lunes, 14 de julio de 2014

Argentina: Deuda pública y banco central 2014

Lic. Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

Las novedades que se están precipitando en materia de endeudamiento público desde el estallido de la nueva Crisis de Deuda en este verano de 2014 - laudos del CIADI, indemnización a Repsol, arreglo con el Club de París, nueva deuda por Bonar en pesos 2017, juicios de los holdouts, etc. - han relegado a un segundo plano un hecho tanto o más grave que está ocurriendo paralelamente con la deuda cuasi-fiscal del Banco Central (BCRA).

La función principal de un banco central es preservar el valor de la moneda, porque la estabilidad del valor de esa moneda es la base de todos los precios de bienes y servicios de la economía del país.

La Argentina sufre desde hace largas décadas una patología endémica que afecta su sistema monetario, cambiario y bancario, que es la Inflación. Y un capítulo clave dentro de esta malformación financiera deriva de la operatoria del BCRA como producto de su propio endeudamiento.

La compra de reservas con deuda

El gobierno Kirchner ya no tiene más superávits sino déficits gemelos: fiscal y externo. El déficit fiscal es fuertemente creciente y la balanza de pagos es negativa. Por ende, los servicios de la Deuda Externa no se han venido pagando con recursos excedentes o genuinos sino tomando las divisas que se necesitan del BCRA y supletoriamente de otros entes u organismos del Estado (como la ANSES y el Banco Nación).

El Tesoro Nacional, a través del Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA), ha venido usando en gran escala las reservas internacionales del BCRA para pagar así deuda con acreedores externos - acreedores privados y organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) - entregándole en contrapartida Letras Intransferibles a 10 años de plazo y a una tasa de interés prácticamente nula.

Estas letras - por otra parte - no tienen capacidad de repago demostrada, por lo que su monto infla artificialmente el Activo del BCRA y contribuye a generar utilidades contables que son aparentes y no reales.

Pero volviendo al problema del uso de las reservas para el pago de deuda externa y su consiguiente necesidad de reposición cabe reiterar aquí una grave observación que venimos señalando hace tiempo:

a) El BCRA no compra divisas para integrar su stock de reservas internacionales con recursos propios o genuinos sino imprimiendo pesos para adquirirlas.

b) Tal emisión de dinero, en principio, obtendría su respaldo o contrapartida con el aumento de las reservas, aunque trasponiendo la secuencia de los pasos: en lugar de primero reunir el dinero para comprar divisas, se hace al revés, primero se imprime el dinero y con ese dinero se compran las divisas.

c) Pero ocurre que luego el mismo BCRA, para evitar el efecto inflacionario de esa mayor cantidad de moneda emitida, es el que procede a retirarla del mercado absorbiendo o esterilizando la mayor parte de la misma; y lo hace a través de letras y notas por las que paga elevadas tasas de interés.

En consecuencia, por carácter transitivo, LAS RESERVAS SE COMPRAN CON DEUDA. Y para ello se utiliza la deuda cuasi fiscal del BCRA.

La deuda cuasi fiscal por LEBAC/NOBAC

El BCRA regula la Oferta Monetaria a través de Letras y Notas (Lebac/Nobac) que emite para absorber dinero del mercado.

Con el mecanismo inverso - cancelación o devolución de los pesos tomados - reintegraría esos fondos a la plaza pero con ello inyecta más billetes y presiona sobre el nivel de los precios, agravando la inflación existente.

Por eso, la colocación de estas letras aumenta con la mayor emisión monetaria del Estado: para frenar la presión inflacionaria que esa emisión provoca.

Las Lebac/Nobac - junto con el retraso cambiario relativo (uso del dólar como ancla contra la Inflación) - son actualmente los principales instrumentos de contención de la presión inflacionaria en la Argentina.

Por estas obligaciones, que son de corto plazo - básicamente Letras que van desde 90 días hasta un año - el Banco paga hoy elevadas tasas de interés en pesos.

El gobierno Kirchner ha venido haciendo un uso abusivo de este recurso de política monetaria para retirar de plaza la mayor parte del dinero que emite para poder comprar dólares; dólares que - a su vez - presta al Tesoro para pagar Deuda Externa con esas divisas, que las resta así de las reservas internacionales.

Las Lebac/Nobac son deuda cuasi-fiscal del Estado, es decir, obligaciones en cabeza del BCRA que no figuran dentro de la Deuda Pública del Estado Central, y suman en la actualidad - al 30.6.2014 - unos 206.400 M$ (Millones de Pesos), equivalentes a 25.400 MD (Millones de Dólares).

Por la colocación de estas letras el Banco paga una tasa de interés promedio del 28 % anual a los bancos privados que las toman: en el ejercicio 2013 se pagaron por este concepto 14.800 M$ de intereses.

Sobre este tema corresponde además hacer tres observaciones importantes:

1. El stock de Lebac/Nobac ha venido creciendo extraordinariamente en los últimos meses: al 31.12.2013 era de 110.500 M$, al 31.3.2014 había subido a 177.900 M$, al 31.5 era de 188.200 M$ y hoy, como dijimos, pasa los 206.000 M$.

2. La desproporción entre este pasivo de corto plazo y la Base Monetaria (BM) es altísima: la BM - circulación monetaria más cuentas a la vista - es al 30.6 de 370.600 M$ (equivalentes a 45.600 MD), de modo que este stock de Lebac/Nobac de 206.400 M$ (equivalente a 25.400 MD) implica que por cada dos billetes emitidos por el BCRA hay prácticamente otro billete que está retenido por el propio BCRA, y pagando permanentemente altas tasas de interés (la relación es 1.8, como producto de dividir ambas cifras).

3. El monto de intereses pagados por estas Lebac/Nobac constituye una sangría de dinero por sumas enormes que, al ser retenidas por el BCRA, se sustraen al destino como préstamos a la actividad privada, lo que implica que en lugar de contribuir a la reactivación de la Economía lo hacen a la recesión por vía de la restricción del crédito.

Esta profunda distorsión estructural en las cuentas del BCRA, unida al crecimiento de Otros Pasivos, por préstamos recibidos de otros bancos centrales y/u organismos financieros internacionales - 7.500 MD al 30.6 - retroalimenta el grave problema de insolvencia del Banco, derivado de su política de comprar divisas con endeudamiento.

Porque el pasivo de corto plazo del BCRA - estas letras/notas de las que estamos hablando - aumenta en línea con la compra de reservas ya que, como hemos explicado, las reservas se compran imprimiendo dinero y ese dinero luego se retira o esteriliza a través de las Lebac/Nobac, de modo que en definitiva las Reservas se compran con Deuda.

La deuda por otros pasivos

Un tercer rubro de deuda del BCRA - aparte de la Base Monetaria (BM, que es su pasivo básico) y la emisión de Lebac/Nobac - es el de Otros Pasivos, que está constituido por Fondos Rotatorios y obligaciones varias en moneda extranjera provenientes básicamente de préstamos de otros bancos centrales y/u organismos financieros internacionales (como el Banco Mundial y el BID).

No hay información desagregada al respecto pero dentro de este rubro se sabe que están las líneas de crédito del Banco de Francia y pueden estarlo las que facilite el Banco Central de China; así como se entiende que están o han estado los préstamos del Banco de Pagos Internacionales o BIS de Basilea.

Al 30.6.2014 el saldo de este rubro de Otros Pasivos era de 7.500 MD.

Como estas divisas - registradas como Deuda - se corresponden con un aumento de las Reservas Internacionales, es importante tener en cuenta que la posición de Reservas Netas del BCRA queda así fuertemente debilitada.

Las Reservas Netas resultan de restar a las Reservas Brutas del BCRA la parte de esas reservas que no está constituida por divisas propias sino por divisas de terceros prestadas al Banco o puestas a su disponibilidad.

Al 30.6.2014 el stock de Reservas Brutas es de 29.300 MD pero si a este importe se le restan los 7.400 MD de encajes bancarios en moneda extranjera y los 7.500 MD citados de Otros Pasivos - subtotal: 14.900, casi 15.000 MD), el saldo de Reservas Netas es de 14.400 MD.

Es decir, que del total de las Reservas Internacionales sólo la mitad de esas divisas son propias del BCRA.

Este cuadro de situación empeora sustancialmente si se le resta además el importe de las Lebac/Nobac - hoy superior a los 200.000 M$, equivalentes a 25.400 MD - dado que se trata de una masa de dinero prestada al BCRA por los grandes bancos que operan en la Argentina (nacionales y extranjeros) que, si no se retribuyera a las altas tasas de interés que se les está pagando, se volcarían al mercado de cambios presionando la suba del dólar.

El BCRA se encuentra así prisionero de mantener un elevado endeudamiento cuasi fiscal - por Otros Pasivos y por Lebac/Nobac, que devengan altos intereses - para poder sostener su posición de reservas porque, caso contrario, se profundizaría el deterioro de la relación entre Reservas y BM, que hoy es de 0.64 dólares por peso (29.300/45.600 MD).

Y ello ocurre porque el Estado y su BCRA no tienen liquidez ni solvencia suficiente para poder cubrir los servicios de la Deuda Pública, Externa e Interna.

Estos hechos tienen hoy especial importancia porque, dada la encerrona financiera fiscal por la nueva Crisis de Deuda que se vive desde comienzos de este año, no sería sólo el Tesoro Nacional el que pase a tomar más deuda sino también, y muy especialmente, el BCRA (como ya está ocurriendo).

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Expectativas con los BRICS

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Existen expectativas, en el país y en la región por las presencias en estos días de los gobernantes de Rusia y de China, dos de los grandes que disputan su lugar en el poder político y económico mundial. Vladimir Putin y Xi Jinping, pasarán esta semana por Argentina, donde se esperan inversiones externas para sostener y potenciar la economía local en recesión.

Entre otras inversiones están las comprometidas por China para las represas en el Sur y la red ferroviaria, también las probables en hidrocarburos que pudiera ofrecer Rusia. Por ello es que el Senado de la Nación dio media sanción a una ley de inmunidad a las inversiones de otros países vía acuerdos de reciprocidad con bancos centrales. Un proyecto empujado por el Poder Ejecutivo con amplio acuerdo parlamentario y que transformará en Ley en la Cámara de Diputados en los próximos días.

La lógica de la inmunidad para otorgar seguridad jurídica a las inversiones externas reproduce la esencia de la institucionalidad de los tratados de libre comercio, o los tratados bilaterales de inversión, todos en defensa de inversores externos y por los cuales la Argentina es el país más demandado ante el CIADI.

La presencia en nuestro de los gobernantes ruso y chino país se deriva de la participación de éstos en la reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) en Fortaleza, Brasil, el 15 y 16 de julio próximo.

El imaginario de analistas y periodistas vuela en la bondad que supone incorporarse como país o región al BRICS, que por ahora remite a un agrupamiento de países en tanto beneficiarios de inversiones externas de elevada rentabilidad y con escasa institucionalidad como bloque. Es verdad que pueden e intentan funcionar articuladamente y por eso promueven la constitución de un banco para la promoción de inversiones de sus empresas locales en todo el mundo, particularmente en el Sur. El modelo a imitar es el del BNDES de Brasil, sustento financiero de las translatinas brasileñas.

