martes, 15 de julio de 2014

Entrevista a Guillermo Almeyra: “Fuera de la movilización de los pueblos no hay solución para los palestinos”

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
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Mario Hernandez (MH): “Para que llorar, para que sufrir” en interpretación del Cuarteto Em Cy, canción de Vinicius de Moraes y Baden Powell. El tema musical que escuchamos fue en referencia a la charla de fútbol y otros temas que acabamos de finalizar con Eduardo Lucita de Economistas de Izquierda. Ahora pasemos a la preocupante situación que se vive en Gaza. Frente a la gravedad de los acontecimientos y el sistemático bombardeo a Gaza y al resto de Palestina, convocamos este jueves 10 a las 16:00 en la Embajada de Palestina, en Riobamba 981, para organizarnos en la acción y sacar adelante una movilización (Se realizará el próximo miércoles 16 a las 16:00 desde Av. De Mayo y 9 de Julio hacia la Embajada de Israel).
Buenos días, Guillermo Almeyra, habíamos previsto hablar de otra situación que se ha comparado con los bombardeos a Belgrado. Se trata de la operación de “limpieza” que está llevando adelante el ejército ucranio en Slaviansk donde ha habido numerosos muertos, casa destruidas, que es el saldo del “castigo” de Kiev que no esconde que optó por el camino de la violencia y se niega al diálogo con las fuerzas de autodefensa de Ucrania del este.

Guillermo Almeyra (GA): En primer lugar vamos a referirnos a Palestina que es un martirio permanente porque el Estado de Israel, un estado confesional, ocupante y practicante del apartheid, no ha cesado jamás sus agresiones que son continuas. Les toman el territorio a los palestinos pedazo a pedazo, día a día, creando colonias y montando provocaciones. Después instalan allí la gente más racista, más anti-palestina y el resultado es que al poco tiempo hay un atentado contra la colonia que da una excusa a Israel para volver a bombardear, volver a conquistar territorio, ocupar, destruir, haciendo inviable la coexistencia entre palestinos e israelíes.
Desde hace años es permanente y tiene escaladas esporádicas con mil pretextos porque es una espiral de violencia. Israel bombardea Gaza y los palestinos responden con unos pocos cohetes tirados al azar que no causan prácticamente víctimas. Eso justifica nuevos bombardeos israelíes pero con enorme precisión, asesinatos y ocupación, es decir, no hay salida en la medida en que las grandes potencias, todas, están interesadas en reforzar a Israel y no en estimular la creación de un estado real en Palestina. Entonces, no hay ninguna solución fuera de la intervención de los pueblos. Hay que movilizarse para respaldar a los palestinos porque los gobiernos no tienen ningún interés en dejar de apoyar a Israel.

MH: Pasemos a Ucrania.

GA: Pasa lo mismo. Respaldado por EE. UU. y la Unión Europea el gobierno de Kiev intenta hacer una limpieza, no étnica, porque son todos eslavos y ucranianos, pero sí política y religiosa y echar de su territorio a quienes sean pro-rusos.
Rusia, que les había dado un apoyo desde el primer momento, particularmente en el caso de Crimea, por el interés en la base de Sebastopol, ahora los deja solos, no hay un movimiento de reclutamiento de voluntarios, tampoco un apoyo indirecto en armas, incluso le siguen suministrando armas rusas a Ucrania con las que Kiev aplasta a la parte oriental. Rusia sigue negociando como elemento de fuerza con la electricidad, el gas y las relaciones económicas. Se acomoda al hecho que el gobierno de Kiev dice que hay una tregua unilateral, que acepta una tregua por ambas partes, pero sigue avanzando.
Mientras los habitantes de la zona oriental tengan que auto-defenderse, los que se han levantado en armas, porque hay muchos que no lo han hecho, o no han apoyado directamente la independencia, mientras tengan que depender de sus propias fuerzas, el débil ejército de Kiev los seguirá bombardeando, hostigando y reconquistando pedacito a pedacito los territorios perdidos en la zona.
Por supuesto, ni piensan en recuperar Crimea, no tienen fuerza y saben que en ese caso va a intervenir Rusia, que quiere negociar pero no intervenir ni ampliar el conflicto, ni llegar a una prueba de fuerza, no digamos con EE. UU., ni siquiera con la Unión Europea.

El imperialismo en Irak quiere volver a la época tribal de la ocupación otomana

MH: Hemos asistido a la creación de un Califato como si estuviéramos en tiempos del Medioevo islámico o del Imperio otomano. Quiero tomarme un minuto para leerle una información del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PPK) que publicó las actas de la reunión realizada en Amman, el 1º de junio de 2014, donde se coordinó la ofensiva conjunta del EIIL (Emirato Islámico en Irak y el Levante) y del gobierno autónomo del Kurdistán iraquí.
Según el periódico Ozgur Gundem, la reunión de Amman se preparó durante un viaje del actual presidente del gobierno regional del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, a la capital jordana, el 27 de mayo de 2014, y se desarrolló bajo los auspicios de Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Israel y Turquía.
Entre las 12 personas que participaron en la reunión de coordinación realizada el 1º de junio estaban:
- Salah Qallab, jefe de la inteligencia de Jordania;
- Azad Bervari, a nombre del Partido Democrático del Kurdistán (PDK, clan Barzani, de derecha);
- Masrur «Jomaa» Barzani, jefe de la inteligencia del gobierno local del Kurdistán iraquí;
- Ezzat Ibrahim al-Duri (vicepresidente del Baas iraquí en tiempos de Sadam Husein) a nombre del movimiento de los Naqchbandis;
- Mollah Krekar, a nombre de Ansar al-Islam;
- Un delegado de Ansar al-Ahlu Sunna;
- Un delegado de las Brigadas de la Revolución de 1920.
La proclamación del califato no se mencionó en el marco de dicha reunión.
El PKK, que considera que este «Kurdistán» no es otra cosa que una abominación imperialista, llama a sus militantes a tomar las armas en contra de ese proyecto.
Estas revelaciones confirman la existencia de una coordinación entre el EIIL y el gobierno local del Kurdistán iraquí.

GA: Es una nueva confirmación que el clan Barzani, que controla el gobierno del Kurdistán iraquí, junto con el gobierno de Jordania, son agentes directos de los sectores más reaccionarios de las monarquías árabes, de los sauditas, de Qatar, que están detrás de fomentar las divisiones religiosas y todos son agentes del imperialismo desde hace rato.
Los sectores revolucionarios que plantean un Kurdistán único con iraníes, sirios y turcos, desde siempre se opusieron a Barzani y las monarquías árabes.
Detrás de esto, evidentemente está la mano del Departamento de Estado norteamericano y los franceses e ingleses que tienen una vieja intervención en sus ex colonias Siria e Irak.
Ellos quieren como solución loca volver a la época tribal de la ocupación otomana y dividir por regiones y por confesión islámica, aunque prácticamente son todos musulmanes entre chiítas y sunnitas desde hace siglos que se están combatiendo, y crear una entidad del tipo de Yugoslavia, inviable, Kurdistán por un lado, un sector sunnita por el otro, en manos de los extremistas financiados por Arabia Saudita pero también con la gente de Sadam Husein, los ex baasistas, y dejar un pequeño Irak chiíta en el sur, bajo la influencia de Irán.
Esa sería la “solución”, una locura total, después de haber destruido Irak, el país más avanzado y unificado en la época del Baas y a pesar de la dictadura de Sadam Husein. Entonces había conflictos y muy brutales, Husein reprimió con gases la rebelión kurda, pero no había enfrentamientos entre sunnitas y chiítas como en la actualidad y el país tenía una industrialización, una participación de la mujer y un nivel cultural que han desaparecido. Quieren volver a la barbarie a esa zona del mundo árabe, a antes de 1918.

Guillermo Almeyra es, editorialista internacional de La Jornada (México).

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Buscando excusas para arrasar Palestina

Leandro Albani (BARÓMETRO INTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

El asesinato de tres jóvenes israelíes desató una ola de ataques militares contra Palestina. El pueblo de ese país resiste nuevamente los bombardeos y la represión. Una nueva excusa que permite la muerte de decenas de palestinos.



Esta vez fueron las muertes de tres adolescentes. Aunque todavía no se conoce con claridad la responsabilidad en el asesinato de los jóvenes israelíes, el gobierno de Tel Aviv nuevamente tomó una decisión conocida: el recrudecimiento de los ataques militares a Palestina, principalmente contra la población de la Franja de Gaza, sumado al arresto masivo de persona.

El pasado lunes 6 de julio, el Ejército israelí encontró los cadáveres de los estudiantes Naftali Frenkel (16), Gilad Shaer (16) y Eyal Yifraj (19), secuestrados y asesinados el 12 de junio. Automáticamente, el primer ministro de Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, declaró que el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás “es el responsable y Hamás pagará el asesinato de los niños”.

Hamás, que recientemente acordó una administración de unidad con la organización Al Fatah que dirige la Autoridad Palestina (ANP), gobierna desde el 2006 la Franja de Gaza, territorio de apenas 360 kilómetros cuadrado en el cual habitan más de un millón y medio de palestinos. En esa porción de tierra, los pobladores son asediados de manera sistemática por las tropas israelíes y víctimas de operativos de gran escala, como fue “Plomo Fundido” en 2008-2009, que dejó como saldo más de 1.300 palestinos muertos.

Luego de anunciarse la aparición de los cadáveres en un descampado entre la localidad de Jaljul y la ciudad de Hebrón en Cisjordania, Hamás negó su responsabilidad en el hecho. A su vez, el gobierno israelí acusó como sospechosos a Marwan al Qawasme y Amer Abu Eisha, dos ex presos palestinos. Al conocerse esta noticia, sus familiares expresaron que Israel inventó la versión y así tener una excusa para justificar un nuevo ataque contra Palestina.

Hasta ahora, las autoridades hebreas no han podido ubicar a los supuestos sospechosos y tampoco presentaron pruebas concretas sobre sus responsabilidades en los asesinatos.

¿Quién pone los muertos?

La desaparición de los jóvenes desató los ataques israelíes contra territorio palestino. La agencia Prensa Latina afirmó que en la represión israelí contra la población civil en Cisjordania y Jerusalén dejó nueve personas muertas y decena de heridos, mientras que en la Franja de Gaza fueron asesinadas otras 14 personas, “nueve de ellos durante un bombardeo al amanecer”.

A su vez, las fuerzas de seguridad de Tel Aviv realizaron feroces arrestos. El jueves pasado, la cancillería palestina indicó que desde el 12 de junio pasado 640 palestinos fueron encarcelados, de los cuales once son diputados y 241 menores de edad. Por su parte, Hamás aseguró que el número de detenidos se eleva a ochocientos.

La difusión de los arrestos cometidos por las fuerzas israelíes se conoce al mismo tiempo que un informe efectuado por el Euro-Mid Observer for Human Rights, que reveló que desde 2010 Israel ha detenido a casi tres mil niños y niñas palestinas, entre los 12 y 15 años, que fueron sometidos a torturas físicas y un 25% de ellos juzgados en tribunales militares. De esta manera, Israel viola la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Tel Aviv en 1991.

EIBM o la excusa del imperialismo

La semana pasada, cuando el gobierno israelí ya había encontrado la excusa para arremeter contra la Franja de Gaza, las agencias de noticias internacionales informaron que un grupo denominado Seguidores del Estado Islámico en Bayt Al Maqdis (EIBM) asumió la autoría del hecho. Esta organización, de la que no se tienen antecedentes, se pronunció aliada del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), grupo terrorista que opera en suelo sirio e iraquí, y poco tiene que ver con las principales organizaciones políticas palestinas, Al Fatah y Hamás. Sobre estos dos grupos, el EIBM manifestó que son “organizaciones humilladas” que han “vendido la religión en beneficio de la política”. EL EIIL es responsable del asesinato se cientos de personas en Siria y profesan una rama del islam ortodoxo, además de ser apuntado como un grupo financiado por Estados Unidos, las monarquías del Golfo Pérsico y Turquía, con el objetivo de generar desestabilización y buscar una mayor injerencia de la Casa Blanca en la región.

La venganza

Luego del asesinato de los jóvenes judíos, Mohamed Abu Khdeir, palestino de 16 años, fue secuestrado, torturado, quemado vivo y asesinado la semana pasada. El diario israelí Haaretz señaló que seis personas fueron detenidas por el hecho, de los cuales tres confesaron estar implicados en el crimen. Todos los arrestados son extremistas judíos.

Aunque Netanyahu se comunicó con los familiares de la víctima y les expresó que “impacto” que le produjo el “crimen atroz”, es conocido que el Estado de Israel impulsa la anexión de tierras palestinas a través de colonos judíos, en su mayoría extremistas. Esta metodología, denunciada y rechazada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), permite que los colonos ingresen en las casas de los pobladores palestinos y los expulsen con violencia. Pese a los pedidos de la ONU para que Israel detenga este mecanismo, Tel Aviv continúa impulsando la construcción de viviendas en tierras palestinas.

