jueves, 4 de septiembre de 2014

Holdouts: Fallo Griesa y Proyecto de Ley al Congreso

Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

Como una de las derivaciones de la cuestión específica de los Holdouts - en el marco de la nueva Crisis de Deuda Pública que vive la Argentina - el gobierno Kirchner ha enviado al Congreso un Proyecto de Ley (PL) que cubre un triple objetivo: cambiar el lugar de pago a los bonistas del Megacanje 2005-2010, desafectar al Bank of New York Mellon (BoNY Mellon) como agente de pago y reabrir el canje levantando las leyes cerrojo.

Lo que sigue son algunas observaciones y comentarios al respecto.

Remoción del BoNY Mellon

El PL, en su artículo 3, autoriza al Ministerio de Economía (MECON) a remover al BoNY Mellon como agente de pago a los bonistas del canje y a reemplazarlo por Nación Fideicomisos; y permite además que los tenedores de bonos puedan elegir otro agente fiduciario para ello.

El proyecto, estrictamente hablando, no cambia al agente de pago sino sólo faculta al MECON a poder reemplazarlo.

La causal invocada para ello es la “incapacidad” del banco norteamericano para actuar como agente fiduciario, lo que a su vez se explica por la directiva del juez Griesa de bloquear el depósito de los pagos a los bonistas efectuado por el gobierno argentino a fines de Junio, ya que le prohíbe al banco ser parte de una maniobra destinada a burlar el cumplimiento de su sentencia.

La Corte de apelaciones de Nueva York tiene fijada una audiencia especial el 18.9 para atender el reclamo de desbloqueo de estos pagos planteado por terceros afectados por el fallo Griesa - caso Citibank y bonistas europeos, entre otros - por lo que se entiende que no habría decisiones concretas sobre el cambio del banco agente antes de contarse con una resolución de los jueces de dicho tribunal sobre el asunto.

Esto es, que el PL deja autorizada una acción que se concretaría o no según el resultado de la citada convocatoria.

El BoNY Mellon no fue designado por ley del Congreso como agente de pago y, consecuentemente, no se necesita una ley para removerlo, razón por la cual la autorización al MECON para cambiar de banco no resulta necesaria.

Cambio del domicilio de pago

Tampoco es necesaria una ley nacional para cambiar el lugar de pago de los títulos públicos emitidos con el Megacanje Kirchner-Lavagna.

El proyecto, al plantear el relevamiento del BoNY y el traspaso de sus funciones de agente de pago a Nación Fideicomisos SA habilita la realización de los pagos en Buenos Aires y no en Nueva York.

La sustitución del BoNY por el Nación está destinada a burlar los efectos de la sentencia Griesa a los efectos de poder pagarle a los bonistas del canje sin el descuento a prorrata para abonarles también a los holdouts; y configuraría un desacato ante el juez por parte de la Argentina.

El mismo problema se extendería a los bonistas que acepten la alternativa planteada por el gobierno K, tanto por cambiar de agente como de lugar de pago, porque los expondría - en forma automática - a convertirse en cómplices de ese desacato.

Por este motivo parece poco probable que muchos bonistas afluyan a este nuevo canje y, por otra parte, nunca se lograría una adhesión total, con lo que el problema de los bonistas impagos seguiría abierto.

Convalidación del Megacanje

El PL establece que la norma a ser aprobada es de Orden Público (artículo 12), con lo que se cambia así hoy, en forma retroactiva (!), el carácter del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.

El artículo 1 de la norma propuesta declara “de interés público” (que no es lo mismo que “de Orden Público”) la citada Reestructuración de Deuda Soberana, y la extiende a los contratos celebrados en virtud de los Decretos 1735/04 y 563/10, que dispusieron los canjes respectivos.

Pero luego, el citado artículo 12 aclara taxativamente que la ley será de Orden Público.

Esto significa que ahora, tardíamente, el gobierno Kirchner busca convalidar - a través de este proyecto - una aprobación expresa del Megacanje; y que lo intenta hacer con efecto retroactivo, en una clara maniobra para cumplir formalidades parlamentarias que habían sido omitidas en su momento e involucrar, a la vez, en tal convalidación a la oposición política parlamentaria.

Reapertura del canje

El artículo 8 del PL autoriza a reabrir la Reestructuración de Deuda de los bonos elegibles que no ingresaron en los canjes 2005 y 2010 aunque tal autorización, en principio, es innecesaria por ser redundante con la Ley 26.886 (del 11.9.2013), que ya lo permitía.

En cuanto a la variante de abrir una cuenta especial en Nación Fideicomisos para depositar allí, a partir de ahora, los pagos de servicios de la deuda a los bonistas que no ingresaron en el Megacanje, dicha medida es tardía para los holdouts y su aplicación no cambia la violación ya producida del pari passu imputada a la Argentina por haber bloqueado esta oportunidad con las leyes cerrojo 26.017 y sus complementarias 26.895 y 26.784, de Presupuesto 2014 y 2013 respectivamente.

Esta variante pudiera incluso abrir otros problemas de implementación en caso de reconocerse retroactividades, como pudiera ser el caso de asignarle, también a los tenedores que adhieran ahora al canje, cupones PBI; y además con esto no se soluciona el problema de los reclamos que tienen sentencia en firme.

El gobierno trata de soslayar así el reconocimiento del error de las leyes cerrojo 26.017 (de Febrero 2005) y 26.547 (de Diciembre 2009) - y las citadas leyes de Presupuesto - que le dieron a los Fondos Buitre (FB) la oportunidad de reclamar al juez por la violación de la cláusula pari passu por parte de la Argentina.

Los efectos de la sentencia Griesa

Los términos del PL enviado al Congreso no cambian las gravísimas consecuencias de la sentencia del juez Griesa:

a) La Argentina, después de haber perdido todas las instancias legales que reconoció bajo tribunales extranjeros tiene que abonar el importe de esta causa piloto que, con el ritmo acumulativo de los retrasos de pago pasa ya los 1.700 Millones de Dólares (MD), lo que implica - de por sí - una fuerte pérdida de reservas internacionales.

b) Dado el carácter de caso testigo de esta causa, el país va a tener que afrontar la avalancha de reclamos del resto de los holdouts - los bonistas que no ingresaron en el Megacanje - que se estima entre 20 y 30.000 MD.

c) La existencia de las cláusulas RUFO (Derecho a futuras ofertas) y MFC (Acreedor más favorecido) - que funcionan en tándem - expone a la Argentina a reclamos de los bonistas que entraron en el Megacanje por cifras incalculables, que se estiman entre 120.000 y hasta 500.000 MD.

En cuanto a la relativización de la cláusula RUFO por su fecha de vencimiento a fines de este año (2014) y por el carácter “voluntario” de las ofertas de canje, nuestro país queda muy seriamente expuesto a reclamos de los bonistas:

- Primero, porque no va a faltar uno o más bonistas díscolos que reclamen a la Argentina por este motivo.

- Segundo, porque las cláusulas RUFO y MFC son cláusulas de Buena Fe que el gobierno debiera entonces desconocer. Y

- Tercero, porque el mismo celo y argumentación expresa del gobierno Kirchner puestos al plantear ante el Juez y ante el Congreso su intención de diferir cualquier arreglo hasta el 2015 para burlar la cláusula RUFO, están sentando constancias en su contra al demostrar que se le reconoce entidad ya que, caso contrario, no habría motivo en invocarla como problema.

Por ende, el fallo Griesa es de “cumplimiento imposible” para nuestro país no sólo porque lo diga el gobierno sino porque el Estado Argentino no puede escapar a las complicaciones ciertas que derivan de los errores o desaciertos de la propia administración Kirchner debido a su firma de cláusulas contrarias a los intereses financieros nacionales.

Y estos hechos - para poder ser replanteados - tienen que ser blanqueados ante el juez, ante el Congreso y ante la opinión pública en general, para evitar males mayores todavía.

La Argentina como experiencia piloto

Hoy en día, pese al aparente discurso confrontativo y la puesta en escena de una tardía batalla verbal contra los FB, el gobierno Kirchner aparece perfectamente alineado con los intereses de la Banca y del Sistema Financiero Internacional (SFI) en la búsqueda de una “solución” al problema de su default en función de un mecanismo de tratamiento supra-nacional de los casos de reestructuración de Deuda Soberana como el de la Argentina.

En la práctica, es el camino hacia una versión remozada del proyecto presentado en el 2002 por la entonces vice-jefa del FMI, Anne Krueger, para imponer a los países deudores con crisis de Deuda - como el nuestro - un procedimiento estandarizado de canjes o reestructuraciones bajo regulación de normas globales y monitoreo externo, que estarían a cargo del propio FMI o de otro organismo financiero multilateral que se establezca al efecto.

Nuevamente la gravedad y la complejidad del caso argentino ha venido a dar lugar a que una experiencia piloto de este tipo sea ensayada, por prueba y error, con nuestro país.

Ciertos elementos comunes a la Argentina y al SFI pudieran constituir indicios en esta dirección:

a) La oposición conjunta contra el accionar de los FB, que con sus maniobras entorpecen las reestructuraciones de deuda soberana, como ocurre con el actual caso argentino a raíz del fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010.

b) El reconocimiento y la tolerancia con el concepto híbrido de default parcial o “selectivo”, que carece técnicamente de sentido pero que trataría de ser utilizado para evitar la aplicación de la cláusula de Incumplimiento Cruzado (Cross Default), para frenar la oleada de reclamos por Aceleración de los Pagos.

c) El despegue, en los mecanismos de calificación de riesgo-país, de las calificaciones a nivel Nación frente a las de Provincias y Empresas con capital público (con YPF a la cabeza), de modo que mientras el Estado Central no pueda volver al Mercado Internacional de Capitales sí lo puedan hacer los Estados Subnacionales, los Organismos Oficiales y las Empresas semi-estatales, tomando nuevas deudas en forma lateral y con garantía final del Tesoro.

Se trata, por el momento, de componentes separados de los que lógicamente se desconoce todavía el armado del nuevo sistema que se estaría desarrollando para la Argentina y el Mundo, pero que tienen un encuadramiento común: la prórroga de jurisdicción institucional a competencias de organismos supra-nacionales.

En conclusión

El PL enviado por el Ejecutivo al Congreso no es necesario a los fines de autorizar los cambios que se proponen a través del mismo.

Es presumible que el proyecto constituya parte de una maniobra para convalidar en forma retroactiva lo ya actuado unilateralmente por el gobierno Kirchner, desde el Megacanje 2005-2010 hasta la fecha, dejando también “pegada” a la partidocracia opositora como co-responsable de sus negociaciones oficiales y secretas en curso.