No solo aspiran los BRICS a recibir inversiones, sino a disputar la valorización de capitales con financiamiento propio para intervenir en la transnacionalización, valorización y acumulación de capitales.

Capital productivo y especulativo: dos fases de un mismo proceso

Más allá de los intereses económicos directos, de los países de América Latina y el Caribe con Rusia y China, vía inversiones, préstamos o comercio, la intencionalidad comunicativa, es decir ideológica, pretende hacer visible una estrategia de desarrollo capitalista que intenta mostrarse diferenciada a la hegemonizada por la tríada imperialista de EEUU, Europa y Japón.

La razón comunicativa apunta a desmarcar el modelo productivo de los BRICS respecto de la especulación exacerbada en tiempos de una crisis que iniciada en 2007/8 no termina de ser superada. Es un dato que la burbuja financiera sigue expandiéndose y puede explotar nuevamente, lo que servirá como excusa para potenciar el ajuste y la regresiva reestructuración del orden capitalista, tal como se generaliza ahora en territorio europeo, último bastión del reformismo capitalista, Estado benefactor mediante.

La afirmación resulta más vigente ante la situación generada por el fallo estadounidense contra la Argentina. Se intenta mostrar la existencia de dos caras del capitalismo. Una despreciable radicada en la especulación financiera, los fondos buitres y otra apreciada en lo productivo, como si pudiera escindirse la producción de la circulación. Como si las transnacionales petroleras, mineras, tabacaleras, farmacéuticas, automotrices, de la comunicación, la energía o el transporte, entre otras, fueran menos buitres que Goldman Sachs, el City, El Santander, el Bilbao Viscaya, u otras entidades del sistema financiero mundial, incluido el Banco Mundial o el FMI

Para ser más precisos, la producción de hidrocarburos de Rusia necesita de la inversión y tecnología de las transnacionales privadas del petróleo; del mismo modo que la fábrica china es resultado de inversiones provenientes del capitalismo desarrollado para valorizarse en territorio oferente de abundante fuerza de trabajo barata.

Ambos países, Rusia y China, son parte del ciclo mundial del capital y forman parte del fenómeno de los países emergentes, es decir, importantes receptores de inversiones externas en tiempo de baja rentabilidad en el capitalismo desarrollado. Rusia se destaca en la economía mundial capitalista por sus cuantiosos recursos naturales, especialmente petróleo y gas. China es el país más poblado del mundo, con un 20% de la población mundial, sustento de la ampliación de la relación salarial a escala global.

Es más, los excedentes generados por esa producción terminan financiando el déficit fiscal de EEUU y sosteniendo la militarización de la sociedad mundial que domina Washington.

La reconquista de Rusia y de China para el régimen del capital era una aspiración que se logra en el último cuarto del Siglo XX. No solo producción y circulación mundializada, sino en una territorialidad única, abierta a la libre circulación del capital. Es un objetivo que continúa ampliándose con renovados tratados de libre comercio y por la seguridad de las inversiones externas.

Con la caída del socialismo en el Este de Europa en los 90´, y especialmente la desarticulación de la Unión Soviética, fue gigantesco el flujo de inversores externos para consolidar el nuevo rumbo del capitalismo en esos territorios. Con la modernización de China y el Socialismo de Mercado desde fines de los 70´, se atrajeron enormes cantidades de financiamiento para la expansión de las relaciones capitalistas hasta convertir al país de Mao en el de mayores reservas internacionales acumuladas y gran prestamista de la potencia hegemónica del capitalismo mundial.

¿Emergentes o independientes?

Ambos procesos son funcionales al desarrollo capitalista contemporáneo, ahora como países emergentes. El problema no es ser emergente, sino independiente. Es una cuestión nacional y de articulación regional contra el orden mundial del capitalismo contemporáneo.

Bien vale considerar estas cuestiones en la coyuntura, cuando la Argentina se juega en la disputa en los tribunales de Nueva York contra inversores “buitres”, emblema de la especulación financiera.

Claro que Rusia y China tienen aspiraciones de intervenir en la disputa por los mercados, razón por la cual intentan formas diferenciadas de acción. No es menor para la Argentina estudiar el proceso de condonación resuelto por la Federación Rusa del 90% de la deuda por 35.000 millones de dólares de Cuba con Moscú (deuda del tiempo soviético), y el cobro del resto, 3.500 millones de dólares, en 10 años vía inversiones necesarias para el desarrollo de la isla.

Es un trato diferente, no solo desde Rusia, sino de la forma de negociar de Cuba. Por eso, y en el marco de las solidaridades globales diferenciadas recibidas por la Argentina, quizá vale la pena discutir en el conjunto de la sociedad si el país debe continuar pagando una deuda sin investigarla, y particularmente cuando está sospechada de fraude, incluso con sentencias judiciales sin ejecución (Juez Ballesteros, año 2000).

El gobierno informó en solicitadas publicadas el viernes 11/7/2014 que en este tiempo de desendeudamiento se cancelaron más de 190.000 millones de dólares, una abultada cifra que aplicada a resolver derechos y necesidades insatisfechas de nuestra población mejoraría sustancialmente las condiciones de vida de gran parte de la sociedad.

Es conocido el costo de pagar la deuda y se nos sermonea sobre los costos de no pagar. Las incertidumbres del no pago habilitan a pensar en otro modelo productivo y de desarrollo, con independencia y dignidad. Es el camino a transitar con la suspensión de los pagos de deuda pública, la investigación de esa deuda y sobre esa base la renegociación con pagos de la parte legítima, luego de atender la satisfacción de los resignados derechos sociales de la población empobrecida.

Se trata de un camino a transitar para la independencia, que debe asumirse desde la movilización popular y modificar el modelo productivo y de desarrollo, con nacionalización del comercio exterior y la banca para otro país y otros beneficiarios sociales. En ese rumbo, la CTA y la Multisectorial convocan a una movilización popular para el 16/7 exigiendo la suspensión de pagos de la deuda pública y la cancelación de la deuda interna con trabajadores activos o pasivos y el conjunto de la sociedad de abajo. El propósito apunta a construir una masa social crítica y consciente para la transformación social y la independencia.

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Argentina: El kirchnerismo y la protesta social

Fernando Rosso (ALFIL)

A veces, una imagen vale más que mil relatos. En la foto están Carlos Platkowski, abogado de los derechos humanos, y María Victoria Moyano, hija de desaparecidos y nieta restituida. Frente a ellos, la Gendarmería Nacional - que responde al mando del Secretario de Seguridad Sergio Berni- dispuesta a encarar una dura represión. A su espalda, mujeres de trabajadores de Lear Corporation, miembros de organizaciones sociales y políticas solidarias con los obreros que reclaman una sola cuestión: no ser dejados en la calle por la multinacional autopartista que despidió a más de cien empleados, mantiene suspendidos a otros cientos e impide el ingreso a la fábrica de sus representantes gremiales elegidos legítimamente. El escenario es la autopista Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, en la mañana fría del mismo día en que Alemania trituraba al local en las semifinales de Brasil 2014.

Dos banderas pretendían ser sostenidos en el corazón triste del kirchnerismo “puro” o progresista: la bandera del empleo y la no represión a la protesta social.

El gobierno está cruzando descarada y abiertamente (antes trataba de hacerlo de manera simulada o “terciarizada”) esos dos límites que se había autoimpuesto -siempre en términos relativos-, como gobierno de contención y desvío, nacido de la crisis política y social de principios de la década. La foto de este martes en la Panamericana (y la de un día antes en la General Paz, por el conflicto de otras dos empresas en las que se denuncia vaciamiento: Emfer y Tatsa), combinó en un mismo acto el cruce del su propio imaginario “Rubicón”: represión a trabajadores que reclaman por sus puestos de trabajo. Y esto llevado delante de la mano de los peores rostros del personal de su coalición: la burocracia sindical del gremio mecánico (SMATA) y su máximo exponente, Ricardo Pignanelli, y la Gendarmería a las órdenes del inefable Sergio Berni.

Un verdadero trabajo de equipo -con la complicidad del Ministerio de Trabajo (Carlos Tomada) y la Secretaría de Industria (Débora Giorgi) para garantizar la violación de todos los derechos laborales y sindicales (con despidos masivos y ataque a la comisión interna) por parte de una multinacional norteamericana. Justo en el mismo momento cuando se “enfrenta” retóricamente a los llamados fondos buitre, mientras se negocia un pago jugosamente prometedor (para los demandantes) para “normalizar” la relación del país con el sistema financiero internacional, eufemismo políticamente correcto para denominar un nuevo ciclo de hipoteca nacional.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado, luego de estos actos represivos, donde alertaba sobre un “preocupante desplazamiento en la política de no represión de la protesta social” y otros referentes del kirchnerismo bregaron por el “abordaje no violento” de la misma, entre ellos, algunos medios hasta hoy más que oficialistas (Tiempo Argentino, 10/07). Ninguno, excepto los “halcones” del propio kirchnerismo, pudo defender a las fuerzas de seguridad y las escandalosas actuaciones de estos días.

El gobierno se erige en el “partido del orden” y comienza a tomar fisonomía concreta el famoso país normal, quiénes deben ser sus beneficiarios y quiénes los “normalizados”… a palos, balas de goma y gases.

Hay una discordancia de los tiempos entre la apuesta a solucionar la cuestión de los “fondos buitre” que abra la posibilidad de un nuevo ciclo de endeudamiento (y una sobrevida más “tranquila” hacia la transición al 2015) y las necesidades de la hora de una economía en retroceso, que la salida devaluatoria de enero y el paquete que la acompañó empujó hacia mayores tendencias recesivas, pérdida de puestos de trabajo y del poder adquisitivo del salario. Hoy vuelve a la agenda la cuestión del impuesto a las ganancias, porque la no actualización del mínimo no imponible (y de las escalas) empieza a afectar otra vez a sectores masivos de los trabajadores. Porque pese a los “precios cuidados”, tanto en éstos que tienen autorizados aumentos regulares, como en los otros “descuidados”, la inflación no cede, aunque no se dispare.

El dilema para el gobierno es que la resolución de lo “macro” (la posibilidad de nueva deuda) presupone mantener los lineamiento de este ajuste, y pese a eso no está garantizado que pueda solucionarse en el tiempo necesario. Dicho en otros términos, el “nuevo orden” es una de las condiciones de los “inversores”; el método para ponerlo en práctica liquida los restos del relato y deja por el suelo las dos últimas deshilachadas banderas que ilusamente algunos se creían “inviolables”.

Lo destacado de la coyuntura es que pese al mundial y la histórica llegada a la final (después de 24 años), la protesta ocupa la escena y la agenda pública, hecho que evidencia que el “nacionalismo mundialista” y su espectáculo encuentra los límites en un malestar general.

“Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no: ticks de la revolución (…)” afirma el Indio en otro tramo de “Juguetes perdidos”, un tema que fue apropiado como parte de cierta liturgia del kirchnerismo progresista. Y las banderas, si quedan, estarán en tu corazón; porque en la calle están Berni y el teatro anti-disturbio de sus perros dinamita.

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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se niega la educación a los más pobres

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Días pasados se conoció el informe “Situación de emergencia educativa del sur de la Ciudad y el impacto de la inscripción on-line”, elaborado por el colectivo Encuentro del Sur por la educación pública integrado por la Multisectorial por la Educación Pública, los sindicatos docentes Ademys y UTE y organizaciones sociales y políticas territoriales de la zona sur.

El mismo consigna que la inscripción “en línea” acentuó los problemas previos de hacinamiento en algunas escuelas y de asignación prácticamente nula de vacantes en otras, exigiendo la declaración de emergencia educativa y un Plan de Emergencia.

El informe da cuenta de la disminución del presupuesto educativo en la Ciudad de Buenos Aires del 28,2% en 2010 al 21,6% en la actualidad.

Aunque faltan 9.691 vacantes para educación inicial, de acuerdo a la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en 2012 se destinaban $ 400 millones para la construcción de escuelas y en la actualidad solo la mitad de esa cifra, situación que se agrava por la sub-ejecución de partidas presupuestarias.

El gobierno de la CABA resolvió construir 33 escuelas modulares (aulas containers) a principios de año con un gasto total de $ 26.650.000, que representa el 13% del magro presupuesto de infraestructura. Tras 7 años de gestión macrista solo se construyeron 6 escuelas nuevas.

Una de las “soluciones” ha consistido en trasladar niños pequeños en micros a escuelas lejanas a su domicilio, para lo cual cuenta con una flota de 138 colectivos al costo de $ 2000 diarios cada uno.

Sistema de inscripción on-line

Para los sectores más pobres resultó inaccesible promoviendo una nueva modalidad de deserción escolar por ineficiente y excluyente. En la zona sur el 90% de la población no se inscribió “en línea” sino por las vías implementadas por el Ministerio de Educación porteño para “emparchar” el proceso.

Las organizaciones firmantes del informe han relevado 9 lugares ociosos que cuentan con condiciones edilicias básicas para dar respuesta parcial a las demandas de vacantes, al tiempo que proponen hacer la inscripción 2015 en las escuelas bajo la modalidad presencial.

De acuerdo al documento, es evidente la violación de las obligaciones del gobierno porteño de garantizar el ejercicio pleno del derecho constitucional a la educación de las poblaciones que habitan sobre todo los barrios pobres de la zona sur de la Ciudad.

Centro Educativo “Isauro Arancibia”

Los estudiantes y trabajadores del Centro Educativo Isauro ARANCIBIA convocaron a la comunidad, organismos de derechos humanos, organizaciones, instituciones, y a todxs aquellxs que quieran acompañarlos a defender su escuela, puesta en peligro por:

+ El proyecto de ensanchar Paseo Colón para construir el Metrobús, en el trazado se encuentra el ex CCD “Club Atlético”, dejaría a nuestra escuela, al CAINA y la escuela del Casco Histórico en situación de calle y a nuestros estudiantes nuevamente vulnerados.

+ En enero de 2014 debían empezar las obras de remodelación del edificio con una partida aprobada por la Legislatura en el 2010, aún no han comenzado y afirmaron que no lo ejecutarán.

+ No contamos con ninguna forma de calefaccionarnos, entre otras cosas.

+ Nuestra escuela sigue sin un marco legal que garantice la continuidad de lxs trabajadorxs y del proyecto pedagógico, lo cual significa una amenaza constante para lxs estudiantes.

+ Muchxs de lxs alumnxs del Isauro viven en calle, donde son víctimas de violencia policial e institucional, lo que refleja una política de abandono sistemático de estxs jóvenes.

Los chicos y chicas que viven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires eligen el Isauro como su escuela, a la que concurren día tras día levantándose de la vereda.

Los maestros y maestras les enseñan que la independencia se va construyendo entre todxs en la lucha cotidiana por defender la memoria, la identidad y el ejercicio pleno de los derechos. Este año un grupo de estudiantes comenzó a reunirse y formaron la agrupación “Hermanos de Calle” con el objetivo de transformar su situación de vida.

Por todo esto el pasado martes 8 de julio a partir de las 11 horas convocaron a un locro en Paseo Colón y Cochabamba, junto al CAINA y al ex CCD Club Atlético, para visibilizar su situación.

Programa “Puentes Escolares”

En un comunicado de prensa el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) pidió la suspensión del traslado del programa Puentes Escolares del Barrio de La Boca hacia Flores. Este cambio implica dejar sin la cobertura a 32 niños y adolescentes. El programa “Puentes Escolares” funciona en La Boca, dentro del espacio aula taller del Departamento de Cultura del Club Atlético Boca Juniors.

Desde el año 2009 el Programa se instaló en este Barrio del Sur de la Ciudad para realizar en conjunto con las organizaciones sociales y culturales de la zona una frondosa actividad en materia educativa y pedagógica, compartiendo una intervención integral en las múltiples dimensiones desde donde abordar la niñez y la adolescencia. Esto ha permitido que este dispositivo sea ampliamente reconocido por las instituciones y organizaciones del barrio, producto de una metodología de trabajo que hace prioritario el anclaje en este territorio.

El Observatorio presentó un escrito al Ministro de Educación, Esteban Bullrich, para solicitarle que deje sin efecto el traslado del programa hacia Zona Oeste, lo que también implica un abuso del uso del ius variandi respecto de los trabajadores.

“Conociendo el contexto consideramos que la presencia de Puentes Escolares en el barrio de La Boca ha permitido una intervención específica en pos de abordar de manera integral las trayectorias educativas frágiles de niñas, niños y adolescentes que habitan y transitan ahí. Puentes Escolares es referencia para los dispositivos que integran la Red que trabaja con niñez al momento de pensar el abordaje de problemáticas educativas específicas, haciendo posible un sostén consecuente y específico para la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes”, señaló el ODH.

En respuesta, los docentes fueron citados, escribana mediante, a las oficinas de la Gerencia operativa a cargo de Andrea Bruzos Bouchet junto con Paula Colombi, para comunicarles que si el pasado lunes 7 no se presentaban en la parroquia Madres del Pueblo se les iba a demandar por abandono de tareas.

El próximo 15 de julio se movilizarán los Bachilleratos Populares

La cita será a las 14:00 en la Plaza Congreso hacia el Palacio Pizzurno donde se realizará una radio abierta, paso previo por la Casa de la Provincia de Buenos Aires para exigir el reconocimiento de los bachis de provincia.

Una vez más salarios para todos los docentes, becas para los estudiantes y financiamiento integral, serán las consignas levantadas por estas experiencias educativas autogestivas que hacen educación popular en las fábricas recuperadas y movimientos sociales desde el 2001 y ya agrupan más de 8000 estudiantes de nivel medio, dando respuesta al aumento de la matrícula escolar en los sectores populares, no satisfechos por la oferta educativa oficial.

PARTE DE PRENSA

Marcha provincial de DUS
Salta, 6 de julio de 2014

UNA MASIVA MARCHA PROVINCIAL EN ROSARIO DE LA FRONTERA DEMOSTRÓ LA UNIDAD, LA FUERZA Y FIRMEZA DE LA DOCENCIA SALTEÑA

Ayer, sábado 5 de julio -en el primer día del receso invernal- los Docentes Unidos de Salta llegaron desde los distintos puntos cardinales de la provincia (Aguaray, Hipólito Yrigoyen, Orán, Tartagal, Gerl. Mosconi, Güemes, Metán, Güachipas, Chicoana, Cerrillos, Vaqueros, La Caldera, Departamento de los Andes, Zona Este, Oeste, Norte, Sur y Centro de Salta Capital) a la localidad de Rosario de la Frontera.

En horas de la mañana la comunidad de Rosario de la Frontera desde la vereda de sus hogares observó asombrada, saludó, aplaudió y manifestó su apoyo a la masiva movilización de docentes que recorría cantando las calles de su localidad.

El día fue intenso iniciándose muy temprano, raudamente los micros se fueron poblando de gente, sin saber que la experiencia sería intensa. Se dijo Presente, no sólo con el cuerpo, sino también con el espíritu de lucha y la dignidad docente.
A su paso, la Marcha docente exhortó al pueblo rosarino que despierte del letargo de no participar, evitando hacer la cara al costado, evitando aceptar la realidad de desigualdad social que sufre y se percibe en la comunidad.
En los rostros de los docentes se observó la convicción de que esta lucha la ganamos todos unidos o no la gana nadie, que la motivación y la fuerza surgen de los principios y metas por todos compartidas.
Esta nueva experiencia, de los docentes unidos ahora recorriendo el interior de la provincia ayudó a convencerlos que la fuerza de DUS no tiene fronteras, todos salieron alimentados y con energías renovadas para la nueva etapa de lucha que se viene.

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Reformas a la Ley de Hidrocarburos: El campeonato que están por ganar las multinacionales

José Rigane

“Bliztkrieg es el nombre de una táctica militar ofensiva que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles que atacan con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Traducido del alemán significa “ataque relámpago”. Blitzkrieg es, en nuestra opinión, el término más adecuado para definir la campaña global para imponer los hidrocarburos de yacimientos no convencionales como una necesidad de la humanidad y ocultar así que, en realidad, es una urgencia del modelo capitalista. Motorizada por corporaciones y gobiernos y con un cerrado bombardeo publicitario, rápidamente instalaron a los no convencionales como la solución energética y fuente de bonanza económica. un nuevo cuento de la abundancia blindado a toda crítica por el triunfalismo de mercado”.

Texto de la EDITORIAL DE LA PUBLICACION “INVANSION FRACKING JULIO 2013 FRACTURA EXPUESTA 2 OBSERVATORIO PETROLERO SUR

“El problema es el sistema capitalista y el orden capitalista de la energía que toma a la misma como una mercancía, las grandes empresas energéticas obtienen las mayores ganancias al dominar la tecnología y comercialmente el mercado energético, aun sin contar con la propiedad de los recursos. El problema no es la gobernabilidad, ni la seguridad jurídica. El problema no es la energía, sino el capitalismo.”Hay que reconocer que la energía es un bien social, un derecho humano y no una mercancía, ahora "mientras rija el orden capitalista, la energía nunca será un derecho de los pueblos".

Canada, Montreal 11 de junio 2014 “RECUPERAR LA DIMENSION SOCIAL DE LA ENERGIA” por Jose Rigane

El Mundial de Fútbol Brasil 2014 está por terminar, y si todo sale como lo esperamos, y deseamos, podremos festejar otro campeonato mundial de la mano de nuestra Selección.