En declaraciones a la prensa, la madre de Mohamed Abu Khdeir fue contundente con sus palabras: “No tengo paz en mi corazón. Aunque han apresado a quienes dicen que han matado a mi hijo, sólo van a responder unas preguntas y luego los pondrán en libertad. ¿Para qué? Que los traten igual que nos tratan a nosotros. Que derriben sus hogares y los detengan igual que hacen con nuestros hijos”.

Fricción en Tel Aviv

Si bien Netanyahu ordenó los ataques contra Palestina, en el gobierno de Tel Aviv se observan diferencias que llevaron al actual canciller y miembro del partido Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, anunció que su organización ha roto la alianza con Likud, el partido gobernante. Igualmente, Lieberman seguirá en su puesto ministerial, aunque declaró a la agencia AFP que “no es ningún secreto que hay desacuerdos fundamentales que ya no permitan el trabajo conjunto. Nos separaremos y haremos una facción separada”.

Por supuesto, la diferencia entre ambas organizaciones no tiene que ver con la cacería desatada contra los palestinos, sino con la negativa de Netanyahu de efectuar una operación militar de gran escala contra la Franja de Gaza. Para Lieberman, se debería lanzar una incursión por tierra y aire, similar a la “Operación Escudo Defensivo” cuando en 2002 Israel atacó militarmente Cisjordania.

La misma historia

En 1974, el periodista Rodolfo Walsh escribió una serie de crónicas sobre Palestina, publicadas en el diario La Opinión. Luego de viajar a Líbano y a los territorios palestinos ocupados, Walsh remarcaba que Israel sostiene “un perpetuo estado de ‘represalia’” contra los palestinos y mantiene una “propaganda que empieza a volverse torpe describe cada acción de sus fuerzas como respuesta a un acto de terrorismo”. Y agregaba: “el palestino despojado de su patria se ha convertido en agresor, la víctima en verdugo”.

Esta situación relatada por Walsh no ha cambiado; todavía más, se ha profundizado e Israel siempre tiene una excusa bajo su manga para continuar con su permanente invasión en suelo palestino. Los hechos, irrefutablemente, lo demuestran.

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Por qué estoy a punto de quemar mi pasaporte israelí

Mira Bar Hillel (TERCERA INFORMACIÓN)

No puedo ser una mera espectadora mientras políticos Israelíes como Ayelet Shakad aprueba la muerte de mujeres y niños Palestinos inocentes.

Ella es joven. Es bella. Se graduó de la universidad como ingeniera computacional. Ella es una Parlamentaria Israelí -y el motivo por el cual llego a sentirme a punto de quemar mi pasaporte Israelí. Tras sus ojos inmensos y su rostro inocente, acecha el Ángel de la Muerte.

Ayelet Shaked representa a la extrema derecha del partido The Jewish Home o la Casa Judía (Hebreo: הַבַּיִת הַיְהוּדִי, HaBayit HaYehudi) en el Parlamento. Su postura es aún más derechista que la de Benyamin Netanyahu, por difícil que resulte creer que algo así fuera posible.

El lunes [Shaked] citó en su página de Facebook: “Detrás de cada terrorista se encuentran docenas de hombres y mujeres sin los cuales él no podría involucrarse en el terrorismo. Todos ellos son combatientes enemigos y ciertamente deben morir. Esto incluye, también, a las madres de los mártires que envían a sus hijos al infierno entre flores y besos. Los hijos de los hijos deberían seguir; nada sería más justo. Deben desaparecer, como asimismo los hogares donde se cría a las serpientes. De no ser así, muchas más serpientes pequeñas serán criadas”.

Una semana atrás, justo antes de que Mohammed Abu Khudair, de 17 años, fuera secuestrado y quemado vivo, Shaked escribió: “Ésta no es una guerra contra el terror, ni contra los extremistas y ni siquiera contra la Autoridad Palestina. La única realidad es que esta guerra es entre dos pueblos. ¿Quién es el enemigo? El pueblo de Palestina. ¿Por qué? Pregúntenles a ellos: ellos comenzaron”.

Antes de que ese niño palestino muriera de la forma más horrible, [Shaked] ya lo había declarado un enemigo, y más tarde, sin ningún indicio de culpa o remordimiento, estaba llamando a la muerte de mujeres inocentes y sus hijos aún no nacidos.

Me hizo pensar en la hermana de mi madre, Klara, y sus tres niños pequeños que vivían en Cracovia en 1939, cuando los invasores alemanes decidieron que los Judíos -todos los Judíos- eran el enemigo y debían ser eliminados, sin eximir a las mujeres ni a las “pequeñas serpientes” que estaban criando. “¿Por qué? Pregúntenles a ellos: ellos comenzaron”, podrían haber respondido los Nazis a la misma pregunta.

Nunca conocí a Klara ni a sus niños que murieron durante 1942. Sí conocí a mi tío Romek quien sobrevivió trabajando en la fábrica de Oskar Schindler, y a su esposa Yetti que también pudo hacerlo gracias a que dominaba el alemán y simuló ser una distinguida señora germana -que había expulsado de su hogar a un marido polaco y judío-, en tanto intentaba sonreír educadamente a cada Nazi con quien cruzara camino.

El hermano de mi padre Shmuel y su joven familia fallecieron antes de que yo naciera -escaparon de Berlín a Holanda, donde fueron capturados-, en el mismo campo de concentración donde murió Anne Frank.

Sé lo que significa haber sido víctimas indefensas, viviendo y muriendo bajo las botas de opresores racistas, y sé que los Israelitas de estos días no son las víctimas sino los perpetradores, en la actual crisis. Sí, los hombres de Hamas son asesinos terribles y llenos de odio y pobre de Israel si ellos dispusieran de los medios necesarios para cumplir su cometido. Pero es un hecho que actualmente Israel dispone de los tanques, bombarderos, artillería, ojivas nucleares y misiles de defensa dignos de Goliath, en tanto la gente de Gaza, una semana atrás, no tenía nada y menos tiene hoy, cuando hasta sus hospitales y escuelas han sido bombardeados.

[Ayelet] Shaked ha logrado lo que quería. El número de víctimas fatales en Gaza ya asciende a las cien, y una de cada cuatro de ellas es un niño o una niña. Centenares de personas han sufrido heridas graves en un territorio donde los hospitales son atacados y los insumos médicos ya se agotan.

En Israel, pese a toda la voluntad de Hamas, [hasta aquí] no ha sido registrada una muerte ni heridos graves aunque un festejo de matrimonio fue interrumpido, según informaron los noticieros de televisión.

Y mientras las bombas caen sobre Gaza, adolescentes israelitas han tuiteado sus sentimientos políticos junto a selfies donde aparecen muy ligeramente vestidos. En dos tuits que luego fueron eliminados, podía leerse “Muerte a todos los árabes, trans*** [comentario homofóbico]” y “Que ustedes árabes sean paralizados y mueran con inmenso sufrimiento”. Otros adolescentes tuitearon sus autorretratos con un breve “Muerte a estos f****** árabes”.

Mirando estas caras angelicales diseminando una retórica genocida, tomo mi pasaporte israelí y una caja de fósforos. “No en mi nombre, pueblo mío. No en mi nombre”.

Mira Bar Hillel es escritora (nacida en Israel), corresponsal de Evening Standard, Independent, UK. En twitter se la puede seguir en @mirabarhillel. Traducción realizada por Vinka Jackson y autorizada por la autora.

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La deuda externa argentina: ¿Hay que reconocer el fallo Griesa?

LA OLLA TV - RED ECO

Claudio Lozano, Julio Gambina y Alejandro Olmos Gaona exponen sobre la actual y eterna crisis de la deuda externa argentina. El fallo Griesa y por qué no pagar una deuda no auditada y que es ilegítima. El caso de la deuda odiosa en Ecuador. Un programa de la Olla.tv.

Claudio Lozano: “Reconocer el fallo de Griesa significaría incrementar de manera infernal el nivel de endeudamiento cuando ni siquiera estamos en capacidad de pagar la deuda que ya tenemos”. (…) “Este es un fallo que está siendo cuestionado por el gobierno de Estados Unidos y parte sustantiva del sistema financiero. Es un fallo aislado políticamente lo cual revela que hay margen político para decir que esto no hay que tomarlo como es. La lógica sería aprovechar lo que ha hecho Griesa y decir Argentina ingresa en el default, porque efectivamente no tiene capacidad para afrontar estos pagos, y pone en marcha lo que nunca se hizo, que es el proceso de investigación de la deuda pública“.

Julio Gambina: “Uno debe cuestionar por qué en la Argentina tiene más peso la sentencia de un juez estadounidense y no la sentencia de un juez argentino, como es el caso del juez Ballesteros, que en el año 2000 sobre la causa Olmos suscribe una sentencia donde muestra las falencias, el fraude, la inconsistencia de la situación de la Argentina, y en nuestro país, salvo un debate en el Parlamento, unas horas de discusión en el Parlamento, esa sentencia ha sido archivada”.

Olmos Gaona: “Hay un hecho extremadamente significativo que tiene que ver con la legalidad. El juez Ballesteros cuando dicta sentencia, demostrando que la mayor parte de la deuda de la dictadura era un escandaloso fraude se olvida de un detalle fundamental… y es que para el Derecho argentino, el derecho administrativo, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta, no solo los actos sino todas sus consecuencias.”

Los participantes:

Alejandro Olmos Gaona es investigador, historiador y especialista en derecho internacional. Es hijo de Alejandro Olmos, quien durante 18 años impulsó la causa penal que determinó el origen ilícito de la deuda pública argentina, tras un fallo emitido por el juez Jorge Ballestero. El magistrado pudo corroborar la ilicitud de la deuda externa, estableciendo la responsabilidad de los funcionarios de la dictadura y la corresponsabilidad de organismos internacionales, como el FMI, que aprobaron préstamos fraudulentos. La causa prescribió y el juez la envío al Parlamento argentino, que nunca trató el tema. Olmos Gaona continuó la investigación de su padre. Fue contratado por el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa para integrar la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, que investigó la deuda ecuatoriana.

Claudio Lozano es economista y actualmente diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del partido Unidad Popular, cuyo bloque en el Congreso preside. Es un referente de la Central de Trabajadores de la Argentina y ATE, dirigiendo sus institutos de estudio y pensamiento en distintos momentos. Actualmente conduce el Instituto de Pensamiento y Política Públicas (IPyPP).

Julio Gambina es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP y dirige el Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina.



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Abusos de las fuerzas federales en Rosario: Botas, criminalización y esperanzas

María Petraccaro - Sofía Alberti (ACTA)

A tres meses del desembarco de las fuerzas federales en Rosario, se multiplican los casos de abuso de autoridad y vejaciones a jóvenes de barrios populares. La visibilización del accionar de Gendarmería y Prefectura es la principal herramienta para vencer el terror.

Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, de la que la CTA forma parte, se presentó en el Concejo Municipal el proyecto de declaración de emergencia en niñez y juventud, que permanece en análisis por los ediles.

Se cumplen 86 años del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Las Torres Dolfines, estandarte del Puerto Madero rosarino, hacen avanzar una extensa sombra que busca ocultar lo que sigue siendo un barrio humilde en la costa central, pese a los intentos de desterrarlo en pos del progreso inmobiliario. Luciano está limpiando vidrios. Un móvil de Prefectura irrumpe en un descampado de Avenida Francia y Caseros. Los agentes federales lo acusan del robo de un teléfono celular. Empieza la persecución. “Lo tenían acorralado y le pegaban. Entonces, entre varios vecinos, les dijimos que lo suelten y se lo sacamos de las manos. El pibe salió corriendo y los milicos se metieron a patear ranchos y nos decían a cada rato que nos iban a matar a todos”, contaron los vecinos indignados, según la crónica del diario La Capital. Corridas, gritos y protesta en la calle: cinco detenidos y varios heridos. Tres de ellos, menores de 20 años.

Es de madrugada en un lunes fresco en la zona oeste de la ciudad, Barrio Ludueña. Tres adolecentes van al velorio de un amigo de 16 años que fue asesinado el día anterior. Aparecen gendarmes y les exigen que les den sus nombres: sospechan que el trío forma parte de una banda de narcomenudeo. “Los sometieron a verdaderos tormentos. Uno de los castigos habría sido tocar vidrio molido al tiempo que los uniformados les pateaban las manos. También habrían sido golpeados con severidad y les habrían quemados las zapatillas. Según la denuncia, los jóvenes fueron obligados a tomar un arma –revólver calibre 22– y ante la negativa, recibieron una paliza brutal”, informó el periodista Germán de Los Santos.

