jueves, 18 de septiembre de 2014

Los 70 años de Bretton Woods, del Banco Mundial y del FMI (parte 8): El apoyo del Banco Mundial y del FMI a las dictaduras

Eric Toussaint (CADTM)

Después de la segunda guerra mundial, en un número creciente de países del Tercer Mundo las políticas aplicadas volvían la espalda a las viejas potencias coloniales. Esta orientación se encontró con la firme oposición de los gobiernos de los grandes países capitalistas industrializados, que ejercían y ejercen una influencia decisiva sobre el Banco Mundial y el FMI. Los proyectos del Banco tenían un fuerte contenido político: se debía poner un dique al desarrollo de movimientos que cuestionasen la dominación ejercida por las grandes potencias capitalistas. La prohibición de tener en cuenta las consideraciones «políticas» y «no económicas» en las operaciones del Banco, una de las más importantes condiciones de sus estatutos, ha sido sistemáticamente soslayada. La parcialidad política de las instituciones de Bretton Woods ha quedado demostrada por el apoyo financiero brindado a dictaduras, en particular las que han asolado a Chile, Brasil, Nicaragua, Congo-Kinshasa y Rumanía.

Vientos de fronda anticolonial y antiimperialista en el Tercer Mundo

Después de 1955, el espíritu de la Conferencia de Bandung |1| Indonesia) sobrevolaba gran parte del planeta. Era la continuación de la derrota francesa en Indochina (1954) y precedía la nacionalización del canal de Suez por Nasser (1956). Luego vendrían la revolución cubana (1959) y la argelina (1954-1962), el relanzamiento de la lucha de emancipación de Vietnam. En un parte creciente del Tercer Mundo, las políticas aplicadas volvían la espalda a las antiguas potencias coloniales. Se notaba una tendencia a la sustitución de importaciones y al desarrollo de políticas volcadas al mercado interno. Esta orientación encontró la firme oposición de los gobiernos de los grandes países capitalistas industrializados, que tenían y tienen una influencia decisiva sobre el Banco Mundial y el FMI. Irrumpió una ola de regímenes nacionalistas burgueses que seguían políticas populares (Nasser en Egipto, Nehru en la India, Perón en Argentina, Goulart en Brasil, Sukarno en Indonesia, Nkrumah en Ghana, etc.) y de gobiernos con orientación explícitamente socialista (Cuba, China popular).

En este marco, los proyectos del Banco Mundial tenían un fuerte contenido político: poner un dique al desarrollo de movimientos que cuestionasen la dominación ejercida por las grandes potencias capitalistas.

Poder de intervención del Banco Mundial en las economías nacionales

Desde los años 50, el Banco tejió una red de influencias que le sería de gran utilidad más tarde. Uno de sus objetivos fue promover la demanda de sus servicios en el Tercer Mundo. La influencia que tenía en ese momento provenía en gran parte de las redes de agencias que había establecido en los Estados que se constituirían en sus clientes y, al mismo tiempo, sus deudores. El Banco llevó a cabo una verdadera política de influencias para mantener su red de préstamos.

A partir de la década de 1950, uno de los primeros objetivos del Banco fue la «construcción de instituciones», que con frecuencia adoptó la forma de creación de agencias paragubernamentales dentro del país cliente. |2| Estas agencias se fundaron de tal manera que fuesen financieramente independientes de sus gobiernos y estuvieran fuera del control de las instituciones políticas locales, en especial de los parlamentos nacionales. Constituyeron enlaces naturales del Banco, al que le debían mucho, comenzando por su existencia, y en ciertos casos su financiación.

La creación de tales agencias ha sido una de las estrategias más importantes del Banco Mundial para insertarse en las políticas económicas de los países del Tercer Mundo.

Operando según sus propias reglas (con frecuencia elaboradas siguiendo las sugerencias del Banco), plenas de tecnócratas simpatizantes puestos y apoyados por el Banco, estas agencias sirven para crear una fuente estable y digna de confianza para aquello que el Banco necesita: propuestas de préstamos «viables». Proporcionan también al Banco unas bases de poder paralelo mediante las cuales éste ha sido capaz de transformar las economías nacionales, y de hecho, sociedades enteras, sin los procedimientos que requieren debate y control democrático.

El Banco fundó en 1956, con un importante apoyo financiero de la Fundación Ford y de la Fundación Rockefeller, el Instituto de Desarrollo Económico (Economic Development Institute), que ofrece estadías de formación de seis meses a delegados oficiales de los países miembros. «Entre 1956 y 1971, más de 1.300 delegados oficiales pasaron el Instituto, y cierto número de ellos ya habían alcanzado la posición de primer ministro, o de ministro de Planificación o de Finanzas.» |3|.

Las implicaciones de esta política son inquietantes: el estudio del International Legal Center (ILC) de Nueva York de la actividad del Banco en Colombia entre 1949 y 1972 concluye que las agencias autónomas establecidas por el Banco han tenido un impacto profundo sobre la estructura política y sobre la evolución social de la región entera, debilitando «el sistema de partidos políticos y minimizando las funciones de los poderes legislativo y judicial».

Podemos considerar que, desde los años 60, el Banco estableció unos mecanismos únicos y novedosos con vistas a una intervención continua en los asuntos internos de los países deudores. Pero el Banco niega rotundamente que tales intervenciones sean políticas: al contrario, insiste en el hecho de que su política no tiene nada que ver con las estructuras de poder y que los asuntos políticos y económicos son cuestiones independientes.

La política de préstamos del Banco Mundial está influenciada por consideraciones políticas y geoestratégicas

El artículo IV sección 10 estipula: «El Banco y sus responsables no interferirán en las cuestiones políticas de ningún miembro y les está prohibido dejarse influenciar en sus decisiones por el carácter político del miembro o miembros concernidos. Sólo las consideraciones económicas pueden influir sobre sus decisiones y estas consideraciones serán consideradas sin prejuicios, a fin de alcanzar los objetivos [fijados por el Banco] estipulados en el artículo I.»

A pesar de esto, la interdicción de tener en cuenta consideraciones «políticas» y «no económicas» en las operaciones del Banco, una de las condiciones más importantes de sus estatutos, es burlada sistemáticamente. Y ello desde el inicio de su existencia. Recordemos que el Banco se negó a prestar a Francia después de la liberación mientras hubiera comunistas en su gobierno (pocos días después de la salida de éstos del gobierno, en mayo de 1947, el préstamo solicitado y bloqueado fue acordado).

El Banco actúa reiteradamente contraviniendo el artículo IV de sus estatutos. En efecto, con regularidad toma decisiones en función de consideraciones políticas. La calidad de las políticas económicas seguidas no es el factor determinante de sus decisiones. El Banco presta con frecuencia dinero a las autoridades de un país a pesar de la mala calidad de su política económica y de un alto nivel de corrupción: Indonesia y el Zaire son dos casos paradigmáticos. Precisamente, las opciones del Banco relacionadas con países que constituyen un factor político importante, en opinión de sus principales accionistas, en general están vinculadas a los intereses y la orientación de éstos, comenzando por Estados Unidos.

Las decisiones del Banco y de su gemelo, el FMI, desde 1947 hasta el desmoronamiento del bloque soviético |4| han estado determinadas principalmente por los siguientes criterios:
- evitar que se mantengan modelos autocentrados;
- apoyar financieramente grandes proyectos (Banco Mundial) o políticas que permitan aumentar las exportaciones de los principales países industrializados (FMI);
- negar la ayuda a regímenes considerados una amenaza por el gobierno de Estados Unidos y de otros accionistas importantes;
- tratar de modificar la política de ciertos gobiernos de los países llamados socialistas, a fin de debilitar la cohesión del bloque soviético. Con ese objetivo se dio ayuda económica a Yugoslavia, que se había retirado del bloque dominado por Moscú en 1948, y a Rumania a partir de los años 70, cuando Ceausescu manifestaba sus veleidades de alejamiento del Comecón y del Pacto de Varsovia:
- apoyar a aliados estratégicos del bloque capitalista occidental, de Estados Unidos en particular (por ejemplo, Indonesia desde 1965 hasta el presente; el Zaire de Mobutu, de 1965 a 1997; las Filipinas de Marcos, el Brasil de la dictadura desde 1964; la Nicaragua de Somoza; la Sudáfrica del apartheid);
- intentar impedir o limitar, en la medida de lo posible, un acercamiento de los gobiernos de los PED al bloque soviético o a China: por ejemplo, tratar de que la India y la Indonesia de los tiempos de Sukarno se alejaran de la URSS;
- tratar, a partir de 1980, de integrar a China en el juego de alianzas de Estados Unidos.

Para seguir esta política, el Banco Mundial y el FMI aplican un táctica generalizada: son más flexibles con un gobierno de derecha (menos exigentes en términos de austeridad antipopular) si éste se enfrenta a una fuerte oposición de izquierda que con un gobierno de izquierda enfrentado a una fuerte oposición de derecha. Concretamente, esto significa que estas instituciones le harán la vida difícil a un gobierno de izquierda acosado por una oposición de derecha, para debilitarlo y favorecer el acceso de la derecha al poder. Siguiendo la misma lógica, serán menos exigentes con un gobierno de derecha acosado por una oposición de izquierda a fin de evitar el acceso al poder de ésta. La ortodoxia monetaria es de geometría variable: las variaciones dependen de factores políticos y geoestratégicos.

Algunos casos concretos -Chile, Brasil, Nicaragua, Zaire y Rumania- ilustran lo que acabamos de adelantar: se trata, a la vez, de decisiones del Banco y del FMI porque éstas están determinadas grosso modo por las mismas consideraciones y sometidas a las mismas influencias.

El FMI y el Banco Mundial -y otros poderes capitalistas-no vacilan en apoyar a una dictadura cuando lo consideran oportuno. Los autores del Informe mundial sobre el desarrollo humano realizado por el PNUD (edición de 1994) lo dicen con toda claridad: «De hecho, la ayuda suministrada por Estados Unidos durante los años 80 es inversamente proporcional al respeto de los derechos humanos. Los donantes multilaterales tampoco parecen estar preocupados por tales consideraciones. Parecen, en efecto, preferir los regímenes autoritarios, ya que consideran sin pestañar que éstos favorecen la estabilidad política y están en mejores condiciones de gestionar la economía. Cuando Bangladesh y las Filipinas pusieron fin a la ley marcial, su proporción en el conjunto de los préstamos del Banco Mundial disminuyó.» |5|.

La parcialidad política de las instituciones financieras internacionales (IFI): ejemplos de apoyo financiero a las dictaduras

Apoyo a la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile


Chile: Los desembolsos multilaterales
Fuente: Banco Mundial, CD-Rom GDF. 2001

Durante el gobierno, democráticamente electo, de Salvador Allende (1970-1973), Chile no recibió préstamos del Banco, pero con el gobierno de Pinochet, tras el golpe militar de 1973, el país se tornó de repente creíble. Sin embargo, ningún dirigente del Banco ni del FMI ignoraba el carácter profundamente autoritario y dictatorial, en una palabra criminal, del régimen pinochetista. El lazo entre la política de préstamos y el marco geopolítico es aquí evidente. Uno de los principales colaboradores de Robert McNamara, Mahbub ul Haq, redactó en 1976, en un memorándum, una nota muy crítica con el título «Los errores del Banco Mundial en Chile» |6| intentando que el Banco modificara su orientación. En ella se puede leer: «Nosotros nos equivocamos al no apoyar los objetivos fundamentales del régimen de Allende, ya sea en nuestros informes o bien de forma pública.» Pero Robert McNamara decidió ignorarlo. |7|. Mahub ul Haq trató, sin éxito, de convencer a la dirección del Banco de que suspendiera los préstamos a Pinochet porque éste estaba «en vías de restaurar una sociedad económicamente elitista e inestable». Añadía que la política de Pinochet «ha agravado la desigualdad de la distribución de ingresos del país». |8|.

