viernes, 15 de agosto de 2014

Entrevista a Justa Roston, de la Asamblea Ciudadana de Concordia: Presos y judicializados por intentar impedir fracking en el Acuífero Guaraní

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)
.

Mario Hernandez (MH): El martes pasado estuvimos con Hernán Scandizzo del Observatorio Petrolero Sur (OPS) abordando el tema que nos ocupará hoy. Recibí un comunicado fechado el 7 de agosto que habla de cuatro personas injusta y criminalmente detenidas y judicializadas por los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 del corriente mes en la ruta 15 firmado por la Asamblea Ciudadana de Concordia. Estamos en comunicación con una de sus miembros, Justa Roston, para que nos explique sobre los hechos denunciados.

Justa Roston (JR): Muchas gracias por llamarnos. En las primeras horas del 3 de agosto, luego de una jornada tranquila desde el día anterior, alrededor de las 16:00 fuimos avisados de un hecho que esperábamos y del que habíamos alertado a nuestras autoridades nacionales, provinciales y municipales, que consistía en el paso de camiones vibradores para prospección sismográfica con destino al Uruguay, a la zona de Salto y la conocida como Piedra Sola que abarca parte de los Departamentos de Paysandú y Tacuarembó en el vecino país.

MH: ¿Qué iban a hacer esos camiones allí?

JR: Estos camiones pertenecen a una empresa localizada en el sur de nuestro país, en Comodoro Rivadavia, y se dedican a la perforación sismográfica. Ellos saben que en el subsuelo, por debajo del Acuífero Guaraní, existen formaciones de esquisto que contienen en forma de burbuja gas y petróleo. El estudio consiste en hacerle como una ecografía a la tierra para determinar los puntos exactos para perforar con la ayuda de grandes cantidades de agua, a esto se lo denomina fractura hidráulica o más conocida como fracking, para producir explosiones y liberar el gas o el petróleo contenido en la roca.
Es una perforación que se realiza primero en forma vertical a 4000 metros aproximadamente, por lo tanto, atraviesa el Acuífero Guaraní que en esa zona se estima que está a 1200 metros de profundidad.

MH: Estamos hablando de la mayor reserva de agua dulce de la Humanidad.

JR: Que compartimos con Brasil, Uruguay y Paraguay. Esta es una fortuna que debemos cuidar porque las próximas guerras no van a ser por petróleo sino por agua dulce, un bien sumamente escaso.

MH: Entonces, ¿qué pasó?

JR: Ningún funcionario nos dio respuesta, hicieron oídos sordos a nuestros pedidos y a las 16:00 nos avisan que los camiones ya venían avanzando a la altura de la represa de Salto Grande.
La asamblea hacía quince días que venía apostándose en la ruta 15 en el acceso a Salto Grande, que es el cruce fronterizo, realizando tareas de información y difusión, tanto del fracking como de lo que teníamos conocimiento que iba a ocurrir.
Esa tarea de vigilia y discusión se transformó en una guardia permanente esperando el paso de los camiones para tratar de detenerlos de acuerdo a nuestras posibilidades. Fue una tarea sumamente pacífica. Primero llegó un camión de los cuatro que esperábamos, se estacionó en la estación de servicio y quedó ahí. Como nosotros sabíamos que no pueden transitar después de las 18:00 hasta el otro día a las 8:00, bajamos la vigilancia y dejamos pocas personas, volviendo al día siguiente.
Alrededor de las 8:30 se juntaron los cuatro camiones y comenzaron a acceder a la ruta. En ese momento seríamos 20/25 asambleístas de Concordia, Concepción del Uruguay, Chajarí, Federación y Colón, que nos apostamos sobre el camino, pusimos el cuerpo y un auto que iba a marcha muy lenta adelante, obligándolos a tirarse sobre la banquina.
Con nuestros cuerpos obstaculizamos el acceso a la ruta y no les quedó otra alternativa que avanzar sobre la banquina, entonces le atravesamos el coche y nos sentamos con carteles impidiéndoles continuar.
En ningún momento, ni por un instante, fue interrumpido el tránsito en la ruta que quedó libre. A medida que fueron pasando las horas la Gendarmería se empezó a impacientar y a solicitarnos que nos retiráramos diciendo que tenían una orden judicial, incluso nos leyeron un acta que no nos entregaron e invocando una orden judicial que nunca vimos comienzan a avanzar tomando preso a un compañero muy joven, luego a otro de edad, cuatro en total detenidos al azar diciendo que eran los cabecillas, en forma violenta, con golpes, hay fotos de uno con heridas sangrantes a quien subieron a un camión de la Gendarmería sin prestarle asistencia médica. Luego fueron llevados al destacamento de Gendarmería donde quedaron detenidos, lo cual fue una barbaridad no solo porque nunca apareció la orden judicial sino porque estuvieron más de 36 horas sin tener derecho a la asistencia de un abogado ni poder hacer una llamada telefónica.

MH: ¿Están en libertad actualmente?

JR: El lunes a la mañana fueron trasladados al Juzgado federal de Concepción del Uruguay luego de hacerles conocer los cargos por los que se les imputa, fueron liberados, pero quedan judicializados por violación al artículo 194 y 238 incisos b y c del Código Penal. Una medida injusta y excesiva.
Finalmente, los camiones pudieron cruzar al Uruguay de noche, con los precintos rotos, cosa que denunciamos, violando todas las normativas tanto aduaneras como de tránsito.

MH: Hemos presentado el tema. Vamos a quedar en contacto por esta vía para cuando se produzcan novedades estemos en comunicación y difundirlas porque este tema se conoce muy poco y no es poca cosa la lucha que Uds. están llevando adelante defendiendo este bien natural de la Humanidad que representa el Acuífero Guaraní.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

De los recursos y de las reservas del fracking

Félix Herrero

“….no es arriesgado asegurar que gran parte de la información que recibe a diario la opinión pública respecto de Vaca Muerta y su posible impacto en nuestro futuro energético es inexacta, y muy frecuentemente falsa”. Daniel Kokogian (geólogo y asesor de CGC y de Southern Cross).

1. Palabras y conceptos

Recurso, en el inevitable Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), y según su séptima acepción, significa que “es un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales, económicos, humanos”. El significado está más referido al derecho o a los procedimientos judiciales que al recurso como bien natural y por lo de disponible Vaca Muerta no sería definidamente ni siquiera un recurso.

Las Reservas son otra cosa, aunque también están fuertemente emparentadas a los bienes naturales (1) .Volviendo al DRAE leemos que ignora en sus trece acepciones un sentido que en minería y petróleo se da como perfeccionamiento de los recursos. Incluso, en una acepción se define también como recurso a los elementos disponibles (13. Pl. recursos (i) elementos disponibles).

La diferenciación entre recursos (más genéricos) y reservas (más precisas, acotadas, trabajadas y medidas) hace a un concepto básico y elemental en los hidrocarburos y en la minería en general. Y en la enseñanza de los recursos petrolíferos, en el derecho minero, en la economía hidrocarburífera la distinción es de carácter esencial y elemental.

¿Qué dice el Glosario de la agencia de estadísticas EIA del ministerio de Energía estadounidense (DoE)? Es el ente responsable de atribuir tantos subsidios y de excitar tantos sueños a pesar de las muchas diferencias que ha tenido con la realidad. Hay muestras de grandes diferencias entre los recursos que publica y las reservas que no se informan ni siempre se publican.

Su Glosario dice que “las reservas de energía calculan las cantidades de las fuentes de energía que se demostró que existen con razonable certeza sobre la base de datos geológicos y de ingeniería (reservas probadas) o que puede esperarse razonablemente que existen en base a evidencia geológica que apoyan las proyecciones de reservas probadas”.

Las reservas (que pueden ser P1 posibles, P2 probables o P3probadas) se deducen a partir de los recursos, aún de no medida existencia. En castellano la utilización del término reservas para lo posible, lo probable y lo comprobado no coincide con el concepto de recursos, que pueden ser de reservas inalcanzables.

Si esto es así, importa saber qué porcentaje de recursos llegan a ser reservas, de cualquiera de los tres tipos, o sea que deberíamos conocer el porcentaje de los recursos que se convierten en reserva. Esto puede oscilar entre el 0% (lo que no es corriente) y un 100%, lo que tampoco es habitual.

2. La bomba Monterey

Con el petróleo y gas de los esquistos, y en el caso de la Formación de Monterey en California, esta relación terminó por conseguir porcentajes de reservas increíblemente elevados, y por ello, produciendo la importante atención de los analistas y muchas consideraciones acerca del fin de la pérdida del autoabastecimientos estadounidense.

La consultora Intek Inc. que dio a conocer el cálculo de los recursos de Monterey fue desmentida por el propio ministerio de Energía de los EUA que la tuvo contratada no solo para Monterey sino también para el cálculo de otras formaciones. Se terminó por afirmar que las reservas de la Formación Monterey apenas alcanzaban al 4% de las optimistas estimaciones de recursos. Este bajísimo porcentaje es muy inferior, incluso al promedio de las estimaciones en las otras formaciones de Estados Unidos. En general, la pérdida de recursos que no se “convirtieron” en reservas en ese país promedian, según algunos analistas, en alrededor del 20%, muy ventajoso respecto a los 96% de Monterey.

Esto es doblemente preocupante, porque la mayor parte de los cálculos de recursos frackineros de Estados Unidos han sido contratados por la EIA (Energy Information Administration) del ministerio de energía (DoE). Pero además, según el artículo del ingeniero Vladimiro Cares Leiva (3) fue Intek la primera consultora que estimó recursos de Vaca Muerta en los años 2011 y 2013. Para este autor los errores de Monterey no son trasladables a Vaca Muerta, lo que es cierto, pero… quien puede asegurar que los intereses por ampliar los recursos petroleros no se repitan también en Argentina.

Hay economistas inteligentes que piensan que nadie puede equivocarse tanto, en casi un 100% (o 96% si se quiere precisar) y que el mal cálculo de Monterey podría deberse a otras razones.

3. Por qué tan grandes manipulaciones o errores

Con las informaciones que tenemos y las que son previsibles en las acordadas como secretas se puede pensar que hay exagerados recursos que se crean “para atraer inversiones”, pero si hay sectores que no pecan de ingenuos son los financieros y petroleros. Así que esta alternativa no puede ser sino está dirigida a obtener subsidios sin exigencias reales de inversiones, y obtención de agua gratis incluso en los lugares que más hace falta. La base de la extracción con fracking se sustenta en las regiones donde suelen convivir petróleos convencionales y no convencionales. En un país sin control esto puede ser verdaderamente crítico (4).

El acuerdo secreto entre Chevron/YPF y el Decreto 929 con sus beneficios exorbitantes para las empresas que se asocian para hacer pozos fracking resulta un ejemplo de falta de inversiones de riesgo. Incluso en al acuerdo se crea una cuenta para asegurar las primeros distribuciones de ganancias a la empresa californiana Chevron, lo que no se hace con YPF.

Otra explicación podría basarse en que los poderes concentrados petrofinancieros, afirmando contar con reservas mayúsculas presionan para que el gobierno de Estados Unidos derogue las normas (5) que impiden la exportación de gas y crudo.

