completa: “Tenemos ahí dos ciudades: una cerrada, otra abierta; una que genera exclusión, la otra busca generar inclusión. Tienen leyes distintas y están diferenciadas en todo. Hay un vínculo de amo y vasallos, donde el Estado dice que le va a dar todo el apoyo al desembarco de Edisur, que viene a profundizar el problema y la herida social”, asegura. Intimidado varias veces por su militancia social, Catania cree que la ampliación consolidaría “una vida de paraíso para unos pocos, bancada por el resto”.

El asunto central es el agua. “Ellos tendrían su propia planta potabilizadora y dejarían de sacar agua del arroyo –palabras de Parga-, a cambio de una obra que consistiría en traer agua de la toma del río, lo cual afectaría a las comunas aguas abajo y a la cuenca hídrica. Para nosotros primero hay que resolver el problema de Potrerillo 1; van diez años que van extrayendo agua y afectando a la ciudad con una impunidad total”(26), asevera Catania. Y cierra: “Tiene que haber una remediación de eso y una indemnización por el daño y el uso económico del agua. Proponemos que no saquen agua del río, sino que inviertan en la ampliación de la planta de Alta Gracia y que ellos se conecten, lo que les daría nivel de vecinos comunes”.

Ferrari, a su vez, considera que “el impacto que va a sufrir la ciudad es arriesgar uno de sus recursos más entrañables en pos de una súper calidad de vida de un grupo de gente, y sobre todo van a afectar ambientalmente una cuenca pequeña y frágil, la del arroyo Chicamtoltina. Aparte de la invasión del espacio público y de la ruptura del pacto que hubo en algún momento entre la sociedad y los dueños”(27). La politóloga Ávila coincide, subraya el “hacer ciudad” a través del encierro y la autoexclusión, y alerta: “Estamos destinando nuestra agua a que se enriquezca un sector reducido; si se concreta este proyecto se van a agudizar las tensiones con los vecinos”(28).

De similar modo piensan Mascó y Vidosa. “Va a afectar muchísimo las condiciones de vida, será un cambio muy grande” señala la bióloga, mientras la fundadora del grupo avizora “una ciudad paralela que perjudicaría terriblemente a Alta Gracia, y además una ciudad vip”. “Lo mismo que planteé cuando vi que el arroyo estaba sin agua y habían construido ese puente, 14 años atrás”, señala.

Plantea John Holloway que “el mundo está lleno de dignidades, de desobediencias, de grietas en el tejido de la dominación”(29). Esas resistencias intentó graficar este trabajo, que aquí termina.

El final de esta historia queda abierto.

El presente trabajo es 1º Premio “Rodolfo Walsh 2014" del CISPREN.

