jueves, 21 de agosto de 2014

Estados unidos: Ferguson parece presagio de males mayores

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

“Ferguson está bajo ocupación militar y todo el mundo está observando con horror como la policía militarizada utiliza gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes desarmados. Lamentablemente, esto es sólo un anticipo de lo que espera a todo Estados Unidos en los años venideros. Mientras la economía se cae a pedazos y las personas se muestran cada vez más frustradas y furiosas, pueden preverse muchos disturbios civiles similares a aquel del que acabamos de ser testigos, con el gobierno federal y la policía militarizada respondiendo a esos levantamientos con una fuerza abrumadora”.

Así lo apreció a raíz de los hechos en el pequeño suburbio de Ferguson de la ciudad de San Luis, estado de Missouri, el periodista Michael Snyder, en su blog The American Dream.

Todo comenzó cuando el agente de policía Darren Wilson, un policía con seis años de experiencia, disparó y mató al joven negro Michael Brown quien, con su amigo Dorian Johnson, eran sospechosos de haber robado una caja de cigarros en una tienda la mañana del lunes 11.

Según la policía, Brown fue herido de disparos cuando el agente peleó con él y su amigo, en la calle; uno de los hombres empujó al policía al interior del coche patrullero donde lo agredió físicamente y riñeron por el arma del agente. Tras la pelea dentro del vehículo, en la que hubo al menos un disparo, la lucha continuó en la calle, donde Brown fue baleado varias veces.

Dorian Johnson ofreció una versión muy diferente. Dijo que él y Brown caminaban por la calle cuando un agente les ordenó pararse y enseguida agarró a su amigo por el cuello y trató de forzarlo a entrar en el coche. Brown se echó a correr y el agente lo persiguió disparándole varias veces.

La identificación del agente Darren Wilson como autor del asesinato tuvo lugar casi una semana después del hecho. Sólo tras intensas protestas de la ciudadanía local exigiéndolo, el jefe del Departamento de Policía de Ferguson, Thomas Jackson, la dio a conocer.

El informe preliminar de la autopsia privada, realizada el domingo por encargo de la familia del difunto, mostró que fueron seis disparos, dos de ellos en la cabeza, los que acabaron con la vida del joven. Hubo cuatro impactos que alcanzaron su brazo derecho sin dejar restos de pólvora en el cadáver, lo que indica que no fueron realizados a corta distancia.

Tanto la autopsia como testimonios de peritos indican que Michael Brown tenía los brazos en alto cuando fue baleado.

La respuesta popular comenzó temprano y aun es intensa. La policía usa gases lacrimógenos, bombas de humo y granadas de sacudimiento para disipar las manifestaciones noche tras noche hace más de una semana. Policías con uniformes antimotines apostados junto a un enorme vehículo armado en la calle principal reprimen severamente a los manifestantes y numerosas personas han sido arrestadas, entre ellas Antonio French, concejal de San Luis, quien publicó videos de la protesta y fue entrevistado por el sitio progresista ‘Democracy Now’.

La prensa estadounidense ha destacado en estos días la brecha racial existente entre la policía y los habitantes de Ferguson, donde de los 53 policías con que cuentan, sólo tres son negros, a pesar de que lo sean el 69% de los habitantes de esta localidad, según el NYT.

Se asegura que la Casa Blanca sigue de cerca la violenta situación, que amenaza extenderse a otras ciudades y a todo el país en torno a los funerales anunciados para el lunes 25 de agosto.

La velocidad de difusión que propician los medios sociales de comunicación permite advertir a muchísimas localidades con similares críticas situaciones de discriminación y desigualdades, de lo que promete para los pobres la militarización de la policía que se va imponiendo en Estados Unidos a partir de la entrega para uso policial de los excedentes de guerra de tantos conflictos en los que Washington se involucra.

A resultas del Programa de transferencia de equipamiento militar (aviones, vehículos blindados, grandes ametralladoras, blindados anti-minas, y otros) a los departamentos de policía locales y estaduales que estableció el Congreso, el valor del equipamiento militar recibido por estos organismos policiales ha aumentado en el país, de un millón de dólares en 1990, a $ 450 millones en 2013, según datos del NYT.

“Cuando la policía recibe tanto equipamiento, es inevitable que lo use”, apunta el periodista Michael Snyder.

La brutalidad de la policía militarizada en Ferguson semeja la de los conquistadores estadounidenses en Irak o en cualquiera otra ciudad del tercer mundo víctima de ocupación estadounidense.

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La construcción del Canal de Panamá y su gente

Marco A. Gandásegui (h) (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno panameño y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) celebraron el centenario de la inauguración de la vía acuática hace pocos días. Las elites conservadoras se reunieron en una ‘gala’ donde recordaron los ‘héroes’ norteamericanos y quienes fueron sus colaboradores en los tiempos de la “Patria boba”. Se olvidaron de mencionar las luchas por recuperar la soberanía que vio correr la sangre de una juventud rebelde que sacrificó muchas vidas por la causa nacionalista.

El derroche y la corrupción se reflejaron en las celebraciones. El pueblo panameño rechazó el montaje y denunció a través de las redes virtuales el espectáculo mediático. La prensa y los demás medios de comunicación masiva se recogió y apenas publicó notas sobre los actos. Incluso, los programas de comentaristas radiales y televisivos pasaron por alto toda mención de la fiesta organizada por la elite gobernante.

El centenario merecía ser celebrado, pero en el contexto de un siglo de luchas y movilizaciones masivas para recuperar la soberanía sobre la posición geográfica del Istmo. La campaña iniciada desde la invasión militar de Estados Unidos en 1989 de borrar la memoria histórica de los panameños continúa. A pesar de no tener un gobierno que refleja los intereses del país, el pueblo conserva su dignidad y rechaza los insultos de la elite gobernante.

Durante la construcción del Canal de Panamá, entre 1904 y 1914, la Compañía encargada de la obra del gobierno norteamericano contrató cerca de 100 mil trabajadores extranjeros. A su vez, a Panamá llegaron a buscar oportunidades de trabajo en las ciudades terminales, otra cantidad significativa de inmigrantes cuyo número no se ha calculado.

Cerca del 60 por ciento de los trabajadores que llegaron a las costas panameñas para integrarse a las labores del Canal eran originarios de las islas caribeñas en aquel entonces bajo mandatos francés, británico y holandés. Las autoridades norteamericanas también contrataron a cerca de 20 mil trabajadores de Europa (españoles, italianos y griegos).

En la década de 1930, Estados Unidos desarrolló un enorme esfuerzo en torno al Canal de Panamá preparándose para intervenir en la guerra mundial que se avecinaba. Las huellas de esa inversión aún se aprecian en las bases militares que construyó entre 1936 y 1940 (Howard, Clayton, Sherman, Rodman y otras). Estas construcciones la realizaron en parte trabajadores que nuevamente fueron reclutados en las islas del Caribe. A diferencia de la construcción del Canal a principios del siglo XX, en esta ocasión fueron empleados decenas de miles de trabajadores panameños de las provincias del interior de la República.

La migración de trabajadores a Panamá para construir el Canal transformó el Istmo y, especialmente, sus ciudades terminales. La población se multiplicó varias veces en las primeras dos décadas del siglo pasado. La ciudad de Panamá que tenía un área de apenas dos kilómetros cuadrados en 1903, se expandió hacia el cerro Ancón y las sabanas, para ocupar un área de 40 kilómetros cuadrados: El Chorrillo, Calidonia, La Exposición y Bella Vista. La población de la ciudad pasó de 15 mil habitantes a 60 mil habitantes. En el caso de la ciudad de Colón, el impacto fue aún más impresionante.

Estados Unidos ‘segregó’ un área para construir y operar la nueva vía que bautizó con el nombre de 'Zona del Canal de Panamá' (más de mil kilómetros cuadrados). En esa área, que se extendía de un extremo al otro del Istmo, vivían 60 mil personas en condiciones controladas estrictamente por las autoridades militares norteamericanas. La gran mayoría de los habitantes era norteamericana empleados por la Compañía del Canal. También había una población militar que fluctuaba según los compromisos bélicos de Washington.

Estados Unidos veía las áreas de operación y residencial de la 'Zona del Canal' como un laboratorio para experimentar nuevas formas de vida en el trópico. En cambio los comerciantes y especuladores que gobernaban a Panamá desde 1903 buscaban afanosamente negocios para enriquecerse rapidamente. Como resultado de las políticas de segregación y de desarrollo urbano de Estados Unidos, que contrastaban con la improvisación en las ciudades terminales, surgió una barrera social entre ambos sectores.

Por un lado, Estados Unidos creó un sistema de remuneración para los trabajadores basado en los antecedentes étnicos. A los trabajadores norteamericanos (de ascendencia europea provenientes del sur de Estados Unidos) se les proporcionaba salarios pagados en ‘oro’ y condiciones favorables de trabajo (que incluían vivienda e, incuso, clubes sociales). En cambio, a los trabajadores de ascendencia africana de las Antillas se les pagaba en ‘plata’ y no recibían beneficios laborales. Cuando se inauguró el Canal casi todos los antillanos vivían en las ciudades de Panamá y Colón en casonas construidas por los especuladores panameños (y extranjeros). Muy pocos trabajadores de Europa se quedaron en Panamá. Muchos regresaron a sus países de origen, otros siguieron camino hacia otros países de la región y unos pocos se quedaron en Panamá. Algunos prosperaron en el comercio local y otros, incluso, se trasladaron a las áreas rurales con el fin de emprender actividades agropecuarias.

En el caso de los antillanos, su contribución a los movimientos sociales a lo largo del siglo XX fue notable. Desde un dirigente como W.P. Stoute, un intelectual como G. Westerman o sindicalista como Luis Anderson. Debido a las políticas de segregación, muy pocos lograron escalar posiciones de influencia económica o social (política) en Panamá. Se pueden mencionar a Young y Alleyne. En el caso de los antillanos de origen europeo se destacan los Boyd y los Ford, asimismo los Motta, Del Valle y Toledano, entre otros. Entre los europeos, muchos llegaron a Panamá durante la construcción del Canal e hicieron fortuna posteriormente, como los Tagarópulos (griegos), Martinelli (italianos) y Varela (españoles).

Muchos intelectuales panameños de trayectoria destacada son descendientes también de aquellos hombres y mujeres que trabajaron en la obra y participaron, aunque marginalmente, de aquella inauguración en 1914 que incluyo una travesía por el Canal por el entonces presidente Belisario Porras.

La construcción del Canal de Panamá entre 1904 y 1914 remeció los fundamentos de la nación panameña en formación. Fue un factor clave en la constitución de la República y aún siguen vigentes los conflictos que caracterizan nuestras relaciones con Estados Unidos. Muchos intelectuales panameños de trayectoria destacada son descendientes de quienes trabajaron en la obra. Un Ricord (de origen francés), un Laurenza (italiano), Korsi (griego), así como un Maloney y un Priestley (antillanos). Las luchas que marcaron los cien años desde la inauguración del Canal continuarán en el siglo XXI hasta que los panameños logremos darle el uso más colectivo a las riquezas que genera nuestra posición geográfica.

Marco A. Gandásegui, hijo, es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

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Deuda externa una pelea para la tribuna mientras buscan un arreglo

Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

El proyecto de ley del gobierno es parte de una pulseada, no un intento de salida a la crisis de la deuda. Los K pretenden ser los mayores garantes de pago en toda la historia. La devaluación se vuelve inevitable. El desafío de la izquierda.

