lunes, 8 de septiembre de 2014

La agresión y ocupación Imperialista a través de la Guerra No Convencional

Yury Weky (especial para ARGENPRESS.info)

Hablar de este tema para una persona como yo ignorante, en la práctica, teórico y técnico, de todo lo referente a la guerra y sus modalidades ( y tantas cosas más)-pero comprometida con el sentir y el principio de la paz- resulta un reto no fácil de superar y por otra parte un momento para dejar ver ese sentimiento que me arrincona y paraliza cada vez que hay una injerencia armamentista por parte de un país poderoso contra un pueblo pequeño y desprovisto de armas, o de un ejército para competir con desigual contrincante y exponerse hasta la muerte por defender su soberanía como es el caso de Palestina e Israel o como lo fue Afganistán contra Estados Unidos por mencionar hechos recientes.

Cuando analizamos como han cambiado los métodos de hacer la guerra nos percatamos que ya no es la confrontación militar entre dos ejércitos formados para el combate, la defensa de la soberanía territorial ante el enemigo o el ataque de ejércitos invasores sino que hay una manera nueva que desplaza y sustituye la forma clásica de los conflictos bélicos: la guerra no convencional. Actualmente en América latina y el Caribe se vive un estado de injerencia por parte del imperialismo norteamericano que nos lleva a una reflexión de carácter político y de carácter humano. Repensamos la América del siglo XX sometida por regímenes dictatoriales. Aun suenan en la memoria colectiva los hechos que caracterizaron los gobiernos de: Somoza en Nicaragua, Fulgencio Batista en Cuba, Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Leonidas “chapita” Trujillo en República Dominicana, Juan Melgar Castro en Honduras, Hugo Banzer Suarez en Bolivia, Jorge Rafael Videla en Argentina, Gral. Alfredo Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, Fujimori en Perú, Rojas Pinilla en Colombia, Porfirio Díaz en México: Todos, absolutamente todos gobiernos lacayos que a su manera representaron también la injerencia y la guerra no convencional por parte del imperialismo norteamericano contra los pueblos y contribuyeron a la expoliación de las riquezas minerales, y energéticas y en la desigualdad y exclusión de la población con marcado tinte racial. Todos a su vez fueron financiados y promovidos por los Estados Unidos quien mientras desbastaba el continente latinoamericano formaba sus ejércitos en la Escuela de las Américas (SOA) y se masacraba a los pueblos que disentían y rechazaban la opresión.

La América ahora intenta crear un nuevo modelo socio-político, con una economía independiente, con soberanía y eso no es del agrado de Estados Unidos. Al intentar que las economías sean manejadas desde el Estado y por el pueblo sin participación de las transnacionales (capital y tecnología extranjera, con hegemonía de los grandes consorcios financieros, norteamericanos, e israelíes fundamentalmente) las naciones se convierten en enemigos del imperialismo y blanco para el ataque frontal, directo, avasallador a través de las invasiones como han ocurrido tantas veces en el pasado y recientemente con Libia por ejemplo, o la guerra no convencional, como sucede ahora con Americe Latina .

Sobre la guerra me he expresado varias veces (1) y la he sufrido al asumir que la destrucción y el avasallamiento no conduce a la felicidad en el planeta sino a un asalto por sorpresa al amor, la convivencia, la solidaridad; un despilfarro de vidas y de sangre. Intertextualizo:
(2)No puedo evitar este desasosiego que me produce la guerra, esta finitud que presiento del planeta. No puedo ahorrar las lágrimas, el desconsuelo ante la hipocresía; la resolución se adopta porque “la comunidad internacional no tolera las violaciones sistemáticas de derechos humanos “. ¿Dónde estaba esa comunidad internacional desde 1898 hasta nuestros días cuando la sangre ha recorrido por Filipinas, Japón, Corea. Guatemala República Dominicana, Vietnam Camboya, Islas Malvinas, Grenada, Nicaragua, Honduras, Haití, Puerto Rico, Méjico Irak, Afganistán. Yugoeslavia, Hawái, Uruguay, Grecia la misma Libia en 1981 y tantos otros países por la injerencia de Estados Unidos?

Intentaremos acceder al tema de una manera menos discursiva, subjetiva y más pedagógica con el propósito de aclararme y acercarme a ustedes en esta tarea.

Definición de guerra no convencional

Definiremos la guerra no convencional como: una injerencia en un país con intencionalidad política de dominación sin usar la tecnología bélica (armas, tanques, drones y bombardeos). Una penetración física política, económica, cultural de un país poderoso en otro en desigual condiciones con la finalidad de someterlo y expropiarlo de bienes hídricos, minerales y / o energéticos. Esta guerra no convencional es observable en países latinoamericanos en la actualidad con la finalidad de abortar los procesos de cambios socioeconómicos y políticos que empezaron a manifestarse con la aparición de Chávez en el escenario político de la región. La guerra no convencional es un preámbulo de ataques convencionales.(Weky, Yury, 2014)

Antecedentes

El término ha resurgido con fuerza y recorre el discurso mediático desde que en la alocución de clausura del XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba lo refiriera el General del Ejercito, el camarada comandante Raúl Castro Ruz. Esta Guerra no Convencional está planteada y visada desde hace mucho tiempo en documentos del d gobierno d de Estados Unidos como una doctrina política para ejercer su hegemonía de manera silenciosa sin disparos. Nada nuevo el termino ya que finalizada la II Guerra Mundial Estados Unidos lo registra, lo usa en su marco de ideología conceptual hegemonizadora desde entonces ha sufrido en la práctica algunas variantes hasta llegar a ser como la conocemos actualmente.

No se trata por consiguiente de algo nuevo, en su discurso el camarada Castro dijo:(3)

La Circular de Entrenamiento 18-01 del Ejército de los Estados Unidos, uno de los principales documentos doctrinales norteamericanos sobre este tipo de operaciones militares, recoge en su acápite preambular un pronunciamiento del ex presidente John F. Kennedy, en 1962, que no deja margen a equívocos:
“Hay otro tipo de guerra -nueva en intensidad, antigua en su origen-: la Guerra de Guerrillas, subversiva, de insurgentes, de asesinatos; una guerra de emboscadas, en vez de combates, de infiltración en vez de agresión, que busca la victoria mediante la degradación y el agotamiento del enemigo en vez de enfrentarlo. Se aprovecha de los disturbios”.

Durante el período de la llamada Guerra Fría, el mando militar de Estados Unidos desarrolló campañas de Guerra No Convencional para tratar de lograr sus objetivos estratégicos sin arriesgarse a una guerra generalizada con la Unión Soviética.

Experiencia en América de esta guerra no convencional tenemos la aplicada en Guatemala en 1954 para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y la llamada Operación Mangosta que tenía como fin implosionar la revolución cubana desde adentro, No podemos obviar lo ocurrido en Rusia donde Estados Unidos sabía que NO podía haber enfrentamientos con la URSS por consiguiente el trabajo se hizo infiltrando la revolución al punto de que lo lograron no solamente con el derrumbamiento del campo soviético sino que se adueñaron de gran parte de la tecnología espacial y científica que había logrado la revolución bolchevique .Podemos concluir que la guerra no convencional es efectiva para el logro de los objetivos propuestos por el imperialismo norteamericano y que ha sido validado a través de este ejemplo entre otros.

Características:

• Rebaja los estándares de la vida civil a través de prácticas perversas e inhumanas (escasez de productos de consumo diario y tecnológico).
• Resulta más económica para el agresor por cuanto no tiene gastos extremos que ocasionan los combates, invasiones y enfrentamiento entre ejércitos.
• Guerra mediática para desprestigiar y justificar las acciones injerencistas: Campaña internacional y nacional sobre la inseguridad.
• Utilización de un gran aparato financiero exógeno que subvenciona los actos callejeros, de terrorismo urbano o contra bienes de las naciones (empresas hidroeléctricas entre otras) y las empresas de información.
• Cuenta con apoyo secreto de grupos militares y civiles opositores a quienes se les dota e instruye en .cursos para la elaboración de bombas, uso de armamentos, ataques urbanos
• Provoca el miedo en la población civil a través de las campañas mediáticas
• Significativa participación civil tanto como agresora para crear el conflicto como víctima del mismo.
• Crea a través de los medios escritos y televisivos un clima de desconfianza y, desesperanza sobre las actuaciones del gobierno en la población del país objeto de la guerra no convencional.
• Crea un estado de conflictividad civil para el quiebre moral de los partidarios del modelo de Estado.
• Viola los derechos humanos de la población.
• Ejercicio de campaña subliminal promocionando la intervención del gobierno de Estados Unidos.
• Violenta los derechos y acuerdos internacionales.
• Utiliza la técnica del rumor en calles, colas, metro, salas de espera de clínicas, hospitales, abastos.
• Uso de las redes sociales con fines desestabilizadores.
• Disturbios callejeros o guarimbas
• Guerra económica.
• Una vez que los enfrentamientos civiles se complican viene la intervención de las negociaciones de paz mientras tanto intensifican la participación en la violencia con presencia de sicarios y perros de la guerra y luego el golpe de gracia des la invasión y la guerra convencional hasta destruir los pueblos, la población civil, su historia, su cultura, sus monumentos, su arquitectura-
• Penetración en los barrios de elementos:
a) religiosos
b) ayuda humanitaria
c) ayuda económica (grupos internacionales, ONG)
d) fomenta epidemias por virus o bacterias mutadas
e) aparece la delincuencia importada: sicarios, muertes selectivas, delincuencia organizada

Objetivos

• Reducir, disminuir o minimizar al enemigo elegido hasta vencerlo.
• Dominar otras naciones. Esto lo podemos ejemplificar con lo ocurrido en los Balcanes donde Estados Unidos luego del la guerra no convencional precipitó la guerra clásica porque QUERIA LA GUERRA, PARA CUMPLIR EL OBJETIVO DE PONER BAJO SU CONTROL ECONÓMICO, POLÍTICO Y MILITAR A LA REGIÓN. (1991-2001)
• Expoliar de las riquezas naturales a otros pueblos.
• Apoderarse de sus condiciones geopolíticas estratégicas para no sólo su expansión territorial sino para imponer su modelo imperialista y subyugar a los pueblos mientras se apropia de sus riquezas naturales.
• Como objetivo final crear un mundo unipolar, crear un nuevo orden mundial en el cual las grandes potencias (Estados Unidos, Inglaterra, Israel) sean quienes rijan la economía y la conducción social y política del planeta.
• Destruir el país con armas de todo tipo y luego viene el negocio de la reconstrucción.