Notas:
1) Informe al bloque del Frente Cívico de la Legislatura provincial del grupo Todos por Nuestros Arroyos, 7 de agosto de 2012.
2) Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=u5LkyRKpRi0.
3) El colectivo funcionó entre 2009 y 2011.
4) Entrevista con el autor, mayo de 2014.
5) Las luchas por el derecho al ambiente sano, contra la acometida de lo privado sobre lo público y por los bienes comunes en lugar del lucro individual jalonan esta Córdoba que no atina aún a sacarse el sayo neoliberal. Fumigaciones en barrio Ituzaingó, Monsanto en Malvinas Argentinas y Río Cuarto; basura en Bouwer, Piedras Blancas y Juárez Celman integran una lista que fundamenta largamente un pedido de declaración de emergencia ambiental.
6) Entrevista con el autor, mayo de 2014.
7) Los más publicitados han sido los casos de Douglas Tomkins en los Esteros del Iberá (Corrientes) y Charles Lewis en lago Escondido (Río Negro). Con el argumento conservacionista, se restringen derechos de todos. Y el agua, siempre, está en el centro de la cuestión. En Alta Gracia, el 7 de junio de 2011 la Subsecretaría de Recursos Hídricos ordenó sacar los alambres y señaló que “Se evidencia una clara transgresión a lo establecido en el artículo 2340, inc. 3 del Código Civil; Artículo Nº 2 de la ley provincial Nº 8548 y los artículos Nº 2, 3 y 146 de la Ley Provincial Nº 5589 (Código de Aguas)”.
8) Declaraciones del socio de Edisur Rubén Beccacece al diario Comercio y Justicia, 12/12/2013.
9) Entrevista con el autor, mayo de 2014.
10) “Con mi esposa un día nos encontramos con un alambrado en 2011 que decía ´Prohibido pasar´. Hacemos una denuncia frente a la DAS, Dirección de Agua y Saneamiento, que vino, constató la infracción, impuso una multa y no hizo retirar los alambres. Con tristeza vimos cómo destruían lo que alguna vez fue una reserva forestal, para hacer los caminos nuevos y el country. Yo hice una denuncia pública, llamó Alejandro Zubebuhler a presionar a ver qué pasaba, bueno, como pasa siempre… si te fijás casi todos los medios de Alta Gracia tienen una página de Potrerillo de Larreta. ´La prensa independiente´” dice, con sorna. Entrevista con el autor, mayo de 2014.
11) KEMPF, Hervé, “Para salvar al planeta, salir del capitalismo”, Pags. 28 y 29, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2010. La obra esclarece el avance del capital por sobre los recursos ambientales y los derechos.
12) En su artículo 71, la Carta Magna establece que “son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su jurisdicción”, y en el 73 que “se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público. El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías de circulación por las riberas”.
13) Entrevista con el autor, mayo de 2014.
14) Comunicación electrónica con el autor, mayo de 2014.
15) Entrevista con el autor, mayo de 2014. Una cronología de las actividades del grupo y los hechos vinculados al alambrado en el arroyo consta en los anexos de este trabajo.
16) Cartilla de Servicios y Convenios de la Asociación, http://www.magistracor.org.ar/convenios.pdf.
17) Disponible online en http://www.youtube.com/watch?v=favvktP3ULM.
18) Diario Sumario, edición 596, 13 de diciembre de 2013, página 6.
19) “Nos acompañan ustedes, la prensa” parece ser la frase que explica por qué la lucha de Todos por Nuestros Arroyos es atacada, ninguneada o invisibilizada por los más tradicionales medios de comunicación locales. Por ello, el colectivo recurre a las redes sociales virtuales, las intervenciones en la vía pública, medios alternativos y de relativamente reciente aparición y el famoso “boca en boca”. Pese a ese obstáculo, el grupo ha logrado fuerte apoyo social, también en parte por una sostenida labor educativa en escuelas públicas y privadas. Con relación a los medios, en su obra “Cómo los ricos destruyen el planeta”, Kempf habla de “la traición de los medios de comunicación” y destaca que “no podemos ignorar el imperceptible deslizamiento del espíritu de la corporación periodística hacia un conformismo generalizado. La indignación se ha vuelto vulgar, la opinión divergente es calificada de ´militantismo´ y la crítica a los poderosos se ha convertido en una figura antigua del arte periodístico que se ensalza tanto más cuanto menos se practica”. KEMPF, Hervé, “Cómo los ricos destruyen el planeta”, Pág. 130, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011.
20) Se desconoce si Testa y Torres revisten tal carácter, pero fueron figuras del “Evento con propietarios”. El video está disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ECoj7ErHwFY.
21) En el caso municipal, como “tercero interesado”.
22) Diálogo con el autor, mayo de 2014.
23) Entrevista con el autor, mayo de 2014.
24) Video del programa televisivo Glass, disponible https://www.youtube.com/watch?v=1DLJ3-UNtJQ.
25) Entrevista con el autor, mayo de 2014.
26) Al respecto, Carlos Reboratti alerta que “Estamos consumiendo cada vez más agua (…) casi siempre el uso del agua implica devolverla contaminada al ambiente”, REBORATTI, Carlos, “La naturaleza y nosotros”, Pág. 70, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.
27) Entrevista con el autor, mayo de 2014. Reboratti postula que “muchas veces las empresas no tienen en cuenta el valor del ambiente (…) Es el Estado, representando a toda la sociedad, el que debe poner límites”. REBORATTI, Carlos, “La naturaleza y nosotros”, Pág. 53, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.
28) Entrevista con el autor, mayo de 2014.
29) HOLLOWAY, John, “Acerca de la revolución”, Pág. 75, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2012.

Adrián Camerano es Director del diario “El Argentino” – Edición Córdoba.

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Boudou fue procesado y la oposición ya lo trata como condenado

Emilio Marín (LA ARENA)

El juez Ariel Lijo decidió procesar al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Otros cinco imputados también. Estar procesado es algo grave, pero la oposición y Clarín ya lo tratan como si hubiera sido condenado.