El desembarco de las fuerzas federales en Rosario lleva dos meses. Confirmando las advertencias de las organizaciones locales, los casos de abusos por parte de Gendarmería y Prefectura, se multiplican. Los dos párrafos que inician esta nota, son sólo una muestra de un accionar sistemático, que está transformando la realidad práctica y simbólica de los pibes y pibas y está reforzando estigmas sociales. No son casos aislados, no son "ratis sacados". Es una mecánica cotidiana que poco a poco se va desnaturalizando y aparece en denuncias públicas.

Guillermo Campana es referente de la Juventud en la nueva Comisión Directiva de la CTA Rosario, miembro de la organización Causa y Efecto de Villa Banana, abogado, y trabajador de la Dirección Provincial de la Justicia Penal Juvenil. Es además uno de los impulsores de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que viene realizando un trabajo amplio y unitario en la defensa de pibes y pibas. Ni bien se produjo el desembarco federal el 9 de abril, desde la Asamblea señalaron varias advertencias acerca de sus posibles derivaciones (ver Periódico CTA 101). “Tanto desde la Asamblea como desde la CTA nos posicionamos rechazando la invasión de las fuerzas federales y la estigmatización que se iba a producir de los territorios en los que trabajamos. Efectivamente sucedió lo que adelantamos: se criminalizó a los barrios y a sus habitantes”, evaluó.

Más allá de la sensación de alivio que sintieron algunos sectores de la sociedad y las informaciones que cada día los medios de comunicación difunden en torno a la supuesta baja de los índices de violencia, para Campana se deja afuera un elemento de análisis que está hoy absolutamente tapado: los vinculados a la práctica llevada adelante por las fuerzas represivas en los barrios.

“En cierto modo han superado a la Policía, porque muchas de las cosas que ésta hace dentro de las comisarías, Gendarmería y Prefectura las hacen directamente en la calle: desnudar a los pibes o a las pibas; retirarles los aritos y los piercings de un tirón; olerles las manos y si tienen olor a faso cachetearlos y requisarlos; pedirles documentos permanentemente de ida y vuelta a la escuela o a cualquier lado; en el caso de que haya un grupo reunido, disolverlo mediante prácticas violentas; permanentes cacheos y requisas; hacerles tragar el faso a los pibes; obviamente les sacan el dinero, celulares. Acciones sistemáticas que se manejan en una clandestinidad que es muy grave porque de todo esto no hay actas de procedimiento, ni nada. Incluso no vemos que haya aumentado el número de detenciones porque todo esto se lleva adelante en los territorios y queda ahí. Queda en los barrios y no transcurre por las vías legales, que en caso de encontrar a alguien que supuestamente incurre en un delito, las fuerzas deben ponerlo a disposición de una autoridad judicial. Hablamos de prácticas similares a las de la dictadura con otro blanco: los pibes y las pibas”, define contundentemente el militante que hace 11 años transita el oeste rosarino.

Si bien hasta hace unas semanas atrás los abusos no se denunciaban, hoy salen a la luz de la mano de diversas organizaciones como la Asamblea y otros organismos de Derechos Humanos, agrupaciones sociales y políticas.

La pedagogía de la represión

Más allá de los abusos mismos y las sistemáticas violaciones a los derechos y garantías que se perpetran como accionar sistemático y direccionado a un sector social, hay otro efecto no menor que produjo la ocupación: la naturalización y la transformación práctica y simbólica de una realidad que le cambia la cabeza a los jóvenes y niños. Los pibes incorporan un lenguaje militar a partir de lo que las vivencias cotidianas les ofrecen. Requisa, cacheo, la 9 milímetros, un 38, son términos que si bien ya formaban parte de su realidad por el accionar policial, han calado su subjetividad. En las escuelas y en los espacios de las organizaciones barriales, los dibujos muestran el helicóptero, el gendarme, el patrullero.

“Es muy profundo, porque consideran a las fuerzas represivas y a la relación que con ellas se genera, como parte del paisaje cotidiano que les cambia los recorridos y los horarios. Los efectos de estar en la calle ya no son los mismos. Desde las organizaciones vemos que esto no cambia nada, reprime algo que cuando las fuerzas no estén tendrá el mismo tenor, o peor del que tenía antes. No se cambia sustancialmente la realidad de esos pibes, se les cambian hábitos de manera violenta. Incluso se genera resentimiento, enfrentamiento con esta fuerza que va teniendo consecuencias con el paso del tiempo”, analizó el dirigente de la CTA Rosario.

Pensando en las formas en las que se encara la problemática, y las actitudes violentas de las fuerzas federales, Campana se interrogó: “¿Qué pedagogía es para un pibe de 11 años que lo encuentren fumando un faso, que lo cacheteen y se lo hagan tragar?”

Todos en la misma bolsa

Según los planes oficiales, las fuerzas federales desembarcaron en los barrios para cumplir tareas preventivas, para que su sola presencia funcionara como disuasión. Claramente fue otra actitud estigmatizante: la persecución a los pibes y pibas humildes en todo el ámbito de la ciudad, porque allí donde eran encontrados en el centro, fuera de “sus” barrios, también eran detenidos, cacheados, perseguidos. Estigmatizante porque centra la mirada en un supuesto sospechoso de delito que, casualmente, siempre es el joven pobre, morocho, de visera o rastas.

“Se continúa segmentando el delito: no se dice que sigue igual de vigente el delito de guante blanco, el lavado de dinero y el narcotráfico en sí mismo que no se ha detenido, sino que ha cambiado sus formas de desarrollo, comercialización y llegada a los consumidores”, apunta el abogado penalista. Sucede que, tras el derribe de los bunkers y la llegada de Prefectura y Gendarmería, no se profundizó la investigación sobre los peces gordos del narco, que seguramente es mucho más probable encontrar dentro estructuras como las Torres Dolfines que en sus alrededores humildes. Tampoco se fortalecieron los planes de asistencia y oportunidades que les permitieran a los adolescentes ver que había otra forma de ganarse la vida, y no perderla.

A esto se suman otros mensajes simbólicos de gran peso que dejan las prácticas de prefectos y gendarmes. Hace días atrás, desmantelaron el puestito de una persona que hace años hace tortas asadas. Al lugar acudieron miembros de Gendarmería y Control Urbano. “Eso simbólicamente implica que es lo mismo hacer tortas asadas en un puestito no autorizado por la Municipalidad, que tener un puesto de venta de drogas. Utilizar las mismas herramientas para desmantelar ambos, es decir que es exactamente lo mismo”.

Es de esperar que el sistema, mediante sus instituciones y organismos, no salga a denunciar la desigualdad ni las causas estructurales del delito. Es por eso que su receta es combatir al prototipo de delincuente. “Se pone en el mismo lugar a la madre joven embarazada, al pibe que comete un delito callejero, al que abandonó la escuela, al borracho consuetudinario. Están todos en la misma bolsa, criminalizados y combatidos de la misma manera”, analizó Campana.

Buscando respuestas: pibes al frente

El 12 de junio una marcha colorida y numerosa atravesó el centro rosarino con los pibes de los barrios a la cabeza. Era una apuesta de unidad para hacer entrega en el Concejo Municipal del proyecto de Declaración de Emergencia en Niñez y Juventud. Mariano Sánchez Toranzo es dirigente de la CTA Capital Federal y desarrolló desde ese lugar un vínculo muy fuerte con la militancia juvenil rosarina. Es además uno de los impulsores de la Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo, que este año transitará el país en el mes de septiembre. Previo a la marcha, consideró que en Rosario no se da una situación más virulenta que en otros sitios del país. “Acá se tiene más registro, se los ve más a los pibes. En Buenos Aires es imposible tener registro de los pibes que se mueren por gatillo fácil, por los narcos. Pasan, son anónimos. Los pibes que están en el paco son desaparecidos sociales. En Rosario por suerte tienen más sensibilidad de lo que pasa, los ven a los pibes, existen para ustedes y es un nivel de conciencia superior. Eso está bueno para empezar a resolver los problemas”, evaluó.

La marcha fue tan representativa que, en el acto que se realizó frente a la legislatura local, tomaron la palabra varios familiares de víctimas de la violencia social. Una de las presencias más emotivas fue la de Lorena Torres, madre de David Moreyra, el joven linchado en Barrio Azcuénaga por una horda de asesinos catalogados como ‘vecinos’. “Por ser un chico humilde de barrio, fue juzgado por una sociedad de clase alta. Fue juzgado y asesinado. A casi tres meses de su muerte no tenemos respuestas. Yo sigo en esta lucha, no sólo por justicia para mi hijo, sino para que no le suceda a ningún otro joven. Por ser pobre, no tienen derecho a golpearlo, a asesinarlo como lo hicieron con David. No voy a bajar los brazos por todos los David que van a venir detrás y tal vez no los conocemos”, aseguró la madre con lágrimas en los ojos.

Más allá de otro tipo de denuncias que se vienen realizando, la propuesta de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud para declarar la emergencia en ese sector representó una de las medidas más importantes, que logró incluir a un abanico muy amplio de organizaciones preocupadas por esta problemática. Desde ese espacio viene poniendo sobre la mesa los datos de una realidad que seguramente tiene aristas similares en muchos otros puntos del país: sólo el 1,4% del gasto público integral está destinado a la protección de este sector, mientras el 55% de los trabajadores que llevan adelante las políticas del área están precarizados. A esto se suma que el costo del mantenimiento de las fuerzas federales en nuestra ciudad por un año (2.200 millones de pesos) equivale al 50% del presupuesto total de la ciudad en el mismo período. Un elemento alarmante es que 33 jóvenes que pasaron por el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR) entre 2011 y 2013, murieron en enfrentamientos violentos con la policía, dos se suicidaron dentro del instituto y el 40% ingresa al mismo con signos de tortura.

El proyecto de declaración busca la optimización de los recursos municipales destinados a políticas públicas para promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y también para la coordinación con los programas de carácter provincial y nacional para el sector. También le brinda facultades al ejecutivo municipal para que reasigne partidas presupuestarias y las dirija a medidas para afrontar la emergencia. Además, obliga a que el gobierno presente informes de seguimiento de las políticas aplicadas y crea el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la ciudad.

Más allá de las formalidades, la preparación del proyecto, las actividades previas y la realización de la movilización para su presentación en el Concejo, significaron mucho más: fue una poderosa herramienta para potenciar a las organizaciones que vienen trabajando el tema y también para visibilizar la problemática hacia el conjunto de la sociedad. Pero hubo algo aún más importante: el empoderamiento de los pibes y pibas cuyos derechos están siendo vulnerados sistemáticamente.

A eso se refirió durante la marcha María Victoria Gattaneo, militante de Marea Popular y miembro de la Asamblea, quien consideró fundamental que los pibes y pibas puedan aprender, conocer y hacer uso de sus derechos. “Entendemos que eso se logra no sólo distribuyendo información, sino generando un proceso de empoderamiento en los barrios, de identificación con los espacios de referencia que construyen día a día. Hay que romper con el mecanismo de estigmatización impuesto por los grandes medios de comunicación, diversos organismos del Estado, y referentes de espacios políticos mayoritarios. El empoderamiento recupera la identidad y permite ganar respeto para uno mismo y para los que nos rodean”, subrayó.

Cerrando la entrevista, Gattaneo definió que los pibes, construyendo ese empoderamiento con alegría, pese al panorama nefasto que les toca vivir, “son nuestro motor”. Es esperanzador detenerse a pensar que quienes desarrollan militancia en los barrios, son también jóvenes que luchan colectivamente por un presente con más derechos que permita un futuro digno, para ellos, para sus cumpas de los barrios, para los que ni siquiera se enteran de lo que hacen. Pero lo hacen con las viseras al frente, con la bandera pintada por los pibes y pibas, con los jóvenes estigmatizados como protagonistas, no de relleno silencioso de consignas que se le ocurrieron a alguien lejos de los territorios. Y avanzan, enseñando como se construyen las cosas grandes: con unidad, amplitud, trabajo consecuente y anteponiendo lo que se levanta como bandera, que los pibes, son pibes.

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Boletín informativo de CORREPI

Gambetas y balas: De penales no cobrados y represión / Berni: El gobierno por la bala y la boca muere / Solidaridad con el pueblo y los presos políticos peruanos / Córdoba: Gatillo fácil con mala puntería / Polichorro santiagueño: nada insólito..