Apoyo a la junta militar de Brasil que derrocó al presidente João Goulart


Brasil: Desembolsos del Banco Mundial
Fuente: Banco Mundial, CD-Rom GDF. 2001

El régimen democrático del presidente João Goulart fue derrocado por los militares en abril de 1964. Los préstamos del Banco y del FMI, que habían sido suspendidos durante tres años, se reiniciaron poco después. |9|.

Hagamos un resumen sucinto de los acontecimientos: en 1958, el presidente brasileño Kubitschek tuvo que entablar negociaciones con el FMI para recibir un préstamo de Estados Unidos de 300 millones de dólares. Finalmente, Kubitschek rechazó las condiciones impuestas por el FMI y prescindió del préstamo. Esto le valió una gran popularidad.

Su sucesor, João Goulart anunció que pondría en práctica una reforma agraria radical y que iba a proceder a la nacionalización de las refinerías de petróleo: los militares lo derribaron. Al día siguiente del golpe, Estado Unidos reconoció al régimen militar. Poco después, el Banco y el FMI reanudaron la política de préstamos suspendida. Por su parte, los militares abolieron las medidas económicas criticadas por Estados Unidos y el FMI. Destaquemos que las instituciones financieras internacionales consideraron que el régimen militar tomaba sanas medidas económicas (sound economic measures), |10| aunque el PIB había bajado un 7 % en 1965 y miles de empresas habían quebrado. El régimen organizó una fuerte represión, prohibió las huelgas, provocó una fuerte caída del salario real, suprimió las elecciones por sufragio directo, decretó la disolución de los sindicatos y recurrió con regularidad a la tortura.

Desde su primer viaje, realizado en mayo de 1968, Robert McNamara se desplazó con regularidad a Brasil, donde no dejó de entrevistarse con el gobierno de los militares. Los informes públicos del Banco elogiaban sistemáticamente la política de la dictadura en lo concerniente a la reducción de la desigualdad. |11| Sin embargo, en privado las discusiones podían llegar a ser agrias. Cuando el subdirector del departamento de Proyectos, Bernard Chadenet, declaró que la imagen del Banco se degradaría a consecuencia del apoyo que brindaba al régimen represivo brasileño, Robert McNamara reconoció que había una represión muy fuerte («a tremendous amount of repression»). Pero agregó: «no es necesariamente muy diferente de lo que ocurría bajo los gobiernos anteriores y esto no parece mucho peor que en otros países miembros del Banco. ¿Es que Brasil es peor que Tailandia?». |12| Unos días más tarde, McNarama insistía: «No parece que haya una posibilidad de alternativa viable al gobierno de los generales.» |13| El Banco Mundial comprendía muy bien que las desigualdades no disminuían y que sus préstamos a la agricultura reforzaban a los grandes propietarios. De todos modos decidió continuar prestando porque lo que quería absolutamente era mantener su influencia sobre el gobierno. Empero, en este nivel tuvo un fracaso patente: los militares demostraron una profunda desconfianza ante la voluntad del Banco de aumentar su presencia. Por último, a finales de los años 70, aprovecharon la profusión de préstamos de bancos privados internacionales concedidos a un tipo de interés inferior al del Banco Mundial.

Después de haber apoyado la dictadura de Anastasio Somoza, el Banco Mundial puso fin a los préstamos tras la elección del sandinista Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua


Nicaragua: desembolsos del Banco Mundial
Fuente: Banco Mundial, CD-Rom GDF. 2001

El clan de los Somoza se mantuvo en el poder en Nicaragua desde los años 30, gracias a la intervención militar de Estados Unidos; sin embargo, el 19 de junio de 1979, un poderoso movimiento popular triunfó sobre la dictadura y provocó la huida del dictador Anastasio Somoza. Los Somoza, detestados por el pueblo, habían acaparado una parte muy grande de las riquezas del país y favorecieron la implantación de grandes empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses. Su dictadura se benefició de numerosos préstamos del Banco Mundial. Tras el derrocamiento, ocupó el gobierno una alianza de la oposición democrática tradicional (dirigida por jefes de empresa) y los revolucionarios sandinistas. Éstos no ocultaban ni su simpatía por Cuba ni su disposición a emprender ciertas reformas (reforma agraria, nacionalización de algunas empresas extranjeras, confiscación de tierras pertenecientes al clan Somoza, programas de alfabetización...) Washington, que había apoyado a Somoza hasta el último momento, consideraba que este nuevo gobierno constituía una amenaza de contagio comunista en América Central. Sin embargo, Carter, presidente en el momento de la caída de la dictadura, no adoptó en ese momento ninguna actitud agresiva. Pero las cosas cambiaron en cuanto Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca. En 1981 anunció su decisión de desalojar a los sandinistas; apoyó financiera y militarmente una rebelión encabezada por ex miembros de la guardia nacional («contrarrevolucionarios» o «contras»). E incluso la aviación estadounidense minó varios puertos nicaragüenses. Ante esta hostilidad, la política del gobierno, de mayoría sandinista, se radicalizó. En las elecciones de 1984, desarrolladas de manera democrática por primera vez en medio siglo, Daniel Ortega fue elegido presidente con el 67 % de los votos. Al año siguiente, Estados Unidos decretó un embargo comercial contra Nicaragua, que aisló al país de los inversores extranjeros. Por su parte, el Banco Mundial cortó los préstamos a partir de la elección de Daniel Ortega. Como he señalado en el capítulo precedente, los sandinistas entonces intentaron activamente convencer al Banco Mundial de reanudar los préstamos. |14|.

Incluso estaban dispuestos a aplicar un plan de ajuste estructural draconiano. Pero el Banco resolvió no continuar y sólo los reanudó después de la derrota de los sandinistas en las elecciones de febrero de 1990, que dieron la victoria a Violeta Barrios de Chamorro, candidata conservadora, apoyada por Estados Unidos.

Apoyo a la dictadura de Mobutu


Congo Kinshaza (Zaire bajo Mobutu): desembolsos del Banco Mundial
Fuente: Banco Mundial, CD-Rom GDF. 2001

Ya en 1962, un informe del secretario general de las Naciones Unidas denunciaba que Mobutu había desviado varios millones de dólares destinados a financiar las tropas. En 1982, un apoderado del FMI, Erwin Blumentahl, banquero alemán, ex responsable del departamento de Asuntos Exteriores del Bundesbank, presentó un informe lapidario sobre la gestión del Zaire de Mobutu. Advertía a los acreedores extranjeros que no esperaran ser reembolsados mientras Mobutu siguiera en el poder.

Entre 1965 y 1981, el gobierno del Zaire obtuvo préstamos en el exterior de unos 5.000 millones de dólares y entre 1976 y 1981, su deuda externa fue reestructurada cuatro veces en el Club de París, por un monto de 2.250 millones de dólares.

A pesar de la pésima gestión económica y el desvío sistemático por Mobutu de una parte de los préstamos, el Banco Mundial y el FMI no suspendieron la ayuda al régimen dictatorial. Es sorprendente comprobar cómo aumentaron los desembolsos efectuados por el Banco después del envío del informe Blumentahl. |15| También los del FMI, pero éstos no figuran en el gráfico). Es evidente que las decisiones del Banco Mundial y del FMI no están determinados principalmente por el criterio de la buena gestión económica. El régimen de Mobutu era un aliado estratégico de Estados Unidos y de otras potencias con influencia en el seno de las instituciones de Bretton Woods (por ejemplo, Francia y Bélgica) mientras durara la guerra fría. A partir de 1989-1991, con la caída del muro de Berlín, seguida más tarde por la implosión de la Unión Soviética, el régimen de Mobutu perdió interés. Tanto más cuando en muchos países de África (entre ellos el Zaire) se desarrollaban conferencias nacionales que priorizaban la reivindicación democrática. Los préstamos del Banco comenzaron a disminuir hasta cesar por completo a mediados de los años 90.


Rumania: desembolsos del Banco Mundial
Fuente: Banco Mundial, CD-Rom GDF. 2001

En 1947 Rumania se integró al bloque soviético y en 1972, fue el primer país del bloque que se aproximó al Banco.

Ceaucescu era desde 1947 secretario general del Partido Comunista en el poder; sin embargo, en 1980 criticó la intervención soviética en Checoslovaquia y las tropas rumanas no intervinieron junto a las del Pacto de Varsovia. Este distanciamiento de Moscú decidió a Washington, mediante el Banco Mundial, a considerar la posibilidad de estrechar las relaciones con el régimen rumano.

El Banco emprendió en 1973 la negociación con Bucarest del inicio de una política de préstamos, que muy pronto adquirió un volumen apreciable. En 1980, Rumania alcanzó el octavo lugar en importancia de la lista de prestatarios del Banco. Uno de los historiadores del Banco, Aart van de Laar, narra una anécdota significativa que se remonta a 1973. Asistía, a principios de dicho año, a una reunión de la dirección del Banco que tenía en su agenda el inicio de la concesión de préstamos a Rumania. Ante la incredulidad de ciertos dirigentes que criticaban la falta de un informe detallado sobre el país, McNamara habría declarado que él tenía una gran confianza en la moralidad financiera de los países socialistas en cuanto al reembolso de la deuda. Ante lo cual uno de los vicepresidentes del Banco, presente en la reunión, habría respondido «puede ser que el Chile de Allende no sea aún suficientemente socialista». |16| RobertMcNamara se habría quedado helado.

La decisión del Banco no se basaba en criterios económicos convincentes. En efecto, en primer lugar, mientras que el Banco se había negado regularmente a prestar a un país que no hubiera saldado antiguas deudas soberanas, comenzaba a prestar a Rumania sin que el país hubiera llegado a poner fin a un litigio sobre viejas deudas. En segundo lugar, lo esencial de los intercambios económicos de Rumania se realizaban dentro del Comecon, en divisas no convertibles, ¿cómo podría reembolsar los préstamos en divisas fuertes? En fin, Rumania se negó de entrada a proporcionar los informes económicos requeridos por el Banco. Por consiguiente, es evidente que fueron consideraciones políticas las que decidieron al Banco a entablar relaciones estrechas con Ceauscescu. La cuestión era desestabilizar a la URSS y al bloque soviético en el marco de la guerra fría manteniendo estas relaciones con Rumania. La falta de democracia interna y la represión policial sistemática no parecían pesar mucho en el Banco, en este caso como en otros.

Por el contrario, Rumania se convirtió en uno de los mayores clientes del Banco, con el que se financiaban grandes proyectos (minas de carbón a cielo abierto, centrales eléctricas térmicas) cuyos efectos negativos en términos de contaminación son fácilmente deducibles. Para la explotación de las minas de carbón a cielo abierto las autoridades rumanas desplazaron poblaciones que hasta entonces se habían dedicado a la agricultura. En otro ámbito, el Banco apoyó la política de planificación de nacimientos, que buscaba el aumento de la natalidad.

