lunes, 11 de agosto de 2014

Cien años del Canal de Panamá: Situación y perspectivas

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

Hace cien años, cuando el vapor Ancón realizó el cruce inaugural del Canal de Panamá, el país era muy diferente al actual y, sin embargo, en lo esencial no ha habido muchos cambios. Parece contradictorio, pero según Hegel, la contradicción es la esencia de las cosas.

Panamá era un país recién creado, en 1914. Rural tanto productiva como demográficamente, con una significativa parte de su población acabada de llegar como zapadores del canal. Con un gobierno atenazado entre la voluntad soberana de un presidente (Belisario Porrras) que quería fundar una institucionalidad auténticamente nacional y la constante intromisión de las autoridades de la Zona del Canal, garantes del protectorado (colonia) en la que nos habíamos convertido gracias a la separación de Colombia tutelada por el imperialismo norteamericano y el subsecuente Tratado Hay Bunau Varilla.

Era un país dislocado. Por un lado, el principal recurso económico, la posición geográfica y su derivado el canal, controlado por una potencia extranjera para su beneficio económico, político y militar; por otro lado, el resto del país, el “interior” (que empezaba cruzando el límite de “ la Zona ”) desarticulado económica, cultural y administrativamente de ese recurso del cual no recibía más que algunas migajas muy indirectas (los salarios de los empleados de la vía acuática que se gastaban “del lado de acá”).

Para estudiar el caso de Panamá, Guillermo Castro recurre al concepto de “civilizaciones hidráulicas” de Wittfogel, las cuales se caracterizan por el manejo del recurso agua (para la agricultura en gran escala, como las antiguas civilizaciones egipcia, mesopotámica, azteca, etc.), combinando desarrollos tecnológicos con una administración despótica de ese recurso. En el caso panameño, el recurso agua (principalmente del río Chagres) fue estructurado en una civilización hidráulica puesta al servicio del transporte intermarítimo, mediante una forma de gestión autoritaria con la forma de enclave colonial impuesta por el ejército de los Estados Unidos de América. Esa forma de gestión del recurso y de organización social, se ha descrito en Panamá bajo el concepto de “transitismo” (Castro, 2007).

Por “transitismo”, categoría creada por Alfredo Castillero C., se entiende el monopolio del tránsito por una potencia extranjera, que supedita al resto del país a los intereses de esa zona de tránsito como proveedor de recursos naturales y mano de obra barata, sacrificando el “desarrollo” económico del conjunto. Canal que puede subsistir sin el país, y país que no puede existir sin el canal, a decir de Guillermo Castro.

Ese dislocamiento entre una zona de tránsito hipertrofiada respecto a un “interior” subdesarrollado, esa desigualdad social y económica, constituyó el combustible de los movimientos sociales del siglo XX, de las grandes conmociones políticas y de las demandas por soberanía y la exigencia de acabar con el enclave colonial de “la zona”. Por supuesto, en esa lucha las clases populares pusieron el sacrificio y el heroísmo, del cual el 9 de Enero del 64 es la mejor expresión, pero la clase dominante de los especuladores y comerciantes ha pretendido cosechar los beneficios.

Esa lucha popular por la soberanía cuajó en los Tratados Torrijos Carter de 1977, que es la base a partir de la cual se estructura la relación del canal con el país, y del país con Estados Unidos en la actualidad. Lo diferente respecto a hace cien años es la desaparición del enclave de la Zona del Canal y sus bases militares, la integración del territorio bajo “una sola bandera”, el aporte creciente de la vía acuática a la economía nacional.

Pero en el sentido descrito, cien años después el transitismo sigue siendo la forma específica de la formación social panameña. Eso no ha cambiado, pese a que nos hemos convertido en un país urbano en 80 a 90%, con más de la mitad de la población concentrada en área metropolitana (zona de tránsito), con una pujante economía capitalista dependiente, con el mayor crecimiento económico de América Latina en la última década, fundamentada en el comercio y los servicios financieros y comerciales, donde la agricultura representa apenas el 3% del PIB.

La diferencia estriba en que la administración despótica (antidemocrática) del recurso agua, a la que se refiere Guillermo Castro, ya no está en manos directas del enclave colonial norteamericano, el cual sigue controlando y fiscalizando por vías más sutiles (como los acuerdos de seguridad), y formalmente ha pasado a manos de la clase social criolla de comerciantes, especuladores inmobiliarias y financieros, tataranietos de aquellos comerciantes y especuladores que avalaron el Tratado Hay Bunau Varilla.

En la base de la sociedad ya no prevalece una mayoría de pequeños productores del campo que practican una agricultura de subsistencia, acompañada de unos pocos artesanos urbanos junto a una masa de asalariados de origen extranjero. Los asalariados se han convertido en la clase absolutamente mayoritaria, en una simbiosis étnica entre los inmigrantes antillanos e interioranos que huyen de la decadencia del campo.

Transitismo y su fundamento jurídico actual

La base jurídica sobre la que se estructura la nueva relación del canal con el resto del país está, primero en el propio Tratado Torrijos Carter de 1977, que permite la tutela solapada del imperialismo norteamericano a través de varios mecanismos, de los cuales el más importante es el llamado Pacto de Neutralidad, el cual, mediante sus enmiendas, establece el “derecho” de intervención militar norteamericana cuando, a su juicio unilateral se encuentre en peligro el “libre tránsito”. Pacto que nos coloca, como reconoció el general Omar Torrijos, “bajo el paraguas del Pentágono”.

El otro fundamento jurídico de la nueva relación del canal con el país es el Título XIV de la Constitución Política de la República de Panamá, “Sobre el Canal de Panamá”, introducido mediante reforma constitucional por la vía de dos asambleas legislativas en el año 1994, es decir, sin verdadero debate público ni referéndum.

El Título XIV crea la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que, de manera privativa administra el canal, sus actividades conexas y su cuenca hidrográfica (art. 316); establece su presupuesto de financiamiento anual que “no formará parte del Presupuesto General del Estado” (art. 320), es decir, como una “zona aparte”; en un “régimen laboral especial” (en que no se cumple el Código de Trabajo), que entre otras cosas prohíbe las huelgas (art. 322). Todas estas funciones son dirigidas por una Junta Directiva, que es la que nombra al Administrador y al Subadministrador.

El artículo 318 define la composición de la Junta Directiva de la ACP por once personas, nombradas así: un director que la preside, con calidad de ministro de estado nombrado por el Presidente de la República; un director nombrado por la Asamblea Nacional; nueve directores nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Gabinete y ratificados por el Órgano Legislativo, nombrados en grupos de 3 cada 3 años. Es decir, la Junta Directiva está compuesta por personas que han sido nombradas por el rejuego político de presidentes y partidos.

¿Algún miembro de la Junta Directiva es nombrado por los representantes del movimiento obrero organizado? No. ¿Alguno ha sido designado por los profesionales organizados en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA)? No. ¿Alguno por las universidades? No. Alguno representa a nuestras comunidades campesinas e indígenas? Tampoco. ¿Cuántos panameños conocen a los integrantes de la Junta Directiva de la ACP? Casi nadie.

Una consulta a la web de la ACP muestra que, de los once miembros de la Junta Directiva de la ACP en 2014, ocho han sido nombrados por el presidente Ricardo Martinelli y tres por el ex presidente Martín Torrijos. Todos, salvo uno, son empresarios altamente conocidos vinculados al negocio de construcción e inmobiliario. El concepto empresario se queda corto, porque en realidad ellos pertenecen a la elite de los negocios del país.

Algunos sectores han empezado a plantear que es necesario modificar tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica que crea la Autoridad del Canal para que el pueblo panameño, quien puso el pecho a las balas del imperialismo norteamericano en luchas como la del 9 de Enero de 1964, pueda disponer de su administración, su Junta Directiva, su presupuesto, bajo la custodia real de la nación y sus representantes.

El cuestionado proyecto de ampliación del canal

En 2006, la Junta Directiva de la ACP, encabezada por el entonces administrador Alberto Alemán Zubieta, el gobierno del presidente Martín Torrijos y la mayor parte de los partidos con representación en la Asamblea Nacional, propusieron al país iniciar la construcción del tercer juego de esclusas que había sido considerado por los norteamericanos desde la década del 40 y que había sido dejado de lado. Se presentó un proyecto con un costo aproximado de B/.5.200 millones, que debía inaugurarse justo al cumplirse los cien años de funcionamiento del canal. El objetivo expresado era el de dar cabida en el canal a los buques postpanamax a la vez que acelerar el tránsito creciente del comercio mundial por el Istmo.

En seguida la sociedad panameña se escindió en un gran debate respecto a si era oportuna o no la propuesta de ampliación del canal, como se ha llamado a la construcción del tercer juego de esclusas. Como el tema se sometió a referéndum, obedeciendo lo establecido por la Constitución Política de 1972, la opinión pública se polarizó en dos bloques: el Frente por el Sí y el Frente por el NO.

El Frente por el No, compuesto por organizaciones como Frenadeso, Fuerza Política Alternativa y el Movimiento Popular Unificado, se opuso al proyecto de ampliación presentado señalando: 1. Que era un proyecto sostenido sobre argumentos falsos, como que el canal estaba "obsoleto"; 2. Tenía debilidades en sus proyecciones financieras y los costos terminarían siendo superiores a los proyectados; 3. Que se desviaban recursos multimillonarios que deberían usarse para saldar la deuda social con el pueblo panameño, que sí luchó por la soberanía.

El resultado del referendo fue ambiguo aunque fue interpretado por el gobierno y las autoridades como un aval a la ampliación, pues se abstuvo de votar el 70% de los electores y, de los que votaron, el 40% lo hizo por el NO.

En 2009, cuando la ACP adjudicó la obra al consorcio "Grupo Unidos por el Canal" (GUPC), compuesto por cuatro empresas, surgieron nuevas críticas que fueron desechadas por la ACP y el gobierno. Principalmente se señaló que Sacyr, la empresa española líder del consorcio GUPC, era una empresa que ya estaba tocada por la crisis inmobiliaria española y que existía un conflicto de intereses porque la empresa panameña CUSA (parte de GUPC) pertenece a la familia del entonces administrador Alberto Alemán Zubieta.

La obra se desarrolló con aparente normalidad hasta que Sacyr anunciara que el 20 de enero de 2014 se cumpliría el plazo impuesto por GUPC para suspender las obras de la ampliación del Canal de Panamá si la ACP no se comprometía a pagarles 1.600 millones de dólares de sobrecostos, equivalentes al 50% de lo pactado originalmente. Según el nuevo administrador del canal, Jorge Quijano el problema de Sacyr es que se encontraba "sin flujo de caja", "sin liquidez", es decir, descapitalizada.