Lo que el Congreso debiera hacer, en cambio, es: a) rechazar por improcedente el proyecto, b) quitar al gobierno las facultades delegadas por el Presupuesto 2014 y asumir en forma directa sus obligaciones constitucionales para el arreglo de la Deuda Pública, Externa e Interna, c) instruir al Poder Ejecutivo para que blanquee el default o cesación de pagos de la Argentina, d) ordenar, consecuentemente, la suspensión de todos los pagos de servicios de la Deuda del Estado, e) crear una Comisión Interdisciplinaria Técnica para realizar una Auditoría Integral del Endeudamiento Argentino, de la que surjan respectivos dictámenes sobre la legitimidad de las acreencias, las responsabilidades de todos los funcionarios superiores intervinientes y la verdadera capacidad de repago del país, y f) cumplidos todos los pasos anteriores, proceder a una nueva y definitiva reestructuración total de la Deuda del Estado, que sea de carácter forzosa y no voluntaria.

Sería la única prueba de verdadera confrontación con los fondos buitre, con las sentencias judiciales de cumplimiento imposible y con los negociados que se siguen produciendo con los representantes del Partido de la Deuda en el camino a la nueva ola de endeudamiento público que está en desarrollo.

Ver también:
- Fallo Griesa y Estrategia K
- Fallo Griesa y nuevo default argentino
- Holdouts: la Argentina no tiene nada que negociar
- La Argentina tiene que ir al Default
- Holdouts: Default o más Deuda
- Fallo de la Corte y alternativa de un nuevo Default

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Francisco y el clericalismo político en Argentina

Carlos Lombardi (COMERCIO Y JUSTICIA)

“En el clericalismo, religión y política se entrecruzan y la Iglesia se vale del Estado, o del poder político, para reafirmar un sistema de poder eclesiástico, o el Estado, o el poder político, se vale de la Iglesia para afianzar el sistema de gobierno o las situaciones político-sociales”(1).

La noción de clericalismo que citamos resalta la actuación tanto de los dirigentes religiosos (obispos, por ejemplo) como de la dirigencia política que puede o no ser católica. Cada institución puede utilizar la religión en beneficio propio.

La iglesia se vale del Estado y de los dirigentes políticos para entrometerse en materias temporales -sobre las cuales dice no tener competencia-, y de esa forma impone doctrinas, dogmas o políticas religiosas (elaboradas por un estado extranjero como es el Vaticano) a toda la sociedad. Se observa, por ejemplo, en el lobby que hacen en los parlamentos cuando existe el “riesgo” de que se sancionen leyes contrarias a la ideología clerical. El efecto inmediato del clericalismo es la primacía del interés del clero sobre el interés de la sociedad.

Por su parte, los políticos se valen de la Iglesia, y en particular de la religión, para no contrariar el “clima social” y perder votos o perturbar los niveles de aceptación, que se verían alterados si se opusieran a las políticas clericales. Asimismo, muchas veces la dirigencia política comete la torpeza de legitimar su poder democrático y republicano buscando alianzas con el clero, o permitiendo que éste se inmiscuya en asuntos laicos, sobre los que puede opinar pero nunca gestionar.

Dicho esto y luego de la designación de Bergoglio como jefe máximo de la iglesia Católica ¿puede hablarse de un resurgimiento del clericalismo en nuestro país? El pontífice se ha cuidado de no entrometerse en la realidad política. Sus intervenciones, efectuadas mediante comunicados o declaraciones de la Conferencia Episcopal Argentina, han sido escasas: sobre la violencia e inseguridad que sufre la sociedad, y aquella en la cual sugirió “ayudar” a la Presidenta para que termine su mandato, pueden señalarse como las más notorias.

No obstante, del lado de la clase dirigente existen algunos indicadores que permitirían, de modo no taxativo, responder afirmativamente aquella pregunta. Primero, el anclaje que han sufrido proyectos de ley que contienen el reconocimiento de derechos fundamentales para los ciudadanos (reforma del Código Civil y aborto), pero que son contrarios al pensamiento episcopal, que se arroga el carácter de “veedor social”, con pretensiones de seguir imponiendo un modelo de sociedad que ya aplicó en las sucesivas dictaduras militares que avaló -y fracasó- con las lamentables consecuencias por todos conocidas.

En segundo lugar, el comportamiento de la clase política de estrechar lazos con el estamento clerical es otro indicador de lo que sostenemos. En este plano se encuentra el desfile por el Vaticano de funcionarios argentinos de todos los niveles para sacarse “su” foto con el pontífice. Este comportamiento lleva una fuerte impronta chauvinista, cuya consecuencia directa es que los funcionarios anteponen su propia religión -en los actos de gobierno, sanción de leyes y dictado de sentencias – a las necesidades de la población.

Finalmente, un tercer indicador lo encontramos en las propuestas que los candidatos para las próximas elecciones presidenciales están haciendo conocer a la ciudadanía. En ellas no hay un proyecto de país que tenga la laicidad (como contrapartida del clericalismo) como objetivo.

Como bien sostienen los sociólogos de la religión, “en la visión del Estado que la clase política proyecta, la laicidad no es un ingrediente constitutivo. La baja receptividad del ideario del Estado laico es la contracara de la “naturalización” de la presencia pública de la iglesia Católica”(2). Esa presencia “natural” de los obispos en los asuntos públicos es otra nota que indica que el clericalismo está más presente de lo que imaginamos.

¿Cuál podría ser el antídoto para evitar las toxinas clericales?: entendemos que el modelo social laico, respetuoso de la libertad de conciencia y pensamiento, del pluralismo ético, la diversidad e inclusión social, en el cual cada ciudadano pueda vivir conforme sus convicciones sin que la férula clerical le diga, desde el Estado, qué hacer y qué pensar.

Ese proyecto de sociedad es el que, a pesar de los logros, no termina de consolidarse. Frente a él sigue estando el referido modelo social impulsado por los obispos, sobre todo, en materia de sexualidad, familia y educación, cuestiones temporales respecto a las cuales la iglesia Católica no tiene competencia.

La relación entre Estado e iglesia, poder político y poder religioso, es una de las cuestiones más estudiadas por la historia de las ideas políticas a lo largo del tiempo. El que nos toca vivir permite detectar ciertos elementos de clericalismo que nos llevan a no ser optimistas en cuanto a cómo se resolverá aquélla.

Por ello, los sectores sociales y políticos que impulsan el laicismo tienen la enorme tarea de construir esta opción institucional que permitirá a la ciudadanía contar con un escenario donde las libertades de decisión y elección puedan ejercerse sin otro límite que las leyes de la Nación, sin grilletes clericales.

Carlos Lombardi es Profesor de Derecho Constitucional. Universidad Nacional de Cuyo.

COMERCIO Y JUSTICIA: http://comercioyjusticia.info/

Notas:
1) BADA, Joan, Clericalismo y anticlericalismo, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2002, p. 10.
2) MALLIMACI, Fortunato, Atlas de las creencias religiosas en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2013, p. 179.

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La interna K replica la crisis política

Gabriel Solano (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Cuando los kirchneristas denuncian que la oposición pretende una política de arreglo con el capital financiero internacional ocultan que ese camino ha sido trazado por ellos mismos. Quienes lo duden deben rendirse a los hechos. Las andanzas de Kicillof para adecuar la política petrolera a las exigencias de monopolios como Chevron, o los arreglos con Repsol y el Club de París fueron pasos firmes en ese sentido. El desacuerdo con los fondos buitre no modifica la hoja de ruta.



Esta hoja de ruta es común a las principales candidaturas del oficialismo. En su último viaje a Estados Unidos, Scioli prometió un plan de infraestructura financiado por inversiones extranjeras del orden de los 200 mil millones de dólares. No se apartó un ápice del kirchnerismo, que elaboró un proyecto de ley petrolera para generalizar las concesiones establecidas en el pacto YPF-Chevron. Buena parte del aparato pejotista se va alineando detrás de su candidatura, como Alperovich, Pichetto, Gioja y hasta el burócrata Caló. Incluso el ‘zurdo’ Gabriel Mariotto se sumó al acto sciolista de la semana pasada en La Plata.

Taiana

El Movimiento Evita anunció la candidatura presidencial de Jorge Taiana, para perder en una interna que consagraría a Scioli. En suma, se alinea con el motonauta para pichulear algunos diputados. El ex canciller justifica su postura en que “para profundizar hay que consolidar” la política corriente de los K. En el acto de Ferro, los dirigentes del Partido Comunista compartieran escenario con el intendente de La Matanza y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, que apoya a Scioli.

En el acto, sin embargo, estuvo ausente La Cámpora, que se considera merecedora de premios más altos. Incluso si hicieran de comparsa de Randazzo, la opción no dejaría de ser recorrer la hoja de ruta de un rescate financiero internacional. Todo depende del éxito de las negociaciones financieras con China, que se encuentran en un impasse.

Los dirigentes de Patria Grande, una alianza del Frente Santillán y Campo Popular, confirmaron su rabioso kirchnerismo al ir al acto de Taiana. En una segunda vuelta apoyarán a Scioli, si éste llega a esa instancia.

¿Unidad del peronismo?

La candidatura de Scioli no tiene asegurado el ingreso en la segunda vuelta. Por eso, Scioli tiende puentes con De la Sota y el PJ de Córdoba. Varios gobernadores no descartan que pudiera haber un acuerdo con Massa, si éste se relegara a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La burocracia sindical, por su lado, distribuye apuestas. Moyano tiene a su hijo con Massa y a su vocero, Plaini, con Scioli, mientras él mismo coquetea con Macri. Pignanelli, del Smata, también mira a Macri. Estos devaneos explican el inmovilismo político de la burocracia. Se encuentra a la rastra de los realineamientos en el campo patronal.

Transición

Los intereses capitalistas procuran orientarse en este escenario. Han logrado que los candidatos principales acuerden un plan que apunta a solicitar un rescate internacional, que vendrá acompañado de otra megadevaluación, libertad cambiaria y entrega petrolera.

Las opciones electorales oficiales transitan un escenario de quiebra financiera y crisis industrial, que las someten más que nunca a los dictados del capital.

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Las prácticas policiales violentas son contradictorias con una política de ampliación de derechos

CELS

En las últimas semanas ocurrieron hechos graves de violencia institucional: el asesinato de cuatro personas en los barrios de Villa Lugano y Barracas durante operativos de la Policía Federal Argentina, el uso de la fuerza para desalojar el barrio Papa Francisco en un operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, intervenciones de las fuerzas federales para reprimir protestas sociales sin respetar protocolos de actuación. La violencia dentro de las cárceles y comisarías no llega a ser noticia pero persiste y se agrava. Funcionarios públicos y referentes políticos hicieron declaraciones que legitiman esas prácticas y las retroalimentan. La delegación de la seguridad en las policías no es una novedad: genera violencia e inseguridad desde hace más de treinta años. Al mismo tiempo, va en contra de cualquier política que persiga la inclusión social.