La crisis en torno de la deuda externa ha dado una nueva vuelta, aunque no del todo imprevista. Hace un cierto tiempo, el bufete de abogados que representa a la Argentina ante los tribunales neoyorquinos había propuesto al círculo de la Rosada reestructurar la deuda dos veces reestructurada (2005 y 2010), para transferir la jurisdicción legal a Buenos Aires. Ya entonces se advertía que semejante cambio podía ser rechazado por los bonistas del canje que, desconfiados de la Justicia criolla, reclamarían, en represalia, el cobro inmediato de la totalidad de la deuda (“aceleración”). El cambio de sede legal buscaba sortear el fallo de Griesa, que impide al banco receptor de los pagos de deuda de Argentina (BofNY), hacerlos llegar a los acreedores reconocidos, en tanto no se pague, al mismo tiempo, a los llamados fondos buitre.

Pagador serial

El gobierno K no ha llegado, sin embargo, a los extremos aconsejados por sus abogados extranjeros. En la cadena del martes 19, CFK anunció el envío de un proyecto de ley que retira la licencia de pago al BofNY y ordena transferir el dinero de los vencimientos de deuda a un fideicomiso (cuenta especial) del Banco Nación, para que se deriven desde allí los fondos a los bonistas del canje en cada vencimiento de deuda. En una conferencia de prensa, al día siguiente, el ministro Kicillof aclaró que el cambio de jurisdicción legal se otorgaría a los acreedores que lo solicitaran en forma voluntaria. Es que una reestructuración de sede requiere un período extenso de negociaciones, sin certeza acerca del resultado. Si la mano ya venía complicada, esta contradicción hace inviable el propósito invocado de pagar por encima de los bloqueos establecidos por Griesa. Es típico del cobarde nacionalismo burgués dar dos pasos atrás cuando alega haber dado uno adelante. En el conflicto de intereses que ha desatado la presión de los fondos buitre, el proyecto de ley no es una salida sino parte de la pulseada.

El gobierno, en cualquier caso, algo tenía que hacer. Ocurre que los pagos de deuda, con vencimiento en junio-julio pasado, habían sido cumplimentados, en gran parte, debido a una dispensa que otorgó el mismo Griesa “por única vez”. En septiembre que viene hay, sin embargo, otro vencimiento. El bloqueo de los pagos exceptúa solamente a los títulos en pesos; no lo hace con los nominados en dólares, ni siquiera en sede argentina. Dos decisiones recientes contra el Banque Nationale de París y el UBS de Suiza, que ni siquiera son judiciales, por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos, estableció que toda negociación en dólares cae bajo jurisdicción norteamericana. La jurisdicción norteamericana se ha convertido en internacional, porque el 80 por ciento de las transacciones financieras se procesan en dólares. Este impasse en la posibilidad de cobrar y pagar llevó al Citibank, calificado como entidad “emblemática” por CFK el martes, a recurrir a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, para solicitar que levante la prohibición de los pagos. El Citibank es el encargado de pagar determinadas series de bonos. Los ejecutivos del Citi han alegado que corren el riesgo de una expropiación de su filial, en el caso de no ejecutar los pagos en dólares de títulos de jurisdicción de Argentina. El interrogante es si la decisión K sirve como presión para obtener una sanción favorable de la Cámara o, lo que es más probable, sus jueces pronuncian un “desacato”.

Transición agitada

El choque de los K con Griesa es políticamente originalísimo, porque lo que pretende Argentina es poder pagar la deuda externa en forma puntual, o sea con independencia de su capacidad real de pago o de la situación del país tomada en su conjunto. El gobierno nacional y popular está empeñado, y así lo dice a repetición, en ser el mayor garante de la deuda externa de Argentina en toda la historia. Esto explica, adicionalmente, la expectativa permanente de los operadores capitalistas en un acuerdo inminente, en cualquier momento, y por qué la cotización de los títulos no cae en la medida en que ocurre en situaciones declaradas como defol. De cualquier manera, la devaluación del peso en los mercados paralelos se desarrolla sin pausa. Los especuladores se preguntan cómo hará frente Argentina a los vencimientos de deuda hasta finales de 2015 -más de 15 mil millones de dólares, cuando las reservas disponibles no superan ese número. A esto se agrega la caída del precio internacional de la soja, vapuleado por una enorme cosecha en Estados Unidos, que empezará a comercializarse dentro de un par de semanas. El impasse afecta la financiación de Vaca Muerta, no solamente para YPF. Como consecuencia de las reducidísimas tasas de interés internacionales, el endeudamiento relativo de los monopolios petroleros se encuentra en niveles récord -ya que es más barato que el uso de fondos propios.

El proyecto de ley en cuestión es un emplazamiento a los partidos opositores a optar entre la patria o los buitres. La patria significa asegurar el pago de la deuda a como sea, y los buitres significan pagar, como sea, la deuda. Quienes pagan la deuda, de todos modos, son los trabajadores, por medio de la inflación y mayores impuestos; el llamado capital nacional es tenedor del 60% de la deuda que el gobierno se empeña en ‘honrar’. Macri, y la parte del radicalismo que busca una alianza con él, ya ha dicho que se alinea con el pago de la deuda a través de un acuerdo con los buitres; Massa, según parece, se pone del lado oficial. Al interior de ambos campos hay divisiones. El kirchnerismo habría logrado meter una cuña en la patria capitalista. Los economistas de Massa han estado ligados históricamente a Techint, que no quiere que un reendeudamiento y la vuelta a los mercados internacionales impliquen un regreso a la plata dulce y el dólar barato -precisamente lo que sí pretenderían los fondos especulativos internacionales (y China, que vería favorecidas sus exportaciones). Este enfrentamiento se traslada al manejo de Vaca Muerta y al acuerdo con Chevron. Cuando la oposición, al estilo de Crónica, cuenta los días que faltan hasta octubre de 2015, irrumpe la crisis de deuda para desbaratar sus planes.

Bancarrota

En el discurso del martes, CFK insistió en el despropósito de que la deuda externa de Argentina es de apenas el 8% del PBI, una baratija que alcanzaría, como máximo, a los 45 mil millones de dólares. No tiene en cuenta la deuda con acreedores locales, en dólares, ni tampoco el cupón del PBI, aún menos la deuda con el Banco Central, el Nación y la Anses. Desde los tiempos de Cavallo se atribuye al desarrollo de un mercado de capitales local, la superación de la deuda externa, como si el dólar fuera una moneda nacional. En el pasado se atribuía a las AFJP la capacidad para refinanciar en forma indefinida la deuda pública lo mismo con los fondos de pensiones en Estados Unidos, hasta que estalló, claro, la convertibilidad en Argentina, y la crisis bancaria en todos los países desarrollados. El mito volverá a estallar en Argentina con la devaluación de la moneda, que es la manifestación concreta de una bancarrota financiera. El déficit fiscal está convirtiendo en negativo el patrimonio del Banco Central y deberá afectar a la Anses, que se financia no solamente con aportes en mengua (por caída de salarios y desempleo) sino con impuestos que bajan en relación con la inflación (tiene una deuda por fallos Badaro, por 20 mil millones de pesos. La revalorización de la deuda externa de Argentina que los financistas pronostican sin excepción, pero que hoy es ‘basura’ (junk bonds) o ‘de frontera’, deberá atravesar antes por el suplicio de la devaluación. La devaluación permitirá licuar el valor de la circulación monetaria y las deudas del Banco Central, sea con los ahorristas, los depósitos públicos y con los bancos locales, y revalorizar sus escasas reservas en divisas.

Ojo con la izquierda

El gran desafío para la izquierda es no asociarse, ni mínimamente, con las patrañas antiimperialistas de los pagadores seriales de la deuda usuraria y los grandes entreguistas del petróleo y la minería. En oposición a estas patrañas es necesario profundizar la lucha contra la carestía y los despidos, con la reivindicación del reparto de las horas de trabajo, la movilidad mensual de los salarios, la expropiación de toda empresa que cierre, la abolición de los impuestos directos e indirectos sobre los salarios y las jubilaciones, el 82% móvil. En este marco de reivindicaciones y de desarrollo de la lucha, el repudio de la deuda usuraria servirá para plantear abiertamente quién paga la crisis y, con ello, una cuestión de poder.

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Ley de abastecimiento: Improvisación en el derrumbe

Pablo Heller (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

El proyecto que modifica la ley de abastecimiento ha provocado un cierre de filas y mucho estruendo entre los capitalistas. Los propósitos del nuevo reglamento son muy confusos, pero se destaca la intención de evitar la “apropiación indebida del excedente de la cadena de valor” (La Nación, 16/8). Ahora bien, si la ‘apropiación’ del ‘excedente’ es calificada como ‘indebida’, el proyecto estaría intentando poner fin al capitalismo sin abolirlo.


Foto: No se observa falta de productos. Por el contrario, hay sobreproducción. El desabastecimiento lo provoca el gobierno con sus restricciones a las importaciones, debido a la crisis de la deuda usuraria. Esta ley anuncia la agudización de todas las contradicciones acumuladas.

La Secretaría de Comercio, de acuerdo para proyecto, tendría facultades de imponer precios máximos, mínimos y de referencia; obligar a las empresas a continuar la producción o la prestación de servicios; disponer sanciones por montos millonarios; secuestrar bienes. Podría, incluso, “ante una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios”, disponer “su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación”, con el único límite de “la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez” (ídem). En forma temporal podría asumir la dirección de una empresa. También acentúa o torna más rigurosas algunas sanciones a los directivos.

Esta nueva ley ha despertado el rechazo generalizado tanto del arco de la oposición patronal como de prácticamente todo el mundo empresarial.

¿Por qué una ley de este carácter?, ¿acaso el gobierno pronostica un escenario de desabastecimiento inminente? ¿Caracteriza que existe la intención de producir un sabotaje económico con finalidades ‘destituyentes’? A pesar de jactarse de una reducción del crecimiento de la inflación, ¿estima que es inminente un desborde de los precios por razones extraeconómicas?

No se ha informado, al menos hasta ahora, que existan faltantes de productos en las góndolas. Las multinacionales que suspenden y despiden no lo hacen por falta de insumos, sino que alegan una sobreproducción. La crisis se caracteriza, en la mayoría de la industria, por sobrestocks. Es cierto que la liquidación de la cosecha de soja se encuentra con un relativo retraso, por la expectativa de que se produzca una devaluación del peso, pero no existe una posibilidad de suba de precios, debido a su caída en el mercado internacional. El gobierno K nunca ha intentado requisar lo que se retiene en silo-bolsas, y menos lo hará ahora, cuando una parte importante de la exportación ha pasado a manos de su flamante socio, China. El Banco Central ha contraído una deuda, por demanda de importación, de unos 3.000 millones de dólares.

Es el gobierno

Al revés de lo que predica el nuevo proyecto, el desabastecimiento lo está produciendo el propio gobierno con las restricciones que ha impuesto a la entrega de dólares para importar insumos para la industria. ¿Se va a sancionar a sí mismo? Es claro que el proyecto es una contradicción flagrante. Según la información diaria, las patronales recurren a la compra en la Bolsa a fin de obtener los dólares para importar en la Bolsa, a un precio un cuarto superior a la cotización oficial. De nuevo, sería el gobierno quien estaría impulsando una suba de los precios como consecuencia de la depreciación efectiva del peso. Algo peor aún: estaría fomentando ganancias extraordinarias para aquellas patronales que sí consiguen importar a la cotización del dólar del mercado oficial. En este caso no estaríamos ya ante una ‘apropiación indebida del excedente’, sino ante un ‘excedente indebido’, fogoneado por el gobierno -o sea ante un delito oficial.