Esto dio paso a una nueva ola de cuestionamientos: ¿Cómo era posible Si la ACP le ha adelantado 2.831 millones de dólares de los 3.118 millones pactados en el contrato de 2009? GUPC había recibido a enero de 2014, el 76.4% de los fondos comprometidos, pero sólo había garantizado el 65% de las obras en la nuevas esclusas. Aún así, GUPC debía a subcontratistas, al menos, 238 millones de dólares.

La crisis se saldó provisionalmente con un acuerdo cuyas partes medulares permanecen en secreto, al igual que el contrato original y sus adendas. De lo que el público conoce, a parte de que la ACP debió adelantar algunos millones más para saldar la crisis de liquidez del consorcio, queda claro que GUPC no ha renunciado a recurrir a tribunales internacionales en demanda de sus pretendidos sobrecostos.

La soberanía sí se come

Pese a todas las controversias respecto a las formas más sutiles, pero no menos efectivas, de la tutela del imperialismo norteamericano sobre el país; pese a todos los debates que ha generado la forma administrativa que ha adoptado la ACP en el título XIV de la Constitución y en la ley orgánica; pese a las diferencias respecto al tema de la ampliación del canal; en lo que sí hay acuerdo entre los panameños y panameñas de todos los espectros es en los efectos positivos de la reversión del canal sobre el conjunto del país y su economía. Se han acallado las voces reaccionarias que se oponían a la retirada de los norteamericanos alegando que “la soberanía no se come”, pues se ha demostrado lo contrario.

Al momento de conmemorarse el primer siglo de funcionamiento del Canal de Panamá el país vive bajo el signo de un boom económico sustentado, por un lado, en la especulación inmobiliaria, por otro, en el alto endeudamiento público para financiar grandes obras públicas, como la propia ampliación del canal o la construcción del metro y la mejora del sistema vial. Esta prosperidad relativa, encuentra gran parte de su fundamento en la reversión del canal en el año 2000 al estado panameño. El canal, en particular a partir de 2007 ha entregado miles de millones al erario que han servido para catapultar las inversiones públicas, a la vez que, aunque no se lo reconozca expresamente, sirve de garante en última instancia (de prenda) al rápido crecimiento del endeudamiento estatal.

Desde la reversión del canal en el año 2000 hasta 2013, su administración ha entregado entre aportes directos e indirectos más de B/. 7000 millones, sobre los 6000 millones desde 2007, cuando inició el proyecto de ampliación. Compárese esa cifra con los 1.877 millones de dólares aportados por el canal entre 1913 y 2000 cuando su administración estaba bajo custodia del gobierno de Estados Unidos de América (ACP, 2013: 67-68).

La relación desigual impuesta por el enclave colonial era todavía peor, ya que la mayor parte los mil ochocientos dólares que entraron al erario panameño fueron posteriores a la firma de los Tratados Torrijos Carter de 1977. Entre 1914 y 1970 Panamá sólo había recibido de las operaciones del canal 67 millones de dólares, mientras que la armada de los Estados Unidos, gracias a los peajes no pagados, obtuvo ahorros superiores a los 20000 millones de dólares (Beluche, 1994: 16-17).

Tan sólo en 2013, el aporte representó 981,8 millones de balboas, representando el 6% del PIB. De ese total, B/. 610,5 millones corresponden a excedentes de operación y B/. 371,2 millones corresponden a derechos por toneladas netas. Otros aportes indirectos (que incluyen salarios, impuestos y compras, entre otros rubros) suman otros B/. 1.755,1 millones ese año (ACP, 2013: 69).

Según la propia ACP, al momento de conmemorarse el centenario del Canal de Panamá, laboran en la vía 10.098 trabajadores (98% panameños). La ampliación genera otros 32.000 empleos directos e indirectos. La ACP declara poseer activos por B/. 9.429 millones, que generaron ingresos en 2013 por B/. 2.411,3 millones contra gastos de operación de B/. 733,8 millones para generar una utilidad neta de B/. 1.213 millones (50 centavos por cada balboa de ingreso) (ACP, 2013: 69-74).

Perspectivas

El problema de fondo, en este momento preciso de nuestra historia, es que la administración de la Autoridad del Canal de Panamá, y de la burguesía panameña, se resisten a una integración de la vía acuática que resuelva los desequilibrios sociales y ambientales que hemos heredado del enclave norteamericano. De hecho la ACP sigue funcionando como un enclave, sin soldados norteamericanos, y el transitismo sigue siendo el mal que agobia la producción de los medios de vida, y la vida misma, del pueblo panameño.

El agua entre los mares, de Guillermo Castro Herrera, da cuenta de cómo la política de la ACP y sus decisiones al margen de la sociedad panameña, es la que ha inaugurado a partir de los años 90 la resistencia de las comunidades campesinas panameñas y los sectores populares contra las formas de apropiación de la naturaleza, los ríos, los embalses e hidroeléctricas puestos en función de intereses oligárquicos, extranjeros y del transitismo. Esa creciente conflictividad social, generada por la persistencia del esquema transistista, amenaza la existencia misma del tránsito interoceánico, nos advierte G. Castro.

De ahí la necesidad urgente de que los sectores sociales emergentes, movimiento obreros y populares, construyamos una nueva propuesta de país en el que la zona de tránsito y el canal estén en función del desarrollo sostenible de la colectividad panameña. Desde nuestro punto de vista, esa propuesta tiene forzosamente que expresarse como proyecto político alternativo, popular, antioligárquico y antineoliberal.

Para hacer realidad lo sostenido por Federico Engels, citado en uno de los epígrafes del libro: “Sólo una organización consciente de la producción social, en la que se produzca y distribuya con arreglo a un plan, podrá elevar a los hombres, en el campo de las relaciones sociales, sobre el resto del mundo animal en la misma medida que la producción en general lo ha hecho con arreglo a la especie humana. Y el desarrollo histórico hace que semejante organización sea cada día más inexcusable y, al mismo tiempo, más posible” (Engels, 1961: 16-17).

La crisis que padece la sociedad humana en el siglo XXI, más que una crisis ambiental es una crisis social, que sólo puede resolverse por la vía política, que transforme la relaciones sociales capitalistas imperantes para que, transformando a la sociedad, pueda salvar a la naturaleza, superando la irracionalidad de la producción basada en la búsqueda desmedida la ganancia, dando lugar a formas más armoniosas de relación entre el sistema social y el sistema natural.

Referencias:
- Autoridad del canal de Panamá-ACP. Informe anual 2013. http: www.micanaldepanama.com/nosotros/sobre-la-acp/rendicion-de-cuentas/presupuesto-y-proyectos/informes-anuales/
- Beluche, Olmedo. Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990). Impresos Tavial, S.A. Panamá, 1994.
- Castro H., Guillermo. El agua entre los mares. Editorial Ciudad del Saber. Panamá, octubre de 2007.
- Engels, Federico. Dialéctica de la naturaleza. Editorial grijalbo, S.A. México, D.F. 1961.
- Pérez Morales, Carlos. El Canal de Panamá: Geopolítica y hegemonía de Estados Unidos hacia Panamá a partir de los Tratados Torrijos-Carter. Editorial Universitaria “Carlos Manuel Gasteazoro”. Panamá, 2011.

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Las perspectivas para la paz en Colombia

Juan Diego García (especial para ARGENPRESS.info)

Santos ha iniciado su segunda administración rodeado de la comunidad internacional y con un respaldo cada vez mayor de la población a su plan de paz con la insurgencia. En su toma de posesión el pasado 7 de agosto además de reafirmar su propósito de continuar los diálogos en La Habana el presidente prometió un ambicioso plan de inversiones en educación y medidas destinadas a combatir la pobreza en un país que ostenta el nada honroso título del más desigual del continente (además del más violento).

Con las cautelas que merecen este tipo de promesas el reto de superar la vergonzosa situación de la educación en el país (certificada recientemente casi en el último lugar de la región) debe ser reconocido al nuevo mandatario. Que asegure para la educación un presupuesto mayor que el destinado a la guerra es ciertamente una medida audaz frente a la que aún no han reaccionado los militares que seguramente exigirán que de su presupuesto no se haga la menor disminución, sobre todo porque el gobierno mantiene las hostilidades mientras se conversa con la guerrilla, una decisión absurda y peligrosa que ya cuestionan muchas voces sensatas en el país.

Las promesas de mejora del nivel de vida de la población se armonizan poco (por no decir que nada) con la actual estrategia económica que Santos mantiene intacta. En el mejor de los casos, ese modelo de inspiración neoliberal y de vocación claramente librecambista solo deja espacios menores para practicar algún tipo de demagogia populista, entregando pequeñas dádivas a los sectores más pobres casi siempre a expensas de los obreros y las denominadas “clases medias” (que entonces se presentan oficialmente como “privilegiados” que tienen empleo, devengan un salario y sobreviven, y que en consecuencia deben sacrificarse por los “más necesitados”).

Es obvia la intención de asegurar mediante medidas populistas y demagógicas un electorado cautivo para el gobierno. No importa si esas medidas solo compran el voto de porcentajes pequeños de la población puesto que a las urnas solo acude siempre menos de la mitad del censo electoral. El sistema electoral está diseñado con este propósito. Se puede entonces hacer demagogia a precios muy asequibles sin el temor de que una fuerza política opositora logre movilizar a la masa abstencionista en contra del sistema.

El actual modelo neoliberal no promueve forma alguna de distribución de la riqueza en busca de equilibrios sociales y políticos que permitan la gestión del descontento. Para contener las protestas ya están la policía, los militares y los jueces. Pero una estrategia económica que no tiene como objetivo el bienestar de las mayorías (por el contrario, aumenta las desigualdades) y que se basa en las exportaciones de materias primas, artículos de poco valor agregado y mano de obra barata para los mercados metropolitanos tiene un talón de Aquiles ya muy conocido: depende de manera esencial de los vaivenes de la demanda externa, algo que en el pasado mostró su enorme limitación como condición para financiar el desarrollo.

En efecto, nadie puede garantizar que duren bastante los actuales altos precios de las materias primas que el país exporta (con la excepción del oro, probablemente); por su parte, las mercancías elaboradas apenas pueden competir con los baratos productos chinos en el mercado mundial (y menos en el propio) y la remesa de divisas que envían los emigrados disminuye en la medida en que ya se produce -fruto de la crisis mundial- un retorno masivo (el desempleo en las economías centrales golpea primero a este colectivo de inmigrantes ante que a cualquier otro).

No deben descartarse sin embargo medidas que aunque no mejoren lo fundamental del problema si ofrecen ciertos márgenes de acción al nuevo mandatario. Su apuesta por la “tercera vía” como solución a los males del neoliberalismo suena bien aunque no es más que una versión edulcorada de éste cuyos resultados han sido poco menos que catastróficos. Basta con recordar qué ocurrió con los partidos que han aplicado este “social-liberalismo” de la “tercera vía”: todos sin excepción cayeron en el descrédito, perdieron las elecciones y vieron como sus partidos se convertían en fuerzas secundarias desplazadas por nuevos partidos de izquierda, o peor aún, por fuerzas de la derecha más extrema.