A nivel del gobierno nacional, la regresión en la respuesta del Estado frente a la protesta social, los episodios de extrema violencia y abuso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la debilidad de los sistemas de control son un retroceso después de una gestión que entre 2011 y 2012 sostuvo un mayor gobierno político de las fuerzas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires radicalizó su “guerra contra el delito” que no se funda en indicadores de reducción de la criminalidad y se sostiene en detenciones masivas que colapsaron el sistema penitenciario y en un incremento de la letalidad de su trabajo en las calles. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene una gestión violenta de los conflictos cuyas consecuencias, incluidos los muertos y los heridos, son convalidadas políticamente y no sancionadas por el Poder Judicial. El panorama no es mejor en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, la policía funciona igual que antes de que se conocieran las denuncias por delitos relacionados con el tráfico de drogas y en lo que va del año se denunciaron siete casos de jóvenes asesinados por sus agentes. El aumento de la cantidad de personas que mueren como consecuencia del accionar estatal en materia de seguridad es consecuencia del endurecimiento de las políticas.

La debilidad en el gobierno político de las fuerzas de seguridad y la incapacidad de terminar con prácticas violatorias de los derechos humanos expresan la falta de una reforma estructural del sistema de seguridad. La postergación de una agenda de seguridad democrática tiene consecuencias en la prevención y control del delito y un impacto negativo profundo en la capacidad de la política para promover la inclusión social. Las estructuras de seguridad son las responsables de las peores violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en nuestro país.

Esta es en sí misma, una deuda insoslayable para los proyectos políticos de restitución y ampliación de derechos.

En este escenario en el coinciden regresiones en el gobierno político y en el funcionamiento institucional con la aparición de ciertos discursos públicos se instaló un alineamiento conservador en la forma de pensar los problemas de seguridad y la gestión de los conflictos. Las políticas de seguridad se dirigen sobre todo al control de la calle y quedan limitadas a la acción policial mientras las fuerzas políticas abandonan (una vez más) el debate sobre cómo deber ser un sistema de seguridad democrático.

Los jóvenes que pueblan los barrios pobres, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de acciones que vienen procurando el crecimiento con inclusión social, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria que erosionan las políticas de carácter inclusivo que se pretende desarrollar en esos mismos barrios. Hay zonas del Estado en las que rigen prácticas que son verdaderos obstáculos para los esfuerzos que desde otros sectores del mismo Estado se despliegan en pos de condiciones dignas de vida.

Los problemas de criminalidad y circulación de la violencia requieren políticas de seguridad específicas basadas en información confiable, que no impliquen la estigmatización y discriminación de ningún sector social y que planteen un uso racional y proporcionado de la fuerza.

Intervenciones violentas de las fuerzas de seguridad

En los últimos meses, hubo regresiones graves en materia de gobierno de las fuerzas de seguridad a nivel federal y la profundización de tendencias alarmantes de abusos y violencia policial tanto en la provincia de Buenos Aires y en la capital del país como en otras provincias, Córdoba por ejemplo.

No sólo nos encontramos frente a un incremento de situaciones de violencia institucional sino que una corriente de funcionarios y referentes políticos avalan ese aumento del uso de la violencia por parte del Estado.

Durante la amenaza a la gobernabilidad que protagonizaron las policías provinciales en diciembre de 2013, la postergada reforma policial reapareció en el debate público. Pocas semanas después, el tema volvió a clausurarse. Ahora, funcionarios y referentes políticos de distintas procedencias opinan sobre la cuestión del delito sin abordar el indispensable debate sobre cómo funcionan las fuerzas de seguridad y sus deficiencias estructurales. La falta de abordaje político de este problema de fondo, tiene permanentes consecuencias negativas para la sociedad, la vida democrática y la vigencia de los derechos humanos.

Hay un incremento significativo de las personas muertas como consecuencia del accionar de la Policía Federal. Con pocos días de diferencia, se produjeron dos hechos de extrema gravedad en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvieron como resultado la muerte de cuatro personas a manos de efectivos de la Policía Federal que circulaban de civil y en móviles no identificados en los barrios de Villa Lugano y Barracas.

Estos casos forman parte de una tendencia de aumento del número de personas muertas por las fuerzas federales. En el primer cuatrimestre de 2012, al menos 15 civiles fallecieron por acción de estas fuerzas. En el primer cuatrimestre de 2014, al menos 36. Si esta tendencia se sostiene a lo largo del año, la cantidad de víctimas sería la más alta no sólo de toda la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación, sino del ciclo de gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. (1)

Respecto a lo ocurrido en Villa Lugano y en la villa 21, el Ministerio de Seguridad dio por ciertos los relatos policiales de los hechos, que difiere completamente de las versiones de los testigos y las víctimas. La explicación policial del asesinato de Jonathan Mareco y Brian Ayaviri fue ratificada públicamente por el Secretario de Seguridad, Sergio Berni. En el caso de la Villa 21, las autoridades políticas no se pronunciaron. Al mismo tiempo, los familiares y testigos relatan abusos que hablan de un resurgimiento de los modos violentos de gestión del territorio asociados históricamente a las brigadas de la PFA y a comisarías que cuentan con una larga trayectoria de abuso, hostigamiento y ejecución de jóvenes. Cuando a mediados de 2011 el Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó a la Gendarmería y la Prefectura en el sur de la ciudad, resolvió desplazar a la Policía Federal del patrullaje porque consideraba que la fuerza tenía prácticas violentas y altísimos niveles de corrupción y connivencia en el manejo de los mercados ilegales en la Villa 20, la 1-11-14 o la 21-24. La articulación entre seguridad e inclusión se debilita aceleradamente al ritmo del resurgimiento de prácticas abusivas y de la violencia de la PFA en la zona.

La gravedad de estos hechos y de las respuestas políticas que se les da se refuerza con el mensaje que derraman hacia la policía: el ejercicio de violencia descontrolada o las irregularidades no son cuestionadas sino legitimadas. Si los controles internos del uso de la fuerza son reemplazados por el apoyo acrítico a las versiones policiales, el mensaje a las fuerzas de seguridad es claro: en lugar de limitar el uso de la violencia a los casos estrictamente necesarios, se lo incentiva como herramienta principal de actuación.

En la provincia de Córdoba estas prácticas también tienen efectos sobre las vidas de cientos de jóvenes de los sectores populares al mismo tiempo que el gobierno provincial, con discursos legitimadores, tapa los gravísimos problemas de una de las fuerzas policiales más violentas y corruptas. Los discursos del gobernador De la Sota en los que responsabiliza a los jóvenes por el delito son un mensaje para la policía con resultados que muestran cómo se reproduce la violencia en el día a día. En 2013, el asesinato de Jorge Reyna llamó la atención sobre las lógicas de hostigamiento y visibilizó denuncias sobre el reclutamiento de jóvenes para actividades delictivas por parte de la policía provincial. En lo que va de 2014, hubo al menos siete casos de ejecuciones de jóvenes por parte de la policía cordobesa. Estos casos son los más extremos de formas cotidianas de violencia, que incluyen la saturación policial de los barrios pobres, allanamientos violentos, causas armadas y sistemáticas detenciones amparadas en un código de faltas que habilita arbitrariedades policiales.

Mientras desde el gobierno provincial se responsabiliza a las jóvenes, la policía cordobesa muestra altísimos niveles de degradación y connivencia con redes delictivas. Se trata de la misma fuerza policial que en diciembre de 2013 desestabilizó al gobierno y liberó zonas para que se produjeran saqueos en diferentes barrios de la capital provincial, sin que, luego de esos episodios, se encararan procesos de reforma y democratización de la fuerza. El periodista Dante Leguizamón que investiga estas tramas de corrupción y violencia institucional fue amenazado por el jefe de la policía provincial. El comisario Julio César Suárez irrumpió en los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba y a los gritos exigió hablar con el periodista. Como no lo encontró, lo citó por teléfono. “Me voy a encargar de vos”, le advirtió. El gobernador de la provincia ratificó la reacción del jefe policial.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires utiliza como indicador de éxito de su plan de “emergencia en seguridad” la cantidad de “delincuentes abatidos” por su policía. (2)

Hoy la Bonaerense tiene una letalidad en los enfrentamientos que duplica la que tenía en 2005. El abuso de la fuerza letal como medida de éxito de gobierno se reproduce sin que se genere un debate público que dé cuenta de su gravedad. La intensificación de la violencia de la Bonaerense no ha llevado a discutir la necesidad de reformar su matriz abusiva y corrupta. Por el contrario, la policía realiza un 20% más de detenciones y según la propia información oficial sus intervenciones son cada vez más violentas. La muerte de una joven de 15 años a consecuencia de un operativo policial en la provincia de Buenos Aires muestra las consecuencias del uso de la fuerza en el espacio público y demanda una reflexión colectiva sobre el modo de intervención de las fuerzas policiales.

Una investigación del Centro de Análisis Estratégico del Delito del Municipio de General Pueyrredón demuestra que las detenciones por averiguación de identidad se hacen para engrosar las cifras y sobreactuar la actividad gubernamental en materia de seguridad: se detiene a personas que son rápidamente puestas en libertad porque nunca deberían haber sido detenidas. De esta manera, se publicita un incremento de detenciones y luego se afirma que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”. (3)

El endurecimiento de la respuesta penal por sobre cualquier otra y el mensaje dado a las fuerzas policiales tiene como consecuencia el crecimiento y en muchos casos el colapso de los sistemas carcelarios. En la provincia de Buenos Aires el récord de detenidos lleva a la sobrepoblación y al hacinamiento como una de las dimensiones de la violación de derechos de las personas privadas de su libertad, que se suma a las prácticas de tortura y otras formas de violencia institucional. En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33 166. Este incremento se centra en la persecución de delitos callejeros, no de los mercados ilegales ni los delitos complejos. El 60% de estas personas no tiene condena judicial.

Hace unos días se conoció una investigación judicial sobre la participación de la DDI de La Matanza en una banda criminal dedicada a extorsionar a personas que cometían delitos. Les sacaban plata para no someterlos a la justicia o bajo la amenaza de que les iban a fraguar una causa. Los hechos muestran los altos niveles de corrupción y organización para delinquir en los niveles jerárquicos. Este es el caso más reciente de una larga lista en la que se destaca el llamado “caso Candela”, el episodio más claro de la intervención de la policía en la regulación del delito. El gobierno provincial dijo que la Bonaerense se está autodepurando y que solo se trata de policías sueltos que tomaron el mal camino. Por el contrario, la información muestra que se trata de un problema estructural de la fuerza policial más grande del país que además está incorporando en forma express a 10 000 agentes sin ninguna formación profesional.