Gambetas y balas: De penales no cobrados y represión
El mundial Brasil 2014 tuvo una previa de protestas y represión. Con el 20% de sus más de 200 millones de habitantes en la pobreza, hacinados en favelas militarizadas, el pueblo brasileño se cansó de escuchar que no había plata para la salud, la educación y demás derechos básicos cuando vio que el gobierno del PT estaba construyendo otro mundo, un mundo donde los explotados de Brasil no eran bienvenidos: el mundo para el Mundial.
Con un gasto total de U$S13.600 millones de dólares, la previa mundial fue un espacio donde el pueblo de Brasil salió a organizarse para reclamar sus justas reivindicaciones y denunciar el negociado del gobierno brasileño con la FIFA. La respuesta del gobierno de Rousseff fue la represión. Cuando parecía que en las favelas no entraba un sólo policía más, el gobierno demostró que siempre hay plata y lugar para más policía con tal de seguir reprimiendo. No sólo recrudeció la militarización de las fuerzas de seguridad en las barriadas populares, sino que cada una de las protestas fue reprimida, sin excepción.
El 12 de junio, todo estaba en su lugar. Las cámaras se encendían para mostrar a millones de personas alrededor del mundo que Brasil, aquel país sudamericano que emerge como potencial a fuerza de explotar a su pueblo, no sólo es capaz de mantener bajo control las villas maiores do mundo, sino que también puede organizar un mundial. Lo dejó claro ese mismo día, pero más temprano, cuando la policía reprimió simultáneamente las protestas en San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Florianópolis y Belem. ¿El saldo? Cientos de detenidos y heridos como consecuencia de las balas y los gases lacrimógenos del gobierno progresista. En Argentina, Sergio Berni también protestaba, pero para pedir que lo dejen reprimir aun más en nuestro país; comentando la jornada represiva que se desplegó en todo Brasil, el secretario de Seguridad se reprochaba “Si pasa algo así acá, yo voy preso”.
El fixture del mundial incluyó goles y gambetas, balas y represión. La primera jornada mundialista fue inaugurada con represión en todo Brasil y un triunfo de la Selección local. Mientras tanto, en Argentina, las fuerzas de seguridad del estado no quisieron ser menos que sus colegas brasileros e inauguraron el mundial fusilando a Walter Darío Arrieta, de 20 años, de un disparo en la cabeza (ver Boletín Informativo n°719 de CORREPI).
Lo mismo sucedió mientras transcurría la tercera fecha del torneo. Mientras Uruguay le peleaba el partido a Costa Rica, Andrés García era detenido por la Gendarmería de Cuyo para un “control” vehicular, control que terminó con el fusilamiento de Andrés.
El 15 de junio, la Selección argentina se metía en el campo de la selección bosnia para marcar dos goles. Acá, en Argentina, la policía Federal, junto con la Infantería y la Gendarmería, se metían en la fábrica Paty con el objetivo de impedir que los trabajadores siguieran el paro votado en asamblea y la toma de la fábrica que tenía como objetivo la reincorporación de compañeros suspendidos y reivindicaciones salariales.
El 17 de junio, cuando finalizó un lastimoso cero a cero entre Brasil y México, la policía Federal arremetía contra la manifestación que se concentraba en la Casa de Córdoba, con un saldo de 12 compañeros detenidos.
Un día después, mientras España quedaba afuera del Mundial, las fuerzas de seguridad del estado argentino seguían adelante en su tarea represiva, torturando hasta la muerte a Arial Almeyda, de 18 años, en la Comisaría 1ª de Viedma y asesinando a un pibe de 15 años en Pablo Nogués.
El 28 de junio, tampoco fue la excepción en este combo de mundial y represión: Lucio Norberto Betriziano de 30 años, volvía a su casa en Paso del Rey luego de ver con amigos el partido entre Brasil y Chile. Cruzó su camino con el policía Federal Julio César Mogogna, que lo vio “sospechoso”, le disparó y lo mató. Ese mismo día, también en la zona oeste del Gran Buenos Aires, en Merlo, un pibe de apellido Sosa, de 17 años, fue fusilado por un policía Federal. (Ver boletín Informativo n°721 de CORREPI).
En la jornada del 30 de junio, cuando Alemania y Francia ganaban sus respectivos partidos, los estatales de ATE Río Negro se manifestaban cuando vieron venir, uno tras otro, los palos y los gases policiales. La jornada represiva terminó con varios trabajadores heridos.
El 1º de julio, la Selección argentina pasaba a cuartos de final y los hinchas argentinos festejaban en San Pablo, pero para que los argentinos que se fueron a Brasil no se olviden del accionar de la policía de su país, la policía militar paulista de Brasil los reprimió durante más de dos horas con balas y gases.
Luego de que la Selección llegara a la semifinal del Mundial después de 24 años, la gendarmería, con Berni como DT, reprimió el corte de los trabajadores de Tatsa y Emfer el 7 de julio y continuó, de la mano de la policía Federal el día siguiente, contra los trabajadores de Lear.
Las últimas dos jornadas mundialistas no tuvieron nada que envidiarle a las anteriores si de represión hablamos: el 9 de julio, en La Plata, miles de personas pasaron de festejar el pase a la final de la Selección a correr de la balacera policial. Los festejos fueron reprimidos por la policía, dejando como saldo diez personas heridas.
Finalmente, ayer, mientras la mayoría de nosotros nos quedábamos en silencio cuando veíamos como entraba la pelota empujada por Götze al arco de Romero, la policía Federal comenzaba con el operativo preparado para los festejos de ese día. El debate futbolero sobre el penal no cobrado y los goles errados, fue quebrado por las balas policiales en distintos puntos del país: en Capital Federal, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Córdoba, la policía festejó el segundo puesto de la Selección cumpliendo su tarea predilecta. Reprimió en simultaneo a miles de personas, dejando como resultado, sólo en Capital, más de 60 heridos y 50 detenidos, único lugar del país donde, hasta ahora, se comprobó la participación activa de barras bravas, quienes en muchas ocasiones se prestan para ser la mano de obra tercerizada de la represión estatal.
Los medios de comunicación, tanto oficiales como del grupo Clarín, hablan de los violentos de siempre, refiriéndose a los hinchas que fueron reprimidos en todo el país. Lo que no dicen, es que los que siempre llevan la violencia estatal a cada punto del país son las fuerzas represivas del estado, que utilizan cualquier excusa para aplicar las herramientas que tienen a mano con el objetivo de disciplinar al pueblo o romper con la organización de los trabajadores, según sea el caso. La Selección argentina tiene la posibilidad de ganar el Mundial cada cuatro años, mientras que la policía mata un pibe cada 28 horas.
¿La culpa es del fútbol? No. El deporte más jugado por el pueblo trabajador, tanto en Brasil como en Argentina, es utilizado por pocos para hacer de él un negociado y una excusa para la represión. La alegría del pueblo trabajador es cooptada por los distintos gobiernos para cubrir sus matanzas, para que un puñado de empresas se llene los bolsillos, mientras tantos pibes patean la pelota en un potrero hasta que un policía o un gendarme aprieten su gatillo.
Miles de policías brasileños llevaron adelante razzias masivas en las favelas de Brasil este año, con la excusa de que se estaba preparando un atentado que tenía como objetivo el primer partido del Mundial. El aparato represivo fusiló a un número incierto de personas con el argumento de estar buscando terroristas. Todo esto bajo la dirección del gobierno brasileño, que se ocupa de defender los intereses de la burguesía y a pedido de la FIFA que exigía condiciones necesarias de “seguridad”. Para garantizar la seguridad de las empresas y de la FIFA, el gobierno brasileño desplegó un total de 250.000 efectivos de seguridad de distintas fuerzas y gastó más de 2.000 millones de reales en materia represiva. En varias favelas de Brasil se veía la misma consigna “Terrorista es la FIFA”.
El saldo del mundial en Brasil, no sólo incluye los diez goles que su Selección vio entrar en su arco en los últimos dos partidos, sino que también contó con 696 movilizaciones, donde las fuerzas de seguridad asesinaron a ocho personas, detuvieron a 2.608 e hirieron a 837. Brasil no ganó el Mundial, pero sí obtuvo un record: el mayor despliegue de fuerzas de seguridad de la historia en un acto deportivo.
No es casual que los distintos estados quieran hacer de la alegría de miles de trabajadores un negocio. Sin embargo, hemos visto cómo, a pesar de los intentos de los gobiernos y las empresas de implantar una cortina de humo, el pueblo trabajador puede esperar con ansías el gol del triunfo, pero también, y sobre todo, organizarse y salir a las calles luchar por lo que le corresponde.

Berni: El gobierno por la bala y la boca muere
El 7 y 8 de julio pasado, sin disimulos ni mascaradas, el gobierno nacional descargó buena parte de su potencial represivo sobre los trabajadores de Enfer-Tatsa, Lear y todos los que acompañaron sus reclamos contra despidos, suspensiones y persecución gremial. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, tuvo a su cargo no sólo la dirección de los operativos de gendarmería y la policía Federal, sino que dejó bien claro su objetivo, el de frenar la organizacion y la lucha de los trabajadores: “Actuamos para no dejarnos avasallar por esta planificación permanente de violencia de la izquierda”, declaró orgulloso.
Pero fue en declaraciones al diario Perfil donde confirmó lo que CORREPI viene sosteniendo: “No hubo ningún cambio, siempre trabajamos de la misma manera, con mucha responsabilidad. En todos los cortes actué de la misma manera”.
Así, fue el propio encargado de administrar la represión en el gobierno de Cristina Fernández quien rebatió, incluso antes que se produjeran, los tristes intentos de otros sectores del oficialismo de relativizar los acontecimientos del 7 y 8 de julio como si hubieran sido algo novedoso y nunca visto en la década precedente. Como si 21 asesinados en la represión a movilizaciones y manifestaciones desde 2003 fueran resultado de otra cosa que de una sostenida política de represión, magistralmente disimulada tras el discurso de la “no represión de la protesta”.
El ministro de seguridad de hecho se vanagloria de no necesitar que le indiquen quién es quién en las protestas porque, como dijo una fuente oficial reservada por Clarín, no consulta con ningún otro funcionario antes de actuar, porque Berni “ya conoce a estos grupos de sus ocho años en el Ministerio de Desarrollo Social, sabe quiénes son duros y con quiénes se puede negociar”.
La retahíla de acusaciones contra los trabajadores movilizados, dirigida a deslegitimar sus reclamos, incluyó expresiones como “inadaptados de los partidos de izquierda, con una clara intencionalidad de generar disturbios y caos”; “...venían cargados con mochilas con piedras, gomeras, rulemanes, tuercas para generar el mayor daño posible, el mayor disturbio posible”; “... querían generar un día de caos”; “los militantes buscaban agredir a la gendarmería". No dejó, obviamente, de cargar contra la militancia de los partidos de izquierda que acompañó a los trabajadores, ni contra los legisladores y diputados, a los que mandó a “legislar contra los piquetes en lugar de promocionarlos”.
La misma fuente oficial no citada, aclaró a Clarín cuál es una de las preocupaciones del gobierno: “imaginate que un gendarme le pega de más a una mujer o pasa algo parecido, y la misma gente que nos felicitaba por el desalojo nos acusa de violentos”.
Eso fue lo que sucedió con los que, como el diputado Leonardo Grosso de la JP Evita y el jefe del CELS Horacio Verbitsky, salieron desde el propio oficialismo a criticar los que el segundo definió como “desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social”. De nuevo, “preocupados” señores, ¿cómo, sino con represión a la protesta, tenemos más de 5.000 compañeros criminalizados, centenares de heridos y 21 muertos en movilizaciones en los pasados 10 años?
La respuesta a la propia tropa díscola, que reclama más “delicadeza” para que la represión no se note, vino de parte de la presidenta, por boca de su jefe de gabinete, Jorge Capitanich. El respaldo a Berni fue total. “La actuación de gendarmería y policía fue de manera prudente y razonable... Si uno observa la actuación tanto del secretario de Seguridad como del Ministerio de Seguridad y si uno observa la actuación de las fuerzas de seguridad, lo hacen en el marco de un ejercicio de un protocolo que pretende proteger la vida de los ciudadanos y el derecho a los ciudadanos. Esa es la estrategia que siempre ha seguido el gobierno", explicó “Coqui” a los periodistas. Y, por las dudas, agregó: los cortes y protestas tienen como fin "generar y propiciar un nivel de desgaste permanente en la gestión de Gobierno".
Claramente, los trabajadores organizados por sus derechos no son “ciudadanos” para el gobierno nacional, y su “protocolo de actuación” no es otra cosa que la defensa irrestricta de los intereses de las patronales.

