lunes, 25 de agosto de 2014

Fallo Griesa y estrategia K

Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

La Argentina se encuentra en cesación de pagos independientemente de la cuestión de los Holdouts: la sentencia Griesa es sólo un disparador o detonante del problema de fondo que implica sostener una Deuda Pública impagable, tanto Externa como Interna.

Colocado en una gravísima encerrona financiera y legal - producto de sus propias responsabilidades en el manejo de la cuestión del endeudamiento y no sólo de circunstancias heredadas - la administración Kirchner trata ahora desesperadamente de diferir los efectos de la nueva Crisis de Deuda que le estalla este verano del 2014 (antes del rechazo de la apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16.6) pero lo hace sin querer reconocer el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, que es la verdadera explicación de la crisis que en este momento vive la Argentina.

Ficciones versus realidades.

El gobierno engaña a la opinión pública sobre la realidad y gravedad del problema financiero insoluble de la Deuda Pública en base a tres ideas-eje que son tan falsas como inconsistentes:

1. Que la Argentina se está des-endeudando, cuando el stock de la Deuda viene creciendo a un ritmo promedio superior a los 10.000 Millones de Dólares (MD) por año.

2. Que la Argentina tiene solvencia y liquidez para atender el pago de los servicios de la Deuda, cuando en los hechos todas las cancelaciones de Capital se hacen con nuevas deudas e incluso parte de los intereses se capitaliza por anatocismo, cuando el Estado tiene Déficit fuertemente creciente y Balanza de Pagos negativa (esto es, déficits gemelos); y cuando el Tesoro no dispone de divisas para atender las transferencias al exterior, de modo que la política de pagos de la Deuda externa con Reservas Internacionales (RI) del Banco Central (BCRA) se sostiene con divisas que se compran con Deuda cuasi-fiscal (las Lebac/Nobac).

3. Que - en la formulación textual del gobierno - se dice “Queremos pagar pero no nos dejan” y “Los Fondos Buitre (FB) y el juez Griesa pretenden llevar a la Argentina al default”, cuando la Argentina ya se encuentra en default, que es cesación de pagos, porque las cancelaciones que se realizan se hacen íntegramente con nuevas deudas, en lo que constituye sólo un enmascaramiento del default.

Por ende, si la Argentina tiene cada vez más Deuda Pública, si los servicios de Capital e Intereses por esta Deuda provocan más Gasto y más Déficit Fiscal, y si este déficit se cubre con más deuda, el círculo vicioso de la Deuda Perpetua se cumple. Se cumple como ha venido ocurriendo desde hace 40 años de Historia Financiera Argentina.

Falsas expectativas y frustraciones

Aparentemente el gobierno Kirchner esperaba que después de haber hecho “buena letra” en materia de regularización de pagos externos las cosas le irían mejor este año:

- A fines de 2013 se aceptaron y financiaron con deuda nueva cinco laudos perdidos ante el CIADI (por 600 MD-Millones de Dólares).

- En Febrero de este año se convino una fuerte indemnización a Repsol por YPF pagando también con más deuda de nuevos bonos: 6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses a pagar.

- En Mayo pasado, después de haberse allanado a las exigencias totales del Club de París, la administración Kirchner llegó a un acuerdo sobre plan de pago en cuotas, reconociendo un monto de obligaciones por 9.700 ND que todavía no ha sido claramente explicado.

- Entre Marzo y Junio de este año el gobierno retomó la colocación de títulos públicos locales por 10.000 M$ (Millones de Pesos), pagando una tasa de interés del 28 % anual (BONAR 2017).

- Continuando con su política de pagos de Deuda Externa con reservas del BCRA, el gobierno ha seguido utilizando este mecanismo a través del Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA), que consiste en retirar divisas contra entrega de otros títulos de deuda, que son Letras Intransferibles a 10 años de plazo que no tienen capacidad de pago.

Habiendo dado todos estos pasos, el gobierno confiaba en que contaría con la predisposición favorable de la Corte Suprema de los Estados Unidos en su apelación de la sentencia Griesa, para avanzar en el cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou y volver con ello al Mercado Internacional de Capitales.

Pero el rechazo de la Corte (del 16.6) y el estrangulamiento de los plazos para el pago de los servicios de la deuda del Megacanje Kirchner-Lavagna (30.6) habrían estropeado las esperanzas del gobierno de poder diferir “pacíficamente” el pago a los holdouts hasta el 2015, zafar de los alcances de la cláusula RUFO y trasladar la mayor parte de los compromisos iniciales por nuevas obligaciones al futuro gobierno.

Esta desagradable sorpresa explica el desconcierto que lleva a las improvisaciones, desprolijidades y contradicciones en las acciones y dichos del gobierno, a las declaraciones desubicadas de la presidenta, del jefe de gabinete y del ministro de economía que se vienen haciendo “para la galería” contra los FB, el Juez Griesa y hasta el Gobierno Norteamericano cuando lo único que está en juego aquí es una definición concreta y expresa acerca del cumplimiento o no de un fallo emitido contra la Argentina:

- Si el Estado puede cumplir con la sentencia Griesa sin que la misma empeore aún más su posición jurídica y financiera, el gobierno debiera efectivizarla y listo, es decir, pagarla.

- Pero si el fallo es de cumplimiento imposible para el país - como lo es en realidad dado los efectos de la sentencia sobre el resto de los holdouts y el problema de la cláusula RUFO - entonces el gobierno tendría que notificar formalmente al juez esta situación blanqueando así el Default, como corresponde.

Aceptar un fallo - un fallo ya apelado y perdido en todas las instancias legales que el propio gobierno reconoció ante la justicia norteamericana - y eludir u obstaculizar después su cumplimiento es una contradicción mayúscula porque un fallo se cumple o no se cumple; y no se negocia.

Acciones mal improvisadas.

La “negociación” del fallo - con un mediador nombrado por el juez de por medio - no tiene sentido cuando la forma de pago de la sentencia no cambia el fondo de la cuestión, que es la incapacidad de pago de la Argentina frente al perfil de vencimientos de la Deuda, frente a la avalancha cierta del resto de los holdouts (estimada entre 20 y 30.000 MD) y frente a la apertura de un nuevo frente de tormenta jurídica de los bonistas del canje por la cláusula RUFO (que podrían llegar a reclamar más de 120.000 MD).

Ante esta situación, como agravante, el gobierno Kirchner actúa en sentido también contradictorio:

1. Soslaya el cumplimiento del fallo Griesa, aduciendo que el mismo es de “cumplimiento imposible” - como efectivamente lo es - pero no lo formaliza ante el tribunal, o sea, no le informa al juez dicha imposibilidad de pago (que significa default) como motivo de incumplimiento, sino que persiste en impugnar los términos de la sentencia y en afirmar que el país quiere pagar a los bonistas del canje pero el juez no se lo permite.

2. Como complemento de la inconsistencia anterior, el gobierno acepta la mediación abierta por el juez para negociar la forma de pago de su sentencia cuando la Argentina no tiene nada que negociar ya que el problema no reside en la forma de pago sino en las consecuencias ineludibles del fallo.

3. En lugar de blanquear su posición de manera directa y formal - una situación de default - el gobierno se embarca en una cadena de acciones y declaraciones destinadas a burlar el cumplimiento de la sentencia del juez lo que, con cada nuevo paso, complica y empeora aún más su propia situación de desacato.

El gobierno Kirchner trata así desesperadamente de dilatar de cualquier manera los tiempos del problema pero este comportamiento, cada día que pasa, agrava aún más su situación financiera y jurídica, externa e interna.

Tiempo versus acciones

A los fines de ganar tiempo - un tiempo que, en realidad, no le juega a favor sino en contra - la administración K incurre actualmente en una serie de chicanas que complican y descolocan cada vez más las posiciones oficiales frente a una realidad incontrastable:

a) En lo inmediato, están creciendo en forma exponencial los gastos por intereses a pagar, recargos por acumulación y por punitorios, honorarios directos e indirectos de letrados (no sólo de los abogados propios sino también de los demandantes y del mediador) y gastos administrativos de todo tipo.

b) La avalancha de reclamos del resto de los Holdouts - los bonistas que no entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 (hayan hecho o no juicio contra el país) - aumenta paralelamente en forma proporcional, agravada por el hecho que ya existen otras sentencias contrarias en firme (1.600 MD sólo en manos del mismo fondo NML-Elliot, de Paul Singer), estimándose - como dijimos - que el total de estos reclamos sumaria entre 20 y 30.000 MD.

c) Cualquiera sea el resultado que permita dilatar para el 2015 la efectivización de los pagos de la sentencia Griesa, eso no libra a la Argentina de otra tormenta de juicios por parte de bonistas del canje por la mala fe en tratar de esquivar el cumplimiento de las cláusulas RUFO y del Acreedor más Favorecido (MFC).

d) Por la cláusula Cross Default o de “incumplimiento cruzado” - firmada por este gobierno en el 2005 - el país se encuentra expuesto a la aceleración de los pagos de los bonistas del canje debido a que el Default dispara el derecho al reclamo de estos tenedores de bonos.

e) El proyecto de ley de pago local a los bonistas del canje reitera abiertamente la intención ya declarada del gobierno Kirchner de burlar el fallo Griesa, con lo que el país se coloca en una posición fáctica y legal de desacato ante el juez.

f) Después de haberle reconocido la competencia a ese “juez municipal” de Nueva York y de aceptadas todas las instancias legales de la justicia norteamericana, la misma administración Kirchner acomete una desubicada presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra el gobierno de los Estados Unidos cuando no se trata de una cuestión entre Estados.

g) La posición política de la administración Kirchner - sostenida esencialmente “para la galería” y desconectada de los reales términos de la grave disputa en curso - no se corresponde con la posición jurídica del estudio Cleary ni con las verdaderas posibilidades legales de torcer los compromisos ya asumidos por el gobierno.

h) La actitud de dilatar y entorpecer las “negociaciones” con el mediador Pollack cuando, en la realidad, no hay nada que negociar sino la forma de pago, ha constituido un burdo intento de soslayar la lógica y necesaria formalización del default, que es la única forma de escapar a los efectos directos e inmediatos de la sentencia Griesa.

i) Convirtiendo a la Argentina - una vez más - en campo de experimentación y especulación extrema, se abre hoy una serie de posibles operaciones combinadas de triangulación por parte de los actores del Club y del Partido de la Deuda, la mayoría de las cuales se hace sobre la base de la variante Gramercy o de tercerización de la obligaciones, por compra de los derechos de la sentencia Griesa para renegociarla luego con el gobierno argentino.

j) El proyecto de ley del Poder Ejecutivo al Congreso, que busca cambiar la jurisdicción de pago y reabrir el canje es tan incompleto como tardío y no soluciona el fondo de la cuestión de la crisis de los holdouts, que es la incapacidad de pago.

En síntesis, la suma de malas improvisaciones de la administración K no sólo no ha conseguido resultados concretos frente a terceros sino que, por el contrario, ha agravado su posición, externa e interna.