En la ciudad de Buenos Aires, el reciente desalojo del barrio Papa Francisco muestra la persistencia de los problemas que dieron lugar a la toma del Parque Indoamericano en 2010 y un grave retroceso en los modos de gestión política del conflicto social y la actuación policial en esas situaciones.

Durante los seis meses que duró la toma, la justicia de la ciudad de Buenos Aires y las fuerzas de seguridad no avanzaron con medidas concretas para identificar y detener a integrantes de bandas criminales que se habían infiltrado en la toma ni pudieron garantizar la seguridad de los ocupantes que estaban allí por el déficit estructural de viviendas que tiene la ciudad de Buenos Aires. En lugar de ello, las autoridades de la Ciudad y de la Nación criminalizaron la toma y el Poder Judicial reforzó el problema al procesar a varios referentes barriales y aplicarles la prohibición de ingresar a al predio, una medida que debilitó la organización comunitaria y favoreció la permanencia de bandas criminales. Luego del asesinato de una joven en un intento de robo y con una fuerte presión mediática y política la jueza Gabriela López Iñiguez ordenó la medida que dejó violentamente en la calle a 700 familias. Los gobiernos nacional y de la ciudad presentaron el desalojo del predio como la solución a un problema de seguridad y ni la justicia ni el Gobierno de la Ciudad tomaron los mínimos recaudos para contener la situación de las familias desalojadas.

Lejos de la descripción que se quiso dar en los medios del desalojo como un operativo ejemplar de la Gendarmería y la Policía Metropolitana, predominaron las situaciones de abuso, destrozos, golpes y engaños para que los ocupantes dejaran el asentamiento y sus pertenencias. Pocas horas después del desalojo, la Metropolitana reprimió a un grupo de vecinos y legisladores porteños que intervenían por la liberación de un joven que había sido detenido de manera arbitraria. Como sucedió en el desalojo de la Sala Alberdi y del Borda, la Metropolitana disparó balas de goma a corta distancia, en una situación que de ningún modo justificaba el uso de armas.

Las fuerzas policiales se enfocan en el control de los espacios públicos y al mismo tiempo funcionan con mayor autonomía del poder civil. De esta manera, las calles están siendo controladas por fuerzas cuya estructura no se reformó, con altos niveles de corrupción y coparticipación en redes delictivas, con arraigadas prácticas discriminatorias y violentas. La retórica que argumenta en pos de políticas de seguridad represivas y centradas en el uso de la fuerza estatal legitima y reproduce violaciones a los derechos humanos en distintos ámbitos.

Esta forma de intervención estatal no genera cambios estructurales en las fuerzas de seguridad para orientar de forma inteligente los esfuerzos para combatir el delito y la violencia, se sigue sosteniendo en una dependencia casi absoluta del trabajo policial con fuertes limitaciones para el mediano y largo plazo, reproduce desigualdades y tiene como resultado graves violaciones de derechos.

Los migrantes como culpables de todos los males: un discurso policial que se valida desde la política

Desde 2004, las políticas públicas respecto a los migrantes se sostienen en un enfoque de ampliación de derechos. Sin embargo, escuchamos a Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, a Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, cargar la responsabilidad por supuestos incrementos de episodios delictivos a los colectivos de otras nacionalidades. Esta actualización en boca de funcionarios de discursos que construyen a los migrantes como enemigos es preocupante en, por lo menos, dos aspectos.

Las afirmaciones que atribuyen a un sector social específico la responsabilidad por el supuesto incremento de los delitos tienden a tener efectos regresivos en las políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de esos sectores. Estos discursos alimentan consensos que sirven de base a la clausura de políticas de inclusión social, generalizan la sospecha sobre personas de una nacionalidad y se enlazan con la discriminación territorial y de clase.

En segundo lugar, la atribución de delitos a los migrantes tiene escasa base de sustentación. Sólo el 0,2% de los extranjeros que habitan en nuestro país están detenidos. Al mismo tiempo, los extranjeros representan el 6% de la población de las cárceles argentinas. (4)

De ellos, más de la mitad no tiene condena. Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación este porcentaje se mantiene estable a lo largo de los últimos años. Los funcionarios públicos desinforman con datos no fidedignos y que engordan discursos discriminatorios con graves consecuencias. Si se muestra un alto número de migrantes detenidos en un periodo corto de tiempo muy superior al porcentaje de extranjeros que ingresan al sistema penal, se trata de un indicador de la selectividad que tiene la policía a la hora de detener, antes que de las alegadas prácticas delincuenciales de “los migrantes”.

El pedido del Ministerio de Seguridad de la Nación a legisladores, jueces y demás autoridades federales de mecanismos más ágiles para la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos como medida para reducir la inseguridad es efectista y desconoce principios básicos de las políticas migratorias de la Argentina que desde 2004 permitieron la regularización de un millón de migrantes, sobre todo de países limítrofes. Esta misma legislación ya prevé normas en materia de expulsiones.

La estigmatización de determinados sectores sociales, ya sea de los migrantes o de los habitantes de villas y asentamientos, es una forma de colocar al enfoque policial en el centro de la agenda de seguridad por sobre otras estrategias de seguridad multiagenciales. Es indispensable que a nivel de los poderes ejecutivo y judicial se sostenga y fortalezca una perspectiva inclusiva que controle y limite el uso de la fuerza y la actuación represiva.

Represión de la protesta social

La conducción política y la actuación policial en manifestaciones y protestas también sufrieron serias regresiones a nivel de las fuerzas federales. Al menos desde principios de julio y violando normativas vigentes desde 2004 y ratificadas en 2011, la Policía Federal portó armas de fuego en operativos de seguridad en contextos de protesta social en más de una oportunidad.

La represión de la Policía Federal y la Gendarmería a trabajadores y organizaciones sociales que cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales muestra un desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social. Los operativos con los que se abordó el conflicto de los trabajadores de las empresas Lear y Tatsa/Emfer se realizaron sin respetar los protocolos de actuación del mismo Ministerio de Seguridad: en los operativos hubo personal civil que simulaba ser parte de la protesta, policías armados en la primera línea, se utilizaron balas de goma para dispersar manifestantes y un despliegue de actuación que pone en riesgo a los manifestantes, a los integrantes de las fuerzas y a personas no directamente involucradas.

Desde 2003, la política de no represión de la protesta se basó en dos pilares fundamentales: la conducción política de los operativos, que implicaba la negociación a cargo de interlocutores civiles en el terreno, y la aplicación de principios de actuación que regulen el accionar de las fuerzas de seguridad. Las intervenciones recientes privilegiaron la intervención directa y la represión por sobre una mediación política que pudiera gestionar los formatos de las protestas y habilitar la interlocución. Aspectos fundamentales de los operativos recientes fueron contrarios a lo establecido en los 21 puntos de los "Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas", elaborados por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2011, que sistematiza los mejores estándares alcanzados.

Al tiempo que se le pide al Poder Judicial que intervenga rápidamente para habilitar y legitimar los operativos y se da lugar a una suerte de activismo judicial restrictivo de derechos, el debilitamiento del control político conduce a que las fuerzas de seguridad se autonomicen y sostengan prácticas discriminatorias y violatorias de derechos. Las distintas fuerzas políticas tienen que retomar la agenda de seguridad democrática para brindar verdaderas respuestas al problema de la violencia y el delito, y garantizar la vigencia de los derechos humanos.

Notas:
1) Desde 1996 el CELS lleva adelante una base de datos sobre hechos de violencia en los que participan funcionarios de instituciones de seguridad y registra las víctimas de esos episodios. Para la construcción de esta base de datos se utilizan los periódicos de mayor circulación del país, y otras fuentes de información. Debido a que su origen son las publicaciones periodísticas, los datos primarios son ilustrativos pero no exhaustivos. Es posible que se genere subregistro de hechos violentos.
2) A cuatro meses de la “emergencia en seguridad” de la provincia de Buenos Aires. http://cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1818
3) http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/proteccion_ciudadana/informe%2056%20dias%20del%20cpc.pdf
4) PPN en base a SNEEP 2012.

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Los socios pasan y las policías permanecen

Aramis Lascano (OTRO VIENTO)

Scioli se cansó de la retórica dialoguista y creó la policía comunal por decreto de necesidad y urgencia. Urgencia que se inscribe en la declaración de emergencia en materia de seguridad realizada en abril pasado cuando la mirada mediática dominante parecía querer mostrar nada más que “oleadas” de linchamientos, homicidios o atentados contra la propiedad privada. Según afirma el ex motonauta“la gente quiere más policías para sentirse más segura”. En esta nota se ventilará que en la categoría “gente” ingresan solo algunos privilegiados y sus bolsillos.

“Los Gobiernos pasan, las sociedades mueren, la policía es eterna".
Obras completas. Tomo XI. Pág. 806
Honoré de Balzac

Haciendo un poco de retrospectiva, fueron cuatro los proyectos presentados en estos últimos años por distintas fuerzas políticas para la creación de policías municipales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Comenzaba junio, y la iniciativa del Ejecutivo provincial era la elegida para ser aprobada solo en generalen la Legislatura,con los votos del oficialismo –donde coexisten el kirchnerismo y el sciolismo– y los del Frente Renovador, fuerza política liderada por Sergio Massa ¿Por qué fue postergada la votación en particular de la ley? Básicamente por tres razones que preocupaban al massismo marcando la diferencia con la propuesta del oficialismo: las facultades del cuerpo policial municipal, el rol de los intendentes y el financiamiento.

El Frente Renovador quería que el personal policial municipal porte armas las 24 horas para evitar que se vuelva una fuerza “inactiva”. Al parecer, por oposición, un agente “activo” es aquel que está con el arma cargada durante todo el día aunque no preste funciones. El médico, abogado, teniente coronel y payaso Sergio Berni dijo que “el policía es policía las 24 horas del día y el armamento es parte de su trabajo” para suscribir la postura massista.

Algunas cifras son malas noticias para Massa, Berni y, principalmente, el pistolero Granados que sueña, desde su asunción, con tener a 100.000 agentes policiales a su disposición: el uso de armas fuera de servicio pone en peligro no solo la vida de terceros –aprietes, gatillo fácil, etc.,- si no de los mismos policías. Según estadísticas oficiales, en el 2012, seis de los nueve agentes federales muertos y 25 de los 37 heridos se encontraban fuera de servicio en diferentes zonas del Conurbano bonaerense y 49 de las 81 personas heridas y 20 de las 26 víctimas de homicidio fueron heridos o muertos por agentes que no estaban en servicio(1) .