¿Estamos acaso ante un intento de detener por vía reglamentaria la suba de precios, que hasta algunos opositores califican de “inercial”, a pesar de los desajustes que se ven la importación? Hasta ahora los llamados “precios cuidados” representan un porcentaje ínfimo de la oferta de productos de consumo personal -es decir que casi el ciento por ciento está afuera de cualquier precio ‘regulado’. En estas condiciones, el proyecto parece anticiparse al tarifazo que el propio gobierno ha puesto en marcha, en primer lugar por medio del aumento del precio de la nafta. O sea que pretendería evitar un desborde de los precios a partir de un aumento brutal de las tarifas de transporte y especialmente del agua y la energía. Sería un despropósito. El proyecto se convertiría en la cortina de humo del tarifazo. Esto explica el fiasco de los “precios cuidados”, que el gobierno utiliza para confeccionar el índice de costo de vida.

Si la carestía no ha dado un salto mayor, en estos últimos meses, es por la recesión ascendente, la cual se viene expresando en suspensiones y despidos y en el cierre de establecimientos. La devaluación K de comienzos de año y el aumento al doble de las tasas de interés han constituido los factores principales de aumento de costos y de precios: habría que aplicar la ley de abastecimientos a CFK, a Kicillof y a Fábrega.

Crisis fiscal

El desabastecimiento en algunos los eslabones de la industria, debido al freno a las importaciones, así como la carestía, son hijos de la crisis fiscal, en la cual se resume la crisis de deuda externa, la de financiamiento y la industrial. El modelo económico oficial es prisionero de contradicciones insuperables. Sus medidas intervencionistas nunca formaron parte de un programa de transformación social, sino que estuvieron al servicio de rescatar y preservar las bases económicas y sociales vigentes. En el caso de la ley de abastecimiento, anuncia, sin remediar, una agudización de todas las contradicciones desarrolladas en la década.

¿El gobierno prevé un ‘alzamiento’ de la burguesía, como anunció durante la ‘corrida cambiaria’ de enero, para abreviar el mandato presidencial? Nadie desconoce que las patronales están financiando a la oposición, con el objetivo declarado de producir un cambio de rumbo a partir de un nuevo gobierno. Hasta Scioli saluda el ‘retorno a los mercados internacionales’ y tienen en gateras un “plan de infraestructura” por 200.000 millones de dólares y un endeudamiento similar, en una década, para financiar las explotación del gas no convencional. No es con una ley de abastecimiento que se combate una conspiración semejante -menos todavía por parte de un gobierno que largó primero el re-endeudamiento internacional, primero con los pagos al Club de París, Repsol y Ciadi y luego mandando a Galuccio a emitir deuda extranjera.

Una dirección centralizada de la economía requiere, antes, un sistema de planificación democrática, sobre la base de un gobierno de trabajadores que transforme la sociedad sobre bases socialistas. Es inviable, cuando pretende contener el estallido de contradicciones cada vez más explosivas, que además son potenciadas por la política oficial.

Estamos simplemente ante una nueva improvisación, más incoherente que las que la precedieron.

Ya que el asunto ha llevado a mentar a Venezuela y el chavismo, es necesario advertir que el gobierno de Maduro ya ha declarado que pretende ‘sincerar’ el tipo de cambio y aumentar los precios de la nafta. El chavismo se bate en retirada en todos los frentes; su prioridad ahora es la represión de los obreros de la ex Sidor.

Para concluir: el vapuleado proyecto no contempla ninguna medida para frenar las suspensiones y despidos de trabajadores. No dice nada de repartir las horas de trabajo, sin mengua del salario; no dice nada de expropiar (sin indemnización) toda empresa que cierre. En este punto rige la ley de Berni y el burócrata Pignanelli. Si el proyecto oficial sobre abastecimiento pretende distraer a la clase obrera de esta cuestión de fondo, tiene perdida la batalla de antemano.

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Herramientas contra despidos sin razón

Claudio Lozano (ACTA)

De manera insólita, luego de que Berni moliera a palos a los 400 despedidos de la imprenta Donnelley, que incluso metiera presa a una nieta recuperada que participaba del reclamo (Victoria Moyano), el gobierno entendió que tenia que avanzar legalmente sobre la empresa e incluso que era razonable aplicarle la legislación antiterrorista.

La contradicción oficial es de tal magnitud que merece explicarse. Es la resultante de una estrategia que boya como bola sin manija entre la opción por un ajuste ortodoxo de carácter recesivo y que como tal requiere “mano dura y represión”, y la defensa de un relato (cada vez más hueco) solidario con los trabajadores y la inclusión social. En el marco de este engendro, sin destino ni horizonte, estamos los argentinos.

Es obvio que el gobierno debiera usar todas las herramientas legales para evitar que las empresas despidan sin razón trabajadores. Máxime cuando los balances no justifican quiebra alguna ni amerita decisiones de cierre de la empresa.

Es incoherente que el gobierno lo haga luego de reprimir la protesta legítima de los trabajadores. El procedimiento oficial obliga a ser muy precisos.

En este sentido, la Ley Antiterrorista debe ser derogada ya que la misma puede ser empleada como una abusiva herramienta represiva del Estado para limitar, restringir, perseguir y penalizar a personas físicas, integrantes de empresas u organizaciones de la sociedad.

A la vez, resulta absolutamente razonable avanzar con acciones legales sobre empresas que, de manera fingida y maliciosa, alteran el orden social y despidan trabajadores.

En el caso puntual de Donnelley asombra que hoy el gobierno se preocupe por la presencia en su capital accionario de fondos como Blackrock y otros que, según el oficialismo, serían socios de los fondos buitres que litigan contra la Argentina por el tema de la deuda.

Corresponde decir que hace rato que las empresas en las que participa Blackrock debieran haber sido advertidas por la autoridad pública. Este fondo, al igual que la Barrick Gold, participa de las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en Malvinas cuando existe una ley nacional que prohíbe desarrollar actividades en el mercado interno argentino cuando se participa junto a los británicos en actividades en el archipiélago.

¿Por qué nunca consideró esta cuestión?

En un contexto donde Donnelley tiene un patrimonio neto positivo, una deuda fiscal baja, presenta una absoluta viabilidad económica, y muestra un capital accionario que viola la ley argentina, el gobierno puede, si quiere defender los puestos de trabajo, avanzar con la expropiación sin aplicar la Ley Antiterrorista.

Ley ésta que, de aplicarse, configuraría un pésimo antecedente para el contexto de una Argentina donde tiende a agravarse el conflicto social.

Claudio Lozano es Diputado Nacional de la CTA. Presidente del Bloque de Unidad Popular (UP).

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Los extranjeros en Argentina y las cifras reales del delito

COSECHA ROJA

La polémica empezó cuando el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dijo que “hay extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir”. “El problema es que el 95 por ciento de todos los delincuentes que nosotros detenemos en la calle nunca llegan a un juicio y sin condena no se puede aplicar la ley”, agregó.

Berni se refería a las personas que detuvo la policía durante este fin de semana largo en la ciudad de Buenos Aires. Cerca de 40 de los 150 detenidos entre el sábado y el lunes son extranjeros: el 26%, la mayoría colombianos, chilenos y paraguayos. Salvo los cuatro chilenos, que se tirotearon con los oficiales durante un robo en un supermercado del barrio de Balvanera, la mayoría de los delitos que cometieron los demás fueron robos sin armas, arrebatos y hurtos.

Los números representan un porcentaje menor en comparación con la población total de extranjeros que viven en el país y con la cantidad de ciudadanos de otros países presos en las cárceles locales. Según el Censo 2010, hay 1.805.957 extranjeros que viven en la Argentina que representan el 4,5 por ciento de la población (40.117.096).

Del total de presos en el país (61.192) en 2012, los ciudadanos de otra nacionalidad representan menos del 6 por ciento (3.534). En las prisiones del Servicio Penitenciario Federal hay 2016 extranjeros y son el 19 por ciento de un total de 10.083.

En la ciudad de Buenos Aires viven 2.890.151 de personas y hay una tasa de homicidios de 5,46 cada cien mil habitantes. En 2012 se registraron 158 homicidios. El 70 por ciento de las víctimas eran argentinas y el 29 extranjeras. La mayoría de los victimarios son argentinos y representan el 34 por ciento del total. La mitad son extranjeros, mayoritariamente paraguayos y peruanos, según el informe del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La mayoría de los extranjeros que están presos tienen causas en su contra por tráfico de drogas. Muchas mujeres caen por hacer de mulas, el último eslabón de la cadena del narcotráfico.

Según los últimos datos publicados -de la Procuración General de la Corte de la provincia de Buenos Aires- 3 de cada 10 presos concluyen sus procesos con un sobreseimiento o una absolución.

La mitad de los presos del país no tienen condena. “El problema acá es la Justicia. Nuestra ley habla de la expulsión de los que delinquen pero no se aplica porque no llegan a sentencia”, dijo Berni en declaraciones radiales.

El artículo 29 de la ley de migraciones (25.871) determina que las causas que pueden impedir el ingreso o permanencia de extranjeros en el territorio son la adulteración de la documentación personal, haber sido condenado por un delito, tener antecedentes por tráfico de armas, personas, estupefacientes o lavado de dinero; haber participado en actos de terrorismo o haber sido expulsado del país. La Dirección Nacional de Migraciones también puede cancelar la residencia cuando la persona tenga una condena judicial por un delito doloso con una pena mayor a cinco años.

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Santa Fe: demasiadas TICS y poco socialismo

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

En estos días el gobierno santafesino realizó un acuerdo con Acindar y la Fundación Acindar en el marco del programa "Tramas digitales". José Schulman nos cuenta "qué fue, qué representa y quién es" Acindar. Da la sensación que "demasiadas TICS" deterioran la memoria y la ética de funcionarios dícese socialistas y populares.



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Diez años después

Claudia Rafael (APE)

Diez largos años. Ese es el tiempo de la justicia para los olvidados de la tierra. Una década después, cuando ya la memoria es patrimonio casi exclusivo de quienes los quisieron se fijó la fecha para que, dentro de un año, los culpables de la masacre de Quilmes respondan por tanta muerte. El 10 de agosto de 2015 los policías Juan Pedro Soria (comisario), Basilio Vujovich (subcomisario), Pedreira, Juan Guzmán, Hugo Daniel D´Elia, Franco Gongora, y Gustavo Altamirano se sentarán en el banquillo de los acusados. Diego, Elías, Miguel y Manuel serían hombres adultos para entonces. No los dejaron. Con esa sistematicidad que suele sostener la violencia institucional, les arrebataron los días y les quemaron la vida en apenas un instante feroz.

Diego Maldonado tenía 16, como Elías Jiménez. Miguel Aranda y Manuel Figueroa habían nacido un año antes. Eran siete chicos en el calabozo uno. Otros diez, en el dos. Uno de los adolescentes pedía a los gritos ir al baño. Reclamo vano, como suele ser el de los despojados. Cuentan que rompió el candado y que se desencadenó la violencia policial. Golpes. Palos. Gritos. Baldazos de agua. Desnudez. Más gritos. Puñetazos. Perversidad. Más gritos. Una chispa. Fuego. Colchones en llamas.