Sin embargo, el Congreso Nacional y las instituciones democráticas siguen funcionando y tomando decisiones. Los funcionarios públicos mantienen reuniones, realizan gestiones y discuten políticas como todos los días. Y no es que dejan las más importantes para después del Mundial de Fútbol, todo lo contrario: aprovechan lo espectacular del evento para girar el timón hacia los lugares más oscuros.

En este momento, el Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias que forman parte del Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) están discutiendo una serie de reformas a la Ley de Hidrocarburos. Se trata, ni más ni menos, de modificaciones hechas a la medida de las multinacionales para explotar mediante la fractura hidráulica (fracking) los pozos de hidrocarburos no convencionales.

Lo que se está debatiendo es la dependencia de Argentina por los próximos 50 o 100 años. La modificación a la Ley de Hidrocarburos, en el contexto de las expectativas que genera Vaca Muerta y Los Molles, puede terminar solidificando lo que comenzó en la década de los 90. Se está discutiendo un Ley que permite una nueva apertura para la instalación de los grupos multinacionales privilegiados en el manejo de nuestros recursos naturales sin generar ningún tipo de instancia de participación popular cuando se habla de temas vinculados a la soberanía sobre los recursos estratégicos de la Nación.

Modelo energético

En el campo energético no hay nadie que pueda afirmar que hemos tenido una “Década Ganada”. No sólo perdimos el autoabastecimiento y tenemos que importar energía por 15.000 millones de dólares anuales (nos referimos, fundamentalmente, a la importación de gas y otros combustibles) sino que además la dimensión de la crisis lleva a que Argentina tenga alrededor de 1400 Mw instalados a base de la energía “delivery” (motogeneradores). Que son equipos que además de ser caros para su mantenimiento, generan contaminación y son un parche a un problema estructural.

Otro de los problemas en el ámbito energético, además de ser un modelo basado en la privatización y extranjerización, es el sostenimiento de la matriz energética que depende casi en su totalidad de los hidrocarburos. Si bien es cierto que aún no se ha descubierto una fuente capaz de sustituir al petróleo y sus 3000 derivados, la matriz energética podría ser diversificada para bajar tremenda dependencia.

El Gobierno Nacional, decidió avanzar en la dirección contraria a lo que se ha anunciado desde el discurso durante una década: acuerda con los organismos multinacionales de crédito, paga a Repsol por las acciones de YPF, negocia con los Fondos Buitres, acuerda con el Club de París, sigue pagando deuda ilegitima, al CIADI y ahora pretende reformar la Ley de Hidrocarburos, no en la dirección de conquistar mayor soberanía sino de jugar al compás del mercado y de las trasnacionales.

Desde la modificación de la Constitución Nacional en 1994, y en 2006 con la promulgación de la Ley Corta, el kirchnerismo puso en manos de las provincias los recursos naturales de la Nación. En ese contexto, el debate entre el Gobierno Nacional y los “jeques” provinciales es quién se queda con la mayor tajada de la renta energética. O sea, discuten el modelo de negocios para esta nueva etapa, en la que no quieren perder el negocio y tratan de hacer más atractivo aún el desembarco de los grupos trasnacionales bajo el pretexto de que vendrán con inversiones y capitales que nunca aparecieron desde 1990 a la fecha a pesar de la privatización.

Vemos que entonces la discusión sobre la “autonomía” de las provincias respecto del manejo de los recursos energéticos del Estado Nacional termina siendo una discusión que facilita la dependencia y la entrega de nuestros recursos y riquezas a manos extranjeras.

El fracking y la Ley de Hidrocarburos

Recientemente, el especialista Jorge Ferioli en una nota publicada en el diario La Nación el 3 de mayo de 2014 dijo que “se necesitan diez pozos de shale gas para producir lo que genera uno convencional y además se triplica el costo por pozo. Para no importar petróleo crudo y sustituir las importaciones de gas licuado hacia el año 2030 habría que perforar dentro de los próximos 15 años 7042 pozos de shale oil y 7505 pozos de shale gas”.

Como podemos ver, la explotación de los hidrocarburos no convencionales implica: un problema de inversión muy alto. Además, trae consigo complejas consecuencias ambientales. En relación al uso de agua que se inyecta a alta presión y mezclada con 500 productos químicos tóxicos, de los cuales muchos no se conocen cuáles son, con arena.

 Recientemente, el periodista Nuño Domínguez publicó en una nota, en la revista esmateria.com que afirma: “…un estudio científico en Estados Unidos (en la que participo el Servicio Geológico de EE.UU ) culpa a varias explotaciones de fracking de causar más de 2000 terremotos en Oklahoma. Este Estado se destaca entre los que más operaciones tienen de fractura hidráulica en todo el país y ha experimentado un espectacular aumento de los seísmos en los últimos 5 años. Los geólogos han bautizados a la serie de terremotos como el “enjambre de Jones” por el nombre de la pequeña localidad cercana a la capital del Estado donde, desde 2008, se han registrado 2547 terremotos de magnitud 3 o superior, casi uno por cada uno de sus 2692 habitantes, según recalca la revista Science que ha publicado el estudio”.

En la misma nota, Domínguez cita al Luis González Vallejo, catedrático especialista en ingeniaría geológica de la Universidad Complutense de Madrid, quien sostiene que “este es un tema equiparable al cáncer, sabemos mucho, pero es mucho más lo que desconocemos, por eso es muy difícil predecir qué sucederá hasta que las explotaciones ya estén en marcha” y considera que los estudios para abrir una explotación de fracking “deberían ser más estrictos” y “ser encargadas a un organismo independiente, y no a la empresa que quiere la concesión como hasta ahora”.

Justamente, las reformas que se pretenden aplicar a la Ley de Hidrocarburos están pensadas para que las provincias petroleras tengan más autonomía para atraer a las inversiones necesarias para explotar los pozos de hidrocarburos no convencionales.

Entre los puntos de la reforma está la de bajar la base de inversión. A Chevron se le exigió una base de 1.000 millones de dólares, los gobernadores y gobierno nacional pretenden que baje a 250 millones, como mínimo.

La propuesta, según los trascendidos, establece que “se procurará que los municipios no graven a la industria ni adopten normas que interfieran con dicha actividad”. Este punto no es menor si tenemos en cuenta que ya existen más de 30 municipios que le dijeron NO AL FRACKING y que existen muchos focos de resistencias en pequeñas localidades de todo el país que no quieren que este tipo de explotaciones se instalen en los lugares en donde viven.

Cuando hablamos de supeditación, nos referimos al mecanismo de concesión. Acá se sigue hablando de concesiones, cuando en el mundo no se aplica este método de explotación entre los estados y las multinacionales y lo peor es que para la nueva ley los plazos de explotación para los no convencionales serían de 35 años con 10 años más prorrogable, cuando para los convencionales están establecidos 25 años la concesión de arranque.

No es casualidad

A fines de mayo de este año, visitó la Argentina el Secretario Adjunto de Energía de Estados Unidos, Daniel Poneman. Junto a Julio De Vido recorrieron Vaca Muerta y establecieron acuerdos de cooperación. Ahora, el presidente de Rusia Vladimir Putin “el principal socio de América Latina” como sostienen los medios nacionales, también visitará nuestro país. Si bien el mandatario ruso no irá a Vaca Muerta, sí lo harán empresarios que son parte de la comitiva. Y no queremos olvidar la posible visita de Xi Jinping de China.

Las discusiones sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos no pueden desvincularse de estas visitas. Todo apunta, aparentemente, a la entrega de nuestra soberanía. En una nota reciente el Economista Julio Gambina, afirma: “Por ello es que el Senado de la Nación dio media sanción a una ley de inmunidad a las inversiones de otros países vía acuerdos de reciprocidad con bancos centrales. Un proyecto empujado por el Poder Ejecutivo con amplio acuerdo parlamentario y que transformará en Ley en la Cámara de Diputados en los próximos días.”

¿Y el pueblo dónde está?

La nueva Ley de Hidrocarburos, por lo que se conoce, tiene el mismo nivel de secretismo que los acuerdos con las multinacionales.

Entonces nos preguntamos: ¿Se está discutiendo (la nueva ley) para resolver el acceso de la energía del pueblo argentino? ¿Se está resolviendo y estableciendo que la energía es estratégica, hace a la soberanía y a la seguridad nacional? ¿Se está definiendo a la energía como un bien social? ¿O la falta de debate y de consulta al pueblo y a las instituciones democráticas tiene que ver con que otra vez entregamos todo a los grupos multinacionales?

¿se estará superando la antinomia entre las provincias petroleras ricas, por un recurso de todos los argentinos, con las provincias pobres por no ser petroleras y que el mercado margina por siempre?

Está claro que esta reforma se hace en función de los intereses de los Grupos Multinacionales. Argentina es el único país en la región que en este terreno no ha transitado ninguna iniciativa con seriedad hacia la independencia. Está claro que una vez más se está priorizando las políticas del mercado sobre las necesidades energéticas del pueblo. Está claro que se está discutiendo la reforma en función de seguir sosteniendo beneficios para las petroleras como viene sucediendo, en claro perjuicio de los usuarios. Está claro que la discusión y la reforma siguen estableciendo como prioridad la ganancia empresarial.

Este debate secreto condicionado entre los “jeques” provinciales y el Gobierno Nacional no está en función de los intereses de la Nación sino en función de sostener la misma política energética que fue inaugurada por el menemismo y que nunca fue sepultada. La prueba más irrefutable de esta realidad es que los tres decretos de desregulación, del menemato, aún siguen vigentes.

Seguramente, mañana, podremos festejar el Campeonato Mundial con mucha alegría y entusiasmo. Pero al mismo tiempo estarán sepultando, no sólo el presente, sino el futuro de los venideras generaciones, en el campo energético-estratégico nacional.

Resulta imprescindible, romper con la trampa del poder, del sistema actual, hay que transitar por el camino de la soberanía, la justicia y la independencia, para ello es necesario comprometerse, participar y ganar las calles con pleno protagonismo consciente, que nos habilite a una transformación de fondo, sepultando las iniciativas posibilistas y poniendo fin a un modelo económico, depredador, contaminante y exportador.

Mar del Plata, 12 Julio 2014

*Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina; Secretario Adjunto de la CTA Nacional.

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Los medicamentos son un bien social

LA ARENA

El precio de los medicamentos y su consideración como un bien social se ha puesto nuevamente en debate por estos días. Esto ocurre siempre que los precios -por lo general elevados- se disparan, como ocurrió luego de la crisis de 2001-2002, y afectan en mayor grado a los sectores sociales de menores recursos.

Es que en la Argentina, la mayor producción de medicamentos está en manos de laboratorios privados, por lo que predomina una visión mercantil de esta actividad que se traduce en un fuerte impacto social.