También hay razones geopolíticas: en el policentrismo, que vive el actual mundo, se debe impedir que Gazprom y Gazprominvestholding puedan seguir introduciéndose en Europa del oeste como lo hace en Alemania y la Europa oriental (6). Contar con muy amplias reservas (que son siempre secretos de Estados, y empresariales en el régimen concesional) permite influir para limitar los acuerdos entre Europa y Rusia, ampliados hoy a China.

El riesgo de exagerar recursos es muy grande porque la realidad lo impone ya que los efectos de recursos altos con reservas bajas no crean confianza a largo plazo, o sea estos países o empresas no tienen capacidad geopolítica o económica posibles.

El exagerado dislate del caso de Monterey enseguida fue llevado a ser compararlo con Vaca Muerta, donde los capitales que prometen venir o los países inversores a los que se intenta comprometer no ponen la inversión necesaria para hacer de esta formación una fuerte potencialidad. Los países BRICS, formado por algunos ricos países con hidrocarburos convencionales (Rusia y el mar del Brasil) prefieren apostar a otros sectores en nuestro país, como los alimentos, pero, también en la energía del petróleo y gas pero convencionales. Ahora recién se hizo positivo que la diferencia entre Recursos y Reservas ignorada por los propulsores de la fractura hidráulica, tuvieron que comenzar a mencionarla a partir de la Caída de Monterey, que explotó realmente en la mente y boca de muchos propagandistas del fracking de Vaca Muerta.

Otro motivo posible de los “errores tipo Monterey” podría deberse al intento de mantener bajos los precios del gas, favoreciendo a otras industrias dependientes del conglomerado financiero y de la industria bélica estadounidense.

Muchas pueden ser las causas en disyuntiva, pero es obvio que nadie se puede equivocarse en tales magnitudes. Y sobre todo cuando se trata de una consultora privilegiada por el ministerio de energía de los Estados Unidos. Vaca Muerta no es Monterey, pero quién puede asegurar que los errores o las mentiras californianas no pueden ser importadas por otras partes del mundo.

Este artículo fue escrito siguiendo, como ya dijimos, la historia frackinera contemporánea que cuenta que la Formación Monterey no tiene reservas que alcancen a un porcentaje elevado de las estimaciones de recursos. La consultora Intek y su contratante oficina pública Administración de Estadísticas Energéticas (EIA en inglés) dependiente del Ministerio de Energía de Estados Unidos (DoE, en inglés) se han equivocado: la realidad alcanza a una reserva de apenas el 4% de los recursos estimados, como en el mes de mayo reconoció la propia EIA dando por limitados los deseos de una inminente autosuficiencia de gas y petróleo de Estados Unidos (7).

4. Adónde estamos parados

Tomamos algunas reflexiones de veteranos profesionales petroleros de YPF como conclusiones. La realidad es que no existe todavía muestreo suficiente de las rocas (shale) ni historia de producción para asegurar nada contundente respecto a Vaca Muerta o Los Molles.

Durante el desarrollo petrolero de la Cuenca Neuquina los sondeos que atravesaron Vaca Muerta tuvieron como objetivo los reservorios de formaciones más profundas y por esta razón existe información de perfiles eléctricos, de cutting (recortes o “viruta” de sedimentos resultado de la perforación) y solo algunos testigos corona y testigos laterales (cilindros de roca sedimentaria), elementos que permiten un análisis más riguroso de la roca. Pero nunca antes el interés estuvo enfocado a este tipo de roca, considerado roca madre, no reservorio, por eso el muestreo no ha sido sistemático, sino aislado.

Solo hay extrapolaciones y no de estudios exhaustivos de las propias shale. Sí sabemos que son rocas con alto nivel de heterogeneidad y su investigación rigurosa recién empezó hace 3 o 4 años.

La “curva de aprendizaje”, como se la llama, se está haciendo a través de YPF, con fondos públicos, y está por verse si esto resultará comercialmente explotable, sin subsidios y con los parámetros que manejan las petroleras privadas. Los Recursos son potencialmente importantes pero no sabemos cuánto de ellos se convertirán en Reserva.

Esta es la realidad del fracking y de Vaca Muerta; la Realidad de los Recursos y de las Reservas.

Notas:
1) El término reserva se usa en economía tanto para los bienes naturales como para la acumulación de valores y monedas por los bancos, como la de los bancos centrales. La relación reserva petrolera y reserva monetaria está muy actualizada, por los modelos de convertir la reserva petrolera en monetaria. Así lo hace Noruega con su empresa HydroStatoil y su Fondo estratégico, al contrario de la mayor parte de los países árabes.
2) Asociación de Ingenieros de Petróleo (API) de los Estados Unidos.
3) Ver Ceres Leiva, Vladimir, “El affaire Monterey y sus Implicancias”, Río Negro, 5 de julio de 2014.
4) No olvidemos las dificultades que existieron en nuestro país con la distinción entre crudo nuevo y viejo (extraído con base a inversiones nuevas o anteriores). En Estados Unidos, donde el régimen de control petrolero es muy superior al nuestro, tuvieron dificultades cuando Marc Rich (Glencore) exportó con subsidios crudo extraído con inversiones viejas como si fuera petróleo nuevo.
5) El 30 de julio pasado la petrolera Enterprise exportó desde Texas a Corea del Sur condensado de petróleo extraído por fracking por un valor de 40 millones de dólares, rompiendo así el embargo a la exportación de crudo establecido en 1973. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos en la creación de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés) pretendió el 17 de julio pasado que no se apruebe la propuesta de directiva Fuel Quality Directive (FQD) que prohíbe importar a Europa petróleo no-convencional.
6) Rusia con Alemania están en la consolidación del libre comercio en la Eurasia, y han constituido esta unión aduanera tendiente a constituir el mercado común Unión Euroasiática (UEA). El presidente de la filial rusa de Gazprom para proveer gas natural a Europa, incluido los países más occidentales, fue el último canciller socialdemócrata de Alemania, Gerhard Schröder..
7) Ver nuestro artículo “Que el Sueño de Vaca Muerta no sea Pesadilla”, Clarín , 3 de junio de 2014.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Se ha terminado de conformar el partido del fracking, contrario al interés nacional

Laura García Vázquez (ACTA)

Una vez más, quedan en claro dos cuestiones. La primera que llama atención, consiste en ver que el fracking es uno de los temas en que nuestra clase política acuerda, con poquísimas excepciones y sin ningún prurito, aún perteneciendo a partidos diferentes y aún teniendo internas que parecen feroces, pero, que en realidad no lo son tanto, sólo cuotas de poder se dirimen en las diferencias, no cuestiones políticas de fondo.

La segunda es comprobar que un grupo más que importante de dirigentes políticos, entre los que se encuentra la actual Presidenta, no representa los intereses de nuestro país, ni de nuestro pueblo, sino que sigue abonando a la dependencia que tan caro nos cobra diariamente en la injusta realidad de muchísimos argentinos.

Fracking es la palabra no pronunciada, mientras se plantean matices con respecto a la explotación de Vaca Muerta, matices que sólo tienen que ver con las migajas de un negocio, que, una vez más, beneficia intereses ajenos a los nuestros. Intereses de empresas monopólicas a nivel mundial. Contamos con la experiencia suficiente para asegurar que la técnica extractiva conocida como fracking o fractura hidráulica es muy contaminante, que utiliza en forma irresponsable y contamina el agua que debiéramos cuidar y que contribuye negativamente al cambio climático. Las promesas de trabajo y bienestar no son tales, es sabido que la industria del petróleo y gas es intensiva en capital pero no en mano de obra, esto, en la era del fin de los hidrocarburos es más notorio aún, ya que las formas de extraerlo son más peligrosas y esto también está demostrado. Por todo esto, resulta llamativo que en el lapso de 3 o 4 años los integrantes de la clase política de nuestro país estén tan convencidos de explotar Vaca Muerta y no cuestionan, es más, ni se preguntan sobre las consecuencias de seguir este camino de la explotación de gas y petróleo no convencional.

A la política energética de Cristina Fernández de Kichner a través de la estatización parcial de YPF, que sigue siendo una Sociedad Anónima y teniendo al frente a Miguel Galuccio y del presidenciable gobernador Daniel Scioli que visitó Vaca Muerta y permite la engañosa propaganda de YPF sobre la extracción de los "no convencionales" en la provincia de Buenos Aires, se suman a través del debate propuesto por el grupo Clarín, las opiniones favorables de Sergio Massa, Julio Cobos y Hermes Binner. Es sabido que el senador Ernesto Sanz presentó un proyecto relacionado al "fracking verde", una falacia argumentativa ya que fracking sin contaminación no es posible.

Muchos estamos convencidos que se está actuando con muchísima irresponsabilidad en un área estratégica como lo es la política energética. Nuestra matriz energética depende casi absolutamente de los hidrocarburos y emprender su diversificación es una necesidad urgente ya que es la más atrasada, en este sentido, de Latinoamérica. Señalamos que la energía es un bien social y un derecho humano y que por eso mismo no podemos seguir favoreciendo políticas antiargentinas. El desarrollo de energías limpias y renovables, que, además democratizarían el uso de las mismas, sigue siendo prácticamente inexistente.

Pero queremos señalar algo más, que la clase política en su conjunto esté de acuerdo en esta materia, es señal elocuente de que no responden a los intereses del pueblo argentino. Y como solamente de la política vendrá la posibilidad de encaminarnos a un proceso de emancipación nacional y social que nos brinde un futuro digno para todos, necesariamente deberemos construir alternativas fundadas en la participación real de las mayorías, sin intermediarios mediáticos y distorsionadores de la realidad. Está claro que los beneficios producidos por los trabajadores y trabajadoras son saqueados comprometiendo nuestra soberanía y nuestro futuro bienestar. Se trata de pensar en las presentes y futuras generaciones, en los jóvenes, en nuestros hijos y en nuestros nietos.

Este modelo, el que promueve el partido del fracking, es un modelo basado en la desigualdad y el consumo, lo que llaman desarrollo son beneficios económicos desiguales, pero no está orientado a asegurar derechos humanos y calidad de vida, no asegura el acceso al agua, a los alimentos, a la energía y también a la educación y la salud, y a la posibilidad de crecer culturalmente en una sociedad justa y profundamente humana. Una vez más, es necesario redoblar esfuerzos en comunicar nuestras ideas y propuestas y profundizar la unidad entre todos los que damos la batalla antifracking, y que no lo queremos "Ni aquí, ni allí, ni en ningún lugar".

Laura García Vázquez es dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de la Provincia de Buenos Aires.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Alperovich recauchuta el régimen de impunidad

Daniel Blanco (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Cambios cosméticos en la Justicia tucumana para asegurar la continuación del régimen de impunidad. Disgregación y derrumbe de la camarilla del gobernador. Se renuevan los intentos de fraude mediante el control de la Junta Electoral.



El gobernador tucumano, José Alperovich, acaba de designar a Edmundo Jiménez jefe de los fiscales penales de la Justicia provincial. Este cargo había quedado vacante luego de la renuncia por jubilación de Luis De Mitri, cuestionado y denunciado por encubridor, junto al fiscal Carlos Albaca, en la causa Lebbos. Por ese motivo se había impulsado el pedido de juicio político. Los cuestionamientos a De Mitri y Albaca, obligándolos a retirarse de la Justicia, significaron un duro golpe a todo el régimen político de impunidad que el gobierno montó en la provincia en estos años, y que tenía en el sistema judicial una pieza clave. La designación de Jiménez tiene en este sentido la pretensión de recauchutar todo ese engranaje de impunidad.

