lunes, 1 de septiembre de 2014

¿Reformistas de primera, revolucionarios de segunda?

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Ciertamente, las múltiples trabas y ataques que sufriría cualquier experiencia revolucionaria tendrían que provenir, obviamente, de parte de los sectores dominantes y conservadores desplazados del poder. Lo duro y lo decepcionante es que esto lo protagonicen aquellos que, de una u otra manera, ocupan cargos de gobierno y de dirección política cuando lo lógico es que cada uno de ellos debería contribuir efectivamente con el avance revolucionario y la construcción socialista de una nueva sociedad.

De persistir tal situación, la experiencia revolucionaria correría el riesgo de ser secuestrada por el reformismo que, en este caso, es lo mismo que la contrarrevolución, suscitándose entonces la paradoja de ver reformistas reconociéndose a sí mismos como personas de primera mientras que a los revolucionarios (sobre todo, a aquellos con una formación político-ideológica forjada a través del estudio y la lucha permanentes) se les ve y confina a un segundo plano, desestimando de antemano sus posibles aportes en la misión de transformar radicalmente el modelo de sociedad y Estado actualmente imperante, diseñado éste según los intereses capitalistas.

En nuestra América desde largo tiempo se ha reaccionado en contra del modelo civilizatorio impuesto por Europa y reforzado (para satisfacción de sus intereses) por el imperialismo gringo, lo que supuso el desarrollo de una gama de protestas e insurrecciones populares que sólo han cesado parcialmente en l actualidad gracias al surgimiento de gobiernos de inspiración izquierdista y/o centroizquierdista que buscan diferenciarse de sus antecesores conservadores y neoliberales. Esto ha llevado a plantearse seriamente la erradicación del viejo sistema político que excluyó por más de un siglo a los sectores populares y favoreció ampliamente a unas elites oligárquicas enlazadas descaradamente con los grandes centros de poder hegemónicos, especialmente de Estados Unidos, lo que convirtió a nuestras repúblicas en semicolonias de éstos, con una alta dependencia respecto a los mismos. Esta convicción comenzó a extenderse en las últimas décadas entre nuestros pueblos, a tal grado que hoy resultaría prácticamente imposible volver a las situaciones del pasado sin que esto llegue a provocar una sublevación popular incontenible. De ahí que, en correspondencia con ese estado de ánimo generalizado de nuestra América, tal como lo señala Marta Harnecker en su laureado libro Un mundo a Construir (nuevos caminos), “tenemos que crear un sistema político de representación, o delegación, pero éste debe ser muy diferente al sistema democrático burgués. Este último concibe a sus representantes como profesionales de la política y, por lo tanto, considera que deben recibir una remuneración por su desempeño y, una vez electos, su mandato es exclusivamente unipersonal, alejado de sus electores a los que sólo vuelven a contactar en un periodo electoral. El sistema de delegación o vocería que se propone como alternativa es la antítesis de estas concepciones y prácticas: las personas electas como representantes, delegados o delegados, voceros o voceras, deben mantenerse ligadas a sus bases, las que, a su vez, deben supervisar y guiar su trabajo y prevenir su burocratización. No un mandato libre por un cierto tiempo como los representantes burgueses, sino que deben guiarse por las decisiones y orientaciones de sus electores quienes deben evaluar su desempeño de acuerdo a las tareas que le van asignando. Esto es lo que los zapatistas han querido significar al plantear que hay que mandar obedeciendo”.

Por ello, al suscitarse una situación propiamente revolucionaria, con signos evidentes de querer construir realmente una nueva sociedad bajo los ideales socialistas en nuestra América, afloran en lo inmediato las contradicciones, las debilidades y las inconsistencias ideológicas, siendo todas ellas producto del tipo de cultura heredado, por lo que muchas veces el hecho revolucionario sólo se refleja en el discurso, mas no en la práctica. Indudablemente, tal circunstancia ocasiona un choque de visiones e intereses que termina por confundir a los sectores populares, dada su escasa o nula conciencia político-ideológica que los lleva a preferir a quienes le aseguren (aunque luego incumplan) la satisfacción de alguna pronta necesidad material, cuestión que acaba por brindarle oportunidades al bando contrarrevolucionario, cuando el compromiso debiera ser trascender la vieja práctica política burguesa y sus reglas de juego mediante un programa de contenido revolucionario, en articulación con los niveles de organización y de conciencia alcanzados por los sectores populares, manteniéndose en el tiempo y sirviendo de brújula para la acción revolucionaria permanente, lo que evitaría el reformismo y haría posible, en consecuencia, el surgimiento de una sociedad socialista de nuevo tipo.

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Washington impone una democracia fallida

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Según la más reciente encuesta realizada de conjunto por el Wall Street Journal (WSJ) y la National Broadcasting Corporation (NBC), dos de las entidades más señaladas de los llamados medios establecidos o mainstream media, la ciudadanía estadounidense ha perdido confianza en los políticos, las instituciones públicas, y el sistema político en general. La encuesta revela que la aprobación del Presidente Obama, este mes, llegó a un mínimo histórico del 40%, aunque sólo un 19% de los encuestados opinó positivamente de los políticos republicanos.

La encuesta revela fenómenos alarmantes, especialmente para quienes patrocinaron la pesquisa. Deja ver, por ejemplo, que casi dos de cada tres encuestados (62%) están insatisfechos con "papel de los Estados Unidos en el mundo”; que casi dos tercios de los encuestados (64%) expresa insatisfacción con el "estado de la economía estadounidense"; que tres de cada cuatro estadounidenses (76%) desconfía de la afirmación de que "la vida para la generación de nuestros hijos será mejor de lo que ha sido para nosotros"; que más de la mitad (54%) de los encuestados cree que "el ensanchamiento de la brecha en los ingresos entre los ricos y todos los demás socava la idea de que todos los estadounidenses tienen oportunidad de lograr un mejor nivel de vida".

Pero, sin dudas, la más cruda manifestación de rechazo popular contra el ordenamiento existente en la nación es que el 79% de los encuestados se mostró insatisfecho con el "sistema político". El destacado periodista y escritor marxista estadounidense Zoltan Zigedy, al analizar estos datos, destaca que ello muestra la desconexión entre los sentimientos y deseos de las masas, de una parte, y las acciones y opiniones de los políticos y sus lacayos de los medios de comunicación, de la otra. “El sistema político no respeta ni refleja la voluntad popular y eso equivale a decir que el país no funciona democráticamente, lo que indica que en Estados Unidos tenemos lo que a los medios les ha dado por calificar de "Estado fallido".

Es una amarga ironía que el liderazgo antidemocrático de Estados Unidos se yerga arrogante en garante de la democracia en el resto del mundo y asuma el privilegio de indicar a los demás cómo deben vivir y actuar, sostiene ZZ.

Quizás nada expone tanto esta hipocresía como la trágica destrucción de Irak. Durante dos décadas, con un incontrolado impulso por dominar todas las reservas de petróleo en el Medio Oriente e intolerantes ante cualquier régimen que manifieste siquiera un asomo de rebeldía, las sucesivas administraciones de Estados Unidos han invadido, bombardeado, ocupado, aterrorizado económicamente y reavivado las animosidades étnicas y religiosas, … y todo ello en nombre del fomento de la “democracia”. Como resultado, un estado que era estable y viable ha pasado a ser lo que ahora se califica de una democracia “fallida”. La palabra "democracia" tuvo alguna vez una significación importante para los estadounidenses. Había una relación –no muy fuerte, pero la había- de ella con la voluntad y los intereses colectivos de la mayoría del pueblo, las masas. Nadie con raciocinio pensaba que la democracia era perfecta, completa o absoluta, pero muchos se forjaban esperanzas, a partir de promesas electorales, de lograr un gobierno democrático e instituciones democráticas.

“La democracia heredada de los revolucionarios de las colonias sirvió a los intereses de la burguesía, pero dejó agrietada la puerta para algunas reformas democráticas acordes a los intereses de las masas (aunque la puerta se ha cerrado de golpe cada vez que ha surgido el peligro de un cambio verdaderamente democrático)”, advierte ZZ. Pero hoy, en los Estados Unidos, la palabra "democracia" se utiliza para falsear, engañar y oprimir; sirve para enmascarar a un régimen oligárquico que emplea fuerzas tipo Gestapo para la vigilancia de la ciudadanía.

La “democracia" pretende legitimar un sistema bipartidista que produce resultados de partido único. La "democracia" se compra y se vende como cualquier otra mercancía. Y "democracia" es el protector de riqueza y de poder.

Zoltan Zigedy propone que, en Estados Unidos, la palabra “democracia”, al igual que la palabra "terrorista", sean retiradas del uso cotidiano hasta que gente sensata, con un compromiso de principios con el sentir popular, puedan contrarrestar su difamación. Tal vez la palabra “democracia" deba salvaguardarse en un estante hasta que surja un movimiento verdaderamente merecedor de ese calificativo.

A juzgar por la reciente encuesta de WSL/NBC, es eso lo que la ciudadanía espera.

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La lucha popular en Guatemala hace retroceder ley Monsanto: ¿Quién dijo que todo está perdido?

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

Desde hace años, con los planes neoliberales imperantes y con la desmovilización político-ideológica fabulosa que se vive como producto de un proceso represivo único en Latinoamérica (200.000 muertos y 45.000 desaparecidos), parece inconcebible protestar. En muy buena medida, ya nos hemos acostumbrado a agachar la cabeza, a resignarnos. ¡Cultura del silencio!, pudo llegarse a decir. Cultura de la resignación, de la pura sobrevivencia.

Sin dudas, todo eso es cierto. El terror incorporado que dejó en cada habitante la feroz represión de estas décadas, la impunidad dominante, la violencia delincuencial que campea exultante sirviendo, entre otras cosas, como disuasivo de intentos organizativos (¿otra virtual guerra civil no declarada que mantiene bajo control a la población?), todo eso fue sacando de la agenda cotidiana la idea de lucha, de reivindicación, de alzar la voz. Pero como cantó Fito Páez: “¿quién dijo que todo está perdido?”

Recientemente, mientras los sectores de poder tenían obnubilados a buena parte de la población planetaria con ese circo romano moderno que es el Mundial de Fútbol, entre gallos y medianoche el Congreso de la República sancionó el “decreto 19-2014 Ley para la protección de obtenciones vegetales”, popularmente conocido como Ley Monsanto, por ser esta multinacional una de las principales beneficiarias de la medida legislativa.

En síntesis, esta artera maniobra, hecha a espaldas de todos los habitantes del país, en secretividad y aprovechando un momento en que la atención general estaba concentrada en este distractor del fútbol, atenta contra los pequeños agricultores, base de la economía nacional, por cuanto otorga patentes para especies vegetales a algunas grandes multinacionales (Monsanto, Dupont, Syngenta, Duwest, Bayer, entre otras) en desmedro de la gran mayoría campesina. Y más aún: pone en riesgo la seguridad alimentaria de la nación, en tanto se podría pasar a depender de alimentos transgénicos producidos por estas empresas extranjeras.

