miércoles, 1 de octubre de 2014

El temor de Álvaro Uribe a la verdad histórica

Alpher Rojas (especial para ARGENPRESS.info)

Sectores de opinión ligados a las esferas del poder económico y político y, desde luego, al status quo -adviértase que no sólo me refiero a caciques regionales, a empresarios del chance, a esmeralderos, terratenientes y ganaderos, sino también a ejecutivos de empresas transnacionales y a agentes estatales con y sin uniforme-, presionaron para que el debate sobre “vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo y el narcotráfico”, no se realizara.

Cuando el Senador de Izquierda Iván Cepeda -filósofo de la Universidad de San Clemente de Ohrid en Sophia, Bulgaria, defensor de Derechos Humanos, con varios posgrados y cualificadas publicaciones y contribuciones académicas al conocimiento de nuestra violencia reciente-, anunció la proposición de control político sobre el principal protagonista de la macabra simbiosis entre política y criminalidad 2002-2010, muchos entraron en pánico. Y casi de manera simultánea algunos medios de comunicación recogieron esa alarma para descalificar la convocatoria y exigirles a los congresistas que en lugar de promover “debates personalistas” se dedicaran a legislar sobre la justicia (¿!), la salud y las pensiones.

Aunque esos mismos sectores confiaban en que Uribe, zorro político capaz de agazaparse en la penumbra y dar sorpresivos saltos de cobra saldría avante, sus íntimos círculos temían que en la confrontación oratoria con un Senador de tan sólida formación y tan bien documentado como Cepeda, Uribe fuera demolido por la verdad histórica. Entonces, cobraron forma el emponzoñamiento de las fuentes de información y el ejercicio de otras formas de violencia simbólica en el propósito de construir una realidad diferente a la de los hechos. La respuesta no se dejó esperar: la “Comisión de ética” del Senado, le lanzó un primer salvavidas: “Cepeda no podría mencionar a Uribe en ningún sentido ni bajo ningún pretexto”.

A semejanza de un decadente emperador, Uribe se presentó al debate acompañado por el círculo de fuego de sus escoltas armados y con su séquito de alzafuelles en el antebrazo, al uso de la cetrería medieval. Sin embargo, tan pronto el Senador Cepeda inició su intervención, Uribe salió precipitadamente del hemiciclo (“Cual sanguijuela por las alcantarillas”, según la pertinente metáfora de la Senadora Claudia López) previa declaración de que iría a la Corte Suprema de Justicia a presentar pruebas contra Cepeda, los medios de TV Telesur y Canal Capital, “por sus serviles vínculos con el terrorismo”.

El país se enteró de que el ex presidente no se encaminó hacia la Corte, sino a la oficina de un amigo. “El frentero”, buscó la obscuridad para protegerse de toda evidencia y atemorizar a sus contradictores. Desde allí, vio por TV la sustentada presentación de Cepeda, masculló insultos y contrajo los hilos de sus marionetas, que lo compararon con el Libertador Simón Bolívar. Cuando Cepeda concluyó su intervención, Uribe retornó y pronunció un discurso de elusión y ocultamiento, una especie de pirueta de caballista ebrio en feria pueblerina; exhibió un papel cuyo texto no leyó ni dejó ver: una supuesta renuncia a la junta directiva donde aparece como socio de Luis Carlos Molina, el socio del capo Pablo Escobar, quien (según pruebas judiciales aportadas por la Fiscalía) les pagó a los asesinos de Guillermo Cano en 1986. En su defensa Uribe pretextó su amistad con el ilustre director de El Espectador, versión rechazada con dignidad por doña Ana María Busquets de Cano, viuda del periodista en declaraciones a Noticias Uno. Era moralmente imposible que una cumbre del periodismo independiente fuera su amigo.

El debate dejo abierta a la justicia la continuación o apertura de nuevas investigaciones en los temas referidos por el Senador Cepeda; en segundo lugar, quedó claro que el Estado no ha sido un ente neutral en nuestras violencias; tercero, que bajo la “Seguridad democrática”, la libertad y prosperidad de unos pocos se construyó a costa de la vida, la libertad, y la miseria de otros.

Alpher Rojas es investigador en Ciencias Sociales y Estudios Políticos.

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Derrotar e incorporar en el proceso boliviano; una lectura de la hegemonía desde Lenin y Gramsci

Katu Arkonada (ANNCOL)

“Salvo el poder, todo es ilusión”.
Vladimir Ilich Lenin

Bolivia vive una campaña electoral en la que la polémica en torno a algunos candidatos que no vienen de la militancia en organizaciones sociales o incluso con un pasado en la derecha ha sido solventada por el Vicepresidente Álvaro García Linera con una referencia a la construcción de hegemonía y la necesidad de derrotar e incorporar al enemigo: “No olviden, siempre hay que sumar a Lenin con Gramsci, al adversario hay que derrotarlo, eso es Lenin; Gramsci, al adversario hay que incorporarlo, pero no se incorpora al adversario, en tanto adversario organizado, sino en tanto adversario derrotado”.



Con la afirmación de que al enemigo hay que derrotarlo no podemos estar más de acuerdo, y de hecho esa es la fase que se da en Bolivia entre los años 2008 y 2009, donde el enemigo encarnado en la derecha fascista y racista desplegada desde la Media Luna en el oriente del país sufrió una derrota política y militar que culmina con la aprobación del referéndum constitucional en enero 2009 y la desarticulación de un comando terrorista de mercenarios de Europa del Este en el operativo del Hotel Las Américas en abril de ese mismo año en Santa Cruz.


Foto: Katu Arkonada

Por lo tanto con un enemigo derrotado y que no se rearticulará de nuevo hasta la segunda mitad del próximo periodo 2015-2019, el debate se sitúa en torno a la construcción de hegemonía y la consolidación de un sentido común de época en Bolivia a partir del nuevo bloque histórico cristalizado en el movimiento indígena originario campesino.