“Los policías los empujaban encima de los quemados para que cayeran arriba”; un policía apodado Spray, “se subió sobre su espalda y le caminaba encima (...) caminaron sobre dos o tres de los pibes que estaban quemados (...) los pibes les gritaban que los llevaran al hospital”; “a todos los que estaban quemados les pegaban con las gomas y les preguntaban quién había prendido el fuego”; “le pidieron al policía si se podían mojar, que en el piso había agua. Entonces se arrodillaban y se mojaban el pecho contra el piso”; a algunos les “caía la piel a pedazos” a golpes de palo, cuentan los expedientes.

Ya después no fueron diecisiete sino trece. La policía se interpuso en ese camino sinuoso y oscuro que suele devorar a fuerza de paco y destrucción a los pibes de los arrabales. El Estado policial les otorgó la pena de muerte aquella noche de octubre de 2004 como parte de ese proceso de suplicio/castigo/disciplina de lo que Foucault llamó los medios del buen encauzamiento.

Fueron cuatro menos para el encierro. Cuatro pibes menos para el descarte. Cuatro adultos menos para un futuro selectivo que los lanza al mar, como a polizones del sistema. Intrusos de un territorio para pocos. Postergados por la justicia que los visibiliza diez años después. Diez años perdidos para la vida. Con cuatro chicos muertos. Sin culpables diez años después.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CLVII): “Respuesta popular” -el diario que duro un día-

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

El 13 de marzo, un día antes de la brutal clausura del diario “El Mundo”, la multinacional petrolera ESSO, en un comunicado de prensa, informó que había llegado a un acuerdo con el Ejército Revolucionario del Pueblo que mantenía “detenido”, en una cárcel del pueblo, al directivo de la misma Víctor Samuelson; sobrino de Nelson Rockefeller.

Este era el gerente general de la Refinería de esta empresa, subsidiaria de la EXXON.

En el mismo daba cuenta que abonaría la suma de 14.200.000 dólares, en efectivo, ya que el pedido de la organización guerrillera, que entregara alimentos y materiales de construcción a diferentes barrios carenciados en el país, se hacía de difícil cumplimiento, por el incremento de la actividad represiva.

Este era el rescate más alto pagado, hasta ese momento, a una organización revolucionaria.

En su comunicación, la empresa destacaba que el ejecutivo se encontraba en perfecto estado de salud y que en los más de tres meses que llevaba cautivo había tenido largas conversaciones con los guerrilleros que lo custodiaban; reconociendo que había sido tratado con respeto, resguardando su integridad física.

Antes, de este acuerdo un compañero de la Jefatura de Redacción del diario que representaba al ERP en la misma, le había hecho una entrevista a este, en la que si bien cuestionó la concepción marxista en la interpretación de la historia reconoció, críticamente, la equivocada política de su país con Cuba y juzgó, como un grave error, el involucramiento en Vietnam y los bombardeos a esa nación.

Por eso nuestro anuncio, en la Asamblea del personal del diario, que abonaríamos los salarios de ese mes estaba sustentado en este hecho, conocido por todos, a través de las publicaciones periodísticas.

En el medio de la intensa actividad que desplegamos en el interior del país y en la ciudad de Buenos Aires, para generar una movilización por la reapertura, el Juez, que entendía en el amparo que habíamos presentado, me citó a una audiencia, antes de adoptar una decisión y luego de que el Ejecutivo contestara el recurso; reiterando sus argumentos claramente antidemocráticos.

No lo había tratado antes al Dr. Jorge Enrique Cermesoni pero Mario Mathov me adelantó que se trataba de un funcionario judicial íntegro, que no se dejaría presionar por el gobierno.

Concurrí, acompañado por este y por Aldo Comotto.

Como hacía calor y para distender el ambiente, nos invitó a despojarnos del saco ya que el aire acondicionado, como era habitual en ese edificio de calle Tucumán que alojaba a los Juzgados del Fuero Contencioso, estaba descompuesto.

Este comentario disparó una conversación sin ninguna formalidad.

En un momento determinado me hizo una pregunta que, evidentemente, apuntaba a aclarar cuál era nuestra línea editorial.

“Gaggero -me dijo- me llama la atención que las portadas del diario que usted dirige, en general, difieren con las de los otros medios. Por ejemplo, la larga huelga en la empresa Insud o el conflicto en Villa Constitución, no aparecen con grandes titulares en «Clarín» o en «La Nación»”.

Y concluyó: “¿Cuál es el motivo de esta diferencia?”.

La respuesta fue clara. “Nosotros, le manifesté, pretendemos ser la voz de los que no tiene voz. Expresar a las Comisiones Internas de fábricas, a las corrientes antiburocráticas, a los sindicatos clasistas y al sindicalismo de liberación”.

“Al mismo tiempo tratamos de mantener una conducta plural y es por eso que en nuestro Consejo Editorial y como columnistas participan dirigentes populares de un amplio espectro, entre los que están Agustín Tosco, Alicia Eguren, Armando Jaime, Rodolfo Ortega Peña, Raúl Aragón e Hipólito Solari Yrigoyen, entre otros”.

“Es esa postura la que pretenden acallar con bombas o atacando la redacción, amenazando a los que trabajan en el mismo o a los que tenemos cargos directivos y ahora, con un decreto de clausura”.

“Le agradezco la explicación” -me contestó-.

La entrevista siguió en un ambiente absolutamente distendido y nos despidió citando a los abogados para que concurrieran a notificarse, en la mesa de entradas del juzgado, al día siguiente, de la resolución que adoptaría.

Temprano, nos encontramos en un café ubicado sobre esa arteria y en la que me había citado, dos años antes, con Cesar Calcagno y Rafael “el Zambo” Lombardi para presentar el habeas corpus; ante la “desaparición forzada” de Luis Pujals.

En la Secretaria del Juzgado nos entregaron copia de la sentencia en la que, con sólidos fundamentos, se hacía lugar al amparo, se ordenaba al Ejecutivo que se abstuviera de llevar adelante medidas que obstruyeran la salida del diario, disponiendo, además, que se nos restituyeran las oficinas en donde funcionaba la Redacción; clausuradas por la Policía Federal.

Con una alegría inmensa y la copia en la mano, nos trasladamos a la sede provisoria en Corrientes y Medrano, convocando a una conferencia de prensa, en el medio de la euforia de los trabajadores del vespertino.

Por supuesto que al día siguiente el Gobierno, encabezado por el “General”, persistiendo en el camino de ir recortando las libertades democráticas, apeló la decisión del Juez para evitar que siguiéramos editando el diario.

En cuanto a las oficinas, no cuestionó el levantamiento de la clausura.

Al llegar a las mismas nos dimos cuenta que nos entregaban estas porque estaban inhabitables.

Con un odio sin igual, habían destruido todo el mobiliario, escribiendo en las paredes leyendas injuriosas con amenazas de muerte y la consigna “ni yankys, ni marxistas: peronistas”; que reflejaba el profundo contenido macartista de los funcionarios policiales.

Convencidos que teníamos que seguir dando la batalla por la reapertura pero que era preciso que adoptáramos un plan alternativo y, dado que la totalidad del personal estaba inactivo, empezamos a diagramar un nuevo diario que lo seguiríamos imprimiendo en Cogtal, y tendría el formato de “El Mundo” pero, a diferencia de este, sería matutino.

Modificamos los roles. Figuraría como Director Aldo y yo pasaría a ser el Asesor letrado. En el primer número publicaríamos dos columnas. Una de Agustín Tosco y otra de Armando Jaime.

En la contratapa, habría un análisis de la coyuntura, cuya elaboración estaría a cargo de Alicia Eguren.

Pensamos que el mejor nombre era el de “Respuesta Popular”, ya que sintetizaba el momento: por una parte la fascistización del gobierno y por otro lado, el crecimiento del movimiento popular y revolucionario.

Al mismo tiempo que los compañeros de la Jefatura de Redacción -Andrés Alsina, Ettorre Pierri y Julio Huasi- armaban los números cero, yo seguía reuniéndome con dirigentes políticos y sindicales del campo popular, en la búsqueda de adhesiones para la movilización en defensa de la libertad de expresión.

Una vez superados los problemas legales y con grandes avisos en “Clarín” y en algunos diarios del interior con la consigna “Las noticias del Mundo” y de la Argentina en las páginas de “Repuesta Popular”, colocamos el primer número en la playa de distribución con un éxito inesperado y el apoyo de los compañeros del sindicato que nucleaba a los vendedores de diarios.

Esa misma tarde, cuándo elaborábamos la edición del día siguiente, apareció una nutrida comisión policial reproduciendo lo sucedido el pasado 14 de marzo, con el texto de un nuevo decreto, firmado por Perón, disponiendo la clausura de este nuevo diario y de toda publicación en la que estuviéramos, los que formábamos parte de la estructura del diario “El Mundo”.

En la historia del periodismo argentino este fue el matutino de más corta duración. Solo estuvo en la calle 24 horas.

Pese a las dificultades y a la situación dramática que vivíamos, como señalábamos en la nota anterior, el aspecto jocoso la dio, en esta oportunidad, la suegra de Aldo que lo llamó para felicitarlo por haber llegado a un lugar muy importante, como era la dirección de un diario.

Ya iniciado el mes de abril y como la historia no se detiene, viajé a Córdoba para participar el 13 de ese mes, en el segundo plenario del Movimiento Sindical de Bases ya que habíamos decidido elaborar unos “Cuadernos de información popular” para dar cuenta de estos eventos y optimizar los recursos; que estaban ociosos por la clausura de ambos diarios.

El encuentro estaba convocado para las 8 de la mañana en la sede del club Córdoba Sport.

A esa hora la zona estaba cubierta de colectivos procedentes de otras regionales: Tucumán, Entre Ríos, Capital Federal, Mendoza, Villa Constitución, Rosario y Resistencia, entre otras.

Me encontré con compañeros queridos como Luis María González del Sindicato de Colectiveros de Paraná y Alberto Piccinini, que lideraba la oposición a Lorenzo Miguel en la Seccional de la UOM de Villa Constitución.

En el interior del local las tribunas se iban cubriendo, recibiéndose a cada contingente con consignas que rebelaban el profundo contenido clasista del Plenario.

El grito dominante era “se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical”.

A las 13 horas más de 4.500 compañeros rodeaban la cancha en la que estaban instalados los delegados.

Entre estos trabajadores, muy camuflados para evitar ser reconocidos, estaban dos miembros del Buró del PRT: Antonio del Carmen Fernández y Enrique Gorriarán Merlo, con los que compartí un asado, esa noche, en la casa de los padres de Alfredo Curutchet

En primer término se puso a consideración de los asambleístas el temario aprobado en el pre Congreso y se nombró la presidencia honoraria que recayó en la compañera tucumana Hilda Guerrero de Molina, Máximo Mena, los 20 mil asesinados durante el golpe en Chile, las víctimas de la triple A y los guerrilleros secuestrados por el ejército durante el copamiento de la unidad militar de Azul: Roldán y Antelo.

Al anochecer, ingresó Agustín al recinto, siendo recibido con la consigna “Tosco, Tosco corazón, el pueblo te reclama para la Revolución”.