Conclusiones

 El peligro acecha cada día .Está latente y es obligación del Estado:

• Agudizar y radicalizar los servicios de inteligencia.
• Crear mecanismos a los cuales el pueblo adepto al proceso bolivariano tenga acceso para la denuncia.
• Conformar un ejército dispuesto para las situaciones extremas en el contexto del poder popular.
• Hacer realidad un ejército latinoamericano para enfrentar la confrontación e intromisión violenta por parte de Estados Unidos a cualquiera d los países que ahora construyen espacios de independencia.
• Enseñar en las Escuelas la historia de manera analítica -critica y no como cuento fastidioso del pasado.
• Hacer uso de los medios de comunicación para fortalecer la conciencia patria y relación de la vida nacional con las otras naciones del continente y fuera de él.
• Realizar curso s de geopolítica en las diferentes Instituciones y Entes del Estado y que cada uno sea capaz de multiplicar estos talleres a la población civil a través del pueblo organizado y adepto a la justicia social, la solidaridad y la paz en el planeta.

Yury Weky es profesora. Autora de:
- La Revolución es un camino sin tregua, 2003. . Venezuela. Editorial La Burbuja Editorial
- Por los Caminos, 2005 Venezuela Talleres de Miguel A García
- Caminos de Revolución, 2007 Talleres de Miguel A García
Coautora de:
- El socialismo en el Siglo XXI, 2006 Editorial Fundación editorial el perro y la rana.
- Pedro el insustituible, 2008 Fondo Editorial Simón Rodríguez. Premio Accesit El Nacional 1968.

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El XX Encuentro del Foro de Sao Paulo en Bolivia: América Latina en el mundo

Niko Schvarz (BAROMETRO INTERNACIONAL, especial para ARGENPRESS.info)

La ciudad de La Paz, sede del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, albergó del 25 al 28 de agosto, el XX Encuentro del Foro de Sao Paulo (FSP), en el que participamos integrando una nutrida delegación del Frente Amplio uruguayo, El evento transcurrió bajo el lema: “Derrotar la pobreza y la contraofensiva imperialista, conquistar el Vivir Bien, el desarrollo y la integración en Nuestra América”. Se constituyó en un éxito rotundo, con la amplia participación de los partidos integrantes del FSP en los países de América Latina y el Caribe, por la presencia de delegaciones fraternales de los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Asia, y tuvo notoria repercusión internacional.

La reunión se celebró en vísperas de que el FSP cumpliera un cuarto de siglo de vida, ya que nació en julio de 1990 en la ciudad bandeirante por iniciativa de Lula (que envió un conceptuoso mensaje grabado a la sesión inaugural) y del líder cubano Fidel Castro. Permitió medir el avance y consolidación de este preciado instrume.nto de unidad de las fuerza de izquierda, democráticas avanzadas, antiimperialistas y socialistas del continente. Exhibió los avances y conquistas de los pueblos de la nueva América Latina ante la crítica situación del mundo de hoy. Como dice Eduardo Galeano: “Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente”.



Fue esta la primera vez que un encuentro del FSP se celebraba en Bolivia, y su organizador fue el Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS - IPSP). Como expresa la Declaración Final, “nos complace particularmente estar en un país donde un gobierno de los movimientos sociales lleva a cabo una revolución democrática y cultural fundamentada en la recuperación de los recursos naturales, el liderazgo estatal, la soberanía, el comunitarismo y el socialismo en la perspectiva del Vivir Bien. Declaramos nuestro respaldo al compañero Evo Morales, a su gobierno y al MAS - IPSP, al mismo tiempo que felicitamos al pueblo boliviano por los grandes logros obtenidos en este proceso de cambios profundos: construcción del Estado Plurinacional y la aplicación de un modelo económico que genera excedentes y los redistribuye en beneficio de toda la población. Estamos seguros que esta revolución se profundizará después de las elecciones de octubre próximo. El FSP rescata el aporte de Bolivia en la articulación del socialismo con el proyecto emancipador de los pueblos indígenas”.

El continente vive un cambio de época

En el encuentro se valoró el exitoso camino recorrido por el FSP desde su fundación. Cuando fue creado, un solo país de la región estaba gobernado por un partido perteneciente al Foro y hoy son más de diez. La izquierda, con diferentes procesos de acumulación, en los últimos años no ha perdido las elecciones en ningún país de América Latina después de haberlas ganado. Los únicos casos en que ha perdido el gobierno han sido por golpes de Estado, como en Honduras y Paraguay. “Hoy América Latina vive, ya no una época de cambios, sino un cambio de época”, señala la declaración, recogiendo la definición del presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Esto se confirma con el examen de la situación país por país, definido por la continuidad en el avance de las fuerzas progresistas y de izquierda. Se destaca la victoria este año del pueblo salvadoreño y el FMLN en la elección de Salvador Sánchez Cerén; la presencia y el impacto de la revolución sandinista nuevamente en marcha en Nicaragua, luego de la recuperación del poder en 2006; la victoria de la presidenta Michelle Bachelet en Chile, a la cabeza de la coalición Nueva Mayoría. Sumado a esto, se verifica el avance de la izquierda en Costa Rica con el Frente Amplio, y en Honduras con las posiciones conquistadas por el Partido LIBRE, a pesar de que el régimen militarista continúa asesinando a dirigentes de la oposición.

En respuesta a estos logros, la derecha y ultraderecha reinciden en implementar una estrategia de desestabilización, como sucedió este año en Venezuela, mediante acciones claramente golpistas que fueron desbaratadas por el pueblo venezolano, consciente, movilizado y organizado, así como por Fuerzas Armadas bolivarianas, cuya disciplina tiene como fundamento su espíritu patriótico en defensa de la revolución. Este hecho pone en evidencia el peligro de la restauración conservadora que se pretende introducir en nuestros países a través de una amplia gama de instrumentos subversivos dirigidos por EEUU conjuntamente con organizaciones de la derecha, corporaciones transnacionales y medios de comunicación. En este sentido, está en curso lo que puede denominarse una “guerra no convencional”.

Desde luego, estuvo presente en la reunión la solidaridad con Argentina en su lucha contra los Fondos Buitres y por la soberanía sobre las Malvinas. Esto se une a la reiterada definición anticolonialista, que se expresa en el apoyo a la lucha independentista de Puerto Rico (unido a la liberación de Oscar López Rivera), de los territorios bajo dominación europea como Martinica, Guadalupe, Aruba, Bonaire, Curazao y de la llamada Guayana Francesa, reafirmando su derecho a la autodeterminación.

El encuentro se pronunció una vez más contra el criminal, injusto e inhumano bloqueo comercial, financiero y económico de Estados Unidos contra Cuba y por la libertad de los patriotas antiterroristas cubanos encarcelados en prisiones estadounidenses. Se destaca el proceso de actualización del socialismo que tiene lugar en Cuba, de importancia estratégica y económica para el país y el continente. Su papel protagónico en el ámbito regional e internacional salió fortalecido en la reciente II Cumbre de la CELAC.

El logro de una paz justa y democrática en Colombia es fundamental para la región. Se expresó un respaldo decidido al diálogo entre las FARC-EP y el gobierno colombiano que se desarrolla en La Habana, en procura de un cese al fuego bilateral y la humanización del conflicto, a la vez que se apoyó la apertura de negociaciones con el ELN y el inicio de contactos con el EPL.

En la reunión se alertó sobre el peligro que implica la creación de la Alianza del Pacífico para el proceso de integración de América Latina y se subrayó la importancia de la reciente reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), celebrada en Fortaleza, Brasil, y de crear un Banco de Desarrollo y la “Cuota Acuerdo de Reserva”, lo mismo que la reunión entre los BRICS y la Unasur, entre China y la CELAC y la cumbre del G-77 más China. La conclusión de este capítulo es que “desde la perspectiva de la unidad e integración latinoamericana es importante actuar en el fortalecimiento de todos los mecanismos de integración y foros políticos regionales como la Unasur y la CELAC. De la misma forma el Mercosur, el ALBA, Petrocaribe y CARICOM”. En cuanto al Mercosur, que nos interesa particularmente, se considera fundamental que continúe con el proceso de ampliación de la integración iniciada en el Cono Sur.

“Así vamos avanzando y construyendo nuestros propios caminos, surgidos de nuestra propia realidad y de nuestra propia historia”, señala la declaración, y concluye: “Sólo el desarrollo de este proceso integracionista garantiza la autodeterminación y la soberanía de nuestros países y, una vez que nuestros pueblos asuman esta bandera, el proceso será irreversible”.

El genocidio en Gaza

Los ataques de Israel en la Franja de Gaza motivaron una resolución especial, y un representante palestino informó al respecto en la plenaria final. La resolución califica los atentados como un genocidio perpetrado por el gobierno de Israel. A esa altura se contabilizaban 2143 muertos, entre ellos muchos niños y mujeres, tras 51 días de bombardeos, a lo que se suma el arrasamiento de viviendas, de escuelas, hospitales y locales de Naciones Unidas. Se reclamó una paz digna, total y definitiva, el acatamiento por parte de Israel de las resoluciones de la ONU, que la justicia penal internacional condene a los responsables de la violencia y que una comisión del Grupo de Trabajo del FSP visite la zona. A la vez se denunció que el objetivo de la ofensiva israelí es la anexión del territorio de la Franja de Gaza.

El FSP se solidarizó con la lucha del pueblo saharaui que está impulsando el Frente Polisario y la RASD, por los derechos territoriales que les están siendo negados por la monarquía marroquí desde 1975.

Por una victoria electoral en Bolivia, Brasil y Uruguay

La reunión culminó con un llamado a respaldar las fórmulas electorales de Evo Morales y Álvaro García Linera, Dilma Rousseff y Michel Temer, y Tabaré Vázquez y Raúl Sendic, en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre en Bolivia, Brasil y Uruguay. En estas elecciones la disputa es intensa entre izquierda y derecha y “nuestra victoria es vital para la continuación del proceso de transformaciones económicas, sociales y políticas en la región latinoamericana y caribeña”.