Del mismo palo

Jiménez es un hombre de máxima confianza de Alperovich. Desde 2003 ocupaba el cargo de ministro de Gobierno y Justicia; era, además, secretario del PJ tucumano, presidido por la senadora nacional Beatriz Rojkés (la esposa de Alperovich). En todos estos años Jiménez fue una suerte de gobernador en la sombra. Era el que manejaba la relación con los burócratas de los sindicatos provinciales y fue el arquitecto de la política que permitió el copamiento del sistema judicial de la provincia. Susana Trimarco lo denunció en su oportunidad como el verdadero “monje negro” que manejaba la Justicia provincial.

La designación de Jiménez fue aprobada por la Legislatura en un trámite que se sabía formal, pero que deparó algunas sorpresas, como el voto a favor de los legisladores alineados con el intendente de la capital, Domingo Amaya, quien se ha autopostulado como candidato a gobernador para 2015, en una toma de distancia respecto del oficialismo. De la misma manera votaron los legisladores alineados con el massismo y que provienen del alperovichismo.

Que hayan procedido así quienes se están promocionando como opositores al oficialismo, pero que en todos estos años han integrado, en distintas esferas, el poder político provincial, indica que Jiménez es una carta de garantía de que las causas y denuncias contra el gobierno y sus funcionarios no van a avanzar. Esto tiene una importancia mayúscula en un momento en el que el internismo y la disgregación en las filas de Alperovich son manifiestas y cuando el ex titular de la Dirección de Arquitectura (DAU), Miguel Brito, está procesado por diversos delitos de corrupción.

La causa DAU tiene una gran importancia no sólo porque es la primera vez que se procesa a un funcionario del oficialismo; también porque, en el marco de las denuncias por corrupción y negociados, figura la utilización de personal y fondos de la DAU para la construcción de la casa de Sara, la hija de Alperovich.

Colonización de la Junta Electoral

Por otro lado, Jiménez, como ministro fiscal, pasará a integrar la Junta Electoral provincial, junto al vicegobernador, Juan Manzur, y el titular de la Corte provincial. De esta manera, el gobierno coloniza a la Junta Electoral, donde pasará a tener mayoría en momentos en que, desde el propio oficialismo, se ha anunciado la idea de reflotar el régimen electoral de lemas para sumarlo al sistema de acoples ya en vigencia, que de concretarse reforzaría al régimen electoral fraudulento vigente en la provincia con el propósito de asegurar la perpetuación del alperovichismo en el poder.

Todos estos manotazos y maniobras políticas no van a impedir que se profundice la disgregación y derrumbe político del oficialismo, que es el resultado de la crisis general y del agotamiento del gobierno K. La salida para terminar con el régimen político de impunidad que durante estos años montó Alperovich, no pasa por un cambio cosmético en la Justicia o en los otros poderes del Estado, sino por una reorganización de fondo, sobre nuevas bases políticas, sociales y económicas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Subtes: el tarifazo que "no fue" (pero es)

Marcelo Ramal (especial para ARGENPRESS.info)

En los últimos días, el gobierno de Macri anunció un aumento del 37,5% en la “tarifa técnica” del subte -o sea, el valor hipotético del pasaje que surge de dividir los costos del servicio por la cantidad de pasajeros, sin considerar subsidios-. Aplicando ese incremento sobre la tarifa actual, el valor del pasaje se iría a a 6,15 pesos. El aumento acumulado desde que el kirchnerismo le trasladó el servicio a la Ciudad rondará el 350%.

En las últimas horas, voceros del gobierno PRO desmintieron un nuevo aumento durante 2014, pero aclarando que la Ciudad “absorberá los mayores costos”. Ello significa que se ha convalidado la nueva ´tarifa técnica´, aunque los mayores costos serán bancados con los recursos generales de la Ciudad. Pero el 90% de los ingresos del estado porteño se sustentan en impuestos que pagan trabajadores, consumidores o propietarios de vivienda única. Por lo tanto, el concesionario Metrovías recibirá con plenitud la nueva tarifa, sólo que será resarcido con otros impuestazos.

En su informe, la empresa de subterráneos relaciona al tarifazo con los aumentos salariales. Pero éstos resultaron de un 23% anualizado, mucho menos que el incremento que hoy se convalida. Es evidente que la suba de la tarifa financia a una caja sin control. Delegados del subte han denunciado que Metrovías malversa el mantenimiento de las formaciones, al tercerizar esta tarea en empresas privadas que devuelven los vagones en estado ruinoso. Entre esas empresas, se encuentra una `vinculada` del propio Roggio. Lo mismo puede decirse de los vagones comprados a España para la línea B, cuya adecuación a los túneles está exigiendo gastos colosales e interrupciones del servicio. En la Legislatura, hemos presentado estas denuncias, reclamando la interpelación del presidente de Subterráneos de Buenos Aires.

El kirchnerismo de la Ciudad ha recibido estos anuncios de aumentos con `bajo perfil`. Siempre es necesario recordar que, en el acta de transferencia del Subte a la administración macrista, el kirchnerismo le cedió a Macri “poderes ilimitados” (sic) para el manejo de la tarifa, a sabiendas de lo que se venía. Para los K, los aumentos del subte son la coartada para la `corrección` posterior de la tarifa de colectivos y trenes.

Rechazamos este nuevo tarifazo, por ahora encubierto detrás del presupuesto general. Reclamamos una auditoría integral de los costos del subte a manos de trabajadores y usuarios. Esa investigación debe sacar a la luz el destino de los fondos que el macrismo supuestamente destina al subte, y que se reunieron a fuerza de tarifazos, impuestazos y endeudamiento.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Dos policías de la Metropolitana detenidos e indagados por los baleados con plomo de la RNMA

LA RETAGUARDIA

Se trata de los oficiales mayores Gabriel Pereira de la Rosa y Miguel Antonio Ledesma, que integran la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y participaron de la represión durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi en la tarde y noche del 12 de marzo de 2013. Están imputados por triple homicidio en grado de tentativa, acusados de haber dirigido los grupos de efectivos desde donde salieron los disparos con proyectiles de plomo que hirieron a Germán De Los Santos (DTL!) y Esteban Ruffa (ANRed), ambos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y a Mario Fumaroni de la Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina. Dialogamos con la abogada querellante María del Carmen Verdú, quien explicó todos los detalles de este avance en la causa.

El miércoles 13 de agosto comenzó diferente. Por la mañana, Germán De Los Santos había sido citado por el juzgado de instrucción a cargo de Wilma López a ampliar su declaración: “lo llamaron muy de apuro, por teléfono, una situación que nos llamó la atención y que nos dio la pauta de que algo estaba por pasar”, contó en horas de la noche la abogada querellante María del Carmen Verdú en diálogo con La Retaguardia.

“Además, cuando llegamos para ampliar su declaración testimonial -continuó- nos encontramos con la causa en secreto de sumario y con mucha ebullición en el juzgado. Es un juzgado que conocemos bastante cómo funciona habitualmente porque es en el que se tramitó la causa contra los asesinos de Mariano Ferreyra, así que uno le tiene más o menos el ritmo tomado, y la verdad que nos fuimos los dos a las 10 de la mañana, cuando terminó su declaración, con la sensación de que estaba por pasar algo”.

Y efectivamente algo ocurrió: “a media tarde empezó a circular entre el periodismo especializado, que se enteran de estas cosas antes que las partes de las causas, la noticia de que estos dos jefes de la Metropolitana habían sido detenidos e imputados por triple homicidio en grado de tentativa, porque además de los dos compañeros de la RNMA, hubo un tercer herido integrante de la Biblioteca Los Libros de la Esquina, que si bien no se constituyó como querellante sí es víctima igual que ellos del mismo hecho y también recibió un balazo de plomo, y es el único caso en el que hemos podido recuperar el proyectil”, agregó la abogada y referente de Correpi.

Los policías no solo fueron detenidos sino también indagados el mismo miércoles, fecha a partir de la cual se inició un plazo de diez días en el que la jueza López deberá resolver la situación procesal de los uniformados. Es decir, puede procesarlos, sobreseerlos o dictar la falta de mérito. Además, en las próximas horas deberá definir los pedidos de excarcelaciones ya presentados por la defensa de los policías: “si se aplicase al conjunto de la población carcelaria el criterio de excarcelaciones que se usa con policías y otros uniformados habría que contratar extras en Hollywood para que hagan de presos; respecto del procesamiento nosotros estamos convencidos que acá hay elementos absolutamente sobrados para procesarlos. Pero solo con estos dos metropolitanos tenemos la punta del iceberg. Nosotros esperamos que sea solamente el inicio del desarrollo que tiene que tener esta causa que tiene que avanzar hacia la Policía Federal, y hacia los funcionarios del gobierno de la Ciudad”, expresó Verdú.

La declaración de Germán De los Santos

María del Carmen Verdú explicó que la citación de uno de los dos querellantes (cabe recordar que el tercer herido decidió no interponer una acción judicial por descreer de la justicia como institución) tiene que ver con su primera declaración: “cuando formuló la denuncia dijo que él podía identificar a uno de los policías que había apuntado un arma larga en su dirección, y el tribunal quería saber si cuando él decía identificar se refería a que había visto la cara en cuyo caso se iba a realizar una rueda de reconocimiento, o si se trataba como en definitiva explicó el compañero en esta audiencia que podía ubicar al policía en el cordón que habían formado los uniformados de acuerdo a su ubicación, el tipo de uniforme, el arma que portaba a través de los videos, de las fotos, no solamente de los propios compañeros heridos sino del resto de las cámaras compañeras que nos aportaron cualquier cantidad de documentación gráfica, que fue la que permitió individualizar sin ningún problema cuáles fueron estos dos grupos que realizaron el ataque. Una vez que él explicó que no se trataba de que pudiese reconocer las facciones, porque además con los cascos de tortuga ninja que usan los especiales de la Metropolitana ni siquiera les ves el color de los ojos, terminó allí la declaración, donde sí el compañero se explayó bastante más tranquilo que en su primera declaración, donde todavía tenía la herida abierta, acerca de algunos detalles de los momentos previos y posteriores, precisiones en cuanto al lugar, la cantidad de policías, etc.”, expresó la abogada.

Del miedo al cajoneo de la causa a las detenciones

El 18 de julio pasado se realizó una audiencia en la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional en la que sus integrantes resolvieron no hacer lugar al pedido de la jueza Wilma López de declararse incompetente y pasar a un Juzgado de Menores la causa iniciada por los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. La audiencia fue acompañada por una radio abierta en la puerta de la Cámara, y una transmisión y cobertura especial por parte de la RNMA.