Su intervención, como invitado e integrante del Movimiento Sindical Combativo de Córdoba, alentaba la lucha desde abajo y se podía sintetizar en una frase:

“El futuro de la Argentina, de América Latina y del mundo no puede ser otro que el que señalaba ese niño con el puño en alto. No puede ser otro que el del socialismo y es por lo que estamos luchando”.

Hizo además una referencia directa a la clausura del diario, señalando “…hace unas semanas se asestó un golpe contra la libertad de prensa, clausurando el diario «El Mundo». Luego de veinticuatro horas se clausuró «Respuesta Popular» y pocas semanas después se clausuró «El Descamisado»: vocero de los sectores combativos del peronismo”.

Estos compañeros decían, con toda razón: ¿como se explica General, que en 1974, nos clausuren el órgano de expresión de nuestro pensamiento obrero y popular?

Termino su exposición, instando a la unidad para construir una gran patria socialista, argentina y latinoamericana.

Al regresar a Buenos Aires me reuní con Gustavo Lafleur, un viejo militante de la Juventud Peronista que había conocido en la casa de Alicia Eguren y de John William Cooke, por el que sentía un gran afecto, que integraba las filas de Montoneros, para conocer que pensaban hacer, frente a estas continuas agresiones del gobierno

¿De qué forma se profundiza la ruptura del “Viejo” con las corrientes revolucionarias del peronismo? ¿Cómo se preparan los actos del 1° de mayo? Estos y otros temas abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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Los trabajadores de Donnelley contamos nuestra lucha por la expropiación y estatización bajo gestión obrera

Comité de Prensa y Difusión de los trabajadores de Donnelley

De un día para el otro los trabajadores de Donnelley nos encontramos con la fábrica cerrada. La única explicación que tuvimos fue a través de un comunicado pegado en la puerta donde la empresa aducía “una crisis insuperable” e informaba que “estamos cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra” luego de 22 años de actividad en el país.

Los trabajadores queremos hacer oír nuestra voz, que se sepa quiénes somos y qué reclamamos para mantener nuestra fuente de trabajo y la de nuestras familias. Estos videos que les enviamos tienen en primera persona nuestra voz y nuestras denuncias. Ya es conocido por los medios que apenas la empresa cerró resolvimos en asamblea ingresar a la planta y ponerla a producir, para defender nuestros puestos de trabajo y el sustento de nuestras familias. Hoy en día estamos produciendo y solucionando los problemas que ha dejado esta empresa, manteniendo el contacto con los clientes. Para nosotros sería una tragedia quedarnos sin trabajo, porque para la mayoría significaría la imposibilidad de volver a conseguir un empleo.

También para difundir nuestra lucha los trabajadores conformamos un Comité de Prensa y Difusión e hicimos estos videos que reflejan las voces de distintos compañeros y compañeras de Donnelley, donde contamos cómo estamos viviendo esta situación, y porqué peleamos para que esta empresa sea expropiada y estatizada y gestionada por nosotros mismos. Muchos compañeros resaltan el compañerismo y que esta empresa es rentable y puede ofrecerle importantes servicios a la comunidad, imprimiendo libros, revistas académicas, manuales escolares, etc.

Los trabajadores de Donnelley estamos denunciando la quiebra fraudulenta de una multinacional norteamericana que tiene ganancias millonarias a nivel mundial. También rechazamos el cierre ilegal dejando a 407 familias en la calle de un día para otro; o sea, 407 trabajadores sin trabajo y más de mil doscientos niños/as y adolescentes, teniendo en cuenta no sólo la vivienda, la alimentación, la vestimenta, sino el problema que nos deja con las obras sociales y las cuotas escolares.

Por eso vamos a pelear por la expropiación y estatización bajo gestión obrera de la gráfica para defender nuestros puestos de trabajo y hacer una empresa al servicio de la comunidad. Y por eso también los invitamos a ver la lucha de Donnelley en estos videos, en primera persona, porque detrás de cada trabajador hay una familia y nosotros también peleamos por ¡Familias en la calle Nunca Más!

https://www.youtube.com/watch?v=q09q-iH1Q24

https://www.youtube.com/watch?v=KbaWOWkqxmE

https://www.youtube.com/watch?v=MiwXlq_NsNY

https://www.youtube.com/watch?v=hkf3Ue0uxEM

https://www.youtube.com/watch?v=STCQSoh1Wpc

https://www.youtube.com/watch?v=BXr13j3XVFA

https://www.youtube.com/watch?v=HK_W1AJsuu8

https://www.youtube.com/watch?v=hkf3Ue0uxEM

https://www.youtube.com/watch?v=UXc9FjhaKIs

https://www.youtube.com/watch?v=xhs6AIKEA8Q

https://www.youtube.com/watch?v=IV_u_35lfnM

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Informe de la CTA: Conflictividad laboral en alza

LAOLLA.TV - ACTA

El Observatorio del Derecho Social de la CTA realiza desde el 2006 un relevamiento de conflictos laborales con informes trimestrales. Según Luis Campos, coordinador del mismo, “nos permite ver no sólo las características de los conflictos que tienen mayor visibilidad sino que lo que tratamos de ver es tendencias de mediano y largo plazo que nos muestren que características va teniendo la conflictividad que llevan adelante los trabajadores”.

“En cuanto a este trimestre en particular, el segundo de 2014, por un lado lo que se ve, en términos generales, es una cierta disminución de la conflictividad total respecto al pico de la serie que fue el cuarto trimestre del 2013″, señala Campos. “Lo que se nota es un crecimiento muy importante de la conflictividad en el sector privado que compensa una caída en el sector público. En el sector público la conflictividad laboral se había incrementado mucho hacia fines del año pasado. Recordemos los casos de los trabajadores de las policías provinciales que se montaron sobre conflictos que venían llevando adelante los trabajadores de la educación, de la administración pública provincial, de la salud. Luego de estos conflictos se generó un efecto contagio en los trabajadores del sector público que salieron a pedir aumentos equiparables con los otorgados a las fuerzas de seguridad. Esta conflictividad se redujo sensiblemente”.

Este último trimestre fue el de mayor cantidad de conflictos en el sector privado desde que el Observatorio realiza estos relevamientos. Principalmente los motivos fueron las negociaciones salariales pero también situaciones de crisis. “Acá se da una paradoja, al mismo tiempo que las organizaciones sindicales están discutiendo las escalas salariales, entre marzo y mayo, a nivel de empresa se están discutiendo situaciones de crisis ligadas a suspensiones, despidos, deudas salariales”.

“Nosotros relevamos un total de 316 conflictos que son más o menos el doble que hace dos años cuando teníamos un promedio de 150 conflictos por trimestre”.

Campos opina que a pesar de haber cerrado el ciclo anual de las paritarias, “con los niveles de inflación que está habiendo no sería extraño que en los próximos meses reaparezcan conflictos pidiendo la reapertura de paritarias".

La cantidad de conflictos en el sector informal es muy minoritaria debido a la precariedad de las condiciones laborales de estos trabajadores".

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Despidieron a 20 trabajadores en la fabrica FelFort

ANRED

El pasado martes 15 de agosto la empresa Felfort despidió a 20 empleados. La comisión interna de trabajadores, mediante un comunicado solicitan el cese de los despidos, y convocan a una manifestación el viernes 22 de agosto a las 15 horas, frente a las puertas de la fábrica. Difundimos comunicado.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN INTERNA DE FELFORT:

Manifestamos – viernes 22 de agosto a las 15 hs.

Puerta de FELFORT, Gascón y Díaz Vélez, Capital.

¡No a los despidos y el fraude laboral!

¡Unidad de efectivos y contratados! ¡Reincorporación ya!

¡No a la persecución gremial!

El día 15 la empresa despidió a más de 20 trabajadores de la fábrica. Dice que es por una “baja en la producción por falta de insumos importados” y que por eso “desvincula personal de agencia”… Pero ese mismo día toma represalias, porque despide a una trabajadora efectiva con 13 años de fábrica, que es activista gremial de oposición a la conducción del STIA.

Quedan así al desnudo las mentiras patronales. Lo que buscan es golpearnos, justo el día que uno de nuestros delegados de la comisión interna, el compañero Rodolfo “Cacho” Vidal fue internado en el hospital por una operación.

En el 2013, gracias a una dura lucha se logró la efectivización de más de 70 trabajadores de los 250 que estaban por agencia y se logró que una inspección de la policía de trabajo haga la intimación por fraude laboral. Hemos conseguido también que los compañeros que aún siguen por agencia vuelvan a trabajar en Felfort luego del receso de fin de año.

Pero la patronal siguió violando la ley en forma escandalosa y dilatando la efectivización del resto, ante la pasividad del Ministerio de trabajo y los directivos sindicales.

Desoyendo nuestro reclamo permanente en este sentido, hoy la empresa vuelve al ataque y hace una maniobra: anuncia que efectivizará a diez compañeros de agencia y por otro lado, despide a otros 20, muchos de ellos con más un año y medio trabajando. No vamos aceptar que los Fort sigan atropellando los derechos legales de nuestros compañeros trabajadores. Con la unidad de todos los compañeros enfrentaremos los despidos. Tomaremos, como siempre las decisiones sobre las medidas de acción con la más amplia democracia de base.

Pero además reclamamos a los directivos del STIA que convoquen a un urgente plenario de delegados para decidir medidas contundentes de todo el gremio en rechazo a los despidos y fraude laboral, que se producen en todas las empresas de la alimentación.

Apelamos al apoyo obrero y popular Queremos unirnos y coordinar con otros trabajadores que hoy enfrentan la ola de despidos y suspensiones en casi todas las industrias. Hemos practicado la solidaridad con muchos conflictos, como el reciente en Calsa cuando sufrieron despidos y protagonizaron una larga y heroica huelga.

Apelamos hoy a la solidaridad de todos los trabajadores y de las organizaciones sociales. Los invitamos a participar de la manifestación que realizaremos el viernes 22 de agosto a las 15 hs en la puerta de fábrica, en Gascón y Díaz Velez. Y desde ya les pedimos que nos ayuden a difundir lo que está sucediendo hoy en la empresa y el apoyo que necesitamos para rechazar estos despidos, la efectivización de los trabajadores por agencia y terminar con el fraude laboral.

Comisión Interna de Reclamos de FelFort

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Encuentro de telefónicos: Jorge Castro, “No solo en la industria hay más desocupación sino también en el sector de servicios”

ACTA

El viernes se realizó un plenario de los telefónicos en la ciudad de Mar del Plata en el que también participaron compañeros de Bahía Blanca, el secretario General de la provincia Oscar “el Colo” de Isasi, y Jorge Castro, como secretario Gremial de CTA y secretario General de Uettel.

A decir de los protagonistas, el marco de los compañeros que se encontraron superó las expectativas, porque además de trabajadores de las empresas telefónicas, también se sumaron a Uettel, los compañeros de las subcontratistas en estas dos localidades.

“Vemos que en esta etapa tenemos la oportunidad de desarrollar el crecimiento de los sectores privados en la CTA, porque sinceramente, en la situación en la que están los compañeros en todo el país es catastrófico, estamos volviendo a los ’90, se está tercerizando más y negreando más”, contó Jorge Castro, quien explicó la visión del gremio: “Eso es peligroso, porque nosotros hemos luchado fuertemente contra la precarización, por el riesgo del trabajo en altura que hacemos los telefónicos, y se han matado muchos compañeros este año por la falta de elementos de seguridad. Eso es alarmante, porque en un país que entra en crisis, siempre la pagan los trabajadores, y para nosotros es muy peligroso”.