Por otro lado, el massismotambién se resistía a que los intendentes tengan a su cargo el control administrativo y operativo de la policía municipal y del personal policial de la Bonaerenseque quede en su distrito haciendo “tareas de prevención”. Además, la fuerza de Massa no quería que los intendentes elijan al jefe de la policía local, oponiéndose a la presunta limitación del poder de la Policía Bonaerense en el control y gestión del territorio y todas sus economías ilegales (narcotráfico, trata de personas,desarmaderos, etc.,) que implicaba la aprobación definitiva de la iniciativa oficialista.

Por último, otra cuestión que incomodaba a la posición de Massa y sus secuaces era el financiamiento de la fuerza. Querían que los fondos asignados para las policías locales sean girados automáticamente a los municipios a medida que el Banco Provincia recaude, sin la intermediación de Rentas Generales, para evitarque se desfinancie a las policías de los distritos manejados por intendentes opositores. El proyecto del oficialismo permitía, al pasar por Tesorería General, que paguen a medida de su disposición y voluntad, según afirmaban desde el massismo.

Finalmente Scioli, cansado de los vaivenes del massismo por intentar quitarle protagonismo, firmó el último día del mes de junio el decreto 373 que sepultó las discusiones que se habían desarrollado en la Legislatura e instruyó a su peón, el ministro de seguridad Granados, crear una policía local para los municipios de más de 70 mil habitantes. El aroma a pacto Scioli-Massa comenzó a sentirse en el corazón del territorio bonaerense.

A ver, a ver, quién dirige la batuta...

Los oportunistas de la desesperanza se disputan hace ya varios meses el cargo de director de orquesta de la represión. El ex diputado menemista y ex secretario duhaldistaya se había incomodado por las modificaciones que habían realizado varias fuerzas del kirchnerismo, con el diputado Marcelo Saín a la cabeza representando a Nuevo Encuentro (espacio político liderado por Martín Sabbatella), a su proyecto original -elaborado por personas allegadas a Granados- en el trabajo en comisiones en la Cámara de Diputados.

Massa yaestaba consolidado como pez en el agua escupiendo punitivismo por los medios masivos de comunicación desde su victoria en la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad de 2013. Le había quitado el bastión de la demagogia punitiva que gobierna el modus operandi mediático de Scioli, que se mostraba inquieto y preocupado. Al parecer, la declaración de emergencia en materia de seguridad no había sido suficiente.

Pero el escenario presidencial se anticipó. La vedette de las campañas electorales irrumpió y volvió a ser la vidriera de la política.“Entre lo ideal y lo posible, lo posible”dijo el compañero de Karina Rabolini y en cinco artículos resumió los más de treinta que tenía el proyecto de ley frenado en la Legislatura.

Que a Scioli le importan las soluciones, y no el problema, es una verdad de perogrullo(2) y, una vez más, otra medida del gobierno bonaerense es parte del problema y no de la solución.El decreto 373 permite quemunicipios gobernados por Othacehé (Merlo), Pereyra (Florencio Varela), Cariglino (Malvinas Argentinas) o Bruera (La Plata), entre otros, tengan su propia fuerza de choque legalizada.

En La Plata, por ejemplo, Brueracuenta hace ya varias decenas de meses con las patrullas municipales (esos coches verdes que son bastantes más caros que los Ford Falcon y se dedicaron a apretar a la militancia disidente en la campaña electoral o a las travestis que ejercían la prostitución en la vía pública) que funcionan sin ningún marco regulatorio.

Este decreto demanda 600 millones de pesos para descentralizar a la Policía Bonaerense. La formación de las fuerzas municipales va a quedar a cargo de la Vucetich; podrán detener y usar armas las 24hs; se va a convocar a personal retirado de la policía y del servicio penitenciario, y se van a crear 8 alcaidías para alojar cerca de 1.000 nuevos detenidos.

Granados debe crear la Superintendencia de Seguridad Local, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley provincial de Policías, que nombrará al jefe de la “Unidad de Policía de Prevención Local”, en acuerdo con el jefe comunal del municipio respectivo.

La Bonaerense no es estéril y con esta medida, se desprende de parte de su herencia.La caja de la Bonaerense va a tener al intendente como un nuevo socio legalizado a la hora de realizar la repartija. Cuando se hace referencia a policía de “proximidad” se le pone un ropaje a esta fuerza municipal que va a continuar subordinándose al poder político y económico y va a persistir regulando el delito.

Como cualquier mortal, Daniel Scioli tiene un alimento preferido. No son las pastas, tampoco la pizza (aunque debe ser una de sus preferidas): es el temor diseminado, que sirve de caldo de cultivo para dirigir sus políticas contra la (in)seguridad y como punto de partida para que la policíacontinúe regulando el crimen y avance sobre los sectores populares.

Hay numerosos estudios que demostraron que no hay una relación mecánica entre el miedo y la inseguridad objetiva, es decir, entre lo que se percibe que está sucediendo y lo que sucede verdaderamente. Son problemas que cobran relativa autonomía.Como señalan Brenda Focás y Gabriel Kessler, en un reciente artículo(3) , el incremento de la sensación de inseguridad tiene consecuencias diversas: afecta la calidad de vida, inclina la balanza para las políticas más punitivas e incrementa la distancia social entre las clases, etc.,

La “inseguridad” es, una vez más, la estrategia política que opera como práctica de control social sobre los sectores más desfavorecidos.

Así como hay buitres que especulan, analizan y pelean por la carroña del mundo financiero, Scioli, Massa y sus subordinados son parte de esta raza en el mundo punitivo, que esperan agazapados para sembrar miedo, cosechar votos, y continuarcon el proceso de militarización del espacio público y consolidación de la dictadura de la Bonaerense sobre el territorio.

Notas:
1) Informe 2013 Derechos Humanos en Argentina, CELS, Siglo Veintiuno Editores, 2013, pp.136-137.
2) Hay varias teorías sobre el verdadero origen de esta palabra. La más convincente se remonta a un escritor del siglo XV y su personaje literario “Pero Grillo”, que afirmaba obviedades permanentemente.
3) Focás B. y Kessler G., “¿Responsables del temor? Medios y sentimiento de inseguridad en América Latina”, Nueva Sociedad, 2014.

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Fabio, cristal bajo las balas

Claudia Rafael (APE)

“Hasta el día de hoy, miro hacia la puerta de casa y espero verlo llegar”, dijo a APe Nelly Ríos, la mamá de Fabio “Negruza” Basualdo. En un par de semanas, el policía Nelson González se sentará ante un tribunal que lo condenará o lo absolverá por el crimen de un chico de 16 años. Nelly convive a diario con la ausencia desde hace cuatro años y medio. Desde las 8.10 de una mañana de febrero de 2010 en que un amigo de Fabio golpeó a la puerta: “Vamos, Nelly. A Negruza le pegaron un tiro”.

En ese exacto momento la historia abrió para ella las fauces del dolor y nunca más las cerró. Subió, junto a su marido, a un auto. Y transitaron juntos esas “cinco o seis cuadras” hasta el lugar exacto en que se lo asesinaron. “Se me hacía eterno llegar. Yo pensaba que lo habrían herido en una pierna, en un brazo. Cuando faltaba media cuadra apenas, vi mucha gente, vi policías, vi el vallado de la calle. Me bajé del auto. Y el juez Peñasco intentó impedirme pasar. Yo le dije ´nadie puede impedirme estar con mi hijo´. Y pasé. Nunca imaginé aquello. Estaba cubierto con una bolsa de harina. Se la quité. ´No se tapa ni a los perros así´, les dije. Lo alcé. Lo sacudí. Lo tomé en brazos. Lo llamaba. Lo tuve una hora alzado muerto en mis brazos. Y nada de nada existía alrededor”, relató a esta agencia.

El miércoles 17 de septiembre próximo, Nelson González deberá responder. Estará ahí. Sentado en ese banquillo en el que tantas veces se sienta a los brazos institucionales que ponen en marcha depuraciones sociales pergeñadas detrás de un escritorio.

Con la matriz autoritaria y cruel de esa misma policía mendocina que antes destruyó las vidas de Juan Carlos Erazo, Sebastián Bordón, Franco Díaz, Roberto Castañeda, Jonathan Chandía, Mauro Morán, Walter Yáñez, Hugo Gómez Romagnoli, Alfredo Cardullo, Paulo Cristian Guardatti, Armando Raúl Neme, Carlos Ros, Luis Aráoz, Domingo González, Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, en una lista infinita.

*****

“Yo no voy a negar a nadie que mi hijo estaba enfermo. Nunca negué su adicción a las drogas. Porque uno lo enseñó de un modo y después está la calle, que es otra escuela. Pedí ayuda tantas veces… nadie me ayudó. Y cuando lo mataron, fue demasiado tarde”, lamentó.

Fabio vivía en aquellos días en el barrio Quiroga, de San Rafael, a unos 300 kilómetros de la capital mendocina. “Lugares como el barrio Quiroga o Pueblo Diamante, zonas muy pobres de San Rafael, están repletas de jóvenes. Hay mucho movimiento. Y se producen muchísimas detenciones arbitrarias por averiguación de antecedentes. Los chicos de esos barrios no pueden pisar las calles del centro. Y es algo común, naturalizado. Por más que se bañen, se pongan las mejores zapatillas, la mejor ropa, que se quiten la gorra… los llevan a la comisaría y los tienen ahí, una, dos horas”, describió Jennifer Arias, de la asociación civil Colectivo de Trabajo (La Coope), en entrevista con APe.

La historia de Fabio Fernando Basualdo terminó aquella madrugada del 7 de febrero de 2010. Y su crónica vital es similar a la de tantos pibes y pibas de los márgenes. Desde La Coope relataron a Agencia de Noticias Pelota de Trapo que Fabio y su amigo, Diego Martínez, habían intentado entrar a un cumpleaños en una casa en la que no eran bienvenidos. Que alguien llamó a la policía. Que comenzó una persecución que tuvo un doble final: Diego fue detenido por el policía Lucero. Fabio terminó asesinado por el policía González con un tiro en la cabeza.

La investigación –denunció La Coope- había sido convenientemente preparada: “un revólver 22 cortito plantado por policías”, “policías investigando policías”, “códigos corporativos”, “cofradías”. Y luego reconstruyen un momento clave, tras el crimen: “el policía González fue llevado al lugar de su detención en un móvil por sus colegas; y allí fue custodiado por más colegas. El escenario del hecho fue alterado. El arma homicida fue secuestrada por otros colegas y peritada por otros, que tuvieron hasta la delicadeza de limpiarla antes de ponerla a disposición del juez”. Y comparan: igual que en “en el caso Bordón, donde una pericia policial se animó a decir que Sebastián ´se había caído´”.