A menos de un mes se produjeron estas detenciones de los dos oficiales mayores de la Metropolitana. Al ser consultada por este cambio avance en el accionar judicial, Verdú reflexionó: “creo precisamente que la campaña que hicimos desde los tres espacios, Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), ENECA (Encuentro de Espacios Culturales Autónomos) y RNMA, el apoyo que tuvimos de muchísimos otros compañeros, organizaciones, sobre todo del conjunto de toda la red de comunicación alternativa fue lo que marcó la diferencia. Si repasamos el comunicado que sacó Correpi el día en que la Cámara, después de escuchar nuestros argumentos y después de cagarnos bien a pedos por el volumen de la radio abierta, en tiempo récord, menos de media hora, resolvió que teníamos razón y que la causa debía seguir en la justicia de instrucción y se debía avanzar en su investigación; decíamos que apenas terminara la feria judicial de invierno la jueza Wilma López iba a tener que buscar alguna otra excusa, diferente a la que había esgrimido y con la que había fracasado para evitar llevar a indagatoria a los policías metropolitanos, federales y los funcionarios del gobierno de la Ciudad. No nos equivocamos, no pudo esquivar el bulto, tuvo que cumplir con lo que la propia Cámara le estaba ordenando hacer en aquella resolución donde con mucha claridad le dijeron ‘lo que usted planteó es infundado, insustancial’, tuvo entonces que acomodarse, no es normal ni habitual que una Cámara de Apelaciones castigue tan duramente a un juez de instrucción y diga las cosas en los términos en que se lo dijeron a la doctora López, y eso necesariamente motiva a que ella ahora tenga que avanzar en la línea que le marcó su superior. Así y todo empezó por lo más fácil, los metropolitanos, vamos a ver si se anima con los federales y con el ministro (de Justicia y Seguridad, Guillermo) Montenegro, (de Cultura, Hernán) Lombardi y con el jefe de la Metropolitana y el jefe de gobierno”.

Respecto a si es habitual que para indagar a una persona, el juez lo mande a detener en lugar de llamarlo directamente a indagatoria, Verdú fue contundente: “en general es la conducta habitual cuando se trata de personas, gente común y silvestre; no es lo frecuente en el caso de los uniformados, pero no nos olvidemos que en esta situación particular no solamente la querella, sino también la fiscalía los está imputando por triple homicidio calificado en grado de tentativa, sería un poquito escandaloso que se les mandara una citación a sus casas para preguntarles si serían tan amables de presentarse a una indagatoria”.

En cuanto a los autores materiales de los disparos, Verdú explicó que al haber secreto de sumario no pudo conocer los resultados de las últimas pericias incluidas en el expediente: “para poder analizar la cuestión de los autores materiales puntuales, quién disparó, si fue este hombre que tenemos semi-identificado o si fue alguno de los que estaban a su costado, precisamente por el secreto de sumario no pude ver esas actuaciones, así que la imputación hacia abajo va a depender de esa reconstrucción dinámica que está haciendo Gendarmería para determinar el origen de los disparos”, especificó. Al cierre de este informe, corrían fuertes rumores que hablaban de una tercera detención.

Estado policial

Aprovechando el diálogo con María del Carmen Verdú, le consultamos acerca de si los efectivos deben portar armas aún cuando están de franco y si tienen la obligación de intervenir ante un hecho aunque no estén de servicio: “hay bastante confusión al respecto, y la forma en que jueces y fiscales resuelven va a depender de que tengan que amparar a un policía que intervino en un hecho estando de civil después de haberse tomado dos o tres copas de vino durante una cena o en un baile, o que tengan que evaluar otro tipo de situaciones”, respondió la abogada e inmediatamente agregó: “lo que dicen las normas es que existe algo que se llama estado policial, que indica que la condición de funcionario de fuerza de seguridad, quien la tiene, la ostenta durante las 24 horas del día, esté de franco o de servicio, y por eso es que el argumento de estos policías que por ejemplo generan una masacre en un restaurante porque se paran y empiezan a los tiros cuando alguien manotea una billetera y entonces terminas con cinco muertos en lugar de veinte pesos perdidos, es siempre ‘si yo no intervengo me pueden sancionar’. El tema de la portación de armas es otra cuestión, porque hay una serie de normas que no son absoluta y totalmente compatibles entre sí. Al inicio de la gestión kirchnerista, Aníbal Fernández, cuando era ministro del Interior y estaban las fuerzas de seguridad bajo su mando, dictó una resolución autorizando a los policías federales a dejar la chapa y el arma reglamentaria en su casa cuando estaban de franco, pero esto es una cuestión absolutamente voluntaria, no hay nada que impida que el policía lleve el arma cuando está de franco. Hay una cantidad de casos de gatillo fácil protagonizados por policías, gendarmes, perfectos o metropolitanos de franco, lo cierto es que todo el tiempo la llevan con ellos. Conocí a un compañero psicólogo que alguna vez me esbozó una tesis que él llamaba ‘del doble pito’”.

Un gran avance en la causa por los baleados con plomo durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi en marzo de 2013, “una muy buena noticia” en palabras de la abogada querellante María del Carmen Verdú. Habrá que ver ahora si se cumple su deseo que la jueza avance con el juzgamiento de los responsables políticos y materiales tanto de la Metropolitana como de la Policía Federal.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

La FUBA denunció el régimen de patotas de Formosa y la violencia contra los aborígenes

Liliana Giambelluca (ANRED)

Promovida por el bloque de diputados del PO-FIT, la FUBA realizó una Audiencia Pública en el Anexo del Congreso de la Nación junto a referentes indígenas y de organismos defensores de los derechos humanos. Presentaron un video y denunciaron el ataque de una patota de Gildo Insfrán a estudiantes de la UBA y el armado de una causa judicial contra originarios wichi de la comunidad El Colorado.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) presentó este lunes denuncias concretas contra el régimen de patotas del gobernador de Formosa Gildo Insfrán y el ensañamiento contra los aborígenes. Fue durante una Audiencia Pública promovida por los legisladores Néstor Pitrola y Pablo López (Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores), de la que participó el diputado por Formosa Ricardo Buryaile.

También denunciaron el régimen represivo y el estado de abandono que sufren los indígenas formoseños, los referentes locales Félix Díaz (qarashe qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh) y Viviano Luna (referente wichi de la Colonia Francisco Muñiz).

Por parte de los organismos defensores de los derechos humanos, se hicieron presentes Nora de Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), las abogadas Paula Mercedes Alvarado (copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y Claudia Ferrero (Asociación de Profesionales en Lucha).

En la Sala 2 del Anexo del Congreso de la Nación, Julián Asiner (copresidente de la FUBA), Ignacio Ibañez Cornet (consejero estudiantil de la Facultad de Sociología de la UBA) y Juan Winograd (secretario de Salud y Medio Ambiente de la FUBA) relataron que el viernes 1 de agosto, poco antes de partir de la localidad Las Lomitas, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de otras universidades del país que finalizaban una pasantía en Formosa fueron atacados por patotas que respondían al poder político de Insfrán.

El ataque -con cadenas, palos y armas blancas- se produjo cerca de la medianoche cuando los matones ingresaron intempestivamente al campamento de los jóvenes, ubicado en la Colonia wichi Francisco Muñiz, requiriendo el material fílmico que habían recabado durante la pasantía. En el atropello fracturaron el brazo derecho de Viviano Luna, referente de la comunidad.

Los estudiantes también relataron que días previos habían visitado a Esteban, Avelino, Manuel y Rogelio Tejada de la comunidad wichi El Colorado, detenidos en la Alcaldía de Las Lomitas, y que habían filmado el encuentro. Además, habían marchado junto a originarios por las calles de la localidad para pedir la liberación de los aborígenes.

Destacaron que los originarios son víctimas de una “causa armada” luego que un criollo que estaba alambrando en su territorio ancestral, los denunciara de un robo que no cometieron.

En la mañana del 28 de julio, la policía allanó las humildes viviendas de los wichi y los golpeó con violencia, al igual que a niños y mujeres. A Ricardo Tejada lo hirieron con balas de goma y aún permanece internado en el Hospital Central de Formosa, esposado a la cama. A Melgado Galeano le fue concedida la excarcelación porque su cargo era de “resistencia a la autoridad”.

Luego de relatar los hechos, los estudiantes presentaron el video que realizaron con material fílmico y testimonios que recabaron durante la pasantía en comunidades campesinas y aborígenes de Formosa.

Asiner informó que la FUBA realizará una campaña nacional en facultades de distintas partes del país para continuar denunciando los acontecimientos referidos en la Audiencia Pública.

“VAYAN AL TERRITORIO PORQUE AHÍ ESTÁ EL SUFRIMIENTO DE NUESTRO PUEBLO”

El referente qom Félix Díaz leyó una nota en nombre de las comunidades Potae Napocna Navogoh y de Riacho de Oro, donde solicitan a los legisladores que se hagan presentes en territorio qom, pilagá, nivaclé y wichi de Formosa para que “se interioricen de las forma de vida de estos pueblos, escuchen la voz y las necesidades de hermanos y hermanas en Audiencia Pública convocada al efecto”.

“No nos pidan que viajemos hasta acá para poder escucharnos. Vayan al territorio porque ahí está el sufrimiento de nuestro pueblo”, continuó.

La nota será entregada a todos los bloques de los legisladores del Congreso de la Nación.

También pidió al juez de la causa de los hermanos Tejada que “tenga un gesto político y los libere” y al ministro Jorge González le solicitó que resuelva el conflicto de los originarios de nam qom, “que hoy están reclamando justicia por la violación de un niño en la escuela”.

“NADIE QUIERE DEFENDER LOS DERECHOS INDÍGENAS EN NUESTRA PROVINCIA”

Viviano Luna, dirigente wichi de la comunidad Francisco Muñiz, relató que fue a la Alcaldía a visitar a los hermanos Tejada. “Me dijeron que luchaban por su tierra, por la salud y la educación, y que dos criollos querían agrandar un terreno de la comunidad”.

“Mis hermanos están detenidos por defender su tierra. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde?”, se preguntó.

Pidió al juez Francisco Orella “que libere a nuestros hermanos” y que en Formosa se cumpla con la Ley 426 del Estado provincial y con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional “porque ya no queremos más masacres. Queremos paz”.

Dijo que el Estado provincial quiere hacer un gasoducto “pero nosotros tenemos muy poca tierra y queremos preservar el bosque. El bosque tiene medicamentos que nunca vencen, y los medicamentos que se compran en la farmacia tienen vencimiento”.

Finalmente, Luna relató cómo fue el ataque de la patota en su comunidad y que su brazo derecho fue fracturado. “Ando regular pero quiero seguir en la lucha. Si yo presento la denuncia, nadie la aceptará. Nadie quiere defender los derechos indígenas en nuestra provincia”.

EL MILITANTE RURALISTA AHORA NO PUEDE HABLAR

El diputado por Formosa Ricardo Buryaile (UCR) habló de la falta de libertad de expresión en su provincia y justificó su falta de compromiso con los aborígenes porque “los formoseños no tenemos la posibilidad de hablar” y “los diputados, si decimos algo o sacamos una nota tenemos los dos tercios para ser expulsados”.

El hacendado, dirigente rural en Formosa y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA,) agregó que “se viven conflictos importantes en distintos puntos”, pero “no veo que haya soluciones para la inmensa cantidad de miembros de las comunidades”.

Aunque se retiró presuroso, el legislador dijo que se ponía “a disposición de todos ustedes, saben dónde encontrarme”, y abogó para que “en la Argentina se vuelva a respetar el derecho de las comunidades y el derecho a pensar” (sic).