Errores en la estrategia K

El gobierno trata de eludir el hecho que el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005-2010 (al que todavía llama “negociación exitosa”) ha fracasado y buscaría por ello dejar la puerta abierta para que sea el juez Griesa quien lo diga y “provoque” entonces el default (aunque el mismo ya ha sido declarado por la ISDA - la Asociación Internacional de Derivados y Swaps - lo que da derecho al reclamo de los seguros de default o CDS).

La sanción de un híbrido “default técnico” por la cuestión de los holdouts sirve de argumento para seguir pagando los servicios de intereses sobre las demás deudas del Estado y como modo de enmascarar el fracaso del Megacanje, presentando las cosas como si el default se derivase de una intervención exógena y no resultado de las propias falencias en el diseño de la reestructuración del 2005 y en su cumplimiento.

Pero el juez Griesa dictó el bloqueo o congelamiento del depósito argentino en el BoNY Mellon más no el embargo, con lo que los 539 MD siguen en un “limbo jurídico”, nuestro país continúa en rebeldía frente al cumplimiento de la sentencia, sigue expuesto al reclamo de bonistas del canje - que pueden invocar la aceleración de pagos por el default - y los tiempos se le acortan adicionalmente a medida que se acerca la fecha del próximo vencimiento de intereses del 30.9 por los Bonos Par.

El gobierno Kirchner oculta la real gravedad de esta situación y trata de taparla con toda una “puesta en escena” de declaraciones públicas y medidas improvisadas para cubrir lo que son, en realidad, sus propios errores en la estrategia legal seguida desde el origen frente a la demanda de los FB en Nueva York:

1. Porque insiste en porfiar que el Megacanje Kirchner-Lavagna fue un éxito cuando sus servicios no se pueden pagar y oculta que la quita efectuada fue compensada con los cupones ligados al PBI.

2. Porque aceptó sin cuestionar la legitimidad de los títulos reclamados pese a que los mismos estaban y siguen estando bajo investigación de la Justicia Argentina (causas Olmos I - con sentencia en firme desde el fallo Ballestero del año 2000) - Olmos II, Megacanje 2001, Olmos Gaona-Marcos y la más reciente de Mario Cafiero-Llorens-Negri sobre inconstitucionalidad de la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros).

3. Porque el Estado Argentino - que estaba y sigue estando bajo la vigencia de la Ley de Emergencia Económica 25.561 y conexas - si hubiera querido desarticular la estrategia de los FB debiera haber planteado el reconocimiento sólo de una Deuda auditada, aceptada como legítima y por el valor de compra de los títulos reclamados, no por el valor nominal de los mismos.

Después de haber cometido todos estos errores jurídicos, financieros y políticos, el mismo gobierno trata de presentarse ahora como campeón de una lucha contra los FB y contra las sentencias supuestamente parciales de un juez después que todas sus instancias de apelación le fueron rechazadas.

La Argentina como experiencia piloto

Estrictamente hablando, no fue Griesa quien torció arbitrariamente el criterio de interpretación del pari passu a favor de los holdouts sino el error del gobierno argentino de haber dictado la Ley Cerrojo 26.017 y sus modificatorias, con lo que le dio el argumento a los FB de haber sido excluidos de toda oferta.

El resultado fáctico de esto es que, en definitiva, el país ha quedado peor y doblemente expuesto en la mira de todos los acreedores: desde los demandantes y el resto de los holdouts a los bonistas que entraron en el Megacanje 2005-2010, y desde el reclamo posible de todo acreedor tercero hasta los eventuales participantes de la “solución Gramercy”.

Todo ello, sin embargo, tendría una explicación final de otro orden, que es que la Argentina está sirviendo hoy - otra vez más - como experiencia piloto de una nueva forma de manejo internacional en materia de Crisis de Deuda Soberana y que, en este sentido, el gobierno Kirchner se encuentra alineado con el Sistema Financiero Internacional (SFI) en la búsqueda de nuevas fórmulas de salida consensuada - no de confrontación o discusión - en el tratamiento de casos particularmente complejos como el nuestro, cuyos lineamientos van siendo definidos experimentalmente (por prueba y error):

1. Buscando encauzar aquellos casos en que los títulos públicos no tengan Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) y requieran, por lo tanto, innovaciones en el manejo de mayorías como sustituto de dicha carencia.

2. Avanzando en la instalación de la idea del híbrido de Default parcial, sectorial o “selectivo”, para mantener la ficción de capacidad de repago y evitar las reestructuraciones totales de Deuda.

3. Experimentando - por aproximaciones sucesivas y en el terreno práctico - la instauración de nuevos mecanismos diseñados por el SFI (con el viejo proyecto Anne Krueger del FMI como modelo) para el encauzamiento de casos rebeldes o complicados como el de la Argentina.

En este contexto, uno de los capítulos centrales es despejar las acciones entorpecedoras de los FB contra países deudores como el nuestro, porque las mismas terminan bloqueando la colocación de nuevas deudas en los Mercados Internacionales de Capital y, más específicamente, de bonos de Países Emergentes en la Bolsa de Nueva York.

El gobierno Kirchner se ubica así - en los hechos y más allá de todas sus declaraciones altisonantes - como estrecho aliado del SFI y en contra de los FB, a través de una lucha de desgaste, en la búsqueda de “soluciones” institucionales para los casos de default y reestructuración de deuda soberana, aunque sin cambiar el sistema de endeudamiento perpetuo que rige en la Argentina y en la mayor parte del mundo.

Después de haber hecho la buena letra antes citada con el acuerdo de los laudos del CIADI, con la indemnización a Repsol por YPF y con el nuevo arreglo con el Club de París, después de haber comenzado a emitir deuda nueva de bonos en pesos (con el Bonar 17), después de haber traspasado la mayor parte de su Deuda Externa con Terceros a Deuda intra-Estado para descongestionar el perfil de vencimientos de su Deuda Total sin bajar su monto sino, por el contrario, aumentándolo; después de todo esto, el país estaría en condiciones de completar la Hoja de Ruta Boudou, que tiene por objeto volver al Mercado Internacional de Capitales, precisamente para tomar más Deuda Externa.

Esto ya se había comenzado a hacer con algunos emprendimientos de obras públicas e infraestructura, a través de diversas provincias (particularmente Buenos Aires y la CABA) y con algunas empresas de capital público (con YPF a la cabeza); y a ello se sumaría la nueva Deuda Externa que, directa o indirectamente, contraiga el BCRA (caso swap de monedas con China), ya que nuevas colocaciones abiertas del Estado Central en el mercado financiero externo no serían factibles a corto plazo.

De allí que para la vuelta a la colocación de deuda externa a más largo plazo se espere, en principio, a la asunción del nuevo gobierno en 2015, que sería el reestructurador de todo el cúmulo de deudas que actualmente se están contrayendo sin capacidad de repago, más las que se agreguen con la actual crisis de los holdouts.

Es la forma en que las estructuras de poder financiero manejan las decisiones del Estado y condicionan el financiamiento de las Políticas Públicas.

En conclusión: Default o más deuda

El default, como reconocimiento de la cesación de pagos, es la única alternativa hoy viable para sustraerse a la encerrona legal y financiera en que la administración Kirchner ha metido a la Argentina: es la forma necesaria de “barajar y dar de nuevo” en el marco de la nueva crisis de deuda que estamos viviendo, porque la otra alternativa es volver a tomar más deuda externa e impagable.

Frente al dilema de ir a un nuevo Default o tomar Deuda Externa, y en lugar de continuar con el enmascaramiento de la Crisis de Deuda, nuestro país debe blanquear su default, debe sincerar su cesación de pagos para poder replantear los términos de una nueva y diferente reestructuración de su Deuda Pública.

La Argentina tiene que blanquear el default porque el país no tiene solvencia ni liquidez fiscal para afrontar los servicios de la Deuda, como no sea tomando nuevas deudas y capitalizando obligaciones por intereses y por juicios perdidos.

Pero el default no es una solución en sí misma porque no es punto de llegada sino punto de partida: producida la suspensión de pagos, debe realizarse una Auditoría integral de las acreencias para determinar su legitimidad y debe establecerse la verdadera capacidad de pago futura del Estado para - recién con estos dos elementos perfectamente definidos - ir a una reestructuración forzosa y no voluntaria de la Deuda Pública.

Es la única manera de enfrentar la encrucijada de las crisis nacionales de Deuda Soberana, por medio de conversiones forzosas de Deuda, a través de la toma de decisiones de un Estado Soberano.

Nota:
- Artículos anteriores del autor sobre este mismo tema: Fallo Griesa y nuevo default argentino (25.7), Holdouts: la Argentina no tiene nada que negociar (4.7), La Argentina tiene que ir al Default (28.6), Holdouts: Default o más Deuda (25.6) y Fallo de la Corte y alternativa de un nuevo Default (18.6), todos del corriente año 2014.

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Se cambia la ventanilla de pago y no se toman las medidas necesarias para acabar con la espiral infernal de la deuda

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Acorralado por la arbitrariedad del juez Griesa y su propia torpeza en la gestión del litigio con los fondos buitres, el Gobierno argentino, con el proyecto de ley sobre repatriación de lugar de pago a los bonistas de un Banco de Nueva York al Banco Nación de Buenos Aires (y eventualmente a otros países) parece haberse acordado –tarde- que Argentina no es un Estado de los Estados Unidos, ni una dependencia del capital financiero internacional.

Decimos tarde porque este Gobierno, y los anteriores después de decenios salvo cortas y honrosas excepciones, han olvidado totalmente en los hechos la idea de soberanía nacional ante las embestidas del poder imperial. Más bien han sido y son sus humildes servidores.

En el tema de la deuda, este Gobierno, con los acuerdos de reestructuración de la deuda de 2005 y 2010 legalizó –no legitimó- una deuda mayoritariamente fraudulenta e ilegítima y continuó aceptando la jurisdicción extranjera (prórroga de jurisdicción) para las cuestiones litigiosas, renunciando una vez más al atributo soberano de la jurisdicción nacional.

Este Gobierno ha hecho oídos sordos al reclamo de suspender los pagos hasta la realización de una auditoría que establezca qué parte de la deuda es legítima y el monto real de la misma.

Tampoco ha hecho nada para restablecer la jurisdicción nacional. Al contrario, ha aceptado en convenios internacionales y en acuerdos de reestructuración de la deuda la prórroga de jurisdicción.

El proyecto de ley, con todo su palabrerío soberanista, lo único que dispone concretamente es abrir una ventanilla de pago en Buenos Aires para los bonistas que acepten ese cambio de lugar y ofrece pagarles a los buitres en esa misma ventanilla en las condiciones convenidas con los bonistas, es decir con una quita importante.

Decimos arbitrariedad del juez Griesa porque el litigio en el que interviene es entre el Gobierno argentino y los fondos buitres. No con los bonistas que entraron en los acuerdos de 2005 y 2010.

El Gobierno argentino depositó en el Banco de Nueva York designado en los acuerdos 539 millones de dólares para pagar a los bonistas. Ese importe fue embargado por Griesa a fin de presionar al Gobierno argentino para que acepte pagar a los fondos buitres.