Solidaridad con el pueblo y los presos políticos peruanos
En abril pasado, el estado peruano, mediante la Operación “Perseo”, encarceló 28 miembros del MOVADEF (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales), bajo la acusación de “terrorismo” y ordenó la captura de otros 6 compañeros. Ese operativo es parte de la política sistemática de represión al pueblo y organizaciones políticas peruanas, llevada adelante por el gobierno de Ollanta Humala.
Pero el gobierno de Humala no se limita a perseguir a los luchadores y militantes políticos dentro de su territorio, sino que extiende tanto como puede la persecución en los países donde han buscado refugio los perseguidos políticos, como Argentina.
El año pasado se llevó adelante el juicio de extradición contra Rolando Echarri Pareja, acusado por “ondear y repartir volantes que contenían la hoz y el martillo”. Al no constituir ese echo delito en Argentina, Echarri fue puesto en libertad, pero el gobierno peruano apeló la sentencia, que aún se encuentra pendiente de resolución de la Corte Suprema.
En diciembre pasado, fue encarcelado en Argentina Oswaldo Quispe, bajo acusaciones más graves que las imputadas a Echarri Pareja. El juicio de extradición está próximo a iniciarse en agosto. Lo mismo sucede con Manuel Carranza, cuyo juicio se inició intempestivamente, por lo que la defensa –en todos los casos, llevada adelante por La Gremial de Abogados– pidió un aplazamiento para mejor proteger los derechos del compañero.
A pesar de que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner han roto con la tradición de más de cien años del estado argentino de dar refugio político, a fin de aceitar aún más los mecanismos de colaboración estatal, se ha firmado recientemente un acuerdo bilateral “antiterrorista” entre Perú y Argentina.
CORREPI entiende que la lucha por los presos y perseguidos políticos no es una cuestión exclusiva de solidaridad con quienes padecen dicha situación, sino en primer lugar de defensa propia de todos los luchadores. Por eso, junto a organizaciones de DDHH, antirrepresivas, sociales y políticas, decidimos constituir el Comité de Solidaridad con el Pueblo Peruano y los Presos Políticos, cuyas reuniones se realizan los días viernes, a las 18:00, en Av. Corrientes 1785, 2º C.
Llamamos a todas las organizaciones a rodear de solidaridad a los compañeros que están próximos a enfrentar el juicio, y a participar activamente de la campaña por su libertad.

Córdoba: Gatillo fácil con mala puntería
El domingo 6 de julio, durante la madrugada, el Barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba fue escenario de un hecho que sólo por algo de suerte no concluyó con un nuevo asesinado por el aparato represivo del Estado. Gastón Liendo, de 17 años, volvía de bailar con dos amigos a bordo de una camioneta Renault Traffic, cuando se cruzó con la moto del cabo de la policía cordobesa Pablo Bordonaro, qué volvía de hacer adicionales.
Una simple discusión de tránsito, de esas que se resuelven con un par de bocinazos y alguna palabra gruesa, cambió de carácter porque uno de los protagonistas era un policía. Sacando a relucir su chapa de impunidad, el cabo Bordonaro desenfundó el arma y persiguió a los tiros a la camioneta, que recibió 7 impactos. Cuando la camioneta se detuvo, el policía pasó al frente y disparó contra el parabrisa.
Gastón fue herido en la espalda. El balazo, después de atravesar la chapa y el asiento, le lesionó un pulmón, el hígado, el intestino y la vesícula. Sus dos acompañantes fueron bajados del vehículo a los golpes y tendidos en el piso.
Por ahora, El cabo Bordonaro está detenido en la Unidad Penal de Bouwer, imputado por el delito de lesiones graves, mientras Gastón se recupera lentamente en el Hospital de Urgencias de la Córdoba Capital.
Con claridad, la mamá de Gastón señaló que no se trata de un hecho aislado ni de un loquito suelto: “Nosotros queremos que la policía no nos ponga droga en la camioneta ni que termine armando una escena falsa, como suele hacer, para proteger al responsable. También queremos que otros chicos no sean víctimas”.

Polichorro santiagueño: nada insólito
Una chica de 15 años volvía a su casa, en un barrio de la capital de Santiago del Estero, después de jugar un partido de pelota al cesto. Un motociclista la interceptó, la amenazó con un cuchillo y le robó el celular y una cadenita que llevaba al cuello.
Vecinos que auxiliaron a la piba dieron rápido aviso, con una precisa descripción del ladrón. Así, a las pocas cuadras fue detenido, botín en mano. Ya arrestado, resultó que el “motochorro” era un “polichorro”: el cabo Daniel Carrizo, de 31 años.
Nada sorprendente, dada la frecuencia con la que constatamos la participación y protagonismo criminal del aparato represivo, a pesar que los medios, de nuevo, titularon “Insólito”, como hacen a cada rato, para disimular lo que no tiene remedio.

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Vanesa Orieta: “No tenemos esperanza en encontrar a Luciano a través de una investigación judicial”

LA RETAGUARDIA

La hermana de Luciano Arruga, visto por última vez el 31 de enero de 2009 en el ex Destacamento Policial de Lomas del Mirador, hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a Fernando Tebele, para el programa Uno Nunca Sabe, que conducen Alejandro Fabbri y Victoria Torres en AM750. Allí repasó el accionar judicial en el caso y afirmó, además, que siempre se ha buscado un sector para responsabilizar por todos los males de la sociedad y que así como antes ocuparon ese lugar los indios y los gauchos, hoy “el enemigo es el pibe joven de los barrios humildes”.

Los Familiares y Amigos de Luciano Arruga pelean por saber qué pasó con el adolescente tanto en la justicia como en la calle. Aunque el viernes 11 de julio se conoció la decisión de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal Federal de aceptar el habeas corpus presentado por la familia, que había sido rechazado previamente en dos oportunidades por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Morón y la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín; la mayoría de los logros alcanzados se dio a través de la lucha en las calles. Vale como ejemplo la recuperación del ex Destacamento en el que fue visto Luciano por última vez y que pronto será un espacio de memoria recuperado independiente, llevado adelante por los familiares.

-Fernando Tebele: ¿Qué implica para ustedes esta parte de la lucha que se da en la justicia, sabiendo que han conseguido más en la calle?

-Vanesa Orieta: Para nosotros es simplemente dejar evidencias, sentar jurisprudencia. Seguir peleando desde lo judicial no es nada grato, no tenemos esperanza en encontrar a Luciano a través de una investigación judicial, y en eso somos muy sinceros, pero lo que sí intentamos a través de esta lucha es que otros que lleguen después de nosotros al menos sepan y conozcan el trayecto que ha realizado una familia. Ya se han peleado otros hábeas corpus en democracia, como el caso de Iván Torres, o el de Gustavo Cortiñas, y ahora el caso de mi hermano; que estos casos queden como testigo para que la sociedad en un futuro realmente comprenda de qué se está hablando cuando se habla de violencia institucional. Nosotros apuntamos a dejar en evidencia por sobre todas las cosas a la justicia en su rol como garante de la impunidad y la desidia; y esto ha logrado en definitiva que mi hermano permanezca desaparecido hace ya cinco años y seis meses.

-FT: ¿Por qué crees que se da esa biporalidad en la sociedad, que por un lado se da espacio para revisitar lo que sucedió con la desaparición de personas en la última dictadura cívico militar, pero de algún modo avala lo que sucede en casos como el de Luciano?

VO: ¡Qué pregunta!... Creo que a lo largo de toda la historia de la vida se ha buscado una persona a la cual responsabilizar de todos los males que una sociedad tiene, en algún momento lo han hecho con los indios, con los gauchos, con los que se agrupaban y peleaban por una sociedad digna y justa para todos, y hoy el enemigo es el pibe joven de los barrios, ese que viste de una forma determinada, que carga con determinado color de piel, que proviene de un lugar humilde y muy discriminado por la sociedad en su conjunto. La sociedad necesita responsabilizar a otro para no hacerse cargo de sus propios errores, y acá por sobre todas las cosas lo que la sociedad no quiere ver es que todavía lamentablemente muchas metodologías propias de la última dictadura militar siguen intactas, que todavía nosotros somos una sociedad enferma por toda esa violencia que nos tocó vivir, que nos falta mucho por aprender, que realmente no hemos ganado absolutamente nada. Creo que a cualquier sociedad le cuesta ver y asumir eso como un gran error. Y también representa para cada uno de nosotros un compromiso, una lucha individual pero al mismo tiempo colectiva, y cuesta en un sistema que todo el tiempo te pide todo lo contrario, que es el individualismo, competir con el otro. Es el sistema capitalista y creo que ahí se juegan todas estas cuestiones. Hay que pelearla igual, aquellos que podemos ver que la violencia es una metodología que sigue intacta, que ayer y hoy está presente, tenemos que salir a la calle, tenemos que pelear y hacerle entender al resto de la sociedad que tenemos que avanzar por sobre todas las cosas en el respeto y la defensa de los derechos humanos.

-Alejandro Fabbri: Tenemos un gobierno elegido democráticamente, tenemos un sector de la población que lo critica durísimamente, otro que lo apoya ciegamente, y una parte intermedia que está de acuerdo con algunas cosas, con otras no, que critica con más o menos fuerza; al mismo tiempo tenemos políticos que dicen representar los intereses populares, pero que en el tema de las fuerzas de seguridad, de la policía, del trato con la gente mantienen criterios de otra época. Esta es una contradicción que no parece resolverse ni aquí; ni en Brasil, por ejemplo, viendo lo que pasa con la policía militar; ni en Chile, viendo lo que pasa con las protestas por las reformas educativas; ni en otro países. Pareciera que es un mal endémico de la zona, y al mismo tiempo creo también que hay que tener claro que del capitalismo no se va a salir; lo que se está buscando es a lo mejor darle una especie de barniz medianamente humano, por llamarlo de alguna manera, a este tipo de sistema, no hay ninguna clase política de ninguno de estos países que pretenda salir del capitalismo.

-VO: Es un proceso bien largo también, acá me parece que ni siquiera estamos cuestionando al capitalismo, y quien hoy se animara a cuestionarlo sería mirado con malos ojos, sería enseguida tratado como un zurdo que no tiene idea del momento histórico que está viviendo el mundo, pero me parece que no está mal hablar de capitalismo. Me parece que tendríamos que hacerlo porque hablar de capitalismo es no poder hablar de una democracia real y participativa, es no poder hablar del respeto a los derechos humanos. Es una contradicción total el capitalismo y la defensa de los derechos humanos, y en eso tengo en claro esa postura al menos, que no la llevo a todas partes porque considero que todavía no están dadas las condiciones para poder discutir eso y es real; no es un problema solamente de nuestro país, esto es en toda Latinoamérica, es en todo el mundo que las fuerzas represivas actúan controlando a un sector de la sociedad, que puede ser el más humilde y no poder luchar por lo que quiere, pero igual necesitan controlarlo para que no se despierte, pero también se controla a aquellos que sí pueden organizarse y salir a luchar, y eso lo vamos a notar también en todos los países, los presos políticos existen. Esto más allá de que cada uno puede pensar que es una contradicción o no viéndolo desde cada partido político que acompañe, pero a nivel general cuando hablamos, hablamos de capitalismo, y creo que lamentablemente hoy no están dadas las condiciones para poder discutir sobre esto. Ahora, para llevar más al llano la cuestión, desde mi humilde opinión, creo que lo que tenemos que entender los argentinos es que más allá de cualquier elección política que cada uno de nosotros haga, acá se está hablando de derechos humanos, que están por encima de cualquier elección que el individuo pueda tener y esto tiene que ver con el respeto por el otro, por valorar la vida, y hoy la vida de los seres humanos no se valora, la gente vive mal, vive en villas hacinados, no pueden acceder a la salud pública, a una educación digna. De esto tenemos que hablar, y creo que cuando empecemos a hablar de esto vamos a realmente saltar una gran barrera.

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Declaración de Judiciales ante la avanzada represiva

FJA - ACTA

Ya son innumerables los casos de suspensiones y despidos que se han dado en diversas partes del territorio nacional, mientras los casos de violencia hacia la clase trabajadora comienzan a intensificarse. La Federación Nacional Argentina (FNA-CTA) emitió un comunicado que ACTA reproduce a continuación.

"En Río Negro, trabajadores municipales de Villa Regina sufrieron golpes y gas pimienta por parte de la policía, mientras ocupaban las instalaciones del municipio en reclamo de la reincorporación de 50 empleados. En Mar del Plata, una patota de 10 personas -algunos de ellos miembros de las fuerzas de seguridad- dejaron a dos dirigentes de la CTA local heridos, incluso uno de ellos debió ser sometido a una cirugía reconstructiva de su cara, por manifestarse en contra de las suspensiones sin cobro de sueldos en las puertas de la empresa “Todo Tartas”. En Salta, los docentes fueron dispersados violentamente por centenares de policías cuando intentaban instalar una Carpa Blanca para reclamar soluciones ante los incumplimientos del gobierno provincial.

"En los últimos días fueron desalojados y reprimidos por Gendarmería los trabajadores de la autopartista Lear (General Pacheco, Buenos Aires), quienes exigen la reincorporación de unos 100 operarios despedidos y el fin de otras 200 suspensiones sin goce de sueldo. A esto se le suman los trabajadores de EMFER (Emprendimientos Ferroviarios) y TATSA (Fabricantes de Buses y Camiones) quienes también fueron reprimidos por la Policía con palos y balas de goma, en la colectora General Paz a la altura de Migueletes (Bs. As.), cuando se manifestaban contra la creciente precarización de sus fuentes de trabajo, el vaciamiento sistemático de la empresa y la persecución policial y judicial de sus dirigentes. Varios compañeros fueron heridos con balas de goma y quedó detenido el delegado Roger Castaño.