Las circunstancias del auto de procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y los demás imputados en la causa Ciccone fueron como mínimo inusuales. Fue conocido el viernes 27 de junio pasadas las 23 horas, en un horario excepcional para Tribunales. El Centro de Información Judicial divulgó esa decisión del juez federal Ariel Lijo, que alcanzaba al vicepresidente y a otros cinco imputados, ahora procesados. Ellos son el amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; el amigo de éste Alejandro Vandenbroele (titular del The Old Fund, que pasó a controlar la empresa impresora); Rafael Resnick Brenner, ex funcionario de la AFIP; y Nicolás Ciccone, de la familia original de la empresa; y su yerno Guillermo Reinwick.

De todos los imputados el único que por ahora ha zafado de la resolución del magistrado es Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete de Boudou en Economía, que pospuso su declaración indagatoria un par de veces aludiendo a sus funciones actuales. Forcieri representa a Argentina y otros países latinoamericanos ante el directorio del Banco Mundial, en Washington. Había sido señalado por Resnick Brenner como la persona que lo citó a Economía y le presentó a Núñez Carmona, diciéndole que sería quien se ocuparía del caso Ciccone ante la AFIP en nombre del ministerio -el presentado no revistaba como personal de Economía-.

El juez Lijo procesó al lote mencionado como supuesto autor de coimas o cohecho, activo o pasivo según quién las hubiera pagado y cobrado, y a Boudou por el cargo extra de negociaciones incompatibles con la función pública. La teoría del magistrado, que desglosa a los largo de las 332 páginas de su resolución, es que el vice con sus operadores Núñez Carmona y Vandenbroele se quedó con el 70 por ciento de la imprenta Ciccone. Y que el ex propietario de la misma y su familia aceptaron eso para quedarse con el 30 por ciento restante del paquete accionario, luego de salvar a la firma de la quiebra y la deuda millonaria con el fisco.

Para la óptica del juez, estaría comprobada la operatoria de la corrupción y los negocios de Boudou con The Old Fund al negociar la deuda de Formosa, negocios que se acrecentarían con los contratos del Estado con la nueva Ciccone o Compañía de Valores Sudamericanos. Se basó en las declaraciones de la familia Ciccone y algunos imputados sobre las reuniones que habrían mantenido con el vicepresidente para organizar la compra, en los cruces telefónicos de éstos en momentos clave de la operación, en los viajes conjuntos al exterior de tres de los imputados, etc.

Para los abogados de Boudou y otros procesados, se trata de una burda maniobra del juez para perjudicar a sus clientes, sin respaldo ni pruebas, por lo que adelantaron que apelarán los procesamientos ante la Cámara Federal.

¿A quién creerle?

La oposición política y mediática en su conjunto cree a pie juntillas todas las acusaciones de Lijo. Es más, lo trata a Boudou como si ya estuviera condenado, y no sólo procesado, quedando como únicas diferencias la táctica a seguir. Unos, como Sergio Massa, Gerardo Morales y Laura Alonso -del Frente Renovador, UCR y PRO, respectivamente- propugnan sacar al vicepresidente por la vía del juicio político. Otros, más expeditivos y conscientes de que hoy no cuentan en el Congreso con la mayoría de votos para asegurar aquel enjuiciamiento, directamente reclaman la renuncia de aquél. Así grazna Elisa Carrió, solazándose con ser siempre la más dura de sus pares en su trato hacia el gobierno.

Estos políticos no se han tomado el trabajo de leer el expediente ni conocen mucho de la causa, cosa que sí hizo desde el vamos el responsable del caso en "La Nación", Hugo Alconada Moon. A la oposición simplemente le viene bien acusar a Boudou de corrupto, como forma de disparar el mismo epíteto sobre Cristina Fernández de Kirchner y asegurarse que su gobierno se irá en 2015 con la cola entre las piernas, dejando mal parado a los candidatos oficialistas a sucederla.

Ver en "La Cornisa" de Luis Majul (América) a Graciela Ocaña y Laura Alonso, o leer las declaraciones de Carrió y Massa en medios del grupo Clarín, provoca una sensación de náuseas. Eso llega al vómito cuando se topa con los dichos de Fernando de la Rúa a Radio Nacional Rock, asegurando que los fundamentos de Lijo "son muy contundentes". Mejor le hubieran preguntado por el default de 2001 y los 30 argentinos asesinados por la represión que él ordenó en diciembre de ese año.

De todas maneras, aún sobreponiéndose a ese ambiente nauseabundo, el cronista no puede asegurar que Boudou sea inocente. No lo sabe. No pone las manos al fuego por un vicepresidente joven y enriquecido que no tiene una foja de servicios y militancia como, por ejemplo, Carlos Zannini. Valora sí su aporte a la estatización de los fondos previsionales, a favor de su pase desde las AFJP a la Anses.