La hegemonía vista desde Lenin

Aunque ya lo utilizaban los antiguos griegos (eghemonia) para designar la conducción suprema de su ejército, el concepto de hegemonía (gegemoniya) fue una de las consignas que la socialdemocracia rusa colocó en el centro del tablero político entre los años 1908 y 1917. El propio Lenin consideraba que la hegemonía era el liderazgo de la clase obrera en un frente más amplio que abarcara varias clases sociales, contraponiéndola a una fase más corporativa o gremial. Frente a las propuestas mencheviques de que la hegemonía del proletariado era algo obsoleto, Lenin argumentaba: “Predicar a los obreros que lo que necesitan «no es la hegemonía, sino un partido de clase» significa traicionar la causa del proletariado en favor de los liberales; significa predicar que la política obrera socialdemócrata debe ser reemplazada por una política obrera liberal. Renunciar a la idea de hegemonía es la forma más cruda de reformismo en el movimiento socialdemócrata ruso”.

Pero Lenin además de revolucionario tenía la capacidad de buscar el acercamiento de los comunistas rusos con otros grupos socialistas, sobre todo del campesinado. En “La significación del materialismo militante” escribe en 1922: “Uno de los errores más graves y peligrosos de los comunistas es la idea de que una revolución puede ser hecha por los revolucionarios solos”. Asimismo, en su Informe de la situación actual de la Conferencia de toda Rusia declaró: “Durante los períodos de auge revolucionario, cuando la fuerza del movimiento popular es grande, suele ocurrir que las masas pequeño—burguesas se inclinen por la revolución estableciéndose un “profundo abismo” entre éstas y sus dirigentes políticos”. Incluso avanzando aún más en esas posiciones pragmáticas llega a afirmar en una reunión de los activistas del Partido en Moscú haciendo alusión de los rivales políticos que comienzan a acercarse a las posiciones revolucionarias que no hay que darles la espalda, y que si en su momento se escribió contra ellos descalificándoles “tenemos que volver a escribir nuestros volantes, porque la actitud de los demócratas pequeño—burgueses hacia nosotros ha cambiado. Debemos decir: bienvenidos...”.

También en “La significación del materialismo militante” escribe: “Sin la alianza con los no comunistas en las más diversas esferas de la actividad no puede hablarse siquiera de una exitosa construcción comunista.” Es decir, Lenin era un ferviente defensor de sumar alianzas con otras clases y buscar aliados para consolidar la hegemonía del proceso revolucionario que era un islote en medio de un mar llamado sistema-mundo capitalista.

Lenin, en un informe político al Comité Central en marzo de 1918, lo dejaba claro: “Si no sabemos adaptarnos, si no estamos dispuestos a avanzar arrastrándonos por el fango, entonces no somos revolucionarios, sino charlatanes”; para posteriormente sentenciar: “yo propongo esto, no porque me agrade, sino porque no queda otro camino, porque la historia no ha sido suficientemente bondadosa para hacer que la revolución madure en todas partes simultáneamente.”

Con estos retazos podemos concluir que ya la formula derrotar e incorporar ya la podemos encontrar completa en Lenin, que de hecho en “El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo” de 1920 dejó escrito: “Los demócratas pequeño—burgueses (...) vacilan inevitablemente entre la burguesía y el proletariado, (...) entre el reformismo y el espíritu revolucionario. (…). La táctica acertada de los comunistas debe consistir en utilizar estas vacilaciones, en no ignorarlas; para utilizarlas hay que hacer concesiones a los elementos que se inclinan hacia el proletariado (...) además de luchar contra quienes se inclinan hacia la burguesía.”

Aunque también Vladimir Ilich Ulianov nos dejaba la advertencia de que hay sumas que restan en “Un acuerdo de lucha para la insurrección”(1) cuando advertía que las revoluciones nos dejan: “demasiados ejemplos del enorme daño que causan los experimentos precipitados e inmaduros de una ‘unidad de lucha’ en la que se pegan con cola los elementos más heterogéneos para formar comités del pueblo revolucionario con lo cual sólo se obtiene el inevitable resultado de fricciones mutuas y amargos desengaños”.

Ese es Lenin, al que Lukács definía como un práctico de la teoría y un teórico de la práctica.

La hegemonía vista desde Gramsci

Pero tuvo que ser años más tarde Antonio Gramsci, secretario general del Partido Comunista Italiano, quien durante sus años de cárcel construyera una teoría más amplia y completa sobre la hegemonía, siempre eso sí a partir de las enseñanzas de Lenin, como deja claro en “El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce” donde asevera: “Todo es político, también la filosofía o las filosofías, y la única filosofía es la historia en acto, es decir la vida misma. En este sentido se puede interpretar la tesis del proletariado alemán como heredero de la filosofía clásica alemana, y se puede afirmar que la elaboración teórica y la realización de la hegemonía realizada por Ilich se ha convertido en un gran acontecimiento metafísico.”

Mientras que para Lenin la hegemonía era la primacía de la sociedad política (Estado) sobre la sociedad civil, para Gramsci era lo contrario, o más exactamente la fusión de ambas en un escenario que sumaba la coerción con la persuasión, la dominación con el liderazgo intelectual, convirtiendo en un hecho cultural la dirección política e intelectual en el que un grupo imponía, mediante el consenso, su visión del mundo, de la sociedad y del Estado a otras clases sociales. En palabras de Ernesto Laclau, que afirmaba haber llegado a Gramsci a través del peronismo (2), la clase hegemónica es la que asume la función representativa de la totalidad.

Podríamos llegar a la conclusión en este caso, de que el proceso de cambio boliviano está construyendo hegemonía pues es un bloque histórico el que está posicionando su visión como la visión de todo un pueblo y de todo un país, logrando además mayorías electorales que lo ratifican y permiten seguir caminando en esa dirección.