En 1982, cuando estalló la crisis de la deuda a escala internacional, el régimen rumano decidió imponer a la población un tratamiento de choque. Redujo drásticamente las importaciones a fin de obtener un superávit de divisas para reembolsar la deuda externa a marcha forzada. Las consecuencias fueron terribles para la población, pero, como dicen los historiadores del libro encomendado por el Banco para conmemorar su medio siglo de existencia, «en cierto sentido, Rumania era un deudor “modelo”, al menos desde el punto de vista de los acreedores» |17|

Conclusión

Al contrario de lo que dice la sección 10 del artículo IV de los estatutos del Banco Mundial, éste y el FMI prestaron sistemáticamente a los Estados a fin de influenciar sus políticas. Los ejemplos recogidos en este estudio muestran cómo los intereses políticos y estratégicos de las grandes potencias apoyaron y ayudaron financieramente regímenes cuya política económica no respondía a los criterios oficiales de las instituciones financieras internacionales (IFI), y que incluso no respetaban los derechos humanos. Por lo demás, regímenes que se consideraban hostiles a los intereses de las grandes potencias fueron privados de los préstamos, con el pretexto de que estos gobiernos no respetaban los criterios económicos definidos por las IFI.

No hay que pensar que esta política de las instituciones de Bretton Woods ha sido abandonada con el fin de la guerra fría; continúa aplicándose hasta nuestros días: pensemos en su apoyo a la Indonesia de Mohamed Suharto hasta su caída en 1998, al Chad de Idriss Déby hasta el día de hoy, a Túnez bajo Ben Ali hasta su derrocamiento en 2011, a Egipto bajo Mubarak hasta que fue depuesto en 2011, o al gobierno del mariscal Al-Sissi en la actualidad...

Traducido por Griselda Piñero y Raúl Quiroz y revisado por Antonio Sanabria

Notas:
1| La Conferencia de Bandung celebrada en 1955 fue convocada por el presidente indonesio Sukarno. Fue el punto de partida del movimiento de los no alineados. Sukarno, Tito y Nehru eran dirigentes que encarnaban la esperanza del Tercer Mundo frente al sistema colonial de dominación. Éste es un extracto del discurso de Sukarno en la apertura de la Conferencia: «El hecho de que los dirigentes de los pueblos asiáticos y africanos puedan reunirse en uno de sus propios países para discutir y deliberar sobre sus problemas comunes constituye un nuevo punto de partida en la historia. [...] Ningún pueblo se puede sentir libre mientras una parte cualquiera de su patria no sea libre. Como la paz, la libertad es indivisible. [...] Nos dicen a menudo que el colonialismo ha muerto. No nos dejemos ilusionar, ni siquiera adormecer, con esta fórmula tramposa. Os aseguro que el colonialismo sigue bien vivo. ¿Cómo se puede afirmar lo contrario cuando vastas regiones de Asia y de África no son libres? [...] El colonialismo moderno se presenta también bajo la forma del control económico, del control intelectual y del control físico, ejercidos por un comunidad extranjera dentro de la nación. Es un enemigo hábil y decidido que se manifiesta bajo diversas máscaras; no suelta fácilmente su botín. En cualquier lugar, en cualquier momento y cualquiera que sea la forma bajo la cual aparece, el colonialismo es un mal que hay que eliminar de la superficie del mundo.» Fuente: Le Monde diplomatique, «Les objectifs de la Conférence de Bandoeng», mayo de 1955, p. 1)
2| Bruce Rich cita como ejemplos de agencias fundadas gracias al Banco Mundial: en Tailandia, la Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT), el Thai Board of Investment (OBI), el National Economic and Social Development Board (NESDB) y la Electrical Generating Authority of Thailand (EGAT); en la India, la National Thermal Power Corporation (NTPC), el National Coal Limited (NCL)... Ver Bruce Rich, Mortgaging the Earth, Earthscan, Londres, 1994, pp. 13 y 4.
3| Bruce Rich, op. cit. p. 76. Ver también: Nicholas Stern y Francisco Ferreira, «The World Bank as “intelectual actor”» en Devesh Kapur, John P. Lewis y Richard Webb, The World Bank, Its First Half Century, Brookings Institution Press, Washington D.C., 1997, vol. 2, pp. 583-585.
4| Lo que coincide con el período de la guerra fría.
5| PNUD, Informe anual sobre el desarrollo humano, 1994, p. 81.
6| Mahbub ul Haq, «The Bank’s mistakes in Chile», 26 de abril de 1976.
7| Devesh Kapur et al, vol 1, p. 301.
8| Memorándum, de Mahbub ul Haq a Robert S. McNamara, «Chile Country Program Paper - Majority Policy Issues», 12 de julio de 1976.
9| Para un análisis de los hechos aquí resumidos, ver Cheryl Payer, The Debt Trap: The International Monetary Found and the Third World, Monthly Review Press, Nueva York y Londres, pp. 143-165.
10| En 1965, Brasil firmó un Stand-by Agreement con el FMI, recibió nuevos créditos y su deuda externa fue reestructurada por Estados Unidos y varios países acreedores de Europa y Japón. Después del golpe militar los préstamos pasaron de cero a una media de 73 millones de dólares por año durante el resto de la década del 60 y llegaron a un nivel de casi 500 millones de dólares por año a mediados de los años 70.
11| Detalles en Devesh Kapur et al, op. cit., vol. 1, pp. 274-282.
12| World Bank, «Notes on Brazil Country Program Review», 2 de diciembre de 1971, en Devesh Kapur et al, op. cit., vol. 1, p. 276.
13| Devesh Kapur et al, op. cit., vol. 1, p. 27.
14| Declaración de David Knox, vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica: «Una de mis pesadillas era qué haríamos si los nicaragüenses comenzaban a aplicar políticas que pudiéramos apoyar. Temía que la presión política, y no sólo la de Estados Unidos, fuese tan fuerte que nos impidiera ayudar al país.», in Devesh Kapur et al, op. cit., vol. 1, nota 95 y p. 1058.
15| Los historiadores del Banco dicen que, en 1982, «seducidos por la astucia de Mobutu y sus promesas de reformas y por las presiones de Estados Unidos, Francia y Bélgica, el Banco se aventuró en el Zaire con un programa de ajuste estructural ambicioso», en Devesh Kapur et al, op. cit., vol. 1, p. 702.
16| Aart van de Laar, The World Bank and the Poor, Martinus Nijhoff Publishing, Boston/La Haya/Londres, 1980, p. 40.
17| Devesh Kapur et al, op. cit., vol. 1, p. 702.

Éric Toussaint, portavoz del CADTM Bélgica (www.cadtm.org) y profesor en la Universidad de Lieja, es autor de varias obras, entre ellas: Bancocratie, Aden, Bruselas, 2014, http://cadtm.org/Bancocratie; Procès d’un homme exemplaire, Edition Al Dante, Marseille, 2013; Banco Mundial: el golpe de Estado permanente. La agenda oculta del Consenso de Washington, Ediciones El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), 2007, y una tesis doctoral, presentada en 2004 en las Universidades de Lieja y de París VIII, titulada: «Enjeux politiques de l’action de la banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et du Fonds Monétaire International envers le tiers-monde»http://cadtm.org/Enjeux-politiques-... Además es coautor junto a Damien Millet de 60 preguntas, 60 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria Editorial, Barcelona, 2009; del libro colectivo La deuda o la vida, Icaria Editorial, Barcelona 2011 que tuvo el premio al libro político concedido por la Feria del libro político de Lieja.

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Una nueva coalición con el mismo objetivo: derribar al gobierno en Siria

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La nueva coalición anunciada por el presidente de Estados Unidos Barack Obama, para iniciar la erradicación del grupo terrorista que opera bajo la fachada del “Estado Islámico en Iraq y países del Sham”, (DAESH, en el acrónimo Árabe), con presencia fuerte en Irak y Siria, obliga a un esfuerzo extraordinario para encontrar una línea argumental y ver si existe coherencia en un proceso aún inexplicable. Siria lleva más de tres años de guerra contra el terrorismo, enfrentando la intervención de una coalición de países similar a la propuesta hace una semana por el gobierno de Estados Unidos. En esta nueva coalición asumirían un rol importante Arabia Saudí, Turquía, Israel, el mismo Estados Unidos, miembros connotados de la Liga Árabe, y asimismo países líderes miembros de la comunidad Europea y la OTAN.

La paradoja, propia de una realidad caótica en política internacional y sin dirección conocida, consiste en que los miembros de esta nueva coalición multinacional que intenta erradicar al DAESH, todavía mantienen el plan de derrocar al presidente Bashar Al Assad. Este plan ha sido la vertiente alimentadora de fondos y apoyo político para su prolongación por más de tres años. Se articuló un plan para derrocar un gobierno y destruir la institucionalidad de una nación porque no era aliada a un polo de poder, a continuación se diezma a un estado y se propaga la inestabilidad en la región.

Un objetivo central de la nueva coalición y que permanece relativamente velado al ojo público consiste en corregir la falla principal de no haber podido derrocar al presidente en Siria, y así encontrarle sentido a una guerra artificialmente prolongada.

Los miembros de esta nueva coalición que ha recibido críticas y advertencias de medios que lideran opinión como The New York Times y The Guardian, también de miembros del congreso en Estados Unidos, son los sostenedores principales del objetivo de derrocar el gobierno en Siria con un plan bélico descontrolado y que hizo prosperar al terrorismo.

Faltaba el invento de esta nueva coalición de países con la estrategia integrada para derrotar al DAESH. Quizás sea la última escala de un viaje lleno de equivocaciones e innumerables víctimas y no cabe la menor duda que el objetivo principal es el mismo de siempre: derrocar al presidente Bashar Al Assad. Fred Hof que asesoró al Departamento de Estado entre 2009 y 2012 sobre el tema Siria, en la publicación The New Republic (Septiembre 2014), recomienda desalojar al presidente Sirio como se hizo con el primer ministro iraquí Nouri al Maliki. Este objetivo casi se hace explícito en la “estrategia integrada” para combatir a los grupos terroristas que operan en Irak y Siria, cuando el presidente Obama señala en varias oportunidades de que “el problema principal reside en el gobierno del presidente de Siria Bashar Al Assad”.

El resultado de la operación fallida de derrocar al gobierno en Siria, ha derivado en millones de refugiados y desplazados y un número de muertos que se acerca a las cifras de la ocupación de 10 años en Irak. El papel de las corporaciones transnacionales y la institucionalidad que las respaldan, no escapa a la responsabilidad de haber contribuido al actual estado de situación en Siria, especialmente en la batalla corporativa por posicionarse en zonas estratégicas. El modelo de estados de excepción estará siempre incubándose para que los países de la Alianza Transatlántica consoliden el proyecto de formar un “gran medio oriente” previsible y controlable, para los criterios de globalidad sólo manejables desde el mundo corporativo del capital transnacional.

Al observar el tema de Siria, la contracción analítica exhibe un binarismo de una lucha entre buenos y malos que es patética. Los medios acoplados al intento de destrucción del estado Sirio comparten esa responsabilidad de hacer del simplismo comunicacional una agresión al sentido común. En el fondo no son medios de información pública independiente, sino que forman parte del aparato operacional de ese gran capital internacional corporativo que ha movido los hilos en forma negligente para derrocar un gobierno que ha enfrentado al terrorismo alimentado por ese mismo capital.

Con esta nueva coalición, Estados Unidos y la Alianza Transatlántica están haciendo funcionar la única política exterior que conocen y practican: el poderío unilateral. La multipolaridad, muchas veces anunciada desde el sueño teórico de centristas, social demócratas seducidos por el gran capital, e izquierdistas con devaneos por su ambición de poder, nuevamente es avasallada por el principio de la supremacía a toda costa y de que ningún poder similar al de la Unión Soviética se le ponga al frente al gran capital transnacional que reside y se maneja desde la Alianza Transatlántica liderada por Estados Unidos.