No menores son los retos que Santos debe superar en el camino hacia la paz. El nuevo presidente tiene como respaldo a una clase dominante que oscila entre los apoyos de ciertos sectores y la abierta oposición de otros (los vinculados al campo, sobre todo). Seguramente esto explica las indecisiones de Santos, su lenguaje ambivalente intentado satisfacer a todos y su permanente mensaje a la clase dominante y a sus aliados extranjeros garantizando que un posible acuerdo de paz no afectará el actual orden económico, social y político en absoluto.

El Estado (su principal instrumento de gestión política) apenas garantiza a Santos un apoyo eficaz. El desprestigio de políticos e instituciones es hoy mayor que nunca antes. Los respaldos parlamentarios al nuevo presidente -en apariencia mayoritarios- pueden cambiar de signo con gran facilidad. Además, con un estado raquítico, ineficaz y afectado de corrupción y politiquería (sobre todo en sus niveles medios y altos) Santos tendrá grandes problemas para cumplir cualquiera de las tres grandes promesas de su discurso de posesión.

Y quedan los cuarteles que o se oponen abiertamente a los diálogos de La Habana o lo hacen de forma indirecta (militares en la reserva, políticos de la extrema derecha, creadores/manipuladores de opinión, etc.). Para alcanzar la paz a Santos le queda sin duda el respaldo mayoritario de la población, un respaldo que ya lo llevó a la presidencia y que es sin duda la mayor garantía ante los inciertos acontecimientos que se avecinan. Será la fuerza de la movilización popular la que imponga la feliz culminación de los diálogos con la insurgencia cuando a Santos le tiemble la mano para firmar los acuerdos que abren el camino de la paz o cuando -porque lo quiere o se lo imponen- intente abandonar la mesa de conversaciones.

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Los salarios y el empleo en la discusión por la apropiación de la renta nacional

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Los anuncios gubernamentales en nuevos planes para sostener el empleo y apoyar (subsidiar) a empresas es una señal de los tiempos recesivos que se viven. (1)

Se anunció el Plan Proemplear para intentar intervenir en la ocupación del empleo de jóvenes trabajadores. Es una iniciativa asociada a otras recientes como el plan Pro.Crear para retener a los jóvenes en la escolaridad.

También se acudió a relanzar el Repro, Programa de Recuperación Productiva, para contribuir a las empresas en dificultades con el sostenimiento de parte de los salarios. Es un programa que se difundió en la última recesión del 2009 y que ahora se reflota, dando cuenta de un problema económico y social.

Otros anuncios apuntaron a sostener la actividad económica ante la evidente desaceleración y baja de la producción.

La política pública, vía planes sociales, financiamiento o inversión trata de limitar las restricciones que impone la desaceleración de la economía local en un cuadro de crisis global.

Recesión y argumentos cruzados

Desde la CEPAL (2) se corrige el crecimiento de la Argentina para el 2014, desde un 1% proyectado en abril al 0,2%.

Se trata una referencia coherente con los pronósticos a la baja de toda la región, del 2,7% al 2,2% y de la economía mundial, que también reflejan los organismos internacionales.

Es una consecuencia directa de la continuidad de la crisis mundial del capitalismo.

Los datos de la CEPAL son coincidentes con el cuadro de desaceleración económica y recesión productiva que motiva estas políticas públicas para intentar disminuir el ritmo de la caída de la tasa de actividad y del empleo.

En rigor, es lo que ya conocen los trabajadores y muy especialmente en la industria del automotor y otros sectores industriales, los que sufren suspensiones y cesantías, y que ante las manifestaciones de protesta reciben una combinación de represiones físicas y socio laborales en la complicidad de la burocracia sindical tradicional con las patronales transnacionales.

Entre los argumentos que se esgrimen para la represión desde la Secretaría de Seguridad de la Nación, se privilegia en la contradicción de derechos, el referido a la circulación sobre el derecho al trabajo y las mejores condiciones de empleo y de vida.

Mientras, las burocracias reasumen un discurso macartista, patético en el mensaje discriminatorio del titular del SMATA contra las comisiones internas y los delegados de base y la solidaridad del sindicalismo clasista y la izquierda.

Las patronales, caso de la UIA, ejercen el chantaje del potencial aumento de las cesantías exigiendo al gobierno devaluaciones, las que afectan regresivamente el poder de compra del salario, y condiciones de política económica para sustentar inversiones y ganancias.

Resulta un cuadro de situación complejo para la defensa del empleo y el ingreso de los trabajadores. Existen anticipos de movilizaciones e incluso de paro nacional, con diferenciadas convicciones entre las centrales obreras.

Las centrales más cercanas al oficialismo resignaron sus convocatorias a protestas en demanda al aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias privilegiando la cuestión del empleo y la agenda gubernamental en la disputa por la deuda.

La realidad es preocupante y los propios datos publicitados oficialmente a fines del primer trimestre del 2014 señalan la existencia de 1.178.000 desocupados (7,1%) y 1.352.000 sub-ocupados (8,1%), entre los cuales son demandantes de empleo 927.000, y ya perdieron esperanza y por ende son no demandantes de empleo 425.000 personas.

Más del 15% de los trabajadores se encuentran entre desocupados y sub-ocupados.

A ello debemos adicionar que un tercio de los trabajadores se encuentran en situación irregular.

El Ministro de Trabajo adelantó una reducción del 0,3% en el empleo regular para el segundo trimestre del 2014, dando cuenta de uno de los fenómenos estructurales que dejó la ofensiva del capital sobre el trabajo en las últimas décadas.

Renta nacional en la discusión

La bonanza en la generación del empleo desde la crisis del 2001 parece haberse agotado hacia el 2008.

El fuerte retroceso del 2009 no permitió importantes recuperaciones del empleo pese al crecimiento económico del 2010 y 2011, y el bajo crecimiento posterior del PIB y la recesión en curso aleja posibilidades en el corto plazo, lo que anticipa conflictos sociales explícitos y disputas por la apropiación de la renta nacional.

Esa renta está disputada por las empresas que exigen políticas a favor del capital y su rentabilidad, sean los industriales, el sector agrario e incluso los bancos tenedores de bonos de la deuda.

Todos coinciden en apropiar renta vía devaluación cambiaria e incluso buscan formas de intervenir para que no se profundice el conflicto y la situación por la deuda impaga que reclaman bonistas diversos. Por eso las “acciones patrióticas” de los bancos privados de capital nacional y de varios extranjeros con fuertes tenencias de bonos argentinos en sus activos.

Queda claro que los trabajadores intentan frenar el impacto regresivo en su capacidad de compra y defienden el ingreso sin el total apoyo de las organizaciones sindicales, atrapadas en la lógica de la fidelidad a sus intereses asociados a las patronales y/o a los gobiernos. Esa es la razón de un prestigio que crece en el sindicalismo clasista que sustenta un programa anticapitalista y antiimperialista, entre ellos la CTA liderada por Pablo Micheli y un conjunto de cuerpos de delegados. Ambos fenómenos intentan articulaciones diversas en la representación sindical de los trabajadores, especialmente en el sector privado de la economía.

El gobierno también disputa la renta nacional, condicionado por los problemas fiscales y externos. En este plano verifica una tendencia a la merma del superávit, por reducción del saldo comercial y demora o postergación sine die de inversiones externas remisas o préstamos esquivos. Esto es producto de las crecientes dificultades por la situación en Estados Unidos ante la Justicia, los acreedores buitres y el propio gobierno en Washington.

Estados Unidos rechaza la demanda de la Argentina en La Haya y existen múltiples operativos locales y mundiales, especialmente de bancos tenedores de títulos argentinos, para resolver el entuerto de una deuda que requiere ser investigada previa suspensión de pagos. Ante las restricciones económicas suscitadas por la situación de conflicto relativo a la deuda, crece la demanda por una solución autónoma, de desconocimiento de la misma y la búsqueda de solidaridades regionales efectivas que desemboquen en una nueva arquitectura financiera.

Claro que la nueva arquitectura financiera no debiera repetir y reproducir las condiciones estructurales de subordinación a la dominación de las transnacionales, los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos rectores del sistema financiero y económico global. Unas condiciones alternativas en ese sentido son parte del desafío para la Argentina y la región en las condiciones actuales de crisis capitalista. El punto inicial de una estrategia en ese sentido se juega en la disputa por la renta nacional que despliegan los trabajadores como expresión de freno a la ofensiva del capital sobre el trabajo.

Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Notas:
1) “Hay que seguir apostando al país”, afirmó la Presidenta al anunciar medidas para incentivar la actividad económica. Casa Rosada. Presidencia de la Nación Argentina, Jueves, 07 de Agosto de 2014. En: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27791-hay-que-seguir-apostando-al-pais-afirmo-la-presidenta-al-anunciar-medidas-para-incentivar-la-actividad-economica (consultada el 9/8/2014)
2) CEPAL, en http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/5/53405/P53405.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/argentina/tpl/top-bottom.xsl (consultado el 9/8/2014)

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Andacollo Rebelde, La Heroica Huelga Minera

CARTAGO TV

Entrevista a los trabajadores de la minera Andacollo Gold SA en medio de la heroica huelga que puso en pie al pueblo minero, dejando un claro mensaje de humildad, valentía y coraje para los gobiernos cómplices y las transnacionales saqueadoras.









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Tirso Fiorotto: "Nosotros creemos que es incompatible la vida del entrerriano con la presencia de las multinacionales"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS (especial para ARGENPRESS.info)

El colega Tirso Fiorotto nos brinda una radiografía clara y precisa sobre el rol de los medios en Paraná, la economía y las migraciones entrerrianas modeladas por las transnacionaciones (por un lado); y la Junta Abya Yala por lo Pueblos Libres y sus principios artiguistas que resiste (por el otro). "O los entrerrianos o Walmart, Monsanto, Cargill", sentencia el autor de Si dijeras Gondwana.



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Matar el futuro

Alfredo Grande (APE)

Dedicado a Laura Carlotto y Luciano Arruga.

Abuelas- Madres de Plaza de Mayo... En torno a ellas, preguntas que no quieren callar. ¿Por qué, cómo, para qué las abuelas y las madres hoy, en este ensueño democrático apenas sacudido por pesadillas del terrorismo de estado insepulto? En esta Argentina de la obediencia debida, el punto final y el indulto-insulto, hay más preguntas que no quieren callar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué queremos hacer? Si hay una ética del deseo, ¿no habrá también una ética del deber? Si la institución militar pregona el valor para subordinarse, quizá sea necesario mucho más valor para insubordinarse.