Afortunadamente esa construcción de hegemonía que hace a lo simbólico y a lo cultural, y permite la transformación estructural de una sociedad que camina hacia el Estado Integral, que en Bolivia adopta la forma de Estado Plurinacional, no depende de pactos, alianzas ni sumas que, como advertía Lenin, a veces se convierten en restas.

Referencias:
1) Tomo 9 de las Obras Completas
2) Laclau: “A través del peronismo llegué a comprender a Gramsci” http://elpais.com/diario/1983/09/06/cultura/431647210_850215.html

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La modificación y unificación de los Códigos Civil y Comercial afectará gravemente los derechos de los trabajadores

Claudio Lozano (UNIDAD POPULAR)

“En tanto el Proyecto del Código Civil y Comercial tiene impactos negativos sobre los trabajadores y sus relaciones laborales (se adjunta material al respecto) y la propuesta oficial de tratamiento es absolutamente bochornosa ya que invirtiendo la racionalidad, termina teniendo un trato peor que el de una ley, el bloque Unidad Popular en acuerdo con la mayor parte de los bloques de la oposición no participará de la sesión del día de mañana.

Entendemos que la sesión convocada está viciada de nulidad y que el Código sancionado solo por el oficialismo será absolutamente ilegítimo.”

Claudio Lozano anunció que los diputados que lo integran (Víctor De Gennaro, Antonio Riestra y el propio Lozano), no participarán de la sesión del 1 de octubre por considerar que la propuesta de tratamiento del oficialismo es "absolutamente bochornosa".

Respecto a los contenidos, Lozano advirtió que "la modificación y unificación de los Códigos Civil y Comercial afectará gravemente los derechos de los trabajadores", (ver material adjunto), "situación que se oculta detrás de un conjunto de modificaciones vinculadas al Derecho de Familia, que son las que han tenido difusión pública".

En el material que se adjunta se detallan y explican las modificaciones que afectarán a los trabajadores:

En estos días estaría por sancionarse el proyecto de modificación y unificación de los Códigos Civil y Comercial, que estará destinado a regir las relaciones privadas entre individuos durante las próximas décadas. La mayor atención pública se ha centrado en las reformas vinculadas al derecho de familia. Sin embargo, el nuevo Código avanzará sobre otros aspectos que, en caso de aprobarse, afectarán los derechos de los trabajadores registrándose así un marcado retroceso respecto a las conquistas legales obtenidas por la clase trabajadora durante años de lucha.

La afectación a los intereses de los trabajadores se proyecta básicamente en dos dimensiones: por un lado, la incorporación de nuevas formas de contratación que permiten la deslaboralización de las relaciones de trabajo, y por ende, la eliminación de todo el conjunto de derechos que protegen al trabajador a partir de considerarlo el sujeto más débil del vínculo laboral y, por otro, la limitación de la responsabilidad solidaria entre las empresas que participan del aprovechamiento de la fuerza de trabajo respecto a las deudas contraídas con el trabajador (salarios, indemnizaciones, etc). En la misma lógica de limitación de la responsabilidad se inscribe la incorporación de las Sociedad Anónimas Unipersonales.

A continuación, enumeramos algunos de los principales cuestionamientos:

1.- El contrato de agencia y un peligroso camino hacia la deslaboralización
Este contrato no está regulado actualmente en la legislación nacional. Si bien el proyecto señala que esta figura contractual se aplica cuando no media una relación laboral, lo cierto es que la experiencia de países donde sí está regulado indica que en muchos casos ha sido utilizado por los empleadores para deslaboralizar vínculos que en nuestro país se encuentran, sin discusión alguna, comprendidos dentro del derecho del trabajo.
La confusión en los términos utilizados en el proyecto es tal que, entre otros aspectos, dispone que el “agente” percibirá una “remuneración” (artículo 1486), que dicho contrato podrá ser celebrado por tiempo indeterminado y en tal caso, para su finalización, las partes deberán otorgar un preaviso de un mes (artículo 1492), y finalmente, que el “agente” tiene derecho a percibir, al finalizar el contrato, una compensación por clientela (artículo 1497).
El contrato de agencia constituye un ataque directo a los derechos de los viajantes de comercio, y para otros trabajadores como los agentes de propaganda médica. Para ello, crea el “contrato de agencia”, que de ser aprobado le otorgará a las empresas una herramienta muy poderosa para eliminar trabajadores en relación de dependencia y sustituirlos con contratos comerciales. Es decir, se trata de un avance más de la flexibilización laboral, que en este caso implica la deslaboralización de estas relaciones contractuales. Ello no solo implicará una pérdida de derechos para los trabajadores, sino también la eliminación de la acción sindical, ya que para el derecho no se tratará de trabajadores, sino de ciudadanos que firman un contrato comercial.

2.- El proyecto regula la figura de la “Unión Transitoria de Empresas”. Al momento de fijar pautas para la atribución de responsabilidad por los actos de la UTE, el artículo 1467 dispone que no se presume la responsabilidad solidaria de los socios, que requiere un pacto expreso en tal sentido, por los actos y operaciones que realicen en la UTE, ni por las obligaciones que contraigan frente a terceros.
Esta situación puede poner en serio riesgo a los acreedores más débiles, dentro de los cuales se encuentran los laborales, quienes si bien contribuyen con su trabajo a los fines de la UTE solo tendrán como garantía de sus créditos a los activos de la empresa que los haya contratado. Por ende, debería establecerse en forma expresa que todos los miembros de la UTE responden en forma solidaria por los créditos laborales que se originaron con motivo de su actividad.

3.- En el “Contrato de Cooperación” se da una situación similar, ya que el artículo 1477 establece que los participantes en el contrato de cooperación pueden limitar la proporción en la que responden por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio, y solamente responderán solidariamente en caso de silencio.
Nuevamente, los acreedores laborales podrán quedar sujetos a una distribución de responsabilidades en la que no han participado, y que no les puede resultar oponible. Frente a ellos, todos los miembros del consorcio deberían responder en forma solidaria frente a los créditos de origen laboral.