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Buitres sobre Argentina, la crisis del dólar y Nueva York

Oscar Ugarteche - Ariel Noyola Rodríguez

Paul Singer, el propietario de NML Capital, le hizo sin querer, un enorme favor a la humanidad. En un par de meses, deslegitimó por completo las reglas de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI) existente y de paso, fortaleció el respaldo de la mayoría del mundo a favor de Argentina. En ese sentido, la carta dirigida el pasado 25 de agosto al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, firmada por los economistas Joseph Stiglitz, Robert Solow, Dani Rodrik y José Antonio Ocampo, entre otros, y el ex primer ministro canadiense Paul Martin, constituye una parte del comienzo de una campaña global para transformar los mecanismos de reestructuración de deuda soberana. La otra parte es la iniciativa impulsada por el grupo G77 más China (integrado por más de 130 países) para elevar a la Asamblea General de Naciones Unidas una iniciativa de reforma al respecto.

Por un lado se ha puesto nuevamente en cuestión la institucionalidad edificada al término de la segunda posguerra bajo mandato estadounidense. En segundo lugar y más importante todavía, el agravio en contra de Argentina detonó un amplio consenso en torno a la necesidad de realizar una reforma profunda de la AFI, al día de hoy basada en las leyes de Nueva York y sujeta a los tribunales de dicha ciudad, con contratos denominados en dólares y con fallos aplicados universalmente. Es decir, el embate de los buitres contra Argentina precipitó la crisis de confianza en el dólar como instrumento de crédito y de Nueva York como espacio jurisdiccional privilegiado para resolver reestructuraciones de deuda futuras.

Hoy es evidente que los fondos buitres constituyen el sector más agresivo del capital financiero. A través de complejas maniobras jurídicas y especulativas apoyadas casi siempre por funcionarios públicos de alto nivel, los fondos buitres han puesto contra la pared en las últimas dos décadas a varios gobiernos soberanos (República del Congo, Panamá, Perú, Argentina, etc.). El modus operandi consiste en exigir pagos completos más intereses devengados en momento críticos por títulos de deuda comprados en gran descuento. En el caso argentino, en 2005 y 2010 aproximadamente 92% de los acreedores aceptaron los canjes de deuda propuestos por el gobierno después de la crisis de 2001. Sin embargo, 0.45% del 7% restante de los acreedores que no llegó a un acuerdo (holdouts), compró bonos por un valor de 40 millones de dólares que ahora pretenden cobrar de manera abusiva en más de 1,300 millones de dólares.

Por esa razón y ante el temor de que los buitres cobren nuevas víctimas, el canciller argentino Héctor Timerman, acompañado del ministro de Economía Axel Kicillof, anunció el viernes 29 de agosto en Buenos Aires que el grupo G-77 más China había aprobado de manera unánime presentar una propuesta ante la ONU a fin de establecer un nuevo marco regulatorio. Kicillof detalló: “el resto de los países nos ha pedido que transmitamos esta experiencia para que nunca más pase lo de Griesa, nunca más pase un reclamo como el que formula Singer […] los fondos buitres son un parásito del sistema financiero internacional que tiene que desaparecer". El próximo martes 9 de septiembre, se presentará la iniciativa: “Si la mayoría vota afirmativamente, en menos de un año Argentina habrá dado al mundo una Convención para resolver en forma justa, equitativa y no bajo amenazas de un sistema que pueda establecer un juez o un país, sino con base a lo que resuelvan todos los Estados miembros de la ONU”, detalló el ministro argentino (Xinhua, 30/08/2014).

De otro lado, un día anterior al anuncio del gobierno argentino, la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), que integra a más de 450 miembros entre bancos, emisores de deuda e inversionistas de más de 52 países, hizo pública la idea de generalizar las cláusulas de acción colectiva incorporadas en los contratos. De este modo, el nuevo marco regulatorio transformaría de jure las relaciones entre deudores y acreedores. Por un lado, haría valer la voluntad expresa de las tres cuartas partes de los acreedores en situaciones de controversia y por otro lado, neutralizaría de facto los ataques por parte de los fondos buitres. El siguiente paso consiste en que los gobiernos nacionales adopten de manera inmediata la nueva reglamentación. Lamentablemente, los cambios no incluirían a Argentina ya que no son de carácter retroactivo. Hay por tanto dos pistas de reforma abiertas, o más Estado a través de Naciones Unidas o más Mercado con el ICMA. Parece imposible para el sistema internacional volver al status quo previo al fallo de Griesa.

Ambas iniciativas ocurren un mes después de que Argentina había sido declarada en default parcial por parte de la Corte de Nueva York. En conclusión, el conflicto entre los buitres y Argentina aceleró el declive de Nueva York como el centro articulador del sistema financiero internacional y puso sobre la mesa la necesidad de implementar reglas más universales, justas y transparentes. Mientras tanto, los fondos de George Soros y Citibank mantienen juicios abiertos con el Bank of New York apreciándose así que la AFI ya no beneficia a los inversionistas mayoritarios ni asegura la estabilidad del sistema global.

Oscar Ugarteche es economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
Ariel Noyola Rodríguez es miembro del proyecto OBELA, IIEc-UNAM. Columnista de la revista Contralínea (México) y colaborador de la Red Voltaire (Francia).

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El Congreso da luz verde pero los monopolios pisan el freno

Emilio Marín (LA ARENA)

El Senado dio media sanción a leyes importantes pero la oposición las votó en contra. Lo más grave es que el establishment empresario también está embarcado en ese boicot. Urge acumular fuerza política porque sino serán leyes frágiles.

Cristina Fernández de Kirchner hizo bien los deberes en el trámite parlamentario de las tres leyes enviadas al Senado. La del pago soberano de la deuda externa fue mejorada para lograr algún acompañamiento de la oposición. Por ejemplo, además de fijar como sede de pago al Banco Central, en una cuenta de Nación Fiduciario, añadió a Francia como variante. Se quiso lograr con esto algún aval del Frente Renovador, que no existe en el Senado pero había presentado un proyecto con esa propuesta en Diputados.

El otro añadido fue una Comisión Bicameral para el análisis y seguimiento de la deuda externa, viejo reclamo de la centro-izquierda, izquierda y sectores nak&pop. Tal como viene pagando el gobierno, que se precia de "pagador serial", esa Bicameral no tenía mucho sentido práctico, aunque no deja de ser una herramienta útil.

Ninguno de los cambios oficialistas sedujo a ningún senador de la oposición, jugada como está a dificultar todo lo que el gobierno haga en relación a los "fondos buitres". La votación, presidida por un errático y cada vez más cuestionado Amado Boudou, arrojó 38 senadores por la afirmativa y 27 por la negativa. Los radicales, el PRO, el PJ de Salta y San Luis, etc, se negaron a apoyar siquiera un artículo. Como esos discursos eran filmados, sus autores se cuidaron de repetir lo que dicen los economistas afines sin tanto maquillaje: "hay que pagar lo que dijo Griesa, es apenas el 1,5 por ciento de la deuda". Los opositores en el "Honorable Senado de la Nación" piensan igual que esos contadores sin demasiada visión política, pero se cuidan un poco porque el traje de cipayo les resulta estrecho.

Es previsible igual boicot en Diputados, donde entre el 10 y el 17 de setiembre se pondrá en consideración lo que viene con media sanción del Senado. El gobierno está apurado porque sabe que se trata de un asunto grosso y también porque el 30 de setiembre vence otra obligación con los bonistas reestructurados. Y quiere pagar, pero no a la cuenta del Banco de Nueva York Mellon, que congeló el depósito de junio pasado por obediencia al juez neoyorquino.

La oposición es muy oportunista, en particular de cara a la clase media, y por eso votó la ley que crea un fuero del consumidor y un Observatorio de Precios. No toda la oposición lo hizo, pero una buena parte se sumó porque al contarse los porotos -tablero electrónico, claro- el resultado fue 53 contra 11.

La UIA y la Rural

La otra iniciativa resistida con uñas y dientes por la oposición adentro del recinto y por las entidades empresariales del "G-6" y el multimedios Clarín afuera del mismo, es la que reforma a la ley de Abastecimiento de 1974.

No importó que el senador informante asegurara que en Estados Unidos, Francia, Brasil y otros países hay normativas similares para evitar abusos de posición dominante, controlar precios y márgenes de ganancias, multar a los infractores e incluso cerrar establecimientos según la gravedad de las infracciones.

El oficialismo quiso adornar el proyecto recordándole a los adversarios y, por elevación a los mismos empresarios, que la redacción elimina la posibilidad de arrestos para los empresarios culpables de aquellas violaciones. La actual normativa sí lo prevé, aunque no ha sido casi apåicada. Hace un tiempo, cuando fue acusado de generar la devaluación de enero pasado, el CEO de Shell, Juan José Aranguren, se ufanó de que había sufrido decenas de procesos con la ley de Abastecimiento, con pedidos de prisión, y que al final nunca había pagado las multas ni menos ido al calabozo.

Debe ser por esos antecedentes prácticos, conocidos por el empresariado, que la propaganda oficialista sobre que lo suyo no contempla detenciones, no interesó a nadie. Los ejecutivos de empresas, incluso extranjeras, no son un sector sospechado de cometer la mayoría de los delitos como sí piensa el secretario de Seguridad Sergio Berni de los inmigrantes pobres, a los que propuso deportar.

Aranguren tildó a la propuesta de inconstitucional porque afectaría el artículo 14 de la Constitución (libertad de comercio) y el 19 (defensa de la propiedad privada). Con ese libreto sencillo y de clase, los monopolistas de la industria, la banca, la tierra, la soja y el comercio interior y exterior cerraron filas. El "G-6" ha adelantado que si se vota en el Congreso irá a la justicia para declarar su inconstitucionalidad. Y con el antecedente de leyes que democratizaban en parte a la justicia, fulminadas por la Corte Suprema, hay muchas posibilidades que logren poner el palo en la rueda.

Hablar en plural de empresarios puede confundir. El bloque del FPV precisó que los controles apuntan al 1 por ciento de aquéllos, núcleo formador de precios, y no al 99 por ciento de firmas chicas y medianas e incluso grandes que no detentan esa posibilidad.