La maniobra no es novedosa en estas latitudes: muchos países de Latinoamérica, en nombre de los tratados del supuesto “libre” comercio, se ven forzados por estas gigantescas corporaciones multinacionales a quedar a expensas de los productores de materiales transgénicos. Las tradicionales agriculturas de sobrevivencia, y por ende las enormes masas de población que viven de ellas, se ven forzadas a entrar en una lógica comercial que los aniquila como sector. La seguridad alimentaria de los países, por tanto, se ve severamente dañada. “Controla el petróleo y controlarás las naciones, controla los alimentos y controlarás a los pueblos”, había expresado en 1974 el ¿¡Premio Nobel de la Paz!? Henry Kissinger, ideólogo principal de las posiciones más agresivas del gobierno estadounidense, adalid justamente de esas multinacionales.

Hoy, con un mundo neoliberal manejado con criterios absolutamente mafiosos por un grupo de gigantes corporaciones, esa frase toma cuerpo, se hace palpable realidad. Los diputados guatemaltecos se encargaron de darle vida legal en estas tierras.

Pero, insistamos: ¡no todo está perdido! La reacción popular ante tamaña injusticia no se hizo esperar apenas conocida la medida. Se sucedieron las protestas, y al menos de momento la Corte de Constitucionalidad debió ponerle un freno a la maniobra legislativa.

La ley no se ha terminado de derogar. Quizá no se logre eso (la experiencia reciente con el juicio del general José Efraín Ríos Montt, condenado por delitos de lesa humanidad y liberado casi inmediatamente a consecuencia de las presiones de los grupos de poder económico no es un buen antecedente). Pero no hay peor lucha que la que no se hace.

Nadie dijo que la lucha por un mundo más justo sea fácil, rápida, con el éxito asegurado de antemano. La lucha implica sufrimiento, golpes, avances y retrocesos. Pero esa es la historia de nuestra especie: cada pequeña mejora que se consigue en términos sociales, se lo hace a costa de enormes sacrificios.

Esta medida de la Corte de Constitucionalidad, que no es la derogación de la Ley sino la suspensión temporal de algunos de sus artículos, no constituye de momento un triunfo definitivo. Pero sin ningún lugar a dudas significa que el movimiento popular no está derrotado, que sigue vivo, y que las ansias de justicia no han muerto. Y más aún: ¡marca un camino por donde transitar! ¿Quién dijo que todo está perdido?.

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La Argentina zombi (II)

Francisco Javier Llorens

La burla por parte de la justicia y el periodismo con el juicio secreto oral y público de Cavallo por el megacanje.

Argentina padece en estos días una notable burla por parte de la justicia argentina y el periodismo argentino. A la par que el grupo CLARIN, La Nación, y PERFIL escrachan a Boudou (que bien merecido lo tiene) por que trató de afanarse unos millones con Ciccone Calcográfica, se dio comienzo en forma secreta el juicio penal oral y público contra el ex ministro Domingo Cavallo por el megacanje, sin que el periodismo procurara darle una mínima cobertura a este caso.

Como revelamos con Mario Cafiero en el libro editado en el 2002 “La Argentina robada – El corralito, los bancos, y el vaciamiento del sistema financiero argentino”, el megacanje fue parte de una feroz maniobra de mucho mayor alcance. Que tuvo por objeto salvar a la gran banca norteamericana tenedora de bonos argentinos, del default que avizoraban. Y que se precipitó apenas rematada esa maniobra, ya que ella lo que hizo fue acelerarlo, con la extracción del país de u$s 30 mil millones, hundiéndolo en la catástrofe del año 2001. La mayor crisis de nuestra historia, junto con la de 1890, en la que se dieron situaciones con un enorme parecido.

Ante ello el caso Boudou, consistente en apropiarse de una empresa contratista del estado para hacer pingues negocios con este, es solo una “boududes”. Que por otro lado lamentablemente, se trata de una maniobra repetida por parte de quienes nos gobiernan. Como es el caso del gobernador cordobés José Manuel De la Sota, que se apoderó de la constructora de caminos BRITOS HNOS, una de las principales contratista del estado cordobés. Para la que además creo en su beneficio un impuesto sobre las naftas para atender a sus pagos, con los que De la Sota financia su campaña con vistas a arribar a la presidencia. La que es dirigida por el supuesto dueño de BRITOS y alter ego de De la Sota, Horació Miró.

En los medios informados de Córdoba se sabe que Britos Hnos es Miró, y Miró es De la Sota, de la misma manera que en Santa Cruz se sabe que Austral es Baez, y Baez es Kirchner. No obstante los mismos medios que aparentemente indignados escrachan a Baez y Boudou, son los que brindan buena prensa a este émulo de ambos.

Al respecto el Papa Francisco dijo que los corruptos no tienen amigos, sino cómplices, pero no obstante recientemente Marcela Herrera de Noble, la heredera del grupo CLARIN, que parece cultivar una alianza estratégica con el corrupto gobernador De la Sota, apareció en Córdoba dándole un expreso aval a este “competidor” de Boudou. Tal como se puede apreciar en la fotografía adjunta publicada por dicho diario.

Pese a que De la Sota hasta le tiraron un muerto el año pasado detrás de la casa de gobierno, vinculado con esos negociados, en el mismo día en que sugestivamente, era asesinada la empleada doméstica de una estrecha colaboradora de Miró y De la Sota. Y esta mención viene a cuento, porque seguidamente se verá la vasta legión de “cómplices” y no de amigos, que se va trenzando junto con la corrupción.

Blindaje, Megacanje, corralito bancario, y la catástrofe del 2001

Con el Blindaje firmado a fines del 2000, Argentina se comprometió a aportar u$s 20.000 millones de su ahorro interno, para hacer frente a las obligaciones de su deuda. Que no eran otros que las reservas de los bancos, propiedad de sus ahorristas. Y con el Megacanje, que aumento la deuda en u$s 55 mil millones, se introdujeron en los bancos argentinos los bonos que detentaba la gran banca norteamericana, a cambio de llevarse sus reservas. Perpetrando así un formidable empapelamiento de estas, que derivó en la obligada instalación del corralito bancario a fines del 2001.

Los autores del Blindaje fueron José Luis Machinea, Mario Vinces, y Miguel Bein, un gran opinador sobre la deuda, que hoy asesora a Scioli. Y del Megacanje y su zaga, Domingo Cavallo, Daniel Marx, y Horacio Liendo, estando sentado ahora el primero, trece años después del hecho, en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público. Que por la “ignorancia deliberada” de la prensa, carece de publicidad y difusión.

Por su parte Marx y Liendo, y otros notables personajes financieros, que también hoy opinan sobre la cuestión de la deuda, como Federico Sturzzeneger, lograron zafar de esa causa criminal por prescripción o cosa juzgada. Las dos salidas clásicas que tienen los estudios de abogados alto bordo de la city porteña, para lograr la impunidad de los delincuentes de cuello blanco.

Ese criminal empapelamiento de los bancos, que derivo en la paralización total de la economía y en el corralito bancario, fue concretado por Cavallo mediante hacer volar a Pedro Pou de la presidencia del BCRA. Quién se opuso a que se manotearan las “reservas prudenciales” (RML - Requisitos Mínimos de Liquidez) de los bancos, que eran una creación suya para poder enfrentar los riesgos de la convertibilidad. Fue reemplazado por Roque Maccarone, un legendario tiburón de la patria financiera al servicio del Banco Rio y Pérez Companc, para lo que fue necesario brindarle una dispensa especial, por carecer de título profesional.

Y fue “legalizado” con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que concretó poco después Cavallo, para lo cual había requerido plenos poderes, antes de reasumir como súper ministro de Economía a principios del 2001. A los que obtuvo, gracias a la enorme presión personal ejercida por una delegación de súper banqueros norteamericanos, encabezada por el legendario David Rockefeller, que visitaron simultáneamente Buenos Aires. Que estaba integrada también por su tocayo, David Mulford, recientemente sobreseído por prescripción en la causa del megacanje.

Sus anfitriones fueron los hermanos Rohm del Banco General de Negocios, que luego fueron encarcelados por el escandaloso vaciamiento que hicieron de ese banco. Y Eduardo Amadeo, el único argentino integrante de Americas Society, y director de “The American Society of the River Plate” (“organización de argentinos amigos del quehacer de los Estados Unidos”) que hoy es el consiglieri personal del candidato Sergio Massa.

Seguidamente, a la par que se instalaba el corralito bancario a fines del 2001, los bancos convirtieron esos títulos con que habían sustituidos las reservas, en Préstamos Garantizados por impuestos, para gambetear el default que se venía encima. A los que denominaron así y contabilizaron como “Préstamos”, para simular que la caída de las reservas de los bancos se había producido por una fuga de depósitos.

Tal como sostenía públicamente ABA, la asociación de bancos, que era presidida por Mario Vicens, quién de secretario de Hacienda con el Blindaje, pasó a ocupar ese estratégico puesto financiero. Pese que simultáneamente los bancos habían concretado un formidable recupero de préstamos, con el que paralizaron el funcionamiento de la economía, por lo que las reservas deberían haber quedado incólumes.

El megacanje de Cavallo tuvo también la virtud de hacer caer el seguro de liquidez por u$s 7.000 millones, al que estaban obligados con el BCRA, el JP Morgan – Chase y otros grandes bancos norteamericanos. Al esterilizar los títulos que el BCRA debía utilizar como garantía de ese seguro. Por lo que se puede decir que Cavallo, Marx, y Liendo, realizaron una exitosa carambola a múltiple bandas, para sacarle de encima a la gran banca norteamericana, los activos y obligaciones sumamente riesgosas que tenían con Argentina.

Cavallo, Marx, Liendo, y los bancos remataron así una gigantesca maniobra de vaciamiento bancario y fuga de capitales, que violando sus estatutos, fue financiada por el FMI con el aporte de u$s 9.000 millones. Y para garantizar que la fuga se encaminara donde correspondía, apareció el director del FMI Mario Blejer, como vicepresidente del BCRA. Quien tuvo que renunciar a medidos del 2002, después de que las auditorías públicas y privadas rechazaran de plano el balance del BCRA del año 2001, por la gravísimas discontinuidades que existían en sus cuentas. No obstante hoy gracias a los grandes medios, Blejer es un gran opinador sobre la economía y la deuda, además de asesorar a Scioli.

De esa manera ese año se fugaron del país casi u$s 30.000 millones, provenientes de ese préstamo y las reservas de los bancos. Y como colofón de esa fuga de divisas, que paralizó la economía de Argentina, a fines de ese año el presidente De la Rua se fugó en un helicóptero de la Casa Rosada, tras presentar su renuncia. Dejando atrás una estela de más de veinte argentinos muertos, un caos social e institucional, una economía totalmente parada, y un monto de deuda pública de u$s 144.000 millones.

Como consecuencia de esa monumental y enormemente dañina maniobra de vaciamiento, el fiscal federal Amirante pidió el procesamiento penal de una multitud de banqueros, además de Cavallo, y Blejer. E incluso de Alfonso Prat Gay, por encubrimiento de la maniobra como sucesor de Blejer en la presidencia del BCRA. Quién casualmente en el 2001 había sido propuesto por Cavallo para desempeñar el lugar de Blejer, pero fue rechazado por la comisión de ética pública, por tener intereses en conflicto al ser un alto ejecutivo del JP Morgan. Prat Gay llevó como asesor al BCRA, a Martín Lousteau, siendo hoy ambos integrantes de UNEN, y grandes opinadores sobre la cuestión de la deuda.