Griesa pudo embargar esa suma como medida cautelar en beneficio de los fondos buitres. Pero como le dio la forma jurídica de “orden de no pagar” a los bonistas incurrió en una arbitrariedad, porque está fuera de su competencia la relación entre el Gobierno argentino y los bonistas, pues estos últimos no son parte en el juicio.

En razón del embargo u “orden de no pagar”, el Gobierno argentino –que se vanagloria de su calidad de “pagador serial” - se vio en la imposibilidad de pagar a los bonistas.

Y para cumplir con los bonistas, el Gobierno ahora decide repatriar a la Argentina el lugar de pago.

El litigio en el juzgado de Griesa es, repetimos, con los buitres, no con los bonistas.

De modo que Griesa no tiene competencia para intervenir en una decisión del Gobierno argentino que concierne a acreedores (los bonistas) que no son parte en el juicio.

Incluso un grupo europeo de tenedores de bonos se ha presentado ante el juzgado de Griesa demandando el levantamiento de la “orden de no pagar” argumentando que Griesa no tiene competencia para dictar tal orden.

Ahora Griesa se constituye en Tribunal Constitucional de las decisiones del Gobierno argentino y de una eventual ley del Congreso y declara, junto con los fondos buitres, que el proyecto de ley es ilegal y que Argentina se ha “puesto al margen de la ley”.

Se habla de “desacato” del Gobierno argentino al juez Griesa y de las sanciones que éste podría imponer al Estado argentino y a sus representantes. Obviamente con el respaldo del poder económico, político y militar del Gobierno de los Estados Unidos.

Cabe observar que el posible “desacato” de que se habla, además de basarse en una decisión arbitraria del juez, se pretende fundar en una trama jurídica resultado de una relación de fuerzas que desde hace unos cuantos años es favorable al gran capital y al poder imperial.

Trama que rige a escala internacional, denominada “lex mercatoria” constituida por una tupida red de convenios, tratados y acuerdos que conforman un marco jurídico, político y económico en el que las grandes corporaciones y el gran capital en general protegen sus intereses sin tener en cuenta y violando los principios fundamentales del derecho internacional contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos de similar jerarquía, ni los derechos nacionales.

De modo que las eventuales sanciones por “desacato” podrían considerarse actos de agresión en los términos del artículo 2 inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que no distingue entre agresión armada y otro tipo de agresión.

“4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

En cuanto a los compromisos y abdicaciones de la soberanía nacional de los sucesivos Gobiernos argentinos, incluido el actual, están claramente prohibidos y sancionados por la Constitución y el Código Penal y no tienen valor jurídico alguno.

Según el Código Penal argentino, comete traición quien “ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad” (artículo 215, inc.1º) y la Constitución argentina califica de “infames traidores a la patria” a quienes “formulen, consienten o firmen” actos por los que “la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna" (artículo 29).

Con el proyecto de ley, el Gobierno quiere salir del atolladero en el que él mismo se ha metido. Y no está mal que denuncie la prepotencia arbitraria de Griesa. Aunque sea para cubrir con una cortina de humo ante la opinión pública sus errores, torpezas y claudicaciones.

También para el consumo interno, el Gobierno argentino ha denunciado a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, ignorando –o simulando ignorar- que Estados Unidos no le reconoce competencia a la Corte desde 1986, cuando ésta falló a favor de Nicaragua en el caso Actividades militares y paramilitares en y contra el Gobierno de Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos).

Con el mismo fin (distraer a la opinión) el Gobierno anunció que llevará la cuestión a la Asamblea General de la ONU y al Consejo de Derechos Humanos, cuyas resoluciones y declaraciones carecen de fuerza ejecutoria.

Pero el Gobierno no tiene la más mínima intención (y en este inmovilismo antipopular y antinacional, cuenta con la complicidad de la oposición conservadora) de salir de la espiral infernal de la deuda con las medidas que se imponen:

1) Suspender de los pagos;
2) Establecer una auditoría a fin de determinar qué parte de la deuda es legítima y el monto real de la misma;
3) Hacer valer el principio rebus sic stantibus, es decir el derecho a no cumplir una obligación dado que las condiciones de la misma han cambiado de manera tal que su cumplimiento resulta de una onerosidad extrema.
4) Invocar la primacía de los derechos humanos fundamentales -contemplados en los instrumentos básicos del derecho internacional - sobre la obligación de rembolsar la deuda. Que por añadidura es en su mayor parte inexistente;
5) Invocar la Constitución para restablecer el principio soberano de la aplicación de la jurisdicción nacional y
6) Denunciar los tratados bilaterales que reconocen la prórroga de jurisdicción, por violar normas constitucionales y, por la misma razón, retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

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Ley para el cambio de la Jurisdicción y nuevo capítulo en la novela de la deuda

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

En materia de deuda pública existe un fuerte consenso en el sistema político para pagar, tanto en el oficialismo como en la oposición sistémica.

El gobierno presentó un proyecto de ley para el “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”, cambiando la sede de pago y el ente fiduciario responsable a los acreedores que ingresaron al canje de deuda en 2005 y 2010. Con esa ley se empuja un nuevo canje voluntario para cobrar la deuda canjeada y se designa al Banco Nación como ente de pago en lugar del banco de Nueva York. En el proyecto se incluye la decisión de cumplir con el 100% de los acreedores, es decir, también a los fondos buitres.

Más allá de la discusión parlamentaria que se suscitará en los próximos días, se desconoce el efecto de la medida entre los bonistas ingresados a los canjes. Por eso, se sugiere que la medida parece un intento del gobierno por inducir a los bonistas del canje a demandar al juez estadounidense para que levante la acción que impide cobrar en el Banco Mellon de Nueva York, tal como lo hicieron bonistas europeos o el propio City Bank, cuyo reclamo aceptó en estos días la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El problema es que el 30/9 hay un nuevo vencimiento de la deuda del canje y se pretende depositar los recursos en el Banco de la Nación como nuevo ente fiduciario para la cancelación de deuda. También se depositará allí el monto de cancelación de los bonistas no ingresados a los canjes, incluidos claro está los fondos buitres, bajo las mismas condiciones de los canjes del 2005 y 2010.

La discusión mayoritaria en la Argentina continúa en la senda del pago de la deuda y no en la investigación o auditoría de la misma, lo que supondría la suspensión inmediata de los pagos del conjunto de la deuda pública. Es la manifestación del club de pagadores, que avalaron los canjes del 2005 y 2010 y coincidieron en la reapertura del 2013.

Argumentos para la nueva ley y base de una campaña alternativa

En el mensaje presidencial del martes 19 de agosto pasado se señaló que desde 1983 en adelante, el Parlamento legalizó la deuda e imposibilita revertir la situación. En ello coincide la oposición sistémica, aún matizando cuanto se debe pagar, cómo y cuando.

Vale recordar que en junio del 2000, la justicia argentina, mediante sentencia del Juez Ballesteros denunció el fraude de la deuda, lo que podría ser la primera parte de una auditoría que debería incluir las investigaciones judiciales relativas a los sucesivos canjes de deuda en tiempos constitucionales. Es un fallo que contradice el argumento de legitimación de una deuda fraudulenta. Esta es la base de los argumentos de quienes empujan una campaña popular para suspender los pagos de la deuda pública e investigar vía auditoría la misma.

Son dos posiciones confrontadas, una mayoritaria en el sistema político por pagar, con un debate sobre cuándo, cuánto y cómo. Otra más asentada en sectores del movimiento popular por el no pago, que incluso contacta con argumentos contra los fondos buitres que sostienen adherentes a la política oficial.

La posición gubernamental fue sostenida en el discurso presidencial del pasado martes 19 de agosto al anunciar la remisión al Congreso de un proyecto de ley para el “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”(1).

Al anunciar el proyecto de ley en cadena nacional, la presidenta sostuvo que se trata de “...una historia, que comenzó en 1976, cuando el monto total de la deuda externa, al momento de producirse el derrocamiento del gobierno constitucional, ascendía solamente a 8.000 millones de dólares. A partir de aquel golpe de Estado y a partir de los sucesivos gobiernos democráticos también, desde el 10 de diciembre de 1983, en adelante, esa deuda externa fue creciendo exponencialmente y convirtiéndose en una condicionante severo, crítico del crecimiento argentino, del desarrollo argentino y de las posibilidades de nuestro país como Nación.”(2)

Queda clara la alusión a la “legalización” del fraude de una “deuda odiosa” asumida por la dictadura entre 1976 y 1983 por la hegemonía parlamentaria, pese a la sentencia condenatoria del Juez Ballesteros de junio de 2000 imputando responsabilidades a varios funcionarios y complicidad de empresas y bancos privados, locales y extranjeros. Esa legalización se utiliza como escudo para no investigar la deuda y continuar la estrategia de cancelación, que en estos años, según se reconoce en el discurso presidencial han representado nada menos que 190.000 millones de dólares, un monto equivalente a 3.800.000 viviendas a un costo de 50.000 dólares cada uno, más que suficiente para resolver el déficit de viviendas en el país.

Como mucho, desde la oposición sistémica se discute cuando y como pagar la deuda, algo que ocurrió cuando se debatió cancelar deuda con reservas internacionales (posición del ejecutivo) o con recursos fiscales (sostenido por la oposición sistémica y el titular del BCRA), lo que motivó un importante conflicto político en enero del 2010 con la renuncia a la presidencia del BCRA de Hernán Martín Pérez Redrado, y más tarde, en abril del 2012, las modificaciones a la Carta Orgánica del BCRA.

El debate relativo a cuando y como pagar se reitera ante la sentencia del Juez Griesa en EEUU, favorable a los fondos buitres. En general no se discute ni investiga el fraude, por lo que crece una campaña popular por la suspensión de los pagos y la auditoría inmediata del conjunto de la deuda pública.

El comunicado de prensa mencionado de la Casa Rosada señala que los objetivos del proyecto remitido al Congreso de la Nación “...es salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010” y agrega que “... se instrumentará el canje, en las mismas condiciones, para los acreedores que no ingresaron a las anteriores reestructuraciones”, enfatizando “Que nadie diga que Argentina se niega a pagar: lo que se niega el gobierno argentino es a ser extorsionado”, afirmó la Jefa de Estado.”

El proyecto de ley, con todo su palabrerío soberanista, lo único que dispone concretamente es abrir una ventanilla de pago en Buenos Aires para los bonistas que acepten ese cambio de lugar y ofrece pagarles a los buitres en esa misma ventanilla en las condiciones convenidas con los bonistas, es decir con una quita importante.