Caras de cemento

Con aquella amenaza de ir a la justicia, los dirigentes de la UIA, la Sociedad Rural, ABA y Cámara Argentina de Comercio han reiterado una calidad democrática muy pobre. Ellos no se someten a las reglas de la democracia, según las cuales se puede dar un debate y votar contra una ley, pero luego, si su factura fue institucional, debe respetarse.

Aquellos popes de las finanzas y el empresariado mandan a sus espadas legislativas (eso son los legisladores del PRO, Frente Renovador, UCR, Unen, etc) para los primeros escarceos y a hacer declaraciones al multimedios de Magnetto. Se reservan la acción final. Si no les gusta el trámite parlamentario, le bajan el pulgar en un cónclave de pocos y mandan sus caros abogados a pedir auxilio a Tribunales. Y por lo general lo consiguen.

El titular de la FAA (y socio de la Sociedad Rural y de la CGT en simultáneo), Eduardo Buzzi, declaró que la ley de Abastecimiento servirá para que el gobierno confisque los granos que los productores guardan en silos bolsa. No parece que esa táctica tan directa y hasta revolucionaria vaya a ser empleada por Cristina, quien prefiere la línea de Mostaza: "paso a paso". Y con este criterio reclamó a los bancos bajar al 20 por ciento sus tenencias dolarizadas, que en febrero pasado se habían fijado en 30.

Sin quererlo, Buzzi -que acompañó a la rancia burocracia sindical en el paro del 28 de agosto contra "el hambre y la desocupación"- ha confesado que su sector sojero especula y está sentado sobre miles de millones de dólares de la cosecha. Obvio: sueña con un dólar oficial a 14 pesos y un paralelo a 20, antes de comercializar. ¿Y hablaba de hambre?

El ex chacarero santafesino tiene "cara de cemento", pero su colega de la UIA lo supera. Héctor Méndez, que de él se trata, declaró que esta ley del gobierno y la "tropa de lealtad incuestionable" en el Congreso, le recuerdan "a la dictadura y la famosa obediencia debida".

La UIA surtió de ministros y funcionarios a la dictadura militar-cívica, mientras sus socios entregaban listas de delegados a los grupos de tareas para que los desaparecieran. Es al revés. La UIA de Méndez y la Sociedad Rural de Luis M. Etchevehere traen los malos recuerdos de la dictadura.

Una fuerza antimonopolios

La pelea contra los "fondos buitres" y un variado elenco de devaluadores, remarcadores de precios, especuladores, fugadores de divisas, abusadores de posiciones dominantes, etc, justifica con largueza las tres leyes impulsadas por PEN en el Congreso.

Si alguien tenía alguna duda respecto a limitar a los monopolios, la última jugada de Monsanto puede aclararla. Cooperativas como Fecofe, Casem, Cafer, Fadia y Faccal se presentaron ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para denunciar el sistema de comercialización de semillas de soja Intacta RR2 PRO. Las afectadas aseguran que la multinacional exige firmar contratos con los compradores, condicionándolos en sus posteriores acciones y ventas. El trato es discriminatorio y "dificulta la permanencia en el mercado de múltiples actores".

Monsanto es miembro de la AmCham, cámara americana que integra el Foro de Convergencia Empresarial encabezado por la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio.

En ese rubro de semillas y fertilizantes, Monsanto, Nidera, Basf, Don Mario, Dow y otros pulpos en su mayoría extranjeros se quedan con la parte del león. Otra parte del negocio está en los silos, defendidos por Buzzi. Y cada vez que el Estado mete sus narices en la estructura de costos o analiza aumentar alguna retención, como en 2008, aparecen los lock out patronales. Hoy suena ese mismo run run.

Para pulsear con semejantes enemigos no basta con buenos proyectos de ley. Lo decisivo sería formar una fuerza política antimonopolios, donde puedan nuclearse distintos sectores políticos y sociales, con un rol importante de la clase trabajadora. Lamentablemente la presidenta de la Nación no trabaja con esa idea. Sino no tendría que haber ido Antonio Caló a interesarla en la estatización de los talleres de Emfer y Tatsa donde penden de un hilo cerca de 500 empleos de metalúrgicos. Con tantas suspensiones y cesantías no hay lugar para un frente popular contra los "fondos buitres" y los monopolios. Por ahora sólo hay tres buenas leyes.

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“Quisiera creer que es una herramienta para controlar y regularizar los mercados”

LA REVANCHA - ANRED

En la madrugada del jueves 4 de septiembre, el Senado dio media sanción al proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento y giró la misma a la Cámara de Diputados. La iniciativa generó fuerte rechazo en sectores empresariales y en la oposición. Entrevista al economista Eduardo Lucita, integrante de EDI (Economistas De Izquierda).

-LR: ¿Que modificaciones se le hicieron a este proyecto de ley para reformar la Ley de Abastecimiento en relación a los reclamos de determinados sectores del empresariado?

-Eduardo Lucita: El principal reclamo de un sector del empresariado es que las PYMES fueran excluidas, y eso se logró. Porque en realidad yo entiendo que el proyecto va dirigido a las doscientas o trescientas empresas que hay formadoras de precios en el país. De alguna manera, hasta ahora, el aumento de los precios y la inflación del país es resultado de varios componentes. Pero entre ellos, lo que hay últimamente es una disputa intercapitalista por apropiarse del excedente económico que genera nuestra economía, y hasta ahora el Estado ha sido impotente para arbitrar en esa disputa. Esa disputa se da a través de la remarcación de los precios que hacen todas las grandes corporaciones que controlan los mercados.
Hasta ahora estaba la Ley de 1964 que se sacó en el Gobierno de Illia y la de 1974. Esta nueva ley tiene algunas modificaciones que son más benévolas para las empresas. Por ejemplo, en el caso de empresas que transgredían las normas establecidas o tuvieran alzas excesivas de precios había prisión para esos directivos, y eso se eliminó. Otra cosa que se agregó fue que se le puso un tope a las clausuras, no más de 90 días. Y también se limitó el alcance de la ley porque las dos leyes anteriores eran muy amplias, abarcaban al conjunto de la economía, acá se ha centrado en la producción y comercialización de bienes y servicios, es decir está más restringida.
Ahora, tiene una cuestión que es interesante que hasta ahora el Estado le imponía una multa a una empresa, la empresa cuestionaba la multa en la Justicia y hasta que la Justicia no se expidiera no se pagaba nada. Por lo tanto en un proceso inflacionario dos años después la multa ya era la mitad. Entonces ahora lo que establece esta ley es que la empresa paga esta multa y después recurre a la Justicia a ver si le corresponde o no.

-LR: ¿El Gobierno lanza esta modificación de la Ley de Abastecimiento como una forma de incidir en el debate después del tema de los fondos buitres o crees que es una herramienta para incidir en los problemas económicos?

-E.L: Yo quisiera creer que es una herramienta para controlar y regularizar los mercados, para ponerle un coto a los remarcadores de precios desenfrenados que son los oligopolios que dominan ampliamente la economía del país y que muchos de ellos son extranjeros. Yo quiero creer que es eso porque si solamente va a ser una amenaza, como las leyes del ’64 y del ’74 que se sancionaron y nunca se aplicaron, eso lo que hace es debilitar más al Gobierno frente a las corporaciones. Con este debate el Gobierno se ha puesto a todo el empresariado en contra, se dice que hay 30 cámaras empresarias que se oponen a la ley y que si esta es aprobada van a recurrir a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la misma. Es decir, el proyecto presentado por el gobierno ha logrado armar el frente empresario, creo yo como no lo habíamos visto nunca antes por lo menos bajo este gobierno. Así que si se hace todo esto y después no se aplica realmente no sé cuál es el negocio.

-LR: ¿Sirve de algo analizar la política de precios cuidados y el accionar del Gobierno en cuanto al incumplimiento de estas cuestiones con los supermercados para saber cómo se puede llegar a manejar con la Ley de Abastecimiento?

-E.L: No, yo creo que es otra cosa porque en algunos supermercados la política de precios cuidados funciona. De todas formas, los precios cuidados siguen siendo elevados. El proyecto de Ley de Abastecimiento habilita a la Secretaría de Comercio para meterse en los libros de las empresas, analizarles los costos, analizar los volúmenes de producción, es decir que no bajen los niveles de producción para encarecer, y además tiene la atribución de fijar tasas de ganancia razonables. Entonces uno de los elementos de discusión es cuál es la razonabilidad de una tasa de ganancia.

-LR: ¿El gobierno tiene en carpeta alguna otra medida en torno al tema de reactivar la economía?

-E.L: Se está hablando de que el Gobierno estaría por lanzar un Plan Primavera, al estilo del que lanzó Sourrouille en la época de Alfonsín. Pero por ahora son todos comentarios, no se sabe muy bien en qué consistiría. Aquel Plan primavera significó un aumento fuerte de los precios de los servicios públicos, en ese momento en manos del Estado, y un congelamiento de los mismos. Acá la situación es otra, acá los servicios públicos están contenidos vía subsidios que pesan muchísimo en el déficit fiscal o sea que no sé bien qué podría hacer el Gobierno en ese sentido. Porque si reduce los subsidios el valor de los servicios públicos se va por las nubes. Obviamente algo podrá hacer, por ejemplo la electricidad no discrimina mayores consumos ni nada, creo que ahí hay tela para cortar y el Gobierno no lo hace. Pero de todas maneras, no parece ser mucho lo que podría hacer por ese lado, así que habría que ver qué es lo que está en danza si es que hay algo en danza, yo por lo menos hasta ahora no estoy informado.

Audio completo de la entrevista.

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Bienes comunes y modelo productivo: No nos patenten la vida

ACTA

Se reproduce a continuación el documento colectivo: No nos patenten la vida. Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina. Pase y lea.

"Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.

En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo -que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.

Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.

A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero -paradigma del extractivismo agrario- continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.

Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro-minero-exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.

A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio-ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.

Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.

En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.

El anteproyecto para reformar la Ley de Semillas
El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.

En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.

Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.

Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecúen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.

Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.

Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.

En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.

La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.

El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.