Luego de su exposición, el diputado que fue denunciado por tener trabajadores en negro y en condiciones de esclavitud, y en 2008 militó con los ruralistas de todo el país contra la Resolución 125, se retiró de la Audiencia sin escuchar las intervenciones de Félix Díaz, Sisquito Flores, Nora de Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, estudiantes de la FUBA, Néstor Pitrola y Pablo López, entre otros.

“INMEDIATA INVESTIGACIÓN Y EL CASTIGO A LOS RESPONSABLES MATERIALES Y POLÍTICOS DE ESTE ATAQUE”

El diputado Néstor Pitrola aceptó la invitación de Félix Díaz y propuso realizar una Audiencia Pública en Las Lomitas con la participación de aborígenes, organismos defensores de los derechos humanos y legisladores.

A continuación informó acerca del Proyecto de Resolución que presentaría ese mismo día en la Cámara de Diputados, donde se invita a los legisladores a “repudiar enérgicamente el ataque de una patota a estudiantes y miembros de la comunidad originaria wichi en la localidad de Las Lomitas, Muñiz, provincia de Formosa, cuando participaban de un campamento organizado por la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, en el marco de una pasantía de capacitación, y habían registrado en videos los atropellos sufridos por las comunidades originarias por parte del Gobierno formoseño.

Además, el Proyecto exige “la inmediata investigación y el castigo a los responsables materiales y políticos de este ataque”.

ADHESIONES

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Asociación de ExDetenidos Desaparecidos (AEDD). Asociación de Profesionales en Lucha (APeL). Liberpueblo. Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ). Diputada neuquina Angélica Lagunas (FIT-IS). Diputado rotativo Juan Carlos Giordano (FIT-IS). Alcira Argumedo (PS). Graciela Villata (FC Córdoba). Victoria Donda (MLS-FAP). Víctor De Gennaro (UP). Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA). Catedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata. Laboratorio de Antropología Social y Cátedra de Antropología Sociocultural I de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Proyector Sur de Pergamino. Juventud Radical de Pergamino. Bachillerato Popular La Grieta. MST-Nueva Izquierda de Pergamino. PSTU de Pergamino, entre otros.

Video presentado por los estudiantes de la FUBA: “FORMOSA. SÍNTESIS DEL MATERIAL RECABADO POR LOS ESTUDIANTES DE LA UBA Y QUE LA PATOTA DE INSFRÁN FUE A INCAUTAR Y NO PUDO”



Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

La muerte de un niño en Fiorito

Silvana Melo (APE)

Agustín murió en Villa Fiorito el domingo pasado. Tenía cinco años y su muerte alteró todas las reglas de la naturaleza. La muerte tiene permiso consuetudinario para llevarse a los que agotaron los centímetros de vida concedidos. Pero no a los niños. No a alguien que apenas vivió cinco años. A la muerte se le concede arrebatar a quienes son presa de una enfermedad incurable. Pero no a un niño al que se dejó solo, sin documentos, sin acceso a la salud, sin abrigo, sin asignación por hijo. Y que muere el domingo, en plenos festejos del Día del Niño, en una casilla de Fiorito. No tiene concedido la muerte llevarse a alguien de cinco años que recién empezaba a tejer los primeros puntos de la vida. Esa muerte era evitable. Debería enumerarse entre los homicidios del sistema. Nadie sabe de qué murió. En realidad, el acta de defunción debería decir “paro cardiorrespiratorio por abandono”.

Federico Defranchi, trabajador social de la Fundación Che Pibe, relata a grandes rasgos la pequeña historia de la familia de Agustín (*): apenas una historia en medio de miles, confinadas al descarte, protagonizadas por excedentes sociales sin nombre, ni siquiera número, inalcanzados por los planes sociales, prolijamente apilados en los containers del Estado.

“En Abril de 2013 presentamos un informe al Servicio Local de Villa Fiorito” sobre Teo, que vivía desde hacía un año con su tía materna. “Ella vive con su pareja y sus tres hijos; el más grande de los tres va a Casa del Niño y los dos más pequeños asisten al materno infantil”. La tía de Teo “está atravesando una gravísima enfermedad oncológica con metástasis en órganos vitales”. A esa misma casa, en abril de 2014, llegó Silvia, la mamá de Teo. Estaba sin techo porque su pareja actual construía una casilla en un terreno de Ingeniero Budge. Cayó en la casa de su hermana con sus tres hijos y se reencontró con Teo, a quien no veía desde hacía meses. La vida la hizo nómade, sobreviviente en cualquier zócalo de un mundo que la rechazó sistemáticamente, que la eyectó de cualquier lugar seguro.

*****

Un mes después, relata Federico, “presentamos en el Servicio Local de Villa Fiorito un informe en conjunto con la salita del barrio para informar sobre la situación de vulnerabilidad de esta familia”. Es que Silvia ya no pudo volver a la casilla a construir en Ingeniero Budge porque su pareja ya la compartía con otra. Entonces se quedó con su hermana, sus hijos y los de ella en condiciones de total hacinamiento. “Esta situación agravó la realidad de la familia” de la tía de Teo, “ya que su casa no cuenta con las instalaciones necesarias para alojar a cuatro personas más, no tiene baño, presenta graves problemas de higiene, las personas que viven están hacinadas, no cuentan con recursos económicos y materiales para garantizar una subsistencia básica”. Además, nunca alcanza el alimento para todos. La casilla dispara el promedio de las estadísticas de los escritorios sobre “inseguridad alimentaria”. Silvia, su hermana y los chicos que comparten pasan hambre, sin eufemismos.

“La repentina aparición de Silvia –sigue Federico- alteró particularmente a Teo, que tiene severas dificultades de simbolización y aprendizaje”. Este año “está haciendo permanencia doble turno en el materno infantil en vez de ingresar a 1° grado, como estrategia pedagógica con el objetivo de darle más herramientas para incluirlo en la escuela primaria”.

Silvia no recibe la Asignación Universal por Hijo, no tiene ninguna cobertura de seguridad social que provenga de la Municipalidad o de la Provincia o de la Nación. Su hijo de tres años “no tiene D.N.I. por lo que se le pidió al Servicio Local que trabaje junto a la familia para garantizarle a este niño su derecho de identidad”. El bebé de 6 meses “tiene un diagnóstico de dermatitis seborreica en cuero cabelludo; se le indicaron pautas especiales de higiene y limpieza en la zona con aceite de almendras”. No tienen libreta sanitaria, ni documento de identidad; se les aplican las vacunas acordes a su edad. El agravante para la familia errante de Silvia es que “la abuela paterna, según ella, está reteniendo los D.N.I. de los niños”. Con ella vivía Agustín, otro de los hijos que Silvia repartió por su incapacidad para hacerse cargo de su propia vida, sin destino fijo ni abrigo ni cuidado. Desterrada por las políticas oficiales que llegan hasta ahí, siempre hasta ahí. El resto es excedente.

En el informe elevado al Servicio Local, relata Federico, se le pide que intervenga con urgencia por la necesidad de lograr prioridades como “1- el pago de alquiler o subsidio habitacional (Ley 13.298 título II Cáp. I del sistema de promoción y protección integral de derechos Art. 14). 2- el ingreso al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria. 3- el asesoramiento y acompañamiento para tramitar la Asignación Universal por Hijo”.

*****

Agustín murió el domingo. En el Día del Niño en Villa Fiorito se murió un niño sin fiesta. En casa de la abuela paterna. Atendido a veces en la salita, las más por el curandero. “Nadie pudo comunicarse con la abuela, ni para pedirle los DNI de los hermanos de Agustín, nadie sabe dónde vive, la mamá (Silvia) no sabe decirnos en qué barrio, en qué calle”.

Agustín se murió a los cinco, tres años después del primer informe al Servicio Local que encendía una alarma. Tenía dos en aquel tiempo. Estos tres años eran cruciales en su crecimiento, en su desarrollo cognitivo, en las marcas fatales que llevaría para siempre en su vida futura. No hubo política pública ni sanitaria ni alimentaria que le llegara. El domingo, Día del Niño, Agustín se murió como para dar un grito. Murió el día en que no debía morirse, a la edad en que la muerte tiene que huir. Su muerte definitivamente era evitable. Porque “presentamos al Servicio Local la realidad de un niño de 4 años dejado por su madre a cargo de su tía materna. 3 años después un hermano de este niño, de 5 años, muere”. El trabajador social de Che Pibe se pregunta “¿qué pasó en esta familia en estos 3 años? ¿Qué acciones se realizaron para garantizar y promover los derechos de los niños de esa familia? ¿Qué acompañamiento, seguimiento realizaron los efectores estatales?”.

Desde “el Estado y los ‘buenos padres’ es muy fácil encontrar culpables en la madre, en la tía, e la abuela”. Porque es sencillo y exculpatorio, dice Federico, “descargar el peso de la culpa sobre una familia golpeada de años, en un barrio acostumbrado al maltrato de las instituciones estatales como la escuela o el hospital, donde no te atienden sin un número de documento, acostumbrados a la muerte de los seres queridos que nos rodean, donde la enfermedad y la falta de atención es parte del día a día, donde no tiene sentido llevar a un hijo enfermo al U.P.A. (Unidad de Pronta Atención) porque no hay pediatra”. ¿Cómo buscar culpas en aquellos que son víctimas del abandono institucional y sistémico?

Agustín murió el domingo, a los cinco años. Era el Día del Niño. De todos los niños menos algunos. Menos muchos. Muchísimos. Que están afuera de las convenciones culturales por despido. Cesanteados de la cara feliz de la vida.

*) Los nombres utilizados en la nota son ficticios.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Mendoza: ¿Un “Día de la Biblia” en una provincia laica?

Federico Mare (MDZOL)

Tras un impasse de seis años, el Senado provincial ha resuelto reflotar un proyecto que proponía una jornada de celebración del libro de religioso.

Allá por el año 2008, Guillermo Amstutz tuvo la anacrónica ocurrencia de presentar en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley para instituir oficialmente un Día Provincial de la Biblia el último domingo de septiembre. En aquel momento, el proyecto afortunadamente no prosperó. Pero ahora, tras un impasse de seis años, el Senado ha resuelto reflotarlo al socaire del llamado efecto Francisco. La Constitución de Mendoza, la laicidad del Estado provincial, la convivencia pluralista y la civilidad democrática de los derechos humanos son así, una vez más, puestas en jaque por los nostálgicos sin cura de la dictadura militar y el primer peronismo.

Una pequeña digresión: por qué la Constitución de Mendoza es laica -aunque algunos prefieran olvidarlo-, y cómo llegó a serlo por influjo decisivo de Emilio Civit y el concurso de otros muchos mendocinos notables, es algo que ya expliqué en otro artículo, de modo que no volveré a hacerlo ahora. He aquí el enlace para quienes deseen leerlo: www.mdzol.com/opinion/536650

El proyecto de Amstutz estipula, además, que la impresión, distribución y venta de ejemplares de la Biblia queden eximidas de toda carga impositiva. Y como si esto fuese poco, dispone también la construcción de un Monumento a la Biblia -a instancias del gobierno provincial y con fondos derivados del presupuesto provincial- “en un lugar destacado de Mendoza”.