(…) En el Plenario sobre Derechos Humanos del 1° Encuentro El Espacio Institucional , la Presidente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, preguntó al nutrido público mayoritariamente del área psi: "Dígannos ustedes, ¿qué tenemos que hacer?" Lamentablemente el área psi a veces es demasiado "como si" y algunas respuestas tardan mucho en llegar. Por supuesto, respuesta no significa receta. Pero cuando lo que está en juego es la vida y la muerte, abrir infinitamente los interrogantes es una forma especular de enfrentar la delirante certeza del totalitario. ¿Será la duda la jactancia de los intelectuales, como pregona un militar demócrata converso, notorio por su afán de pintarse la cara? Tampoco lancemos anatemas contra el pretendido carácter fascista del pueblo argentino. No porque yo piense que nunca se equivoca. Una cosa es la soberanía popular y otra la divinidad popular. Pero sí creo que no pueden enfrentarse las tendencias reaccionarias con democracias truchas. Pero la pregunta no quiere callar… ¿Qué hacer? La paradoja es que esta pregunta la formula una de las representantes de las organizaciones que más cosas han hecho en esta Argentina de dictadores, demócratas conversos y yuppies republicanos. Pienso que justamente por todo lo que han hecho, saben mejor que nadie todo lo que aún queda por hacer. Es la misma pregunta que leí en la conmovedora novela “Fontamara”. Su autor, Ignacio Silone, la pone en boca del autobiográfico protagonista: "después de tantas penas y tantos duelos, de tantas lágrimas y tantas calamidades , de tanta sangre, de tanto odio y de tanta desesperación..¿qué debemos hacer?

En el prólogo, Silone propone que cada uno tenga el derecho de relatar a su manera. Haré mío ese derecho. Y para ejercerlo, no utilizaré testimonios, relatos clínicos, historiales de las Abuelas- Madres producto de sus incansables búsquedas. Siempre recuerdo el recurso del abogado defensor del maestro acusado de enseñar la teoría de Darwin, durante la década del 30 en Estados Unidos. Acorralado por el jurado y el juez, absolutamente religiosos e intolerantes, militantes de un clericalismo fanático, propuso el único libro que no podía ser recusado: la Biblia.

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"Heredarás el viento" fue el texto dramático que inmortalizó ese combate entre la verdad y el dogma. No sé si pretendo imitarlo. Pero utilizaré una de las biblias modernas. Una película de ciencia-ficción, donde la abundancia de violencia y efectos espectaculares ha permitido su éxito mundial. Me refiero a la película TERMINATOR .Desde el análisis que les pienso proponer, la entiendo como un ejemplo de que toda producción artística, aún aquella que parece más alejada de consideraciones políticas, puede pensarse como retorno del inconsciente político y social que está reprimido de una forma mucho más profunda y radical que el inconsciente libidinal-sexual.

TERMINATOR es una máquina programada para la exterminación. Construida por otras máquinas que en un futuro no demasiado lejano, someten y esclavizan a los hombres sobrevivientes de un cataclismo nuclear. Reeditando los ancestrales combates entre los pequeños mamíferos y los colosales dinosaurios, los hombres comienzan a rebelarse. Son liderados por John Connor, que les enseña tácticas de combate que pueden controlar a las máquinas, para finalmente obstruir toda la capacidad ofensiva de los robots, anulando sus programas de ataque. El último recurso de las máquinas es enviar a un TERMINATOR al pasado, para destruir a la que será la madre de John, Sarah Connor. De esa forma, todos los sucesos dependientes de la presencia del lider no existirán, y las máquinas habrán triunfado. Sin embargo, utilizando por última vez la capacidad de un traslado temporal, el sargento Reese también regresa al pasado para proteger a la madre de John e intentar la eliminación del TERMINATOR.

Esta máquina es un ciborg. Tiene una apariencia humana para no ser descubierta, pero ejecuta implacablemente su programa de exterminio. Sin culpa, sin lástima, sin piedad, sin dudar. El TERMINATOR sabe perfectamente que hacer. Su única pregunta: ¿dónde está Sarah Connor?. Su única respuesta: exterminarla. El genocidio perfecto: matar al hijo antes de su concepción. La solución final antes que se presente cualquier problema inicial. El llamado Terrorismo de Estado me parece un siniestro ejemplo del TERMINATOR POLITICO, apariencias de hombres con y sin uniforme que encubren máquinas programadas para el exterminio.

El saber de la máquina es preciso: no es posible modificar la determinación histórica, porque los hombres siempre resistirán la opresión, siempre de una forma u otra buscarán la libertad, siempre lucharán con armas diversas (con la espada, con la pluma y la palabra, como se cantaba alguna vez) .Siempre encontrarán a los líderes para que los conduzcan a una victoria sin final, que como señalara Gregorio Baremblitt, no es lo mismo que una victoria final. Al no poder modificar la determinación histórica, entonces la máquina opta por la determinación biológica. La destrucción del cuerpo que engendrará otro cuerpo. El cuerpo de la madre y de su hijo futuro. TERMINATOR quiere destruir en la mujer Sarah, la futura madre de John. TERMINATOR sabe que tiene que destruir, aniquilar el último fundamento de la existencia, la inevitable unión entre los cuerpos de la mujer y el hombre, que engendrará al líder. La determinación biológica es aniquilada con la desaparición física. También por el hambre, las enfermedades, el abandono sistemático, la promiscuidad, las guerras. Chicos en la calle, chicos en la guerra.

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TERMINATOR no es ingenuo. Las políticas económicas tampoco. La sub-especie que originará el déficit proteico crónico, no será capaz siquiera de imaginar el ejercicio de derechos económicos y sociales. Enormes áreas geográficas serán remedos siniestros de la colonia Montes de Oca. Cadáveres psiquicos, oligofrénicos o psicóticos, serán el resultado final de estas políticas económicas, sofisticado garrote vil para el permanente ajuste. Para TERMINATOR, el problema es mas simple. Lo que es exterminado en el pasado, desaparecerá en el futuro. No habrá existido nunca, no habrá marca que delate su posible existencia. El TERMINATOR POLITICO no controla aún el pasado. Mas modesto, pero no menos salvaje, hace desaparecer en el presente la determinación biológica, los cuerpos, y la determinación histórica , es decir, la filiación.¿ Que hacer para enfrentar a la máquina asesina, de forma humana y programa antihumano? En primer lugar, no dudar con el diagnóstico: es una máquina de exterminio total. En segundo lugar, no dudar con el tratamiento: debe ser destruída.

Destruir al destructor. No olvidemos que liberar es, nada más y nada menos que reprimir al represor. Aborrezco los senderos luminosos, casi tanto como los caminos oscuros. Pero la destrucción que Terminator tiene programada no es solamente la física, aunque en ésa es especialista. Es también la de los valores fundantes de la humanidad. Es la amputación de las esperanzas, para entonces poder ofrecer cada vez mas ilusiones. Y alucinaciones. La amputación de la solidaridad, para poder manipular a los mancos del espanto, cuadripléjicos de toda moralidad. Cuando desaparece un cuerpo o una filiación, un universo de valores desaparece. Valores universales elaborados por los colectivos humanos en sus luchas históricas por justicia y dignidad.

Por eso TERMINATOR es toda la mentira. Y hay que oponerle, como tercer camino, toda la verdad. Que no es lo mismo que una gran verdad. Pero si es nada más que la verdad. Aunque no tenga remedio. La misma de Sacco y Vanzetti, que aún hoy se sigue contando. En cuarto lugar, la elaboración colectiva de la culpa. Es la única forma de discriminar históricamente entre la culpa que la máquina quiere inocularnos para lograr nuestra parálisis y anestesia (como modernos ejemplos de histerias políticas), del legítimo remordimiento que podemos sentir cuando logramos destruir un TERMINATOR. Resistir a la opresión no es lo mismo que oprimir. Y aquellos que no han sido programados para el exterminio del semejante, no pueden evitar sentir cierta desazón, que Freud denomina remordimiento, aunque hayan realizado el acto letal en defensa propia. Este remordimiento es indicador de la agresión realizada efectivamente, y que fue necesaria para impedir nuestra desaparición y muerte. Pero la culpa, como Freud enseña, caracteriza más al santo que al pecador. Su origen es agresión vuelta contra el sujeto y un reaseguro inesperado del TERMINATOR. Por eso el programa de culpabilización debe ser enfrentado sin ningún titubeo. Sin jactancia. Pero también sin duda.

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La máquina de exterminio dirá :"por algo será". Le respondemos: "no es por algo; es por todo; por todo lo que es y tiene que ser". La máquina dirá: "el silencio es salud". Le respondemos: "tu silencio es salud, porque hablas con la mentira; mis palabras son salud, porque buscan una verdad". La maquina dirá : "en algo andará". Le respondemos: "andará y seguirá andando, haciendo camino al andar". La máquina dirá:: "no te metás". Le contestaremos: "ya estoy metido, metido hasta el cuello, lo único que me queda es averiguar es como salir" Y cuando la máquina cumpla con su programa de eliminación física de los cuerpos, convocaremos a especialistas, que desde el fundamento último de la vida, los genes, recuperarán la determinación biológica. Y cuando la máquina complete su programa genocida destruyendo la filiación, convocaremos a juristas y psicólogos que recuperarán la determinación histórica.

Pienso que en el imaginario social, las Madres-Abuelas de Plaza de Mayo son las organizaciones que por sus enunciados de verdad, pueden enfrentar a la máquina de exterminio. Son garantes fundantes, no simbólicos, de la continuidad biológica e histórica. No siempre obtienen lo que están buscando. Pero como dice Antonio Porchia en "Voces": "aunque obtuviese el bien que no merezco, no podría vivirlo; el bien que merezco, podría vivirlo, aunque no lo obtuviese." Pienso que es mucho el bien que merecen, y en ese bien estamos implicados. Desde nuestra ética, desde nuestra ideología, desde nuestra estética, desde nuestra poesía. Quizá alguna vez debamos plantearnos como constituirnos en garantes simbólicos de lo que las madres-abuelas garantizan desde sus propios cuerpos. Tema para un debate posterior pero que solo podrá ser concretado si Sarah Connor logra que TERMINATOR no extermine su hijo futuro. El programa de exterminación es también de extinción de instituciones, al modo de una selección cultural mucho más despiadada que la natural.

La institución de la solidaridad, de la democracia, de la justicia están dentro del programa de exterminio de los TERMINATOR MILITARES y POLITICOS . Algunos han decretado ya la desaparición de la institución de la historia y de la revolución. Entonces, la locura de la Plaza de Mayo será la única forma lúcida de vivir. No habrá por lo tanto solo la pregunta de ¿qué hacer? Los quehaceres que esperan son infinitos, aunque el fundante es aquel que hace 15 años se hizo alrededor de la pirámide de la plaza. Oponer al programa de exterminio de las máquinas genocidas el programa de amor de los colectivos solidarios, autogestivos, valientes y absolutamente convencidos de la legitimidad del reclamo y la legalidad de la lucha.