La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una "Mesa de Diálogo" convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.

Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.

Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean las problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.

A modo de conclusión
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países.

En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado.

Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.

Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:

- No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.

- No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.

- No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.

- Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.

- Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos.

- Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.

- Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.

Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse el proyecto para la reforma de la Ley de Semillas que detallamos en el presente documento".

Organizaciones y espacios:Acción Reverdeciente; Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA; Cultivarte; Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria; Argentina (Agrupación Visión Sostenible); CTA; Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Mishkila Alimentos; Red Tacurú; Sopita Ropita; Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria; Programa de Extensión "Por una nueva economía, humana y sustentable" de la Carrera de Comunicación Social, UNER; Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica; Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires en Corriente Nacional Emancipación Sur; La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur; Sobre Rieles UnLa; Los Pies en La Tierra; Oro del Inca Cooperativa; Reforestala "Proyecto Compartir"; Bandera Negra UNQ); Colectivo desde el Pie; SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia); Red Ecosocialista (MST+Independientes); La Revolución de la Cuchara Argentina; Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN); Colectivo Orgánico; Comisión Ecológica de Ituzaingó, Buenos Aires; Agrupación ecologista "Nueva Ecología de la Tierra" (N.E.T.), Santa Fé; Junta Abya Yala por los Pueblos Libres (JAPL); Revista Theomai; Chaucha y Palitos Huerta Barrial, Salta; Portal Confraternizar Hoy; Organización para la Liberación Argentina (OLA); "La Peñaloza" Organización Campesina; Instituto Taki Ongoy; Corriente del Pueblo; "La Rabia" Radio/TV Escuela; Partido Pirata.

Individuales:Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Mirta Baravalle; Félix Diaz; Miguel Teubal; Norma Giarracca; Jorge E. Rulli; Jorge Falcone; Miguel Bonasso; Alejandro Bodart; Vilma Ripoll; Lucila Díaz Rönner; Patricia Langlais; Maristella Svampa; Enrique Viale; Soledad Barruti; Laura Isod; Marcelo Viñas; Miguel Mirra; Susana Moreira; Eduardo González; Elena Picasso; Marcelo Giraud; Carlos Del Frade; Mario Cafiero; Ana Isabel Rivas; Bibiana Apolonia del Brutto; Andrés Dimitriu; Ulises de la Orden; Silvia Cloquell; Guido Galafassi; Luis Barone; Ana Valtriani; Tomás Palmisano; Luis Mattini; Jorge Cardelli; Carlos María Pagano; Graciela Ferrario; Miguel Mazzeo; Guillermo Folguera; Víctor Bruno Montesco; Luis Daniel Hocsman; Mariano Rosa; Juan Wahren; Carlos Abel Suárez; Matías Giletta; Marcelo Manzatto; Julián Llamosas; Elena Kahn; Guillermo Cieza; Victoria Díaz Abal; Sofía Bascuñan; Laura Didowicz; Judith de Babot; Claudia Carbone; Noelia García; Cintia Cuneo; Pablo Vommaro; Fernando Del Gener; Agostina Falduti; Sofía Kempski; Caito González; Nicolás del Aguila; Jorgelina Alioto; Dolores Jiménez; Mario Pablo Gallino; Pamela Orellana; Pablo Delgado; Gladis Melo; Cristina Delgado; Emanuel Marcos Abínzano; Patricio Ramos; Patricia Azcoitia; Nicolás Games; Ignacio López Lemus; Virginia Azcoitia; Pablo Aranda; Estela Knez; Analía Bernardo; José Rubio; Verónica María Martín; Zuríe Amado; Carmen Orellana; Mauricio Nicolao; Pablo Urrutia; Fernando Rovelli; Milena Amaya; Lucio Florio; Nora López Rita; Oscar Vicente Silva; Daniela Miranda; Fabián O. Barrionuevo; Mario Brasca; Julia Esvant; Pablo Gómez; Roberto Ochandio; Ignacio Mayorga; Elena González; Alicia Gianfelici; Jorge Malla Elena Cedrón; Eva Montesco; Verónica Torres; Franco Hernández; Lilah Ríos; Gabriel Beber; Maria Belen Coussirat; Cecilia Fantini Giorgetto; Guillermo Eugenio Acosta; Silvia Cerpa; Antonio Merched Mitre; Luis Fabrizi; Juan Spinetto.

Internacionales:Gustavo Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca, México); Raúl Prada Alcoreza (Grupo Comuna, Bolivia); Miguel Benasayag (Francia); Jairo Restrepo (La Mierda de Vaca, Colombia); Francisco "Paco" Puche (España); Elena Kahn (Guerreros Verdes, México); Carlos Walter Porto-Gonçalves (Universidade Federal Fluminense, Brasil); Rodrigo Meiners Mandujano (Desarrollo Rural-Xochimilco, México); Fabián Cevallos Vivar (Ecuador); Rodrigo Lampasona (Iniciativa Exige Vivir Sano, Chile); Alicia Jardel (Bélgica); Conciencia Colectiva (Quintana Roo, México); LEMTO (Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e de Territorialidades, Universidade Federal Fluminense, Brasil).

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Fondos buitres o realidad: ¿Qué hubo detrás del paro?

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Aunque contundente, no con la magnitud del 10/4 cuando contó con la adhesión de la UTA (transporte colectivo), le sirvió a la cúpula cegetista oficial para la transferencia de fondos postergados de las obras sociales.

Pese a que la UTA no adhirió al paro, hubo varias líneas con cuerpos de delegados opositores a Roberto Fernández, secretario general del gremio, que se plegaron a la medida. Esto fue perceptible en las líneas de Ecotrans -en los recorridos del oeste del Gran Buenos Aires- como en la línea 60, 106 y 140. Pero más aún en el subterráneo, cuya dirección sindical responde al kirchnerismo. El paro del 10 de abril los metrodelegados oficialistas habían denunciado el hostigamiento de la UTA para que el paro tuviera éxito en el subte. Sin embargo, en esta oportunidad y sin la UTA como convocante, la medida fue masiva, a tal punto que la empresa tuvo que implementar un esquema de emergencia motorizado por personal jerárquico e interrumpió el servicio a las 20:30, dos horas antes de lo habitual. Los talleres estuvieron paralizados y la línea B, cuyos delegados pertenecen al clasismo, no tuvo actividad. A pesar de que la UTA no paró, la merma de pasajeros fue muy notoria y se asemejó a la de un feriado. Este elevado ausentismo señala que un sector muy importante de los trabajadores eligió parar a pesar de que las direcciones de sus gremios no lo hicieron.

Sin que direcciones de gremios industriales como SMATA o la UOCRA adhirieran al paro, el éxito de la medida en vastos sectores de estas ramas industriales fue contundente. El parque industrial de Pilar, el más importante del país y con más de 20 mil obreros en 180 empresas y fábricas, estuvo totalmente paralizado por los piquetes de los obreros de varias plantas del parque en sus tres entradas.

Lo mismo ocurrió en los grandes talleres del gremio gráfico, a pesar de que la Federación Gráfica no llamó a parar. AGR-Clarín, Donnelley -que se encuentra ocupada por sus obreros y produciendo desde el cierre decretado por los empresarios-, World Color, Interpack Impresores, Morvillo y Celomat, que son los que concentran la mayor parte de la industria, pararon. En Fate, empresa del neumático, sus 1800 trabajadores decidieron parar a partir de las 22 del miércoles y participaron del piquete en la Panamaericana, desde donde se podía observar el poco flujo automovilístico y de colectivos que daría cuenta de la poca afluencia de trabajadores a sus empresas.

No sólo la izquierda realizó piquetes. El gremio de Camioneros tucumano interrumpió cuatro accesos a la ciudad de San Miguel de Tucumán, en Mendoza cortaron el ingreso de los trabajadores de la destilería petrolera que nuclea a 3000 obreros y también hubo piquetes camioneros en Neuquén. En Mendoza el paro fue casi total y también pararon los colectivos de transporte, a la vez que asociaciones de pequeños campesinos se sumaron activamente a los piquetes y movilizaciones. En Santa Fe, el cordón industrial de San Lorenzo estuvo completamente paralizado a pesar de que varios gremios no llamaron a la protesta, pero cuyos trabajadores se plegaron con la excusa de los cortes.

Telón de fondo

La huelga general convocada por la CGT y la CTA vuelve a poner en el centro de la escena las principales reivindicaciones del conjunto del movimiento obrero. Entre ellas se encuentran: la persistencia de altos niveles de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario; la precarización laboral que incluye un amplio sector de trabajadores no registrados, tercerizaciones, falsos autónomos, contrataciones temporales y por agencia; la situación de una gran cantidad de trabajadores que poseen ingresos inferiores al salario mínimo, vital y móvil, y la de la mayoría de los jubilados, cuyo haber mínimo se mantiene en niveles extremadamente bajos; la continuidad de un sistema impositivo basado en los impuestos al consumo (IVA), y donde el mal llamado impuesto a las ganancias afecta, proporcionalmente, mucho más a los trabajadores alcanzados que a las empresas.

El pliego de reivindicaciones también incluye la defensa de las fuentes de trabajo. Desde comienzos de año, y con la excusa de una situación de crisis, las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de despidos y suspensiones masivas. La punta de lanza de este proceso fue la industria automotriz con 9600 suspensiones con salarios de entre el 65/75%, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.

El ajuste impulsado por las terminales de la industria automotriz afectó también a los trabajadores dependientes de las empresas autopartistas, muchas de ellas también filiales de empresas transnacionales donde se produjeron 1231 despidos y 1.152 suspensiones.

Recientemente las 3 fábricas del neumático acordaron con el sindicato del sector, dirigido por la CTA oficialista, un total de 3.700 suspensiones.

De todos modos, la situación comienza a alcanzar a actividades que no son interdependientes como material ferroviario, construcción, petróleo, gráfica, prensa y tv, alimentación, metalúrgica, plásticos, química, textil, electrodomésticos, cerámica y comercio.

Los empresarios también avanzan en una mayor intensificación del uso de la fuerza de trabajo, obligando a los trabajadores a mantener los niveles de producción a pesar de la reducción de personal; intentan revertir conquistas en materia de condiciones laborales y presencia sindical en los lugares de trabajo, bajo amenaza de aumentar la cantidad de despidos y suspensiones. Se trata de un intento de los empleadores para aumentar el disciplinamiento de los trabajadores, a fin de que estos acepten hacerse cargo de los costos de la crisis bajo amenaza de perder los puestos de trabajo.