4.- Por su parte, el “Contrato de Franquicia” posee una regulación aún más restrictiva en materia de responsabilidad. Aquí el artículo 1520 (b) establece que “los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral”.
De esta manera, frente a la insolvencia del franquiciado, por ejemplo, los acreedores laborales no tendrán ningún tipo de acción contra el franquiciante para perseguir el cobro de sus créditos.

5.- En sentido similar, el proyecto no prevé ningún tipo de garantía especial de los acreedores laborales en el marco de la regulación del “Contrato de Fideicomiso”, y en particular del dominio fiduciario, que dan forma a un tipo de negocio jurídico donde los trabajadores pueden enfrentarse a serias dificultades para hacer efectivos sus créditos laborales en situaciones de insolvencia.
El Proyecto reglamenta al Fideicomiso como una institución que por sus características de separación de patrimonios, de indemnidad garantizada para el patrimonio de los inversores y administradores del fideicomiso (y no así para el de sus acreedores), de carencia de personalidad jurídica propia, de ausencia de un debido control estatal, como así también por la pobre dotación de garantías para terceros víctimas del fraude en su constitución o gestión, amenaza los derechos e intereses de los trabajadores.

6.- La garantía de los acreedores en los casos de empresas prestadoras de servicios públicos posee un punto de contacto con esta cuestión. En efecto, el artículo 243 establece que si se trata de bienes afectados directamente a la prestación de un servicio público, “el poder de agresión de los acreedores no puede perjudicar la prestación del servicio”.
Este artículo no prevé ninguna excepción, ni siquiera en el caso de los créditos alimentarios o de origen laboral, situación que dificultaría en gran medida el cobro de dichos créditos por parte de los trabajadores (indemnizaciones por despido, enfermedad o accidente, salarios adeudados, etc).
Podría establecerse, como excepción al principio establecido en el artículo 243, que el mismo no será de aplicación frente a créditos de naturaleza alimentaria o que tengan su origen en una relación de trabajo.

7.- Finalmente, es necesario referirse a la creación de la figura de la “Sociedad Unipersonal”. En este sentido, y sin perjuicio de la crítica más extendida que podríamos efectuar acerca de este tipo societario, no podemos menos que sumarnos al pronunciamiento que efectuó el Instituto de Estudios Legislativos de la FACA, que sostuvo que en el caso de que se aceptara la existencia de este tipo de sociedades, debería instrumentarse una norma del siguiente tipo: “La responsabilidad limitada de la sociedad unipersonal, no alcanza a las obligaciones que surgen de los contratos de trabajo, siendo la persona física constituyente y controlante de la sociedad, íntegramente responsable con su patrimonio del cumplimento de las mismas”.
El ejemplo más extremo es la habilitación para conformar sociedades de un solo socio. En estos casos, ante la insolvencia de la sociedad unipersonal los acreedores no podrán ejecutar el patrimonio del dueño de dicha sociedad. Nuevamente, los principales afectados en estos casos serán los acreedores más débiles, es decir, los trabajadores. Basta imaginarse quienes serán los más perjudicados en los casos de insolvencia de una empresa cuyo titular sea una sociedad unipersonal: sin duda alguna, seremos los trabajadores.
Lamentablemente no se agotan allí las modificaciones que amenazan a los derechos de los trabajadores. Se observan otras eventuales afectaciones:

8.- Límites a la reparación de los daños en casos de accidentes y enfermedades laborales
La Sección 4ta (Daños Resarcibles) del Capítulo 1 (Responsabilidad Civil), Título V (Otras Fuentes de Obligaciones) consagra la Reparación Plena de los Daños, criterio que en materia de reparación de daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se encuentra, en principio, en consonancia con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, a la hora de plasmar esa reparación plena mediante un resarcimiento económico integral se observa cierta defección que afecta el acceso a aquélla. En efecto, el artículo 1746 establece un método para la determinación del monto indemnizatorio “en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial” que se asimila a la fórmula conocida como “Vuoto” utilizada por muchos jueces del fuero del trabajo. Es que la fórmula “Vuoto” se limita a cuantificar el lucro cesante producido por el hecho dañoso, sin contemplar el daño moral o los daños relacionados con las dimensiones espirituales y afectivas de la persona ni la pérdida de chance, entre otros.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cuestionado este método, señalando que la utilización de fórmulas matemáticas preestablecidas no es idónea para lograr la indemnización plena o justa. En el caso “Mosca” la Corte afirmó que “Para evaluar el monto del resarcimiento por la disminución de las aptitudes físicas o psíquicas no es necesario recurrir a criterios matemáticos, aunque pueden ser útiles como pauta genérica de referencia, sino que deben tenerse en cuenta las secuelas, los efectos que las mismas puedan tener en el ámbito de la vida laboral de la víctima y en su vida de relación”
En suma, con la asimilación al artículo 1746 de la fórmula “Vuoto” el proyecto analizado limita el campo de acción de los jueces a la hora cuantificar una indemnización justa que comprenda todos los perjuicios que ha sufrido la víctima de un accidente o enfermedad laboral.
La consignación extrajudicial y el ejercicio de los derechos laborales
El proyecto habilita la figura de la consignación extrajudicial, a través de la intervención de un escribano.
El procedimiento regulado en el proyecto no garantiza el asesoramiento jurídico del acreedor, quien de aceptar el procedimiento en los términos previstos en el proyecto podría perder la posibilidad de reclamar más allá de lo percibido.
En las deudas de origen laboral este procedimiento podría ser utilizado por muchas empresas como una forma de evitar el control judicial, sin que el trabajador tenga acceso a un asesoramiento que le permita evaluar si el monto que le están ofreciendo se ajusta a lo prescripto en las normas laborales.
Este procedimiento no debería estar habilitado para los créditos de naturaleza alimentaria o que se originen en una relación de trabajo, o para aquellas relaciones donde exista una disparidad notoria de poder entre ambas partes.