“Capitanich hizo una síntesis de la iniciativa enviada ayer al Congreso: "1- Establece un sistema de depósito para la totalidad de los bonistas en virtud de las leyes que establecieron la reestructuración de la deuda de 2005-2010. 2 - Cambio del agente fiduciario, que incumplió el contrato y su sustitución por Nación fideicomiso 3 - Jurisdicción: la Argentina establece los mecanismos para que el depósito correspondiente a los servicios de la deuda llegue a los tenedores de modo voluntario; los tenedores deben aceptar la jurisdicción y, consiguientemente, establecer los mecanismos para recibir los pagos".(3)

Consultado sobre la perspectiva de que un grupo de bonistas promueva la convocatoria de una asamblea de tenedores, el funcionario respondió que "es factible en el marco del prospecto". No obstante, explicó que la Argentina "ha tomado decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley de pago soberano y propicia dos decisiones trascendentales: el cambio del agente fiduciario en virtud de que el agente oportunamente designado incumple sus obligaciones y el cambio de lugar de pago, no de jurisdicción, lo cual permite garantizare que al tenedor de modo voluntario puede efectivamente cobrar en la Argentina".

Respecto al anuncio realizado el martes 19 de agosto sobre el envío del proyecto de ley de pago local a los tenedores de bonos, según informa la Casa Rosada en mensaje citado, Cristina Fernández sostuvo que el objetivo es “además de evidenciar la voluntad e pago al 100% de los acreedores, generar los instrumentos para que esa voluntad de pago se materialice en tiempo y forma”. Puntualizó que “el próximo vencimiento de 200 millones de dólares que tenemos que pagar se operará el 30 de septiembre del corriente año, luego hay otro en octubre y uno más grande en diciembre”. Afirmó que esta solución surge “ante la obstrucción ilegal e ilegítima que hemos sufrido” por parte del juez Griesa para que los bonistas puedan hacerse con los recursos que les pertenecen.

Acerca del diferendo con los fondos buitres, insistió que “nos dimos cuenta que el negocio de ellos era no negociar, no acordar. Y que además contaban con una justicia que los amparaba, nos dimos cuenta que debíamos generar instrumentos para garantizar el pago de la deuda”. “No es una actitud patriotera, no voy a recurrir a discursos con olor a naftalina. Simplemente, voy a recurrir a la verdad, a las injusticias e ilegalidades que se han cometido, lo que no nos dejó ningún camino más que realizar este canje de deuda”, aseveró.

Afirmó que “si alguien quiere dar más, tendrá su oportunidad de gobierno, para hacerla. Pero esta Presidenta cree realmente que se ha pagado lo que correspondía”. Resaltó que “Argentina ha pagado 190 mil millones de dólares, en materia de deuda” y agregó que se ha “logrado la ratio de deuda más bajo de nuestra historia”.(4)

El contexto económico y político

El conflicto suscitado con los fondos buitres y la justicia estadounidense no resulta inocuo en materia económica y político y se siente en las múltiples presiones en la disputa por la renta nacional y en la gestión del capitalismo local y en la expectativa por generar alternativa popular.

Desde el gobierno, la preocupación radica en la interrupción de una estrategia que apuntaba a retornar al mercado de crédito mundial. Así lo reconoce la Presidenta cuando en su mensaje destacó el reciente pago a Repsol, el cumplimiento de las sentencias del CIADI y el acuerdo con el Club de París. Ahora, el default selectivo decretado por las consultoras al servicio del sistema financiero mundial demora el ingreso de inversiones o de préstamos externos que requiere el sector privado y público en la Argentina.

La realidad es que existen tensiones en la cuestión fiscal y en el comercio externo que no se resuelven en las condiciones actuales sin ingresos de capital del exterior. Entre otros indicadores, uno de ellos es la tendencia a la pérdida de reservas internacionales. Por un lado motivado en las recurrentes cancelaciones de la deuda, que hasta fines del próximo año demandan más del 50% de las reservas, pero también para intentar contralar la depreciación de la moneda local, que el viernes pasado (22/08/2014) una importante venta de dólares de reservas realizada por el Banco Central para contener la subida del dólar oficial que había llegado a cotizarse a 8,44 para dejarlo al cierre de la jornada a 8,40 pesos por cada dólar.

Esos movimientos en la divisa estadounidense están asociados a presiones del “club de la devaluación”, por razones especulativas o asociadas a demandas de grandes productores y exportadores. El sector más concentrado de las finanzas privadas y de la producción industrial y agraria buscan acelerar las devaluaciones de la moneda local, en un mecanismo similar al de hace un año y que culminó con la devaluación de enero pasado con un dólar a 8 pesos. Vale recordar que desde enero del 2013 a enero del 2014, la cotización oficial había pasado en minidevaluaciones semanales o incluso diarias, de casi 5 a casi 7 pesos por dólar y ahora, desde la corrección cambiaria de enero se pasó de 8 a 8,40 entre enero y agosto de 2014.

El problema es que la divisa es un precio más en la economía y por lo tanto, hasta por razones especulativas o de expectativas incide en el conjunto de los precios y afecta a los sectores de menores ingresos, base del conflicto social y el anunciado paro nacional de la próxima semana (27 y 28 de agosto).

Las empresas suspenden y cesantean bajo el marco de la recesión y desde el gobierno se sale al cruce de la situación planteada convocando al Consejo del Salario Mínimo para el 29 de agosto, al día siguiente de finalizada la medida de fuerza convocada por la CTA y la CGT. El sindicalismo convocado al evento anticipa un incremento del 35%, acorde a la evolución de los precios en el último año, muy lejos de las cifras oficiales.

Asistimos a una pulseada con intereses confrontados que vía precios e inestabilidad laboral se descarga sobre los trabajadores y sectores de menores ingresos.

El sindicalismo oficialista posterga toda protesta y subordina sus reivindicaciones bajo los argumentos del oficialismo de privilegiar la discusión en la coyuntura en materia de deuda. Se intenta profundizar la fragmentación en la lucha del movimiento de trabajadores. En contraposición, la política de unidad de acción en la confrontación al ajuste, aún con modelos sindicales diferenciados y antagónicos, la jornada de movilización y paro por 36 horas de la CTA en coincidencia con el paro de 24 de la CGT apunta a hacer visible a los trabajadores como actores sociales en la disputa política.

La discusión en torno a la acumulación política de la protesta pone en evidencia la necesidad de construir alternativa política popular que otorgue cauce a la demanda anticapitalista para superar la situación actual de ajuste perpetuo y chantaje vía endeudamiento público.

Notas:
1) “La Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa”, Martes, 19 de Agosto de 2014, Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27836 (consultado el 23 de agosto de 2014)
2) “Anuncio del proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa: Palabras de la Presidenta de la Nación”, en: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27838-anuncio-del-proyecto-de-ley-de-pago-soberano-local-de-la-deuda-externa-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion (consultado el 23 de agosto de 2014)
3) “Capitanich: proyecto de ley sobre deuda pública busca "garantizar la voluntad de pago incólume de la Argentina", Miércoles 20 de Agosto de 2014. Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27840-capitanich-proyecto-de-ley-sobre-deuda-publica-busca-qgarantizar-la-voluntad-de-pago-incolume-de-la-argentinaq (consultado el 23 de agosto de 2014)
4) “La Presidenta remarcó la necesidad de “generar un mercado de capitales propio en la Argentina”, Miércoles 20 de Agosto de 2014. Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27841-la-presidenta-remarco-la-necesidad-de-generar-un-mercado-de-capitales-propio-en-la-argentina (consultado el 23 de agosto de 2014)

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Argentina: Bonapartismo mágico

Fernando Rosso (ALFIL)

En la política real son demasiado liberales para ser tomado como intervencionistas y en la retórica demasiado estatistas para ser considerados seriamente como liberales y dignos “pagadores seriales”. Pagan todos los costos de la combinación ecléctica de relato y política, sin tener ninguno de sus beneficios. Y en tiempos de crisis, cuando la lucha por los intereses se agudiza y transforma a todos en más realistamente incrédulos, no se termina de creer ni el relato ni la política.

La entrada del país en default parcial llevó a un giro en la política del gobierno en relación no solo a la cuestión de la deuda externa, sino al conjunto de la política económica. Se pasó de una orientación de cumplimiento religioso del pago de la deuda para lograr nuevo crédito que subsane la escasez de dólares producto del agotamiento del “modelo”, a una línea de arbitraje dirigista y bonapartista de la economía para administrar la crisis, mientras se buscan alternativas para salir de la situación de default.

Esto llevó primero a dar impulso a la modificación de la Ley de Abastecimiento. Luego al furcio nacional protagonizado por la misma presidenta cuando anunció en medio del entusiasmo balconero de la Casa Rosada, la aplicación de la “Ley Antiterrorista” contra la empresa Donnelley por el cierre fraudulento de la fábrica. Horas después, un opaco funcionario de menor envergadura salió a aclarar la “confusión” afirmando que la acusación es por un posible fraude y se aplicaría otro artículo del Código Penal. Y finalmente, Cristina anunció el cambio de sede de pago para los bonistas reestructurados impedidos de cobrar en Nueva York por el fallo del juez Griesa.

Esto se combina con el impulso al orden y al arbitraje hacia los conflictos obreros. En la autopartista Lear -que despidió masivamente y violó todos los derechos sindicales de la comisión interna-, el Ministerio de Trabajo en los papeles y Berni en la calle intentan garantizar el “cierre” del conflicto a golpes de militarización de la fábrica y aval a las maniobras fraudulentas del sindicato SMATA, que se ha convertido en la “agencia de suspensiones y despidos” de las terminales y autopartistas.

Observando este contrapunto se cae la aparente “neutralidad” del árbitro. Mientras el “desafío” a las empresas o a los buitres es mediante amenazas legales de difícil cumplimiento o incluso cambio de sede para “obligarlos” a cobrar, hacia los trabajadores el peso del estado cae con el envío directo de sus brazos armados y el aval ministerial para obligarlos a desistir de la lucha por el derecho al trabajo.

En los últimos tiempos hemos tenido varios ejemplos del fracaso de estos giros del gobierno. La estatización del 51% de las acciones de Repsol y luego su reprivatización en manos de Chevron, tiene hoy como resultado el aumento del déficit energético. Esto es así porque pese a que los números de YPF dicen que aumentó su producción, el conjunto de la producción nacional bajó. La “estatización” no fue tal porque no se aplicó sobre el toda la industria petrolera y gasífera, sino sobre una parte de las acciones de una empresa, que además luego se reprivatizó y se pagó una jugosa indemnización a los “expropiados” como premio a un vaciamiento de décadas. El Estado no hizo una intervención en el conjunto para hacerse de los recursos que permitan una planificación y uso racional, sino una incursión efímera para rodearse de épica y volver a caer a los pies de vaciadores de distinta bandera, pero iguales métodos.