Los recorridos judiciales llevaron a imputar a González por “homicidio culposo”, es decir, muerte sin intencionalidad y a Fernando Jesús Lucero Taboada por “encubrimiento agravado”. Después –cuentan los referentes de La Coope- la acusación a González fue por “´homicidio con exceso en el cumplimiento del deber´, es decir, matar, encontrándose autorizado a matar, aunque no de ese modo. Y se desvinculó de la causa a Lucero”.

*****

Nelly Ríos ansía la llegada del juicio pero a la vez sabe que hay una justicia que no contempla las vidas de los pobres. “No creo en la Justicia del hombre. El (por el policía que mató a su hijo) sigue trabajando impunemente como si nada. Tiene un hijo de la edad de mi hijo. Iban a la misma escuela. Pero él lo ve todos los días y yo sólo lo tengo en las fotos”.

Reconstruir junto a ella los últimos instantes es transportarse a imágenes congeladas de cuatro años y siete meses atrás. “Mi marido no estaba. Había ido a pescar. A Fabio le gustaban mucho los panchos y me había pedido eso para esa noche. Comimos panchos en la última cena. Yo le decía que no saliera. Y él me contestó que no pasaba nada. Que estaba todo bien. Yo no pegué un ojo esa noche, tenía un dolor en el pecho. Quién sabe por qué. Y hasta el día de hoy espero verlo entrar gritando ´llegué´”. Quizás por eso, Nelly resguardó prolija y amorosamente las pertenencias de su hijo. “Las guardo a todas”, contó a APe. Aunque al mismo tiempo aclara que “en el momento exacto en que se cerró la tapa del cajón, yo me fui con él. Ahora, con la cercanía del juicio, estuvimos con mis hijos, con la novia de Fabio, con mi mamá toda la tarde con él en el cementerio. Es importante estar tranquilos de cara al juicio. Porque la vida tuvo un vuelco muy duro. Yo hoy tomo pastillas para dormir, pastillas para la depresión, pastillas para el estómago. Cuesta seguir… tengo una hija que el 29 de noviembre, el mismo día en que Fabio cumpliría 21 años, va a cumplir 23; otra de 17, uno de 15 y uno chiquito de 5 años. Tengo también nietos de 2 años y de 4 meses. Pero hay una ausencia que no se llena con nada”.

Fabio Fernando Basualdo tenía escasos 16 años. Su vida estaba anclada en los márgenes más duros, esos en los que deambulan miles de chicos y chicas que llevan marcadas en sus frentes cómo y de qué manera vivirán y morirán. Que suelen concluir sus días atrapados en el prolífico túnel de la limpieza social. Que portan en su frente las huellas de la historia y del origen. Pero que cometen el terrible pecado de no resignarse a la supervivencia eterna en que se los pretende arrinconar. Entonces irrumpen. Hasta que, de una u otra manera, los atrapa ferozmente la maquinaria perversa de la muerte temprana.

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Entrevista al Dr. Raul Montenegro, Premio Novel Alternativo de Biología, sobre la industria extractiva

LA DEUDA ETERNA (FM Flores 90.7)

Conversamos con el Dr. Montenegro sobre conceptos de la industria extractiva y sus consecuencias sociales.



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Javier Rodríguez Pardo: "Mil litros por segundo"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Javier Rodríguez Pardo, autor de "Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después" nos da su testimonio con verdades colmadas de rebeldía y valor. Parte final.



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Argentina, Salta: Romero, Urtubey, y el Gobierno nacional, avalan desmontes de bosques nativos

Marco Díaz Muñoz (COPENOA)

Durante las gobernaciones del peronista Juan Carlos Romero en la provincia de Salta se desmontaron casi un millón de hectáreas de bosques nativos, para monocultivo y ganadería. Con Juan Manuel Urtubey, también peronista, se desmontaron 350.000 hectáreas luego de la implementación de la Ley de bosques. Mientras el gobierno nacional programa el desmonte en el norte del país de 6 millones de hectáreas hasta el 2020.

La expansión de la frontera agropecuaria que devasto bosques nativos en Salta, en los últimos años y los ingresos económicos millonarios de esta explotación, no han significado beneficios en la distribución de esas riquezas para la población, aborigen y criolla que vive en esas zonas. Todo lo contrario, estas fueron expulsadas de sus regiones ancestrales a vivir en extrema pobreza, marginados al asistencialismo estatal, hacinados en bolsones de miseria en las principales ciudades de la zona, como Tartagal y Gral. Mosconi en el Departamento San Martín, o Embarcación en el Departamento Orán. Siendo el impacto ambiental otra de las consecuencias negativas a mediano y largo plazo, en las zonas desmontadas.

Tasa de desmonte más alta del mundo

El Chaco Salteño, tiene una tasa de desmontes de 2,5% de bosques nativos, la más alta del mundo, contra una media mundial de 0,20%.

Tanto Romero como Urtubey, y el Gobierno nacional, apoyan el desmonte en bosques nativos. Desde Nación, no existe el monitoreo de la Ley de bosques y su aplicación. La justicia provincial no actúa en las denuncias que realizan organizaciones originarias y sociales, sobre tala y desmonte indiscriminado. Y el poder legislativo no respeta acuerdos de participación ciudadanas.

Argentina es un País dependiente, primarizado, que centra la producción de transgénicos, y cuyos commodities originados por la venta al extranjero de monocultivos, expande las hectáreas a cultivar, en un plan a mediano y largo plazo establecido desde el gobierno nacional y concretado en Salta por el gobierno de Urtubey, ampliando la frontera agropecuaria, y el desmonte, condenando al exilio interno a miles de compatriotas.

Ley quebrantada

Los decretos instituidos desde el gobierno de Salta, sin consulta previa a los afectados en el caso de comunidades originarias, violan la ley ya que habilitan los desmontes, modificando la categorización en las zonas de mayor diversidad, no habilitadas, vulnerando la ley nacional de bosques (Ley N° 26331), y haciendo que la ley provincial de ordenamiento territorial (Ley N°7543) sea quebrantada. Recategorizando por decreto hasta la fecha 125.000 hectáreas, de desmonte.

Las audiencias públicas no vinculantes establecidas para concretar desmontes, y la manipulación de informes de impacto ambiental presentados por los desmontadores, benefician y aceleran el proceso en el negocio a grupos exportadores, en desmedro de comunidades originarias y pequeños productores, las que participan de las audiencias creyendo en la no autorización por sus argumentos en contra del desmonte, lo que efectivamente no sucede. El uso de la tierra y la discusión de un plan de desarrollo sustentable que incluya a la mayoría, no están en la agenda política.

Participación vulnerada

En el 2009, el gobierno de Urtubey inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada, un mapa, que no fue respetado por la Legislatura salteña, que solicito al Poder Ejecutivo la elaboración de un nuevo mapa, que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.

Diversas Comunidades originarias marcharon a la ciudad de Salta, luego de la decisión de la legislatura con mayoría peronista, que avalo la modificación de un nuevo mapa de desmonte elaborado por funcionarios gubernamentales, en su mayoría profesores de la Universidad Nacional de Salta, que permite hoy, la tala en tierras donde viven pueblos originarios.

El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.

Decretos y recategorizaciones

La modificación del mapa del desmonte, fue el camino velado a la opinión pública de un plan a medida de latifundistas sojeros, poroteros, ganaderos y políticos dueños de campos, que desde los años 2010 y 2011 fueron beneficiados por decretos provinciales, mediante un mecanismo que permite realizar recategorizaciones prediales, con el solo pedido del titular de la finca que suponen cambios en el (OTBN) de Salta, donde Bosques antes protegidos, ahora quedan habilitados para el desmonte.

Justicia dependiente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un amparo presentado por comunidades originarias y campesinos criollos por los desmontes en Salta, ordenando el Alto Tribunal la suspensión de los desmontes en el 2008 y 2009, con una medida cautelar que inexplicablemente fue levantada con posterioridad. El amparo volvió a la Corte de Salta sin tener hasta el momento resolución para manifestarse respecto de los desmontes, que se intensifican en la zona.

Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación, señala que la ley de bosques casi no se aplicó en varias provincias, señalando en particular a Salta.

Desmonte para evitar despidos

El pedido inmediato de desmonte argumentado por la baja producción por sequía para evitar despedir trabajadores realizado por la empresa Desdelsur, radicada en el Municipio de Gral. Mosconi, establece otra metodología utilizada por empresarios para acelerar el desmonte.

En una nota enviada al Ministerio de Ambiente salteño Desdelsur solicita la “urgente” resolución del trámite dado que ante “la difícil situación en la que se encuentra nuestra producción agropecuaria…motivada por la dramática sequía que sufre la región”, que generó que en los cultivos los “rindes no superen el 25% del nivel promedio histórico”.

“En este contexto sufrimos una pérdida importante que afectará duramente el capital de trabajo obligándonos a tomar soluciones para mitigar el impacto financiero”, Dice la empresa Desdelsur.

Solicitando “se habilite rápidamente la instancia de audiencia pública” a fin de “avanzar con la entidad bancaria para el logro de la vía de financiamiento”, y “volcar recursos humanos a la actividad evitando la desvinculación de gran parte de nuestros trabajadores”.

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Las Lomitas. Procesamiento y prisión preventiva contra originarios wichi

Liliana Giambelluca (ANRED)

El juez Francisco Orella resolvió ayer la situación procesal de los cinco hermanos Tejada. Dictó el auto de procesamiento y determinó la prisión preventiva. Además trabó embargo sobre sus bienes y ordenó la inmediata detención de Evil Tejada, quien también será alojado en la Alcaldía de la localidad formoseña Las Lomitas.

El juez subrogante del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Francisco Orella, dictó este martes el auto de procesamiento con prisión preventiva de Avelino, Rogelio, Manuel, Esteban y Ricardo Tejada, detenidos el 28 de julio de este año.

En su resolución, Orella responsabilizó a los Tejada de ser “coautores materiales y responsables de la comisión de los ilícitos penales de robo doblemente agravado por el uso de armas y en poblado y en banda y coacción agravada (…) en concurso real”, según cédula de notificación fechada el 2 de septiembre de 2014.

El juez, además resolvió trabar embargo sobre los bienes de Avelino Tejada hasta cubrir la suma de 20 mil pesos, y la suma de 10 mil pesos sobre los bienes de Esteban, Manuel, Rogelio y Ricardo Tejada.