Acindar y Tenaris en Villa Constitución (Santa Fe) son un buen ejemplo. Como señala un delegado de la CTA opositora, Acindar mantiene su política de aumentar su rentabilidad con dos pilares muy fuertes: aumento de productividad y disminución de costos. En primer lugar el achique de costos significa una paritaria no acorde con la inflación real, y también menos puestos de trabajo. Esto acarrea que los trabajadores vayan a la fábrica durante sus francos, extiendan sus jornadas de trabajo hasta 12 horas, y muchas veces con pocas horas de descanso. Esto para cubrir los puestos de trabajos y poder mejorar su sueldo.

En cuanto al aumento de la productividad, se refiere a aumentar la producción, (proyección de acería de 1,7 millón de toneladas) sin aumentar el plantel y en algunos casos con muy poca mejoría en las condiciones y medio ambiente de trabajo. Esto, sumado a las extensas jornadas laborales y los ritmos de producción acelerados, afecta la salud del trabajador y sus relaciones sociales.

Acindar habla de un menor margen de ganancias, aunque estuvo dentro de las que más facturó en el 2013 con 7.107 millones en el año, $14.459 por minuto. Suma que se acerca al sueldo promedio de un trabajador propio de planta permanente, mucho más de lo que gana un tercerizado en el mes.

En cuanto a Tenaris, fábrica de caños también de Villa Constitución, contaba con un plantel de 230 trabajadores aproximadamente y funcionaba en 4 turnos rotativos, actualmente se redujo a la mitad del plantel y dos turnos ficticios, porque los planteles se completan con horas extras y no con el ingreso de personal que lo cubra.

Por si esto fuera poco, Tenaris tiene una política de migrar producción a conveniencia de los costos de mano de obra, lo que obliga, en forma extorsiva, a acordar que se quede la producción a cambio de negociar a la baja los salarios y con esto equiparar costos.

Tenaris, en el 2013 fue la empresa que más facturó: 68.900 millones de pesos, 191 millones diarios.

Trabajadores ocupados y pobres

Producto del aumento del empleo y con él, de la conflictividad laboral, los trabajadores avanzaron desde comienzos de la década pasada en un proceso que revirtió los altos niveles de precarización laboral. Para 2003 el trabajo no registrado era de 49,2% en el segundo trimestre, que se estancaron en torno al 34% de los asalariados a partir del año 2008.

¿Qué significa que el 34% de los trabajadores no esté registrado? No tienen acceso a las prestaciones de la seguridad social (aportes jubilatorios, asignaciones familiares, pensiones, etc.), no tienen cobertura frente a enfermedades ni accidentes laborales, enfrentan numerosas dificultades al momento de ejercer sus derechos laborales (aplicación de salarios de convenio, goce de licencias laborales, percepción de otros beneficios sociales, etc.), su puesto de trabajo está sujeto a mayor inestabilidad laboral, etc. Además la existencia de una gran cantidad de trabajadores no registrados implica una mayor debilidad para el conjunto de los trabajadores (incluidos los registrados) al momento de pretender ejercer sus derechos a través de la acción colectiva.

Este indicador de precariedad excluye a los trabajadores del sector público, pero además no registra los casos de falta de registro de una parte del salario. Muchos trabajadores poseen sumas en negro que pueden abarcar desde porcentajes insignificantes del sueldo a sumas muy significativas dentro del mismo.

Por otro lado, la medición excluye a los trabajadores autónomos de los cuales el 64% no cuenta con registro. Se trata en muchos casos de trabajadores asalariados encubiertos obligados a facturar por sus empleadores. Si tomamos en cuenta estos casos los trabajadores no registrados llegan al piso del 44% de los ocupados según un informe reciente de OIT Argentina. Incluso, a partir de la EPH puede observarse un aumento sostenido de la ocupación de autónomos y una disminución en términos absolutos de la cantidad de asalariados dentro del sector ocupados. Lo que puede estar indicando un crecimiento del fraude laboral.

Finalmente, la falta de registro alcanza a los jóvenes de una forma abrumadora precarizando la mayoría de los primeros empleos. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la informalidad, alcanza el 60,5%.

La precariedad laboral no es patrimonio exclusivo de los trabajadores del sector privado. Los trabajadores del sector público se constituyen en la etapa como uno de los sectores más relegados. Por un lado, por la desregulación contractual que se hace y deshace al antojo de las administraciones municipales y provinciales y sus cambiantes presupuestos. Por otro lado, por la debilidad regulatoria que poseen a la hora de realizar negociaciones colectivas y la imposibilidad de contar con la garantía de un salario mínimo vital y móvil.

En la etapa se registra un fuerte aumento del empleo en el sector público marcado principalmente por figuras como monotributistas, locadores de servicios, pasantes o practicantes rentados son algunas de las múltiples formas en que el Estado como empleador evade la aplicación de los derechos laborales. Todos ellos con un alto nivel de vulnerabilidad frente a la crisis presupuestaria general, pero especialmente focalizada en la administración provincial y municipal. Frente al ajuste se trató de reducir las plantillas de trabajadores mediante la negativa a renovar contratos (de individuos o cooperativas de trabajo), a incorporar nuevos trabajadores y a re-categorizar al personal existente.

Y si con esto no es suficiente, está Sergio Berni para reprimir

Como sucedió el jueves pasado aproximadamente a las 8:30 cuando trabajadores de Lear, acompañados por compañeros de Donnelley, la línea 60, de FATE, del gremio de la alimentación y partidos de izquierda, cortaron la Panamericana. Fueron reprimidos por un enorme operativo de cerca de 1000 efectivos con fuerzas de la Bonaerense, Infantería y la propia Gendarmería que comanda Sergio Berni. Con palazos y gas pimienta, levantaron el piquete por la reincorporación de los 60 obreros despedidos de Lear.

Con la consigna “Familias en la calle ¡nunca más!” la comisión interna comenzó la jornada de protesta con un corte parcial desde 8 de la mañana en la colectora de Panamericana a la altura del kilómetro 31.375, donde se encuentra la planta de la empresa. Pero la medida de protesta fue rápidamente desactivada por la Gendarmería Nacional, que aplicó golpes, gas pimienta y disparó balas de goma contra los manifestantes.

Entre los golpeados se encontraban el diputado nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño y la ex diputada porteña y referente del MST-Nueva Izquierda Vilma Ripoll. Habría al menos cinco detenidos.

La jornada de lucha se dio en el marco de la séptima jornada nacional de lucha en apoyo a los/as trabajadores/as de Lear, que sufrieron despidos masivos hace casi cien días por parte de la multinacional norteamericana Lear Corporation en su planta de General Pacheco.

Además, el pasado lunes 1 de septiembre tomó estado público la denuncia de diversos organismos y personalidades de derechos humanos en la que daban cuenta de que, si bien Lear finalmente había permitido el ingreso de los delegados a la fábrica, la patronal había construido una verdadera "jaula" de 3,5 x 2,5 donde los tiene desde ese momento encerrados durante su jornada laboral, a diez metros del sector donde se encuentra el resto de los obreros, en lo que calificaron como "un hecho inédito y de una acción totalmente ilegal, que viola los más elementales derechos humanos".

Fuentes: Argenpress, Agencia Paco Urondo, ACTA, Infobae, Anred

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Silvia Galiano: "Nuestros compañeros se plantaron y con dignidad hicieron paro"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Silvia Galeano nos cuenta de la reciente formación de la CTA Miceli en Venado Tuerto (Santa Fe).



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Huelga, sindicatos y avance de la democracia

Horacio Meguira (ACTA)

El paro reciente contó con una muy significativa adhesión y hacen mal las autoridades en desconsiderar los reclamos y demonizar a quienes ejercen sus derechos como trabajadores. Las organizaciones gremiales deben ser autónomas y bregar por la mejora de las condiciones de trabajo.

Una huelga general, como máxima expresión de un derecho fundamental, debería provocar cambios en las relaciones entre empleadores, gobierno y trabajadores. Más aún cuando la del jueves 28 se trató de la tercera medida en dos años en un marco de conflictividad creciente, tanto en la actividad privada como en la pública. Independientemente de los porcentuales que se declaran para sobrevalorar o reducir su efectividad, lo cierto es que millones de trabajadores resolvieron el “no trabajo” y lo hicieron en una coyuntura difícil, con una fuerte disputa en el escenario público.

El Gobierno hizo valer el peso del Estado y junto a los dirigentes oficialistas apostaron para provocar el fracaso de la medida de fuerza. Con posterioridad devaluó el significado resaltando los sectores que no adhirieron y adelantó que no hará lugar a los reclamos.

El hecho de que el transporte público no se haya plegado (por encima de que en muchas provincias la UCRA y sectores disidentes de la UTA paralizaron las líneas locales) les da un plus valorativo a los huelguistas. Muchos trabajadores pudieron ir a trabajar y optaron por lo contrario.

De acuerdo al Observatorio de Derecho Social de la CTA, la huelga general vuelve a poner en el centro de la escena las principales reivindicaciones: la persistencia de altos niveles de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario y la precarización laboral que incluye un amplio sector de trabajadores no registrados, tercerizaciones, falsos autónomos, contrataciones temporales y por agencia, etc.; la situación de una gran cantidad de trabajadores que poseen ingresos inferiores al SMVM ($3.600) y la de la mayoría de los jubilados, cuyo haber mínimo es de $2.757; la continuidad de un sistema impositivo basado en los impuestos al consumo (IVA) y donde el mal llamado impuesto a las ganancias afecta, proporcionalmente, mucho más a los trabajadores alcanzados que a las empresas. El pliego de reivindicaciones incluyó la defensa de las fuentes de trabajo. Desde comienzos de año y con la excusa de una situación de crisis, las empresas han implementado planes de reducción de personal a través de despidos y suspensiones colectivas.

La localización de medidas de acción en empresas en crisis genera una aceleración del desprestigio de los “sindicatos-empresa” que van cediendo protagonismo a nuevas organizaciones sindicales y comisiones internas, con mayor actividad de los sindicatos de base por sobre las federaciones y uniones.