Para contrarrestar este escenario de pocos ganadores y muchos perdedores, años atrás se estableció la venta de genéricos como una forma de reducir los precios, pero finalmente no se logró implementar con la profundidad que se pretendía. Debe decirse que se trata de un negocio que en nuestro país mueve mucho dinero -según datos del Indec, en 2009 esa industria facturó 11.600 millones de pesos- y que tiene lobbys poderosos que bloquean cualquier intento de producción de medicamentos en laboratorios públicos a mayor escala. Según estudios publicados, los precios de los remedios en Argentina pueden llegar a costar hasta cuatro veces más que en los denominados países centrales.

Días atrás, y ante los aumentos producidos a partir de la devaluación de comienzos de año, el gobierno nacional ordenó a los laboratorios retrotraer los precios de los medicamentos al 7 de mayo. Pero esta medida de corto plazo no es suficiente para alterar las condiciones del mercado.

Ahora se comenzaron a debatir varios proyectos de ley en el Congreso nacional que apuntan a regular la venta de medicamentos y enfrentar a los monopolios del sector a través de fomentar los laboratorios públicos. Son cinco las iniciativas, y a pesar de las diferencias que tienen en los planteos coinciden en que las especialidades medicinales son un bien social y que se debe garantizar desde el Estado el acceso a ellos. Los grandes medios porteños han omitido, salvo algunas excepciones, este tema entre sus noticias.

Todavía la discusión es embrionaria, pero avanza. De hecho, los diputados escucharon durante la semana las opiniones de los laboratorios públicos de distintas provincias para avanzar en la definición de líneas estratégicas de producción y desarrollo, así como establecer estructura de costos y precios de referencia para facilitar una regulación más eficiente de parte del Estado.

Para enfrentar al oligopolio del sector, se ha planteado en estas iniciativas varias modalidades que van desde la creación de una red de laboratorios públicos hasta la obligatoriedad de recetar únicamente genéricos, pasando por la instrumentación de la receta electrónica para que el Estado acceda a esa información.

A diferencia de los años noventa con la desregulación de ese mercado, que llevó a la federalización de los laboratorios públicos, hoy la tendencia es opuesta, es decir, a la centralización de las decisiones estatales, con el propósito de alcanzar el abastecimiento de un producto básico de la canasta de consumo familiar. La tarea no es sencilla, enfrente está una industria muy poderosa que ha sabido hacer sus negocios en base a las necesidades de todos.

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Producción pública de medicamentos: Basta de versos y postergaciones

Hugo "Cachorro" Godoy (ACTA)

Por estos días se han cumplido 3 años desde aquel 30 de junio de 2011, en que varios sectores y organizaciones comprometidas con la Salud Pública en la Argentina, nos complacíamos ante la aprobación de la Ley 26.688 que estableció el Programa Nacional de Producción Pública Estatal de Vacunas, Sueros, Reactivos y Medicamentos.

Fueron muchos los años y muchas las circunstancias que constituyeron ese corolario formal del acto parlamentario. Fundamentalmente una gran masa crítica compuesta por profesionales, científicos, dirigentes, militantes y organizaciones que sostuvimos en el tiempo, con organización y persistencia, la intención de promover una reconversión en uno de los rubros más estratégicos de la salud, la economía y el modelo de Estado.

Pero en medio de la satisfacción alcanzada, algunos advertíamos sobre la posibilidad de un estancamiento intencionado del proceso, y en ese sentido propiciábamos la necesidad de una pronta reglamentación y una plena implementación.

Nuestras reservas tenían que ver con el análisis de la línea histórica que el “kirchnerismo” le otorgó a la gestión de políticas públicas de Salud, que entre otros “signos” lo tuvo a Ginés González García y su consuetudinario apego a los mandatos de los Bancos y Organismos Multinacionales , al actual Ministro Juan Luis Manzur, experto en tergiversar estadísticas para ocultar los niveles vergonzosos de mortalidad infantil, al plan REMEDIAR siempre vinculado a la “compra” y nunca a la “producción”, al debilitamiento presupuestario de fondos específicos, al “eterno” convenio sobrefacturador del PAMI con la industria farmacéutica, a la desregulación absoluta del precio de los medicamentos, etc.

Lamentablemente no nos equivocamos y desoyendo a nuestros reclamos y los de muchos sectores populares la ley de producción pública de medicamentos sigue sin ser reglamentada y por tanto sin ser ejecutada.

En este marco el recientemente presentado y profusamente publicitado proyecto de ley de la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) propiciado por legisladores del mismo gobierno que no ha tomado la decisión ni de reglamentar la ley en estos 3 años, ni de generar una política de fortalecimiento del sistema público de Salud desfinanciado, fragmentado, y obsoleto suena a burla al pueblo argentino.

Aún más, después de 10 años de gobierno, y en medio de un proceso de crisis de representación y credibilidad pública, este proyecto se parece MUCHO a un posicionamiento retórico (uno más) hacia un escenario post kirchnerista en el que creen que podrán seguir engañando a un pueblo al que no respetan y subestiman.

Argentina cuenta con laboratorios y recursos humanos que están en condiciones de producir medicamentos, y los laboratorios públicos tienen un potencial productivo de fácil puesta en marcha o disponibilidad. Esta potencialidad de la red pública de medicamentos (de dependencia nacional, provincial o Municipal) debe y puede ser puesta inmediatamente a su máxima posibilidad de infraestructura, de personal y de funcionalidad operativa.

La Asociación Trabajadores del Estado como parte de un colectivo de organizaciones gremiales, sociales y académicas, seguirá propiciando la capacidad rectora, reguladora y financiadora del Estado respecto de las políticas de salud, el mejor acceso a los medicamentos de los sectores más desprotegidos, la intervención decidida sobre un mercado definidamente oligopólico y transnacional, y la recuperación para el Estado de un sector estratégico de producción, todo ello postergado decididamente en estos 10 años de gobierno.

Hugo "Cachorro" Godoy es Secretario Adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA).

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Preocupante desplazamiento en la política de no represión de la protesta social

RED ECO

Es el título de un comunicado elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales a partir de los distintos hechos de represión contra trabajadores de la autopartista Lear, y las empresas del Grupo Cirigliano Emfer y Tatsa. “La represión de la Policía Federal y la Gendarmería a trabajadores y organizaciones sociales que ayer y hoy cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales muestra un desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social”, continúa el documento.

“Desde 2003, esta política se basó en dos pilares fundamentales: la negociación a cargo de interlocutores civiles y la aplicación de principios de actuación que regulen los operativos de las fuerzas de seguridad.

Entre los principios que apuntan a evitar el uso desmedido de la fuerza y sus consecuencias en la integridad física de los manifestantes está la prohibición de portar armas de fuego en los operativos. Al mismo tiempo, tampoco está permitido el uso de balas de goma como herramienta para dispersar a los manifestantes.

Tanto ayer como hoy, el desempeño de las fuerzas de seguridad no respetó sus principios y reglas de actuación. En el operativo de esta mañana, para desalojar a organizaciones sociales que apoyaban a los trabajadores de la autopartista Lear, había agentes de la Policía Federal que portaban sus armas reglamentarias. En el desalojo de la Panamericana, la Gendarmería disparó balas de goma con armas largas a los manifestantes y usó perros adiestrados, sin bozal. Esta respuesta se dio en el marco de operativos caóticos en los que, como no hubo acordonamiento ni se desvió el tránsito, los vehículos circulaban entre corridas de manifestantes, gases y balas de goma.

Más allá de las instancias de negociación a cargo de otras agencias estatales como el Ministerio de Trabajo, es necesaria la presencia de interlocutores políticos que eviten el uso de la violencia. Por el contrario, ayer y hoy se privilegió la intervención directa y la represión por sobre una mediación política que pudiera gestionar el conflicto. Este accionar es contrario a lo establecido en los 21 puntos de los "Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas", elaborados por Ministerio de Seguridad de la Nación en 2011.

Es indispensable que se busquen soluciones políticas a los conflictos laborales y que el abordaje no violento de las protestas y manifestaciones sea defendido por todas las instituciones y el conjunto de la sociedad”, finaliza el comunicado difundido por el CELS.

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La Armada ríe impune

HIJOS La Plata - ANRED

El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata dio por recibida formalmente la causa “Fuerza de Tareas 5” por los delitos de lesa humanidad de la Armada en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Lo particular del caso es que, teniendo la causa 10 genocidas imputados y alguno de ellos ya condenados en otras causas, la mayoría goza del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 2 se encuentran cumpliendo prisión efectiva.

"Esto es anterior a una política o a una ideología.
Esto es una actitud metafísica.
No vamos a combatir hasta la muerte, vamos a combatir hasta la victoria,
esté más allá o más acá de la muerte”.
Emilio Eduardo Massera - discurso del 2/11/76

La primera semana de este mes el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata dio por recibida formalmente la causa “Fuerza de Tareas 5” (o N°17- o ex N°35) por los delitos de lesa humanidad de la Armada en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con ello, dio un impulso más para que finalmente, a 38 años del golpe genocida, un pequeño grupo de represores de la Marina y la Prefectura Naval sean juzgados por su participación en el plan criminal que desarticuló en nuestra zona al combativo movimiento obrero industrial que resistía a la dictadura.

Lo particular del caso es que, teniendo la causa 10 genocidas imputados, y alguno de ellos ya condenados en otras causas, la mayoría gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 2 se encuentran cumpliendo prisión efectiva, pero en el régimen abierto de la Unidad 31 de Ezieza, destinado originalmente a mujeres presas con sus hijos.

Esto es sólo una muestra del carácter impune con que la mitad de los represores imputados en todo el país afrontan los procesos en su contra, por lo demás plagados de beneficios y sortilegios judiciales que les garantizan un tranquilo pasar por los servicios prestados.

La Causa “Armada”

A comienzos de marzo de este año el juez que acumula a placer la instrucción de todas las causas contra los genocidas en el fuero federal platense y acuna su siesta junto al expediente por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, el siniestro Manuel Humberto Blanco, elevó a juicio la causa N°35, por los crímenes de la Armada Argentina en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con una investigación fragmentada de cuatro años iniciada por Corazza, Blanco no hizo más que dar lugar al paupérrimo requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.

Fruto de la denodada tarea de la justicia, sólo un pequeño grupo de hombres de mar serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por sus manos. 10 represores por 40 compañeros. Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades de la Armada Argentina” o “Placintara”, que desde noviembre del ’75 determinó tareas a la Armada con vistas a lo que luego se desató abiertamente como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura.

La existencia del Plan fue confirmada en 2007 por un pesado de la Armada, el contraalmirante Luis Mendía, en indagatoria ante el juez Torres que instruye en franca tupac-amarización la causa ESMA. El Comandante de Operaciones Mendía, muerto impune por la tardanza de Torres en llegar a juicio, lo definió como un manual instructivo sobre cómo operaría la Armada en la represión desde noviembre del ’75. Lo hizo repitiendo el conocido sambenito de que actuaron basados “en el estricto y fiel cumplimiento y observancia de los reglamentos militares vigentes y de las disposiciones legales dictadas por el gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón y del doctor Italo Argentino Luder", que por cierto nunca fueron citados a explicar ninguno de estos y otros tópicos.