"Estos episodios se han venido multiplicando a medida que crece la conflictividad social producto del ajuste permanente, vía aumentos de tarifa, devaluación y sobre todo un proceso inflacionario que está haciendo trizas el bolsillo del trabajador.

"Desde la Federación Judicial Argentina reivindicamos el derecho de los argentinos a acceder a un trabajo digno y nos solidarizamos con aquellos compañeros que ponen cuerpo y alma en la defensa de las fuentes de trabajo. Como trabajadores de la justicia, no somos ajenos a estos hechos, por ello enviamos nuestro apoyo y solidaridad y repudiamos enérgicamente la represión por parte de las fuerzas de choque del Poder y de los grupos mercenarios privados. Estos son financiados por una patronal violenta cuyo único objetivo seguirá siendo impedir que los trabajadores nos organicemos para defender nuestros derechos y reivindicaciones.

"Cualquier iniciativa que busque profundizar la democracia y sus instituciones, debe replantearse los términos en que se disputa un reparto más equitativo de la riqueza. La aplicación de presupuestos genuinamente participativos en los distintos niveles estatales, la posibilidad de plebiscitos vinculantes y mecanismos de participación directa, y el apoyo a procesos autogestivos de la clase trabajadora, son el camino a seguir hacia un horizonte de mayor justicia social".

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Argentina: Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados por la Jornada Nacional por el millón de firmas

RED ECO

El miércoles 16 de julio la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina realizará una Jornada Nacional camino a un millón de firmas, para que el Parlamento debata y sancione el proyecto de una nueva Ley previsional exp.2802-D-2014) . Como todos los miércoles, en la Ciudad de Buenos Aires la cita es a las 14.45 en Rivadavia, frente al Congreso Nacional.

Por un sistema previsional de reparto, público y solidario
“No nos alcanza la plata para nada”

POR NUESTRO PRESENTE Y POR EL FUTURO DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS DE HOY, SEGUIMOS LUCHANDO POR:
- Recuperar el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio o función y la recomposición de todas las escalas conforme a la historia laboral de cada trabajador.
- Jubilación Mínima no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil, y éste no inferior a la canasta básica total.
- Creación del Instituto Nacional de Previsión Social, el que funcionará como entidad de derecho público no estatal, sin fines de lucro, con autarquía y autonomía económica, jurídica, financiera, contable y administrativa, dirigida y administrada, como establece la Constitución Nacional, por representantes de los jubilados, trabajadores activos y la participación del Estado.

FIN A LA INTERVENCIÓN DE NUESTRA OBRA SOCIAL. NORMALIZACIÓN DEL INSSJP (PAMI)¡YA!
* Garantía de todas las prestaciones médicas y sociales.
* Auditoría y controles sobre los prestadores.
* Otorgamiento de los medicamentos sin cargo.
* Que cuando el jubilado o pensionado necesita ser internado en un geriátrico, esta prestación sea sin cargo alguno y atención garantizada de calidad.
* No a la tercerización en servicios esenciales. El inmediato pleno funcionamiento de los efectores Hospital Dr. Cesar Milstein (ex Francés). el Geriátrico y la Clínica del Cid, las clínicas I y II de Rosario y de las clínicas , hospitales, centros de atención públicos o privados, con personal necesario y suficiente en todos los niveles de planta permanente que garantice ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA NO MORIR POR CAUSAS EVITABLES.(Artículo 75 inciso 22 Constitución Nacional,...establece el derecho a la salud...).

PORQUE NUESTRA INQUIETUD SIGUE SIENDO ¡COMO LLEGAR A FIN DE MES, SIN MORIR EN EL INTENTO!
AUMENTO DE EMERGENCIA DE $ 1000 ¡YA! RETROACTIVO.

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Por el 82% móvil para todos los jubilados del país

Carlos Ordoñez (ACTA)

La dictadura y los gobiernos democráticos han sostenido durante muchas décadas la política de usurpación del Derecho Constitucional de los trabajadores y jubilados a administrar los recursos de la Seguridad Social, lo cual es la causa principal de la crisis recurrentes del sistema que siembran pobreza, injusticia y la discriminación entre los jubilados y los pensionados.

Esa política depredadora parte de la noción de que tales recursos pueden ser manejados a su antojo por los gobiernos de turno. Así es como enormes sumas de dineros de los trabajadores han sido directamente apropiadas por el Estado o tomadas por la fuerza para la autofinanciación barata con fines justos e injustos, para el financiamiento regalado de empresarios, entregadas a los banqueros en el negociado delictuoso de las AFJP, licuadas por la devaluación monetaria no compensada, vaciada por las rebajas y devoluciones de las mal llamadas “contribuciones patronales”, la tolerancia y la práctica estatal del trabajo y lo salarios en negro y otras formas de elusión previsional.

Como consecuencia de todo ello, el Estado Nacional y las provincias acumularon y siguen sumando una monumental deuda previsional con los trabajadores y jubilados, la cual es el más fuerte obstáculo para la realización del derecho al 82% móvil del salario total en actividad.

Los trabajadores activos y pasivos somos, por lejos, los más grandes Acreedores del Estado. No obstante, por distintas razones, pero sobre todo porque no se paga las jubilaciones que corresponden según las Constitución Nacional y las sentencias de la Corte Suprema de la Nación, el Sistema Previsional se va transformando masivamente en un régimen de jubilación mínima, mientras la ANSES acumula enormes “excedentes” que no se corresponden con los aumentos semestrales fijados en la Ley 26.417.

Los jubilados y pensionados judiciales también sufrimos en carne propia esa política depredadora, que implica para los trabajadores en pasividad, la imposición de una enorme contribución, carente de toda equidad social.

Nuestro sistema retributivo es un modelo de discriminación que hace trizas la Garantía Constitucional de igual remuneración por igual tarea. Esto repercute en la anarquía de nuestro sistema jubilatorio, agravada por la dispersión y la discrecionalidad que conducen a leyes que otorgan el 82% móvil para jueces y altos funcionarios y hasta para ciertos niveles de trabajadores judiciales, mientras que discriminan a las escalas inferiores de nuestros compañeros con porcentajes menores al 40% de lo que cobran en actividad.

Por todo lo señalado, desde la FJA, dentro del objetivo prioritario fijado por la CTA de lograr el 82% móvil del salario completo en actividad para todos los jubilados del país, invitamos a los judiciales activos y pasivos a firmar este petitorio que plantea un firme reclamo antes que las políticas en curso lleven el Sistema Previsional a una nueva crisis:

1. ¡Basta de desviar recursos del Sistema Jubilatorio Nacional y Provincial para fines distintos a su destino legal y legítimo!

2. ¡Basta de trabajo en negro, de rebajas y devoluciones de “contribuciones patronales” y de tolerancia para la evasión y la elusión previsional!

3. 82% móvil del salario total en actividad para todos los jubilados del país

4. Unificación del Sistema Jubilatorio. Todas las jubilaciones con la garantía mínima del 82% móvil sobre el salario total en actividad.

5. Por el reconocimiento pleno del Derecho Constitucional de los trabajadores y los jubilados a administrar los Recursos de la Seguridad Social.

Carlos Ordoñez es Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA).

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Argentina, Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata: La violencia Institucional y la criminalización de la protesta social

ACTA

Pese a la evidente violencia ejercida por la patronal de TODO TARTAS, por medio de una patota, y pese a la serie de episodios persecutorios que los trabajadores venimos sufriendo, la fiscalía ordenó el procesamiento de los trabajadores y una medida restrictiva de acercamiento.

"A casi dos semanas de los ataques que los trabajadores organizados en la CTA sufrimos a manos de una patota enviada por la patronal de Todo Tartas, que dejó a dos compañeros gravemente heridos, la fiscalía no sólo no detuvo ni proceso a los matones, sino que ha venido llevando adelante una clara persecución a los trabajadores organizados, que realizamos un reclamo justo y pacífico por trabajo digno.

"Días atrás, la fiscal Graciela Trill ordenó una restricción de acercamiento a tres compañeros del SICAMM (Sindicato de repartidores perteneciente a la CTA). Es realmente indignante la facilidad con la que se montan causas falsas, con testigos que realizan declaraciones falsas, y la predisposición colaboracionista por parte de la fiscalía, con el fin de perseguir a los laburantes, en un claro acto de criminalización de la protesta social. Este accionar por parte del poder judicial deja en evidencia la parcialidad del mismo en su intento por mover el eje del conflicto, centrando la mirada en los trabajadores, y criminalizándolos, como si la violencia hubiese sido ejercida por éstos.

"Resumiendo: Sebastián Britos, dueño de Todo Tartas, quien ya nos había enviado una patota un día antes, envió una segunda patota integrada por patovicas y agentes del servicio penitenciario. Esta patota parapolicial golpeó a quienes realizaban un reclamo pacífico, y dejaron como saldo un compañero de la CTA internado con fractura de maxilares, orbitales, tabique y muñeca derecha. La policía (que había liberado la zona) arribó al lugar del hecho e identificó a dos agentes del servicio penitenciario y un arma reglamentaria. Estos hechos se condicen con las amenazas que el abogado de Britos, Gabriel Merlassino, nos había realizado días antes, al decirnos que iba a mandar una patota para que nos “cague a trompadas”. Sin embargo, el fiscal a cargo, doctor Castro, no detiene ni procesa a nadie, basando su decisión en el principio de flagrancia.

"Es interesante destacar aquí, la clara inclinación del Poder Judicial a la hora de defender intereses del poder dominante. Para ello, resulta pertinente traer a colación un episodio no muy lejano en el tiempo, cuando el verano pasado la justicia decidió detener y procesar a un centenar de personas que se manifestaron en contra de la suba del boleto de colectivo. Estos procesados no fueron detenidos “in flagranti”, es decir, mientras reclamaban, sino más tarde, cuando ya se habían retirado del lugar. Evidentemente, la justicia decide aplicar o no el criterio de flagrancia, conforme a la conveniencia de los intereses de la clase dominante. Esta comparación entre ambos hechos es una muestra de la falta de imparcialidad por parte del Poder Judicial.

"A esto hay que agregarle la ya mencionada restricción de acercamiento, y el procesamiento por ’amenazas y daños’ de tres compañeros del SICAMM, referentes del gremio, y activos partícipes de los reclamos contra el negreo de TODO TARTAS.

"Pero esto no es todo, pocos días atrás, Walter Buda, dirigente de la CTA y principal damnificado por la golpiza, minutos antes de realizar su declaración por los hechos, sufrió el robo de su auto, que se encontraba estacionado en la puerta de la sede de ATE (Gremio de trabajadores estatales de la CTA). Esto es un claro mensaje intimidatorio por parte de esta red mafiosa que está operando con el fin de desactivar nuestros reclamos.

"Es una vergüenza, y es una tristeza, que nuestra ciudad, y que nuestra tan querida Patria, sea ensuciada por una justicia tan injusta, por una justicia que no es justicia, una justicia que persigue, que criminaliza a quienes luchan por su derecho a una vida digna, a quienes luchan por que se cumpla lo establecido por ley, a quienes denuncian la precarización laboral en Mar del Plata, la localidad con mayor desempleo del país. Y no sólo esto, sino que el pueblo trabajador ha sido víctima una vez más de la violencia institucional ejercida por el aparato represivo del Estado, no solamente por la participación de agentes del servicio penitenciario en la feroz golpiza, sino también por la complicidad del comando de patrullas, encargado de liberar la zona la noche del 28 de junio.

"Todo este conglomerado de hechos, todo este accionar del aparato represivo del Estado y de agentes externos al mismo, nos retrotrae a las épocas más nefastas y oscuras que sufrió nuestro pueblo durante la última dictadura militar: Amenazas, persecución política, criminalización de la protesta social, mensajes intimidatorios, liberación de zonas y represión por medio de patotas parapoliciales, es decir, represión tercerizada. Al parecer, anidan en nuestra ciudad, nuestra no tan feliz ciudad, personajes siniestros que anhelan volver al pasado.

"Desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (CTA) expresamos nuestro mayor repudio a todos estos sucesos, y particularmente al desenvolvimiento que ha venido teniendo la justicia por medio de los fiscales, demostrando una alevosa e insostenible inclinación por defender los intereses de los empresarios que ostentan el poder subsumiendo a los trabajadores a condiciones precarias de vida. Es por esto que llamamos a la sociedad en su conjunto a repudiar estos hechos y a solidarizarse con nuestra justa causa.

Exigimos:

* Reincorporación de los trabajadores despedidos discriminatoriamente.

* Desprocesamiento de los compañeros del SICAMM.

Juicio y Castigo a los Autores Materiales e Intelectuales de la violencia contra los trabajadores", finaliza la declaración del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (SICAMM-CTA de mar del Plata).