Con la cuestión de la deuda pasa lo mismo. Se pagaron cerca de 190 mil millones de dólares en la década, se acordó con el 93% de los acreedores y se encuentra obligado a una rebelión ante un “radicalizado” 7% que no aceptó la generosa reestructuración. Pero el pomposo acto de “soberanía” no implica el desconocimiento de una deuda fraudulenta, que ya se pagó con creces “Como se observa en el hecho de que la deuda que en 1983 era de 35 mil millones de dólares, está hoy en 220 mil millones de dólares, habiéndose pagado no menos de 300 mil millones de dólares en ese lapso” (Blog Punto de Desequilibrio http://puntoddesequilibrio.blogspot.com.ar/). Sino que la medida “audaz” del cambio de sede de cobro es para ejercer el derecho soberano al vasallaje de seguir pagando. El Banco Nación se convierte en nuevo albergue seguro e inviolable del fideicomiso, para que los “buitres buenos” (los reestrcuturados) cobren lo ganado en “buena ley”, la ley de la servidumbre voluntaria. El dilema “Patria o Buitres” se resuelve con el siguiente esquema: pagarles a los buitres en los bancos de la patria. Incluso el gobierno ofrece un plus “anti-imperialista” abriendo una cuenta también para que los más buitres entre los buitres (los que no aceptaron los canjes), puedan pasar por ventanilla si decidiesen cobrar, no con ganancias del 1.600%, sino “sólo” del 300%. La utopía cómica, si no fuese trágica, de transformar a los buitres “sólo” en palomas angurrientas.

La reforma de la Ley de Abastecimiento no escapa a esta norma del “modus operandi” del bonapartismo mágico. Amenazas de incautaciones, impotentes controles de precio o control de utilidades por parte de funcionarios estatales que culminan en pura retórica para la tribuna, sin tocar los intereses de las grandes cadenas de producción o distribución formadoras de precios.

En la política real son demasiado liberales para ser tomado como intervencionistas y en la retórica demasiado estatistas para ser considerados seriamente como liberales y dignos “pagadores seriales”. Pagan todos los costos de la combinación ecléctica de relato y política, sin tener ninguno de sus beneficios. Y en tiempos de crisis, cuando la lucha por los intereses se agudiza y transforma a todos en más realistamente incrédulos, no se termina de creer ni el relato ni la política.

Como el pensamiento mágico, el bonapartismo mágico pretende suprimir las contradicciones de la realidad y los conflictos propios de crisis como la actual de fin de ciclo, con una limitada intervención dirigista del estado. Pero la realidad se empeña en ser la única verdad, y dicta que el deterioro de la economía (agravada por el default) impone tiempos de generalización de conflictos imposibles de contener con trucos de magia.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CLVIII): “Lluvia en la villa…”

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

“Afuera el agua cae de arriba para abajo. Adentro el agua sube de abajo para arriba”. Con estos versos nuestro compañero poeta, Roberto Jorge Santoro, intentaba graficar lo que pasaba en las villas de emergencia y, al mismo tiempo, reflejar lo que brotaba, desde las bases obreras, en Villa Constitución.

Fundador de la revista “Barrilete”, en 1962, entendía “que el poeta produce y reproduce la realidad social al mismo tiempo que es producido por esta”.

Integrante del PRT-ERP, formaba parte de la Secretaria de Cultura del Frente Antimperialista y por el Socialismo.

Lo conocí, unos días después que asumiera la dirección de “El Mundo”, cuando me planteó que editáramos la “Literatura de la Pelota”, un libro de su autoría, en el que se recopilaban poesías y prosas relacionadas con este deporte nacional.

Luego de algunas consultas, comenzamos a preparar la edición, que sufrió demoras por la clausura del vespertino.

Era apasionante y, a la vez surrealista, conversar con él y se convirtió en un colaborador permanente del periódico.

Contemporáneamente con la lucha por la reapertura del diario, en Villa Constitución los trabajadores habían librado la batalla más contundente contra la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica que encabezaba Lorenzo Miguel, con el apoyo de todo el pueblo de esa localidad santafesina; asiento de la principal acería del país.

El directorio de Acindar, encabezado por Alfredo Martínez de Hoz, había cerrado un acuerdo con la dirigencia del gremio metalúrgico, desconociendo la Comisión Interna elegida democráticamente por los trabajadores.

Esta maniobra era respaldada por el Ministerio de Trabajo de la Nación cuyo titular era Ricardo Otero y, por supuesto, por el “General”.

La respuesta de los obreros fue la ocupación de la planta; movimiento al que se sumaron los operarios de Metcon Marathon y Vilber.

Cuando llegaron al lugar centenares de efectivos de la Policía Federal, convocados por la patronal y por la intervención del gremio, para reprimir a los trabajadores, sus esposas y compañeras hicieron un cerco para enfrentar a los represores y, al mismo tiempo, los comercios cerraban las puertas y convergían, en las adyacencias de las plantas tomadas, miles de pobladores que se solidarizaban con los obreros en conflicto.

Nosotros logramos cubrir una parte de este enfrentamiento, y fue lo que le llamo la atención el Juez Cermesoni al analizar nuestro recurso de amparo.

Por supuesto, la denominada “prensa seria”, no informaba de esta confrontación que ponía al descubierto la alianza patronal, sindical y gubernamental.

No nos cabía la menor duda de que esta amplia cobertura, realizada por nuestro corresponsal en Rosario, Carlos Gabetta fue la que determinó el decreto de clausura y el posterior “ampliatorio”, por el que se cerró “Respuesta Popular”.

El “Villazo”, la unidad del pueblo y el sindicalismo clasista, lograron finalmente que la intervención de la Seccional de la UOM aceptara convocar a elecciones en 90 días y la empresa reconociera la representación de los delegados; elegidos democráticamente.

En ese difícil tránsito de avances y retrocesos la clausura de la revista “EL Descamisado”, que dirigida por Dardo Cabo, era el vocero de la Tendencia Revolucionaria del Peronismo, el 8 de abril, rebelaba que el “Viejo” persistía en su ofensiva contra el movimiento popular y revolucionario.

Lo llamé a Dardo para expresarle mi solidaridad y la de los compañeros del diario.

Habíamos tenido algunos encuentros ese año que comenzaron en la recepción que diera, por primera vez en el país, la Embajada de Cuba, en diciembre de 1973.

Lo conocía por habernos cruzado en los 60, en esa verdadera “Jabonería de Vieytes”, que era el Sindicato de Farmacia encabezado por Alfredo Ferraressi y Jorge Di Pasquale.

Para analizar estos sucesos y conocer la postura o el debate al interior de Montoneros, me reuní con Gustavo Lafleur, con el que me unía una vieja amistad.

Este me señaló que existían dos posturas al interior de la “M”.

Por un lado quiénes planteaban que la relación con el gobierno se había resquebrajado, que la ofensiva contra los gobernadores de la Tendencia y su desplazamiento demostraba, a las claras, cuál era la orientación de este.

Sostenían que había que denunciar la “gorilización” del mismo, intentando recomponer la relación con el “General”; insistiendo en la teoría del “cerco”.

Por otro lado, fundamentalmente los que participaban en el movimiento obrero y sentían el macartismo de la dirigencia gremial y sufrían, además, los ataques de la Triple A, eran partidarios de pasar a la oposición abierta; intentando acordar con sectores afines del movimiento popular.

Por supuesto que, en ningún caso, coincidían con la propuesta de las FAP de generar una alternativa independiente y abandonar la lucha por el control formal del Movimiento Peronista y tampoco con nuestra caracterización de la “fascistización” del régimen y la responsabilidad de Perón, en ese proceso.

No despedimos afectuosamente. Establecimos un sistema para poder encontrarnos ya que se encontraba clandestino.

Algunos amigos, vinculados al poder judicial, nos adelantaron que era posible que el fallo favorable a nuestro amparo en primera instancia y que disponía el levantamiento de la clausura del diario, fuera revocado, ya que la Casa Rosada había logrado “disciplinar” a los jueces mediante dádivas y aprietes.

No nos sorprendía esta posibilidad ya que a medida que crecían las organizaciones revolucionarias y populares, que cuestionaban el poder de las clases dominantes, estas fortalecían sus acuerdos con el partido militar, la burocracia sindical y el General y su entorno.

Con ese escenario, viajamos a Villa Constitución el 20 de abril, para participar del Plenario de solidaridad con los trabajadores de esa ciudad, convocado por el sindicalismo combativo de todo el país.

Más de 4 mil delegados e integrantes de comisiones internas se hicieron presente en ese evento cantando consignas que cuestionaban el Pacto Social y a la dirigencia pactista.

Presidieron el mismo Agustin Tosco, Renee Salamanca, Armando Jaime, Jorge Di Pasquale y Alberto Piccinini, entre otros, quiénes se dirigieron a la multitud expresando su alegría por el triunfo de los compañeros de Villa y saludando, asimismo, el resultado de la elección de la Seccional del gremio de mecánicos de Córdoba.

En esta, se impuso la lista Marrón encabezada por Salamanca, con el 53 % de los votos, sobre la respaldada por la conducción nacional burocrática, que sólo obtuvo el 36 %.

Cuándo se anunció nuestra presencia el grito fue unánime “Se siente, se siente «El Mundo» está presente”.

Rodolfo Ortega Peña hizo una breve exposición señalando que, como diputado nacional, fiel al mandato recibido en las urnas, expresaba su respaldo a las luchas de los trabajadores y su rechazo a las posiciones del oficialismo.

En ese escenario, con un incremento de la conflictividad social y el evidente fracaso del pacto social, se comenzaron a preparar, en todo el país, los actos en celebración del 1° de mayo.

En Buenos Aires sería el primero, luego de 19 años en el que, en la plaza de Mayo, se escucharía el mensaje, del que fuera “un grande hombre”.

Estos sucesos tenían un marco histórico latinoamericano y del Tercer Mundo que reflejaban avances y, al mismo tiempo, retrocesos; cómo suele ser la historia de las luchas independistas y populares.

En Chile, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria encabezado por Miguel Enriquez, al mismo tiempo que resistía a la dictadura pinochetista, para eludir los golpes de esta, preparaba una “retirada ordenada” de sus cuadros al interior del país o al exterior.

Por su lado, en las colonias portuguesas en Africa, el ejército colonial suspendía, unilateralmente, sus operaciones y comenzaba a concretar tratativas con los movimientos de liberación, dirigidas a terminar con la ocupación.

A su vez en todo el mundo y, en particular en las “entrañas del monstruo”, como decía el poeta -los Estados Unidos- crecía el movimiento en contra de la presencia de las tropas norteamericanas en la península Indochina-Vietnam, Laos y Cambodia.

En Perú, con marchas y contramarchas, y pese a la enfermedad del General Velazco Alvarado, se extendía la reforma agraria, que apuntaba a devolverles las tierras a los campesinos descendientes de los habitantes originarios.

¿Qué sucedió el 1° de mayo y cuál fue la respuesta de Perón a los reclamos de un sector importante del peronismo revolucionario? ¿Qué pasó finalmente con nuestra batalla en defensa de la libertad de expresión? Estos y otros temas abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero es abogado. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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Los tratamientos pueden costar más de $10.000 por mes: Las obras sociales no cubren leches especiales para bebés con alergias

OTROS CÍRCULOS

Se escudan en que no están obligadas por el Plan Médico Obligatorio del Ministerio de Salud de la Nación y empujan a las familias a un derrotero judicial para conseguir las leches medicamentosas. Para resolver este vacío, la Red Inmunos presentó por segunda vez un proyecto de ley y junta firmas para que sea tratado.