“Esta semana, charlamos con compañeros trabajadores de empresas contratistas que andaban con los borcegos rotos y tienen que pasar por los tendidos de red eléctrica, y tenían los cintos de seguridad vencidos. Hacía rato que no veíamos esto, y nuevamente aparece el fantasma de precarizar a fondo, y desde UETTel vamos a dar la pelea para que esto no suceda. Porque nosotros decimos que mientras haya trabajo está todo bien, pero no queremos que haya compañeros accidentados o que pierdan la vida”, afirmó el Secretario General de los Telefónicos.

Se prevé que para fin de mes se realizará la elección de delegados simultáneamente en Mar del Plata y Bahía Blanca, dentro de la empresa Plantel, subcontratista de Telefónica. En ese rumbo, Castro afirmó: “Creemos que es un balance muy positivo, porque vemos que la organización sigue creciendo en la provincia y en todo el país. Y vemos la necesidad de reorganizarse en la CTA, porque del otro lado, los compañeros no encuentran soluciones. Otro tema preocupante es como ha bajado el trabajo en las telecomunicaciones, eso quiere decir que no solo en la industria hay más desocupación sino también en el sector de servicios, y estamos alerta a que no vayan a achicar sectores, porque por ejemplo en Capital Federal hace unos meses ha bajado el empleo, y todas las empresas amagan con el achique de personal”.

En el sector privado lo que viene sucediendo, que sabemos todos, es el cierre de fábricas, suspensiones, despidos, y esa es una oportunidad de los empresarios de limpiar a los compañeros que pelean, a los que luchan. Nosotros vemos que el gobierno, en vez de a los empresarios, están atacando a los trabajadores y se han perdido más de 500 mil puestos de trabajo en lo que va del año. Creo que la crisis se va a seguir profundizando, y no por hacer catarsis que lo digo, sino porque la CTA tiene una oportunidad muy importante, para ser más protagonista defendiendo a los compañeros que están huérfanos de representación sindical, de los gremios que juegan con la derecha.

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Villa 20: habla uno de los sobrevivientes

COSECHA ROJA

“Estábamos en un auto que encontramos, salimos a dar un par de vueltas nomás. Los cobanis no gritaron alto, no dieron un sirenazo, nada. Tiraron a matar, me mataron a mi amigo, me hicieron mierda a mi amigo. No teníamos pistolas nosotros”, contó a Cosecha Roja uno de los dos sobrevivientes de la balacera del 7 de agosto en el cruce de Fonrouge y Barros Paso, en la Villa 20. Esa noche la policía mató a Brian (Papu) y a Jonathan (Pajarito) y detuvo a Matías.

El sobreviviente tiene 17 años, va al secundario y cada tanto trabaja de albañil. Esa noche recibió tres balazos: los dos de las piernas entraron y salieron y el del pulmón nunca salió. Ni va a salir. “Me dijeron que puedo vivir con esto, no sé”, dijo. Responde con pocas palabras, se queda callado. Hoy estuvo en la casa, no pudo ir a la manifestación que familiares, amigos y legisladores hicieron en la puerta de Tribunales para exigir al Juzgado de Menores 2 ser querellantes en vez de estar imputados por resistencia a la autoridad y robo.

El sobreviviente lo quería a Brian como un hermano: se criaron juntos. “Él tenía que ir conmigo a boxeo, ¿entendés?”, dice un amigo de los dos y muestra una imagen del joven impresa en papel fotográfico. “A mí y a Brian nos dieron cuando estábamos adentro del auto y en un momento paramos: si se va a terminar algo, que se termine acá, dijimos, dentro de la villa. Después ya no me acuerdo de nada”, contó el sobreviviente. A él lo trasladaron al hospital. A Brian no. Los amigos denuncian que lo dejaron morir: quedó herido en la camioneta mientras la familia lo buscaba por las hospitales hasta que los vecinos lo descubrieron. “Lo que menos nos imaginamos es que tenía un tiro en la cabeza. Entre todos lo bajamos. La policía no dejó que se lo lleve la ambulancia: lo volvió a subir a la camioneta y la empujó hasta la Avenida Cruz”, contó a Cosecha Roja una amiga.

Jonathan tenía 17 años, iba al colegio secundario Homero Manzi en Pompeya, pintaba murales. Algunos le decían “el pajarito”. Se había subido a la Surán pocos metros antes de la persecución. Había salido a comprar pollo con arroz. Rosa, la hermana, dijo a Cosecha Roja que se fue a saludar a los pibes que paran en el lavadero y que ya no lo vieron más. Un rato después -cuando les avisaron que lo habían herido- lo encontraron solo, desangrándose, sobre un pasillo que da a la calle Pola. Quienes vieron les contaron que se había bajado del auto, todavía ileso, y se había querido entregar. “Tenía tres marcas en la cara, de balas que rozaron. Como vio que seguían tirando, se dio vuelta y corrió”, dijo Rosa. El último balazo le dio en la espalda.

Como todavía no existe la versión judicial, la única oficial es la de la policía: informaron que habían robado una Volkswagen Surán en Barracas y que apareció en Villa 20, que los persiguieron y que hubo un enfrentamiento armado. Los que lo vieron dicen que los masacraron, que tiraron a matar y que después los dejaron morir.

“¡Mataguachos! ¡Gatillo fàcil!”, gritaban los amigos de Papu y Pajarito en la puerta de Tribunales.

Acompañados por Pablo Ferreyra -legislador de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de Seamos Libres-, Victoria Montenegro -Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Kolina- y Jorge Quito Aragón -legislador porteño por la agrupación Martín Fierro de Unidos y Organizados- y el programa ATAJO, los familiares consiguieron una audiencia para el miércoles que viene. La causa está en el Juzgado de Menores 2, a cargo de María Martha Halperín y todavía los abogados no pudieron acceder al expediente, siguen sin poder leer las autopsias y no les dieron los videos de las cámaras de seguridad que, aseguran, filmaron todo.

Mañana Matías -detenido en un pabellón de menores- y el sobreviviente libre tendrán que ir a participar de la rueda de reconocimiento con los damnificados del robo, dijo a Cosecha Roja el abogado Nahuel Berguier.

“La policía nos amenaza todo el tiempo: pasan y nos dicen que tienen una bala para cada uno de nosotros”, contó Ariel, amigo de Jonathan a Cosecha Roja. “Me voy quedando sin amigos, me los están matando a todos, ¿qué somos? ¿palomas?”, dijo el sobreviviente. En Villa 20, dicen, hay una vieja costumbre de matar adolescentes, que sobrevive desde la época en la que “el Percha” era policía.

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Argentina, Tucumán: "Di Lella y Sánchez encubrieron el crimen de mi hija", dijo Lebbos

PRIMERA FUENTE

Alberto Lebbos y el fiscal Diego López Ávila hicieron declaraciones antes de que se inicie la indagatoria a dos imputados por encubrimiento Eduardo Di Lella y Hugo Sánchez.

Lebbos dijo que en mayo del 2006 se pidió la declaración indagatoria y hoy empieza en la que están los imputados Barrera, Sánchez y los otros: “Es injusto que todos estos años hemos tenido que andar “pasillando” para lograr esta declaración que son medidas que corresponden. No pedimos que hagan nada fuera de la ley. Estas personas son partícipes directos del encubrimiento del homicidio de Paulina. No tengo la menor duda de que ellos saben quien es el homicida”.

Agregó que Eduardo Di Lella, ex secretario de seguridad y Hugo Sánchez, jefe de policía en el momento en que aparece el cadáver de Paulina “ellos saben y son los que han preparado todo para el encubrimiento del crimen de mi hija. Vengo para verificar que se cumpla lo que ha dispuesto del fiscal López Ávila y quiero que digan quienes son los asesinos de Paulina. Son personajes que han seguido siendo funcionarios durante muchos años y son los responsables directos que el crimen de Paulina esté impune”.

A su tiempo el fiscal López Ávila expresó “son personas que han sido imputadas por el encubrimiento. Les aclaro que esto la dijo a la prensa “es como consecuencia de la investigación que se viene haciendo desde el año pasado. En la causa Paulina han aparecido elementos para imputar a estas personas”.

Posteriormente abundó “se han tomado declaraciones de nuevo a todas las personas de Vialidad que han descubierto el cadáver y a los policía que participaron en el hecho. Mañana (jueves) viene a declarar Waldino Rodriguez que es aquel policía –hoy retirado- que es a quien los hermanos Goytía le dan aviso de el encuentro del cuerpo y después las declaraciones de los hermanos Goytía denuncian coacción desde una camioneta de la policía donde presuntamente estaba este señor. Justamente omitió en la declaración este tipo de declaración”.

Agregó en otro instante que “son sospechosos y hay que ver si mintieron y ver dónde mintieron y lo que la Cámara Penal está diciendo no está firme por lo tanto no puedo intervenir en el caso. Son sospechosos de encubrimiento y otros delitos que vamos a analizar”. Refirió que han hecho un planteo de eximición de prisión pero eso tiene que se analizado por el juez de garantía.

Los imputados en el homicidio son 2 Gallardo y Gómez. El fiscal de la causa se explayó “recuerden que estamos en la provisoriedad de la investigación. No hemos llegado a la conclusión de la investigación todavía”.

“En el tema de la investigación hemos avanzado muchísimo. La causa puede desdoblarse por el homicidio y por el encubrimiento sin ningún problema.

Mi trabajo es investigar el homicidio y los delitos conexos que pudieran surgir después de 8 años”.

En el caso del homicidio se está planteando una privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio.“Hasta el momento ninguna de las líneas investigativas está cerrada” concluyó Diego López Ávila.

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Dante Leguizamón: “En Córdoba hay un autogobierno de las fuerzas de seguridad”

COSECHA ROJA

Dante Leguizamón nunca antes había sentido miedo. Y eso que empezó a hacer periodismo a los 14 años y hoy tiene 39. En el medio cubrió casos policiales y judiciales, y tuvo entredichos con fiscales, jueces, familiares de acusados de homicidios y violadores, policías. Nada se compara con lo que pasó el viernes, cuando el Jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, respondió a una denuncia pública del periodista con amenazas: por teléfono y por la red social Twitter lo trató de mentiroso y le dijo que se iba a “encargar” de él. “Por primera vez sentí que era vulnerable, que podían hacer cualquier cosa”, dijo Leguizamón a Cosecha Roja.

¿Cómo reaccionaste cuando recibiste las amenazas?

El tipo estaba sacado, fuera de sí, hablaba con prepotencia e impunidad. Lo primero que hice fue intentar hablar con mis jefes, pero no los encontré. Yo fui tartamudo mucho tiempo y esa noche me puse tartamudo. En general, cuando pasan cosas así suelo resolver rápido, pero esa noche estaba anulado. Llamé a un amigo militante de HIJOS y le pedí ayuda. Me dijo con certeza que llamara al abogado. Hablé con Claudio Orosz y me di cuenta lo terrible que es la Justicia para el que no esta preparado: quedás muy solo. Esa noche tuve miedo.

¿Quién es Julio César Suárez, jefe de la Policía de Córdoba desde fin de 2013?