Por último, Orella ordenó la “inmediata detención del imputado Evil Tejada, demás datos se desconocen, con último domicilio en El Potrillo, provincia de Formosa (…) deberá ser inmediatamente puesto a disposición de esta Magistratura y alojado en la Alcaldía Mixta de Las Lomitas”.

Los hechos por los que se procesa a los cinco hermanos Tejada habrían ocurrido en la comunidad wichí Cacique El Colorado, del Departamento Ramón Lista, Provincia de Formosa, a fines de julio, siendo detenidos el 28 de ese mismo mes, luego de un violento allanamiento a sus viviendas, golpes y disparo de balas de goma, de la que resultó herido Ricardo Tejada.

La causa está caratulada “Robo a mano armada con uso de arma de fuego en poblado y en banda” y “Atentado y resistencia a la autoridad y entorpecimiento de un acto judicial”. El abogado Daniel Cabrera, defensor de los hermanos Tejada, entiende que la situación de los detenidos se tornó más difícil aún porque “les incorporaron seis causas más”.

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"Sin derechos laborales no hay libertad de expresión"

ANRED

En el marco de los despidos del diario Hoy y los precarizados laborales de Radio Provincia y diario Diagonales, se realizó una charla debate en la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde distintos trabajadores de prensa contaron sus experiencias de luchas y sus reclamos actuales.

Los panelistas fueron David Barresi, despedido del Diario Hoy; Lucia Arana, periodista precarizada de Radio Provincia y Diego Martínez, delegado sindical de la junta interna de Pagina/12.

Es necesario recordar que hace un mes el Diario Hoy despidió a diez trabajadores sin excusa alguna y que en la radio pública de la provincia de Buenos Aires hay periodistas y productores que no cobran desde hace más de ocho meses (1).

David Barresi remarco que más del 60% de los periodistas de la ciudad de La Plata están en condiciones irregulares y menciono un relevamiento que hizo el Colectivo de Trabajadores de Prensa, donde se dieron a conocer las pésimas condiciones laborales de los trabajadores de prensa: "en general los periodistas de la ciudad tienen que tener más de un laburo para tener un sueldo mínimamente digno. Se trabaja en negro, sin vacaciones correspondientes, sin los correspondientes francos, todos sin" .

A su vez David Barresi, en relación al Diario Hoy dijo que, "esto es consecuencia de la flexibilización que nos quedó de los años 90, en los medios de comunicación de la ciudad se ha dado un proceso que avanzo totalmente sobre nuestros derechos, generando situaciones que hace 20 años eran inimaginables y muchas son las que vivimos en el diario Hoy".

Por ultimo agrego que, "difícilmente podamos cambiar las condiciones de trabajo en el diario Hoy en el resto de los medios de la ciudad si no hay un movimiento de unidad importante que se haga carne de todos los problemas de la región. Es necesario que vaya creciendo el nivel de involucramiento de los compañeros y colegas de otros medios".

Por su parte, Lucia Arana, trabajadora de Radio Provincia y egresada de la Facultad de Periodismo de la UNLP, dijo que, "venimos de discutir una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que fue peleada, polémica, y discutida hasta la muerte en términos de aplicación, pero hoy por hoy con esa ley tan difícilmente aplicada estamos en las condiciones en las que estamos. Discutimos contenido, discutimos concentración de medios, desconcentración de poder pero el perfil del comunicador como trabajador no se discutió en ningún momento".

La propia Universidad Nacional de La Plata sigue las lógicas de procreación laboral, donde en su radio tiene becados que trabajan entre 6 y 8 horas por día y perciben un sueldo de solo 1500 pesos. Lucia destaco que esto "hace que el contexto sea realmente grave porque no se trata solamente de una empresa privada como puede ser el diario Hoy, con toda la carga ideológica que tiene, si no que el mismo Estado nos lleva a estas situaciones".

Por ultimo Diego Martinez, delegado de Pagina/12, comenzó su intervención explicando que es muy importante que en las universidades y en particular las universidades públicas, tomen contacto con los trabajadores de los medios, porque los estudiantes o ya recibidos cuando ingresan a los medios les lleva mucho tiempo asumirse como trabajadores, "porque este es un oficio muy particular, donde se fomenta mucho el individualismo".

Martinez fue el encargado de contar la situación en la Ciudad de Buenos Aires y más particularmente la situación en el diario Página/12. Destaco que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) había firmado un pre acuerdo donde los trabajadores de prensa percibirían un aumento del 21 % para el 2014, que resultaba irrisorio al lado del 28 % o 31 % que habían arreglado los otros gremios. "Como delegados de la empresa pagina12 empezamos a pedir iniciar una negociación, donde la empresa ponía la excusa de que como el acuerdo no estaba homologado no lo conocían. La respuesta nuestra fue iniciar medidas de fuerza, paros de una o dos horas, luego hasta el cierre y un acto frente a la redacción del diario". A partir de esas medidas de fuerza el Ministerio de Trabajo, a pedido de los dueños de Pagina/12 dicto la conciliación obligatoria y el vocero de la patronal, Carlos Prim, negó mejorar el acuerdo. Luego de siete semanas de conflictos la empresa decidió otorgar el 28 % exigido por los trabajadores.

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Giuliani: "El Salario Mínimo Vital y Móvil debería ser de 5.500 pesos"

SAENZ PEÑA INTERIOR - ACTA

En conferencia de prensa realizada ayer en Presidencia Roque Sáenz Peña, el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, Juan Carlos Giuliani, afirmó que el Gobierno debería tener en cuenta que 7 de cada 10 trabajadores ganan menos de 6.000 pesos por mes, y que más de 5 millones de trabajadores no perciben ni siquiera el Salario Mínimo Vital y Móvil.

"Pipón" Giuliani dijo durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en la sede la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCH-CTA), que el anuncio del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil que alcanzará los 4.700 pesos en enero de 2015 es absolutamente insuficiente.

"La Canasta Familiar está calculada en 11.000 pesos. Era tradición en nuestro país que el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzara el cincuenta por ciento de la Canasta, por lo tanto hoy por hoy debería ser de no menos de 5.500 pesos", sentenció Giuliani.

Añadió que 5.340.000 trabajadores, mayormente empleados municipales no son alcanzados ni tan siquiera por el Salario Mínimo lo que constituye un acto de enorme desigualdad social. ATE marchó el lunes cuando se reunió con Consejo del Salario en el Ministerio de Trabajo para reclamar que los municipales dejen de ser trabajadores de segunda y sean incorporados al régimen del Salario Mínimo, Vital y Móvil".

A su juicio, "es una vergüenza que mientras los funcionarios dan a conocer sus patrimonios obscenamente millonarios, sigan pidiendo a los jubilados que tengan paciencia para cobrar el 82 por ciento móvil y se siga haciendo gala de pagadores seriales de la deuda pública".

"Para la CTA, no se debe acatar el fallo del juez Griesa y no hay que pagar un solo dolar de la deuda que no haya sido debidamente auditada porque no para nosotros, Patria es no pagar la deuda ilegítima y seguir pagando a los acreedores sin investigar el origen de la deuda significa menos trabajo, menos salario, menos educación, salud y viviendas populares".

Giuliani indicó que "si el Gobierno persiste en no dar respuesta satisfactoria a las demandas de los trabajadores, seguramente habrá una gran marcha a Plaza de Mayo a fines de septiembre o principios de octubre".

Finalmente subrayó que es necesario "parir una propuesta política desde los trabajadores que se convierta en una alternativa de poder popular real para reeditar una nueva experiencia política en nuestro país, al margen de los partidos que suscriben el Pacto de Gobernabilidad que avala el ajuste que se aplica al conjunto del pueblo".

Giuliani se reunió ayer a la tarde con trabajadores de prensa y comunicación en el local de Federación SITECH para considerar la posibilidad de nuevas formas de asociación gremial y, posteriormente, en la escuela 31 participó de un Plenario de la CTA Regional Sánez Peña.

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Argentina, Entre Ríos: Sobreseyeron a trabajadores de Redengas

ACTA

El juez de Instrucción 7, Humberto Oscar Franchi, sobreseyó a los trabajadores de Redengas quienes habían sido acusados injustamente por la compañía de intentar “impedir” la normal prestación del servicio de distribución de gas natural en Paraná, en el marco de la huelga que llevan adelante los empleados nucleados en la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (Apj-gas).

Ante la denuncia penal que presentó Redengas el 2 de julio por la que se acusó injustamente a los trabajadores de impedir supuestamente la normal prestación del servicio, Franchi dictó el sobreseimiento de los empleados de la empresa, informaron. El fallo es el segundo en contra de la distribuidora, ya que anteriormente la justicia entrerriana descartó la presentación de la patronal que intentó declarar ilegal la huelga.

Al respecto, la secretaria de Prensa de la Apj-gas, Ximena Rattoni, dijo a esta Agencia que “con esta resolución se hizo justicia, porque la verdad es que no hubo manera de probar la alocada denuncia que habían maquinado”, y remarcó que el fallo “es una buena noticia en un conflicto que aún, increíblemente, no terminó, sino que se profundizó con la persecución a los trabajadores, con despidos, deterioro del servicio y con una actitud de la empresa de desconocer las instituciones del Estado de Derecho”.

En ese marco, la dirigente resaltó que “el recurso de amparo que se presentó para declarar ilegal la huelga en las dos instancias le salió en contra a la empresa y hoy la denuncia penal falsa contra los compañeros terminó con el sobreseimiento de los 27, por lo que resta que el Ministerio de Trabajo de la Nación haga lo que tiene que hacer, es decir, que el ministro (Carlos) Tomada ratifique la conciliación y aplique la multa que corresponde para que la empresa acate la conciliación, retrotraiga todas las medidas que tomó mientras se abre un espacio de diálogo para solucionar el conflicto que se inició hace dos meses cuando los trabajadores comenzaron a exigir un salario digno y mejores condiciones laborales".

En ese sentido, Rattoni destacó que “tanto la justicia en todas las instancias y los usuarios que están denunciando las cosas que le están pasando le dan la razón a los trabajadores”, por lo que reclamó una pronta respuesta del Estado “por tratarse de un servicio público esencial y peligroso”.

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Capital Federal: El Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA cumple 10 años

ACTA

Desde mediados del año 2003, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP) inicia las tareas de apertura de lo que sería el primer bachillerato popular, para jóvenes y adultos, en Argentina, que abrirá sus puertas a la comunidad de Almagro en el año 2004, en articulación con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), en IMPA.

Figura hasta entonces inédita en materia educativa, que legitima que sean las organizaciones sociales las que autogestionen sus propios espacios educativos.