Por esas razones, desconociendo los detalles de la trama, pero si las presiones en torno de la deuda, el Congreso aplaudió a rabiar la declaración de default que anunció el presidente Adolfo Rodríguez Saa, en su brevísimo interregno a fines del 2001. Que por otro lado era la única salida, pero que hoy los grandes medios se encargan de ridiculizar, como si hubiesen existido otras alternativas.

Pero el default no fue tanto, porque con el liderazgo de De la Sota, la junta de gobernadores provinciales obligó a Rodríguez Saa a renunciar, sustituyéndolo por el presidente Eduardo Duhalde. Quien como secretario General de la Presidencia designó a Eduardo Amadeo, el anfitrión de Rockefeller y Cia. Y así seguidamente Duhalde dispuso que los Préstamos Garantizados que tenían los bancos en su poder, se siguieran pagando religiosamente. A la par que se pagó cash al JP Morgan – Chase los contados u$s 1.000 millones que había puesto para el seguro de liquidez con el BCRA, que en realidad lo obligaba por un total de u$s 7.000 millones.

Esa feroz maniobra de vaciamiento del país, fue coronada con la derogación de la ley de subversión económica que atrapaba plenamente a los banqueros. Lo que era exigido por estos y el FMI, con la promesa caza bobos de que a cambio de esa “seguridad jurídica”, iba a venir un salvataje de u$s 20.000 millones, para sacar al país adelante, que por supuesto nunca llegó. La derogación se concretó gracias a las febriles gestiones desplegadas por el secretario de la Presidencia Amadeo, según el mismo las narra en un libro. Quién por ello fue premiado con el cargo de embajador en EEUU.

De esa manera se cerraron todas las causas e investigaciones dirigidas contra los banqueros que habían defraudado a los ahorristas. A la par de que caían sucesivos sobreseimientos a favor de los intervinientes en el megacanje, quedando a lo postre encartado solo Cavallo. Y por su parte la causa judicial impulsada por el fiscal Amirante, se perdió en el olvido, como corresponde en la justicia argentina, ayudada por la “ignorancia deliberada” de la gran prensa.

Y ahora el juicio oral y público contra Cavallo no solo es secreto, sino que no tiene querellante, por defección del Estado Nacional, después de que la justicia apartó a los particulares damnificados -que somos todos- y diputados que lo impulsaron, como Mario Cafiero. Y además Cavallo, como si se tratara de un convite entre caballeros londinenses para tomar el té, y no de un juicio criminal oral y público, ha sido exceptuado de estar presente, porque dijo que tenía compromisos en el exterior.

A la par la gran prensa, en lugar de referirse a las vicisitudes que soporta el acusado Cavallo ante la Cámara del Crimen, ilustran a sus audiencias con los consejos que da Cavallo al pueblo argentino y al gobierno. Quien antes de irse al exterior, dijo que es imperioso “terminar con los conflictos con los holdsout que han mantenido a Argentina aislada de los mercados de capitales por 13 años. Es muy importante que la Presidenta salga del error en el que ha caído al echar la culpa de lo que está aconteciendo al blindaje del 2000 y al megacanje del 2001”.

Opino que por contrario, “fueron formas inteligentes de evitar el default y preparar el terreno para una reestructuración de la deuda pública que podría haber sido completa y exitosa”. Y por su parte, como si fuera un pájaro bobo, el ex presidente Fernando De la Rua defendió el megacanje diciendo que, “no fue malo… en esos momentos era necesario patear para adelante vencimientos que el país no estaba en condiciones de pagar”. Como si ello fuera posible con el agregado de u$s 55.000 millones más.

Como conclusión se podría decir en consecuencia, que el maltrato que da la justicia argentina y la prensa argentina a los ajusticiados, es inversamente proporcional a lo que robaron y dilapidaron, o el daño social que perpetraron.

La descobertura actual del caso de Cavallo y el megacanje por parte del periodismo es notable, rematando así la invisibilización que hicieron de ese caso a lo largo de los años. Los buscadores de sus portales web, son la contundente prueba de lo que en términos de faltas o delitos, se conoce como “ignorancia deliberada”, y que en periodismo se denomina tendenciosidad. Esta tendenciosidad se puede apreciar claramente, si se relacionan entre si las notas referidas al caso Cavallo y al caso Boudou, publicadas en la última semana de junio.

El índice de tendenciosidad lo encabeza CLARIN, con una proporción 69 veces superior de cobertura del caso Boudou respecto el caso Cavallo. Lo sigue PERFIL, con una cobertura 51 veces idem. Con la particularidad que tanto este diario como CLARIN, han llegado a dedicar hasta un cuarto de su sección principal a la cobertura del caso Boudou, saturando así al receptor. Lo que en término de comunicación para construir el acontecimiento puede tornarse contraproducente. A la par que la cobertura de caso Cavallo era reducida a proporciones minúsculas.

Le sigue LA NACION con una proporción de cobertura 40 veces mayor del caso Boudou respecto el caso Cavallo. Mientras que Pagina 12, por razones inversas, solo fue de 7 veces. Al respecto La Biblia dice en uno de sus Proverbios, “el mensajero infiel solo acarrea desgracias, y el mensajero fiel trae la salud”. Lamentablemente lo primero es lo que ocurre en Argentina, y las desgracias están a la vista.

Ver también:
- La Argentina zombi (I) Hace lo que dice el FMI sin recibir órdenes de este El no-convenio con el Club de París

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La única deuda es con el pueblo: El pueblo debe saber de qué se trata

ACTA

La Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes comunes, continúa su tarea de de militancia y difusión de los argumentos para que cese la pérdida de soberanía que implica ser pagadores seriales de una deuda que no ha sido auditada. Patria es no pagar la deuda ilegítima.

A continuación, transcribimos la declaración de la Asamblea que, vale la pena recordar, ya llevó adelante una medida de acción pública el 14 de agosto en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de buenos Aires y una concentración y acto frente al Congreso Nacional el 21.

"Los abajo firmantes, integrantes de la ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACION DE LA DEUDA Y POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES nos dirigimos a toda la población para compartir nuestra mirada sobre los últimos acontecimientos relacionados con la deuda pública.

Nuestra intención es generar, en primer lugar, un profundo debate social sobre los orígenes de esta deuda que ya, más que “externa”, debería llamarse “eterna”, por los efectos que ha tenido y tiene para el bienestar de nuestro pueblo, afectando los derechos humanos integrales al asignarse recursos públicos para su cancelación a costa del hambre del pueblo y deteriorando los derechos sociales esenciales, como la salud y la educación pública; y sobre las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy, algunas en tribunales del exterior, y otras que se manifiestan en las acciones y omisiones de los diferentes poderes del estado, y que afectarán durante mucho tiempo nuestro futuro.

En segundo lugar, aspiramos a que las/os ciudadanas/os decidan involucrarse y demandar activamente a las autoridades, a través de todos los medios legítimos disponibles, un tratamiento del tema que respete los derechos humanos, proteja los bienes comunes, los intereses del pueblo y recupere la soberanía nacional.

Observamos, con preocupación, que salvo contadas excepciones, la totalidad del sistema político –muchos de ellos responsables de esta situación– ha formado un auténtico “coro de pagadores”. Coinciden, sin ningún pudor, en que debe acatarse la sentencia de un tribunal extranjero. Pretenden convencernos, además, de que lo único que puede hacer la República Argentina es negociar, de la forma más “digna” posible, para cumplir con los demandantes, a los cuales se califica de “Buitres”, preservando el interés de los tenedores de deuda que entraron a los canjes, de todo el sistema financiero internacional y evitar así un “nuevo default”. Agitan el fantasma del “default” para hacer creer a la población de que hay que seguir pagando con el hambre y la salud de nuestros pueblos y la naturaleza una deuda que no debemos, y para ocultar que el deterioro de las condiciones de vida del pueblo está ligado al pago de esa deuda.

Ante la crisis desatada por el fallo Griesa, que desnuda la precariedad de la estrategia oficial, la salida en la que acuerdan el gobierno y la amplia mayoría de la dirigencia de la oposición conservadora tal como lo expresaron de manera conjunta quienes viajaron a los Estados Unidos de América, ante interlocutores de ese país, no antepone los intereses del pueblo argentino, no respeta la Constitución Nacional ni los derechos humanos, ni mucho menos apunta a defender los bienes comunes y a recuperar la soberanía nacional.

Pospone los derechos e intereses del pueblo, al exigir más dolor y sudor a las mujeres y hombres de nuestra tierra para pagar, una vez más, la nueva deuda que se va a emitir para cancelar la vieja. Eso es lo que se viene haciendo en los arreglos con Repsol, con el Club de París y con las empresas que habían presentado demandas en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial. Eso es lo que se quiere hacer con los fondos “Buitres”, siempre que se “respeten los derechos” de los demás tenedores de bonos: pagar deuda con nueva deuda. Es la continuidad de las privatizaciones a precio vil, el desmantelamiento de las infraestructuras y servicios productivos y sociales; las legislaciones y excepciones que consagran privilegios, concesiones y contratos a las transnacionales y sus socios nativos, la entrega de los bienes comunes, el agua, la tierra, el mar, el aire, los territorios, la agricultura y alimentación sana y abundante, los bosques y glaciares, para la explotación y exportación sin controles de Commodities, expulsando nuestras poblaciones rurales y campesinas de sus territorios, amontonándonos en megaciudades insustentables como población descartable. Eso es lo que se ha venido haciendo con la Barrick Gold, con Monsanto, Syngenta, Dreyfuss, Cargill, Alumbrera, Chevrón, IRSA y una larga lista de empresas transnacionales extractivistas, la gran banca y sus socios “nacionales”. Todos ellos son Griesa; todos son buitres.

No preserva la soberanía nacional al reconocer la facultad de tribunales extranjeros para que conozcan o decidan en materia referida a la deuda pública del Estado Nacional, lo que constituye una violación de nuestra norma fundamental, la Constitución Nacional.

Y lo peor de todo es que mientras se habla de cumplir el fallo de un juez extranjero, nada se dice del fallo del Juez Ballesteros, es decir un fallo de la justicia de nuestro país, que ya en el año 2000, en la causa promovida por Alejandro Olmos, dio por probados no menos de 477 ilícitos cometidos por funcionarios públicos, en el proceso de endeudamiento que dio origen a los bonos que hoy se pagan religiosamente o cuyo pago se busca acordar.

En sus propias palabras: "Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por la empresas del Estado".

La sentencia dejó en claro que el Congreso de la Nación podía hacer uso de la importante evidencia acreditada en la causa para determinar la "eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino".

Aparte de este precedente en la justicia de nuestro propio país –y de las numerables investigaciones judiciales aún en curso– existe doctrina jurídica internacional que establece la primacía de los derechos humanos por sobre cualquier contrato de deuda y que habilita la revisión y eventual anulación de la denominada “deuda odiosa”.