Esta política de predominio único, está reflejada en un episodio de 2004, simple en la apariencia pero contundente en su contenido, con la ocupación en Irak en su segundo año y experimentando un violento rechazo. El secretario de defensa Donald Rumsfeld dirigía unas palabras a la Guardia Nacional en Tennessee. Frente al reclamo de que “el blindaje en los vehículos era de mala calidad”, el organizador de la invasión a Irak le responde con la sequedad y pragmatismo que le caracterizaban: “Uno va a la guerra con el ejército que se tiene”. La frase cobra sentido al interpretar la política exterior de Estados Unidos post 11 de septiembre 2001, con el hito de los atentados terroristas.

“Hay que hacer funcionar la política exterior que se tiene”, y la nueva coalición anunciada por el presidente Barack Obama entra en el dictado de Rumsfeld. Richard Nixon poco antes de fallecer apuntó al núcleo de esa política en una frase que dejó una estela y de la cual la bonhomía de Obama del comienzo - si la hubo, hay que aclarar - no se puede liberar: “Estados Unidos debe liderar”, (1994). Si la condición de ese liderazgo era proceder en forma unilateral nunca se especificó y comenzaron nuevos problemas para Estados Unidos y el resto del planeta.

¿Eliminar al DAESH si al final no se derroca a Assad? Esta situación es considerablemente más compleja que despachar del poder a Talibanes en Afganistán y a Hussein en Irak. Derrocar al presidente sirio tiene ramificaciones en la región complejísimas de descifrar y, si ha resistido casi cuatro años, se debe a factores cualitativamente más políticos y profundos de los que se anticiparon, más allá del apoyo de Rusia e Irán.

La próxima Asamblea General de Naciones Unidas debería alterar la rutina habitual en el organismo que ha impedido encontrar un acuerdo urgente y de implementación inmediata para detener el plan de derrocar al actual gobierno en Siria. Entidad a la cual, el gobierno de Estados Unidos especialmente debería concederle por propio decoro, el respeto que se merece por haber demostrado una heroica estabilidad además de consistencia en el verdadero combate al terrorismo y a los fundamentalismos de todo tipo.

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La vieja y la nueva política

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

“Profundizaremos la revolución. Revolucionaremos la revolución”
Rafael Correa 17 de septiembre del 2014

Si se estudia la práctica de la vieja política, fácilmente se advierte que su característica fundamental era el “tronchismo”, producto de alianzas de las cúpulas de los partidos, proceso en el cual las bases sociales, reales o irreales de esos partidos, eran ajenas a las alianzas propiciados por sus dirigentes, habitualmente en provecho propio, no sólo político sino inclusive económico, como nos recuerda el “hombre del maletín”. Lástima que tan pronto hayamos olvidado las alianzas que encumbraron al poder a Otto Arosemena o a Fabián Alarcón.

Una segunda característica de las alianzas de la vieja política, era la concurrencia de tirios y troyanos, esto es partidarios de opiniones o intereses opuestos como lo define la Real Academia de la Lengua, lo que propiciaba la concurrencia de quienes sustentan el statu quo con quienes se oponen a la misma. El rol histórico de quienes se oponen a los procesos de cambio, no se diga de los revolucionarios, tenía poca importancia. Se saldaban por convenios espurios, en los que la ideología, la doctrina política y las acciones históricamente cometidas y demostradas se olvidaban fácilmente, no tenían cabida. Lástima que ya hemos olvidado el “Frente Progresista”, propiciado por la Izquierda Democrática, organización social demócrata de la cual deviene hoy, por propia proclama el movimiento Avanza de Ramiro Gonzales.

Una tercera característica, en acción premeditada para ocultar la falacia que contenían las “alianzas” y la endeblez social y política de las mismas, era la organización de concentraciones o manifestaciones, con la evidente concurrencia del oportunismo de quienes se suman a los procesos de cambio por razones estrictamente económicas o de ascenso social, muy típico en los empleados públicos, muchos de los cuales solamente cuidan puestos, incluso mal habidos; o, de personas que aceptan acudir a cambio de un viaje, una dieta y varias comidas. La ausencia de una posición ideológica, de un compromiso político serio es su norma, a más del engaño y del autoengaño que les es consubstancial.

En la otra ribera la nueva política, se sustenta en el compromiso ideológico y político con el cambio de la mayoría de una Nación, con la revolución, con su profundización, con las medidas que revolucionan la revolución. Cabe entonces preguntarse ¿Cómo se alcanza ese apoyo, que lo propicia? La respuesta, a nuestro criterio pasa por dos etapas, una primera en que el apoyo se genera por “observación y beneficio”. Observación de los cambios objetivos que propicia la revolución y por los beneficios que tales cambios promueven sobre la población. Todas las transformaciones que en la infraestructura productiva (carreteras y generación eléctrica) y social (salud y educación) del Ecuador ha generado la Revolución Ciudadana, bajo la égida del Presidente Rafael Correa, sin duda alguna propició un apoyo ciudadano que aún perdura, pero que se erosiona lenta pero paulatinamente, por el debilitamiento de lo “observable” y consecuentemente de los beneficios directos que pueden ser apreciados. Este es la caso de los proyectos que rendirán frutos a largo plazo, circunscritos a núcleos cada vez menores de la población, por la propia lógica de los mismos: las becas a los mejores estudiantes ecuatorianos a las mejores universidades del mundo, Yachay o la Universidad para docentes, son buen ejemplo. Su alta incidencia en el desarrollo social sólo se observará y constatará en el mediano plazo, por lo que hoy, quienes “observan y se benefician” es socialmente restringido. No produce el efecto apetecido sobre el imaginario de la sociedad en su conjunto.

La segunda etapa pasa por la consolidación de la base social, la cual exige la convocatoria a la más amplia participación política de los movimientos o partidos políticos, ideológica y políticamente cercanos y comprometidos con la transformación del statu quo, con la revolución, a pesar de la profundización de contradicciones, a nuestro criterio más formales que sustantivas, que se han desarrollado a partir de la incomprensión de una parte de la militancia de Alianza País, de que la transformación nacional no será posible, sin la participación del movimiento indígena, de los trabajadores, de los campesinos pobres y medios, de los jóvenes de nuestra Nación. Por el tratamiento político inadecuado de las contradicciones que se han producido con esos sectores, producto de no entender que las contradicciones en el campo de todos quienes apoyamos los cambios, la transformación del statu quo son “contradicciones en el seno del pueblo”, en la connotación del Presidente Mao Tse tung. Contradicciones que aún estamos a tiempo de resolver, puesto que se ubican más en el campo de la retórica que en la de hechos que las vuelvan insalvables.

La adopción de nueva política es también una exigencia, por modificaciones que se advierten ya en el imaginario de la sociedad ecuatoriana, las cuales responden a acciones comunicacionales de la oposición, la cual insiste, machaca sobre valores acendrados en ese imaginario: la democracia liberal encubierta en la oposición a la reelección; en una supuesta defensa de los derechos de los trabajadores que supuestamente serían conculcados; la defensa de la Pacha Mama, a la cual expoliaron inmisericordemente, cuando ellos eran los beneficiarios directos; en supuesta defensa de la prevalencia de la justicia indígena sobre la ordinaria, planteamiento ajeno a todo Estado plurinacional; en una supuesta agresión a la libertad de información y comunicación, ante el anuncio de la creación de unidades de defensa cibernética, etc. A lo que se agrega el modosismo reclamado como elemento central, crucial en la población media, pequeño burguesa, la cual no considera que la revolución, que la Revolución Ciudadana, no es cuestión de buenos modales.

Seguramente se nos dirá que a Alianza País, es extraña la vieja política. Ante ello, vale preguntarse:

1. El frente, que anuncia Óscar Bonilla, secretario de Acción Política de PAIS, el cual señala “no es una propuesta de este movimiento, sino un espacio de confluencia política, de diversos sujetos con un espectro que abarca la izquierda histórica hasta el progresismo y el centro”, frente que, agrega, responde a una demanda de la ciudadanía y a una necesidad histórica que siempre ha requerido que las fuerzas progresistas y de izquierda se presenten como una sola propuesta. ¿Acaso no es una réplica de las alianzas propias de la vieja política? ¿Es parte de la nueva política por adicionar el centro, que en términos políticos estrictos no existe? ¿Se diferencia de la vieja política por una supuesta demanda de una ciudadanía anónima? ¿Cómo se concilia en una sola propuesta las diferentes posiciones de una coalición de este tipo? ¿Acaso no se recuerda que entre las posiciones de la denominada “centro izquierda” y del “centro” en todas sus acciones políticas a nivel de los distintos países se caracterizan por oponerse al cambio? ¿Acaso no se recuerda que estas alianzas, estos frentes terminan desestructurándose cuando se atiende las pretensiones electorales, como lo anuncian ya las voces en favor de la candidatura de Ramiro Gonzáles que en forma reiterada y constante se escucharon en la Convención de Avanza?

2. Si la nueva política se basa en la movilización de las masas que adhieren y apoyan el proceso: ¿Cuál es la razón para acudir a concentraciones iguales a las de la vieja política? ¿Dónde se encontraban el millón de militantes de Alianza País, que deberían haber concurrido al sólo llamado de su líder indiscutible, el Presidente Rafael Correa? Estas falencias parecen anotar que la revolución ciudadana no cuenta con una militancia activa, indispensable para apoyar al proceso en momentos de conflicto. Militancia y movilización que sólo es factible cuando la convicción ideológica y política guía su acción, cuando estas convicciones son el motivador y no el oportunismo.

3. Ante los ataques que desarrollan los más grandes medios de comunicación social, los cuales inciden sobre el imaginario como quedó señalado, por qué razón Alianza País olvida que es parte de la vieja política el construir socialmente “líderes”, para lo cual promocionan al seleccionado y lo convierten en el único vocero. Por qué olvidan la relación pueblo-partido-líder que determina, tanto la necesidad de formar ideológica y políticamente a población, a la militancia y cuidan al líder a través de la diversificación de voceros. ¿Cuál es la razón para que el Presidente Correa sea quien deba asumir la vocería que, a pesar de sus virtudes, genera desgaste político? ¿Será acaso por las limitaciones para el debate que se atisba en las presentaciones de determinados funcionarios? Sea cuál sea la razón, estamos en la obligación de repensar esta práctica, en defensa de la insignia de Alianza País y de la Revolución Ciudadana: Rafael Correa Delgado.

En conclusión, todo apunta a que quienes dirigen Alianza País, no parecen transitar por la nueva política, sino por las viejas prácticas de la vieja política. Error que deberán corregir en el corto plazo, so riesgo de ser rebasados por la realidad política que se percibe ya en sociedad ecuatoriana, con consecuencias que podrían derivar y fortalecer la “renovación conservadora”, incluso incubada en las filas de un frente amplio constituido desde el “centro a la izquierda”, como el propuesto, cuyo nacimiento se producirá el día de hoy 18 de septiembre del 2014, por la tarde, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aún a tiempo de despertar, estamos en tiempos de amanecer, no permitamos que nos abrume la noche.

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El “estallido”, una extorsión contra las luchas

Gabriel Solano (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Ya lo vimos en la campaña electoral de 1989: una campaña del oficialismo y de la oposición que advierte contra supuestos saqueos a los supermercados. Nuestro partido denunció el intento de desviar una movilización popular, la que debía asumir un carácter político, hacia acciones de vandalismo. El “operativo saqueos” sirvió, entonces, para adelantar la toma de posesión por parte de Menem, mientras Alfonsín lo encubría con su orden de detención al comité nacional del Partido Obrero y el allanamiento de decenas de locales de nuestro partido.