En un intento por demostrar la generación espontánea en su tropa del secuestro de hijos de detenidos-desaparecidos, no ya por su propio mando, el carnicero mayor de la Armada Emilio Eduardo Massera, ciertamente “educado” en la Escuela Naval de la Isla Río Santiago, aportó a la justicia en el ’78 una copia del "Placintara 75". Según declaró Massera en la causa 13, "allí se determina cuál debía ser el trato y atención con respecto a los detenidos, especificándose claramente que tanto los detenidos en condiciones físicas irregulares como las mujeres y menores debían tener un trato específico y diferencial". No definió nunca el alcance real de los caracteres “específico y preferencial”.

Así de claro el origen del accionar represivo de esta fuerza en particular, hay un problema: el “Placintara” que fiscales y jueces investigan en nuestra zona sólo incluye los casos de unas 40 víctimas, es decir por 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios. El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en el Batallón de Infantería de Marina N°3, el Hospital Naval, el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de 1 y 60. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el frigorífico Swift, el Astilleros Río Santiago y la destilería de YPF.

Varios militantes de aquella época recuerdan que la misma madrugada del 24 de marzo del ’76 los marinos y prefectos recorrieron las ciudades ribereñas y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas.

El BIM 3, ubicado en 122 y 50, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas. Dos de ellos murieron impunes. Fracassi, ausente en la causa de La Plata, está siendo juzgado en Bahía Blanca por los casos de 66 personas, 13 de ellas desaparecidas, secuestradas por las patotas de la Marina en combinación con los grupos de Tareas del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. Pero para no ser menos que sus camaradas en La Plata, el comandante Fracassi goza del beneficio de la domiciliaria, al igual que 17 de los 26 represores que lo acompañan en el juicio bahiense.

Vacaciones perpetuas

El comandante de Operaciones Navales y jefe de la FT5, Antonio Vañek, fue condenado en septiembre de 2012 a 40 años de prisión (leyes Blumberg mediante) como parte del proceso que juzgó el denominado “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos. Sin embargo, y aunque encabeza la lista de procesados en la causa FT5 acusado por 1 solo caso, goza de la prisión domiciliaria en el 4to piso de su depto de Belgrano.

El director del Liceo Naval, Jorge Alberto Errecaborde (82 años), imputado por el secuestro y torturas de 9 compañeros (2 de ellos asesinados), disfruta de la vista del Campo de Polo desde el piso 7mo de su depto de Palermo. Procesado en noviembre de 2011, le fue otorgada la domiciliaria por el Juzgado N°3 de La Plata en virtud del Artículo 32 de la ley 24.660. Apelada por el Fiscal, la medida fue revocada por la Cámara en mayo de 2012 por no presentar el reo ninguna enfermedad terminal en curso. Pero recurrida por la defensa del genocida, la medida fue confirmada por la misma Cámara en diciembre de 2013.

El único marino condenado en La Plata en 11 años de juicios y uno de los Comandantes del BIM3, Juan Carlos Herzberg, fue sentenciado en diciembre de 2010 a 10 años de prisión (eso sí, con modalidad domiciliaria) por la apropiación de Natalia Suarez Nelson Corbalán, por haber sacado a la niña del CCD “La Cacha” y entregarla al apropiador Omar Alonso. Aún con esa condena a cuestas, afrontando hoy imputaciones en el juicio por el CCD de Olmos, y acusado por 1 caso en la causa FT5, cuando no está en audiencias de juicio al marino le permiten observar la realidad desde el piso 7 de su depto frente al hipódromo de Palermo.

José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante de Operaciones Navales y jefe a cargo del armamento del BIM3, está acusado por los secuestros y torturas de 7 compañeros que pasaron por ese CCD. En octubre de 2012 consiguió la falta de mérito en algunos de esos casos y goza de la domiciliaria en el 6to piso de su depto de Belgrano R.

Los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, imputados por 15 casos de secuestros y desapariciones a manos de la FT5, disfrutan el invierno 2014 desde un cómodo 10mo piso, el primero en Barrancas de Belgrano y el segundo por la estación de Caballito.

Los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza, imputados por 40 casos de secuestros y desapariciones en su colaboración con la FT5, viven un apacible retiro en sus casas de Berisso, zona donde actuaban en noche y niebla hace 38 años atrás.

Como anticipábamos más arriba sólo 2 represores, detenidos en 2012, cumplen prisión efectiva.

Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, fue citado a indagatoria en agosto de 2012. Una vez detenido el juez Manuel Blanco le dio domiciliaria en diciembre de ese año. Pero el TOF 1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a Roberto Eduardo Fernando Guitián, ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, hasta que en mayo pasado el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, sumó un nuevo privilegio a los peores asesinos de nuestra historia. Bajo el argumento de que el incremento de la tasa de encarcelamiento ha generado una grave problemática con la insuficiencia de plazas para el alojamiento de detenidos varones adultos en los establecimientos penitenciarios federales de la región metropolitana, decidió trasladar a los 407 internos (entre condenados y procesados) de causas por delitos de lesa humanidad de la Unidad 2 de Marcos Paz el sector A del Centro Federal de Detención de Mujeres de la Unidad 31 de Ezeiza. Según Blanco esto “posibilitaría que los internos por delitos de lesa humanidad, dado su bajo nivel de conflictividad, utilicen el contexto institucional proporcionado por el Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza, para recibir diariamente aquellas especialidades médicas que allí se brindan, evitando traslados infructuosos”.

Según informó el SPF, el traslado sería transitorio y conformaría el “Anexo Residencial para Adultos Mayores” hasta que se construya en Ezeiza un nuevo pabellón de lesa humanidad. La medida también estipulaba la reubicación de las internas madres del sector A a “otros establecimientos penitenciarios que se ajusten a su condición de género”, o al sector B de Ezeiza en el caso de quienes tengan un “perfil de baja potencialidad conflictiva”. Lo que en realidad terminó ocurriendo, y fue denunciado por organizaciones sociales que trabajan la temática anticarcelaria, fue el traslado forzoso de varias internas del sector A, muchas de ellas madres, embarazadas o con enfermedades, a otros penales federales en Buenos Aires o La Pampa, para complicar las visitas de sus familias y amigos y endurecer sus condiciones de detención. Es dable recordar que la Unidad 31 de Ezeiza, una de las cárceles más nuevas del SPF, fue construida especialmente como un régimen abierto que adecúe al máximo la dignidad en la detención de mujeres madres, ahora perjudicadas porque el Estado entiende que sus derechos valen menos que los de un grupo de represores de la dictadura condenados o procesados con preventiva.

Cuestión de “criterios”

Pero la problemática no se reduce a que el mismo Estado, cuyos agentes utilizaron su aparato de Terror para secuestrar, torturar, desparecer y apropiar, utilice como excusa su déficit estructural en políticas penitenciaria para beneficiarlos cuatro décadas después. Sino que se amplía al criterio general con que ese Estado instruye, juzga y ejecuta las penas en los delitos más graves cometidos en nuestra historia como país.

El artículo 32 de la lay 24.660 (y su modificatoria N°26.472 de 2009) dispone que pueden recibir domiciliaria los enfermos que no pueden tratar su dolencia en prisión, los enfermos terminales, los discapacitados cuyo encierro implique un trato indigno, las mujeres embarazadas, las madres de menores de 5 años y, claro está, los mayores de 70 años. Pese a varios proyectos para eliminar expresamente del beneficio a los procesados por delitos de lesa humanidad, la ley no distingue la gravedad específica de los delitos juzgados. Y en una aplicación selectiva y de clase, se escatima el beneficio a la mayoría de los internos de los Servicios Penitenciarios bonaerense y federal, que en un promedio del 70%, pasan más de 5 años haciendo “rancho” para sobrevivir en cárceles de mala muerte sin acusación ni condena firme.

La discusión legal que se plantea, incluso a la interna de los jueces de la Cámara Federal platense (Nogueira, Pacilio, Vallefín y otros) y del Tribunal que juzga a los represores en La Plata (Rozansky, Jantus y Vega) es si el hecho de ser mayor de 70 años es requisito temporal suficiente para aplicar automáticamente el beneficio. Y si la gravedad de los delitos enrostrados no significa nada en este tema. Repasando la situación de los marinos imputados en la causa FT5, cuyas edades oscilan entre los 73 y los 89 años, queda claro qué criterio se viene imponiendo.

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La Cámara de Casación Penal Federal aceptó el hábeas corpus por Luciano Arruga

LA RETAGUARDIA

Se trata de la Sala IV del Tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky; luego de que fuera rechazado en dos oportunidades por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Morón y la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. El recurso había sido presentado por la familia del joven, visto por última vez el 31 de enero de 2009 en el ex Destacamento Policial de Lomas del Mirador.

“Cabe recordar que la acción de hábeas corpus es el remedio constitucional rápido y efectivo tendiente a, en el caso que nos ocupa, obtener información acerca del paradero de Luciano Arruga quien, a consideración de las recurrentes y conforme se desprende de la investigación penal que a su respecto tramita ante la justicia federal, fue privado ilegalmente de su libertad física y ambulatoria por parte de autoridad pública (…). Pero, además, no puede pasarse por alto que a casi cinco años y seis meses desde el inicio de la investigación penal, NADA se supo acerca del paradero del menor, sumado a las serias irregularidades advertidas durante el comienzo de su tramitación”, afirma el magistrado Juan Carlos Gemignani en su votación. Y el NADA, así, gritando con las mayúsculas, le pertenece.

Crónica de un martirio: buscar a un desaparecido de estos tiempos

En el fallo de 36 hojas de la Cámara de Casación se sintetiza el recorrido realizado por Mónica Alegre y Vanesa Orieta, mamá y hermana de Luciano Arruga respectivamente, desde el momento mismo de la desaparición del joven, como así también cómo han actuado las distintas dependencias judiciales involucradas. A su vez, se describen las denuncias de la familia respecto al hostigamiento policial previo que venía sufriendo el adolescente: “principalmente, las dos detenciones que sufrió por parte de agentes del Destacamento Policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, las cuales derivaron en su posterior alojamiento en dicha dependencia donde fue severamente golpeado: la primera el día 22 de julio de 2008 y la segunda el 22 de septiembre del mismo año. Asimismo, señalaron que esa situación de persecución constante comenzó cuando se negó a ‘trabajar’ para el Destacamento de mención, cuyos efectivos policiales le habían ofrecido un arma y ‘garantías’ para robar”.

También se hace referencia a los dos rechazos previos al hábeas corpus por parte del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Morón y la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín: “El juez federal, doctor Salas, decidió, el 25 de abril del corriente año, desestimar la acción de hábeas corpus por entender que no encuadra dentro de las previsiones del artículo 3 de la ley 23.098, pues consideró que el objeto procesal de dicho remedio resulta coincidente con el fin de la investigación penal que tramita en la dependencia judicial a su cargo. En consecuencia, elevó las actuaciones en consulta a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, conforme el art. 10, segundo párrafo, de la ley arriba citada.