Así como la sociedad argentina, con sus organizaciones de derechos humanos a la cabeza, logró en 30 años de luchas heroicas y tenaces, crear las fisuras y empujar a los gobiernos para abrir el camino a la memoria del genocidio dictatorial, y al juicio y castigo de sus principales responsables, debemos asumir que “la otra pata” del zarpazo dictatorial, el endeudamiento y la entrega del patrimonio común de los argentinos, que fue la principal consecuencia y razón de ser del terror de estado, no fue hasta el momento abordado y confrontado por las instituciones como parte de un mismo problema, con un origen común y sistémico en la dictadura iniciada en 1976, y continuado por los gobiernos de los siguientes 30 años. Es por ello que la demanda social en ese sentido debe continuar.

Observamos cómo, en lugar de hacerse cargo de su responsabilidad constitucional, de considerar los fallos que sentaron precedente en la justicia local, y de aprovechar a favor del interés nacional los precedentes internacionales mencionados, la mayoría de los diputados y senadores no han tomado aún la decisión de revisar la legitimidad de la deuda en sus orígenes.

La Constitución de nuestra República atribuye al Congreso Nacional, el mandato indelegable de manejar la deuda. Consideramos parte de esa obligación revisar sus orígenes y aplicación, identificar las responsabilidades políticas y promover las acciones judiciales pertinentes. Sólo así el Estado Nacional estará en condiciones de defender los derechos y el patrimonio de nuestra población, abriendo además un capítulo inédito en la historia de la deuda pública argentina, consistente en determinar las respectivas nulidades y reclamar ante todos los estados, empresas y organismos financieros internacionales "acreedores", la reparación de lo que se ha pagado indebidamente. Esto no sólo involucraría a los responsables políticos nacionales, sino también a aquellos que tuvieron participación decisiva desde las contrapartes. Si así no lo hiciere el Parlamento, es el movimiento popular el que debe actuar en consecuencia.

Está probado que esa deuda viciada en su origen jamás se utilizó para mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino. Por el contrario, financió la represión sistemática por parte de la dictadura cívico-militar, la fuga de capitales, la apertura indiscriminada de la economía al exterior que destruyó nuestra industria y consagró un modelo de producción extractivista y financiarizado. En ningún momento los prestamistas tuvieron en cuenta la capacidad de pago del país. Cuando se puso en evidencia que era imposible pagar, cambiaron sus títulos por acciones de las empresas públicas, convertidas en sociedades anónimas. En eso consistieron las privatizaciones de la década de los 90: el patrimonio acumulado en años de todos los argentinos, a cambio de títulos de deuda que eran incobrables. Y lo peor de todo es que la deuda, lejos de disminuir, siguió aumentando.

Luego de la crisis del 2001/02, el gobierno nacional afirmó que “un muerto no puede pagar sus deudas” y encaró, en 2005, una reestructuración de la deuda, sin revisarla, haciéndonos creer que había obtenido una “importante quita”. Lo cierto es que la “importante quita” nunca fue tal, ya que se la devuelve a los acreedores mediante los cupones PBI, que están perfectamente calzados con la quita, a condición que nuestra economía “crezca”.

También nos dijeron que había una política de “desendeudamiento” que en realidad no es otra cosa que pagar la deuda reconocida a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 tomando nueva deuda, con la ANSES y con el Banco Central, a costa del ahorro de los trabajadores y de los salarios reales. Se paga deuda con el ahorro de los trabajadores cuando el gobierno toma recursos de la ANSES, en lugar de utilizarlos para cumplir miles de sentencias de reajustes de jubilaciones que permanecen impagas o cumplir con el 82% móvil. Se paga deuda con el salario real cuando el gobierno obliga a emitir dinero al Banco Central para cancelar sus vencimientos, lo que alimenta la escalada de precios y disminuye la capacidad de consumo popular. Ese menor consumo, transformado en divisas, va a parar a los bolsillos de los acreedores, llámense “bonistas”, “buitres”, Club de París o lo que sea.

Y como los fondos del ANSeS y el Banco Central ya no alcanzan para pagar la deuda vieja, financiar inversiones imprescindibles, y contener el proceso inflacionario, lo que nos proponen es hacer lo necesario para que nuestro país vuelva a “los mercados financieros internacionales”. Es decir, más deuda externa. Y más deuda serán jubilaciones de indigencia, salarios de hambre y destrucción de todo intento de verdadero desarrollo industrial y agrícola.

Para eso, para volver a endeudarnos fuera de nuestro país, nos quieren convencer de que hay que arreglar las cuentas pendientes y nunca revisadas con el Club de París y con las empresas que presentaron demandas en el CIADI, y cumplir la sentencia con los Buitres.

Para eso, para volver a endeudarnos y seguir jactándose de ser “pagadores seriales”, quieren hacer un ajuste más fuerte aún sobre el consumo popular, sobre los salarios, limitar la protesta con represión y profundizar todas las tendencias del funcionamiento del sistema económico encaminadas a obtener el superávit externo necesario.

Para eso, para asegurar a los acreedores que Argentina puede generar las divisas suficientes para pagar más deuda, se entregan a empresas extranjeras como Chevron nuestros Bienes Comunes (tierra, agua, territorios), se sigue asegurando la depredación de nuestro litoral marítimo, se profundiza la sojización de nuestro campo a expensas de nuestra soberanía alimentaria, y se destruyen nuestras montañas con la megaminería a cielo abierto, entre otras actividades extractivistas exportadoras que no generan empleo de calidad ni promueven el bienestar de la población, sus derechos humanos o los de la naturaleza. Un paso más en esta dirección es la próxima discusión parlamentaria de una nueva ley de semillas que, para asegurar las inversiones de Monsanto, busca quitar a nuestros productores la posibilidad de usar sus propias semillas para la siembra futura, obligándolos a pagarlas como si las estuvieran comprando, y agregando nuevos beneficios a una empresa cuyo modelo productivo genera enfermedades graves como distintos tipos de cáncer y afecta la alimentación de toda la comunidad.

Si en los años 90 la deuda se pagaba con empresas públicas, en la década que viene la deuda se pagará con los bienes comunes de toda la población: la tierra, el agua, los glaciares, los minerales, el petróleo, el gas, los bosques nativos, nuestros ecosistemas, nuestra comida, y hasta las semillas de nuestras propias cosechas. Es el camino de la profundización de la dependencia.

Por eso estamos convencidos que la posibilidad de proteger los bienes comunes depende del cambio del modelo productivo, lo que a su vez implica cambiar la política de la deuda, que se configura, con toda esta evidencia, en uno de los principales mecanismos de dominación del capitalismo global y de disciplinamiento de nuestros pueblos.

Por todo lo expuesto, queremos invitar a todos los hombres y mujeres de nuestra patria a debatir públicamente estas cuestiones, porque ya nos están afectando en nuestra vida cotidiana, y si no se cambia el rumbo, ello afectará negativamente el futuro de nuestros hijos e hijas. Para eso es necesario que además nos involucremos activamente en su resolución, por lo que convocamos a organizar y movilizarnos a favor de:

• Suspensión inmediata del pago de la toda Deuda Pública hasta no determinar la legitimidad de los reclamos de los acreedores.

• Rechazar el fallo del juez Griesa y de cualquier otro tribunal extranjero, en relación con la deuda del Estado Nacional.

• Exigir a los Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Nación que, con carácter urgente, tomen la decisión de suspender cualquier pago hasta tanto se investigue de manera participativa e integral, sobre la base de las investigaciones judiciales ya realizadas y en curso, la legitimidad de la deuda externa pública y privada originada bajo la última dictadura militar y de los gobiernos constitucionales posteriores, incluyendo el “blindaje”, el “megacanje” y todas las reestructuraciones. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus referencias). La investigación debe ser hecha a través de una Comisión de Auditoría con amplia participación popular semejante, por ejemplo, a la que fuera designada por el gobierno del Ecuador.

• A partir de los resultados de las auditorías que concluya la Comisión de Auditoría, y con las evidencias demostradas en materia de ilegitimidad e ilegalidad, modificar el esquema de pagos anulando todos aquellos pagos originados por deuda ilegítima por usuraria, fraudulenta u odiosa, contraída o reconocida mediante actos ilícitos. Sanción de los responsables y reparación de los daños.

• Requerir la asistencia de la comunidad internacional en el reclamo de la República Argentina para que se sancione la co-responsabilidad de los prestamistas que suscribieron, con las autoridades de facto, los contratos originales, en particular ante la eventualidad de tener que reparar a los tenedores de buena fe de la deuda reestructurada, si los hubiera.

• Iniciar las acciones necesarias a fin de modificar todos los contratos de la deuda subsistentes, designando como agente de pago de la deuda del Estado Nacional al Banco Central de la República Argentina o al Banco Nación, pasando todos los bonos con legislación extranjera a legislación local y, consecuentemente, estableciendo como nuevo domicilio de pago la CRYL (Central de Registración y Liquidación de Endeudamiento Público del BCRA).

• Dar de baja la contratación del estudio de los abogados estadounidenses Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, por resultar inadmisible que defienda los intereses de la República Argentina el mismo estudio de abogados que asesora al Citybank, al Bank of America, al Deutsche Bank y a HSBC, entre otros. Los intereses del Estado Nacional deben ser defendidos por la Procuración del Tesoro de la Nación, y si fuera imprescindible contratar un estudio de algún foro local en el exterior, éste debe ser absolutamente independiente de los intereses de nuestros demandantes.

• Solicitar a la justicia nacional y al parlamento que declaren la inconstitucionalidad de cualquier acto administrativo o contrato que implique el reconocimiento de la jurisdicción de jueces extranjeros en materia de deuda pública. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus referencias)

• Someter las políticas de endeudamiento al respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, priorizando la transformación del modelo productivo sobre esa base, no los intereses de los prestamistas y cobradores seriales.

• Denunciar los llamados “tratados bilaterales de protección de inversiones” que son los que, en general, habilitan la intervención de jueces o de tribunales extranjeros, aparte de otras renuncias a la soberanía nacional, y establecer que la República Argentina deje de formar parte del CIADI. (Se adjunta listado de proyectos presentados, con sus referencias)

• Establecer una contribución fiscal de emergencia, pagadera en divisas, sobre quienes fugaron capitales en la última década (más de u$90.000 millones) y sobre quienes detentan activos en el exterior (más de u$200.000 millones). La recaudación de esta contribución especial se podrá aplicar, total o parcialmente, al pago de aquella parte de la deuda que resulte legítima, si la hubiera. En ningún caso la deuda que no ha resultado en beneficio del pueblo, debe pagarse a costa del sacrificio de su bienestar o de su consumo presente o futuro.

Avanzar con estas propuestas abre la posibilidad de establecer nuevas alianzas y paradigmas en las relaciones políticas, financieras y comerciales de nuestro país con el resto del mundo, sobre todo con los demás países de nuestra región latinoamericana y caribeña y con la enorme mayoría de pueblos y países del Sur global que, como nosotros, buscan superar los siglos de colonización, dependencia y dominación. Por cierto, puede también provocar reacciones basadas en que “aquel que no honra sus deudas debe ser castigado”. Sin embargo, las experiencias recientes de otros países, como Ecuador e Islandia, que han tomado medidas similares, nos muestran que es un camino posible.