9.- Acciones colectivas: Libertad Sindical y Derecho a la Protesta y Responsabilidad por daños a terceros.
El artículo 1762 prevé como supuesto de responsabilidad objetiva la “Actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Sólo se libera quien demuestra que no integraba el grupo”.
Esta cláusula viene a incorporar la doctrina de la responsabilidad colectiva, según la cual, cuando por daños causados por un grupo de personas, y no se puede identificar a los individuos que lo causaron, se tiene a todos como responsables solidarios ante la víctima por el daño causado.
En la misma línea, cuando el grupo conforma una persona de existencia ideal, ésta también debe responder solidariamente. Es el caso de los sindicatos que gozan de personería gremial o simple inscripción (arts. 23 y 31 ley 23.551).El problema se presenta cuando los bienes de un tercero resultan afectados en el marco de una acción colectiva convocada por un sindicato. Allí la cuestión se torna difusa. Según la letra del artículo 1762, si la actividad llevada a cabo por un grupo de personas, para el caso un conjunto de trabajadores reunidos en el marco de una movilización o piquete convocada por un sindicato, es considerada peligrosa para terceros, y se produce un daño, podría obligarse a cualquiera de esos trabajadores, o al sindicato, generalmente solvente, a reparar esos daños.
A modo de ejemplo, podemos citar lo señalado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial de la provincia de Neuquén en autos "Caminos del Valle Concesionaria S.A. c/ Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén s/Daños y Perjuicios: “Ninguna duda puede existir que la huelga justifica la producción de daños propios de la abstención de trabajar, lo que no puede ser objeto de sanción alguna (…) O sea, que el empleador y los terceros deben soportar los perjuicios que son consecuencias del no hacer. Distinta es la situación, cuando esos perjuicios no se derivan de la abstención de trabajar, sino de conductas o hechos –violentos o no- dirigidos a ocasionar daños en el patrimonio del empleador (sabotaje, destrucción de maquinarias o instalaciones), o de terceros. En tales supuestos, se ha aceptado la obligación de reparar del sindicato o de los trabajadores en forma individual”.
De esta manera, el texto del artículo 1762 podría constituirse en una herramienta sancionatoria dirigida a castigar patrimonialmente a los trabajadores y sus organizaciones en ocasión de ejercer derecho de colectivos distintos a la simple abstención de prestación de tareas.

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Los perros y los lobos

Miguel Semán (APE)

A la hora de la cena la familia rodea la mesa y todos apuntan las miradas hacia la pantalla. En ese momento los policías entran en acción. Sacan pecho, se trepan a las camionetas y arremeten contra la oscuridad. De golpe desembarcan en una villa de Buenos Aires, Rosario o Salta; dicen que van a en busca de ladrones de motos. Perforan una casilla vulnerable a la primera brisa, patean mesas, sillas, perros, gatos y personas, y al que se pone a tiro lo arrancan de los pelos. Los bebés lloran, las mujeres insultan, los policías pegan. Arrastran a un chico, lo tiran en la caja de la camioneta, lo esposan y vuelven a golpearlo. Todo ante las cámaras. Mientras tanto, sin sacar los ojos de la televisión, el ama de casa le sirve la comida a los suyos, y piensa que ellos, los propios, no son como ésos. Los hijos ajenos.

Sobre calle de tierra, apenas alumbrada por la luna, perros que parecen fantasmas ladran como si supieran que se comete una injusticia. Una más de las tantas que cargan sobre el lomo. Las mujeres arremeten contra los policías. Uno de ellos se vuelve, encara al padre de familia y le pregunta de dónde sacó las cosas que tiene. Latas, tachos, caños de escape, ruedas de bicicleta. El hombre le muestra el carro. Sale a juntar basura, deshechos, sobrantes de la felicidad ajena. El policía le pide la factura. El hombre pregunta si debe pedir factura de todo lo que le dan. El policía ofrece su perfil a la cámara, levanta el caño de escape de una moto y dice que sí, que cada uno debe justificar lo que tiene. El hombre no sabe qué contestar. La mujer grita que ellos no tienen nada, sólo lo que el hombre encuentra cuando sale a recorrer las calles al amanecer y que en su casa nadie roba nada.

En la camioneta al chico lo golpean otra vez. Las cámaras lo muestran.. Del otro lado de la pantalla la familia cena. El ama de casa se silencia. El amo también. El perro se rasca. Los chicos crecen y se aburren. La patrulla se aleja del rancherío. Se lleva sangre, huesos y dolor. Atrás, a lo lejos, perros y padres maldicen, aúllan y se desgarran sobre la tierra muda. Los gritos suenan solitarios. De a poco, algunos vecinos salen, se acercan y les preguntas si están bien. Otros ni se atreven a mirarlos, como si la desgracia fuera contagiosa.

Los perros y los lobos es una de las tantas novelas admirables de Irène Némirovsky. En los barrios bajos y pestilentes de Ucrania viven, en la peor de las miserias, los judíos pobres. Una franja media los separa de la alta sociedad, también judía y apenas respetada, o sólo tolerada, por el poder de su riqueza. Los habitantes de los barrios altos y una parte de la franja media saben que los progroms se desatan, cada tanto, sobre las espaldas de los miserables. Sin embargo, desde el fondo de sus almas, los ricos no pueden olvidar que los perseguidos, vejados y linchados llevan su misma sangre, y hasta, a veces, los mismos apellidos. La frontera entre unos y otros es alta pero carece de cimientos. Se basa en el éxito en los negocios, los asientos de una cuenta bancaria, el ir y venir de la moneda. Los afortunados no pueden evitar, ante la vista de sus hermanos en desgracia, un temblor instintivo. El miedo atávico que sienten los perros cada vez que los lobos aúllan en la noche de hambre o desesperación. Esos aullidos se les meten en el alma y no les permiten olvidar que ellos mismos, o sus ancestros, alguna vez también fueron lobos perseguidos por el hambre.