Ciro tiene casi tres años y hace poco más de un año toma una leche sin proteínas que en el país sólo se consigue en dos farmacias. “Es la única leche de aminoácidos y si la comprara de manera particular nos costaría $10.000 por mes”, le contó a OTROS CÍRCULOS Analía, su mamá. Cada lata de 400 gramos cuesta entre $300 y $1.300 y por mes, Ciro por ejemplo debe consumir más de diez latas. Por eso muchas familias acuden a recursos de amparo o se ven obligadas a vender sus pertenencias para alimentar a sus hijos.

La Red Inmunos impulsa un proyecto de ley para incluir estas leches, llamadas medicamentosas, en el Plan Médico Obligatorio (PMO) incluso más allá del primer año de vida de los chicos, porque si bien la alergia a las proteínas de la leche se suele revertir “en más de un 95% de los casos, el 80% recién lo hace después de los 18 meses de vida y el 20% restante antes de los 4 o 5 años”, según datos aportados por especialistas a la red.

En la actualidad, las propuestas con estado parlamentario incluyen a las presentadas por legisladores del PRO, el Frente para la Victoria, el Movimiento Popular Neuquino, el Frente Peronista, el partido Unión Celeste y Blanco (de Francisco de Narváez), Suma-UNEN y la Unión Cívica Radical. En todos los casos la intención es incluir la cobertura de este tipo de leches en el Plan Médico Obligatorio por el cien por ciento del valor y sin límite de edad del menor. Pero ninguno de estos proyectos fue tratado en las comisiones a las que fueron derivados, como la de Salud.

El problema que denuncia Analía es que en general las obras sociales y prepagas pretenden que a partir del año de vida estas leches sean reemplazadas por otros alimentos. Sin embargo, según sostienen especialistas, las posibilidades de lograr una dieta balanceada y completa sin la ingesta de estas leches son reducidas. En casos de niños con colitis eosinofílica, por ejemplo, es fundamental el consumo de fórmulas elementales por sus propiedades curativas sobre el intestino.

El vacío legal en la materia deja en manos de las obras sociales y prepagas o de engorrosos trámites judiciales la posibilidad de que los niños que lo necesiten puedan seguir el tratamiento. Este año la prepaga Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) fue obligada a dar cobertura del 100% de una leche medicamentosa a un menor durante el plazo que los médicos que lo asisten así lo indiquen. La jueza en lo contencioso administrativo de San Martín además ordenó a la prepaga reintegrar el dinero que la familia gastó desde la suspensión de la cobertura hasta el momento en que se cumpla el fallo.

En 2011, la justicia salteña ya había obligado a OSDE en este sentido. Ante un reclamo similar la empresa pretendió llegar a un acuerdo con tope de tiempo para la cobertura, pero el planteo fue rechazado de plano por la justicia. Y en 2010, la justicia porteña dispuso que Medicus debía dar cobertura de esa leche para una beba de cuatro meses a la que habían quitado la asistencia. Tras casos que solo muestran la arbitrariedad con la que se manejan las obras sociales y prepagas a la hora de suspender los tratamientos. A contramano de las normas internacionales vinculadas al derecho a la salud y la vida que están por sobre el régimen de prestaciones básicas dispuesto hace más de diez años por el ministerio de Salud de la Nación (PMO) y que sirvieron de base a esas sentencias.

La Red Inmunos estima que entre un 5 y un 6% de los niños menores de tres años padece alguna alergia alimentaria en Argentina y la provocada por las proteínas de la leche es la más frecuente de ellas. De estas alergias, algunas incluso pueden poner en riesgo la vida del paciente y casi el 85% de los niños resuelven su problema hacia la edad de 2 años, con un promedio de 22 meses aproximadamente, mientras que el restante 15% puede seguir mostrando síntomas desfavorables más allá de esta edad. “La cobertura hasta el año resulta insuficiente para la mayoría de los pacientes”, informa la Red Inmunos a través del sitio Change.org, donde inició la campaña para que el tema sea tratado en el Congreso. Hasta la fecha han conseguido más de 9.000 firmas.

En el Congreso
El proyecto 6553-D-2013: presentado por el PRO el 17/09/13
El proyecto 2245-S-2013: presentado por el Frente para la Victoria (FpV) el 03/06/13
El proyecto 2511-D-2013: presentado por el FpV y el Movimiento Popular Neuquino (MPN) el 26/04/13
El proyecto 1352-D-2013: presentado por el Frente Peronista el 25/03/13
El proyecto 1796-D-2014: presentado por la Unión Celeste y Blanco el 03/04/14
El proyecto 5716-D-2014: presentado por la UCR y Suma-Unen el 21/07/14 

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Villa 20: Investigan una ejecución extralegal de adolescentes

Julia Muriel Dominzain (COSECHA ROJA)

Cosecha Roja sigue la pista de la muerte de dos adolescentes en Villa 20, Lugano. Las versiones de la policía y los vecinos se contraponen. La policía asegura que fue un tiroteo y que los pibes dispararon. El dueño del auto robado dice que los puede reconocer ante la jueza. Los vecinos dicen que fue un anzuelo, que los pibes estaban desarmados y que fueron fusilados. La Procuraduría contra la Violencia Institucional investiga. “Puede ser una ejecución extralegal”, dijo el fiscal Abel Córdoba.

El 7 de agosto la policía disparó a cuatro jóvenes que iban en un auto. Dos murieron, uno quedó con una bala cerca del pulmón y otro está preso. El parte de la policía dice que habían robado el auto, que los persiguieron, que los jóvenes dispararon. El que denunció el robo primero dijo que no los podía ni describir y luego que sí: habrá una rueda de reconocimiento el lunes que viene en el Juzgado de Menores Nº2. Lo que investiga la Justicia es el robo y no los asesinatos. Por eso la Procuraduría de Violencia Institucional comenzó una investigación preliminar y pedirá que se abra una causa. “Hay elementos para pensar que es un caso más de ejecución extralegal de las fuerzas policiales”, dijo a Cosecha Roja Abel Córdoba, titular de Procuvin.Los vecinos, amigos y familiares dicen que pudo ser un anzuelo, y que los pibes estaban desarmados y fueron fusilados.

Los indicadores a los que se refiere Córdoba tienen que ver con el accionar de la policía después de la balacera: no se detuvo preventivamente a los agentes que dispararon, no se preservó la escena del crimen, no se recogieron todas las pruebas, no apartaron a la fuerza de la investigación, no recogieron testigos y obstruyeron la atención de salud de los heridos.

A 15 días de los asesinatos, el abogado del adolescente imputado pudo ver la causa que lleva la jueza Marta Halperín. A la familia de Brian -uno de los pibes muertos- la rechazaron como querellantes. Córdoba consideró que hay que abrir una nueva causa: “Acá hay otro objeto procesal que son dos muertos y un herido”, explicó. Ayer diez personas testimoniaron ante la Procuvin y hoy presentarán la denuncia en la justicia.

Reina, la mamá de Jonathan, esperó a los fiscales con galletitas anillitos rosa y mate. En su casa Córdoba tomó testimonio a los vecinos y recibió videos y pruebas. El contacto con la familia y las organizaciones del barrio se había hecho a través del programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO). “Hay que estar en el lugar y detectar situaciones. Una persona declarando en una sede judicial está aislada de todo contexto. Si uno se acerca, confía un poco más”, dijo Córdoba.

La noche de la balacera decenas de vecinos salieron de sus casas para ver qué pasaba. Cuentan que los policías estaban de civil, que tiraron a matar, que los tiros iban en una sola dirección, que no hubo enfrentamiento, que uno de los oficiales sacó un arma plateada, que Jonathan quedó tirado solo en un pasillo, que a Brian lo dejaron desangrar adentro del auto y no permitieron que lo subieran a la ambulancia. Rosa -la hermana de Jonathan- y Omar -el papá de Brian- dedicaron el día a buscar testigos, visitar vecinos, caminar el barrio. Querían aprovechar que el fiscal estaba ahí. “¿Era tu hermano, Rosita? No sabía. Lo siento mucho”, le dijo una vecina cuando la vio pasar. “Yo salí como loca, con una ojota de cada color, a buscar a mi hijo de 15 que no sabía si estaba en el quilombo”, contó. Más tarde, cuando Rosa vaya a buscarla para preguntarle si puede testificar, alguien abrirá la cortina y dirá que no está. “No es solo la impunidad de la policía, también es la del barrio, la gente tiene mucho miedo”, dijo Rosa a Cosecha Roja.

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A Jonathan le decían el encantador de niños porque todos lo seguían. Tenía 17, nueve hermanos y diez sobrinos. Cuando estaba castigado los pibes se quedaban en la puerta de la casa haciéndole el aguante. “¿Cuándo sale el Yoni?”, le insistían a Reina, su mamá. Días antes de morir le había pedido a la familia que lo internaran para dejar la droga. Hacía un año que había empezado a consumir más. Ese jueves Reina volvió a las tres de la tarde. Había estado averiguando dónde internarlo. Subió al cuarto de Jonathan y charlaron sentados en la cama. A la noche él salió a comprar pollo y nunca volvió. Horas después ella recibió un llamado: del otro lado del tubo, le decían que podía arrancar los trámites para el tratamiento. “Es tarde, mi hijo está bajo tierra”, les respondió.

A Brian nadie le decía Brian. “Por siempre Papu” dice la pintada que hicieron los amigos sobre la Avenida Cruz. Tenía 19 años, había venido de Cochabamba a los 3 y era ansioso, caprichoso y burlón. “Te aparecía de atrás y te pellizcaba la oreja”, contó a Cosecha Roja Omar, el papá. Cursaba en una nocturna y hacía boxeo: entrenó primero en el club Yupanqui y después en Chicago. Fue al primero que balearon pero el último en llegar al hospital. Los amigos denuncian que lo abandonaron. Los vecinos cuentan que la policía no dejó que lo subieran a la ambulancia. Quedó en el auto. Miraba y temblaba. Agonizó casi doce horas. Murió en el hospital y se desangró hasta el entierro. “En el cajón había sangre”, dijo Omar.

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Rosa contó que los cuatro pibes se subieron al auto en Chilavert y Laraya y que creen que había tres más que se tiraron del auto cuando empezaron los tiros. Hicieron una cuadra y los empezó a perseguir y disparar la policía. Eran las 9 de la noche. En el volante iba Matías, que hoy está preso en un pabellón de menores de Marcos Paz. Al lado iba Brian, que quedó en el auto hasta que la policía desarmó la escena y arrastró el auto hasta la Avenida Cruz. Atrás, Jonathan y un joven de 17 que quedó imputado por el robo -fue herido y tiene una bala cerca del pulmón que no pudieron operar-.