Asimismo, queremos llamar la atención de la opinión pública sobre el hecho evidente, en nuestro presente y a lo largo de nuestra historia, respecto del “verdadero castigo” que es aquel que se impone a nuestro pueblo precisamente para pagar una deuda que jamás mejoró nuestras condiciones materiales de vida, ni fue consultada al pueblo ni en su contratación.

Por último, queremos romper el mito de que sin financiamiento externo nuestro país no puede superar sus problemas económicos y sociales. Basta recordar que, en general, las fases de crecimiento de nuestra economía se han financiado con recursos procedentes del ahorro interno. El ciclo más reciente en este sentido fue, precisamente, el que tuvo lugar desde 2003 a 2007, es decir, cuando Argentina había suspendido sus pagos externos (2003-2005) o, luego de la primera reestructuración (2005-2007), mientras todavía se encontraba en período de gracia.

La realidad es que, en las épocas de “normalidad” de las relaciones financieras con el resto del mundo, es mayor el ahorro local que se fuga del país que la inversión extranjera directa que llega, lo que demuestra que nuestro país está en condiciones de financiar un proceso de crecimiento y de redistribución del ingreso con recursos propios, a condición de que se tomen las decisiones necesarias.

Para finalizar, queremos reiterar nuestra convocatoria al debate y a la movilización. Estamos convencidos de que solo con la participación activa de los hombres y mujeres de la patria, la juventud, nuestros mayores, los pueblos originarios, todos y todas, en este debate y en las acciones que, como consecuencia del mismo, puedan surgir, será posible encontrar el camino".

Personalidades: Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Pablo Micheli, Secretario General de la CTA; Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Víctor De Gennaro, Diputado Nacional Unidad Popular; Claudio Lozano, Diputado Nacional Unidad Popular; Alcira Argumedo, Diputada Nacional Proyecto Sur; Gustavo Vera, Diputado CABA; Pablo Bergel, Diputado CABA; Alejandro Bodart, Diputado CABA del MST Nueva Izquierda; Julio Fuentes, Secretario General ATE; Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto CTA; Hugo Godoy, Secretario General Adjunto ATE; Juan CArlos Giuliani, Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA; Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta de CONADU Histórica; Marta Maffei, Diputada Nacional mc; Fabio Basteiro, Unidad Popular CABA; Víctor Mendibíl, Encuentro Sindical Nuestra América; Liliana Parada, Diputada Nacional mc; Carlos Custer, Ex Embajador Argentino en El Vaticano; Ángel Furlan, Federación Luterana Mundial; Laura García Tuñon, Directora General Coordinación Comunitaria CABA; Jorge Cardelli, Corriente Nacional Emancipación Sur; Maristella Svampa, Socióloga/Novelista; Vilma Ripoll, Dirigente Nacional del MST Nueva Izquierda; Beverly Keene, Diálogo 2000; Alberto Pérez Porto; Alejandro González Connío; Alejandro Cabrera Britos, Delegado General ATE SENASA Martínez; Andrés Figueroa Cornejo, Periodista; Aurora Tumanischwili Penelón, de FeTERA Flores; Blanca Dieguez; Carina Maloberti, Consejo Directivo Nacional–ATE-CTA; Carlos Guanciarrosa, Agrupación Enrique Moscón, FeTERA; Carlos Loza, Junta Interna Asociación General de Puertos; Cristina Pfluger; Eduardo Espinosa, ATE Ministerio de Desarrollo Humano Provincia de Buenos Aires; Elvira Ochoa de Zuazola; Ester Yapur; Francisco J. Cantamutto, FLACSO México; Gonzalo Moyano; Guillermo López, de FeTERA Flores; Herman Schiller, Periodista y Conductor de “Leña al fuego” y “Aguantando de pie”; Javier Rodríguez Pardo, Periodista, Red Nacional de Acción Ecologista/RENACE; Javier Souza Casadinho, Coordinador Regional RAPAL; Juan José González, Docente Universitario Comahue y Asesor Económico Cooperativa Fasinpat Ltda (Ex Zanón); Jorge Sara; Manuel Hermida, Secretario Adjunto CTA Río Negro; Marcelo López, Militante de DDHH de La Matanza; Maria Eugenia Lanusse; María Rosa González, Comunicadora Social; Mariano Pasi; Mario Mazzitelli; Marta Speroni, Militante Internacionalista por los DDHH; Olga Morales, Fotógrafa documentalista, Miembro de Capoma (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez); Oscar Fernández; Patricio País Garay; Raúl Brunel; Roberto Rabello; Sebastián Berelejis; Susana Aguad, Abogada y Escritora; Susana Merino; Susana Rearte, Coordinadora en defensa del Patrimonio Público y de la Soberanía; Tomas Devoto.

Organizaciones: Central de Trabajadores de la Argentina, sus regionales y sus organizaciones adheridas; ATTAC-Argentina; Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata y Neuquén); Agrupación Político-Sindical Tolo Arce; Camino de los Libres; Casa De La Memoria (Rosario); Casita de los Ninxs Augusto Conte VillaXXI Barracas; Centro de Estudios Alejandro Olmos (CEAO); Colectivo por la Igualdad; Convocatoria por la Liberación Nacional y Social; Frente Sindical: Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata, Neuquén); Agrupación Político Sindical Tolo Arce; Centro Cultural Alejandro Olmos; Convocatoria Almirante Brown; Convocatoria Matanza; Convocatoria Capital Federal; Convocatoria Comunidad Campesina Tartagal–Salta; Biblioteca Popular Fernando Jara, Cipoletti, Río Negro; Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA); Corriente Nacional Emancipación Sur; Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina; Encuentro por la Unidad Latinoamericana; Equipo Legislativo Verdealsur-Bloque Verde Alameda, Legislatura CABA; Federación Judicial Argentina; Frente Vecinal Esquel (Chubut); Frente de lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina; Foro Patriótico y Popular; Foro Argentino De La Deuda Externa; Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada; Fundación La Alameda; Fundación Servicio Paz y Justicia SERPAJ; Juventud del Pueblo por la Liberación; La Olla TV; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Movimiento Emancipador; MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores)- Nueva Izquierda; MST Teresa Vive (Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive"); Centro Social y Cultural "El Plumerillo" en el Movimiento Emancipador; Movimiento Popular Patria Grande; Movimiento Peronista Auténtico; Movimiento Por un Pueblo Libre; Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS); Partido Comunista Revolucionario; Partido del Trabajo y el Pueblo; Partido Social de la Ciudad; Partido Socialista Auténtico; PRO ECO Grupo Ecologista; Programa de Incidencia sobre Deuda Externa y Justicia Ecológica de la Federación Luterana Mundial; Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires (en Corriente Nacional Emancipación Sur); Revista Habitantes; Fundación Servicio Paz y Justicia SERPAJ; UEJN–Judiciales; Unidad Popular Nacional.

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La agenda económica del futuro en discusión

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Las cartas están echadas en la disputa económica, es decir, por los ingresos y la riqueza, y cada cual atiende su juego en el presente y se posiciona a futuro en la perspectiva del recambio del turno presidencial a fines del 2015.

Se discute la política económica de hoy y de mañana, tanto como el orden económico, la producción y la distribución, los beneficiarios y los perjudicados.

Es una cuestión social y política, por lo que actúan movimientos y partidos mediados por la institucionalidad cultural y mediática. Se disputa el sentido común de la sociedad: la hegemonía.

Gobierno

El gobierno pretende sortear el momento con varios frentes abiertos en el orden externo y local.

Con los de afuera se privilegia la discusión con la justicia estadounidense y los fondos buitres, lo que le impide cerrar su objetivo de retornar al mercado mundial de crédito y atraer inversiones externas, especialmente dirigidas al sector energético, con déficit estructural e importante superior a los 10.000 millones de dólares anuales y que incide en los desequilibrios macroeconómicos y en la escalada de los precios locales.

En razón de ello se explica parte del debate hacia adentro y en la intención de contener la escalada de precios acude a correcciones a la ley de abastecimiento para verificar precios y la cadena de valor, recogiendo lógicamente la crítica del poder económico local, impune en el establecimiento de los precios que sufren los sectores de ingresos fijos.

Mientras se define la situación externa derivada de la deuda se sostiene una iniciativa política con una prédica crítica al orden imperialista en la disputa del consenso social, acompañando propuestas legislativas que adecuan la agenda a la nueva situación, por lo que se impulsa la ley de pago soberano y las modificaciones a la legislación sobre abastecimiento, inoperante hasta ahora pese a su sanción desde 1974.

Empresas y poder económico

Si el gobierno se juega desde ahora y hacia el fin de mandato en 2015 la herencia de una política económica sostenida en tres turnos presidenciales, el poder económico hace visible sus reivindicaciones con la crítica a toda regulación económica y presiona para una inserción plena en la lógica de la liberalización económica mundial, aun profundizando el carácter subordinado de la economía local.

Queda claro en la presión por nuevas y recurrentes depreciaciones de la moneda local y ganar no tanto en competitividad sino en formas de apropiación de una cuota mayor de la renta nacional generada desde el trabajo social en el país.

Por eso se escamotea la comercialización de la cosecha o se presiona al BCRA para liberar divisas a precio oficial para cancelar importaciones para el ensamble de productos fabriles en el país.

El sector financiero a su manera, vía bancos, bolsas, seguros o intermediación especulativa de activos disputa al alza la cotización de las divisas.

Así, el poder económico agrario, industrial o financiero condiciona con su accionar y demandas al gobierno actual y al futuro emergente de la renovación en el 2015.

El objetivo apunta a consolidar la institucionalidad liberalizadora lograda en tiempos de la dictadura y el menemismo, confirmando la irreversibilidad de un modelo productivo con privilegio en la soja, la mega minería y la industria de ensamble. Recordemos además, que todo ello fue posible con el endeudamiento público y la legislación de entidades financieras y de inversiones externas sobrevivientes de los años de la dictadura genocida.

Trabajadores

Los trabajadores también se expresan. El paro general del 27 y 28 de agosto pasado se hizo sentir más allá de la cuantificación que se realice.

Es un hecho político que pone en juego las demandas de amplios sectores afectados por la desaceleración económica y la recesión productiva, expresada en cesantías y suspensiones.

Las reivindicaciones levantadas en el paro fueron varias, con epicentro en el salario y los ingresos populares.

Se sostiene como cuestión de fondo que los ingresos populares no alcanzan para satisfacer las necesidades cotidianas del trabajador y su familia, estimada en el orden de los 10.000 pesos y un salario promedio que apenas ronda los 6.000 pesos mensuales, con un mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que se acercará en los próximos días a 4.860 pesos (35% de actualización) luego de reunido el “Consejo del Salario”, pero que solo expresa una referencia, puesto que son muchos los trabajadores que perciben ingresos inferiores a ese monto, especialmente en los Estados municipales.

Peor es la situación si consideramos a los trabajadores pasivos, con una mayoría en la mínima de 2.757 pesos mensuales y que en septiembre alcanzará los 3.231, monto que apenas cubrirá un tercio de la canasta de bienes y servicios para satisfacer la vida cotidiana.

En ese marco se inscribe la demanda de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que afecta a un millón de trabajadores.

Pero no se trata solamente de ingresos, sino que se discute la recesión y la respuesta patronal de suspensiones y despidos, por lo que la movilización llevó al Parlamento la demanda de una legislación que clausure la posibilidad de suspensiones y despidos.