Lo que yo quiero hacer ahora es decirles a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo- en este décimo quinto cumpleaños de justicia, palabras que hoy me presta Mario Benedetti:

"Pero hagamos un trato; yo quiero contar con usted; es tan lindo, saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede, contar conmigo."

(*) Trabajo presentado en el Seminario Internacional "Identidad, filiación, restitución". Organizado por Abuelas de Plaza de Mayo (1992).

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CLV): “Censurado”

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS. info)

En los primeros días de marzo de 1974 llamaba, todos los días, a la Secretaria de Prensa de la Presidencia para saber si se mantenía en pie el ofrecimiento, que me había efectuado Emilio Abras, su titular, de realizar una entrevista concertada, ante las cámaras de televisión del canal oficial, al Presidente; conjuntamente con el director de “LA OPINIÓN”, Jacobo Timerman.

La respuesta era siempre la misma: “estamos ajustando los detalles”.

Entendíamos que esta propuesta dejaba de lado o desmentía el rumor, qué circulaba en las redacciones de diferente diarios, de que el Poder Ejecutivo estaba estudiando la posibilidad de clausurar por decreto nuestro vespertino.

En ese momento formábamos parte de un universo de publicaciones relacionadas con el Frente Antimperialista y por el Socialismo, entre las que se contaban “Nuevo Hombre” dirigida por Rodolfo Mattarollo y la revista “Posición”, que se editaba en Córdoba.

Asimismo, manteníamos estrechos vínculos con la publicación, que magistralmente dirigían Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, “Militancia”, que reflejaba las posiciones de quiénes planteaban una alternativa independiente, en el seno del peronismo revolucionario, y una vinculación estrecha con la izquierda guevarista y los cristianos tercermundistas.

Por otra parte, luego de la intervención a la provincia de Córdoba dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, avalando tácitamente el golpe policial que desplazara de la casa de gobierno a Ricardo Obregón Cano y Atilio Lopez, desconociendo el voto popular mayoritario; no nos quedaba ninguna duda sobre el rumbo que adoptaba el “General” y sus compromisos con la burocracia sindical y la fracción burguesa del Movimiento.

De cualquier forma entendíamos que teníamos que enfrentar todas las políticas que supusieran recortar las libertades democráticas y, al mismo tiempo, denunciar la actividad de las bandas paraestatales que hostigaban a los sectores populares y llevaban a cabo atentados con explosivos, secuestros y asesinatos de militantes del campo popular.

Por eso saludamos, como un hecho auspicioso y le dimos una amplia cobertura, al encuentro del Movimiento Sindical de Base llevado a cabo en la “docta”, como así también a los conflictos, en diferentes establecimientos industriales, en las Riberas del Paraná.

Uno de los más importante era el que comenzaba a gestarse en Villa Constitución, en el que los trabajadores enfrentaban una patronal poderosa y a la directiva de la Unión Obrera Metalúrgica, encabezada por Lorenzo Miguel.

En esas semanas, además y a los efectos de recortar el abultado presupuesto del diario, decidimos hacer un llamado a la solidaridad de lectores, amigos y organizaciones políticas y populares que se expresaban en él o que consideraban correcta su línea editorial.

Además de donaciones de diferentes montos en dinero y de cuotas de papel para la impresión, un gran amigo y compañero Ricardo Carpani, excelente y reconocido pintor al que había conocido en la CGT de los Argentinos ya que hacía los gráficos del periódico, que dirigía Rodolfo Walsh, me obsequió, como muestra de afecto personal y de apoyo, una pintura de su autoría.

Con ese escenario, nuevas amenazas telefónicas, agresiones a las corresponsalías en Rosario y Córdoba, arribamos al fatídico 14 de marzo en que se ratificó, una vez más, el “doble discurso” de Perón, que mientras nos “endulzaba” con la proposición de la entrevista, preparaba el decreto de clausura.

Este nos fue notificado, en la mañana de ese día, por un funcionario de la Policía Federal que nos informó que en dos horas debíamos abandonar el edificio de la redacción, ubicado en la calle Sarmiento, al mismo tiempo que varios patrulleros cerraban el tránsito de vehículos y de personas por esa arteria y llegaban unidades motorizadas de todo tipo que trasladaban personal de civil y uniformado, en posición de combate y con armas largas.

De esta forma, “el ex Líder”, ratificaba la relación entre la represión ilegal ejecutada por las bandas inspiradas por su planteo al sugerir la conformación del “somaten criollo” y las medidas legales dirigidas a recortar las libertades democráticas.

Esta ofensiva contra “El Mundo”, comenzó con el intento de impedir que adquiriéramos el papel necesario para imprimir el vespertino cuando empezamos a editar este, lo que logramos evitar gracias a la buena disposición del vicepresidente Vicente Solano Lima y su amistad con Alicia Eguren y prosigue con el incumplimiento de la ley que relacionaba el otorgamiento de la publicidad oficial con el tiraje.

De esta forma se limitaba, este importante recurso económico, al que accedían todos los medios de comunicación social incluidos los grandes diarios -“Clarín”, “La Nación”, “La Razón” y “Crónica”, entre otros-.

A esto le sumamos la clausura temporal, en setiembre de 1973, la bomba colocada en mi domicilio el 29 de ese mes, las constantes amenazas a los corresponsales, el explosivo colocado en la imprenta COGTAL, la quema de los ejemplares del diario el 23 de enero, la condena a muerte dictada por la TRIPLE A a diferentes militantes populares entre los que yo figuraba, la bomba colocada en el automóvil del compañero senador nacional Hipólito Solari Yrigoyen, que integraba el Consejo Editorial, y que le causara graves heridas y el intento de tomar la redacción en la noche del 23 de febrero, por parte de una banda armada por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega y comandada por Julio Yessi; entre otras agresiones.

Para confirmar el giro fascistoide del gobierno, me comunique esa mañana con Abras y le pregunté qué había pasado. La respuesta fue “el General no pudo resistir la presión de Lorenzo Miguel y las 62 Organizaciones, que exigían el cierre”.

A la burocracia sindical, uno de los pilares de este acuerdo con el partido militar, le preocupaba el crecimiento de los agrupamientos que, desde la base, cuestionaban el Pacto Social por el que se habían congelado los salarios, prohibido las huelgas y suspendidas las paritarias.

Estos sectores, que se referenciaban en dirigentes probados, como Raymundo Ongaro, Agustín Tosco Reneé Salamanca, Alberto Piccinini, Jorge Di Pasquale, Gregorio Flores y Armando Jaime, entre otros, interpelaban a una dirigencia que, desde 1958, venía traicionando las luchas obreras.

En el diario “El Mundo” les dábamos cabida y voz a los que silenciaban, a estas expresiones antiburocráticas, y por eso teníamos que ser censurados.

Como teníamos muy poco tiempo, mientras Rolando, el compañero de Susana Munarriz, encargado de mantenimiento, disponía lo necesario para llevar las máquinas de escribir, las mesas de diagramación y el teletipo y Enrique, el responsable de la autodefensa, trataba de esconder el armamento, lo llamé a Osvaldo Acosta, un compañero abogado que era el nexo con la revista “Militancia” para que, con Enrique Nadal, uno de nuestro fotógrafos, trasladara a la redacción de esta, el archivo fotográfico.

Por suerte el histórico que contenía, entre otras “perlas” los originales de Roberto Arlt, fotografías de los fusilamientos de los militantes anarquistas y de la entrada del General Uriburu en la Casa Rosada, el 6 de setiembre de 1930, se encontraba en otro lugar; por lo que lo pudimos preservar.

Pese a la tensión que sobrellevábamos, me comunique con Enrique Tortosa, Secretario General de la APBA, para solicitarle que nos facilitara la sede del sindicato para llevar a cabo una asamblea del personal del diario.

Por supuesto que la respuesta fue favorable y me adelantó que esta organización, que representaba a los trabajadores de prensa, había dispuesto el estado de alerta frente a esta decisión del Ejecutivo, que suponía una clara vulneración de la libertad de prensa.

Al mismo tiempo llegaron a las oficinas Aldo Comotto y Mario Mathov para adelantarme que estaban preparando el recurso de amparo que presentarían ese mismo día, ante el Juez Germiniani.

De esta forma nos preparábamos para esta batalla, al mismo tiempo que empezamos a pensar en el lanzamiento de un nuevo diario, previa consulta con Benito Urteaga y con el equipo de dirección, que integraban Alberto y Tito.

Al mismo tiempo que esta era nuestra preocupación central, en el Tercer Mundo se daban importantes acontecimientos.

En Afganistán el Partido Popular Democrático que había encabezado la lucha contra la monarquía y logrado el derrocamiento del rey Zahir Shab consolida el gobierno popular liderado por Mohamed Daúd.

A su vez en Etiopía se incrementa la rebelión contra el Emperador Haile Selassie; un aliado de Estados Unidos en la región.

Por su lado, en la patria de Salvador Allende, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria bajo la dirección de Miguel Enriquez enfrenta, con las armas en la mano, a la dictadura pinochetista.

¿Cómo se desarrolló la lucha para enfrentar la censura? ¿De qué forma y cuál fue el resultado del lanzamiento del diario “Respuesta Popular”? ¿Cómo se canalizó la solidaridad del campo popular con “El Mundo”? Estos y otros temas abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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Continúan detenidos los wichís de Formosa ("Cambien de abogado y salen en dos días")

LA RETAGUARDIA

Daniel Cabrera es abogado de dos de los wichís afectados por la represión de la semana pasada en la localidad formoseña de Ramón Lista. Hablamos con él sobre las presiones políticas que recibieron los presos para que dejara de defenderlos. A diez días de detención, ahora los representa un concejal del PJ que les habría prometido conseguirles la libertad en dos días.

La comunidad wichí El Colorado fue reprimida la semana pasada mientras intentaban echar a una persona que estaba usurpando sus tierras con la colaboración del gobierno de Formosa. Este hecho ocurrió no por casualidad en una zona donde la porción de tierra es la más rica de la provincia, ya que cuenta con pozos petrolíferos.

Como consecuencia de la represión, seis personas fueron detenidas, de las cuales uno fue liberada pocos días después (acusada por un delito menor, resistencia a la autoridad) y otro, Ricardo Tejada, permanece internada en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa. El resto permanece en la Alcaidía Mixta de Las Lomitas. Existe un séptimo hombre, Edil Tejada, que tiene orden de captura, pero que se encuentra prófugo.

“Estamos peor, el juzgado se acordó de otras causas viejas de 2010, 2011 abiertas a los detenidos y el hospitalizado, donde también sucedieron algunos hechos que nunca se investigaron pero que fueron denunciados, y ante esta actitud el juzgado comenzó a investigar todas las causas. Eran por lesiones, amenazas, violación de domicilio, inconvenientes en la convivencia con los criollos que están usurpando la propiedad comunitaria, que es la tierra por la que la comunidad tiene título”, afirmó el abogado Daniel Cabrera en diálogo con La Retaguardia.