Los argumentos esgrimidos para fundamentar esta oscurantista iniciativa no han sido precisamente brillantes, y ellos sólo pueden «convencer» (complacer) a quienes ya están convencidos de antemano, es decir, a los sectores más integristas o fundamentalistas de las Iglesias cristianas con arraigo en Mendoza, a la cabeza de las cuales se halla la Iglesia católica romana. Revisemos los más importantes:

1) “La Biblia es completa y contiene verdades contundentes”. ¿Es así para todas las personas? ¿O únicamente para aquéllas que, movidas por su fe, le asignan un carácter sagrado? ¿Cuáles son las pruebas universalmente aceptadas de que eso sea objetivamente cierto? ¿O sólo se trata de una cuestión de fe, de una creencia subjetiva que se quiere imponer autoritariamente a los demás?

2) “Los grandes pensadores han destacado a la Biblia en una categoría especial, reconociendo su carácter sobrenatural”. ¿Todos los grandes pensadores o solamente algunos? ¿Qué hay de Aristóteles, Platón, Séneca, Cicerón, Voltaire, Holbach, Feuerbach, Nietzsche, Marx, Sartre, Camus y tantísimos otros pensadores que, por diferentes motivos o circunstancias, no quisieron o no tuvieron oportunidad de creer (porque vivieron antes de que surgiera el cristianismo) que la Biblia fuese una revelación divina? ¿O acaso ellos deben quedar excluidos del «club de los grandes pensadores» porque «cometieron el pecado imperdonable» de no pensar igual que el Sr. Amstutz? ¿Sólo porque a él se le antoja, la Biblia debe ser la vara que mida la estatura intelectual de todos los pensadores habidos y por haber?

3) “La Biblia ha sobrevivido a la mayoría de las grandes culturas y civilizaciones humanas”. ¿Todo lo que ha perdurado desde tiempos remotos hasta hoy, debe ser oficialmente apadrinado por el Estado, sin más razón que su dilatada antigüedad? ¿La xenofobia, el racismo, la violencia de género, el antisemitismo y la esclavitud sexual también? ¿El atavismo es un criterio saludable o valedero para elaborar nuevas leyes, o mantener las que están vigentes? ¿Merece alguna consideración seria, en un debate mínimamente racional de ideas, el razonamiento si sobrevivió a muchas culturas y civilizaciones, hay que oficializarlo e imponerlo a toda la ciudadanía?

4) “La sociedad une a través de ella, a católicos, evangélicos y a todas las religiones que se referencian con este libro sagrado”. ¿Qué hay de las personas que no comparten esa referencia fideísta (agnósticos, deístas, ateos, indiferentes, budistas, etc.), o que sólo la comparten parcialmente (algunos libros de la Biblia sí, pero otros no) como en el caso de los judíos y musulmanes?

De más está decir que Amstutz no tuvo ningún interés en hacerse estas preguntas. Su única preocupación fue arrimar agua al molino de su fe cristiana, y que a los demás los parta un rayo. Por eso mismo, sus consideraciones apologéticas no son más que una retahíla de peticiones de principio totalmente arbitrarias, mechadas con algunos paralogismos, imprecisiones conceptuales e inexactitudes históricas. Retahíla que remata con una apretada síntesis histórica de los orígenes de la Reina-Valera, la primera traducción completa de la Biblia al castellano, un asunto sin duda apasionante -al menos para mí-, pero que nada aporta al quid de la cuestión, a saber, si es correcto -desde un punto de vista jurídico y ético- que el Estado provincial de Mendoza instituya oficialmente una nueva conmemoración religiosa que socave aún más la vigencia de la laicidad, ya gravemente socavada por las conmemoraciones del Patrono Santiago y la Virgen del Carmen, la exhibición de símbolos católicos en espacios públicos y dependencias del Estado, y otras prácticas confesionalistas heredadas del régimen clérico-militar de 1943-46, el primer peronismo, el Onganiato, la dictadura procesista y el decenio menemista.

Para colmo de males, Juan Carlos Jaliff no tuvo mejor idea que proponer, como alternativa «superadora», que el Día Provincial de la Biblia sea reconvertido en Día Provincial de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué el legislador radical considera que su propuesta es superadora? Porque con ella se dejaría conformes a los creyentes de casi todas las religiones, y no sólo a los de fe cristiana. Seguramente Jaliff, más que pensar en los creyentes de religiones orientales -muy pocos aún en Mendoza-, tiene en mente a los israelitas y musulmanes, cuya presencia en nuestra provincia -como es sabido- es muy significativa (recuérdese que el judaísmo y el islam sólo aceptan como sagrados algunos libros de la Biblia cristiana, no todos).

El legislador de la UCR confunde ecumenismo con laicidad. Incluir más religiones en la efeméride no es respetar la laicidad, sino tratar de ampliar la base social de apoyo para que su conculcación parezca menos escandalosa, menos inconstitucional y antidemocrática. La propuesta de Jaliff contempla -es cierto- a la gran mayoría de las minorías religiosas no cristianas, pero ningunea por completo a las minorías seculares: agnósticos, deístas, ateos, indiferentes, etc. Estas minorías merecen también ser respetadas, y la manera de respetarlas no es invisibilizarlas en nombre del ecumenismo o del diálogo interreligioso, sino garantizándoles en serio un Estado aconfesional, neutral en materia de credos. Máxime cuando en Mendoza, dichas minorías superan ampliamente en número a todas las denominaciones religiosas no cristianas, tal como lo ha demostrado la Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina coordinada por el sociólogo del Conicet Fortunato Mallimaci.

El Estado provincial, por imperativos jurídicos y éticos insoslayables, tiene siempre que actuar conforme a la laicidad, no debe jamás imponer ni privilegiar ningún credo religioso. Si lo hace, viola dos derechos humanos y civiles esenciales de la convivencia democrática: la libertad de conciencia y la igualdad de trato. Por muy ecuménico que sea, el Día Provincial de las Sagradas Escrituras propuesto por Jaliff, es tan opuesto al principio de laicidad como el Día Provincial de la Biblia pergeñado por Amstutz.

En lugar de recuperar los ideales seculares de la Reforma Universitaria, y de honrar la memoria de correligionarios laicistas tan ilustres como Leandro N. Alem y el mendocino Ernesto Matons, Jaliff ha preferido «edulcorar» un proyecto de ley que remite a los años más autoritarios e intolerantes del primer peronismo, cuando la argentinidad y la cuyanidad eran identificadas de manera excluyente con la tradición hispanocatólica, cuando las minorías religiosas y seculares acrecidas al calor de la inmigración eran miradas con desconfianza y desprecio, y cuando se enseñaba religión católica en las escuelas públicas a contramano del legado sarmientino y civitista.

La senadora Carina Segovia (FPV-PJ), presidenta de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, sin ningún pudor afirmó: “la intención [de quienes apoyan el proyecto original de Amstutz] no es mala, porque quieren valerse de esa fecha como motivación para hablar de amor y tolerancia”. Me pregunto: si la finalidad es fomentar el amor y la tolerancia, y no hacer proselitismo religioso, ¿por qué no se instituye el Día del Amor y la Tolerancia, así toda la ciudadanía mendocina se puede sentir parte de la conmemoración, y no solamente los sectores de fe cristiana?

Por fortuna, no faltan en el Senado provincial voces de disenso. El FIT, sin duda, se opondrá al proyecto. Legisladores de otras fuerzas políticas también lo harán, al menos a título personal.

De hecho, Gustavo Cairo del PRO ya se ha pronunciado en contra, y sus palabras, muy atinadas, merecen ser citadas: “Todas las creencias son respetables, pero es bueno que un país laico como Argentina, que no ha tenido problemas religiosos nunca, siga siendo así y no genere conflictos. Lo que quiero decir es que creo que hay que respetar a los que son religiosos y a los que no lo son”. Confieso que el PRO está en las antípodas de mis convicciones políticas, y que jamás podría votarlo. Tampoco pierdo de vista, para nada, los reiterados derrapes clericales del macrismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero Cairo ha dicho una gran verdad, y no ha de ser el sectarismo lo que me impida creer en su palabra o rescatar su opinión, aun cuando considere que su postura es más personal que representativa del PRO.

La asociación civil Veinte de Septiembre, siempre preocupada por la defensa de la laicidad, también se ha manifestado con muy buen tino. Su presidente, el abogado Marcelo Puertas, expresó: “La veneración u homenaje a los libros sagrados de determinadas religiones en espacios públicos o la imposición de un día de culto a éstos” constituye una “flagrante violación” de la Constitución de Mendoza. “La conmemoración de un elemento histórico como la Biblia es parte de la privacidad de una religión o creencia, no tenemos por qué participar todos los ciudadanos en esto. Que sea ecuménico no significa que sea laico”. El Dr. Puertas concluyó su reflexión con una pregunta retórica tan simple como esclarecedora: “¿Qué pasa con esos sectores que no se sienten representados y tampoco integran una religión, o consideran que su creencia es un acto íntimo?”.

Ojalá el Senado de Mendoza no cometa el error de aprobar un proyecto de ley tan retrógrado, ilegítimo y funesto como el de Amstutz. Ojalá tampoco se deje seducir por la propuesta pretendidamente «superadora» de Jaliff. Ojalá recuerde que nuestra provincia tiene una constitución sabiamente laica. Y ojalá tenga presente, por sobre todas las cosas, que si la laicidad fuese avasallada por el Poder Legislativo, la libertad de conciencia y la igualdad de trato, bases esenciales de la convivencia pluralista y democrática, quedarían reducidas a palabras huecas, a fórmulas vacías, a derechos puramente retóricos.

Nota: Las declaraciones de Carina Segovia, Gustavo Cairo y Marcelo Puertas han sido extraídas del artículo periodístico “El Senado de Mendoza desempolvó un proyecto polémico: declarar el Día Provincial de la Biblia”, de Paola Alé, publicado en el diario Uno de Mendoza el 13 de agosto de 2014.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Jujuy: Represión en la toma del Aeroclub

COLECTIVO RADIO PUEBLO - ANRED

El miércoles 13 de agosto los vecinos reclamaron por su tenencia precaria y por acceso a la contratación de servicios básicos. Hoy están siendo reprimidos.



La conocida toma del Aeroclub surgió en 2011, en los predios del ex-aeroclub Jujuy, ya en desuso, ubicado sobre la ruta nacional N 9, en Alto Comedero, barriada del sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy, junto a las tomas surgidas cuando la crisis habitacional llevó a un intento de toma de tierras del ingenio Ledesma que se saldó con tres asesinatos.

Desde las 8 de la mañana del día de hoy, vecinos de la toma del aeroclub decidieron autoconvocarse, al lado de la ruta nacional N 9, con el fin de realizar una marcha pacífica a casa de gobierno, debido a la desconexión del transformador que les permitía proveerse de energía de manera precaria. Pero esta movilización fue rápidamente frustrada por fracciones de policías armados que se presentaron con amenaza de reprimir ante el intento de tomar las calles. Esta fuente de energía que alimentaba a la mayoría de las casas del aeroclub fue desconectada por la empresa hace tres días, momento desde el que los vecinos padecen una situación crítica que va desde problemas de salud, hasta el impedimento de actividades cotidianas.