Las ganancias acumuladas en estos años permitirían soportar los efectos de la recesión en curso, claro que eso supone pensar en un Estado capitalista con disposición a restringir la lógica de la ganancia.

El solo hecho de empujar la demanda de restricción a las ganancias supone pensar en propuestas anti capitalistas, resistidas por las patronales y sus burocracias legislativas, judiciales, en el poder ejecutivo y en los medios de comunicación a su servicio.

La suspensión de la deuda y la auditoría de la misma formaron parte de los reclamos de algunas de las organizaciones movilizadas por el paro, tal el caso de la CTA que lidera la convocatoria a una campaña popular en demanda por una salida alternativa a la cuestión de la deuda pública, que recurrentemente vuelve al debate de la economía y la política en el país.

El cuadro general: recesión, empleos y precios

La recesión y el incremento de los precios, entre ellos de las divisas, son un dato de la realidad y tiene impacto regresivo en la distribución del ingreso y en el empleo.

En el horizonte cercano no se ven correcciones importantes de política económica que reviertan estructuralmente la situación. En el marco del desarrollo capitalista no alcanza con inversiones públicas ni ampliación del gasto estatal, asuntos que empuja el gobierno en los últimos tiempos, aun con límites por la situación fiscal y financiera.

Por ello, el gobierno sigue en la búsqueda de conseguir capitales externos, vía inversiones o préstamos, algo que aparece difícil ante la conflictividad externa derivada de la sentencia Griesa.

Sin embargo, la presencia por estos días del titular de YPF por Malasia y China para acercar divisas en la explotación de hidrocarburos no convencionales y la visita urgente del Ministro de Economía a Brasil para activar la producción y venta de automotores a ese país (principal comprador) están encaminadas a intentar resolver el cuello de botella del sector externo. Brasil también está preocupado desde que acumula dos trimestres de caída del PIB, o sea, también entró en recesión.

De lo que se trata es de facilitar la ampliación de la producción vía estímulo a inversiones del capital externo, ya que existen límites a la inversión privada de capital local, más interesada incluso en la fuga de capitales que en organizar un ciclo de reproducción ampliada en el país, confirmando la lógica especulativa y dependiente del funcionamiento del capitalismo en la Argentina y el parasitismo de su burguesía local.

No solo existen trabas por falta de inversiones, sino que la disputa por los dólares, entre gobierno y empresarios adiciona complicaciones al ciclo productivo dependiente de las fábricas de ensamble o armaduría.

Para que funcione la industria local hacen falta cuantiosas importaciones de partes e insumos importados y por eso, mientras no llegan divisas para abultar reservas, las importaciones para la industria siguen frenadas y los principales fabricantes denuncian deudas con proveedores superiores a los 4.000 millones de dólares por importación de partes.

No está prevista en el corto o mediano plazo una reestructuración industrial que apunte a la producción local vía sustitución de importaciones. Es algo que quedó claro con la importación de materiales ferroviarios cuando existía en el país la capacidad histórica para su producción.

¿Qué pronóstico? ¿Qué hacer?

El pronóstico es de continuidad esencial del cuadro depresivo y con crecimiento de precios y afectación a sectores de menores ingresos, agravado con la destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo en el primer semestre del 2014 según informó el INDEC.

Todo indica que se acabó el proceso de recuperación de la economía con ampliación del empleo, especialmente desplegado entre 2002 y 2008, duramente afectado en 2009 y que pareció recuperarse entre 2010 y 2012, para congelarse y deteriorarse entre 2013 y 2014.

El problema radica en que el empleo creció de la mano del sector menos dinámico de la economía, con atraso tecnológico, orientado al mercado interno y no expuesto a la competencia internacional. El sector más dinámico, moderno y competitivo internacionalmente viene perdiendo empleo en el último tiempo, es el caso de las automotrices.

No se visualiza una mayor demanda de empleo en el corto plazo, por lo que el efecto sobre el empleo seguirá siendo importante y las condiciones de funcionamiento del orden capitalista no presentan soluciones para las expectativas de los trabajadores.

Esa es la importancia del programa anticapitalista a sustentar desde los trabajadores, siendo algo que supera las fidelidades políticas en la coyuntura y aparece como desafío para la clase obrera en la actualidad.

Desde el punto de vista económico la ecuación es salario contra ganancia y no parece que la burguesía, especialmente la más concentrada esté dispuesta a resignar beneficios cuantiosos acumulados en la década.

La única manera de resolver la ecuación proviene de medidas de política económica, entre las cuáles sobresale el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o su eliminación directa, lo que podría asociarse a una reforma impositiva para gravar al capital financiero y a las grandes fortunas, algo que no aparece en la agenda del gobierno.

También podría profundizarse una línea de acción contra las empresas en crisis, para la recuperación por el Estado y sus trabajadores en un marco de discusión y modificación del modelo productivo y de desarrollo.

En el mismo sentido apuntamos a la nacionalización del comercio exterior o de la banca, imprescindible para frenar la fuga de capitales y la subordinación a la lógica especulativa del capitalismo contemporáneo.

Insistamos en que la resolución de este conjunto de problemas requiere la lucha con el régimen del capital en su etapa imperialista y de transnacionalización creciente.

¿Qué presión pesará más?

La presión del poder económico para una devaluación es importante. Remito al accionar del sector agrario (especialmente grandes productores y exportadores, particularmente de soja) y también sectores fabriles asociados a la exportación (automotores, electrónica y electrodomésticos).

En el mismo sentido actúa la presión especulativa del sector financiero, lo que se expresa en las negociaciones del dólar ilegal con impacto en el conjunto de otras divisas.

Desde el gobierno se sostenía que no iba a devaluar y las presiones se abrieron paso en enero del 2014.

Ahora se sumó en sentido contra hegemónico la presión de los trabajadores con el paro nacional del 27 y 28 de agosto.

El interrogante es cuál de las presiones pesará más. La agenda en discusión en el gobierno es más cercana a la del poder que a la de los trabajadores, con lo cual puede pensarse que las mini devaluaciones que llevaron al dólar de 8 pesos a 8,42 desde enero a agosto, pueden profundizarse en cuenta gotas, o con una mega devaluación reproduciendo la lógica de inicio de este 2014. El impacto regresivo sobre los trabajadores y sus familias será gigantesco.

Resulta imprescindible acrecentar la iniciativa política de los trabajadores, no solo por evidenciar la agenda de demandas económicas, sino para intervenir en la disputa política de la Argentina.

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Alcira Argumedo: “El DNU CONICET, busca eliminar la autonomía de la ciencia”

La Diputada Nacional por Proyecto Sur, Alcira Argumedo, aclaró los motivos de su rechazo al Decreto 810 del 29 de mayo de 2014 que elimina la prohibición de subsidios para compra de equipamiento complejo y para la construcción del CONICET. Este Decreto de Necesidad y Urgencia se votó de manera afirmativa en la sesión de Diputados el pasado miércoles.
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Para Argumedo, el problema del DNU se puede visibilizar en dos niveles: por una parte, el tema de los becarios; por otra, elimina la prohibición de recibir subsidios para instrumental de complejidad y construcción de edificios.

“Esto significa que corporaciones o fundaciones que dependen de ellas, están habilitadas para construir y equipar laboratorios o similares, que obviamente les permitirán incidir con bastante fortaleza en la orientación de las investigaciones que allí se realicen”, expresó la Diputada.

Argumedo sostiene que está situación “conlleva una subordinación de las investigaciones científicas a las demandas de esos auspiciantes y la posibilidad de meter una cuña que divida a investigadores ricos de investigadores pobres, según se sometan o no a tales orientaciones. De este modo, supone entregarles atados de pies y manos a la investigación científica y al pensamiento autónomo”.

Agregó que “no es casual que dos diputadas del Frente para la Victoria vinculadas con la investigación científica, se hayan negado a votar afirmativamente con su bloque: su abstención es una manifestación crítica muy fuerte, porque obviamente no podían votar negativo con la oposición”.

En su intervención en recinto, Argumedo había expresado que los que validen este DNU “van a ser responsables de eliminar la autonomía de la ciencia y el pensamiento nacional, porque estos sectores –estoy hablando de la Fundación Ford, Monsanto, etcétera? tienen la capacidad de comprar conciencias e imponer una división entre investigadores: es la gestación de aquello que ha sido criticado por las mejores tradiciones populares del país, como el radicalismo yrigoyenista y el peronismo: lo que se ha dado en llamar “el coloniaje mental”.

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José Rigane: “Vamos a seguir reclamando por las cuestiones que nos afectan”

Daniel Temperoni - Aldo del Cul (RADIO BRISAS DE MAR DEL PLATA)

José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA Nacional, fue entrevistado por el Paro Nacional que la Central llevó adelante en unidad de acción con la CGT de Hugo Moyano y la CGT Azul y Blanca y un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas.

¿Qué evaluación hacen de la medida de fuerza?

Estamos contentos por el nivel de adhesión, inclusive por el nivel en cuanto a calidad. Porque la construcción de un paro requiere convencer, persuadir y sobre todo, es una construcción que lleva tiempo; y en esta oportunidad, en este sentido, se ha ido creciendo. Uno lo va confirmando porque cada vez el sujeto consciente es el que va primando a la hora de tomar la decisión.

En ese sentido, esta medida está en función del estado de situación actual y, sobre todo, es la reiteración de los paros que venimos realizando desde hace más 3 años y medio. Lamentablemente, no tenemos respuesta ni tampoco tenemos un ámbito donde podamos discutir los planteos que venimos proponiendo para hacer modificaciones y cambios a una realidad que es adversa para el conjunto de los trabajadores, los sectores populares y que se vivencia cada día más o se profundiza cada día más.

¿Qué es lo que se puede esperar a partir de ahora?

Precisamente, este paro se ha llevado a cabo a partir de la posición tomada por el Gobierno mediante una negativa permanente a los reclamos y a las necesidades planteadas.

Por otro lado, se desarrollaba la medida de fuerza y el gobierno desconocía absolutamente la dimensión del mismo. Hay funcionarios que se niegan a la posibilidad de tener en cuenta lo que se viene planteando. O sea que continúa una situación, que no es la mejor y que nos lleva a pensar que si no hay respuesta, no hay ámbito de diálogo, y si se va a seguir negando de manera tozuda la realidad, seguramente vamos a tener que mantener un lineamiento de trabajo para seguir realizando iniciativas que nos permitan continuar reclamando por las cuestiones que nos afectan.

El resultado, ¿pudo haber variado de la medida de fuerza global si la UTA hubiera adherido?

Sin lugar a dudas. Usted sabe que también hubiese variado si los que no adhirieron, lo hubieran hecho; si en lugar de cinco centrales, hubiera una sola.

Es cierto que si uno mira el panorama nacional, ha sido dispar. Pero también nadie puede negar que la respuesta positiva, producto de la convocatoria, tenía sentido, tenía fundamento. Tampoco creemos nosotros que se vaya a modificar la realidad de un día para el otro porque nosotros realicemos una medida de fuerza. A lo que aspiramos es a que el gobierno modifique su postura y sea capaz de sentarse con los que no piensan igual.