En un comienzo, todos los involucrados estaban representados por Cabrera, pero esto cambió a fines de la semana pasada: “los cuatro que continúan en la Alcaidía me habían designado el martes (de la semana pasada) como su abogado, pero el jueves ya recibieron presiones; el viernes vinieron abogados de Formosa, que trabajan dentro de algún ministerio del gobierno de la provincia y las autoridades del Instituto de Comunidades Indígenas a presionar y a extorsionarlos con que cambien los abogados, con la mentira de que iban a salir en el plazo de dos días, o que si no cambiaban de abogado estarían cuatro años detenidos. El juzgado también se ha presentado a esa jugada de presionar”, explicó Cabrera.

Aunque en un primer momento los detenidos se resistieron, finalmente aceptaron el cambio: “el lunes (de esta semana) a las 9.30 se presentó el nuevo abogado defensor, el concejal en función Omar Padilla, algo que es incompatible con la función que está ejerciendo. Presentó un escrito pidiendo que se me revoque el poder ya que él comenzaría a trabajar en el caso. Padilla pertenece al partido oficialista en la provincia (Frente para la Victoria). Ante todo esto yo converso con mis defendidos y me dicen que fueron extorsionados y presionados de muy mala manera para cambiar de abogado, que ellos no lo querían hacer. Esto me lo dijeron los cuatro. Les mintieron, les dijeron que si cambiaban de abogado en dos días estaban libres. Pero ya han pasado los dos días y no han salido”, manifestó el letrado.

De todos modos, Cabrera sí continúa defendiendo al detenido que se encuentra hospitalizado (Ricardo Tejada) y al hombre que permanece prófugo, por lo que pudo acceder al expediente de la causa: “nuestra estrategia ahora es trabajar con estos dos imputados. Ellos ya nos han designado como abogados defensores, vamos a seguir interviniendo en la causa. Al haber tenido acceso y copia del expediente vemos muchísimas irregularidades y estamos trabajando en el plateo de las nulidades que correspondan”, agregó.

En diálogo con La Retaguardia, Daniel Cabrera criticó también el accionar del juez de la causa: “si actuó con rapidez como hizo con la orden de allanamiento, que es ilegítima e ilegal, podría haber actuado de la misma manera para traer el expediente, llamarlos a declarar y descomprimir toda una situación y mostrar con claridad que las cosas se hacen como corresponde. Vemos que el juez no tiene ningún apuro, mientras que el gobierno tiene apuro en querer intervenir dentro de la causa para que no se diga, ni se vean las irregularidades con las que actuó la policía de la provincia y el mismo juez ante toda esta situación”.

La defensa había presentado el lunes un habeas corpus ante el superior tribunal de Formosa, pero fue rechazado: “vemos que todo sigue en la misma línea –reflexionó Cabrera–, estas causas de 2010 que tienen estos imputados no fueron porque han cometido delitos graves, como situaciones de homicidio, lesiones, sino que en la mayoría de los casos se armaron causas que nunca se investigaron, fueron por reclamos referidos a educación, escuelas, pedidos al mismo gobernador (Gildo Insfrán) de viviendas, salas de primeros auxilios, ambulancias, a nosotros nos cuesta entender cómo el mismo Estado que se ha encargado de denunciarlos, con un concejal que está ejerciendo de manera incompatible con su función el rol de abogado, pretende colaborar con el pueblo wichí”.

Respecto al accionar del nuevo abogado de cuatro de los detenidos, Cabrera aseguró: “como trabajamos en la zona, sabemos de su actuación, y conocemos un caso específico. De hecho somos defensores de la Comunidad de Pozo El Perdido del pueblo Pilagá, y a través de una denuncia hecha por él por usurpación se pretende desalojar a una comunidad Pilagá que está asentada hace más de 15 años en el lugar, con documentación y trabajo. Esto también muestra que el Estado deja mucho que desear en algunas actuaciones”.

A pesar de haber sido dejado de lado a la fuerza de la mayoría de las representaciones, Daniel Cabrera continúa actuando para liberar a los wichís detenidos, cuyo “delito” para la policía y políticos formoseños fue defender su tierra.

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Cayó el represor Jorge Horacio Páez en Bolivia

TIEMPO DE SAN JUAN - CUYO NOTICIAS

El servicio de Inteligencia de la Policía de Bolivia capturó en la localidad de Santa Cruz a Jorge Horacio Páez, de 68 años, quien era buscado en nuestro país por delitos de lesa humanidad. Está imputado por delitos de privación de la libertad contra el Gobernador y otros políticos.

Medios bolivianos confirmaron que, en la localidad de Santa Cruz, de ese país, se detuvo al ex represor Jorge Horacio Páez.

Los portales web del vecino país indican que, “el servicio de Inteligencia de la Policía capturó en Santa Cruz a Jorge Horacio Páez (68), un militar argentino retirado, buscado en su país por delitos de lesa humanidad, según datos de la fuerza del orden”.

“Páez, un ex capitán del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan en Argentina, fue arrestado en un domicilio situado en inmediaciones del cambódromo, entre el séptimo y octavo anillo”, continúa la crónica.

Además indicaron: “Se supo que el hombre solo salía una hora por las noches a abastecerse de comestibles en un supermercado y retornaba a su encierro voluntario para evitar ser visto. Los agentes de Inteligencia secuestraron al extranjero una computadora con información que la Policía indaga”.

Vale recordar que Páez está imputado en la causa Bustos. Los delitos que se le atribuyen, entre otros, son privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados contra políticos sanjuaninos entre ellos, el gobernador.

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La crisis paralizó el mercado de trabajo y cerró oportunidades laborales

PRIMERA FUENTE

Un nuevo relevamiento trimestral del Ministerio de Trabajo sobre los sectores registrados dio cuenta de una drástica caída de las tasas de entrada y salida de personal.

"Este comportamiento ya se ha verificado en otras etapas de incertidumbre o de crisis. Por un lado, los empleadores deciden no reemplazar la totalidad de los empleados que, habitualmente y por distintos motivos, se retiran de sus empresas. Por el otro, los trabajadores, ante un contexto de mayor incertidumbre, reaccionan reduciendo su movilidad laboral, siendo menos frecuentes las renuncias", indica el informe de la cartera que conduce Carlos Tomada sobre Estadísticas de Indicadores Laborales.

Al analizar la evolución interanual de la cantidad de puestos de trabajo, observa el informe, sobre una muestra que representa a dos tercios del personal registrado en el país, una "expansión de la dotación de personal en la mayoría de las actividades, con excepción de la construcción que pese al crecimiento observado en el segundo trimestre 2014 la variación interanual sigue registrando una caída de 4,6%. En la rama de electricidad, gas y agua la destrucción de puestos formales fue de 2,63% y más moderada en el comercio, hoteles y restaurantes: 0,3 por ciento".

Por el contrario, el relevamiento detectó un "incremento neto anual de puestos de trabajo de 3,1% en el transporte, almacenaje y comunicaciones", pese a que las estadísticas del Indec sobre el consumo de servicios público ha mostrado en el período una contracción de la actividad del primer subrubro de más de 10%, mientras que en el resto informó una brusca desaceleración de la tasa de crecimiento.

Y pese al acento habitual que pone el Gobierno en políticas activas destinadas a impulsar y proteger la actividad de las pequeñas y medianas empresas, en detrimento de las grandes a la que suele acosar con precios administrados, aumento de la presión fiscal y duras críticas porque han reducido el nivel de inversiones, los resultados obtenidos en el último año en materia de generación de empleos netos registrados encontró a las compañías con más de 200 empleados como las más activas en términos relativos.

"En todos los tamaños de empresas se verificó un incremento neto de los puestos de trabajo: en las empresas grandes (200 y más ocupados) fue de 0,7%, en las pequeñas de 0,5% y en las medianas de 0,4%", en comparación con el nivel del segundo trimestre de 2013, indicó el informe de la cartera laboral.

El relevamiento detectó que entre abril y junio menos de un tercio de las sociedades se presentó en el mercado con la intención de incorporar personal, sea para suplir vacancias, sea para ampliar la nómina, de las cuales poco más de una de cada diez no logró cubrir las expectativas.

El informe del Ministerio de Trabajo concluye que para el tercer trimestre de las empresas que proyecta concurrir al merado para hacer movimientos de personal (alrededor de 30%), sólo 59% tenía expectativas de ampliar la dotación, esto es menos de una de cada cinco, en comparación con casi 70% que manifestaba un año atrás.

Según la Encuesta Permanente de Hogares el mercado laboral se compone de una población económicamente activa de unas 19 millones de personas, y en condiciones normales, se incorporan en términos netos unas 200 mil cada año en busca de un empleo, por el crecimiento vegetativo de la población. Sin embargo, por efecto desaliento, en tiempos de recesión e incertidumbre como el actual, suele producirse, por el contrario, una reducción de entre 50 y 100 mil personas, amén de la disminución de las horas promedio de trabajo, como indicó un reciente estudio del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES.

De ahí que el cuadro de crisis e incertidumbre que detectó el Ministerio de Trabajo, implica una pérdida de oportunidades netas para más de 200 mil personas en el corriente año.

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Argentina. Duplica la media nacional: El 25% de las madres correntinas no convive en pareja

MOMARANDU

Al menos una de cada cuatro madres que tiene hijos en Corrientes no convive en pareja, indicador que duplica registros nacionales y es levemente mayor a los índices de la región.

Así lo revelan registros oficiales sobre nacimientos. En Corrientes cerca del 25% las madres no conviven en pareja, índice que a nivel nacional oscila el 13%.

Se estima que tanto a nivel nacional como provincial, en las últimas dos décadas se duplicó el nivel de madres solteras.

Un indicador de esta realidad, en Corrientes de 19.639 nacimientos durante el año 2012, en 4.713 partos las madres indicaron que no convivían en pareja, contra 12.365 que sí estaban en pareja y no especificaron su situación 2.651 mujeres.

Si se toma en cuenta la relación de partos totales y de madres que especificaron no estar en pareja, la cantidad de madres solteras en Corrientes es levemente mayor a Chaco donde de 22.041 nacimientos, en 2.338 las madres especificaron no convivir en pareja.

En Misiones se registraron 25.510 nacimientos, de los cuales en 3.585 las madres no estaban en pareja.

En Corrientes de las mujeres parturientas que sí viven en pareja, 8.690 mujeres tienen entre 20 y 34 años, y 1.933 son menores de 20 años. En tanto, del total que no conviven en pareja 2.827 son de 20 a 34 años y 1.462 menores de 20 años.