En entrevista con Radio Pueblo los vecinos del aeroclub señalan que, desde hace tres años, vienen intentando por la vía legal acceder a los servicios básicos (luz y agua) y a la tenencia precaria de los terrenos. Sin embargo denuncian que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Luis Cosentini, junto a las empresas prestatarias de los servicios, les niegan la posibilidad de acceso a las posibilidades. A eso debe sumarse que en las pocas reuniones que lograron tener con el ministro, en vez de recibir propuestas tendientes a regularizar la situación, fueron advertidos de futuros desalojos.

A esta condición de viviendas precarias debe sumarse los efectos que tienen lugar. Los vecinos con impotencia cuentan como desde las empresas les recomiendan, debido a la falta de tenencia de papeles legales, robar luz y agua: ?no queremos robar, queremos que nos hagan la conexión legal y pagar los servicios y los terrenos, no queremos que nos regalen nada?, responden. Pero al no contar con las instalaciones adecuadas, varias de las personas sufrieron accidentes graves y fatales. Se cuenta de la muerte de un padre de familia que dejo a 9 hijos, del accidente de descarga eléctrica que dejó severas secuelas a un abuelo y la complicada situación que impide a personas con dificultades físicas realizar sus actividades diarias.

A tres años del asentamiento de más de cien familias y cuatro mil personas en el sector del aeroclub, el ministro Cosentini junto al gobierno provincial no ofrecen respuestas a las carencias de las personas allí asentadas y menos aun proponen una alternativa de vivienda ante la infame amenaza de desalojo. A su vez esta realidad se desarrolla en el marco de la concentración de terrenos en propiedad de sectores de poder dejando un saldo de alta marginalidad que se expresa, en este caso, en la imposibilidad de los vecinos del aeroclub de acceder a los servicios más urgentes para vivir.

Debido a ello ayer un grupo de vecinos de la toma se manifestó frente al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial exigiendo la tenencia precaria y el derecho al acceso a la contratación de servicios básicos. Esta mañana, alrededor de un centenar de policías, entre infantería y montada, se apostaron en la ruta nacional Nº 9, frente a la toma, ubicándose en dos hileras de cara al muro de la toma y también en el pórtico de ingreso a la misma, lo que restringió la entrada o salida de gente del lugar.



Los vecinos, tras una tensa asamblea, decidieron volver a salir a la calle, tras lo cual dieron inicio los primeros forcejeos y la represión, incluyendo balas de goma. Existen al momento varios vecinos golpeados, incluyendo mujeres y niños, durante el desalojo de la ruta. Hasta ahora se llevaron detenido a un joven, de nombre Franco. Según denuncia María, otra delegada de la toma, la policía no tenía orden de reprimir en la ruta nacional y responsabilizan al ministro Luis Cosentini por ello, con quien mantienen ahora una comunicación telefónica.

Al momento de terminar esta nota, la situación continuaba tensa, y los vecinos decidieron tomar la ruta, por lo que no se desestiman nuevos enfrentamientos.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Salta: Comunidad aborigen fabrica ladrillos para construir sus viviendas

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Viven al sur de la localidad salteña de Coronel Cornejo, a unos 20 kilómetros de Gral. Mosconi, al norte de esta provincia.

Son unos 10 wichis que fabrican ladrillos beneficiados por el salario único, de 1.200 pesos por hijo que les otorga la organización social Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi. (U.T.D.) a través de su fundación FUNDATRAD, para lo cual deben realizar una contraprestación de cuatro horas diarias de trabajo solidario.

“Cada tres meses sacamos unos 30 mil ladrillos, para la U.T.D., que los destina para gente sin recurso” Dice el Cacique Julio Moreno, agregando: “de esos ladrillos, tenemos un cupo, entre los que trabajamos, que destinamos para la construcción de nuestras casas en la Misión, queremos erradicar nuestros precarios ranchos, y como la ayuda del gobierno nacional y provincial no llega, decidimos hacerlo nosotros, y con la apoyo de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi”.

Los aborígenes salteños, trabajan en distintos proyectos a diario, fortaleciendo el trabajo comunitario, organizado por la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi (U.T.D.) en el Departamento petrolero de San Martín. Avanzan firmemente en la reconstrucción del tejido social, destruido en la década del 90, ante la aplicación del neoliberalismo ejecutado por el peronismo en esos adversos años.

La ayuda social gubernamental tardía y frecuentemente inexistente, ha despertado conciencia colectiva de organización para solucionar los problemas sociales existentes en las comunidades organizadas de Salta, recreando el tejido social de construcción para el bien común. Las Comunidades originarias no están ajenas a esta restauración.

Más ladrillos

La Comunidad aborigen “Urundel” de origen Wichí, donde viven unas 15 familias, al costado este, de la ruta nacional 34, en frente de Gral. Mosconi, tiene proyectado hacer ladrillos con trabajo comunitario y destinar un porcentaje de estos para erradicar sus ranchos y construir casas dignas.

Lucio Juan, es Cacique de la Misión Urundel, y viaja continuamente a la Ciudad de Salta, donde realiza gestiones gubernamentales. “Estoy agotado de tantas gestiones y promesas incumplidas de los políticos” Dice el Cacique a Copenoa, afirmando: “Son solo promesas, los años pasan y vivimos, no igual sino peor. Antes nos mataban con escopetas ahora, de hambre”.

En la Misión Urundel, cansados de palabras gubernamentales incumplidas, tienen proyectado con la ayuda de La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, solicitar a esta organización un préstamo, y trabajo voluntario, para adquirir unos 200 metros de manguera para llevar agua para poder hacer ladrillos, con el objetivo de eliminar las precarias casas en su mayoría de plásticos en las que viven, y construir casas dignas.

“El proyecto se lo presentaremos a don “Pepino” Fernández, dirigente de la U.T.D. quien es amigo y colaborador de las Comunidades originarias de la zona, de esta manera avanzaremos ante la desidia del estado salteño y nacional, para con los aborígenes” Dice el Cacique Lucio Juan a la Agencia de Noticias Copenoa.

El ejemplo de reconstrucción del tejido social, aplicado con trabajo solidario, comunitario, para solucionar problemas sociales con un estado que se auto excluye por su inacción, y donde los afectados son los protagonistas dando soluciones habitacionales, de alimentación a través de las huertas orgánicas y de trabajo alternativo, que aplican con total éxito como es el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, se expande rápidamente, incluyendo a Comunidades Originarias que viven en el Departamento San Martín, y Orán en la provincia de Salta.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

La precarización que no es titular

Soledad Arrieta (EL ZUMBIDO - ANRED)

Página 12, Perfil, Infonews, Miradas al Sur, Siete Días, Tiempo Argentino, revista Veintitrés, C5N Minuto Uno y Crónica son algunos de los medios cuyos trabajadores y trabajadoras están luchando por mejorar sus condiciones laborales. El diario La Tercera, del Multimedio Grupo Sur, y Hoy de La Plata despidieron personal durante las últimas semanas. Entretanto, en la región la situación no difiere: el trabajo en negro y los salarios por debajo de los convenios, además de la “multifuncionalidad”, es una tendencia instalada.

En todos los casos se repite el mismo patrón: empleo en negro, “redacciones externas”, silencio ante los reclamos y, finalmente, despidos.

Desde hace meses, trabajadoras y trabajadores del diario Perfil se organizaron y resistieron ante intentos de despido y ajustes en el medio, basados en un discurso patronal acerca de una crisis inexistente para el poder económico de la empresa de Jorge Fontevecchia que “contrasta con los últimos anuncios de adquisición de nuevas revistas y medios en el exterior y una megaobra en la planta de impresión de Barracas”.

A fines de julio, Fontevecchia decidió iniciar acciones legales contra todos los delegados de la comisión interna y un miembro de la junta electoral, como método de control basado en el temor. “Esta respuesta brutal de Fontevecchia, que trata como criminales a los trabajadores de su propia editorial, es un manotazo de ahogado de una patronal que ve frustrado el ritmo de sus planes ajustadores”, aseguraron las y los trabajadores: “Fontevecchia acusa a los trabajadores de cercenar, con su medida de acción gremial, la libertad de expresión. La única libertad de expresión que le interesa a los Fontevecchia es la de publicar su línea editorial y operaciones desde sus medios. La libertad de expresión no es defendida cuando los trabajadores son censurados cotidianamente para defender los intereses capitalistas que se esconden detrás de tal o cual línea editorial” a lo que agregaron que “debatir la libertad de expresión con el Código Penal en la mano no es otra cosa que el uso de la fuerza del Estado y su aparato represivo contra los trabajadores”.

En concreto, la patronal de la Editorial Perfil denuncia por “delitos contra la libertad” a los delegados, basándose en el artículo 161 del código penal que establece que “sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico”.

Desde hace dos meses, trabajadoras y trabajadores de Página 12 exigen una negociación superadora después de lo que definen como “el peor acuerdo paritario del año” firmado por la conducción de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. “Página/12 pretende aplicar a sus redactoras, fotógrafos, correctoras, diagramadores, archivistas y demás trabajadores el acuerdo paritario más bajo del país, que firmó con la Utpba como parte de AEDBA, cámara que comparte con Clarín, La Nación y Perfil, entre otras patronales”, aseguran.

Sin mucho que pensar, consideraron insuficiente la oferta de Página 12 de abonar dos sumas en negro de $500 en noviembre y diciembre.

La asamblea de Página 12 también hace referencia en sus reclamos a las y los redactores externos (o “colaboradores”, como les llaman las corporaciones) por negárseles todo tipo de estabilidad, no tener antigüedad, vacaciones ni posibilidad de licencias.

Las comisiones internas de Comunidad Virtual, División de Revistas Premium, El Sensacional, Infonews, Miradas al Sur, Siete Días, Tiempo Argentino, revista Veintitrés, todas pertenecientes al Grupo Veintitrés, vienen denunciando la falta de pagos de salarios: “el atraso en el pago de haberes se ha convertido en una práctica usual de la compañía”, aseguraron.

“Además del incumplimiento de las leyes vigentes, el hecho ocasiona que muchos compañeros deban abonar multas o solicitar préstamos para afrontar sus respectivos compromisos, una situación que se repite mes a mes”, aseguraron trabajadoras y trabajadores del Grupo.

Hace dos semanas el Grupo Indalo despidió a más de veinte trabajadoras y trabajadores del medio C5N y mantuvo bajo amenaza de cesantías y cierre a las y los del portal Minuto Uno. Gracias a medidas de fuerza que incluyeron un paro absoluto y por tiempo indeterminado, lograron que las reincorporaciones a sus puestos tras la firma de una conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo.

Publiexpress, el grupo que produce una de las revistas más vendidas del país (Pronto, entre otras), tampoco quiere ceder ante las necesidades de sus trabajadoras y trabajadores, negándose a negociar un aumento que deje de estar por debajo de la inflación. Por otra parte, aseguran que la corporación “explota a pasantes” y a contratados bajo la modalidad “part time”.

Las y los trabajadores sostienen que la empresa “en un claro plan de ajuste deja vacantes sin cubrir en todos los sectores” promueve “retiros voluntarios” y que además realiza “discriminaciones salarias entre compañeros que cumplen la misma tarea”.