Ahora, ‘rápida y furiosa’, CFK aprovechó al voleo el pronóstico del pirómano de las urnas, Luis Barrionuevo, para denunciar los ‘estallidos’ que estaría organizando una conspiración que no develó. Y envalentonada por el apoyo celestial que le dispensa el Vaticano y el más terrenal de George Soros, Cristina Kirchner se lanzó a denunciar una campaña de desestabilización. Al augurio de Barrionuevo, lo reclasificó como ‘matinée’, un galicismo que aludiría a las agallas que tendría para hacerle frente. El año pasado, sin embargo, esta suficiencia le costó caro, porque la negativa a enviar el socorro que le pedía De la Sota derivó en un saqueo generalizado -pero no popular-, sino policial.

La advertencia contra los “estallidos”, sin embargo, no va dirigida contra Barrionuevo, sino contra los trabajadores que luchan contra suspensiones y despidos: se arriesgan a ser denunciados de “desestabilizadores” al servicio de los fondos buitre -algo que ya ocurre. Presentar una acción obrera como un acto conspirativo justifica la represión y la declaración del estado de excepción. Pero la advertencia también revela la bancarrota económica y política del ‘modelo’, que se ve acosado por ‘estallidos’ al mismo tiempo que se sigue arrogando una gran representación popular. La desestabilización parte de la crisis capitalista y del ‘pago soberano’ a los usureros.
¿Se viene el estallido?

De todos modos, el “estallido” ya se ha producido en el conjunto de las variables económicas y sociales. Una deuda pública feroz (incluidas las provincias y el Banco Central) y una inflación del 40 por ciento anual. La Serenísima volvió a reestructurar deuda, y Donnelley y Pescarmona están en concurso de quiebra. Kicillof anunció un pago de deuda, en 2015, de 12 mil millones de dólares, que hay que sumar a los de las provincias y a los vencimientos del año en curso -un total de, aproximadamente, 17 mil millones de dólares. El Banco Central tiene reservas inferiores a ese monto, una vez que se excluyen los pases con otros bancos y los depósitos de privados. Al mismo tiempo, ha acumulado deuda con importadores por 4 mil millones de dólares, y con los bancos locales por 300 mil millones ! de pesos. La producción industrial está en caída; la devaluación del peso a 15 por dólar en las operaciones de Bolsa y la retención a la soja ponen de manifiesto una decidida acción de los grandes capitales para precipitar una corrida cambiaria. Esto no se supera con una ley de abastecimiento, mientras se procede con el naftazo y los tarifazos en general.

Vamos por un plan de lucha

Más allá de los ritmos que adquiera la crisis, las condiciones de vida de los trabajadores se agravan. Una encuesta de la Universidad Católica pone de manifiesto que el 40 por ciento de los chicos del conurbano está por debajo de la línea de pobreza.

Lejos de deponer las acciones de lucha, necesitamos un plan de lucha -por un salario mínimo igual a la canasta familiar, ajustado mensualmente por la inflación; un aumento de emergencia de 3.000 pesos para los jubilados, la prohibición por un año de los despidos y las suspensiones, la eliminación del impuesto al salario, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, un plan de obras públicas financiado con impuestos a los grandes monopolios, el cese del pago de la deuda externa y de los subsidios a la clase capitalista, la puesta en marcha de un plan económico sobre la base de los intereses obreros y populares que parta de nacionalizar la banca y el comercio exterior. Sobre esta base llamamos a reforzar una campaña por un paro nacional de 36 horas con movilizaciones en todo el país.

Del mismo modo que en 1989, llamamos a pasar por delante de los supermercados y movilizarnos contra un plan económico y político que les hace pagar la crisis a los trabajadores. Para ese objetivo convocamos a un Congreso del movimiento obrero y la izquierda, el próximo 8 de noviembre en el Luna Park. Llamamos a los activistas obreros y juveniles, a sus agrupaciones y a los partidos de izquierda a impulsar en común este reagrupamiento socialista de fuerzas de la clase obrera.

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Despidos y suspensiones ¿coyuntura o estructura?

OTRO VIENTO

Durante los últimos meses, la realidad argentina estuvo marcada por la conflictividad social. Desde fines del año pasado y comienzos de este, algunos indicios permitían anticiparlo. Así, el 2013 se iba con los petroleros de Las Heras condenados a perpetua, y el 2014 amanecía con una significativa devaluación de la moneda nacional.

Las señales dejaron de ser tales, para convertirse en realidad. Entre abril y mayo de este año, la empresa multinacional de capitales españoles Gestamp, ubicada en Escobar y dedicada a la fabricación de autopartes, despidió sin indemnización a 67 empleados con motivo de la caída en la actividad automotriz. El mismo camino siguió la autopartista Lear, de General Pacheco, que despidió a unos 100 trabajadores y suspendió a otros 200, además de paralizar sus actividades por 15 días, amenazando con cerrar sus puertas.

Más cerca en el tiempo, los trabajadores de la empresa Donelley se encontraron una mañana con la noticia de que su lugar de trabajo cerraría sus puertas y se iría del país, motivando una acusación pública de la Presidenta: “Alteración al orden económico y financiero”, un delito que enmarca en la ley antiterrorista.

Estos no son más que los casos que tuvieron una mayor repercusión en los medios de comunicación, seguramente por las medidas de fuerza desarrolladas (como toma de plantas, movilizaciones y cortes de ruta). Sin embargo, esta escena se repitió a lo largo y ancho de todo el país. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde la autopartista Valeo echó a 59 empleados, o automotrices como Renault e Iveco decidieron suspender a la mayoría de sus trabajadores ante la falta de insumos, provocada por la paralización en las empresas proveedoras.

La lista no se detiene, y aparecen casos como el de la metalúrgica Visteon, quien abastece de insumos a Ford y Volkswagen, que a comienzos del mes de julio también cerró dejando en la calle a 290 trabajadores. O el caso de los 180 empleados del Talar, parte del Ingenio Ledesma, que desde marzo sostienen el reclamo para su reincorporación. En definitiva, un listado de casos que parece interminable, pero que al mismo tiempo, es sólo una porción de la realidad que agobia a los trabajadores de todo el país.

Empresas del sector automotriz fueron las que comenzaron con la seguidilla de despidos, luego le siguieron muchas otras de distintos sectores, todas aduciendo una causa en común: la baja del consumo. Los grupos empresarios vinculan esto con la crisis económica que está atravesando el país, y frente a dicha situación llevan adelante distintas medidas con el objeto de mantener siempre su altísima tasa de ganancia. Es así que lo primero que tienden a hacer es reducir sus costos de producción, y para ello se sacan de encima lo que en verdad les da su mayor rentabilidad: la mano de obra de los trabajadores.

Ahora bien, ¿Es posible que la caída de la demanda sea tan elevada que se vean obligados a despedir trabajadores? ¿O solamente lo hacen para sostener su ganancia y seguir llenándose los bolsillos? En todo caso, ¿Por qué tienen la libertad de hacerlo sin ninguna restricción por parte del Estado?

Ante este panorama, el Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Profesor de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario, Julio C. Gambina, brinda su mirada a fin de desentrañar las verdaderas causas económicas que generan la actual convulsión social.

¿Cómo se relaciona la enorme cantidad de despidos y suspensiones de este año con la situación económica que atraviesa el país? ¿Qué factores de la economía nacional provocan la actual crisis?

La Argentina entró en recesión (técnicamente más de dos trimestres de caída del PBI), con mayor impacto en el sector industrial. Las empresas industriales, mayormente extranjeras, que constituyen el núcleo de la dominación, no resignan ganancias, pese a la acumulación en los últimos años de expansión entre 2002 y 2013, más allá de eventuales caídas como en el 2009.

La recesión está asociada a una retracción en la inversión productiva. El argumento de los inversores externos remite al tipo de cambio -retrasado según ellos- y a las restricciones para remitir utilidades al exterior, como así también otras limitaciones, por ejemplo las autorizaciones de importaciones, que en la industria son claves, pues el sistema productivo de “armaduría” supone la importación de partes componentes del producto final.

El modelo productivo argentino y la política económica en curso tiene límites para los objetivos de obtener ganancias y su respectiva acumulación capitalista, por lo cual, la respuesta empresaria utiliza la recesión para solicitar ajustes de política cambiaria, y demanda facilidades para las inversiones, los créditos y otros beneficios que potencien las ganancias. Con las suspensiones o despidos generan presión sobre los trabajadores para una reducción de los salarios o de sus actualizaciones y con ello, apuntan al gobierno, que teme a la conflictividad social creciente derivada del clima laboral.

¿Qué capacidad de maniobra posee el Estado cuando la actividad económica está concentrada mayoritariamente en empresas extranjeras?

En rigor, hay que cambiar el modelo productivo y de desarrollo, difícil a resolver por un gobierno que tiene un imaginario de desarrollo capitalista sostenido en una inserción subordinada al mercado mundial. El Estado capitalista en un país subordinado o dependiente, sólo puede adecuarse a las condiciones de la transnacionalización y por eso, más que actuar para reactivar la economía con medidas alternativas, acude a pagar a Repsol, las sentencias del CIADI, del Club de París y si pudiera cancelaría deuda con los holdout.

Para que el Estado intervenga eficazmente debe decidir confrontar al orden capitalista, pensando en un proceso de transición.

Históricamente, Argentina se ha ubicado dentro de la división internacional del trabajo como productor de materias primas ¿Qué consecuencias genera la ausencia de desarrollo industrial? ¿Qué posibilidades existen de desarrollar un verdadero proceso de sustitución de importaciones?

El desarrollo industrial está subordinado a la transnacionalización del capitalismo. En la actualidad funciona el mecanismo de la “armaduría”, subordinado a la importación de partes componentes del producto final.

Organizar un modelo de desarrollo industrial no dependiente, requiere asumir un rumbo no capitalista y un proceso de integración alternativo, no subordinado, organizando alianzas estratégicas en la región.

Una de las claves será la independencia tecnológica, a lograr con la promoción de la educación pública, especialmente la Universidad y los institutos de investigación, siempre en el marco de la integración regional y con otros países en disposición de no subordinarse a la lógica del capitalismo.

¿A qué se debe que el gobierno no haya llevado a cabo medidas como nacionalizar el comercio exterior, restablecer una junta nacional de granos, modificar la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, realizar una reforma tributaria para que los terratenientes paguen tasas impositivas acordes con el altísimo valor de sus tierras? ¿Cuáles serían los costos políticos? ¿Cómo impactaría ello en la economía?

Es una cuestión de clase, que iría contra el bloque económico que sostuvo al gobierno en la década.

Las reestatizaciones (que se produjeron en estos diez años) fueron más decididas por retiro de los empresarios transnacionales que operaban esas actividades que por decisión propia. Las AFJP se estatizaron en la más profunda crisis capitalista con impacto en bancos y finanzas y esos recursos se aplican hoy a sustentar inversiones en bonos de la deuda pública.

Los costos políticos son con las clases dominantes, y eso es algo que el gobierno no está dispuesto a llevar adelante. No existe solución para los trabajadores y el pueblo en el marco del orden capitalista, sustentado en la obtención de ganancias, la acumulación y su impacto en la dominación social.
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Como señala el economista Julio C. Gambina, la conflictividad actual se genera a raíz del posicionamiento privilegiado del sector empresarial, que con la intención de no disminuir su tasa de ganancia, decide abaratar costos en la producción despidiendo trabajadores, presionando a la vez al Estado, a fin de que reduzca su intervención en la economía para así obtener mayores beneficios. Esto conduce a indagar acerca de cuáles son las condiciones estructurales que brinda la economía argentina para permitir a un grupo selecto y minoritario llevar adelante este tipo de acciones.