En la misma fecha, el tribunal de alzada confirmó esa decisión, sin más fundamento que coincidir con las consideraciones expuestas por su colega instructor”.

En efecto, la argumentación de la Cámara Federal de San Martín para rechazar el hábeas corpus era que ya existía una causa penal en la que se investigaba la desaparición de Luciano.

Al respecto, Rosaura Barletta, integrante de Familiares y Amigos, había aclarado (antes de conocer el fallo de Casación), en diálogo con Enredando Las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo siguiente: “por una cuestión constitucional el hábeas es un derecho que tiene una familia, no puede anularse a partir de nada, ni de una investigación judicial, ni de ninguna otra circunstancia, no se puede rechazar un hábeas corpus ante una desaparición por parte del Estado, que es algo que ya está probado. Por otro lado, lo que decimos es que la investigación que está en curso no está orientada a buscar el paradero de Luciano, lamentablemente, porque debería ser así. Es una investigación que sigue con un retraso monumental, rastros de Luciano que pudieron haber quedado durante mucho tiempo en lugares que estuvieron a disposición de las personas que lo secuestraron. Por ejemplo, el ex Destacamento de Lomas del Mirador, que es el lugar donde Luciano desapareció, siguió funcionando como dependencia policial durante muchos años después de la desaparición, y eso nos impide que hoy la justicia pueda ubicar un rastro de él en el lugar. Esto lo demostró la última investigación del Equipo de Antropología Forense”.

De todos modos, Barletta se había mostrado esperanzada con la posible resolución de Casación, ya que recordó que era la misma sala que había fallado a favor de los pedidos de hábeas corpus en los casos del hijo de Nora Cortiñas, desaparecido durante la última dictadura cívico militar; y el de Iván Torres, desaparecido en Trelew en 2003, y por el que el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, en su fallo, los jueces mencionan el caso de Torres e incluso el de Walter Bulacio.

Para los magistrados de Casación, hacer lugar al hábeas es darle respuestas a la familia y a la sociedad toda sobre el paradero. Señalan además que “si a más de 5 años desde su desaparición no se pudo brindar ninguna respuesta cierta a sus familiares la investigación no es fructífera"; y que Luciano “fue privado ilegalmente de su libertad física y ambulatoria por parte de autoridad pública”.

Que no sea un trámite

“Esperamos que el hábeas no sea simplemente un trámite administrativo o una reivindicación simbólica, porque nosotros lo presentamos precisamente con la intención de que se pueda movilizar la causa en función de esto, que la causa tome como objetivo serio y real buscar a Luciano. Por eso una de las cosas que dijo nuestro abogado es que nuestra esperanza no es que solo se acepte el hábeas corpus sino que también la Cámara pueda instar a la justicia federal, al juez que está interviniendo en la causa por la desaparición forzada de Luciano, a tomar algunas medidas, que indique algunos lineamientos que nos puedan permitir además de seguir los rastros que es algo que tenemos que seguir haciendo, si es posible con mucho menos retraso del que venimos teniendo, pero que además se busque el paradero de Luciano, que se llame a quien tenga que llamar, que se haga una declaración indagatoria con los ochos policías que lo secuestraron”, había manifestado Rosaura Barletta en diálogo con ELM.

En este sentido, los jueces de Casación manifiestan en su fallo: “le incumbe al Estado adoptar y ejecutar las medidas tendientes a cumplir con los mandatos y estándares internacionales y, puntualmente en lo que aquí concierne, investigar la causa y condiciones de la desaparición del menor Luciano Nahuel Arruga, debiendo informar a sus familiares, quienes gozan del derecho a saber al respecto, atento a su carácter de víctimas y sancionar a quienes resulten responsables por tales hechos”.

Así es como resuelven que se devuelva la causa al Juzgado de origen (el Federal de Morón) a efectos de que continúe con la sustanciación de la causa, con el objeto de realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido a Luciano Arruga, otorgando la intervención que corresponde al Ministerio Público Fiscal, con especial atención en las medidas de prueba ofrecidas por las denunciantes.

A Mascherano le dicen Vane

Ayer, tras conocer el fallo, a través de su cuenta de Tweeter @Rotaura, Barletta escribió: "Gracias a nuestra Mascherano, Vanesa Orieta, el recurso de Hábeas Corpus fue aceptado por la Cámara Federal de apelaciones IV", en referencia, claro está, a la fortaleza y claridad de la hermana de Luciano para afrontar esta lucha cargando con su dolor. También escribió en su cuenta este subtítulo que acabamos de robarle.

Apenas minutos antes de que se conociera el fallo, en una entrevista concedida a Fernando Tebele, para el programa Uno Nunca Sabe que conducen Alejandro Fabbri y Victoria Torres en AM750, Vanesa Orieta describió con claridad su pensamiento: "está claro que no esperamos nada de la justicia. Esto lo hacemos para que los nuevos casos que puedan darse sean más fáciles de resolver, para que los familiares no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos". Orieta respondió a la pregunta acerca de por qué una sociedad que se permite espanto, revisión y justicia para las desapariciones de hace 35 años, avala que sucedan las desapariciones de hoy: "ufff, qué difícil responder eso -dijo mientras elaboraba su contundente respuesta posterior-... en todas las épocas históricas hubo un grupo de gente a la que el poder intentó sacarse de encima. Claramente, este grupo, en este momento, son los pibes jóvenes de los barrios pobres". Y cargó, una vez más, contra el sistema capitalista, razón de todos los males para ella y para otros que se permiten pensar en que alguna vez el sistema que rige las relaciones sociales y económicas en el mundo llegará a su fin, como todos los otros sistemas que la humanidad se dio para organizarse.

Lo pendiente

Actualmente, los ochos policías involucrados en la desaparición de Luciano Arruga están libres, solo fueron separados de la fuerza: “muchas veces cargan las tintas contra la justicia y no se tiene en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene facultades no para meterlos presos, pero sí para echarlos de la fuerza. Sin embargo, Asuntos Internos que depende del ejecutivo bonaerense ni siquiera les inició un sumario por la numerosa cantidad de irregularidades que cometieron estos ocho policías además de la desaparición de Luciano, como adulteración de libros, amenazas sistemáticas, detenciones previas ilegales en las que estuvieron involucrados varios de ellos. Un montón de situaciones que nosotros presentamos como prueba en Asuntos Internos. Pero ellos han decidido separarlos de la fuerza, con un argumento administrativo, entre comillas, que ni siquiera se lo relaciona con la desaparición de Luciano ya que fue solamente responder a un pedido nuestro, se sintieron presionados y los separaron pero la verdad que no tomaron cartas en el asunto, y en ese sentido nosotros apuntamos a que se los impute, se los procese, se los eche de la fuerza y que se los empiece a indagar y a citarlos a declaraciones indagatorias para que digan qué hicieron con Luciano porque son las personas que saben dónde está”, afirmó Barletta en declaraciones a ELM.

La joven, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, señaló que consideran que la justicia está en deuda con ellos: “una deuda que no se va a poder reparar bajo ningún punto de vista porque ha sido contraída en los primeros días de la desaparición de Luciano y que fue la que ocasionó que nosotros no sepamos dónde está, porque se trata de la primera fiscal que entregó la investigación a la policía con lo cual ya directamente garantizó que se perpetuara su desaparición; y la segunda fiscal hizo escuchas telefónicas a la familia, en secreto, de una forma prácticamente ilegal”.

Sin embargo, Barletta aclaró que el Poder Judicial no es el único en deuda: “la desaparición forzada por legislación nacional, que no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es un delito de competencia federal, es un delito de lesa humanidad, y el Ejecutivo nacional es el que tiene la responsabilidad de funcionar como veedor de las investigaciones por las desapariciones forzadas, y esto quiere decir garantizar la transparencia de las investigaciones, la seriedad, la celeridad y garantizarle a la justicia todos los recursos que necesite para que estas investigaciones se den como se tienen que dar”.

El derecho a saber

Finalmente, Barletta explicó que Familiares y Amigos no es un grupo que se caracteriza por confiar en la justicia: “sabemos cómo se maneja, tampoco lo hacemos con el Poder Ejecutivo. Desde el principio, desde el primer día de la desaparición de Luciano nos caracterizamos por buscar la justicia en la calle, manifestándonos, haciendo actividades, marchas, escraches y además en el último tiempo conseguimos que el destacamento que es donde desapareció Luciano nos fuera cedido para trabajar un espacio para la memoria independiente del Estado y de los gobiernos, que tenga independencia política y pueda denunciar todos los casos relacionados con los derechos humanos. En ese sentido, claramente nosotros no estamos definiendo nuestra lucha en función de lo que pase con la justicia, pero le damos mucha importancia porque nos parece que sería reparador que después de tanto tiempo pudiera llegar un juicio, que pudiéramos investigar el paradero de Luciano, saber dónde está, es nuestro derecho, nuestro derecho a saber dónde está, que es lo más grave que le puede pasar a una persona, la desaparición forzada es un delito gravísimo, así que en ese sentido tratamos de equilibrar los cartuchos que tenemos para abocarnos a todo, pero fundamentalmente nos dedicamos a la lucha en la calle, y la justicia es una instancia que tiene que ver con la presión que podamos hacer”.

El fallo de la Cámara de Casación suma un elemento importante para que el Juzgado de Morón se haga cargo de sus obligaciones e investigue como realmente corresponde qué pasó con Luciano Arruga. La lucha de sus familiares y amigos, junto a todas las organizaciones que los acompañan, seguirá en las calles.

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Argentina: Balearon la casa de un testigo en una causa de lesa humanidad en San Juan

LA RETAGUARDIA

Se trata de Alberto Rivas, quien en agosto de 1976 vio cómo colgaban al militante José Alberto Carbajal de una ventana del penal de Chimbas. Desde un principio los militares hablaron de suicidio, pero la verdad recién pudo conocerse más treinta años después cuando Rivas declaró en el juicio por la muerte de Carbajal y contó lo que realmente había sucedido. En las audiencias de 2011, el testigo brindó testimonio contra el ex jefe de inteligencia Jorge Olivera, que está prófugo desde hace un año. Esta semana, Rivas recibió ocho balazos en su casa de la localidad de Chimbas.

“¿Te gusta declarar contra militares? Ya tenemos dos en libertad”, le gritaron a Alberto Rivas, quienes balearon su casa el miércoles 9 de julio, poco después de las ocho de la noche, tras el partido de Argentina-Holanda por una de las semifinales del Mundial de Fútbol.

Los “dos en libertad” son Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, quienes se fugaron del Hospital Militar Central "Cosme Argerich", donde habían sido trasladados para una consulta médica. Esto ocurrió en julio del año pasado, pocos días después de haber sido condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura cívico militar. En el marco de este juicio, Rivas había declarado en 2011 contra Olivera por la muerte del militante de Montoneros José Carbajal.