Es el Jefe de Policía que mató a doce chicos por gatillo fácil. Este año ya van siete. Para mostrar su trabajo es capaz de detener a un inocente y sentarlo en la calle para mostrarlo. Hay chicos que mueren en las comisarías y que deberían estar protegidos. Es un policía que está en línea con los anteriores, pero es tropero, tribunero. Es un tipo que protege a la tropa, los estimula, los convence de que son parte de un ejército y de que los delincuentes son los enemigos de la sociedad. Concibe a la policía como una familia, separada de la sociedad. No comprende qué es la democracia, no entiende que el autor de un delito tiene Derechos Humanos.

Para Leguizamón, la lógica de la cabeza policial coincide con la política de seguridad del Gobernador José Manuel de la Sota quien, tras el acuartelamiento de diciembre, “buscó en el corazón de la policía al tipo que pudiera resolverlo”. Y lo encontró a Julio César, un hombre dispuesto a no sacarse nunca el traje de fajina, que va a los operativos, que anda armado, que inaugura el “corralito” -un modo de poner a los detenidos frente a los medios-, que sale a decir a los medios que “los delincuentes saben que si salen a robar armados, pueden tener la desgracia de terminar muertos”.

¿Cómo actúa la policía en los barrios de la ciudad de Córdoba?

La policía juega a que lo que hacen es insivibilizado. Nosotros -los medios- lo que hacemos es visibilizarlo. No están acostumbrados: hay una política desde 1999 que criminaliza a los sectores de clases bajas. Eso, a su vez, se utiliza como publicidad positiva para los sectores medios. Cuando hay un allanamiento en un barrio, si es 20 cuadras hacia adentro, a los delincuentes nadie los ve. Entonces los llevan a donde sí los ven: los ponen en el corralito y los dejan cuatro horas para hacer sentir segura a la clase media que se siente cada vez más insegura. Cada día la policía recibe 45 mil llamados de personas que denuncian que “un chico de gorrita anda caminando por la puerta de la casa”. Y esto pasa en toda la provincia, donde hay un autogobierno de las fuerzas de seguridad.

El periodista presentó una denuncia penal ante los tribunales de Córdoba por los dichos de Suárez. “Yo mismo me voy a encargar de vos”, le había dicho por teléfono. Desde el Twitter @PoliciaCbaOf le había escrito: “No mienta más, no confunda a la gente” luego de que Leguizamón denunciara que la policía se retiró del barrio Los Cortaderos cuando llegaron los medios. El Comisario, después, pidió disculpas.

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Argentina, Misiones: Anses volvió a negar a los tareferos la devolución de asignaciones retenidas

MISIONES ON LINE

Tareferos de Montecarlo y Oberá que sufrieron descuentos en sus asignaciones familiares durante alrededor de dos años, entre 2008 y 2009, volvieron a quedarse con las manos vacías tras una reunión con funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Desde el mediodía hasta casi las seis de la tarde de ayer pudieron plantear sus reclamos a un grupo de técnicos y funcionarios encabezado por el secretario general de la entidad nacional, Rodrigo Ruete, pero la respuesta no pudo ser más decepcionante para los trabajadores: “nos dijeron que ellos iban a esperar los tiempos que indique la Justicia para pagarnos lo que nos sacaron de forma injusta”, señaló Maidana a Misiones Online.

El organismo que conduce Diego Bossio retuvo las asignaciones a alrededor de 770 trabajadores, según estimaron desde el sindicato, después de haber detectado una estafa que venían llevando adelante empresas contratistas en complicidad con “presta firmas” que figuraban como tareferos pero que en realidad nunca habían pisado un yerbal. En vez de profundizar la investigación y castigar solamente a los estafadores, la Anses optó por hacer tabla rasa y quitarle los beneficios a todos los que figuraban como trabajadores de las contratistas implicadas en la estafa, así terminaron perjudicados tareferos que nada tenían que ver con la maniobra fraudulenta.

“No nos pagaron las asignaciones durante dos años en promedio, algunos más, otros menos. Los montos que retuvo la Anses varían mucho según cada caso, pero en total son más de tres millones seiscientos mil lo que nos deben, más o menos 30 mil pesos por cabeza”, calculó Maidana.

El gremialista lamentó que por la falta de sensibilidad de la Anses, más de 500 chicos sufrieron las consecuencias, muchos de los cuales se vieron obligados a dejar la escuela y trabajar en los yerbales, repitiendo un modelo de explotación que antes sufrieron sus padres y abuelos.

De los 770 tareferos que, según el sindicato, fueron perjudicados, 128 lograron judicializar sus reclamos en ocho causas que tramita el juzgado Federal de Eldorado. Uno de esos expedientes, que nuclea 16 casos, ya recibió sentencia favorable en primera instancia, fue apelado por Anses y ya está en manos de la Cámara de Apelaciones.

“Los funcionarios de la Anses nos dijeron hoy, que ellos se harían cargo solo de esos 16 casos y que el resto tendría que esperar a ver qué dice la Justicia. Lo hacen para dividirnos, para tentar a algunos compañeros porque saben de la necesidad que tenemos”, consideró Maidana.

Para sindicalista, la respuesta de la Anses a sus reclamos fue insultante: “esto se va a estirar varios años más si siguen los plazos de la justicia y nosotros no podemos esperar”, dijo.

Remarcó además que “ellos (la Anses) no esperaron los tiempos de la Justicia para descontarnos nuestras asignaciones, ante la sospecha de que podríamos ser parte de una maniobra fraudulenta ya nos aplicaron los descuentos, sin causa judicial de por medio, bastó una resolución administrativa. Ahora resulta que para devolver lo que descontaron por error sí tienen que esperar a la Justicia, debería ser automático, del mismo modo que descontaron”, argumentó.

Otro de los puntos de conflicto con el organismo nacional pasa por diferencias en los montos que registra la Anses como descontados y los que manejan los tareferos afectados. “A mí me quisieron pagar 75 pesos en un primer momento, ahora 4.800 pesos, pero yo les muestro un recibo en el que me descontaron más de 7.700 pesos de una sola vez, entre ayuda escolar, asignación familiar y nacimiento y no saben explicar. Eso fue solo un mes y a mí me descontaron durante dos años”.

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Comunidades Huarpes se movilizaron para resistir la usurpación de sus tierras en San Juan

MNCI - ANRED

Unas 25 familias de las Comunidades Huarpes, en San Juan, se encuentran en guardia permanente, resistiendo a la usurpación de sus tierras por parte del Estado nacional. Las familias campesinas denuncian intereses de empresarios detrás del alambrado de sus tierras y un plan sistemático de apropiación y expulsión de familias agricultoras, con el desmonte nativo de grandes áreas. Hoy miércoles 20 de agosto, por la mañana, las familias movilizaron a los tribunales federales.

Desde hace varios días, 25 familias de los pueblo originarios organizadas en el Movimiento Nacional Indigena Campesino (MNIC) vienen montando guardias de 24hs en los límites de las tierras, que empresarios amparados por el Estado Nacional quieren usurpar. Los integrantes de las comunidades, se manifestaron hoy desde las 9 horas en la "Plaza Aberastain" hasta los tribunales federales donde denunciarán un plan sistemático de apropiación de tierras con fines industriales y de desmonte.

El conflicto comenzó hace 2 meses, cuando en el campo El Encón, en 25 de Mayo, en la pcia. de San Juan, apareció una cuadrilla con el fin de la alambrar el campo por que un empresario ganadero quería cerrar un predio de 6.000 hectáreas para “preservar el bosque” y producir vacunos y caprinos. Las hectáreas usurpadas eran parte de un territorio que, desde hace antaño, habitan descendientes de los Huarpes. Desde entonces, integrantes de las 2 comunidades de esa etnia, la Salvador Talquenca y la Clara Rosa Guakinchay, hacen guardia las 24 horas para frenar el proyecto.

COMUNICADO DE PRENSA - MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDIGENA

Comunidad Huarpe Clara Rosa Guaquinchay Comunidad Huarpe Salvador Talquenca

Hoy denunciamos que una vez más, como viene sucediendo desde hace más de 500 años, los pueblo originarios estamos intentando ser despojados de nuestros territorios!!!

La apropiación de la tierra en nuestro país se funda en procesos ilegítimos y violentos que fueron sucediéndose en distintos momentos de nuestra historia. Los invasores así impusieron sus conveniencias, un modelo capitalista que se valió de la violencia intentando suplantar nuestra historia y nuestra forma de vida. Sin embargo, las familias campesinas e indígenas no pudimos ser exterminadas, sino que resistimos y aun hoy continuamos viviendo, produciendo.

Somos 25 familias de las comunidades Clara Rosa Guaquinchay y Salvador Talquenca – MNCI-, que vivimos en la zona de El Encon, desde la Ruta Nacional 20, a la altura del km 465, hasta la llamada “Cruz de San Pedro”, y estamos sufriendo el alambrado de nuestros territorios. Dichas acciones están en el marco de la ejecución de un plan financiado por el Estado Nacional, bajo la Ley De Bosques 26331, cuyo beneficiario es De Los Ríos, Hugo Ricardo. Esta preocupación ya fue comunicada por ambas comunidades mediante denuncias realizadas ante la Comisaria Nº32 de Casuarinas[1], en el 4º Juzgado Correccional[2] y Medio Ambiente[3] de la Provincia de San Juan.

Entendemos que estas acciones entran en contradicción con el espíritu de la ley, el cual contempla que se debe priorizar a los/as pequeños/as productores/as, comunidades campesinas y/o indígenas; que son quienes realmente conservan el bosque, y que, según el artículo 19 de dicha ley, Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras. Y además, que aunque estas comunidades no posean la titularidad perfecta de la tierra, son poseedoras ancestrales del territorio, lo cual, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, equivale al título de pleno dominio que otorga el Estado.

Denunciamos además que muchas de nuestras comunidades rurales son expulsadas a los desiertos y zonas salinas, ya que nuestras áreas de riego vienen siendo ocupadas por grandes empresas industriales, negando el acceso al agua de riego, expulsando familias de agricultores y desmontando grandes áreas de monte nativo. La consecuencia más grave es la perdida de la soberanía de nuestro pueblo, teniendo en cuenta que una parte muy importante de nuestro suelo y su sistema productivo está en manos quienes perciben beneficios del Estado, como es el caso de los diferimientos impositivos, y en este caso, la Ley de conservación de Bosques Nativos.

Frente a las injusticias nos organizamos para hacer oír nuestra voz a la justicia y a quien corresponda: Es por ello que desde nuestras comunidades y el Movimiento Nacional Campesino Indígena San Juan, se ha organizado la defensa activa mediante una guardia 24 horas en el territorio en conflicto para frenar las acciones de alambrado del mismo.

Nos convocamos el miércoles 20 de agosto a las 9 horas, en "Plaza Aberastain", para luego dirigirnos a tribunales federales para denunciar públicamente este atropello y reclamar por la función social de la tierra. Somos tierra para alimentar a los pueblos!!! Ni un metro más, La tierra es nuestra!!! Agua y tierra en manos campesinas, alimentos sanos para el pueblo!!!.

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Piden crear en Bolivia un ministerio de la mujer

PL

La cuarta Cumbre de Mujeres del departamento de La Paz pidió al gobierno de Bolivia crear un ministerio que atienda a las féminas e impulse políticas públicas en favor de ese sector.