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La importancia de llamarse Ernesto

LA RETAGUARDIA

Una escuela del barrio porteño de Parque Avellaneda permanece tomada por los alumnos, porque la ciudad no permite que la institución se llame como la comunidad educativa lo decidió: Ernesto Che Guevara. Camila De Simone, estudiante de ese colegio, explicó en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, que conduce Luis Angió, cómo llegaron a la toma. Además, se refirió a otras problemáticas que tienen en la escuela.

-Otras Voces, Otras Propuestas: ¿Quién argumenta que una escuela no se puede llamar Che Guevara y por qué?

-Camila De Simone: Primero cuento cómo fue que se eligió este nombre tan importante para nosotros. En 2011 se realiza la votación, fue barrial y con toda la comunidad educativa como se debe, y se eligió el nombre de Ernesto"Che"Guevara. Se presenta en 2012 el proyecto, que cumple todos los requisitos que tiene que cumplir un proyecto del nombre de una nueva escuela. Pero al parecer, cuando tiene que llegar a recinto (de la Legislatura porteña), Lía Rueda (del PRO), presidenta de Comisión de Cultura, no lo pasa, queda cajoneado en su escritorio, ya que, según nos dijo ella misma entre pasillos, no iba a permitir que una escuela de Capital lleve el nombre de un asesino.
Eso quedó ahí, nunca nadie nos dio una respuesta. Por eso se toman las medidas de lucha que se toman, como la escuela tomada, aunque por otros motivos también. Pero uno de los principales es ese: fue el nombre que eligió toda la comunidad educativa y tiene que ser respetada porque es una votación democrática.

-OV: Cuando hablamos de la comunidad educativa, ¿quiénes participaron, además de los alumnos?

-CD: Participaron todos los que están en la escuela, desde el barrio, los docentes, estudiantes, preceptores. Los vecinos también, quienes tuvieron una participación muy importante.

-OV: ¿Fue una elección entre distintos nombres propuestos o tomaron esa propuesta como única?

-CD: Fueron ocho nombres. Los tres que quedaron fueron: Armando Prieto, un desaparecido del barrio; el nombre que todavía se tiene, Antiguo Natatorio; y Ernesto "Che" Guevara.

-OV: La Comisión de Cultura es la que trata este tema, de acuerdo a lo que dice el artículo 32 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. También, por ejemplo, entre otros temas y proyectos que trató, fue declarar Personalidad Destacada de la Cultura a Marcelo Tinelli.

-CD: Claro. Sabemos bien de quién estamos hablando. Hoy la escuela está en lucha por muchas cosas. Sabemos cómo juega el PRO y tenemos todas las trabas que nos pone.

-OV: Hace unos cuatro años la Escuela Media 7 de Berazategui, en el barrio donde vivía un atleta desaparecido por la dictadura, Miguel Sánchez, también por decisión de la comunidad educativa, vecinos, alumnos docentes, le pusieron el nombre Ernesto "Che" Guevara ¿Cuáles son los otros problemas que están teniendo en la escuela?

- CD: No conocíamos el caso de esa escuela. El principal problema que tenemos es el del nombre. Después tenemos problemas edilicios, como ventanas rotas, techos con agujeros, filtraciones. No hacen un ambiente agradable a la hora de estudiar. Y también existen conflictos a raíz de la NES (Nueva Escuela Secundaria), parte de la homologación de títulos que saca Nación. Ubican todo el país en diez orientaciones, que es para homologar los títulos y que valgan en todo el país. El tema es que de estas diez orientaciones, nuestra escuela que está orientada en Construcción y Mantenimiento de Espacios Verdes, no entra, no se ve identificada con ninguna. No tenemos ningún representante en el Consejo Federal de Educación, estas personas que se juntan a arreglar esta homologación de títulos. Y ahora el Gobierno de la Ciudad nos dice que tenemos que ser Agro, una de las orientaciones. Ese es un gran problema, porque estamos en la ciudad.
Además, es un bachiller profesionalizante, ya que los chicos directamente pueden salir y trabajar, algo que es muy importante; muchos ya pudieron hacerlo. Pero esta homologación lo quita, dice que todos los bachilleres dejan de ser profesionalizantes. En este sentido, también necesitamos un especio político para discutir.

-OV: ¿Hasta ahora qué medidas han tomado?

-CD: Por ahora la escuela está tomada, ya que vimos que ningún otro método funcionaba. Tuvimos que ir a la máxima, lamentablemente.

-OV: ¿Ustedes han tenido contacto con algunos legisladores de la Ciudad? ¿Han charlado con otras organizaciones como para poder llevar adelante un apoyo concreto sobre lo que están reclamando?

-CD: Más que nada lo hemos tenido por el nombre. Nos juntamos con muchos legisladores que, al parecer, iban a ayudar. Recibimos apoyo, pero no el suficiente como para que el nombre se destrabe. Respecto a la orientación es un poco complicado, porque no tienen mucho que ver los legisladores. Más que nada, es tratar con el Gobierno de la Ciudad y también con el nacional, aunque nuestro interlocutor es el de la Ciudad. Primero deben atendernos ellos a nosotros, algo que no está ocurriendo.

-OV: Necesitan apoyo de la comunidad, del barrio, de otras escuelas de la zona.

-CD: Están el Calviño y el Saavedra. Pero ellos no están con las mismas complicaciones que nosotros, más que nada por la orientación, ya que son técnicos. Pero sí, somos acompañados por ellos. Somos la única escuela tomada en la ciudad por ahora, pero sabemos que muchas escuelas están con la misma problemática.

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Argentina: Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba revela posibles enfermedades por la cercanía a pesticidas

PRENSA RED

“Cuanto más cerca de las zonas donde se aplican pesticidas viven o trabajan las personas, mayor es su riego de padecer enfermedades asociadas a intoxicaciones crónicas”.

Esa es una de las conclusiones de un estudio desarrollado por el Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sobre la base de un trabajo de campo realizado en la localidad de Morrison, cercana a Bell Ville y a 190 kilómetros de nuestra ciudad, en el sudeste provincial.

Entre las afecciones más frecuentes, el informe cita las de tipo ocular, las cutáneas y los dolores de cabeza.

Según publicó el fin de semana la agencia UNCiencia, de la UNC, “se trata de un estudio piloto que relevó y georeferenció las principales variables socioambientales que permiten caracterizar el riesgo ambiental en Morrison, una localidad típica de la zona rural del interior de Córdoba”.

Allí, un equipo de profesionales integrado por médicos, psicólogos sociales y estudiantes avanzados de la UNC implementó una encuesta epidemiológica que alcanzó a 169 hogares (526 personas, casi el 20 por ciento de la población). Según el informe divulgado, los resultados revelan la existencia de una relación funcional entre el número de personas que manifiesta síntomas de enfermedades asociadas a intoxicaciones crónicas o subagudas (así como la frecuencia de estos síntomas) y la distancia que los separa de los campos pulverizados con agroquímicos.

“Cuánto más próximo se está, más riesgoso resulta para la salud”, sintetizó Cristina Arnulphi, directora del proyecto e investigadora de la UNC.

De acuerdo a los datos relevados, la mayoría de los encuestados reside en la misma vivienda desde hace más de 60 años y se encuentra a menos de 150 metros de las áreas fumigadas.

Entre las afecciones más frecuentes, se ubicaron las de tipo ocular, las cutáneas y los dolores de cabeza.

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"Un 'encierro' de personas y de ideas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)"

RED ECO

La organización Arqcom dió a conocer en un comunicado, la situación que se vivió el pasado sábado 12 de julio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde 70 personas fueron encerradas en el aula en la cual se desarrollaba el Taller de Arquitectura Barrial que, desde el 26 de Abril, trabaja con más de 100 familias, en el asesoramiento técnico para la mejora de sus viviendas, destrozadas luego de la inundación sufrida el 2 de Abril de 2013. Transcribimos el comunicado y la nota enviada al Rectorado de la UNLP.

Comunicado Arqcom La Plata

Un “encierro” de personas y de ideas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP

 Comunicado de la Organización Arqcom La Plata para dar a conocer la situación conflictiva con la Facultad de Arquitectura, que creemos que ya excede el reclamo inicial de un lugar de trabajo. El proceso encuentra un hecho repudiable este último sábado, cuando fuimos encerrados en el aula donde trabajábamos, un hecho que no es casual, sino que se enmarca en el intento de “encerrar” nuestras ideas y trabajos, que ponen en crisis el profesional arquitecto que se forma hoy en la Universidad Pública.

“Una Universidad cerrada sobre sí misma, divorciada de los intereses de la sociedad, pierde de vista su esencia.”, dice la UNLP en su página web respecto de la extensión universitaria. Parece que la misma Universidad, más precisamente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), se olvidó de dichos principios rectores, instaurados desde la Reforma del ’18. Desde la organización Arqcom La Plata, conformada por estudiantes y graduados de la FAU, queremos comunicar lo sucedido en los últimos meses, en torno a un reclamo por el uso de un aula más allá de las 13.00hs los días sábados, una sucesión de hechos que este sábado sufrió uno de los episodios más graves e irresponsables.

Desde el 26 de Abril se viene desarrollando en la FAU el Taller de Arquitectura Barrial, donde se trabaja con más de 100 familias, en el asesoramiento técnico para la mejora de sus viviendas, destrozadas luego de la inundación sufrida el 2 de Abril de 2013.

El sábado 12 de julio nos encontrábamos en el aula 14 de la FAU realizando las tareas que desarrollamos cada sábado, desde las 9.00 a las 13.00, cuando un trabajador de ordenanza (trabajador contratado, precarizado ya que no pertenece a la planta no docente estable), de la FAU ingresa al aula y apaga las luces, para luego, a los 15 minutos, regresar y cerrar las puertas con llave –sin aviso previo-, quedando los 60 estudiantes y graduados de la FAU encerrados en el aula. Durante este episodio, unos compañeros que se encontraban afuera, van a hablar con el trabajador para pedirle que abra el aula, a lo que este se niega e insta a que llamemos a la policía. El hecho se resuelve ante el pedido de una profesora que se encontraba en el lugar. En el transcurso se llama al 911, la policía se hace presente en la FAU, a la cual el trabajador esgrime que estaba cumpliendo órdenes de las autoridades de la FAU, al momento de cerrar el aula.

Consideramos que se trata de un hecho grave, ya que se priva el derecho a la libertad, e irresponsable por no dimensionar las consecuencias que este episodio podría haber ocasionado a los compañeros que quedaron encerrados, entre los que se encontraba una compañera embarazada.

Entendemos que este hecho, fundamentalmente lo que quiere “encerrar” es una concepción distinta de intervención profesional, una idea distinta de trabajo que venimos construyendo desde hace tres años en la facultad. A diferencia del profesional al servicio del mercado, que propone e impulsan las políticas de la FAU, desde Arqcom se construye un profesional que construye arquitectura con el pueblo. En el último año, la organización creció en trabajo y en participación, siendo hoy más de 100 personas las que desarrollan las actividades.

Este proceso de “encierro” se hace posible a través del desarrollo del andamiaje de precarización de los trabajadores contratados que, por la inseguridad que le genera su condición contractual responden a las presiones de las autoridades de la FAU, quienes los intentan poner en el lugar de fuerza de choque, de quien hace el “trabajo sucio” para ellos, llevando estas tareas por miedo a perder su trabajo.

Estas trabas que nos pone la Universidad para desarrollar el trabajo junto al pueblo, parece coherente con un progresivo cierre de la Universidad Pública al acceso de toda la población, proceso en el que las rejas, cámaras de seguridad y guardias edilicias parecen ser sólo una de las variables para cumplir dicho objetivo.

Creemos que los conocimientos de la Universidad Pública deben ser generados con y para el pueblo, para dar respuestas reales a los problemas más urgentes de la sociedad; creemos que la facultad no puede “encerrarse” en sí misma, ni “encerrarse” a dar respuestas a las clases sociales que pueden pagar a un profesional, ni “encerrar” personas, para tratar de “encerrar” sus ideas.