Escasa defensa

Justamente lo que llama la atención es la escasa defensa y argumentos poco imaginativos empleados por los pocos oficialistas que hablaron en favor del procesado.

Primero y fundamental, la presidenta se mantiene en silencio. Se entiende que no quisiera hablar antes de tiempo y que no deseara colaborar con poner el tema en tapa de los diarios. Pero esas razones pudieron tener algún fundamento, por lo menos parcial, antes del procesamiento, cuando su compañero de fórmula fue imputado.

Ahora ya no tiene sentido esa falta de opinión presidencial. El tema ya está puesto en todos los medios con letras de molde y la única campana que se oye es la de la oposición, que redobla como una condena final.

Después del viernes pasado esa falta de explicaciones es como un bumerán que se vuelve contra Cristina Fernández. Al fin de cuentas fue ella la que seleccionó a su vicepresidente en 2011. Debería decirle al país si sigue creyendo en su inocencia o bien aconsejarle tomarse una licencia para preparar su defensa y demostrar que no tiene nada que ver con el escándalo Ciccone.

Cada día que pase sin que CFK diga esta boca es mía, el caso será como un pelotazo en contra de su propio gobierno, a lo largo de los muchos meses que puede tardar las apelaciones, recursos, etc, antes de ser elevada la causa a juicio.

Decir, como Jorge Capitanich, que Mauricio Macri está procesado igual y que legisladores opositores como Oscar Aguad y Federico Sturzenegger también estuvieron procesados, con ser muy cierto no es una buena defensa. En el mejor de los casos se demostraría el doble juego de la oposición y Clarín, pero no la inocencia del vicepresidente.

Hasta ahora dijeron creerle una lista corta de oficialistas: Feletti, Agustín Rossi, Luis D'Elía, La Cámpora y Milagro Sala, que auspiciaron el "Te bancamos, Amado" el día que el imputado declaró en Comodoro Py.

Es poco abrigo para semejante invierno. Hubo momentos en que aquél quedó al desnudo, como cuando Zannini, Capitanich y Axel Kicillof fueron al Congreso para reunirse con los bloques y explicar el conflicto con los "fondos buitres". Al vicepresidente ni lo invitaron, cuando la renegociación de 2010 la co-condujo él como pope en Economía.

Ruta del dinero

Un reproche que hacen al juez los medios cercanos al oficialismo, caso de Página/12, es que dictó el procesamiento sin haber investigado la ruta del dinero empleado para pagar el rescate de la imprenta. Este tema lo había planteado la Cámara Federal (Freiler, Farah y Ballestero); algunos habían sugerido ampliar la lista de testimoniales con personajes ligados a financistas, como Marcos Lanusse, proveniente del Banco Macro y luego directivo de The Old Fund.

Parece una crítica válida al magistrado, aunque éste puede atenderla y solucionarla en un futuro cercano. Podría hacerlo, del mismo modo como el viernes ampliará la indagatoria al vicepresidente. En su primera comparecencia al juzgado, al aludir a la ruta del dinero, Boudou mencionó a Raúl Moneta pero no a Jorge Brito, del Macro y ligado al kirchnerismo. No sea cosa que al investigar sobre la plata esa pista llegue hasta bancos amigos...

Lijo fue cuestionado por Carlos Kunkel y otros. Desde otro ángulo, familiares de los dos jóvenes asesinados en 2002 en Puente Pueyrredón y Estación Avellaneda, también criticaron sus demoras en el expediente contra los responsables políticos de esos crímenes.

Nadie lo ha acusado de ser un juez funcional a quienes detentan el gobierno, caso de Norberto Oyarbide, ni de servil al monopolio de Héctor Magnetto, como los camaristas de las "cautelares".

Cercano al cristinismo, Horacio Verbitsky escribió el 8 de junio: "pese a que Ariel Lijo fue designado por el ex presidente Kirchner en 2004, Boudou no lo considera un juez amistoso. Por encima de Lijo actúan otros 16 magistrados: tres miembros de la Cámara de Apelaciones cuyo rol es el de un tribunal de garantías para el imputado, cuatro del posible tribunal oral de juicio si la causa termina en una elevación a debate, tres de la Cámara Federal de Casación Penal y seis de la Corte Suprema de Justicia".

Boudou no está siendo linchado por la "corpo" judicial en Tribunales; tiene todas las garantías para demostrar su inocencia, si es inocente. ¿Lo es?.

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