Primero de más de 70 bachilleratos populares hoy existentes y de los 10 bachilleratos que sostiene como organización la CEIP, el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos IMPA transita en este 2014 su décimo año de funcionamiento, camino que se recorrió junto a otras organizaciones del campo popular, interpelando al Estado por el reconocimiento del papel protagónico que necesariamente tienen que tener las organizaciones sociales para la mejor educación de nuestro pueblo. Diez años de lucha, haciendo de ésta una praxis pedagógica y una instancia de saber; 10 años de trabajo, en el que como trabajadores de la educación nos encontramos dando la batalla por una escuela pública popular; 10 años de organización, porque sin organización y sin la autogestión de la mano de sus trabajadores, no hay práctica revolucionaria posible.

Adhesión del Frente de Bachilleratos Populares de la CTA
Desde el Frente de Bachilleratos Populares de la CTA, saludamos a los compañeros del Bachillerato Popular IMPA (CEIP) en su 10º aniversario. El Bachillerato IMPA, junto a los trabajadores de empresas recuperadas y organizaciones sociales es parte de la lucha de nuestro pueblo en la resistencia a las políticas de exclusión y de hambre del ajuste neoliberal, rechazando la precarización social y constituyéndose en una respuesta activa y organizada en el campo de la educación. Hoy más que nunca los bachilleratos populares debemos representar una forma de organización, formación y de lucha por una educación de mayor calidad social, como decía Freire, y contraria a todas las formas de precarización laboral y educativa, llámense planes Fines, de terminalidad o de reformas tecnocráticas “desde arriba”.

Los 10 años del Bachillerato Popular IMPA son también el festejo de todo un movimiento político pedagógico que hoy comprende a más de 100 Bachilleratos Populares en organizaciones sociales, territoriales y sindicales que bregan por una educación pública y popular, sosteniendo los principios de la autogestión y la educación popular latinoamericana. Por todo ello, felicitamos a los compañeros y nos unimos a la celebración como parte de la Central de Trabajadores de la Argentina.

Adhesión de los Bachilleratos Populares del MOI y CTA

Compañeras y compañeros:

Desde los Bachilleratos Populares del MOI y CTA queremos desearles un muy feliz cumpleaños al primer bachillerato popular de la Ciudad, el querido bachi IMPA. En estos 10 años de construcción colectiva y de lucha por una educación pública y popular, han practicado la generosidad y la solidaridad para compartir este maravilloso proyecto que se ha multiplicado y que seguirá haciéndolo, han sostenido bien en alto las banderas históricas de los bachis populares, han abrazado las experiencias autogestivas nacidas en el seno de nuestro pueblo, siempre luchando y defendiendo lo conquistado, y han contribuido a la formación de cientos de estudiantes y profes en su transitar por las aulas de esta escuela–fábrica. Felicitamos y abrazamos a todas y todos quienes han aportado a la construcción de esta experiencia educativa creativa y transformadora y les dejamos unas palabras de nuestro maestro Freire que representan muy bien el significado que tiene IMPA para todas y todos: “La cuestión del sueño posible tiene que ver precisamente con la educación liberadora, no con la educación domesticadora. La cuestión de los sueños posibles, repito, tiene que ver con la educación liberadora en cuanto práctica utópica. Pero no utópica en el sentido de algo irrealizable; no utópica en el sentido de quien habla sobre algo imposible, sobre sueños imposibles. Utópica en el sentido de que es una práctica que vive la unidad dialéctica, dinámica, entre la denuncia y el anuncio, entre la denuncia de una sociedad injusta y explotadora y el anuncio del sueño posible de una sociedad que por lo menos sea menos explotadora, desde el punto de vista de las grandes masas populares que constituyen las clases sociales dominadas".

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Líderes campesinos paraguayos marchan contra política social oficial

Javier Rodriguez Roque (PL)

Centenares de dirigentes campesinos paraguayos, provenientes de 15 departamentos del país, inician hoy sus movilizaciones y protestas en Asunción en rechazo a la política social del Gobierno.

Los labriegos comenzaron a llegar desde la víspera a instalarse en una céntrica plaza de Asunción y su primera actividad es una marcha que recorrerá lugares céntricos de la ciudad con paradas estratégicas frente a diversas entidades oficiales.

El recorrido, ondeando banderas y levantando letreros con sus reclamos, les permitirá la realización de demostraciones de ese orden frente a la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Reforma Agraria.

Luis Aguayo, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, informó a Prensa Latina que recibirán el apoyo de varios sindicatos nacionales como expresión de la unidad de los trabajadores y campesinos contra la privatizadora Ley de Alianza Público Privada.

Otras consignas que comparten trabajadores y campesinos son la materialización inmediata de una Reforma Agraria y el cese de la criminalización de la lucha social así como de los desalojos de los asentamientos legalmente establecidos.

Una vez terminada la marcha matutina, los líderes campesinos regresarán a la Plaza Italia para celebrar allí una asamblea general donde analizarán lo que representó para los hombres y mujeres del campo el primer año de gobierno del presidente Horacio Cartes.

Punto fundamental de la agenda es la aprobación de un Plan de Acción válido para todo el sector el cual, tras el visto bueno de los asistentes a la plenaria, será presentado al pueblo con un acto a efectuarse esta misma noche en el Panteón de los Héroes.

Aguayo aseguró que esta actividad de los dirigentes campesinos será punto de partida para acentuar la movilización nacional en defensa de los derechos no solo de los agrarios, sino de todo el pueblo paraguayo.

Paralelamente, la movilización campesina respaldará el actual paro de los médicos y la lucha del gremio docente quienes reclaman del Gobierno el presupuesto necesario para ofrecer a la población salud y educación gratuitas y de calidad.

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Estados Unidos: La policía de Ferguson será investigada tras el asesinato de un joven negro

PL

El Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciará hoy una amplia investigación a la Policía de Ferguson, Missouri, donde el 9 de agosto un agente mató a tiros a un joven negro desarmado.

La pesquisa tratará de dilucidar las prácticas empleadas por la institución en los recientes años, en particular tras la represión a las protestas generadas después de que el policía blanco Darren Wilson le propinara más de seis balazos a Michael Brown en plena calle de ese suburbio del condado de San Luis.

Un gran jurado local también está buscando esclarecer el trágico incidente, que provocó más de dos semanas de manifestaciones raciales y disturbios en las calles de Ferguson, lo que reabrió el debate nacional sobre el trato policial a las minorías en todo el país.

El fiscal general Eric Holder visitó días después del suceso a esa municipalidad donde se reunió con los investigadores y los padres de Brown, un muchacho de 18 años que comenzaría sus estudios universitarios.

Además, durante este proceso serán sometidas a inspecciones comisarías policiales de otras localidades del condado de San Luis.

Observadores opinan que esta nueva investigación va mucho más allá de las circunstancias en que ocurrió el hecho, pues se examinarán las acciones de un Departamento de Policía que es predominantemente blanco a pesar de que en Ferguson el 67 por ciento de la población es afroamericana.

Esta pesquisa será independiente de otra que está en curso por la división de derechos civiles del propio Departamento de Justicia, una medida rutinaria cuando hay denuncias de violaciones sistemáticas de uso de la fuerza, prejuicios raciales u otros problemas, los cuales se incrementaron en los pasados cinco años.

Hace poco estuvo bajo escrutinio el Departamento de Policía de Albuquerque en Nuevo México, objeto de un crítico informe en abril que lo culpó de un patrón de fuerza excesiva e instó a una revisión de su unidad de asuntos internos.

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Huelgas por mejores salarios en cadenas de comida rápida de Estados Unidos

PL

Miles de empleados de establecimientos de comida rápida en unas 150 ciudades de Estados Unidos están convocados hoy para una huelga, con el fin de demandar aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

Sindicatos y organizaciones que integran el Movimiento Fast Food Forward, responsables de la organización de la protesta, advirtieron que planean aumentar la presión mediante actos de desobediencia civil.

Los demandantes exigen a las grandes cadenas como McDonalds, Burger King, Wendy y KFC elevar sus salarios hasta un mínimo de 15 dólares por hora y otras mejoras.

El movimiento Lucha por $15, respaldado por centrales sindicales como la Unión Internacional de Empleados de Servicios, ha logrado atraer la atención nacional al haber organizado paros laborales en cientos de ciudades del país.

El personal de las cadenas de comida rápida en Estados Unidos cobra 7,25 dólares por hora y a diferencia de sus colegas de otros establecimientos gastronómicos, no reciben propinas.

Este sector también protagonizó intensas protestas por las mismas mejoras salariales en meses recientes, ocasiones en las cuales ha recibido el apoyo de activistas, organizaciones sociales y legisladores demócratas.

Sus líderes denuncian que mientras la industria de la comida rápida obtiene ganancias de hasta 200 mil millones de dólares al año y tiene perspectivas de crecer en un 12 por ciento en 2018, los trabajadores están al borde de la pobreza con sueldos bajos que no les alcanzan para vivir.

En marzo, grupos sindicales y cientos de trabajadores de la cadena McDonald's protestaron en una treintena de ciudades estadounidenses y acusaron a la empresa de robarles su salario de diferentes maneras.

La corporación se comprometió a investigar esas alegaciones y adoptar las medidas necesarias contra los responsables.

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Video: Interrumpen a un eurodiputado español al empezar a criticar a la UE y Estados Unidos

RT

Pablo Iglesias, eurodiputado español del partido Podemos, fue interrumpido cuando comenzaba a realizar una crítica de la política exterior de Estados Unidos en su intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores este martes.



"La Unión Europea apoyó un desplazamiento de poder ilegal en Ucrania y apoyó un Gobierno que tiene en su seno a miembros de un partido neonazi. Esto no juzga la opinión de quien lo dice, estos son hechos", afirmó en Parlamento Europeo el líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias.

Podemos, que según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS) sería ya la tercera fuerza política en España, es un partido igualitarista, republicano y antisistema que se sitúa en la izquierda política.

"No es nada extraordinario en la política exterior que se apoyen golpes de estado. Como ustedes saben, uno de nuestros principales aliados, los Estados Unidos llevan apoyando golpes de estados desde la teoría de dominó, pasando por la Doctrina Truman, la diplomacia de Kissinger o los casos recientes de Honduras o Egipto", recordó Iglesias cuando estaba siendo interrumpido.

"No lo puedo creer. El anterior orador ha intervenido un minuto y medio", expresó sin dar crédito el diputado español.

"Parece que también en el Parlamento Europeo hay quien se revuelve incómodo cuando nuestros diputados dicen las cosas claras. Pues para eso hemos llegado: para abrir las ventanas y que entre el aire, para moverlo todo de sitio, para acabar con la opacidad", se indica desde la página oficial de Podemos en Facebook.

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