Iban por la calle Pola cuando decidieron parar.“Si se va a terminar algo, que se termine acá, en la villa”, dijo a Cosecha Roja el único sobreviviente. El adolescente intentó escapar pero le pegaron dos tiros que entraron y salieron por la pierna y uno que quedó adentro del cuerpo. Matías, el conductor, bajó y se tiró al piso. Omar, el padre de Brian que había salido para avisarle a su hijo que el pollo con tuco estaba listo, dice que vio cuando un policía le puso la pierna encima a Matías y le apuntó a Jonathan. Tenía las manos en alto, pero igual le disparó. “Mi hermano tenía en la cara las marcas de las balas que lo rozaron. Por eso trató de escaparse”, contó la hermana. Entonces Jonathan se dio vuelta y corrió. El policía siguió disparando. El tiro le dio en el omóplato. Jonathan atravesó la cuadra entera de la calle De Los Sueños y cayó, herido, en un pasillo. Pasó un rato largo entre que los familiares escucharon los tiros y lo encontraron. Un amigo lo subió a un remis y Reina se metió. En el viaje le pidieron a Jonathan que aguantara. “No, papi, por favor”, le suplicó la mamá mirándolo a los ojos. Jonathan murió en el viaje.

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“Yo le dije que no se subiera”, dijo a Cosecha Roja un amigo de Jonathan que también dio testimonio ante Córdoba. La Surán, según Rosa, estaba hacía dos días estacionada enfrente de la Escuela técnica Ingeniero Delpini, en Chilavert al 5400. Dicen que los pibes “salieron a dar una vuelta villera”. “Para mí ese coche era un señuelo”, dijo Rosa.

A las 2 de la mañana, aunque los canales de televisión hablaban de “dos malvivientes fallecidos”, Brian (Papu) resistía. Murió al día siguiente. Sus papás vinieron de Bolivia en 1992 y unos años después se separaron. Ella trabaja de costurera. Él fue albañil y ahora es soldador: entra al trabajo a las 8 de la mañana y sale cuando puede. A veces Papu, que vivía en la habitación de abajo, lo esperaba para comer. A veces no y le hacía un té cuando llegaba. Sea como fuere, había una pregunta de rutina: “¿Qué me trajiste, Pá?”. Omar siempre caía con algo: chocolates, papas fritas, cualquier cosa. “Me revisaba el bolso ni bien llegaba”, contó. El cuarto de Brian salía 600 pesos: tenía una cama, un LCD, una compu, un calentador eléctrico y un roperito. Todo eso lo empeñó para enterrar al hijo.

El día de la balacera Omar había vuelto de trabajar a las 8. Papu andaba en la esquina, tenía puestas unas zapatillas azules casi nuevas, un pantalón deportivo y una camperita con capucha de la que Omar no se va a olvidar nunca porque después la policía la usó para tapar la herida de bala.

Cuando terminó de cocinar la cena, el papá salió a buscarlo y se encontró con Matías apuntado por la policía pero no lo vio. Ahí fue cuando escuchó los tiros y empezó a ver que todo el mundo salía de las casas. En medio de la confusión alguien le dijo que su hijo era ese, el que estaba adentro del auto. Papu tenía la mirada perdida y la cabeza floja, tirada para un costado.

Vio que llegaba una ambulancia y se ilusionó. La policía, dijo, no permitió que lo subieran a su hijo y arrastró la Surán con él adentro. Los vecinos tiraban ladrillos, palos, cascotes y Omar fue a la Comisaría 52 a preguntar a dónde habían trasladado a su hijo. Allí no estaba, le dijeron.

Tampoco estaba en la salita de Lugano I y II. Volvió a la comisaría. Lo tenían ahí. Lo trasladaron al Santojanni para operarlo. A la mañana siguiente le avisaron que murió. Lo reconoció en la morgue judicial por un tatuaje en el brazo.

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Desalojo de la Villa Papa Francisco, ¿y las mafias dónde están?

LA RETAGUARDIA

Pasadas pocas horas del desalojo de la Villa Papa Francisco en el barrio de Lugano, algunas familias permanecen acampando en las cercanías del terreno. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el sector en el que estaba instalados los narcotraficantes quedó intacto y que solo desalojaron a los vecinos. Dejamos algunas reflexiones para intentar entender por qué se pasó de la urbanización al desalojo.

Tras el desalojo de las familias que vivían en la Villa Papa Francisco, varias organizaciones sociales y políticas se autoconvocaron en el obelisco para protestar por las diez detenciones producidas. Las primeras seis se dieron durante el desalojo. Las otras cuatro en incidentes posteriores en los que hasta el legislador Pablo Ferreyra fue alcanzado por balas de goma.

Aún lejos de contar con políticas públicas que intenten solucionar el problema de vivienda que tantos porteños tienen, el gobierno de la ciudad y el nacional, se preocuparon especialmente esta semana por continuar con la estigmatización de los habitantes de las villas. Así como el Papa Francisco logró detener el desalojo planificado hace algunos meses con un mail que hizo público el legislador porteño Gustavo Vera ("Antes no desalojaban los autos y ahora están apurados por desalojar a las personas", decía el papa en aquel momento), el viernes causaron sorpresa las declaraciones del cura del barrio, Franco Punturo, el mismo que bautizó a lo que iba a ser un barrio en lugar de una villa, con el nombre de Papa Francisco. Punturo había asegurado que “la zona es tierra de nadie, del más fuerte, del más violento”, y aseguró que eso ocurría porque la policía y la gendarmería no entraban al lugar y eso generaba la tranquilidad necesaria para que las mafias se instalaran allí.

Curiosamente, ayer las fuerzas de seguridad no solo ingresaron al barrio encontrándose con poca resistencia, sino que se llevaron detenidas a diez personas, la mayor parte militantes sociales y delegados del barrio, que bastante lejos parecen estar de ser mafiosos. Cabe preguntarse: si el barrio estaba tomado por bandas peligrosas, ¿por qué la resistencia fue la que en general se da en cualquier otro desalojo?; las familias intentaron evitar la medida en un comienzo (de hecho allí se produjeron las primeras seis detenciones), pero luego no les quedó otra opción que aceptar retirar sus cosas antes de que las topadoras arrasaran con sus ladrillos, sus sueños, sus buenos mangos puestos no solo en los materiales, sino también en muchos casos en la compra de esos terrenos a algunos punteros del sistema político como Marcelo Chancalay, ex presidente de la junta vecinal de la Villa 20, que fue detenido el 30 de mayo acusado de haber organizado la toma y loteado los terrenos para luego venderlos. Vale volver a preguntarse, ¿quiénes son los mafiosos? ¿los vecinos que ayer se quedaron sin vivienda o los punteros que deambulan entre el PJ, el PRO, el FPV, según les convega, como Chancalay?

El poder parece saber quién es quién. El legislador porteño Gustavo Vera denunció que el desalojo no alcanzó a los narcos a los que los vecinos (incluyendo a los desalojados) denunciaban. Vera lanzó una catarata de tuits en los que dejó su posición más que clara: "pregunten al cura, a los vecinos, el sector narco del fondo que los vecinos del Barrio Papa Francisco denunciaban no lo tocaron, rajaron a los vecinos", dice en el más elocuente.

Está claro que lo que sucedió ayer fue grave. No solo porque cualquier desalojo que deja familias en las calles lo es, sino por el apoyo social que la medida consiguió. Solo las organizaciones sociales y algunos legisladores porteños y nacionales se preocuparon por la situación. Las declaraciones del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni dan cuenta de que algo ha cambiado en lo discursivo. Si antes los funcionarios nacionales se preocupaban por no aparecer cómodos con la represión como metodología, ahora tienen en Berni al que asegura que esto debió haber sucedido antes. Hoy, ya nadie habla de Melina López, ni de las mafias, ni de las familias desalojadas, ni del cementerio de autos... mucho menos de la ley que el propio Estado local incumple: ese terreno debió haber sido un barrio desde el 2005. Sin embargo sigue siendo caja para los punteros. Y todo indica que eso no se terminó ayer.

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Trabajadores de Donnelley: “La quiebra es fraudulenta, como denuncia el Estado. Exigimos que se revoque y el pago de nuestros salarios”

Comisión Interna y trabajadores de Donnelley

Llamamos a movilizarnos el martes 26 de agosto a las 08:00 a la sede del Juzgado en Callao y Marcelo T. de Alvear.

Jorge Medina y René Córdoba, miembros de la Comisión Interna de la gráfica Donnelley que desde el 12 de agosto se encuentran dentro de la planta gestionando la producción a pesar de que la empresa abandonó las instalaciones, manifestaron que desde hace meses vienen denunciando ante el Ministerio de Trabajo sobre el desvío de millones de pesos a su casa matriz, cuestión que se revela ahora en las presentaciones que realizó la AFIP, que muestran préstamos fraudulentos y ficticios de la empresa efectuados a su casa matriz ubicada en Estados Unidos, y anunciaron que este martes 26 de agosto se movilizarán al Juzgado Comercial N.º 18 para exigir el pago del salario y que se deje sin efecto la quiebra de Donnelley.



“Ya cuando Donnelley presentó el preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo pretendiendo despedir a 123 trabajadores y reducir nuestro salario en un 40 %, nosotros denunciamos que existía el pago de millones de pesos en intereses por préstamos, y gran parte de esos préstamos pertenecían a su casa matriz, que tiene domicilio en los Estados Unidos. De esa forma estos buitres enviarían millones al exterior mientras acá nos decían que tenían crisis y que debían despedir a trabajadores y bajarnos el salario. Ante este tremendo fraude, en la movilización del martes 26 vamos a exigirle al juez que se nos garantice el pago del salario”, declaró Jorge Medina

Mientras tanto, Rene Córdoba también confirmó las denuncias: “Nosotros también ya hemos presentado en el expediente de la quiebra que la misma es completamente fraudulenta con el desvío de la producción a otros talleres y con los préstamos y créditos con su casa matriz. Somos más de cuatrocientas familias las que esta empresa quiso dejar en la calle, pero los trabajadores la pusimos a producir y a gestionarla por nuestra propia cuenta porque de ninguna manera vamos a admitir que estos buitres norteamericanos nos dejen sin trabajo. A pesar de este burdo fraude el juez Gerardo Santicchia aún no revocó la quiebra, y tanto el juez como los síndicos Risso y Plastina continúan con los trámites de la misma, además de que hoy están intimando a los clientes para que no nos paguen lo que producimos, negándonos la posibilidad de sustentar a nuestras familias con nuestro trabajo”.



Finalmente, el delegado Medina concluyó: “Los trabajadores en asamblea votamos que ante estas maniobras fraudulentas de la empresa la única solución viable es la inmediata expropiación de la fábrica y su estatización bajo gestión de los trabajadores, para ponerla al servicio de la comunidad imprimiendo libros, manuales y materiales escolares. El martes 26 de agosto a las 8 h. nos vamos a movilizar a la sede del Juzgado Comercial N.° 18, en la calle Marcelo T. de Alvear y Callao, para denunciar una vez más la fraudulenta quiebra de Donnelley, exigir al Juzgado el pago del salario a los trabajadores, y que se revoque dicha quiebra, por eso convocamos a la Federación Gráfica Bonaerense, a las agrupaciones opositoras del gremio y a todas las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles y de DD. HH. que nos vienen acompañando a que sean parte de esta movilización”.