Se refleja así que en las mujeres menores de 20 años más del 31 por ciento no conviven en pareja, índice de los más altos del país en esa franja de edad.

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Un estudio académico corrobora el mapa de la muerte de vecinos de una planta de energía

Carolina Borrego (OTROS CÍRCULOS)

Quienes viven en los alrededores de la subestación Sobral de la distribuidora EDESUR en Ezpeleta tienen siete veces más posibilidades de morir y de enfermarse de cáncer, y tres veces más de contraer enfermedades neurológicas y neurosíquicas, según adelantaron los autores de un trabajo científico sobre los efectos del electromagnetismo en la salud centrado en ese barrio del Conurbano y pedido por organizaciones sociales.

La semana pasada se presentó en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata un informe que resulta de este trabajo y se titula “Sobre el impacto de CEM – FEB (campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja) de redes de distribución eléctrica, sobre el perfil de salud en conglomerados urbanos de alta densidad poblacional”. El estudio se centró en la subestación Sobral de EDESUR en Ezpeleta (partido de Quilmes), donde funciona desde hace más de 20 años una planta transformadora de energía de alta tensión, en un barrio densamente poblado, y sus primeras conclusiones convalidan el mapa de la muerte que venían trazando organizaciones sociales de la zona a partir de una larga serie de muertes y enfermedades.

Para instrumentar el estudio se encuestó a una población que vive a 200 metros a la redonda de la subestación Sobral y se ubicó otro barrio del Conurbano, con características demográficas y socioeconómicas similares pero alejado de la influencia de la central de energía, que permitiera funcionar como control de la muestra que se iba a estudiar. Entre los principales resultados se determinó que en el barrio de Sobral existen 7,30 veces más de riesgo de morir, siete veces más riesgo de contraer cáncer y tres veces más posibilidades de contraer enfermedades neurológicas y neurosíquicas. También se relevaron viviendas de Sobral en las que se habían denunciado enfermedades o fallecimientos de familiares.

De esta manera se pudo comprobar que efectivamente el mapa de la muerte realizado por la comunidad lindera a la subestación Sobral tiene evidencia científica. El Foro por los Derechos de la Niñez de Berazategui, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio ambiente, y los Vecinos Autoconvocados por la Vida de Berazategui habían solicitado a la Facultad su intervención profesional en la problemática de salud que enfrentan las comunidades aledañas a las subestaciones eléctricas, y ése fue el origen del estudio cuyos primeros resultados acaban de hacerse públicos.

La Facultad presentó recomendaciones para mejorar las políticas públicas sobre la temática, como reformular los estándares vigentes para el emplazamiento de subestaciones eléctricas y cableados de alta tensión en ejidos urbanos; no habilitar el funcionamiento de subestaciones y cableados de alta tensión a menos de 200 metros de los moradores; no habilitar el funcionamiento de usinas eléctricas y cableadas que impacten con más de 0,3 µT sobre la población allí residente; rediseñar el plan de abastecimiento eléctrico para las zonas que requieran de relocalizaciones de subestación y cableados para evitar la contaminación, enfermedad y muerte de los habitantes; y exigir al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que realice las mediciones correspondientes y haga pública la información a través de su sitio web.

La presentación del informe fue presidida por Darío Andrinolo, del Programa Ambiental de Extensión Universitaria, Patricio Urraza, actual vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas, y Leda Gianuzzi, doctora en Ciencias Químicas, toxicóloga y docente, que estuvo a cargo de la elaboración del informe junto a profesionales de otras universidades y disciplinas.

Estuvieron presentes vecinos y asesores de temas ambientales de bloques partidarios del Congreso y de la legislatura provincial, donde existen proyectos de ley para modificar los estándares que permiten que estas subestaciones y cableados generen impacto negativo en la salud de la población.

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Paraguay: El 54 por ciento reprueba gestión de Cartes según encuesta

PL

El 54 por ciento de los paraguayos considera hoy mala o muy mala la gestión del presidente Horacio Cartes en su primer año de gobierno, según la encuestadora Ibope-CIES.

En un adelanto de la publicación de todos los detalles de la investigación conocido en Asunción se señaló que apenas un tres por ciento de los consultados cree muy bueno el trabajo del mandatario.

Siempre según lo divulgado, la investigación de opinión pública preguntó la calificación que daban los interrogados a Cartes en vísperas de cumplir el próximo 15 de agosto sus primeros 12 meses al frente del Poder Ejecutivo.

Se realizaron 405 entrevistas en las áreas de Asunción y el contiguo departamento Central a personas de 18 años o más, de distintos niveles socioeconómicos.

El estudio se efectuó en el área metropolitana entre el 21 de julio y 1 de Agosto de este año e incluye observaciones de los ciudadanos respecto al gobierno.

Igualmente opiniones relacionadas con las promesas electorales hechas por Cartes y el nivel de su cumplimiento, todo lo cual se publicará en los próximos días, de acuerdo al anuncio hecho por la encuestadora.

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Las cárceles de Guatemala, entre las diez más superpobladas del mundo

CERIGUA

Las cárceles de Guatemala se encuentran en un 280 por ciento por encima de su capacidad, señala un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), un problema que es exacerbado por la deficiente gestión del sistema penitenciario.

La información del CIEN detalla que a partir de junio de este año 17.942 personas ocuparon los 6.412 espacios en las cáceles del país, con el 49 por ciento de los reclusos retenidos en detención preventiva; esta tasa de hacinamiento, que oscila entre tres y seis presos por cada espacio disponible, ubica al sistema penitenciario de Guatemala entre los diez más superpoblados del mundo.

El estudio también analiza cómo el hacinamiento conduce a una falta de control sobre los presos, lo que les permite a los internos cometer delitos mientras están encarcelados; según cifras del Ministerio Público citadas en el informe, los presos cometen aproximadamente el 80 por ciento de los casos de extorsión en el país.

Según una publicación de InsightCrime, el documento del CIEN pone de relieve la falta de una adecuada inversión en las cárceles guatemaltecas; un análisis sobre la infraestructura básica en las prisiones, como las instalaciones eléctricas y de suministro de agua, encontró que sólo el seis por ciento de las 22 cárceles del país contaba con una infraestructura adecuada.

El sistema penitenciario de Guatemala también carece de información exacta sobre la duración de las penas de prisión del 40 por ciento de los reclusos, según el estudio.

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Indígenas mexicanos contra "despojos"

ANSA

Indígenas de todo México reunidos en una zona de influencia zapatista llamaron a "cerrar filas y caminar juntos en la resistencia contra las privatizaciones, los desalojos y asesinatos".

Los 1.300 delegados de la insurgencia y más de 300 indígenas de 28 de las más de 50 etnias del país concluyeron el Encuentro de Pueblos Zapatistas con los Pueblos Originarios de México "David Ruiz García", en la comunidad selvática de La Realidad, cerca de la frontera con Guatemala. La cita, auspiciada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), aprobó la "Declaración sobre el Despojo de Nuestros Pueblos", donde se señaló que "la lucha que somos es diversa y al enemigo lo nombramos despojo porque es lo que vemos, morimos y vivimos todos los días, de manera colectiva".

"Es tan diverso ese despojo que tiene un solo nombre y se llama capitalismo", afirmó al denunciar la "guerra de exterminio" que sufren los indígenas mexicanos.

"Desde un principio el capitalismo ha crecido del despojo y de la explotación. Despojo e invasión, son las palabras que mejor describen lo que llamaron conquista de América, despojo y robo de nuestras tierras, de nuestros territorios, de nuestros saberes, de nuestra cultura", agregó el texto. La declaración también denunció las "guerras, masacres, cárcel, muertes y más muertes" que han sufrido los pueblos indígenas.

El Subcomandante Moisés, el Comandante Tacho y el Comandante David, dirigentes de la guerrilla alzada en armas el 1ro. de enero de 1994, encabezaron la clausura del encuentro, que sesionó una semana y donde estuvo ausente el subcomandante Galeano, antes llamado subcomandante Marcos, ex portavoz y dirigente zapatista.

En las reuniones plenarias se escucharon denuncias de amenazas que se ciernen sobre los diversos pueblos indígenas del país.

Venustiano Vázquez, indígena wirrárica de Tepoztlán, estado de Morelos, leyó el documento final firmado por los 28 colectivos, grupos, tribus del Congreso Nacional Indígena (CNI) que participaron en el encuentro.

"Nos han querido matar una y otra vez, matar como pueblos y matar en lo individual. Y tras tanta muerte seguimos siendo los pueblos vivos y colectivos", señaló.

Los participantes señalaron que en la actualidad "los capitalistas neoliberales, con el apoyo de todos los partidos políticos y los malos gobiernos, están aplicando las mismas políticas de despojo a gran escala".

Estas estrategias se apoyan "en la militarización y paramilitarización, asesoradas por los cuerpos de inteligencia estadounidense, en aquellas regiones donde las resistencias se enfrentan al despojo", afirmó el pliego de conclusiones.

Al referirse a la reciente reforma energética, que permite la inversión privada nacional o extranjera en el sector, los indígenas denunciaron que los "actuales gobernantes están entregando sus territorios y los bienes que se nombran de la nación a las grandes empresas".

Con ello buscan "la muerte de todos los pueblos de México y la de la madre tierra, pero la muerte entre estos pueblos se renace hoy en colectivo", afirmaron.

Igualmente denunciaron la situación de "emergencia" que se vive y "atenta contra la vida de los pueblos indígenas de México".

"Por eso hoy les decimos a los poderosos, a las empresas y a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo de los paramilitares Enrique Peña Nieto, que no nos rendimos, que no nos vendemos y no claudicamos", expuso el documento. Los grupos indígenas afirmaron que "nuestra lucha no acabará, pues si no nos han matado en 520 años de resistencia y rebeldía no lo harán ahora ni nunca".

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El Banco francés BNP Paribas continúa con los despidos ordenados por Estados Unidos

PL

Al menos 10 funcionarios del banco francés BNP Paribas, entre ellos altos dirigentes, perdieron hasta hoy sus puestos debido a las sanciones aplicadas desde Estados Unidos por violar el bloqueo unilateral impuesto a varios países.

La principal entidad financiera gala debió pagar a Washington una exorbitante multa de 8.834 millones de dólares por realizar transacciones en esa moneda con Sudán, Cuba e Irán.

Además, el castigo impuesto al banco francés por transgredir las leyes extraterritoriales norteamericanas incluye el retiro de algunos miembros de su dirección y otros cambios en su funcionamiento.

Entre los altos funcionarios despedidos hasta el momento figura el director general a cargo de asuntos financieros, Georges Chodron de Courcel, y no se descarta que el mismo presidente de la entidad, Baudoin Prot, le siga los pasos antes de fin de año.