¿Se sintió más en Capital Federal y alrededores y a lo mejor en Rosario, más que en el interior del país?

Hubo disparidad, sí. En Santiago del Estero, con un gobierno que actúa fielmente con el proyecto nacional, el paro no tuvo el desarrollo y la incidencia que precisamente tuvo, por ejemplo, en Mendoza. También tiene que ver con el modelo productivo y el desarrollo de los sectores en esas provincias. Tenemos un modelo productivo que está muy reprimarizado, que está muy vinculado a todo lo que tenga que ver la soja, la mega minería y no con el desarrollo industrial. Eso tiene incidencia absolutamente directa en relación a la situación del paro. Las respuestas son más dispares y no tan generosas como sucede cuando hay desarrollo organizativo del conjunto de los trabajadores. Por eso no es casualidad que en este caso, el 70% de las empresas no tengan posibilidad de elegir delegados o existan situaciones en el Gran Buenos Aires donde parece que hay conjunción entre gobierno y empresas para poner límites al desarrollo de representaciones gremiales de base.

Finalmente, Rigane ¿Habrá plenario de la CTA en los próximos días para evaluar el paro y definir alguna medida de fuerza en septiembre?

Sí, seguramente hacemos una reunión de la Conducción nacional con todos los secretarios generales de todas las provincias y todos los gremios nacionales, con representación nacional y regional y estaremos haciendo una evaluación de esta iniciativa y también analizando lo hecho.

Como usted dice para evaluar cómo proseguir si se mantiene esta decisión que, primariamente, aparece como que no va a haber respuesta a los planteos que se vienen realizando. Nosotros estamos seriamente preocupados. Los primeros 6 meses de 2014, de acuerdo a los análisis de la CTA, que devienen de los datos oficiales, hay una pérdida de 404 mil puestos de trabajo, y un incremento de la desocupación importante, casi de un punto. La verdad que es un tema que preocupa porque siempre la desocupación actúa como una ley no escrita pero que impone condiciones a la hora de hablar de los derechos de los trabajadores, a la hora de hablar de salarios y de poder adquisitivo.

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Nuestro balance del paro nacional

Marcelo Ramal - Gabriel Solano (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Nuestro punto de partida para un análisis del paro es que su sola realización debe ser considerada un triunfo político para los trabajadores. Las duras luchas aisladas que se han librado en los últimos meses, muchas de las cuales no pudieron concluir triunfantes, necesitaban de una acción generalizada que las respalde. A partir de mañana los trabajadores que animan estos combates y el conjunto de la clase obrera están en mejores condiciones para conquistar sus reivindicaciones.

El éxito del paro se verifica en que su cumplimiento fue unánime entre los trabajadores de los sindicatos convocantes. Pero también en que debilitó a los sectores de la burocracia sindical afines al gobierno, al concitar la adhesión de sindicatos, comisiones internas y trabajadores que están en sus filas. Es el caso de los sindicatos de la Alimentación y de Bancarios, que pararon masivamente, y de comisiones internas y delegados que impusieron el paro a pesar del sabotaje del sindicato.

En los sindicatos que resolvieron no parar, el activismo impuso la huelga en fábricas estratégicas. El Sutna de San Fernando paró con mandato de las asambleas realizadas en FATE, donde el paro fue total. También lo fue en las grandes plantas gráficas dirigidas por el clasismo. Aún por decisiones ´preventivas´ de sus patronales, la huelga paralizó a automotrices como VW e incluso Lear. El estratégico Cordón de San Lorenzo, en Santa Fe, se sumó masivamente a la huelga. Entre la clase obrera petrolera del sur, el paro fue total. A pesar del carnereaje de último momento de la UTA, en líneas fundamentales los chóferes se sumaron al paro, bajo el impulso de sus direcciones combativas. Lo mismo ocurrió en el subte, donde el 80% de sus trabajadores pararon y se debió apelar a la acción de los supervisores para mover las formaciones.

Todas estas expresiones de lucha minan la base de sustentación de la burocracia sindical, y son otra expresión del progreso inocultable del sindicalismo combativo y clasista. Allí residió la fuerza dinámica del paro, y no en una burocracia que lo convocó como medida aislada y para ´descomprimir´, o sea, disipar una reacción obrera contra el ajuste. Si los cortes de ruta se hicieron valer y contribuyeron al paro, ello se debió a que fueron una expresión unitaria y muy representativa de los que luchaban por la huelga. Por eso, el coronel Berni no se animó a desalojar la Panamericana, donde confluyeron columnas de decenas de fábricas de la zona.

Después del paro

De los dislates que se escucharon entre los voceros del oficialismo, el más grueso de todos es el que atribuye a la convocatoria de Moyano y Barrionuevo una finalidad “política”. Es casi un elogio hacia una burocracia que, en verdad, carece de toda brújula. Los Macri, Massa y Scioli, aliados políticos de Moyano-Barrionuevo, no quieren ningún paro. Ninguno de los postulantes a la sucesión presidencial se pretende establecer una coalición entre la burguesía nacional y los sindicatos. En estas condiciones la burocracia opositora no tiene capacidad para ofrecer ninguna salida de fondo, y se sumida en el inmovilismo. También por eso tardó largos meses en convocar al paro, y buscará dilatar en todo lo posible la convocatoria a uno nuevo. Ello vale incluso para la CTA Micheli: aunque resolvió convocar a la movilización que sirvió de debut al paro, no fue un factor activo en las luchas que lo precedieron, ni tampoco en su propio desarrollo. El paro se abrió camino bajo la conmoción social abierta por el rodrigazo oficial, en primerísimo lugar, por el impacto de las suspensiones y despidos –una bandera que, sin embargo, la burocracia oficial ninguneó.

Ese enorme impasse político de la burocracia le da al clasismo y a la izquierda todo un campo de desarrollo, que habrá que transitar a partir de ahora. El agravamiento de la crisis económica hará que las luchas se tiendan a generalizar. La política de la burocracia sindical de ´soltar presión´ mediante paros aislados encontrará límites muy claros. La extensión de los despidos o suspensiones colocará con más fuerza que nunca la necesidad de respuestas de conjunto, que le den cabida a todas las fracciones de la clase obrera –ocupados, desocupados, precarizados. Otro tanto ocurrirá con el planteo de la reapertura de las paritarias, que se ha puesto a la orden del día para muchísimos sindicatos debido a que los acuerdos salariales firmados en el pasado han quedado por debajo de la inflación.

En este cuadro, la tarea del momento es debatir y pronunciarnos, en todos lados, por la continuidad del paro general, a través de un plan de lucha nacional por todas las reivindicaciones colocadas en la huelga: prohibición de suspensiones y despidos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; ocupación de toda fábrica que cierre o despida; reapertura de las paritarias y aumento de emergencia para trabajadores y jubilados.

El campo de acción que se ha abierto plantea un desarrollo de la izquierda como alternativa política de conjunto.

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Argentina: Ajuste, despidos y suspensiones, los motivos de la adhesión al paro

Gastón Ramírez (PUNTO DE DESEQUILIBRIO)

Una vez más las estadísticas son terreno de disputa entre funcionarios oficialistas y medios opositores. En su rueda de prensa matutina, Capitanich, salió a desmentir la información de El Cronista que en su tapa de ayer, tituló: “Paro de gremios anti K, suma tensión en un país que en 2014 ya perdió 404.000 empleos”. El mismo Cronista, tuvo que admitir su dudosa información, y publicó una nota firmada N. Itzcovich y C. Comari (directores del Indec), con el título, “Ni destrucción de empleo ni efecto desaliento”. Con esta última nota, Cronista parece retroceder según el orden que dictan los funcionarios, y hasta pone en duda lo que el mismo Indec afirmó una semana atrás y comentamos acá.

Parece que el fuerte de paro de ayer le molestó al gobierno (y mucho) pero también a los pasquines de los grandes empresarios. El deterioro del mercado de trabajo, con despidos y suspensiones, tal como refleja el Indec y el Ministerio de Trabajo de la Nación, es sentido ampliamente y fue un motivo por el cual miles de trabajadores decidieron parar, aunque las centrales sindicales no hablen de la pérdida de puestos de trabajo. En una comparación entre los datos de la Encuesta Permanente de Hogares-Indec en el cuarto trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2014, se observa en la PEA (Población Económica Activa que es igual a la suma de los ocupados más los desocupados, considerando a las personas mayores de 14 años) una suba de 14.000 personas, este resultado se conforma de una baja de los ocupados de 117.000 personas y un crecimiento de los desocupados de 131.000. Un simple cálculo entre las “bajas” (ocupados) y las “alzas” (desocupados) indica que la PEA crece porque hay más desocupados, esto en un contexto de menos ocupados y con una baja persistente de la economía.

Pero hay más datos. El Banco Central difundió que sólo entre diciembre de 2013 y marzo de este año se cerraron 311.746 cuentas sueldo. En marzo se registraban 7.717.422 cuentas, contra 8.029.168 del 31 de diciembre de 2013. Mientras tanto, la cantidad de empresas registradas que utilizan estos servicios, cayó de 160.083 a 154.493. Los dato del segundo trimestre de este año se conocerán en los próximos días.

El deterioro del empleo, es indiscutible, y en el paro la bronca de los trabajadores se hizo expresar. Nosotros, la izquierda contamos con fuentes de primera mano de esta preocupación y malestar, por estar en los conflictos defendiendo a los despedidos y suspendidos. También de la inacción de las conducciones sindicales burocráticas (de los gremios oficialistas pero también de la oposición), que dejan pasar los ajustes que necesitan los empresarios a cambio de garantizarse la preservación de sus intereses y negocios. Por esto, presentamos hace meses con nuestros diputados, Cristhian Castillo, en legislatura de Prov. Buenos Aires y Nicolás del Caño en el Congreso (Frente de Izquierda de los Trabajadores), proyectos de prohibición de los despidos y suspensiones. Que los funcionarios y empresarios quieran negar los despidos, es problema suyo.

La clase trabajadora empieza a marcar un rumbo de cómo defender el empleo, con el paro y los piquetes, y en caso de cierre, con la ocupación y puesta a producir bajo su gestión.

puntoddesequilibrio.blogspot.com.ar

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Argentina: Los detenidos de Concordia y la misión de cuidar el agua

Tirso Fiorotto (UNO)

Descubriendo Entre Ríos: Reflexiones en torno de la responsabilidad de los jueces. La acción de los manifestantes que trataron de frenar unos camiones generó interrogantes en el plano del Derecho, el ambiente, la energía, el consumismo, y los acuerdos del Mercosur.

Los problemas que puedan afectar al paisaje, y en el paisaje al ser humano, deben analizarse de modo integral, sin descuidar aspectos históricos, económicos (sociales), ambientales, culturales, en fin.

Si esos problemas ponen en riego nada menos que el agua, o por lo menos dejan dudas que llaman a la precaución, y a los derechos precautorios, los gobernantes están obligados a extremar las medidas para informarse, divulgar los datos que obtengan y estimar si están enmarcados en los acuerdos internacionales o los violentan.

El caso de los detenidos en Concordia por frenar camiones que van a explorar el subsuelo de modo peligroso en cercanías del río Uruguay se relaciona con el agua y con la energía, claro está. Pero ya hay suficientes estudios en el mundo sobre la necesidad de moderar el uso de energías, y cambiar las fuentes de provisión, para no cometer las locuras de destruir un territorio, con efectos dañinos quizá irreparables por siglos.