Las participantes del evento -celebrado en esa capital- consideraron que ese despacho ayudará a implementar mejor las leyes que las protegen y a velar por sus derechos sociales y económicos en el país andino.

Llamaron a la justicia boliviana a garantizar una vida segura, libre de violencia y de acoso político contra ellas, ante el reciente informe sobre los 98 asesinatos de mujeres, de ellos 59 fueron feminicidios registrados este año en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Además, solicitaron a las autoridades apoyo para realizar cursos de capacitación y liderazgo, así como mayor acceso y atención prioritaria en los centros de salud.

La Cumbre acordó crear una comisión para velar por el cumplimiento de las propuestas emitidas ayer.

"A partir de eso se ha armado una comisión de 12 personas, de las seis comisiones que han trabajado, que van a hacer seguimiento y documentarlo todas estas resoluciones", precisó el presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, Jorge Choquetarqui.

Añadió que en un plazo de 30 días pedirán al Ministerio de Justicia reglamentar esas iniciativas.

La cuarta cumbre de mujeres de La Paz reunió a senadoras, diputadas, ministras, concejalas, representantes de organizaciones sociales e instituciones que trabajan con mujeres en ese departamento.

Su agenda incluyó un análisis de los derechos sociales, políticos y económicos de ese segmento, así como de la ley integral que les garantiza una vida libre de violencia y acoso.

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El racismo es un problema mundial, dicen brasileños

Edgardo Loguercio (XINHUA)

La discriminación racial y la violencia contra la juventud negra, son problemas mundiales que afectan incluso a las instituciones públicas, afirmaron representantes del gobierno y de la sociedad brasileña ante lo ocurrido en Missouri, Estados Unidos.

"La posición (del gobierno) es buscar mecanismos de cooperación y de diálogo, para que los gobiernos se ayuden en la búsqueda de una solución ante ese tipo de situaciones", apuntó el coordinador del programa Juventud Viva, Felipe Freitas.

Este programa gubernamental es impulsado por la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (Seppir), órgano vinculado a la presidencia de Brasil.

Dijo que las autoridades brasileñas acompañan lo ocurrido en la nación del norte con bastante atención.

El pasado 9 de agosto, el joven negro Michael Brown murió baleado por un policía blanco en el área de Ferguson en el estado de Missouri (medio oeste de Estados Unidos), lo que provocó una serie de protestas y denuncias sobre el contenido racista de la acción.

El incidente ocasionó incluso la movilización de la Guardia Nacional a solicitud del gobernador local, Jay Nixon, y "reavivó" el debate sobre la necesidad del combate al racismo.

Freitas resaltó que en la historia del movimiento negro, siempre hubo diálogo entre las organizaciones de los diferentes países, lo que puede ser un camino para encontrar salidas.

"Las experiencias de lucha negra contribuyeron unas con otras. Por ejemplo, Abdias Nascimento, con 50 años de lucha en el movimiento negro en Brasil, influyó mucho en otros países", dijo.

La lucha contra el Apartheid en Sudáfrica también movilizó la solidaridad en todo el mundo.

"Está muy claro que esos intercambios y diálogos de la comunidad negra en los diferentes países son muy importantes", dijo.

Es prematuro, no obstante, analizar los efectos que tendrá en Brasil lo ocurrido en Ferguson, aunque deja claro que la cuestión de la violencia policial es un problema mundial.

La expectativa brasileña es que puedan encontrarse coincidencias en el ámbito internacional para tomar medidas al respecto.

"Por ejemplo, las Naciones Unidas decretarán en su próxima Asamblea General la Década del Afrodescendiente, ese es un reconocimiento de que existe un problema", indicó.

"Tiene que haber un acuerdo por parte del movimiento negro y de las autoridades para que existan reglas claras de actuación", señaló.

Por su parte, el dirigente del Colectivo Nacional de la Juventud Enegrecer, Clédisson Geraldo dos Santos Júnior, movimiento negro brasileño, sostuvo que lo ocurrido en Ferguson fue una "tragedia anunciada".

Indicó que no es la primera vez que las fuerzas estatales se comportan de forma "equivocada", con el resultado de grandes manifestaciones de la población negra local.

"Ese lugar donde hoy ocurren manifestaciones y murió un joven negro, es una ciudad con más de 60 por ciento de población negra y donde más del 80 por ciento de la fuerza policial está compuesta por blancos", dijo el dirigente social.

Cledisson participó el fin de semana pasado en el Congreso del Movimiento Negro Unificado (MNU) de Brasil en el estado de Bahía (noreste), donde se analizó la crisis en Ferguson y una serie de propuestas contra la discriminación y la represión policial en Brasil.

El movimiento negro brasileño impulsa jornadas de acción política con el lema "Reaccione o será muerto, reaccione o será muerta", que culiminará con una gran movilización "contra el genocidio del pueblo negro" este viernes 22 de agosto en varias ciudades del país.

Para Cledisson, los hechos de Estados Unidos deben reforzar la denuncia sobre el papel que tiene el racismo en la vida de los jóvenes y también sobre la visión que las policías tienen de los negros como potenciales criminales.

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Docentes paraguayos declaran estado permanente de huelga

Javier Rodriguez Roque (PL)

Los docentes paraguayos, que habían convocado a dos días de marchas y paros a partir del 27 de agosto, decidieron radicalizar posiciones y declarar estado permanente de huelga por la situación existente en el sector.

La modificación de la medida de fuerza se adoptó en una reunión de todos los gremios que agrupan a decenas de miles de educadores e implicó el mantenimiento del reclamo de solución de sus demandas y la posibilidad de detener las labores en cualquier momento de los próximos tres meses.

Este accionar tendrá como primera expresión la paralización ya acordada de los días 27 y 28 de este mes en los cuales los maestros llevarán a cabo manifestaciones y cortes de vías en todo el territorio nacional y culminarán la protesta con una concentración en esa capital.

Después, seguirá vigente el estado de huelga permanente si no se acepta un incremento salarial del 10 por ciento para todos los docentes y un mayor presupuesto destinado a la educación cubriendo superación del magisterio, merienda escolar y costo de los libros para los alumnos, entre otras cosas.

El Comando Unificado de los Trabajadores de la Educación criticó al Gobierno por no mostrar interés en atender las reclamaciones de los docentes y aclaró que no aceptará participar en supuestas mesas de diálogo que ya fracasaron anteriormente.

La posibilidad de que la movilización de los docentes se convierta en un acontecimiento de mayor dimensión aún lo marca una huelga escalonada a iniciarse el día 25 por los médicos de los hospitales estatales por deudas salariales y falta de medicinas y otros insumos en los centros de salud.

Los galenos, si no se aceptan sus planteamientos, detendrán las labores dos horas el día 25, aumentaran el paro a cuatro horas el 26 de agosto y los días 27y 28 coincidirán en su paralización con los educadores coordinando acciones conjuntas, según se informó.

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Colombia: Víctimas en el centro del proceso de paz

Ernesto Vera Mellado (PL)

La comparecencia de víctimas del conflicto armado en Colombia en los diálogos de paz de La Habana, constituyó un paso crucial en el reconocimiento de sus derechos y brindó un espaldarazo al proceso iniciado en el 2012 para poner fin a la guerra.

Los integrantes del primer grupo de afectados por la dilatada confrontación que acudieron a la mesa de conversaciones el pasado fin de semana, calificaron de trascendental la reunión con las guerrilleras FARC-EP y el gobierno de su país.

Tras exponer sus testimonios y sugerencias en la mesa el pasado sábado, esos invitados expresaron a la prensa sus esperanzas en el logro de acuerdos que les devuelvan tranquilidad y justicia.

Este hecho -inédito en la historia de esos procesos- demostró además el respaldo de la sociedad colombiana al empeño de solucionar el conflicto mediante acuerdos políticos.

Llegamos con miedo, pero el respeto y afecto recibidos nos dieron confianza. Este es el camino más correcto, pues somos la columna vertebral de este proceso, afirmó Nelly González, una de las 12 personas que integraron este grupo de afectados.

Por su parte, Ángela María Giraldo, considerada víctima de la guerrilla, instó a los colombianos a defender este esfuerzo y a entenderlo como la única manera de lograr la paz, desarrollar el país e implementar políticas sociales que permitan superar la pobreza y la exclusión.

No nos interesa quienes hayan sido nuestros victimarios, nos interesa la paz y el perdón, aseveró la integrante de la delegación compuesta también por víctimas de los paramilitares y otros grupos armados.

Alfonso Mora, ex militar cuyo hijo fue asesinado, se pronunció en contra de la implementación de medidas como el fuero militar que remite a tribunales castrenses a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en delitos de lesa humanidad.

Mora y Jaime Peña pidieron un cese del fuego bilateral, que brinde garantías de continuidad a las negociaciones para el fin del conflicto que ya ocasionó 6,5 millones de víctimas, entre ellas más de 220 mil muertos y una cifra superior a 30 mil desaparecidos.

Para Constanza Turday el momento más trascendental de su vida ocurrió cuando el comandante guerrillero Iván Márquez le pidió perdón. "No fue un perdón mecánico, sino de corazón", dijo, y aseguró que esto le devolvió la confianza en la posibilidad de encontrar caminos para la reconciliación.

José Antequera, hijo de un político colombiano de izquierda asesinado en 1989, pidió el reconocimiento también de los derechos de los afectados por la violencia política de la que han sido víctimas organizaciones y personas progresistas en su país.

Estos representantes coincidieron en que no albergan sentimientos de venganza ni odios, sino el deseo de encontrar caminos para la reconciliación, contribuir a la construcción de la paz y garantizar la no repetición de hechos como los que han sufrido.

En un comunicado conjunto, las delegaciones de paz del gobierno y las FARC-EP coincidieron con las víctimas al calificar de trascendental el encuentro, pues -afirmaron- constató el propósito manifestado por ambas partes de colocar a esas personas y el respeto a sus derechos en el centro del debate.

Sus propuestas no sólo serán fundamentales, junto con los miles de testimonios y propuestas recogidos en los foros, sino que nos ponen de presente el porqué estamos trabajando para el fin del conflicto, la construcción de una paz duradera y la reconciliación, apuntaron.

Por su parte, representantes de la ONU en Colombia, la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal, destacaron el respeto y la humildad con que las partes en diálogo escucharon los testimonios de las víctimas y sus sugerencias, y el reconocimiento que hacen de la trascendencia de su participación.

Resaltaron, asimismo, la valentía, sinceridad y sentido propositivo de esas comparecencias, las cuales evidenciaron comunidad de intereses "por encima de cualquier «categorizació» de acuerdo con sus victimarios o hechos victimizantes".

Esas tres instituciones fueron las encargadas de elegir, entre un universo de miles de personas, la delegación de 60 representantes que viajará en varios grupos a La Habana para exponer sus puntos de vista en la mesa.

Procedentes de varias regiones de Colombia, ellas son muestra de hechos como homicidio en persona protegida, tortura, secuestro, masacre, despojo, desplazamiento y desaparición forzada, y se seleccionaron teniendo en cuenta un equilibrio en cuanto a los autores de estas violaciones.

El sensible tema de las víctimas ocupa el actual ciclo de los debates que tienen a Cuba y Noruega como garantes, a Chile y Venezuela como países acompañantes y como sede permanente al Palacio de Convenciones de La Habana.

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