Si bien el BNP no ha confirmado esta versión, en círculos especializados ya se menciona como sustituto de Prot a Jean Lemierre, un antiguo cuadro del Tesoro francés y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

De acuerdo con los diarios el Journal du Dimanche y La Tribune, la salida del presidente de la institución se prepara con toda discreción para no afectar aún más los negocios.

El banco sufrió en el segundo trimestre de 2014 una pérdida neta de 4.300 millones de euros, debido a la elevada multa impuesta por Estados Unidos.

Por otra parte, el BNP Paribas debió aceptar que funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense se instalen en sus oficinas de Nueva York para supervisar desde allí sus operaciones financieras.

Si bien la entidad aseguró que la vigilancia se circunscribirá a los países sujetos a bloqueo, otros medios señalaron que el acceso será total, lo cual pone en riesgo informaciones delicadas, vinculadas con el secreto industrial.

Además del BNP Paribas, otros cinco bancos europeos también están en la mira de las autoridades estadounidenses, los franceses Société Génerale y Crédit Agricole, el italiano UniCredit y los alemanes Deutsche Banck y Commerzbank.

Según el periódico británico Financial Times, París, Berlín, Londres y Roma se disponen a tratar el tema de las multas norteamericanas a instituciones financieras extranjeras en la reunión de Grupo de los 20 programada en Brisbane, Australia, para noviembre próximo.

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Dossier sobre Ucrania

RT - RIA NÓVOSTI

El Ejército ucraniano puede causar una catástrofe ecológica / Cerca de 15 proyectiles ucranianos caen en territorio ruso / Más de 51.300 refugiados ucranianos se encuentran en centros de acogida rusos.

El Ejército ucraniano puede causar una catástrofe ecológica
Continuar el ataque contra la ciudad ucraniana de Górlovka puede causar una catástrofe ecológica con consecuencias catastróficas tanto para toda Ucrania, como los vecinos Rusia y Bielorrusia, advirtió la industria local.
"Debido a las actividades irresponsables del Ejército de Ucrania, los ciudadanos del país, igual que los ciudadanos de Rusia y Bielorrusia, se someten a diario al riesgo mortal de una catástrofe ecológica cuya escala es impredecible", comunica Pável Brýkov, secretario de prensa de la fábrica Stirol en Górlovka. Stirol es una de las mayores plantas químicas ucranianas.
Brýkov advirtió que el fuego indiscriminado del Ejército contra la ciudad podría en cualquier momento dañar las instalaciones de la planta, donde se almacenan reservas de mononitroclorobenceno, sustancia utilizada en la industria petroquímica para producir todo tipo de tintes y que es extremadamente peligrosa para los humanos y para la naturaleza. Si entra en el organismo, afecta a la hemoglobina, al hígado, al corazón y a los huesos, causando la muerte. De producirse un vertido, el radio mínimo del área afectada podría superar los 300 kilómetros pero es imposible predecir el máximo ya que la fuerza del viento y de las corrientes fluviales podrían agravar la catástrofe.
El Ejército ucraniano lleva tres semanas asaltando Górlovka con fuego de mortero y cohetes. En el asalto ya han perdido la vida 52 civiles y 170 han resultado heridos. Una iglesia ortodoxa de gran valor arquitectónico ha quedado calcinada. Según Brýkov, varios proyectiles impactaron el 5 de agosto en las instalaciones de Stirol.

Cerca de 15 proyectiles ucranianos caen en territorio ruso
Unos 15 proyectiles lanzados desde Ucrania han caído el domingo en el territorio ruso de la provincia de Rostov.
El portavoz del Servicio Regional de la Guardia de Fronteras de Rusia, Vasili Maláyev, informó de que las explosiones se produjeron a medio kilómetro de la frontera con Ucrania, a solo 300 metros del pueblo de Mitiakínskaya.
"Guardias fronterizos rusos han registrado cerca de la aldea de Mitiakínskaya unos 15 impactos de proyectiles provenientes de Ucrania. Explotaron a unos 300 metros de la localidad", dijo Maláyev, citado por la agencia Itar-Tass.
Según sus palabras, no ha habido heridos entre la población civil ni entre el personal de la Guardia de Fronteras.
No es la primera vez que proyectiles ucranianos caen en territorio ruso. A finales de julio, 40 proyectiles lanzados desde Ucrania cayeron en el territorio de Rusia.
El pasado 13 de julio, al menos una persona murió y varias resultaron heridas por el impacto de un proyectil contra una vivienda en una localidad de Rostov.

Más de 51.300 refugiados ucranianos se encuentran en centros de acogida rusos
El número de los refugiados ucranianos alojados en 703 centros de acogida temporal en el territorio ruso superó 5.300 personas, comunicó hoy el centro coordinador de la asistencia a los refugiados.
“Para la madrugada del lunes, en todos los centros de acogida temporal en el territorio del país estaban alojadas 51.320 personas (ayer, 49.950 personas)”, dijo un portavoz del centro.
Precisó que un total de 32.650 refugiados ya fueron trasladados a diversas regiones de Rusia.
El pasado fin de semana, Rusia desplegó 35 centros adicionales más para alojar a nuevos refugiados del este de Ucrania.
El flujo de refugiados que llegan a Rusia del este de Ucrania aumentó drásticamente en junio pasado debido a los violentos combates entre las tropas de Kiev y las milicias independentistas de Donetsk y Lugansk.
Ambas provincias ucranianas son escenario desde mediados de abril de una operación especial contra los independentistas que ha causado numerosas víctimas entre los dos bandos y la población civil.

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Las primeras horas del alto el fuego en Gaza transcurren en calma

ELDIARIO.es

Está previsto que palestinos e israelíes retomen este lunes en El Cairo las negociaciones para poner fin a los enfrentamientos. Los ataques continuaron el domingo hasta la entrada en vigor del alto el fuego.

Las primeras horas del alto el fuego que entró en vigor la pasada medianoche entre Israel y las milicias de Gaza han transcurrido en calma, mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos en El Cairo para poner fin a las hostilidades.

Durante las últimas horas ninguna de las partes ha denunciado la violación por la otra de esta nueva tregua, que será de 72 horas, igual que la de la semana pasada, y que trata de abrir una ventana al diálogo después de más de un mes de hostilidades.

El alto el fuego acordado llegó tras una jornada de hostilidades, el domingo, que continuaron hasta último momento.

Israel atacó ayer al menos veinte objetivos en la Franja, que provocaron la muerte de cuatro palestinos, entre ellos dos menores, según fuentes sanitarias locales.

Israel sostiene que uno de los muertos, en un ataque poco antes de entrar en vigor la tregua, era un miliciano a cargo de la excavación de túneles.

Por su parte, milicianos palestinos dispararon al filo de la medianoche desde la Franja varias andanadas de proyectiles contra varias ciudades en Israel, en particular las aledañas al perímetro fronterizo, y, en al menos un caso, Tel Aviv.

La tregua, exigida por Egipto, que actúa de mediador, abre un período de calma para que las partes traten de resolver sus diferencias en la mesa de negociaciones.

Fuentes diplomáticas israelíes citadas por la prensa local dijeron que la continuación de las negociaciones en El Cairo dependerá del seguimiento que haga la otra parte del alto el fuego.

"Si la otra parte respeta el cese del fuego, la delegación israelí llegará a Egipto en la mañana del lunes", precisaron las fuentes, citadas por el medio electrónico Ynet.

No obstante, el diario egipcio Al-Yom A-Saba informó de que la delegación israelí se encuentra en la capital egipcia desde la noche del domingo.

Por su parte, portavoces palestinos advirtieron que el futuro de las negociaciones depende de que Israel acepte todas las demandas palestinas y pusieron especial énfasis en el levantamiento del bloqueo que sufre la Franja desde 2006.

Jaled Meshal, jefe del Buró Político de Hamás, dijo que la guerra con Israel ha "elevado el bloqueo a Gaza a la agenda internacional".

El documento consensuado por las facciones palestinas y posteriormente entregado por los mediadores egipcios a Israel la semana pasada exigía asimismo a este país la apertura de un puerto y un aeropuerto en la Franja.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dio la bienvenida a la nueva tregua y confió en que permita a las dos partes lograr un acuerdo de alto el fuego duradero.

En un comunicado de su portavoz, Ban mostró su esperanza en que esta "nueva oportunidad" para lograr un pacto bajo los auspicios de Egipto fructifique para "beneficio de todas las poblaciones civiles y como punto de partida para dar respuesta a las reivindicaciones de raíz de las dos partes".

El dirigente de la ONU urgió a todos los actores a "trabajar de forma constructiva" y a "evitar cualquier paso que pueda llevar a un retorno de la violencia".

El actual enfrentamiento armado entre Israel y Gaza, que comenzó el pasado 8 de julio, se ha cobrado las vidas de casi 2.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, y 67 israelíes, entre los que hay tres civiles.

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Ya son 13 los periodistas muertos en Gaza

TERCERA INFORMACIÓN

Ante las cinco nuevas muertes, la FIP reitera su demanda para que se ponga fin a los ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y sus sedes de trabajo.

La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) se une a su afiliado el Palestinian Journalists Syndicate (PJS), para expresar su ultraje su condena por las ya trece muertes de trabajadores de medios de comunicación asesinados en la región de Gaza.

En el mediodía del pasado 5 de agosto el PJS se manifestó frente a las oficinas de Naciones Unidas en la ciudad de Ramallah para mostrar solidaridad con esos periodistas, expresar su rabia ante el asesinato de sus colegas, y exigir el fin de los ataques de las fuerzas israelíes contra medios de comunicación en es zona.

En esa manifestación se exhibieron 13 ataúdes, cada uno con los respectivos nombres de los periodistas asesinados.

Jim Boumelha, presidente de la FIP, ha manifestado la “solidaridad y apoyo a nuestros colegas de la PJS y a todos los trabajadores de los medios de comunicación en Gaza”.

“Nos unimos a las condenas internacionales de los ataques israelíes contra los periodistas palestinos y expresamos nuestra rabia profunda y tristeza por las muertes de estos trece trabajadores", expresó.

Los últimos muertos han sido:

- Hamada Khaled Maqqat, 24, director de SAJA, noticioso on-line, asesinado en su casa de la calle Nafaq por un bombardeo israelí.

- Izzar Dheir, de Freedom Media Network, asesinado junto con seis miembros de su familia cuándo una bomba cayó en su casa.

- Mohammed Aldeiri, fotorreportero de Palestinian Media Network, fue asesinado mientras informaba sobre el bombardeo del mercado de Shjayah. Su cuerpo pudo ser recitado el 2 de agosto.

- Adballah Fahjan, fotorreportero deportivo de Alaqsa website y MBC TV, asesinado mientras tomaba fotos de desplazamiento de civiles en Jneineh.

- Shadi Ayyad, freelance, asesinado durante un bombardeo israelí junto a su casa en Zaytoon. Su padre también murió en el ataque.

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