En la noche del pasado 9 de julio, Alberto Rivas estaba en su casa, ubicada en una zona semirural de Chimbas, una localidad del Gran San Juan, cuando desconocidos pasaron en un auto y dispararon contra la vivienda. Al sentir los disparos, Rivas se tiró al piso y al levantar la vista llegó a ver un Volkswagen Gol Gris que se alejaba. Luego, se comunicó con el 911 y pasó la noche con custodia policial; al día siguiente fue a declarar a la fiscalía de Chimbas, a cargo de Katia Troncoso.

En una entrevista realizada al Canal 13 de San Juan, Rivas relató: “la gente del Comando no volvió por mí, no se tendrían que haber ido porque habían visto que había cuatro balazos hasta ese momento. Pasó un buen rato, hubo movimiento de parte de Margarita Camus, de un montón de gente amiga, y llegó la Policía Federal y detrás de ellos la gente de la Comisaría 17. Seguimos buscando a ver si había más balazos, no encontrábamos nada, pensábamos que eran cuatro balazos en el porche, nada más. Cuando llega la policía científica, once y pico de la noche, se pone a hacer un trabajo más minucioso, corren una planta, y descubren en la puerta de ingreso al comedor dos orificios. Ingresamos por dentro de la casa, y no solo han pasado esa puerta, sino que pasaron una segunda puerta que es interna y que divide el comedor con la cocina, una de las balas había pegado en la garrafa de quince kilos, tiene la marca, y el otro balazo pegó en la cocina y le hizo un agujero a la altura del horno. O sea, si me quisieron asustar uno o dos balazos estaba bien, ¿pero ocho? Es más, vino balística, la gente de la Policía Federal y la de Criminalística, más la gente de Chimbas con todos los patrulleros, no encontramos ni una capsula, dijimos ‘qué raro, qué profesionales, han tirado de adentro del coche y han quedado las capsulas adentro’. Indudablemente la gente de la policía ya sabía que eran balas nueve milímetros mínimo, según nos dijeron”.

Rivas afirmó además que a la mañana siguiente del atentado, se acercaron a su casa dos niños de alrededor de nueve años y le contaron que habían visto a un hombre bajarse de un coche, cruzar la reja y disparar desde el jardín: “es todavía mucho peor que haberse llevado las capsulas”, agregó el testigo.

En cuanto a la respuesta de la fiscal, Rivas señaló: “ella me termina de ofrecer seguirme con la custodia, hasta este momento hay una decisión de la policía de dejarme la custodia”. Al ser consultado acerca de si esta medida era suficiente, Rivas se quebró y entre lágrimas respondió: “no, porque uno tiene que seguir con la vida, yo tengo que salir y no me pueden dar un policía para que esté las 24 horas conmigo, si voy a mi lugar de trabajo, o si quiero ir a visitar a mis hijos. El domingo es el cumpleaños de mi hija ¿cómo voy? Cómo le explicas a tus hijos que porque hiciste algo que tenías que hacer… porque no cometí ningún delito, fui y declaré lo que vi, cómo colgaron a una persona que ya llevaban muerta”.

El atentado contra el testigo Alberto Rivas en San Juan es una de las consecuencias de que a un año de la fuga de los militares Olivera y De Marchi, condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad, nada se sepa de sus paraderos.

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Argentina, Entre Ríos. Nueva etapa en la CTA: “El gran desafío de la etapa es poder entrar más a fondo en el sector privado”

Melissa Zenobi - Miguel Aguirre (ACTA)

Esteban Olarán es el nuevo Secretario General CTA de Entre Ríos, seccional recuperada en las elecciones del pasado 29 de mayo. A unos días de que asuma la nueva Conducción Nacional, el dirigente dialogó con ACTA sobre los nuevos desafíos. “Estamos con muchas expectativas, intentando aportar desde las experiencias que tiene la provincia. Y sobre todo en debates fundamentales como la unidad de acción”, afirmó.

-¿Cómo evaluás el proceso eleccionario de la Central en tu provincia?

- Muy contento a partir de la amplia participación de trabajadores estatales, tanto de ATE como docentes. Sobretodo cuando desde el Ministerio de Trabajo y los gremios burocratizados, llamaron a desconocer la elección, se mandaron cartas documentos para que no se pudieran poner las urnas, etc. En fin, pese a todo esto funcionaron casi 200 urnas en toda la provincia, votaron más de 7.000 compañeros, se pudieron elegir 9 mesas locales y se constituyeron grupos en torno a la elección con posibilidad de armar 4 mesas más. Es muy importante la representación territorial que va a empezar a tener la Central, teniendo entre 13 y 14 mesas en toda la provincia.

-¿Cuáles son los principales desafíos para la mesa provincial?

- Tenemos un proyecto claro de recuperar el sindicato Agmer Entre Ríos como herramienta de los trabajadores. También el armado de la agrupación ANUSATE en conjunto con los compañeros para la recuperación de ATE en la provincia en las elecciones del año próximo. Además contamos con un desafío muy importante que es dar continuidad al trabajo que se viene haciendo desde CTA Paraná, sobretodo con lo que tiene que ver con la UCRA y el Sindicato de Empleadas en Casas Particulares. De qué manera podemos ayudar a la experiencia local desde la estructura provincial a que se vaya regionalizando. Los compañeros, principalmente desocupados de la Corriente Clasista y Comitiva y que también fueron parte de todo ese proceso, están articulando en muchos barrios con otras organizaciones para continuar la pelea por trabajo genuino con capacitación. Los planes deben ser una cuestión coyuntural que tienda a desaparecer a través de inserción real. Y el gran desafío es poder entrar en el sector privado, si bien tenemos algunas experiencias, es uno de los pasos más importantes que buscamos dar.

-¿Qué se espera de la Conducción Nacional?

- En verdad estamos intentando aportar desde las experiencias que tiene la provincia. Y sobretodo en debates fundamentales como la unidad de acción que es algo que a nosotros, más allá de las discusiones entre dirigentes, creemos que lo principal es la unidad con los trabajadores de cada una de las bases de los gremios, tanto estatales como privados. Esto camino a un gran paro nacional que realmente ponga de forma contundente en todo el país la agenda de los trabajadores desocupados y ocupados que nos permita avanzar como clase hacia un proyecto político propio.

-¿Cuáles son los principales conflictos que atraviesa Entre Ríos?

- Nosotros tenemos un problema que sabemos que se replica a nivel nacional: hay un sector que por su situación salarial está pagando impuesto a las ganancias mientras que hay otros, como docentes y estatales, que tienen un sueldo por debajo de la línea de pobreza. Siempre aparece como primera necesidad la cuestión salarial. Nosotros hemos conseguido a través de un plan de lucha, poner sobre la mesa la cuestión salarial desde lo presupuestal y que a la vez se desarrollen políticas de Estado en salud, educación y niñez. Y que permitan a estos sectores postergados, pasar a resolver otros problemas más allá de lo salarial.

-¿Qué otras luchas?

- Por otro lado está la pelea contra la precariedad laboral. En el ámbito privado hay empleadores que piden que sus trabajadores se escondan en el baño mientras el Estado es el principal negrero de compañeros a través de distintos mecanismos que los mantienen en una situación tan precaria y que les impide organizarse y pelear por sus derechos.

También vemos como ha crecido la pobreza, sobre todo en Paraná y Concordia, pero también en toda la provincia. Recientemente se hizo más público lo de Gualeguaichú, lo cual es una muestra de cómo la pobreza y el sistema ha ido dejando cada vez más desocupados, la sojización que expulsa a los campesinos a las ciudades y se terminan agrupando en villas, sin forma de acceder al trabajo genuino. Cuando recorremos los barrios, vemos que la gente quiere trabajar, no depender de ningún plan. Para esto es fundamental avanzar en la coparticipación federal, que es uno de los temas fundamentales para resolver la cuestión económica de la provincia, para discutir sus propios recursos y decidir a qué asignarlo. Y el dinero que entra va directamente asignado a empresas que son amigas del gobierno, lo cual sólo alimenta la corrupción y el fraude.

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Los BRICS retan al Banco Mundial y al FMI

RIA NOVOSTI (especial para ARGENPRESS.info)

Los presidentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (que conforman los BRICS) constituyen este martes 15 en Fortaleza, Brasil, el Banco de Desarrollo con una aportación inicial de 50.000 millones de dólares (36.000 millones de euros).

El denominado Banco del Sur dispondrá además de 100.000 millones de dólares de capacidad de préstamo, así como de un fondo de reservas por otros 100.000 millones de dólares para ayudar a los países del grupo ante una posible crisis de liquidez, como las vividas en algunos países europeos durante la crisis financiera, y evitar fluctuaciones monetarias.

El Banco de Desarrollo aspira a rivalizar con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), creado en julio de 1944, cuando representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos), para diseñar el nuevo modelo de relaciones comerciales y financieras entre los principales países del mundo.

En total, el Banco de Desarrollo reunirá 200.000 millones de dólares -la divisa que se utilizará-, al igual que hacen el FMI y el Banco Mundial (BM), en las transacciones de esta organización, para poner en valor el grupo y hacer una demostración de su fortaleza económica.

La iniciativa suscita dudas sobre su alcance y sobre cuán efectiva o ineficiente resultará la coordinación del grupo. Su creación se ha demorado casi dos años por las discrepancias internas, que finalmente se han solucionado con una participación a partes iguales en el capital, frente a la intención inicial de China de alzarse como socio mayoritario, y con la sede de la entidad en Shanghái.

“Nos hemos puesto de acuerdo para que el capital se aporte en los próximos siete años. La contribución de Rusia será de 2.000 millones de dólares y el capital se repartirá de manera proporcional entre los participantes", ha dicho el ministro ruso de Finanzas Antón Siluánov, citado por las agencias rusas.

El ministro indicó que el banco, especializado en la financiación de infraestructuras, estará abierto a otros países miembros de la ONU pero que la parte de los BRICS será superior al 55%.

“La intención es que el banco se convierta, con el tiempo, en una alternativa al BM y al FMI, y que sea un nuevo actor entre las instituciones financieras globales. Es un objetivo ambicioso que requerirá un grado de coordinación y armonía que no siempre hemos visto en este grupo”, ha explicado a la prensa desde Nueva Delhi Vivek Dehejia, profesor de Económicas de la Universidad Carleton, Canadá.

“La conclusión de estas iniciativas propiciará un fuerte mensaje sobre la voluntad de los BRICS de profundizar y reforzar su asociación económica y financiera”, subrayaba ante la prensa la semana pasada el diplomático brasileño José Alfredo Graça Lima. “Las instituciones financieras creadas funcionarán de forma similar al BM y al FMI”, aseguraba.

La sede del Banco se definirá entre las ciudades de Shanghái, Johannesburgo, Nueva Delhi y Moscú. La firma de los acuerdos para la creación del Banco de Desarrollo y el Fondo Contingente de Reservas serán las dos principales cuestiones a discutir en esta VI cumbre de los BRICS en Brasil.

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