De vuelta en la comisaría los policías declaran que como resultado del rastrillaje dos menores fueron aprehendidos y que se labraron contra ellos sendos sumarios por disturbios durante el allanamiento. El padre de familia, o uno de los hijos, toma el control remoto y las mentes cambian de canal, quedan prisioneras en un baile eterno, en falsas carcajadas, en la misma pantomima que se repite noche a noche. Si en ese instante se cortara la luz, y de hecho se corta, los televidentes se sienten traicionados y vacíos. La noche, apretada, se desploma sobre ellos. No saben qué decirse. Las luces de emergencia no alcanzan a tapar el vacío. Esperan. La luz eléctrica, la vida no les vuelve y al final deciden que lo mejor es el sueño. Cada uno toma su pastilla y se deja caer sobre la cama. Esa noche los perros sueñan con lobos.

Buena parte de los argentinos cree que el exterminio de “los hermanos salvajes” los devolverá a un pasado idílico en el que todos fuimos perros cuidados y sumisos y nadie conocía el impulso de salir a robar para comer. Mientras la familia sin luz duerme, la televisión sigue andando y otros perros hablan de mano dura, prisión perpetua, pena de muerte para los lobos que andan por las calles. Aprueban los progroms en las villas, pero critican la debilidad de los jueces que liberan asesinos en potencia. Ignoran los golpes, los atropellos y las lágrimas. Se enfurecen, se les eriza la piel, sacan los colmillos y aúllan palabras sin saber, sin entender que el miedo es uno, que el desamparo, tarde o temprano, nos acorrala a todos. Y que todos, alguna vez, fuimos y volveremos a ser lo que tanto odiamos y tememos.

Irène Némirovsky, fue asesinada en Auschwitz junto a su marido a los 39 años. Dejó dos hijas y una valija de sus hijas que permaneció cerrada durante décadas. Cuando alguien la abrió se encontró con el manuscrito de la Suite francesa, novela publicada en el año 2004 y que originó un fenómeno literario y editorial. Su autora obtuvo premios que nunca se habían otorgado a escritores fallecidos. El libro se tradujo a treinta idiomas y la leyeron más de un millón de personas en el mundo. Los perros y los lobos (1940) fue la última novela que publicó en vida.

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Puerta de Hierro: Un operativo para las cámaras

COSECHA ROJA

Hace seis días, treinta policías de civil y 300 efectivos de las delegaciones de Drogas Ilícitas de La Matanza y Ezeiza entraron a la villa Puerta de Hierro y secuestraron paco, marihuana y detuvieron a 12 personas, en su mayoría mujeres. El operativo estuvo filmado una cámara oculta, otra que se encargó de los planos generales, dos Go Pro adosadas al cuerpo de los policías y un drone que sobrevolaba la zona. La estética era similar a las de Policías en Acción, aunque mucho más precaria.

Dos horas después del allanamiento, el barrio volvió a ser el de siempre: pasó el tren del dinero y se detuvo en la Estación Villegas. Así llaman a uno de los ramales del Belgrano Sur donde viajan cerca de 300 pibes que bajan corriendo, cruzan la avenida Crovara y se meten entre las tiras para comprar lo que sea: cocaína, marihuana, pastillas y sobre todo, paco.

Los medios recibieron las imágenes editadas el jueves por la mañana y las transmitieron sin más. Cómo sucede desde hace un tiempo, la Bonaerense sugirió un nombre que los canales de televisión compraron a libro cerrado: las narcochicas de Puerta de Hierro. Antes fueron las narcolpalomas, narcoboas o narcopizzería.

Puerta de Hierro es el centro de abastecimiento de drogas baratas del conurbano. En el triángulo formado por la Avenida Crovara, las vías del tren Belgrano Sur y los asentamientos San Petersburgo y 17 de Marzo viven dos mil personas, cerca de quinientas familias.

La policía dijo que el allanamiento fue el resultado de nueve meses de investigación. Antes de entrar al barrio instalaron cámaras ocultas, hicieron escuchas telefónicas y agentes de civil se hicieron pasar por clientes. Así descubrieron que las que hacían el trabajo de fraccionamiento, venta y entrega de la recaudación eran mujeres. Algo que cualquier niño de Puerta de Hierro sabe:

-Mi hermana está en eso que comen los fisuritas, en la pasta base. Se sube al tren y vende, -le dijo Camila, de seis años, a una trabajadora social de la zona. Caminaban juntas por el barrio cuando una piba le dijo: “¿querés comprar?”. La nena le gritó: ‘¿no te das cuenta boluda que ella no fuma? ¡Salí,salí, salí!’

El oficial a cargo también dijo que el operativo fue de alto riesgo: “Puerta de Hierro es conocido por impenetrable: es un barrio duro”. Del operativo no participaron los agentes de la comisaría 20: los vecinos dicen que entran todos los días al barrio a cobrar la cuota a los transas. La policía no informó si se secuestraron armas. Durante el operativo no se disparó un solo tiro. La mayoría de las detenidas son mujeres. Las presas son el 5 por ciento de la población carcelaria y más de la mitad tienen causas por “tenencia y tráfico de drogas”.

En las imágenes se mostraron las tiras, esos pasillos que van desde la avenida hacia las vías del tren, y por donde los vecinos caminan en fila india. Sobre las mesas de los bunkers estaba el paco fraccionado, envuelto en papel glasé metalizado junto a medio sanguche de milanesa. Mientras, los agentes de Montán interrogaban a las mujeres sobre el trabajo de narcomenudeo:

-¿Cuánto sale el paco?

-Diez pesos. Y cinco la marihuana.