De modo que los manifestantes pusieron en cuestión la falta de información, el sistema de exploración y explotación no convencional, el incumplimiento de un Acuerdo reciente entre los países del Mercosur, y también repudiaron el sistema consumista que cada vez exige más y más energía, con una voracidad que ataca al ambiente.

Veamos esto: el 19 de noviembre de 2012 se sancionó en la Argentina la Ley 26.780, promulgada mediante el decreto 2218/2012.

La ley aprueba el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní celebrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (naciones que comparten una reserva de agua subterránea en un área superior al millón de km2) en el marco de la XXXIX reunión del Mercosur, realizada en la ciudad de San Juan (Argentina), el 2 de agosto de 2010.

Exactamente cuatro años después de la firma de ese Acuerdo, en este mes de agosto de 2014, la Gendarmería argentina detuvo a militantes entrerrianos que pedían en la ruta que los países cumplieran ese Acuerdo.

Un poco de historia

Diez años antes se había lanzado el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, PSAG.

Se trata de una herramienta de supuesto apoyo a los gobiernos para la gestión del acuífero (véase que ya tiene un sesgo productivista, se habilita la explotación), con acciones en los campos de la geología, hidrogeología, geofísica, geoquímica, isotopía, modelación matemática, sistemas de información geográfica, geotermia, sociología, difusión, educación, marcos legislativo e institucional, entre otros.

A través de esta nueva legislación, le Ley Nº 26.780 publicada el 23 de noviembre de 2012 en el Boletín Oficial de la Argentina los países se comprometieron a usar el recurso en forma racional, sustentable y equitativa, e intercambiar información técnica sobre estudios, actividades y obras que se encaren, en función del aprovechamiento de este recurso hídrico estratégico, y crearon una Comisión responsable de coordinar la cooperación entre las partes integrantes del Sistema Acuífero Guaraní.

Uno puede debatir el texto firmado, pero lo cierto es que se trata de un Acuerdo vigente, y de algún modo, dentro de su visión economicista, no deja de moderar los efectos de la explotación, con algunas exigencias.

¿Qué están pidiendo, entonces, los entrerrianos que se manifiestan ante anuncios de exploraciones para la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica en la zona?

Según nuestra interpretación, solicitan piden que el gobierno del Uruguay informe a los vecinos sobre sus planes de uso del subsuelo en cercanías del acuífero, que el gobierno de la Argentina pida informes sobre las tareas que comprometen el Sistema Acuífero Guaraní, que tanto el Uruguay como la Argentina informen a los pueblos sobre los planes de exploración y explotación del subsuelo por métodos no convencionales y que ambos gobiernos informen acerca de las implicancias de esos estudios y proyectos sobre el paisaje, el agua superficial y el agua profunda.

También piden que los gobiernos y los pueblos de los cuatro países involucrados (no sólo la Argentina y Uruguay) sean debidamente informados, y que ante la insistencia sobre algún tipo de explotación, se creen ámbitos adecuados para la difusión y el debate, y para la obtención de la debida licencia social.

Dicho sea de paso, ese derecho a la licencia social fue analizado en forma pormenorizada por el estudioso Américo Schvartzman en la obra Deliberación o dependencia”, publicada por editorial Prometeo. Su inquietud parte de los reclamos de Gualeguaychú contra UPM Botnia.

Monitoreo del acuífero

La Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Hídrico Federal (Cohife) de la Argentina ejecuta el Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas de la Argentina. En ese marco encara acciones de monitoreo del acuífero Guaraní en las provincias argentinas involucradas.

También existe el Sistema de Información común en los cuatro países del Sistema Acuífero Guaraní (Sisag), y se admiten actividades técnicas en el área del Proyecto Piloto Concordia (Argentina)-Salto (Uruguay). ¿No tienen derecho, las organizaciones sociales, a conocer los resultados de ese monitoreo y todo lo que implica el acuífero y la puesta en riesgo del sistema?

Conservar el agua

¿De qué trata el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní que fue firmado el 2 de agosto de 2010 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay?

Dice que los países están “animados por el espíritu de cooperación y de integración”, y que tienen “el propósito de ampliar el alcance de sus acciones concertadas para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos transfronterizos del Sistema Acuífero Guaraní”.

Tiene presente “los principios sobre protección de los recursos naturales y la responsabilidad soberana de los Estados en lo que se refiere a su aprovechamiento racional”.

Sostiene que los gobiernos son “conscientes de la responsabilidad de promover el desarrollo sustentable en beneficio de las generaciones presentes y futuras y nombra todas las cumbres sobre desarrollo sustentables habidas y por haber.

Dice que están “motivados por el deseo de ampliar los niveles de cooperación respecto a un mayor conocimiento científico sobre el Sistema Acuífero Guaraní y a la gestión responsable de sus recursos hídricos”, y valora los resultados del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní.

Uso racional

Puede leerse en el artículo 3 del Acuerdo: “Las partes ejercen en sus respectivos territorios el derecho soberano de promover la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, y utilizarán dichos recursos sobre la base de criterios de uso racional y sustentable, respetando la obligación de no causar perjuicio sensible a las demás Partes ni al medio ambiente”.

Y bien, las organizaciones sociales de Entre Ríos se preguntan cómo se compadecen estos compromisos con la idea de explotar hidrocarburos mediante la fractura hidráulica.

Veamos el Artículo 4: “Las partes promoverán la conservación y la protección ambiental del Sistema Acuífero Guaraní de manera de asegurar el uso múltiple, racional, sustentable y equitativo de sus recursos hídricos”. Artículo 5: “Cuando las Partes se propongan emprender estudios, actividades u obras relacionadas con las partes del Sistema Acuífero Guaraní que se encuentren localizadas en sus respectivos territorios y que puedan tener efectos más allá de sus respectivas fronteras deberán actuar de conformidad con los principios y normas de derecho internacional aplicables”.

La responsabilidad de los gobiernos es clara, y el Acuerdo está recién salido del horno, no hay manera de ignorarlo.

Artículo 6: “las Partes que realicen actividades u obras de aprovechamiento y explotación del recurso hídrico del Sistema Acuífero Guaraní en sus respectivos territorios, adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que se causen perjuicios sensibles a las otras Partes o al medio ambiente”. Artículo 7: “cuando se cause perjuicio sensible a otra u otras Partes o al medio ambiente, la parte cuyo uso lo cause deberá adoptar todas las medidas necesarias para eliminar o reducir el perjuicio”.

El pueblo quiere saber

Según el artículo 8 del Acuerdo, las partes “procederán al intercambio adecuado de información técnica sobre estudios, actividades y obras que contemplen el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní”.

Las organizaciones sociales de Entre Ríos se preguntan entonces qué información han intercambiado los gobiernos sobre los trabajos previstos en el subsuelo, y en el caso de que esa información esté, dónde puede consultarse porque son informaciones públicas que los pueblos tienen derecho a conocer.

Pero veamos más, observemos cómo el Acuerdo es reiterativo en cuanto a la transparencia y la información: Artículo 9: “cada parte (cada país) deberá informar a las otras partes de todas las actividades y obras a que se refiere el Artículo anterior que se proponga ejecutar o autorizar en su territorio que puedan tener efectos en el Sistema Acuífero Guaraní más allá de sus fronteras. La información irá acompañada de los datos técnicos disponibles, incluidos los resultados de una evaluación de los efectos ambientales, para que las Partes a las que se haga llegar la información puedan evaluar los posibles efectos de dichas actividades y obras”.

Como se ve, el Acuerdo es taxativo. Información con datos técnicos y estudios de impacto. Hay algo más. “La parte que considere que una actividad u obra, a que se refiere el Artículo 8, que se proponga autorizar o ejecutar otra Parte, puede, a su juicio, ocasionarle un perjuicio sensible, podrá solicitar a esa Parte que le transmita los datos técnicos disponibles, incluidos los resultados de una evaluación de los efectos ambientales”.

La Argentina tiene que pedir explicaciones a Uruguay. Así de sencillo. No hay modo de interpretar otra cosa.

Luego se lee: “cada parte facilitará los datos y la información adecuada que le sean requeridos por otra u otras partes con respecto a actividades y obras proyectadas en su respectivo territorio y que puedan tener efectos más allá de sus fronteras”.

Ahora la pregunta, ¿no están incumpliendo los gobiernos de las provincias argentinas del litoral, y de la Argentina, su obligación de pedir informes? ¿O es que ya saben que la fractura hidráulica no afectará el acuífero? En ese caso, ¿por qué existen, entonces, tantos informes sobre los efectos dañinos de la fractura hidráulica en las napas superficiales y profundas donde se practica, en el mundo?

No vamos a enumerar todos los artículo, pero este Acuerdo de los cuatro países deja bien esclarecidos los pasos para pedir información, estudiarla, difundir sus conclusiones, buscar soluciones equitativas, es decir: nadie actúa sobre el Acuífero Guaraní en forma inconsulta, se trata de un bien común protegido.

El Acuerdo dice que la parte que proporciona la información “no ejecutará ni permitirá la ejecución de actividades u obras proyectadas, siempre que la parte receptora le demuestre prima facie que estas actividades u obras proyectadas le causarán un perjuicio sensible en su espacio territorial o su medio ambiente. En este caso, la parte que pretende realizar las actividades u obras se abstendrá de iniciar o de seguirlas mientras duran las consultas y negociaciones que deberán concluirse dentro del plazo máximo de seis meses”.

Eso demuestra que los gobiernos tienen el derecho y el deber de informar y ser informados, y luego hacer públicos los resultados.

Zonas fronterizas

El artículo 14 dice: “las partes cooperarán en la identificación de áreas críticas, especialmente en zonas fronterizas que demanden medidas de tratamiento específico”.

La cosa es clara, los asambleístas que pidieron información en la ruta y fueron detenidos por la Gendarmería argentina tienen razón. Los gobiernos están incumpliendo con un acuerdo esencial. El Acuerdo marca incluso los procedimientos arbitrales, en caso de no haber coincidencias.

Las organizaciones deben ser informadas cabalmente de las actividades y los informes que tiene la Comisión integrada por los cuatro países para coordinar la cooperación sobre el acuífero Guaraní.

Hoy no sabemos con certeza si a cuatro años de la firma del Acuerdo, se ha constituido esa Comisión, quiénes la componen y cuáles son sus trabajos, porque lo que salta a la vista es una ausencia de coordinación y cooperación.

Pero este es sólo un aspecto del problema, el cumplimento o no de un Acuerdo rengo.

Con su acción en la ruta, los manifestantes llaman a algo más: a hablar de la energía, de la energía para qué, del paisaje, del agua, de los seres humanos en ese paisaje, de los límites de la humanidad que en algunos estamentos parece dispuesta a arrasar, sin pensar en los derechos de sus compañeros de ruta, y de los que vendrán. ¿Tendrán en cuenta los jueces y fiscales la tremenda responsabilidad que les toca ante estos vecinos que se esfuerzan de tantos modos para generar conciencia en nosotros? ¿Sabrán premiarlos?.

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