En este sentido, cabe señalar que Argentina a lo largo de la historia, se ha posicionado dentro del mercado mundial como un país productor y exportador de materias primas, donde la inversión de los capitales extranjeros ocupa un lugar privilegiado para la explotación de los recursos naturales a raíz del casi nulo desarrollo tecnológico. A su vez, consolidó, de este modo, una economía fuertemente dependiente de la importación de productos industriales y altamente transnacionalizada. No es casual que de las 500 empresas que más facturan en la actualidad el 66% son extranjeras.

Esta lógica funcional, no ha sido transformada en los últimos diez años. Por el contrario, ha sido reproducida, ya que a través del impulso de un modelo “neo desarrollista”, donde el Estado asumió una mayor intervención para garantizar un mejor funcionamiento del mercado, las inversiones extranjeras continuaron siendo fundamentales para el desempeño de la economía, ante los frustrados intentos del gobierno por conformar una burguesía nacional, reforzándose de este modo el carácter dependiente antes señalado.

Ahora bien, es fundamental resaltar la normativa legal en la cual se circunscriben las negociaciones que tiende el Estado con el capital extranjero, a modo de comprender las facilidades que tiene éste para hacerse de ganancias en su excursión por el país. Aunque resulte paradójico, aún hoy se encuentran vigentes tanto la Entidades Financieras como la Ley de Inversiones Extranjeras, provenientes de la última dictadura cívico-militar.

Por un lado, la sanción de la ley de Entidades Financieras permitió que ingresen al país un elevado número de entidades bancarias, a las cuales se les concedió la facultad de captar depósitos y regular las tasas de interés activas y pasivas. Cuestión de vital importancia ya que les posibilitó estructurar el acceso al crédito sin fijar ninguna pauta de orientación pública, dando como resultado un predominio de los créditos a corto plazo y la ausencia de préstamos para la producción.

Por el otro, la ley de Inversiones Extranjeras generó una apertura a la entrada de capitales extranjeros, a raíz de garantizarles un trato igualitario respecto de las inversiones nacionales. Lo cual acentúo el proceso desindustrializador, ya que ese capital no se situó en los sectores industriales, y además como dicha ley no obligaba a reinvertir las utilidades en el país, facilitó la fuga de capitales, que desde el 2003 hasta la actualidad se estima en US$ 200 mil millones.

Entonces, ¿Cómo es posible revertir esta situación de dependencia si hay un marco legal que protege y estimula las ganancias del capital foráneo? ¿Cómo hablar de rupturas con el orden económico si durante esta década el sector empresario ha incrementado tajantemente sus ganancias? Más allá de la retórica discursiva utilizada, la realidad marca que durante esta gestión la clase dominante no ha visto alterada su posición, y ello se debe sin dudas a una decisión del gobierno en tal sentido, ya que luego de embestir contra la oligarquía terrateniente allá por el 2008, se replegó en los márgenes de su modelo representado por el “capitalismo serio”.

Si se quiere lograr un cambio real hay que apostar a una transformación estructural, donde el Estado controle de manera directa los distintos sectores de la economía por sobre el sector empresarial nacional e internacional, con el objeto de desarrollar una alternativa por fuera de la lógica del “capitalismo serio” y ligada verdaderamente a los intereses de la clase trabajadora que lleve a superar la desigualdad social generada por el actual modo de producción.

Dos caras de una misma moneda

Frente a la actual conflictividad, la respuesta dada desde el gobierno no sorprendió a nadie. Era previsible que ante el descontento de los miles de trabajadores suspendidos y despedidos, las fuerzas de seguridad sean las encargadas de intentar aplacar sus gritos.

La solapada transversalidad que ha utilizado el gobierno para colocarse de un lado y del otro, a fin de sostener el equilibrio entre intereses contrapuestos -el de los patrones y los trabajadores- ha sido desechada en la actualidad, posicionándose abiertamente a favor de los intereses patronales.

En este sentido, no es ingenua la voluntad política por reglamentar la protesta social manifestada por la presidenta, Cristina Fernández, al abrir las sesiones legislativas el 1 de marzo de este año en el Congreso Nacional. Decisión luego receptada por proyectos provenientes tanto de legisladores del FPV, como por parte de los armados reaccionarios del PRO y el Frente Renovador.

Esta intención se enmarca en un contexto funcional de crisis económica, dónde el “capitalismo serio” -lema del modelo kirchnerista- no impide que las crisis cíclicas propias de este sistema de producción se eviten. Y, al encontrarse cerradas las vías de acceso al crédito externo a causa del conflicto con los fondos buitre, las fuentes de financiamiento internas (ANSES y Banco Central) pese a hallarse en rojo, continúan utilizándose para inyectar dinero a fin de dar los últimos coletazos para reactivar la economía. Sin embargo, los planes impulsados (Progresar, Pro.Cre.Auto, Proemplear) resultan acotados, ya que en nada modifican lo estructural, sino que aportan momentáneamente a sostener la tasa de empleo.

Por ello, el as que tiene el Ejecutivo es recurrir, como se indicó, a las fuerzas de seguridad a fin de contener el reclamo de los trabajadores y de este modo llegar a las presidenciales del año venidero con un menor grado de convulsión social, o por lo menos, a eso aspira.

También cuenta, en el ámbito de la industria automotriz, con la ayuda de la burocracia del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la cual sin tapujos se ha ocupado de perseguir a los trabajadores ante cada lucha emprendida, hasta el punto de reunirse con otros sindicatos que conforman la CGT oficialista en el marco de la Confederación de Sindicatos Industriales, con el objeto de diseñar una estrategia conjunta para combatir la “infiltración” de la izquierda en las fábricas.

Es evidente que en la agenda oficial no figura la desesperante situación que deben atravesar quienes quedaron en la calle, sin trabajo ni ingresos y con numerosas familias por sostener. Sino más bien las consecuencias que de ello se desprende, en tanto afecten la gobernabilidad.

Por lo cual, esta reacción ilustra el rol ocupado tanto por el gobierno como las burocracias sindicales que, sin traicionar su historia, han movido sus fichas a favor de los intereses patronales.

La única alternativa para la clase trabajadora consiste en organizarse conjuntamente con las organizaciones de izquierda, con el objeto de llevar adelante un plan de lucha que permita avanzar contra la clase dominante, a fin de construir una alternativa superadora que acabe con las miserias que ofrece el actual modo de producción.

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Del Caño sobre Ley de Abastecimiento: "Los de la Sociedad Rural pueden dormir tranquilos"

PRENSA PTS

El diputado nacional Nicolás del Caño (PTS/FIT) adelantó que los diputados del Frente de Izquierda votarán en contra de la Ley de Abastecimiento. "Los miembros de la Sociedad Rural y de los principales grupos capitalistas que operan en el país pueden dormir tranquilos, ya que esta ley no cuestiona la propiedad de los cuatro mil terratenientes que detentan la mitad de las tierras productivas del país, ni que el 70 % de las quinientas principales empresas sean multinacionales, sino que les garantiza rentabilidad y hasta subsidios estatales si se declaran en crisis", declaró el diputado por Mendoza". El que benefició a la Rural y a las exportadoras fue el propio kirchnerismo, y la prueba está en las hiperganancias que este sector obtuvo en la última década", denunció Del Caño durante el transcurso de la sesión que se está realizando en la Cámara de Diputados.

"El oficialismo dice que quiere controlar los precios, pero sus diputados ocultan que es el mismo Gobierno el que genera la inflación con su política económica. En dieciocho meses la nafta aumentó un 100 %, mientras que los hogares del pueblo trabajador están recibiendo facturas de gas y de luz con incrementos de hasta un 500 %. ¿Qué hizo el Gobierno ante las maniobras de las exportadoras de granos? ¿Frente a las automotrices que "encanutan" autos, mientras despiden como en Lear y suspenden a miles de trabajadores? ¿Qué hizo con los bancos que especularon por una devaluación y ganaron diez mil millones de pesos solo en enero? Con ley o sin ley el kirchnerismo siempre termina permitiendo y autorizando aumentos de precios, como la dolarización de los combustibles que les prometieron a Chevron y a la Shell.

Nicolás del Caño y el resto de los diputados del FIT votarán en contra de la ley de abastecimiento y de la creación del Observatorio de Precios. En cuanto a la ley que crea un fuero judicial para los consumidores, Del Caño informó que presentó una disidencia cuestionando importantes artículos del proyecto, como los que impiden las acciones colectivas, los que imponen los montos máximos para iniciar acciones legales contra las empresas y el que dispone el rol del Poder Ejecutivo con potestad para homologar los acuerdos celebrados entre los consumidores y las empresas, "siendo que el propio Estado no puede ser juez y parte en los litigios contra las empresas de servicios públicos".

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Boletín de CORREPI

Berni al palo, pero con discurso clásico / Otoño Uriarte y Carlos Fuentealba sólo tendrán justicia en las calles / Ética policial: de narcos y delincuentes / Yoga “antiestrés” para los policías puntanos.
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Berni al palo, pero con discurso clásico
Esta semana, en el programa de TN “Código Político”, el secretario de Seguridad Sergo Berni dijo, entre otras cosas: “La Policía Federal argentina es una de las más avanzadas del mundo. Pero si nosotros detenemos a una persona diez veces y al otro día está libre, ¿es nuestra la culpa? (...) Si el 95% de las personas detenidas no llegan a juicio, para la Ley son inocentes. Nosotros seguimos mejorando, incorporando tecnología y logística, hacemos todo ese esfuerzo, pero el resto de la cadena no está a la altura de las circunstancias”.
Desde que el coronel fue designado como responsable del conjunto de las fuerzas de seguridad federales, y más aún desde que está jerárquicamente subordinado a una ministra de bajísimo perfil público, uno de sus roles ha sido el de ser la voz “dura” del gobierno nacional en materia represiva. Pero esas posiciones no son exclusivamente personales, ni mucho menos originales.
Durante el menemato, Carlos Corach era el principal encargado de difundir las campañas de “ley y orden”. En 1999, durante la campaña para la gobernación bonaerense, el candidato que resultó ganador, Carlos Ruckauf, disparó su célebre “Hay que meterles bala a los ladrones”. Poca diferencia con el conteo de “delincuentes abatidos” que el actual gobernador Scioli hace desde que estrenó su “emergencia en seguridad”.
“Por mucho que haga la policía actuando bien, la justicia libera, libera. Es hora de que la justicia se ponga los pantalones largos”, dijo literalmente con el mismo calibre que Berni, el primer lenguaraz del kirchnerismo, Aníbal Fernández. Y en 2008, fue la propia presidenta Cristina Fernández la que por cadena nacional bramó: “Los policías detienen y detienen y la justicia libera y libera”. La misma semana, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, aportó lo suyo, nada menos que en el coloquio empresarial de IDEA: “Los jueces deben entender que el sistema no debe ser una puerta giratoria”.
Las escandalosas excarcelaciones de policías que llegan a juicio acusados de gravísimos delitos, como homicidios y torturas, y su natural consecuencia, la anunciada profugación cuando son condenados, como ocurrió con el sargento Néstor Adrián González y el cabo 1º Martín Alexis Naredo, son muestra cabal de que, digan lo que digan, la puerta giratoria sólo funciona cuando se trata de uniformados.
En el mismo programa de TV, Berni volvió a defender a sus gendarmes saltarines e infiltrados, y no se privó de cargar contra los inmigrantes: “Tengo una lista de ciudadanos extranjeros que fueron detenidos más de 10 veces. Hay que tener coraje para firmar la orden de detención, y hay jueces que no lo tienen, y otros que no tienen ganas de trabajar”. Naturalmente, no se refiere a los empresarios extranjeros que saquean nuestro país y explotan a los trabajadores, sino a los hermanos latinoamericanos que comparten la pobreza argentina en villas y asentamientos.
Tampoco esta línea es novedosa. En enero de 1999, el ministro Corach afirmó que el 77% de los autores de delitos eran extranjeros, dato que las estadísticas oficiales desmintieron de inmediato: el porcentaje real era el 5%. Claro que, sólo en la comisaría 7ª (Once), 11.200 latinoamericanos fueron detenidos durante 1998 y 1.300 durante los primeros 25 días de 1999 sin que hubiesen cometido delito alguno. De ese total, el 98,2% fue víctima de la habitual "discrecionalidad" policial: averiguación de antecedentes o código de faltas. Sólo el 1.8% era imputado en una causa penal.
Si hoy dispusiéramos de los recursos de entonces –esas estadísticas de detenciones dejaron de publicarse poco después- seguramente obtendríamos resultados similares.
Como sus antecesores en el rol de vocero de la mano dura, Berni expresa, para la parte de la tribuna que disfruta (y vota) ese tipo de declaraciones, lo que es la política oficial de su gobierno. No es casual que en las encuestas encargadas pensando en las elecciones 2015 ya se esté midiendo su imagen positiva.