Las imágenes del allanamiento circularon en Youtube y tuvieron casi 10 mil visitas.A las mujeres que no filmaron, las detuvieron así: las agarraron de los pelos, las arrastraron por los pasillos y las juntaron a todas en un sólo bunker, con la droga secuestrada.

-¡Puta salí de ahí, puta! -escucharon gritar a uno de los policías.

Eran oficiales varones, pese a que tendrían que haber mandado mujeres. En Puerta de Hierro las “Narcochicas” son Las Cotorras y dentro del barrio nadie quiere decir quiénes eran o si responden a alguien.

-Yo no conozco a nadie que venda, -dice Norma-. Hay cosas que no se pueden decir.

-Yo no tengo ningún problema en decirlo, acá siempre vienen y revientan las casas de la gente que no es; ellos saben muy bien dónde allanar, pero terminan metiéndose en casas que nada que ver, -Beto habla rápido y apura el mate- además acá se sabe bien quiénes vienen una vez por día a levantar la recaudación.

En el video de Youtube, las mujeres detenidas dicen que cobran 400 pesos por día por fraccionar y vender en casas tipo kioscos, y recaudan 10 mil pesos por día.



La detención de Elena fue más complicada. Los oficiales la agarraron de los pelos, le pegaron y no dejaron que nadie se le acerque. No pudo hablar con su familia ni con los vecinos. La hicieron ir desde la remisería donde trabaja hasta la casa donde estaba el paco y al resto de las mujeres. La detuvieron, se supo después, porque tenía el teléfono intervenido y la policía escuchó cuando le avisaba a uno de los remiseros que no pasara por la zona porque había un operativo.

El jueves a la noche después de que su marido intentara llevarle ropa y comida y tuviera que darle cien pesos al comisario para que se la deje pasar, la trasladaron. Y el viernes a la mañana, cuando él fue a buscarla, le dijeron que la habían vuelto a trasladar.

puerta de hierro

Como todos los miércoles, Isabel estaba en el comedor cuando empezó el operativo. Tiene 60 años y dos veces por semana sirve la comida a los fisuras que lo necesitan. También se acercan los nenes del barrio. Ese día, tuvieron que meter a los chicos adentro del local y evitar que el drone de la policía se metiera a filmarlos.

-Teníamos al dándonos vuelta por todos lados, -dijo.

El fisura es la principal característica visual de Puerta de Hierro: jóvenes consumidos por el paco que viven en la calle. Están flacos, tienen las manos quemadas, miran para el piso buscando un “empuje”: un palo para empujar la pasta hacia el fondo de la pipa.

-El sábado, había que verlo. Saqué las mesas afuera. Eran un montón de fisuritas comiendo. Otros dormían, tomaban la leche, estaban al sol. Cuando se lo conté a Leo casi me mata.

Hay muchos fisuras amputados. A algunos les faltan los brazos, o una pierna, o un pie. Es algo constante. Y como no tienen prótesis o elementos de ayuda, usan palos de escoba, sogas, trapos viejos o bolsas, como muletas. Hay uno al que le faltaban las dos piernas y tiene la espalda deformada. Anda echado hacia adelante, y torcido: un palo es más largo que el otro.

-Acá hay tuberculosis, hay sífilis, hay Sida, hay de todo. Pero a mí no me importa. Mi hijo ya sabe que todo esto es más fuerte que yo. Que si un día no estoy en casa, tiene que venir a buscarme acá, -dice Isabel..

Puerta de Hierro nació como Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) cuando, en septiembre de 1971, el gobierno de Onganía trasladó a los habitantes de la villa porteña El Cartón a Isidro Casanova. Las casas definitivas hoy están ocupadas por los que llegaron después.

Ahora, la villa tiene dos zonas; una alta en la que viven los vecinos históricos en casas de material. En la zona baja, más cercana a las vías del tren, están los ranchos de los transas y los vecinos más nuevos. En los pasillos de una y otra zona, los fisuras caminan como zombies. Apenas se corrieron un poco cuando vieron pasar el drone de la Bonaerense.

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Boletín informativo de CORREPI

"Casuales" llamados y robos: No nos van a asustar / Un cuento de terror para niños: gatillos, violaciones y torturas policiales, seguidas de impunidad judicial / Mar del Plata: Justicia barata y represión / El "mérito" del Proyecto X / Caso Blanco: Tardía condena, para proteger al estado, y con el torturador en su casa.

"Casuales" llamados y robos: No nos van a asustar
Hace unos días, en horas de la tarde, un grupo de militantes de CORREPI salió de una reunión con familiares de Hugo Arce y Carlos Vázquez, dos pibes fusilados en Avellaneda por el policía federal Sergio Bovadilla el 4 de septiembre de 2011. Apenas unos minutos después, uno de ellos recibió una llamada en su teléfono celular. Una voz masculina, antes de cortar, se identificó en forma amenazadora como "el hermano del policía que vos sabés".
“Casualmente”, después de tres años de dar pelea en la calle y en el Polo Judicial de Avellaneda, en los mismos días obtuvimos los primeros elementos de peso para avanzar hacia el castigo para el asesino: una demorada pericia multidisciplinaria demostró que no hubo en el lugar del hecho más disparos que los realizados por el policía Bovadilla, todos desde adentro de su auto. Se cayó la historia del "tiroteo" que viene amparando al federal.
Unos días más tarde, unos individuos irrumpieron en el domicilio de dos militantes de CORREPI en Moreno, robaron algunas cosas y apalearon a uno de ellos, mientras gritaban cosas sobre "el juicio".
“Casualmente”, también, en Moreno estamos impulsando la búsqueda del policía federal Néstor Adrián González, prófugo tras la condena por el homicidio de Sergio "Checho" Casal, y acabamos de obtener la demoradísima prisión del bonaerense, ex Grupo Halcón, Oscar Ayunta, condenado por el homicidio de Christopher Torres.
Como último episodio “casual”, en zona norte, donde un equipo de CORREPI viene desarrollándose en los últimos tiempos, e interviniendo en los conflictos, un caracterizado compañero empezó a recibir llamados que se cortaban al atender. Cuando devolvió el llamado, le dijeron: “Policía bonaerense, buenas noches...”.
No nos llama la atención que seamos blanco del apriete o la amenaza. Ha pasado, y seguirá pasando, porque así funciona el aparato represivo del estado.
Lo que no va a suceder, en cambio, es que logren su objetivo de asustarnos. Cada uno de estos episodios, que no minimizamos, y frente a los cuales tomamos todas las precauciones necesarias, fortalece nuestra convicción de por qué y cómo nos organizamos contra la represión estatal.