Llevamos 30 años de democracia institucional y sin embargo persisten las restricciones a la libertad y democracia sindical, y continúa la criminalización de la protesta y la huelga.

Recientemente, en esta misma sección, Armando Caro Figueroa resaltó que los sindicatos se debaten en la contradicción peronismo vs. leninismo.

Las reacciones represivas de las conducciones de los sindicatos burocráticos no tiene que ver con la ideología, sino con el modelo sindical de representación que concentra en sus direcciones todas las decisiones, en detrimento de los mandatos surgidos desde los lugares de trabajo. Instalar un “enemigo” en tiempos recesivos es un viejo método para justificar la intensificación represiva y el ajuste.

Creemos que el estatalismo afecta a las relaciones de trabajo y la principal carencia sigue siendo que la mayoría de los trabajadores no participan de los beneficios económicos, políticos y sociales de la democracia. Antonio Baylos dice “que no hay democracia política sin la autonomía de formaciones sociales y lo que ello significa en cuanto a la acción de representación y tutela de los intereses de los trabajadores en su conjunto, en cuanto miembros de un grupo social determinado”.

De continuar los vínculos laborales y sindicales autoritarios, de no permitirse ámbitos para el debate y negociación de las políticas económicas y sociales, aun con los que pensamos diferente; si los beneficios de la democracia plena siga siendo un privilegio de pocos, puede haber una regresión y repetir una historia trágica que aún permanece en la memoria.

Lo trabajadores han contestado con acción, y ella continuará extendiéndose, protagonizando la disputa por su presente y su futuro, construyendo nuevas formas organizativas que reclaman reconocimiento y legalidad que son sin dudas la base del nuevo movimiento obrero que se gesta.

Sectores dominantes pueden volver requerir de las instituciones políticas el disciplinamiento de los trabajadores alegando el “avance de la izquierda”, cuando en realidad lo que pretenden impedir es el avance de la democracia.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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Félix Díaz: “¿Por qué tenemos que irnos afuera para poder buscar justicia?”

LA RETAGUARDIA

El referente de la comunidad La Primavera de la etnia Qom fue invitado a participar de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas que se realizará en la ONU en Nueva York, el 22 de septiembre, para exponer los problemas de los pueblos originarios en Argentina. Para ello necesita dinero para el viaje y la estadía, por eso apela a la solidaridad de quienes puedan darle una mano.

“Nosotros como pueblos originarios de Argentina estamos realmente muy preocupados por lo que está pasando. La política estatal ignora las cuestiones jurídicas en cuanto a los territorios que habitan los pueblos indígenas en diferentes provincias. Falta voluntad política y esto genera este conflicto que enfrenta a los pueblos indígenas por usurpaciones que el Estado legitima mediante resoluciones de poderes ejecutivos provinciales, o empresas multinacionales avaladas por el Estado. Surge entonces esta posibilidad de intentar llegar hasta Nueva York para poder elevar estos reclamos y denuncias por la falta de garantías en cuanto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, porque son problemas que no son de ahora sino que venimos arrastrando desde hace más de 500 años. Hoy tenemos derechos consagrados en la Constitución, los derechos internacionales a los que Argentina adhiere y que se están incumpliendo por falta de una política participativa, integral, en la que los pueblos indígenas podamos colaborar en esta construcción de un país global para que todos los ciudadanos que lo habitamos seamos parte del desarrollo que el Estado argentino tiene que garantizar para la vida de todos habitantes de este país”, explicó Félix Díaz en diálogo con La Retaguardia.

La idea de participar en esta cumbre surgió a partir de los contactos que la comunidad tiene con organizaciones indígenas de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, entre otros países: “ellos tienen una experiencia bastante interesante en cuanto a la participación por el reconocimiento de los derechos indígenas a nivel internacional, y justamente la ONU es la que trata de poder garantizar la seguridad jurídica hacia los pueblos indígenas, sobre todo lo referente al territorio. Entonces queremos tener esta posibilidad de poder plantear directamente al organismo internacional, como parte de esta garantía de los derechos indígenas que se tienen que cumplir por parte del Estado, que tiene esa obligación de garantizar la seguridad física de los pueblos indígenas en cuanto a salud, educación, trabajo, y específicamente sobre la cuestión territorial que es la esencia de la vida de los pueblos indígenas”, aseveró el referente de la comunidad La Primavera de Formosa.

Según detalló Díaz, la organización que lo inscribió para participar de la Cumbre pudo conseguir este espacio pero no está en condiciones de brindar los medios para el traslado, alojamiento y comida: “por esa razón es que pedimos a la ciudadanía, a algunas organizaciones que tienen la posibilidad de conseguir los recursos económicos para poder apoyar esta intención como pueblo indígena de elevar nuestros reclamos hacia ese organismo internacional. No es que va Félix Díaz solamente, voy cargado de la problemática de la comunidad indígena a nivel nacional, como indígena me siento como sobrecargado de tanta preocupación y dolor de nuestros pueblos. ¿Por qué tenemos que irnos afuera para poder buscar justicia? Argentina es un país independiente que tiene sus organismos nacionales que tienen autonomía en cuanto a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que deberían ser los garantes de aplicar estos derechos humanos por los que hoy estamos pidiendo justicia. Lo que hacemos no es contra el gobierno, no es contra los partidos políticos, ni contra nadie, lo que queremos es que se haga justicia para los pueblos indígenas y que los territorios que hoy están siendo maltratados se respeten. En el territorio está la vida de todos nosotros, está la historia, los antepasados, y queremos que se garantice la ocupación tradicional de los pueblos indígenas mediante la práctica de la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, también la defensa de los bosques y de todos los recursos naturales que existen en los territorios indígenas, por eso la importancia de poder estar allí en esos días”.

Díaz además aclaró que es una causa que no tiene nada que ver con la mendicidad, sino que se trata de una necesidad de los pueblos indígenas, para que puedan ser escuchados: “a mí me tocó tener la voz de los pueblos indígenas y poder ir a representarlos y es una responsabilidad enorme, y esto me genera mucha dificultad con mi familia, que está amenazada por la policía, por el poder político de la provincia de Formosa, muchas veces nuestros hermanos y familiares no tienen posibilidad de acceder a una asistencia médica por el solo hecho de ser mis parientes directos, eso es como una condena que a mí me tocó al llevar adelante esta tarea de ser defensor de la lucha del pueblo indígena. Yo me hago cargo de estas cosas que estoy diciendo porque no estoy teniendo miedo de decir la realidad de la situación de la problemática indígena. Cuando un gobierno, que se jacta de democrático, de defensor de los derechos humanos, habla ante los 40 millones de argentinos, ¿dónde estamos dentro de esos 40 millones? ¿En qué categoría nos ven, o solamente nos miran cuando hay programas de apoyo a los pueblos indígenas que viene algún dinero del exterior para poder resolver las necesidades del pueblo indígena? ¿Dónde está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) cuando mueren nuestros familiares en las comunidades, dónde están estos funcionarios que se jactan de defensores de los derechos humanos?”, expresó Díaz, conmovido.

En el lugar del otro

En diálogo con La Retaguardia, Félix Díaz se refirió a la manera en que sienten que desde el Estado se ve a las comunidades originarias: “siempre decimos que es fácil hablar pero difícil estar en el lugar donde están las personas que sufren, porque nadie puede aguantar vivir en una comunidad indígena sin agua, sin asistencia médica, sin alimentos, sin trabajo, nadie puede decir que comparte con nosotros el sufrimiento porque a nosotros nos miran como ‘los pobrecitos indios que no tienen nada’, a los que hay que darles las cosas que sobran, todas usadas, mercadería vencida, conformarnos con eso, pero nosotros ya no somos tan imbéciles como para aceptar esta condición inhumana que nos quieren otorgar por parte del Estado porque ya no queremos ser inútiles, queremos ser seres humanos que nos garanticen nuestra existencia y fortalecer la existencia de los pueblos indígenas con una política humana, no una partidaria, sino más bien una política que debe centrarse en la vida de las personas, por eso nosotros estamos tratando de ser fuertes y sostener esta postura de que los pueblos indígenas no tienen que negociar sus derechos porque los derechos constitucionales no son derechos comerciales, que se pueden desviar, los derechos están para poder sobrellevar las dificultades que atraviesa cualquier persona”.

En este sentido, Díaz destacó el conocimiento alcanzado gracias a las capacitaciones que abogados y ONG les han brindado, algo que no ocurre con los organismos estatales: “lastimosamente el Estado crea una institución como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es un ente de aplicación, quiere decir que ese organismo debería ser el defensor leal de los pueblos indígenas, salir al frente y denunciar esta violación de los derechos humanos, de los derechos indígenas y no un defensor de un gobierno o partido político, sino defensor de la vida de los pueblos aborígenes, pero lastimosamente esta subsecretaría que se creó a nivel nacional solamente está para avalar esta violación y el despojo de los territorios indígenas, negando la aplicación de la ley 26.160 que debería regularizar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas. El Estado no tiene la voluntad para poder otorgar a los indígenas ese derecho constitucional”.

Un recuerdo para Elías Jara

Hace día apenas falleció Elías Jara, pastor evangélico y una autoridad de la Comunidad La Primavera. Él había sido encarcelado por la policía formoseña en el marco de la represión de noviembre de de 2010, cuando fue asesinado Roberto López.

Jara nunca se recuperó de los golpes recibidos en aquellas jornadas, a pesar de que estaba pasando muy mal de salud, recién pudo ser hospitalizado una semana antes de morir.

Así lo recordó Félix Díaz: “un hombre íntegro, de mucha bondad. Me ha dejado una herida que creo que nunca se va a cerrar porque es un hombre que ha dado su vida en defensa de la vida misma, en defensa del territorio, y esa es una carga más que tengo que llevar adelante, porque esa misión que él tuvo en defensa de la cultura indígena es un compromiso que no tuvo precio, sino la vida misma, entonces a mí me dejó como herencia esa visión, esa mirada de un indígena de dar su vida por esta causa, y esta causa no tiene precio, no tiene la mínima posibilidad de decir que negociemos con el Estado, el Estado tiene la obligación de reparar los daños. Elías para mí es un hermano, un maestro, un ser absolutamente humano, especial para mí, y esa guía que me dio al decir ‘Félix es mi líder’; sin embargo yo digo que él es mi líder y hoy esta carga que estamos soportando es una tarea que doblega mi responsabilidad de llegar a todas partes, de seguir gritando y denunciando esta injusta vida que nos tocó vivir en estos tiempos, pero seguiré con toda la fuerza de mi ser, en beneficio de la vida de los pueblos indígenas de Argentina”.