Otoño Uriarte y Carlos Fuentealba sólo tendrán justicia en las calles
En vísperas del día del maestro, la jueza Ana Malvido sobreseyó a los 15 imputados en la causa "Fuentealba II", que investigaba las responsabilidades políticas e ideológicas en el asesinato de Carlos Fuentealba, ocurrida durante la represión policial, el 4 de abril de 2007, a una movilización docente en la ruta 22 a la altura de Arroyito, Neuquén.
Para la jueza, que hizo caso al planteo del Ministerio Público Fiscal y de las defensas de los imputados, no hubo ninguna responsabilidad en el asesinato, más allá del policía Darío Poblete. La medida benefició al ex secretario de Seguridad de Neuquén Raul Pascuarelli, el ex jefe de policía Carlos Salazar, el ex subjefe Moisés Soto y a otros 12 policías neuquinos que participaron de la represión.
A 7 años del asesinato, la justicia neuquina y el gobierno de Sapag sostienen la impunidad con la que actuó el ex gobernador Jorge Sobisch y cierran toda puerta que comprometa a los que comandaron y ejecutaron el ataque.
En otro punto del sur argentino, el caso de Otoño Uriarte corrió la misma suerte, el mismo circuito de la impunidad: los seis acusados por la desaparición y asesinato de la joven fueron sobreseídos, porque para la jueza Sonia Martín no hubo suficientes pruebas para enjuiciarlos.
Néstor Cau, Germán Antilaf, José Jafri, Maximiliano Lagos, Federico Saavedra y Juan Calfiqueo, todos acusados por el secuestro, violación y asesinato de Otoño en 2006, fueron beneficiados por la justicia rionegrina que deja así impune un femicidio brutal, ligado a la connivencia entre las redes de trata, la policía y el poder político.
En diferentes momentos de la causa, Roberto Uriarte, padre de Otoño, señaló las irregularidades con que se estaba llevando a cabo la investigación desde la desaparición de la chica, hasta el descubrimiento de su cuerpo asesinado. Antes de que apareciera el cuerpo de Otoño, se descubrió por una escucha telefónica que la comisaría 8ª de Choele Choel encubría y tenía fuertes vínculos con una red de trata que sometía a sus víctimas a la prostitución, facilitando documentos apócrifos para falsear identidades y edades de las jóvenes raptadas. Por otra parte, la policía rionegrina constantemente planteó hipótesis contradictorias e impidió la realización de operativos que pudieran involucrar a efectivos en la desaparición de Otoño.
La lucha continúa, siempre, en las calles, con los trabajadores de la educación en lucha y la organización de los familiares Otoño, nuestros compañeros en el ENA.

Ética policial: de narcos y delincuentes
En la tarde del viernes 12 de septiembre, cuatro hombres fueron detenidos por policías federales, cuando escapaban después de haber robado una financiera en el microcentro porteño. Dos de ellos, de 23 y 38 años, resultaron ser también policías, pero de la Metropolitana, la fuerza represiva de la que se vanagloria el gobierno de Mauricio Macri.
Cuando fueron requisados tras la detención, portaban tanto las pistolas 9mm reglamentarias, con las que perpetraron el delito, como las chapas identificatorias de la fuerza.
La misma semana, en Reconquista, al norte de Santa Fe, el oficial provincial César Ibáñez, que se desempeñaba en procedimientos antinarcóticos y ocupaba el cargo de subjefe de la Brigada Operativa Departamental IX de la Dirección Provincial y Control de Adicciones, fue detenido con cocaína en su poder, cerca del casino del puerto de la ciudad de Santa Fe.
Ibáñez integraba la brigada antidrogas desde hacía varios años, y estuvo bajo la gestión del jefe de Inteligencia de Zona Norte, Daniel Musante, que fue desplazado en mayo de 2013 por torturar a dos sospechosos de traficar drogas.
El polinarco detenido este jueves había olvidado una mochila en un bar, donde se le encontraron 95 gramos de cocaína, su pistola reglamentaria y discos con escuchas telefónicas de causas que se están investigando actualmente.
Unos días después, en Santiago del Estero, la justicia logró identificar a los integrantes de una banda dedicada a estafar a familias de trabajadores que anhelaban acceder a una casa del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Con una elaborada puesta en escena, ofrecían por $20.000 acelerar el trámite para la adjudicación de las viviendas, y hasta los llevaban a los barrios a visitar inmuebles vacíos. Naturalmente, el recaudador era un policía.
Por último, en el norte del conurbano bonaerense, una causa judicial en la que se investigaba a una banda especializada en entradoras, terminó con cuatro policías presos, entre ellos un subcomisario, y una comisaría allanada.
Es que, de las escuchas ordenadas sobre el celular de uno de los asaltantes investigados, surgió que los policías, todos de la “Crítica”, la 3ª de San Fernando, en la que supo gestarse el Escuadrón de la Muerte comandado por el sargento Hugo “El Beto” Cáceres, habían cobrado una coima para liberar a uno de los integrantes de la banda, que habían detenido en abril pasado.
El fiscal se enteró, con las escuchas, que tres miembros de la banda que él investigaba intentaron entrar a una casa en Victoria, pero fueron interrumpidos por la llegada de la policía. Dos escaparon, y el tercero quedó detenido. En lugar de avisar al fiscal, hicieron que el preso llamara a su mujer a la comisaría, “a ver cómo se podía arreglar”. Tras el pago de $42.000, la detención quedó registrada como una averiguación de antecedentes, y el ladrón se fue, más pobre, pero libre.
Sólo cuatro casos que demuestran que inseguridad, es la policía en la calle.

Yoga “antiestrés” para los policías puntanos
Parece que los policías de San Luis andan nerviosos y contracturados, así que el gobierno provincial decidió mandarlos a hacer yoga. A partir de la firma de un convenio entre el gobernador puntano, Claudio Poggi, y el Embajador Amarendra Khatua de la India, el Instituto Superior de Seguridad Pública Coronel Juan Pascual Pringles implementará el "Programa Ayurvédico Anti Estrés", un sistema que “garantiza encontrar equilibrio entre mente y cuerpo”.
Los cursos se dictarán a policías de calle, bomberos, personal de comisarías, comando radioeléctrico, policía caminera y grupos especiales, y durarán cuatro meses.
Según informó el gobierno provincial, el sistema busca que “el estrés no cause daño a la persona y pueda asimilar de manera adecuada y apropiada las situaciones de riesgo con las que se encuentran a diario”.
La noticia, en rigor, no es novedosa. En 2006, el conocido budista Ravi Shankar, promocionado por sus seguidores como “el hombre que está cambiando al mundo”, firmó un convenio con el entonces ministro de Justicia de la Nación, Alberto Iribarne, para dar sus cursos al personal de las cárceles, y otro con la viceministra del Interior, Silvina Zabala, para darlos al personal de la Policía Federal.
Son miles los fusilados por el gatillo fácil, los torturados y muertos en cárceles federales desde entonces. No crean que en San Luis se hará el milagro, por más meditación o yoga que hagan. A lo sumo, reprimirán más relajados.

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Y sigue desapareciendo

Silvana Melo (APE)

A ocho años de que se lo haya tragado la tierra o las fauces insaciables de los dinosaurios, López sigue desapareciendo. Se cumple puntillosamente con el ritual anual de cada setiembre: la foto, el recuerdo, la marcha. Pero la justicia no se despereza ni se despierta. Las instituciones ejercen su complicidad por silencio o por olvido. En el mejor de los casos. Las fuerzas con armas siembran nuevas pistas todos los años para alejar de sus botas, lo más definitivamente posible, al fantasma del desaparecido. Los indicios avanzan, giran, retroceden y vuelven al lugar de origen. Es decir: a la hora anual de abrir los ojos en el expediente para acallar el discurso anual del aniversario, la nueva pista anual es un bumerán que golpea la puerta del entorno de López. Y asea las intenciones de los genocidas. Limpieza anual.



A ocho años de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue desapareciendo cotidianamente. Aunque sostenga, cada 18 de setiembre, la posibilidad de asomarse a un mundo que ya le fue vedado, en un recuerdo anual que se minimiza con el tiempo, en una marcha anual que languidece. 85 años tendría López hoy si apareciera. Los mismos 85 años de Miguel Etchecolatz. Sería viejito, tanto como sus propios verdugos. O más.

A ocho años de esfumarse en el aire, como Miguel Bru, Luciano Arruga y tantos otros, no hay ningún imputado, ningún procesado, ningún detenido. Es que la justicia está llegando tarde. Pierde los bondis, los subtes, los trenes. Treinta años debió esperar él para que se juzgara a los responsables de su primera desaparición. Treinta años para ver a Miguel Etchecolatz sentado ante el Tribunal, con los ojos encendidos, el crucifijo en las manos y la amenaza a flor de labios. Treinta años para la primera condena por genocidio. La parsimonia de la Justicia se lleva la vida tantas veces. La de tantos cuerpos sometidos al suplicio. La de López, levantada en alguna calle, como en los tiempos rojos. La de los monstruos, que envejecen, enferman, son motivo de piedad, mueren. Y a veces se desdibuja una perpetua que suena banal porque morirán en meses. O en un año.

A ocho años de la red de impunidad que se tejió desde algunas instituciones para sanear el prontuario de la bonaerense y ocultar que Etchecolatz, desde Marcos Paz, podría manejar a un grupo de tareas que le responde. La policía de Camps fue apenas maquillada de democracia en estas décadas. Pero en el cuarto de atrás sigue solapando sus métodos, sus estrategias, sus herramientas: la connivencia, la tortura, la desaparición.

A ocho años de la jornada de alegatos en el juicio a Miguel Etchecolatz a la que López nunca llegó, a ocho años de que se perdiera tiempo irreparable en considerar que tenía alzheimer y se perdió, que sufría del corazón y se infartó. A ocho años de considerar que “vivía en un barrio de policías y tenía un hijo policía y no era un desaparecido como los nuestros”, según la triste acusación de Hebe; o que su ausencia fue una operación contra el gobierno, López no apareció. Ni él ni sus huesitos en la tierra, ni su campera polar borravino, ni su pelo ya escaso pero frizado y cano, ni su dedo de albañil deformado por la artrosis. A ocho años la investigación que nunca tocó al raterío de Marcos Paz ni a los bolsones corruptos de la bonaerense decidió un viraje que volvió al entorno de López. Que como desaparecido, testigo clave, albañil y viejo es incómodo. Y revulsivo. Entonces lo más sensato es minar su credibilidad, como se intentó desde el principio. Aun cuando en 2008 se cambió la carátula de la causa: de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”.