La Comisión interna del diario Crónica denuncia por su parte que el Grupo Olmos busca desunir a las y los trabajadores poniendo en jaque a la conducción gremial. Exigen que tanto las redacciones de Crónica como la de Bae funcionen en el mismo edificio, tras el anuncio de la patronal de que mudarían la primera como “parte del plan de la empresa, que hemos denunciado en múltiples oportunidades, de liquidar la representación gremial genuina de los trabajadores del diario, en beneficio de una comisión interna trucha armada por la patronal. Asimismo, es un paso más en la política de consolidar una división injusta y arbitraria de los trabajadores que hacemos Crónica todos los días”, ya que el resto quedaría en un edificio de Combate de los Pozos.

Las redacciones fueron unificadas en marzo, pero el Grupo Olmos impide la entrada al nuevo edificio de las comisiones internas, elegidas democráticamente el año pasado, así como de más de cincuenta trabajadoras y trabajadores. Su principal reclamo continúa siendo que cese la persecución gremial.

cartel diario hoyEl diario Hoy de La Plata despidió a diez trabajadoras y trabajadoras en una semana, como frutilla de un postre que incluye trabajo en negro y precarizacón, además de hostigamiento patronal, entre otras. Desde el 1 de agosto comenzó el proceso de “limpieza” que definen como “práctica sistemática de Myriam Renée Chavez de Balcedo –propietaria del medio- ya que en los últimos cinco años fueron echados más de sesenta trabajadores”.

El Grupo Sur despidió en los últimos días al 80% del equipo de redacción del diario La Tercera: “a la tanda de despidos concretada en mayo último, donde fueron echados cuatro periodistas que en un lapso de más de un año de desempeño no fueron blanqueados, se le suman tres profesionales más que fueron dejados en la calle, bajo acusaciones falsas y deshonestas utilizadas para pretender justificar una decisión tomada unilateral y arbitrariamente. Este acto de represalia tuvo como ejemplo máximo del atropello la desafectación de las compañeras que se negaron a encubrir ante la Afip las irregularidades en su contratación”, denunciaron las y los trabajadores.

El diario La Tercera cuenta ahora con un solo redactor. “Como trabajadores y trabajadoras de prensa, señalamos que La Tercera y sus emprendimientos asociados son un ícono en el pisoteo de los derechos laborales pero no el único en el sur del Conurbano”, aseguraron.

Ninguno de los anteriores son casos aislados, sino que es una situación que se refleja en casa sector del país. Así, por ejemplo, en la región más austral del país hace cuatro meses que está instalada la “Carpa Dignidad” en protesta contra 31 despidos de trabajadoras y trabajadores de TV Fuego, en Río Grande, “para reclamar que la patronal respete las leyes, los reincorpore, los encuadre correctamente y que respete le Ley de Medios”.

“En Neuquén hay unas 1500 personas en la actividad y solo un 10% está debidamente registrado”

logos mediosEl Secretario Gremial del Sindicato de Prensa de Neuquén, Flavio Ramírez, dijo en diálogo con El Zumbido que la situación “no es preocupante, pero sí es compleja”. Expresó que hay muchísimo trabajo no registrado que afecta fundamentalmente a las radios, y en particular a las AM.

En relación a los medios gráficos, Ramírez dijo que son alrededor de 300 las y los trabajadores que cumplen funciones en Río Negro y LMNeuquén, que aproximadamente cien son periodistas y el resto ocupa otros puestos –desde diagramación hasta administrativos-. Sobre estos diarios, sostuvo que hay una “multifuncionalidad” de quienes salen a hacer notas, lo que se traduce en el pago de un solo sueldo -en algunos casos como pasantías- para “hacer de cronista, redactor, fotógrafo y editor de audio”. El Secretario Gremial del Sindicato de Prensa de Neuquén, también Prosecretario de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, remarcó que “todos los periodistas sacan fotos y editan audios y videos, eliminando calidad y reduciendo salarios y puestos de trabajo”. Las y los reporteros gráficos aseguran que “la mirada de un periodista no es la misma que la de un fotógrafo”.

En lo que respecta a Radio, Ramírez aseguró que prácticamente no hay trabajadores registrados. Ejemplificó con los casos de AM Cumbre, que legalmente tiene a un solo trabajador, o AM550, donde todas y todos están registrados pero cobran sueldos por debajo de lo que establece el convenio. A su vez, contó que en Radio Nacional Zapala, Chos Malal y San Martín la precarización de repite en orden descendente, por ejemplo a través de contratos temporales –de marzo a diciembre-.

La radio LU19, en Fernádez Oro, gracias a un intenso plan de lucha de sus trabajadoras y trabajadores de más de noventa días, fue expropiada a sus dueños y ahora está en manos del Estado provincial.

“En la mayoría de las FM no hay trabajadores y si los hay no están registrados”, aseguró. En el interior de la provincia la situación es más grave: “hay radios municipales en las que los trabajadores cobran un plan social de no más de $2500 y trabajan hasta ocho horas seis días a la semana, sin estar registrados como trabajadores de prensa”, contó Ramírez.

Sobre las y los trabajadores de Somos El Valle, el secretario gremial del SPN sostuvo que directamente no están conveniados en prensa, lo que significa que suelen trabajar más horas de las que les corresponde y si trabajan feriados o fines de semana lo hacen gratis. Desde la huelga de las y los trabajadores de Radio y Televisión de Neuquén en 2012, y con 28 años al aire, el canal dejó de funcionar y solo sigue vigente la radio. Situación similar sucedió con TVC, el canal nada menos que de la CTA, que al poco tiempo de ser fundado empezó a ser blanco de denuncias por precarización, luego a despedir y finalmente cerró sus puertas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Hacia la Jornada Nacional de Lucha: Rigane. “Si hay que tomar medidas, la medida tiene que ser que todo el mundo tenga garantizado su trabajo”

Así lo afirmó el Secretario General de Luz y Fuerza de Mar del Plata y Secretario Adjunto de la CTA Nacional. Ayer, en una reunión de secretarios generales de todo el país, la Central decidió convocar a una Jornada Nacional de Lucha para el martes 26 de agosto.
.

Fue la primera vez, desde las elecciones del 29 de mayo y la asunción de las nuevas autoridades el 17 de julio, que se reunieron todos los secretarios generales del país. En esta reunión, la Conducción Nacional de la CTA definió convocar a una Jornada Nacional de Lucha para el martes 26 de agosto con paros, movilizaciones y cortes, además de una gran marcha de Plaza de Mayo al Congreso de la Nación, para exigir el cese de los despidos por un año.

“La reunión fue para analizar la situación conflictiva de Argentina, el deterioro que se evidencia en términos económicos y sociales y, particularmente, la situación laboral. Porque avanzan las suspensiones, los despidos y los cierres de empresas y hasta pareciera que en algunos casos se trata de una decisión política de lock out por parte de la patronal”, afirmó José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA Nacional.

Consultado sobre las políticas que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner adoptó en esta etapa, Rigane fue contundente: “El Gobierno adopta algunas decisiones políticas contradictorias. Por un lado, se sigue descontando el mal llamado Impuesto a las Ganancias -porque es un impuesto al trabajo y es inconstitucional- a los trabajadores que superan los $ 15.000 de salario. Lo que parecería que pone un techo. Nadie puede ganar más de eso porque entras en el sistema de descuento. El máximo funciona de esta manera, pero el mínimo no existe porque el Salario Mínimo Vital y Móvil está todavía en $3600 y no alcanza para nada”.

“Por otro lado, el Gobierno propuso pagar a todas las empresas, por los trabajadores nuevos que ingresen, el 50% del salario. ¿Eso qué significa en la práctica? Que las empresas rápidamente se desprenden de los trabajadores más antiguos, porque le resulta mucho más económico tomar trabajadores nuevos. Esta decisión del Gobierno, también ayuda a que se profundice la crisis. ¿Por qué? Porque en el medio de eso, existe una Ley en la que cualquier patrón puede echar a un trabajador sin causa. O sea que esto demuestra también no sólo las contradicciones, no sólo la profundidad de la crisis, sino que las medidas no son certeras para resolver un tema que se generaliza”, explicó el también Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

-¿En ese contexto es en el que la CTA adopta la decisión de convocar a la Jornada Nacional?

Tenemos que confrontar con estas políticas. No es un problema de ser oposición, como se dice muy fácilmente. No. Nosotros somos trabajadores. Defendemos los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores en términos profesionales. Por lo tanto, vamos a un Paro que tendría que haberse realizado. Que no se ha realizado porque, lamentablemente, no hay unificación a la hora de la definición de llevar a la práctica esta iniciativa. Lo cierto es que acá hay muchos trabajadores que están en negro, que no tienen representación, que si faltan al trabajo los echan. También hay Organizaciones Sindicales que están esperando que les digan desde el Gobierno, lo que tienen que hacer. Y esto es lamentable.

La decisión de la Central es convocar a una Jornada Nacional de lucha con paros, movilizaciones, cortes. Y, por supuesto, se ha puesto como fecha el 26 de agosto pero tratando de acordar con el resto de las Centrales que estén dispuestas a llevar adelante esta iniciativa y con el resto de las organizaciones.

En nuestro caso, además, venimos trabajando en una multisectorial desde hace bastante tiempo, integrada por organizaciones sociales y estudiantiles con la idea de que en esta oportunidad realicemos una movilización de Plaza de Mayo al Congreso, porque creemos que el Congreso tiene que intervenir y lo primero que pedimos es que por lo menos por un año se suspendan los despidos. Si hay que tomar medidas, la medida tiene que ser que todo el mundo tenga garantizado su trabajo. No se le puede poner precio al despido o a la suspensión.

También esta iniciativa tiene otras reivindicaciones: 82% Móvil, Derogación de la Ley Antiterrorista, oponernos a la ley que pretende regular la protesta.

-¿Qué opinión le merece las expresiones del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sobre las comisiones internas y los trabajadores que sostienen conflictos fábricas como Lear?

Es la expresión más grosera de la persecución a las organizaciones de izquierda y las comisiones internas que no responden a la burocracia sindical. En realidad, aquellos que hemos vivido la década del 70 no nos sorprenden este tipo de expresiones porque ya las vivimos, escuchamos y sabemos lo que significan. En la práctica, es la persecución de lo que no pueden someter. De hecho, hay un desarrollo de comisiones internas que no responden a la burocracia sindical y que, por supuesto, tratan de supeditarla. Es lamentable que desde el Gobierno se aliente este tipo de persecución.

Acá se está cerrando una iniciativa política: por un lado perseguir, responsabilizar y reprimir a las comisiones internas que no se someten; por el otro lado desarrollar de un proyecto de ley para que no pueda haber manifestaciones con absoluta libertad como lo estable nuestra Constitución Nacional. Al mismo tiempo, el ejercicio de facilitar a las empresas el poder tomar nuevo personal haciéndose cargo el Gobierno del 50% de esos costos, con las consecuencias que trae con los más antiguos.

Habría que preguntarse si parte de las suspensiones y cierres de algunas empresas no tienen que ver con algún acuerdo político entre estos sectores que están decididos a desaparecer las comisiones internas.

-¿La decisión de la CTA es avanzar en una medida de fuerza con la CGT?

Sectores de la CGT que encabeza Hugo Moyano están diciendo que el paro ellos lo estarían convocando entre el 26, 27 o 28 de agosto. O sea que hay muchas posibilidades de convocar en una fecha única. Hoy Pablo Micheli está trabajando, acuerdo al mandato de la reunión, para que avancemos en coordinación con el resto de las fuerzas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.