Arqcom La Plata

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La Plata, 15 de julio de 2014
Lic. Raúl Perdomo
Presidente de la UNLP
S / D
Por medio de la presente queremos informar sobre los hechos ocurridos el sábado 12 de julio, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, los cuales no son aislados, sino que son parte de una sucesión de hechos que comienzan el día 5 de Junio alrededor del conflicto por el horario de utilización de un aula por parte de la organización Arqcom La Plata. Se recurre a la Presidencia de la UNLP debido a la gravedad de lo acontecido, entendiendo que en la FAU no existen garantías de poder resolver esta situación.
I. HECHOS

El pasado sábado 12 de Julio nos encontrábamos en el aula 14 de la FAU realizando las tareas que desarrollamos cada sábado desde el 26 de Abril, en el marco del Taller de Arquitectura Barrial, cuyo objetivo es dar asesoramiento técnico a cientos de familias afectadas por la trágica inundación del 2 de abril de 2013. A las 13.05hs un trabajador de ordenanza[1] de la FAU ingresa al aula y apaga las luces, para luego, a los 15minutos, regresar y cerrar las puertas con llave –sin aviso previo-, quedando los 60 estudiantes y graduados de la FAU que se encontraban trabajando encerrados en el aula. Ante este episodio, unos compañeros que se encontraban afuera se dirigen a hablar con el trabajador, solicitándole que abriera el aula, a lo que este se niega e insta a que llamemos a la policía. El hecho se resuelve ya que en el lugar se encontraba una profesora, la que le pide al trabajador que abra. En el transcurso se llama al 911, la policía se hace presente en la FAU, a la cual el trabajador esgrime que estaba cumpliendo órdenes al momento de cerrar el aula. Posteriormente, se realiza la denuncia en la Comisaría Primera, para dejar asentado el reclamo[2].
Entendemos que este “encierro” por parte de la Facultad es un hecho que se inscribe en un proceso de múltiples consecuencias, que busca limitar y obstaculizar el desarrollo de las actividades de nuestra organización. A su vez, consideramos que se trata de un hecho grave, ya que se priva del derecho a la libertad intentando generar miedo y amedrentamiento entre los compañeros que participan de las actividades de la organización, en una actitud irresponsable por no dimensionar las consecuencias que este episodio podría haber ocasionado a los compañeros que quedaron encerrados, entre los que se encontraba una compañera embarazada.

Entendemos que este hecho, fundamentalmente lo que quiere “encerrar” es una concepción distinta de intervención profesional, una idea distinta de trabajo que venimos construyendo desde hace tres años, que, ideológicamente, se para en la vereda de enfrente de las sucesivas gestiones de la facultad. A diferencia del profesional al servicio del mercado, que propone e impulsan las políticas de la FAU, desde Arqcom se construye un profesional que lleva adelante una arquitectura con el pueblo. En el último año, la organización creció en trabajo y en participación, siendo hoy más de 100 personas las que desarrollan las actividades, atendiendo a más de 150 familias en la búsqueda de respuestas para su mejora habitacional. Este impulso que tomó nuestra organización, sólo ha encontrado trabas al desarrollo del trabajo por parte de la gestión de la FAU. Este no es un hecho aislado, como ya lo dijimos, sino que se enmarca en un serie de medidas que la nueva gestión llevo adelante desde mayo de este año.
II.- CRONOLOGIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS LLEVADOS A CABO POR LA ORGANIZACIÓN Y EL CORRELATO DE LOS ACTOS EMPREMDIDOS POR LA FAU.
- Primer pedido de aula para el comienzo del Taller, de 9.00 a 13.00hs
- 26 de Abril: Comienzo del taller en el Aula 4
- 20 de Mayo: Pedido de aula con mayor capacidad, de 9.00 a 13.00hs
- 23 de Mayo: confirman pedido de aula, nos otorgan el aula 14
- Desarrollo del taller en el aula 14
- 4 de Junio: Pedido de extensión del tiempo de ocupación del aula, de 9.00 a 17.00hs
- 5 de Junio: Rechazo del pedido de mayor tiempo del aula
- 7 de Junio: Desarrollamos el Taller en el aula 14 hasta las 17.00hs
- 14 de Junio: Desarrollo de Taller en el aula 14, a las 13.00hs se produce discusión entre compañero y el trabajador de ordenanza a cargo por el pedido de desocupar el aula. Entre los compañeros de la organización se decide quedarse en el aula y continuar las actividades hasta las 17.00hs. Este mismo día se desarrollaron actividades de la Maestría de Ciencias del Territorio hasta las 20.30hs en el aula 19 de posgrado.
- 16 de Junio: Se lo convoca al Director del Proyecto de Extensión a una reunión con el vicedecano Gustavo Páez, sin comunicar los motivos de la misma
- 17 de Junio: El Director del proyecto acude a la reunión y se encuentran en la misma: el Decano Fernando Gandolfi, la Secretaria de Extensión Cecilia Giuso, y, la Prosecretaría Académica María Isabel Dipirro. En donde se lo incrimina, por ser el responsable de lo sucedido el sábado 14 de junio, acusando una denuncia del trabajador de ordenanza por agresión. Toda esta situación se da en el marco del Concurso para siete (7) Mayores Dedicaciones en Extensión Universitaria donde el Director del proyecto participa. 21 de Junio: se desarrollan las actividades en el aula 14 de 9.00 a 13.00hs
- 19 de Junio: el Director del Proyecto de Extensión acude a la Secretaria de extensión para solicitar la nota presentada por el personal no-docente, sobre la supuesta agresión, con el objetivo de tomar vista de la denuncia y poder de esa forma aclarar el hecho, y realizar el descargo correspondiente. La Secretaria de extensión no tenía la nota, se lo deriva a la Prosecretaría Académica quien tampoco tenía la nota y el director debe acudir al Decano quien informa que esa nota es interna de la FAU, negándole de esta forma la copia al Director del Proyecto.
- 21 de Junio: mientras los compañeros se acomodaban para retirarse a las 13:00hs, el no-docente apaga las luces y realiza ruidos con las llaves en tono desafiante. Las actividades en el aula 14 ese día se desarrollaron de 9.00 a 13.00hs.
- 28 de Junio: se desarrolla el Taller en el aula 14 de 9.00 a 13.00hs, donde a las 13.00hs puntual el no-docente ingresó al aula a apagar las luces y a decirnos que nos teníamos que ir inmediatamente. Algunos compañeros se quedaron desarrollando actividades en el 2do patio de la FAU, y al querer salir, a las 16.00hs, no se le quiso abrir la puerta de la Calle 48, la cual ya estaba cerrada con candado. Este día también se desarrolló la Maestría de Ciencias del Territorio en las aulas de posgrado hasta las 15.00hs.
Desde mediados de 2013 parte de las actividades de Arqcom se constituyen como parte de un Proyecto de extensión universitaria acreditado y subsidiado en la convocatoria extraordinaria que se realizó luego de las inundaciones. Esto buscaba dar marco institucional y poder acceder al pedido de espacios, herramientas y recursos administrativos para realizar las actividades. Previo a esto, a la organización se le negaba el pedido de aulas, teniendo que desarrollar sus actividades en el patio de la FAU. A pesar de ser una organización constituida por estudiantes, graduados y docentes de la Facultad, que impulsa acciones que abren la universidad al pueblo, desde la misma Facultad se le dificulta las posibilidades de desarrollo y crecimiento. Entendemos que esto es por la clara oposición de nuestro proyecto respecto a las políticas de las gestiones de la FAU de los últimos años.
III.- CUESTION PREVIA:
Este proceso de “encierro” se hace posible a través del desarrollo del andamiaje de precarización de los trabajadores contratados que, por la inseguridad que le genera su condición contractual responden a las presiones de las autoridades de la FAU, quienes los intentan poner en el lugar de fuerza de choque, de quien hace el trabajo sucio para ellos, llevando estas tareas por miedo a perder su trabajo. Queremos dejar asentado nuestro más enérgico repudio a esta lógica de funcionamiento impropia en una institución que pregona libertad y democracia. Interpretamos que el trabajador que llevó adelante esta medida no es responsable de lo sucedido, sino que, como él lo expresó ante el oficial de policía que concurrió al lugar “seguía órdenes”. También queremos poner en aviso que defenderemos su puesto de trabajo ante quien sea. Exigimos y exigiremos siempre el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados y que se elimine la precarización laboral de la Universidad.
IV.- LA POLITICA QUE ASUME LA FACULTAD DE ARQUITECTURA FRENTE A ARQCOM COMO PROYECTO DE EXTENSION LIGADO A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.
Nuestra denuncia tiene por objetivo poner sobre la mesa el debate que se está dando en nuestra facultad y exigir que proyectos como el nuestro puedan tener espacios y herramientas para facilitar su desarrollo. Anclamos nuestro pedido en las exigencias que hace nuestro pueblo y que nuestra organización da respuesta, nos anclamos en el estatuto de la universidad que plantea la necesidad de que los conocimientos y profesionales den respuestas a las necesidades del pueblo. “Una Universidad cerrada sobre sí misma, divorciada de los intereses de la sociedad, pierde de vista su esencia.” [3]
Este proceso pone en crisis la política de extensión que es llevada adelante. Los problemas habitacionales del pueblo son cada vez más críticos, y la estructura que propone la universidad resulta acotada y limitada, en recursos y en ideas. Se requiere una extensión que coordine esfuerzos, que gestione recursos, que capacite recursos humanos, un actor dinámico en el proceso de cambio, no estancado y con estructuras históricas, que no supieron nunca introducirse como un factor determinante en los procesos y luchas del pueblo. La conformación de organizaciones y grupos como el nuestro se hace necesario en este contexto, y es la Universidad Pública quien tiene que respaldar su trabajo, ya que por medio de él enriquece la relación con el pueblo, llevando a la par una revisión y reelaboración de sus políticas de extensión y vinculación con la sociedad, que es quien le da sustento. En consonancia con ello La Observación General N° 13 del PIDESC (derecho a la educación), menciona como pauta rectora a la Adaptabilidad…“La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”.
Otrora debemos señalar y recordar a las autoridades de la UNLP y la FAU que nuestra denuncia encuentra fundamento en la legislación nacional e internacional que regula la materia. Especialmente en la normativa internacional de los derechos humanos, en la O.G N° 13 precitada que en su apartado XVI. Libertad académica y autonomía de las instituciones dice:… “sólo se puede disfrutar del derecho a la educación si va acompañado de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos... según la experiencia del Comité, el cuerpo docente y los alumnos de enseñanza superior son especialmente vulnerables a las presiones políticas y de otro tipo que ponen en peligro la libertad académica. El Comité desea hacer hincapié en que el cuerpo docente y los alumnos de todo el sector de la educación tienen derecho a la libertad académica y muchas de las siguientes observaciones son, pues, de aplicación general.
39. Los miembros de la comunidad académica son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o los escritos. La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio. El disfrute de la libertad académica conlleva obligaciones, como el deber de respetar la libertad académica de los demás, velar por la discusión ecuánime de las opiniones contrarias y tratar a todos sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos.
40. Para el disfrute de la libertad académica es imprescindible la autonomía de las instituciones de enseñanza superior. La autonomía es el grado de autogobierno necesario para que sean eficaces las decisiones adoptadas por las instituciones de enseñanza superior con respecto a su labor académica, normas, gestión y actividades conexas. Ahora bien, el autogobierno debe ser compatible con los sistemas de fiscalización pública, especialmente en lo que respecta a la financiación estatal. Habida cuenta de las considerables inversiones públicas destinadas a la enseñanza superior, es preciso llegar a un equilibrio correcto entre la autonomía institucional y la obligación de rendir cuentas. Si bien no hay un único modelo, las disposiciones institucionales han de ser razonables, justas y equitativas y, en la medida de lo posible, transparentes y participativas”.
En el mismo orden de ideas el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación ha dicho:..”La experiencia internacional demuestra que la adaptación a una población estudiantil cada vez más diversificada obliga a ofrecer diversos itinerarios de aprendizaje, incluso en disciplinas técnicas y profesionales. Los nuevos enfoques en materia de enseñanza y formación son esenciales para satisfacer la demanda de nuevas calificaciones que tiene una sociedad basada, cada vez más, en los conocimientos teóricos y prácticos”.
En este sentido, entendemos que la presidencia de la Universidad no puede permitir que estas violaciones a los derechos individuales se realicen en su Facultades, ni en ningún lado. Ponemos también en aviso que esta misma carta será enviada a la Defensoría del Pueblo y a distintos organismos de Derechos Humanos. Por último, creemos que la actitud de la Autoridades de la FAU, respecto a todos los puntos planteados, tiene y debe modificarse.
V.- DERECHO
Se fundamenta la presente:
- Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza.
-El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 13 y 14.
-Observación General N° 13 PIDESC.
-Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación.
- Carta Magna Art. 14 y 75 inc 22.
- Ley de educación Nacional N° 26.206.

VI.- PETITORIO:
Se solicita a la máxima autoridad de la Universidad Nacional De La Plata que intervenga con sus amplias facultades en el presente hecho, atendiendo a la gravedad de lo acontecido en virtud de la denuncia penal y de los actos llevados adelante por las autoridades de la FAU, a fin de brindar un manto de protección, y un marco de institucionalidad y abrir así un espacio de diálogo entre las partes.
C/C A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
C/C A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DE NACION Y PROVINCIA
 S / D
[1] Un trabajador contratado por la FAU, precarizado, ya que no pertenece a la planta estable No Docente
[2] Se adjunta copia de dicha exposición
[3] Fuente http://www.unlp.edu.ar/articulo/2008/4/10/extension_apertura_institucional

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