Tres jueces, varios fiscales, innumerables testigos (muchos de ellos falsos) desfilaron ante la ausencia de López durante ocho años.

El, que es López, apenas. Un albañil desaparecido por la dictadura. Un trabajador aparecido. Un apenas López vuelto a desaparecer. Una y mil veces durante ocho años.

Una ausencia de 85 años que interpela al sistema. Apenas López y todo lo que significa.

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Caso Jorge Julio López: “Inacción, encubrimiento y silencio por parte del Estado”

ANRED

Con motivo de cumplirse el octavo aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, este martes se llevó a cabo una Audiencia Pública en el Congreso Nacional convocada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y organizada junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ).

En el marco de una Audiencia Pública en el Congreso Nacional, el diputado nacional por el FIT-PO, Pablo López, presentó ayer un Proyecto de Resolución en el que se repudia “la inacción, el encubrimiento y el silencio que por parte del Estado rodearon la segunda desaparición de Jorge Julio López”. A la vez, el documento exige “la desclasificación y apertura de todos los archivos, tanto de la dictadura como los que existiesen sobre el caso López”.

En tercer término, el Proyecto señala que existe “preocupación por la prosecución de una causa penal contra el tribunal que juzgó al represor Miguel Etchecolatz y contra las abogadas que representaron a Julio López”.

El legislador por Salta agregó que “ninguna investigación se orientó hacia la Policía Bonaerense, responsable de la desaparición, con fines de encubrimiento por parte del gobierno”. Un gobierno, continuó, que “ha lanzado una fuerte política represiva con la implementación del Proyecto X, la sanción de la ley antiterrorista, y la pretensión de establecer una ley contra las manifestaciones populares”. En tanto, la presidenta de la Nación, “reivindica la condena a los trabajadores petroleros de Las Heras”, y se apoya en el sindicalista de la UOCRA, “Gerardo Martínez, quien fue miembro del Batallón 601, y ahora llama a ‘cazar a los zurdos’ dentro de los lugares de trabajo, coincidiendo con el accionar de José Pedraza, asesino de Mariano Ferreyra”.

El Proyecto de Resolución fue firmado por los diputados Pablo López y Néstor Pitrola (FIT-PO), Nicolás del Caño (FIT-PTS), Margarita Stolbizer (GEN) y Jorge Valinotto (FC). Envió su adhesión y agregará su firma, la diputada María Virginia Linares (GEN).

“IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO QUE SE CONECTAN CON LA VIGENCIA DEL APARATO REPRESIVO DE LA DICTADURA”

Liliana Alaniz, abogada querellante en el juicio de la mega causa ESMA y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha (APeL), resaltó que “la impunidad y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan con la vigencia del aparato represivo de la dictadura. La impunidad es la paga del poder político a cambio de contar con sus servicios a la hora de reprimir a los trabajadores y el pueblo, que lucha frente al ajuste, los despidos, y las suspensiones, como ocurrió en la multinacional Lear”.

La Audiencia Pública contó con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Elia Espen, Mirta Baravalle y Nora de Cortiñas; Marga Cruz, Carlos Lordkipanidse y Carlos Loza (Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos-AEDD); Liliana Alaniz y Diego Aysine (Asociación de Profesionales en Lucha (APeL); Myriam Bregman (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos-Ceprodh); Gabriela Figueroa (Todos por el BNDG); Néstor Correa (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires -AGD-UBA); Gabriel Illescas (Consejero de la FUBA); Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Gremial de Abogados, APDH La Matanza; Vanina Kosteki, Norma Garrigue y diversos organismos defensores de los derechos humanos y movimientos de lucha.

Se recibieron las adhesiones de HIJOS La Plata, de la CTA Mendoza, Casapueblo de España, familiares y amigos de Luciano Arruga, entre otros.

“OCHO AÑOS DE IMPUNIDAD Y ENCUBRIMIENTO”

Finalmente, los organizadores convocaron a la movilización que se llevará a cabo este jueves 18, con motivo de cumplirse 8 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo y querellante en el juicio que condenó por genocidio a Miguel Etchecolatz, represor durante la última dictadura cívico-militar.

APEL: Asociación de Profesionales en Lucha.

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“Hay pruebas fehacientes y suficientes para investigar a la policía de Echecolatz a fondo”

RNMA - ANRED

En el marco de un nuevo Enredando las mañanas, el Lunes 15 tuvimos la oportunidad de tener una comunicación con Carlos “el Sueco” Lordkipanídse. El día martes en el espacio Memoria, Verdad y Justicia realizó una audiencia pública dentro del congreso en la cámara de diputados.

“Todo lo que hay respecto del caso son retrocesos. A Julio lo han desaparecido durante la dictadura y durante un gobierno democrático pero también en los distintos ámbitos de la política nacional. Ningunear el caso es el retroceso mayor. Julio López dejó de existir. Nosotros el año pasado hicimos una habeas corpus general desde todos los puntos del país en coordinación con los organismos de Derechos Humanos y las fuerzas políticas reclamando por el paradero al estado. Hemos recibido una sola respuesta de un solo juzgado. Nos dice: Julio López no está detenido en ninguna dependencia oficial. Esa es la respuesta que nos da el estado después de 8 años” aseveró el Sueco. También nos comentó que les costó muchísimo que la causa se iniciara por desaparición de persona porque el estado quería que fuera por búsqueda de paradero.

Ahora la causa no tiene designado ningún juez. El juez Blanco quien estaba a cargo falleció. “Esperamos a un nuevo juez. No han investigado. Y nos han acusado a nosotros mismos de no haber hecho lo suficiente para salvaguardar la integridad física de Julio López. Una cosa ridícula lo que nos están planteando desde el estado” nos comentó durante el diálogo.

Con respecto a la declaración que hizo Julio López en su momento, hay dos de los represores nombrados por el desaparecido que están detenidos pero no por su causa sino por otro centro clandestino.

Para finalizar el Sueco avisa que no bajara los brazos y que el pueblo sigue buscando justicia: “Hay pruebas fehacientes y suficientes para investigar a la policía de Echecolatz a fondo. Los que fueron su mano derecha, izquierda y sus ayudantes más cercanos. Y no se han dedicado a hacer esa sencilla investigación. Han derivado las cosas a investigaciones ridículas como el testimonio de una vidente en la causa y haber seguido las declaraciones de la vidente para saber dónde estaba Julio. Es surrealista como está planteado el tema. Vamos a recurrir a la movilización en todos los lugares que podamos. Por lo pronto en la Plata y Buenos Aires, pero también en muchos lugares del interior del país. Hemos decidido presentar una denuncia ante la comisión interamericana de Derechos Humanos para que le exija al gobierno una respuesta en este sentido”.

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Lautaro Bugatto: Condenaron a 14 años de prisión al policía que lo mató

COSECHA ROJA

El grito de “Lautaro, ¡presente!” retumbó en la sala del Tribunal Oral Criminal N°10 de Lomas de Zamora. Este mediodía condenaron al ex policía bonaerense David Benítez a 14 años de prisión por asesinar a Lautaro Bugatto, el futbolista de Banfield, en 2012.

Afuera de la sala quedó mucha gente. Aunque lo habían pedido, a la familia de Bugatto no le dieron el salón grande. Sabían que muchos amigos y compañeros irían a escuchar la sentencia. A hacer el aguante. A gritar “Lautaro, ¡presente!” tantas veces como fuera necesario: antes de empezar en la puerta del tribunal, durante y después. “Estamos conformes con el fallo. Discutiremos los años más adelante, pero festejamos que llegó una pena”, dijo Gonzalo Bugatto, el hermano de Lautaro.

Alicia Giardina, la mamá de Bugatto, entró al tribunal apoyada del brazo de dos familiares, caminando despacio. Después de la sentencia no necesitaba ayuda: gritó “Lautaro” y miró al cielo. Salió de la sala caminando sola, enérgica, con menos peso y llorando. “Lo voy a amar eternamente”, dijo a todos los que esperaban afuera. “Voy a seguir adelante porque siempre les enseñé a mis hijos que hay que ser fuerte”, dijo.

El 6 de mayo Benítez estaba fuera de servicio. Iba en un auto con la mujer cuando intentó detener el robo de la moto que iba adelante y en la que viajaban su hija y su hermana. Disparó siete balas con el arma reglamentaria: una atravesó la espalda de Lautaro, que murió pocas horas después. La fiscalía había pedido doce años y el abogado de la familia, 20.

“Teníamos muchas expectativas para hoy. Es el final de un proceso que lleva dos años y cuatro meses. Esperamos que el tribunal esté a la altura de la situación y se haga justicia por Lautaro”, dijo a Cosecha Roja Gonzalo antes de entrar a la sala. Cuando salió, dijo que ahora su hermano puede empezar a descansar en paz.

Bugatto tenía 20 años, jugaba de lateral izquierdo en las inferiores de Banfield y estaba a préstamo en Tristán Suárez. El 6 de mayo de 2012 planeaba salir a bailar con amigos. Terminó de comer pizza con la familia en su casa de Monteverde y Pedro Goyena, Almirante Brown, y salió cuando un amigo pasó a buscarlo.

El policía David Benítez, que dijo que intentaba frenar un robo, gatilló en la calle sin identificarse ni dar la voz de “alto”. Quería detener a unos pibes que habían intentado robar. “Cuando le dio a mi hermano, ya habían salido corriendo: la peligrosidad era cero”, dijo Gonzalo Bugatto. Aún así, Benítez disparó siete veces: dos desde el auto y cinco una vez que ya se había bajado. Lautaro murió y las únicas balas que se encontraron en la escena del crimen fueron las del policía.

Durante el juicio el ex policía sostuvo que disparó en legítima defensa. “Benítez dijo ‘cumplí con mi deber’ como si su deber fuera matar. Y no muestra ningún signo de arrepentimiento”, dijo a Cosecha Roja la tía de Lautaro, Mónica Giardina. “Esperamos que se haga justicia para que sea una reparación simbólica para la sociedad”, agregó.

“La pena es sanadora de alguna manera porque el Poder Judicial es el que tiene que hacer esta parte. Y se demostró lo que decíamos: Lautaro era la víctima, no el victimario. Igualmente nadie le va a devolver la vida”, dijo a Cosecha Roja Charly Pisoni, secretario de Promoción de los Derechos Humanos de la Nación.

Leonardo Rebolino, coordinador de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, dijo a Cosecha Roja: “Es como una parábola: este caso fue el que impulsó la Campaña y esta sentencia ejemplar nos da fuerza para seguir avanzando. Ahora es necesario poner en discusión que los oficiales porten el arma fuera de servicio”.

Benítez era subinstructor de tiro y tenía entrenamiento militar. “Toda su vida había estado en contacto con armas”, dijo a Cosecha Roja el abogado de la familia Lucio De La Rosa. “A más conocimiento, más responsabilidad”, dijo Gonzalo. El policía llegó al juicio en libertad y, tras el fallo, fue detenido inmediatamente. Los jueces pidieron que se investigue el posible falso testimonio de la pareja y hermana de Benítez. Durante todo el juicio, contaron los familiares, las versiones se contradecían.

En la UFI 6, a cargo de Andrea Nicoletti ya se inició una causa para investigar la manipulación de pruebas. Gonzalo contó que los policías no cuidaron la escena, intentaron modificar el auto para que tuviera impactos de bala y ocultaron un testigo clave. “La defensa estuvo orientada a justificar el accionar violento de Benítez”, dijo.

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