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Fukman: “Los que violan los Derechos Humanos hoy, no pueden custodiar los espacios para la memoria”

LA RETAGUARDIA

La frase del sobreviviente de la ESMA, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, tiene relación con la decisión del gobierno nacional de que efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se encarguen de la “seguridad” del ex centro clandestino de detención tortura y exterminio El Olimpo. Esta es una de las consecuencias del traspaso de los ex CCDTyE, que funcionaron durante la última dictadura cívico militar, de la órbita de la ciudad de Buenos Aires a la de Nación.

¿Qué hace acá ese pibe?

El inicio de la entrevista fue especial, desde Oral y Público le pedimos a nuestro compañero Víctor Basterra que presentara a quien estaba del otro lado de la línea, le dijimos que era un persona de barba larga que él conocía…

-Víctor Basterra: ¿Un barba larga? Mi querido Cachito… con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fukman, viejo luchador, no tanto por la edad sino por los años que lleva de lucha, desde muy jovencito...

Rápidamente, Fukman respondió: "Decile a Víctor que él no puede decirme a mí ‘viejo’, porque la primera vez que me vio fue en la ESMA, al poco tiempo que a él lo habían chupado y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí. Cuando me ve, Víctor le dice a otro compañero, ‘¿Qué hace acá ese pibe?’".

-VB: Cuando lo vi entrar en el espacio, en el sótano (de la ESMA) pensé ‘estos hijos de puta también secuestran pibes’. Me parecía que era un pibe de 12 años…

Corría fines de 1978 o quizás comienzos de 1979, Cachito tenía 22 años y Basterra 35. “Víctor ya era un jovato”, expresó entre carcajadas Fukman.

Cachito y Víctor parecen hermanados por lo que vivieron es ese lugar tenebroso. Manejan códigos propios que hacen que puedan reírse de esta anécdota que narra cómo se conocieron en la ESMA y regalarnos casi un momento íntimo, compartido entre amigos.

El accionar del SPF ayer y hoy

Una de las primeras medidas que se quiso tomar luego de la aprobación del traspaso de los sitios de memoria del ámbito de la ciudad al nacional, y de la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, fue que efectivos de la Policía Federal custodiaran los diferentes ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Esta iniciativa obtuvo el inmediato rechazo de la mayoría de los organismos de derechos humanos, y parecía que la idea había sido dejada de lado. Sin embargo, poco después los trabajadores del ex CCDTyE El Olimpo avisaron a los organismos que había integrantes del Servicio Penitenciario Federal realizando tareas de “seguridad” y que -al parecer- el objetivo era luego extender esta mecánica a otros sitios de memoria.

“Obviamente desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y el resto de los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos opusimos totalmente a eso porque no solamente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) participó del plan genocida sino que además hoy en día sigue teniendo prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos”, expresó Enrique “Cachito” Fukman en comunicación con Oral y Público.

En este punto, Fukman recordó: “a fin del año pasado el propio Estado argentino fue condenado por las Naciones Unidas justamente por las situaciones en las cárceles que están a cargo del SPF. Por lo tanto decimos que aquellos que violan los derechos humanos en el presente no pueden custodiar los espacios para la memoria”.

El accionar del SPF está muy cuestionado, incluso en relación a las diferencias que realizarían en el trato entre los genocidas detenidos y los presos comunes: “los genocidas en este momento podemos decir que tienen toda una serie de privilegios –detalló Fukman– a tal punto que para que estén cerca de sus familias y de Buenos Aires los están concentrando en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza, porque no entran en la cárcel de varones y aparte qué hacen con la población masculina, recordemos que hay muchos en Marcos Paz y en otros presidios federales, entonces los están concentrando en la cárcel de mujeres, desplazando a las mujeres que están allí detenidas, a tal punto que en algunos pabellones las únicas que han quedado son mujeres embarazadas y con chicos, pero que también están siendo sistemáticamente hostigadas por el SPF para que ellas mismas soliciten los traslados de tal forma que queden ahí solamente los genocidas. O sea quieren hacer una cárcel VIP para genocidas en la cárcel de mujeres”.

El 29 de agosto se realizó una movilización y escrache hasta la sede del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Lavalle y Pueyrredón de la Ciudad de Buenos Aires, para denunciar esta situación que describió Fukman. Sin embargo, tras la marcha no han recibido ninguna respuesta: “vamos a seguir accionando –aseveró el integrante de la AEDD–, es tan realmente impresentable la situación que esta gente que está en El Olimpo está de civil y ni siquiera le dicen a la gente que reciben que son del Servicio Penitenciario. O sea que la gente que va a recorrer ese lugar de secuestros, torturas, desapariciones, de muerte, no tiene idea de que quienes los están recibiendo han sido parte de ese plan genocida y siguen en el presente violando los derechos humanos. Siguen manteniendo la misma actitud de ocultamiento que en la época de la dictadura, a tal punto que están de civil”.

Bastión del pensamiento represor y autoritario

Para Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, la presencia del SPF en El Olimpo forma parte de “las torpezas que se cometen cuando no se toman las experiencias que vuelcan los compañeros y compañeras”, en obvia referencia a los cambios que se están realizando desde la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM). Respecto al accionar del SPF, manifestó: “está bueno que cada vez se denuncie más esta historia, porque es cierto lo que dice Cachito, la estructura mental, de acción incluso, de los servicios de seguridad no ha cambiado. Las fuerzas de seguridad siguen teniendo la misma impronta que han tenido a lo largo de los años. No hay un cambio, salvo si uno va por la calle te pueden decir ‘si, caballero, qué necesita’, esa huevada formal, pero después cuando te tienen que perseguir, te persiguen y te destruyen, estés en el lado que estés y justamente el SPF es uno de los bastiones donde existe un fuerte predominio de ese pensamiento represor y autoritario”.

Durante el Terrorismo de Estado, en El Olimpo actuaron Gendarmería, Policía y además el Servicio Penitenciario Federal. Para Fukman que hoy sean efectivos del SPF los que custodien el espacio donde funcionó aquel centro clandestino es lo mismo que si Prefectura se encargara de la seguridad de la ESMA.

Basterra formó parte del Consejo Directivo del recientemente disuelto Instituto Espacio para la Memoria, y se le consultó si en este organismo también se había debatido acerca de quién debía custodiar los sitios de memoria: “en su momento en la ESMA quisimos establecer un servicio de protección, porque nosotros no hablamos de seguridad, ni vigilancia. Y lo queríamos trasladar a los otros ex centros clandestinos, como El Olimpo, Orletti, todos los centros clandestinos. Para eso lógicamente se necesita no solamente una especie de voluntad, que la teníamos, sino también los medios económicos para pagar y tener compañeros formados y que tuvieran una actitud de respeto al tema de los derechos humanos, a la pelea de los luchadores sociales, cosa que solamente pudimos realizar en la ESMA; después había agencias de seguridad que los podíamos monitorear, pero ¿quién puede monitorear al SPF?, que tiene su propio servicio de inteligencia, su propio servicio de represión, todo lo que uno más o menos sabe e imagina”.

Lavado de cara

Para Enrique Fukman lo que se está intentando hacer con la presencia del SPF en El Olimpo es lavarle la cara a una fuerza que en la actualidad está totalmente corrompida: “vulnera cotidianamente los derechos humanos. Lo que están intentando hacer desde el gobierno es lavarle la cara, obviamente cuando uno quiere lavarle la cara a alguien es porque lo que quiere hacer es defenderlo para que siga haciendo lo que está haciendo, y eso es lo que nos preocupa de fondo. Junto con eso obviamente está el tema de qué tipo de memoria se quiere construir, y obviamente nos están planteando que quieren construir una memoria donde casi podríamos decir que nos están diciendo que los genocidas no eran tan malos. Y nos preocupa porque acá no es un problema de malos y buenos, sino que nos preocupa que no nos planteemos que en nuestro país hubo un proyecto para destruir toda forma de organización pero dentro de otro proyecto más amplio que era destruir la identidad del pueblo argentino, el entramado social, su forma de pensar y de sentir para después imponer un modelo económico y social opresivo de dependencia, eso es lo que nos preocupa realmente, quieren plantear que aquellos que llevaron adelante eso hoy pueden estar sin ser castigados, pero que además tampoco tienen que ser castigados por los crímenes, por las violaciones a los derechos humanos que cometen en el presente, eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Se está lavando la cara a aquellos que violaron los derechos humanos en la dictadura pero también que siguen violando los derechos humanos en el presente”.

18 de setiembre

Al finalizar la entrevista, Enrique Cachito Fukman dejó la invitación para lo que será el próximo encuentro en la calle, la movilización del 18 de setiembre al cumplirse ocho años de la segunda desaparición de Jorge Julio López: “como cada 18 de setiembre desde hace ocho años, cuando justamente aquellos que formaron parte del plan genocida y después continuaron formando parte de las fuerzas de seguridad de estos gobiernos constitucionales volvieron a secuestrar y desaparecer a Jorge Julio López. Los esperamos a todos a las 17.30 para marchar en la ciudad de Buenos Aires desde Congreso a Plaza de Mayo, para marchar en La Plata y en todas las ciudades del país exigiendo el fin de la impunidad. Y entre esos fines de la impunidad obviamente está el que los centros clandestinos no sean custodiados por aquellas fuerzas que realmente tienen que ser juzgadas y condenadas por sus violaciones de ayer y de hoy”.

Brindis

Antes del final, Cachito se dirigió especialmente a Víctor Basterra: “espero que nos juntemos pronto, no solamente en la calle, sino porque en medio de todo esto también vale la pena brindar por la vida”. Levantamos la copa con ellos y brindamos no solo por la vida, también por la enseñanza que cada día nos dejan los tipos como ellos.

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