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Se reabre el conflicto en Lear

Comisión Interna y trabajadores de Lear

Luego del corte con más de dos mil personas en la Avenida 9 de Julio y la movilización posterior a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la asamblea de trabajadores despedidos y los miembros de la Comisión Interna, definimos nuevas medidas de acción para la semana próxima, por la reincorporación de los trabajadores que aún continúan despedidos y la defensa de los delegados de la Comisión Interna.



El viernes, acompañados por distintas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos, entre ellas una delegación de trabajadores de la gráfica Donnelley, en el marco de la sexta “Jornada Nacional de Lucha”, realizamos un corte total sobre la Avenida 9 de julio durante dos horas y luego marchamos hacia la sede de la Cámara de Comercio estadounidense (AmCham), en Viamonte y Cerrito, con la bandera “Familias en la calle, ¡nunca más!”. Denunciamos que esta empresa norteamericana despidió a 250 familias, de las cuales logramos con la lucha que sean
reincorporadas 61 y más de 120 compañeros fueron obligados a “arreglar” indemnizaciones. Decenas de compañeros y compañeras siguen peleando por sus derechos. El Ministerio de Trabajo declaró ilegales los despidos, pero en los hechos apoya todo lo que hace la empresa. El SMATA fue cómplice de los despidos masivos.

La movilización del viernes fue la primera respuesta a dos días de la "asamblea" trucha convocada por el SMATA, que se llevó a cabo el pasado miércoles en la planta de Lear en Pacheco de manera totalmente ilegal y fraudulenta, rodeada de unos mil quinientos policías y gendarmes, sin cumplir los requisitos legales mínimos.

El martes 20, luego del ingreso de los delegados a la planta, la patronal y la patota verde montaron provocaciones y distintos episodios de violencia.

Luego de la asamblea trucha del SMATA, el jueves 21 los delegados de Lear nos presentamos a trabajar y nos asignaron tareas. Sin embargo, el día jueves nuevamente la empresa nos impidió el ingreso con la excusa de que tenían que asignarnos un puesto fijo de trabajo desde el lunes.

Esto es una nueva violación a los derechos de los delegados establecidos en la ley 23. 551, ya que, más allá de la resolución del SMATA en su asamblea trucha, tenemos fueros que impiden a la empresa modificar nuestro lugar y condiciones de trabajo.

Este nuevo avasallamiento sólo se explica por el temor de la empresa y del SMATA a que los delegados, estando adentro, podamos tener contacto con nuestros compañeros de trabajo y ser parte de la reorganización de la fábrica. Se muestra de esta manera que la "asamblea" fue un absoluto fraude, ya que ninguna burocracia o patronal tendrían temor si efectivamente el 100 % de los obreros quisieran la destitución de los delegados como insólitamente informa el SMATA.

Denunciamos que en caso de persistir en esta actitud, la empresa profundizará otra vez su accionar ilegal, agravando este conflicto.

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Una bandera de todos los trabajadores

Horacio Meguira (ACTA)

Hay una falsa premisa, en algunos casos repetida por nuestros propios compañeros: "El Impuesto a las Ganancias no es prioritario porque comprende sólo al 11% de los trabajadores asalariados".

Por lo tanto, el máximo esfuerzo reivindicativo debe ser para los que "menos tienen". Este error es inducido para generar contradicciones.

Hace creer a los que tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil que los que tributan son una aristocracia ajena a su realidad.

La inflación es la encargada de incorporar sectores a la 4ta. categoría (asalariados y autónomos). El no aumento del Mínimo no Imponible y la no modificación de las escalas hacen que cada vez paguen más trabajadores, y a su vez a los que ya pagan se les descuente un mayor porcentual sobre el cálculo presunto del ingreso anual (se descuenta mensualmente pero se calcula anualmente).

A su vez se genera una situación de desigualdad con los que tenían un trabajo formal en junio del 2013 y los que se incorporaron con posterioridad. Ya que para aquellos el Mínimo no Imponible es 15.000 y para los nuevos empleos es de 8.000.

Esta situación no sólo afecta a los sectores de asalariados que pagan el impuesto. Los salarios se convencionan por escalas de categorías profesionales.

El Impuesto a las Ganancias actúa como "techo", ya que nadie quiere ingresar en el umbral comprendido por el impuesto. Además, las categorías más bajas son las que fijan el piso de dicha escala y al tener límite máximo disminuye la cantidad de todas las categorías, incluidas las que no tributan.

Al mismo tiempo que continúa la inflación se comienza a vislumbrar una creciente pérdida de puestos de trabajo. El gobierno acaba de implementar un subsidio a los sueldos con el compromiso de no despedir.

En tiempo de crisis es fácil verificar una sustitución de empleo registrado por empleo no-registrado. A un trabajador que paga Impuesto a las Ganancias le empieza a convenir ganar una suma inferior o igual que no tribute, aún cuando pierda los aportes jubilatorios y la obra social.

También se está comprobando sustitución de trabajadores que tributaban por nuevos trabajadores que perciban el subsidio. Todo en un marco de inspección del trabajo insuficiente y permisiva. Los despidos pueden provocarse por esta situación.

A su vez, los trabajadores tributan impuestos directos (IVA) sobre los productos de primera necesidad. Lo que indica que el 50% de los ingresos fiscales lo pagan los sectores de menores recursos por intermedio de estos dos impuestos. Lo que genera una gran desigualdad e injusticia.

Nuestra mirada debe ser inversa. No podemos igualar hacia abajo. El que menos gana debe tener una retribución mínima, vital y móvil acorde a la "canasta básica" hoy superior a los 10 mil pesos y las escalas deben partir del piso que fija la necesidad del trabajador y no el mercado del trabajo.

De allí que los trabajadores no deben estar comprendidos en el Impuesto a las Ganancias y, además, es imprescindible que los productos de primera necesidad no tributen IVA.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Marina Silva quiere apoyo de Lula y Cardoso

ANSA

La candidata presidencial brasileña Marina Silva, que se ubica segunda en los sondeos con tendencia a la suba, si es electa buscará el apoyo de los ex mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), afirmó uno de los principales asesores de la postulante ambientalista.

Eduardo Giannetti da Fonseca, considerado el "gurú" económico de Marina Silva, afirmó que si los ex presidentes "José Sarney (1985-1991) y Fernando Collor de Mello (1991-1992) emigran a la oposición si gana Marina, con quien vamos a gobernar, con quien se negociará, es con Lula y Fernando Henrique Cardoso".

Lula pertenece al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y Cardoso al opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), dos fuerzas aparentemente irreconciliables.

A pesar de ello Giannetti da Fonseca considera que es "posible" contar con el apoyo de ambos líderes, Lula y Cardoso, si Marina Silva se impone en los comicios del 5 de octubre o el balotaje del 26 de ese mes.

"A nosotros nos encantaría traer al gobierno a los excelentes técnicos que hay en el PT y en el PSDB, nuestra idea es gobernar con los mejores hombres en la política y en la gestión" del Estado, indicó Giannetti da Fonseca en entrevista al diario Folha de Sao Paulo.

Una encuesta del lunes pasado indicó que la presidenta Dilma Rousseff, del PT, está primera con el 36 por ciento de las intenciones de voto, seguida por Marina Silva con el 21 por ciento y tercero se ubica Aecio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, con el 20 por ciento.

Los diarios Folha de Sao Paulo y O Globo de Rio de Janeiro publicaron que una encuesta a ser difundida esta semana mostrará un eventual crecimiento de Marina Silva.

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El Salvador: Conmemoran 32 años de la masacre del calabozo, San Vicente

DIARIO COLATINO

La noche del 21 de agosto de 1982, el Batallón Atlacatl rodea a las personas desplazadas de sus comunidades en las cercanías del río Amatitán, en un lugar conocido como “El Calabozo”, el batallón abrió fuego contra los civiles, una parte de los fallecidos fue arrojado al río y a otra parte les lanzaron ácidos, lo que imposibilita determinar la cantidad exacta de los fallecidos.

32 años han pasado desde aquella masacre que se llevó la vida de más de 300 personas, entre niños, mujeres y ancianos, quienes fueron reportados como desaparecidos por familiares de las comunidades San Esteban Catarina, Santa Clara, San Lorenzo y otros lugares de San Vicente.

Entre cánticos y lágrimas de quienes recuerdas a sus familiares, decenas de personas recordaron a sus familiares, exigiendo la reparación de las víctimas.

Los familiares y diversas organizaciones de derechos humanos han estado por años reclamando justicia, sin que hasta la fecha las autoridades fiscales y judiciales hubieren actuado para promover la investigación que haga justicia de los responsables del acto criminal.

La conmemoración tenía el objetivo de rendir honor a la memoria, dignidad de las víctimas y exigir verdad, justicia y reparación para los sobrevivientes y familiares de las personas que fueron asesinadas el 22 de agosto de 1982.

En el acto conmemorativo se hizo presente el Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes; El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales Cruz, quienes fueron acompañados por directivos del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, Alcaldía de San Esteban Catarina y representantes de diversas comunidades de los municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara y San Lorenzo.

Durante el acto, el presidente del órgano legislativo externó un mensaje de solidaridad y esperanza hacia los familiares y víctimas de la masacre del Calabozo, donde recordó que este hecho es uno de los actos cometidos por las brigadas militares salvadoreñas que aún se encuentran impunes.

Por su parte, el Procurador David Morales, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se haga justicia en el caso de esta masacre y en otros hechos históricos considerados, genocidios de lesa humanidad, los cuales no entran en la Ley de Amnistía impuesta tras los acuerdos de paz, ni tampoco prescribe el delito.

“Este tipo de casos no admiten amnistía ni prescripción, por eso las víctimas han acudido a la Sala de lo Constitucional desde el año 2010, para que reabra las investigaciones, hasta el momento no tenemos una resolución, por lo que hago el llamado a la Fiscalía General y los tribunales que cesen su actitud de bloquear el caso”, expresó el Procurador Morales.

Además, el titular de la PDDH reiteró su compromiso con todas las víctimas de los diversos casos de violaciones a los derechos humanos y su firme decisión de promover acciones encaminadas a la protección y acompañamiento a víctimas de lesa humanidad.

El Estado salvadoreño, desde el periodo presidencial de Mauricio Funes, ha tomado una actitud positiva ante los casos de Lesa Humanidad, reconociendo la responsabilidad del Estado en acciones como la Masacre de El Mozote y otros hechos que dejaron la muerte de víctimas civiles durante el periodo del conflicto armado.

En la actividad realizaron una peregrinación que partió del cantón Amatitán Abajo hasta llegar al monumento que ha sido construido en memoria de las víctimas de la masacre, además de una misa que recordó a las cientos de personas que perdieron su vida en el lugar.

El Batallón Atlacatl fue una unidad de respuesta rápida del ejército salvadoreño, la cual fue creada en los años 80. En el informe de la Comisión de la Verdad, después de los acuerdos de paz, concluyó que el batallón fue el principal responsable de las masacres de El Mozote, en Morazán; el Calabozo, en San Vicente, y la ejecución de seis sacerdotes jesuitas.

A pesar de esto, ningún elemento del batallón ha sido enjuiciado ni condenado por ninguno de sus delitos cometidos durante el conflicto armado salvadoreño.

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