Un cuento de terror para niños: gatillos, violaciones y torturas policiales, seguidas de impunidad judicial
Como siempre, la policía sigue matando pibes en los barrios y la justicia les brinda todas las herramientas necesarias para garantizar su impunidad.En apenas unas semanas, hubo por lo menos tres niños-adolescentes asesinados, en medio de un tiroteo, por armas policiales y al menos un fusilado por la espalda, desarmado y muerto de un tiro en la nuca, sin contar con el caso de una niña de 13 años violada en la comisaría y suicidada en un orfanato.
A fines de agosto, como ya escribimos en un boletín anterior, fue asesinada Sabrina Olmos, de 15 años, en una escuela en Morón, tras un tiroteo frente al colegio en el que estaba. Finalmente las pericias confirmaron que el arma asesina es de un policía.
El domingo 21 de este mes, sucedió lo mismo con un niño de 7 años, asesinado por policías que se tiraron entre ellos en Colonia Segovia, Mendoza. A raíz del tiroteo, en plena calle, falleció una de las policías involucradas y su hijo.
Del mismo modo, Franco Torres, otro niño de 13 años, fue asesinado por una banda de ladrones-policías el jueves 25 de este mes en Rafael Castillo. Cuatro hombres armados robaron una aseguradora, sin saber que el dueño, Juan Carlos Irazábal, era un ex policía que reconoció a uno de ellos y notó tenían un handy con frecuencia policial. Irazábal salió en su auto tras los ladrones. Éstos aparentemente confundieron el auto de Irazábal con otro de la misma marca y modelo, en que Franco y su padre iban al club a jugar al fútbol. El nene recibió un disparo mortal. La familia y los amigos del chico asesinado escracharon la comisaría que investiga el caso a pedradas y prendieron fuego dos patrulleros, exigiendo justicia por la muerte de Franco a manos de estos verdugos.
Es que, ante tanta violencia y tanta impunidad, cuando ya nada puede devolver a la vida a Franco, es absurdo pretender que toda una comunidad dolida que se quede tranquila, esperando simplemente que la justicia actúe, cuando es sabido que a los únicos que jueces y fiscales investigan y condenan es a los pobres, y que, cuando el delincuente tiene chapa de policía o de funcionario, hacen todo lo posible para cubrirlo.
De hecho, cabe aclarar que el testigo/damnificado es un viejo conocido. Juan Carlos Irazábal era oficial de la policía federal cuando, en julio de 1997, salió con su compañero Héctor Gerónimo Di Siervi a buscar a dos pibes que habían intentado asaltar a una pareja. Bajo un árbol, vieron unos pibes con gorritas de visera, y concluyeron que eran ellos. Dispararon y e hirieron de muerte a Elio Gabriel Salas, de 16 años. Cuando se acercaron, el pibe, agonizante, les dijo que llamaran a su papá. que era policía. Irazábal y Di Siervi fueron escandalosamente absueltos en un primer juicio luego anulado, y condenados a 9 años de prisión el año pasado, pero un recurso ante la Corte hizo la magia habitual y ambos policías siguen en libertad.
Ese mismo 25 de septiembre, pero en Río Negro, Pablo Alejandro Vera, de 23 años, fue fusilado cuando daba la espalda a su asesino, un policía administrativo que estaba de licencia y que está por retirarse de la fuerza, que le pegó un tiro en la nuca.
Un día antes, fue hallada muerta la niña Micaela Romero, de 13 años, en Corrientes. La chica se había fugado de su casa, ante lo cual su madre recurrió a la comisaría del menor, la mujer y asuntos juveniles. La policía la encontró y, por disposición de la jueza Irma Domínguez, la encerraron en la comisaría en calidad de detenida, donde fue violada y abusada sexualmente por varios policías. Ante esta situación, la jueza, en lo que es una muestra de impunidad y de cómo la policía y la justicia se manejan para cubrirse entre sí, envió a Micaela a un hogar de niños, donde fue encerrada en una habitación, donde la encontraron ahorcada a la mañana siguiente.
Por último, en esa misma semana el Tribunal Superior de Justicia en Neuquén redujo la condena lograda al policía Claudio Salas por homicidio calificado (por ser policía y estar en uso de sus funciones), por el asesinato de Brian Hernández, a homicidio simple. El argumento ni siquiera fue obra de su propia defensa, sino de los vocales Kohon y Cancela, en otra muestra de cómo la justicia está siempre al servicio de las fuerzas policiales, la fuerza armada del estado.
Es el estado, justamente, el que, más allá de quien gobierne, le asigna ese rol represor y disciplinador a la policía, y a la vez pone a su disposición todo el aparato judicial para que la maquinaria completa nunca deje de funcionar, para que se mantenga la impunidad y sigan muriendo pibes en las peores condiciones de crueldad, sin que los asesinos y los violadores paguen por esas vidas arrancadas, por esas personas torturadas y abusadas. Y los medios de comunicación, por supuesto, siempre avalando la versión de la policía y de la justicia.
Por eso es que no confiamos en el estado y creemos que, aunque demos la pelea con las herramientas legales que están a nuestro alcance, la lucha fundamental se da en la calle, con la organización de las familias, los amigos y los vecinos.

Mar del Plata: Justicia barata y represión
La base naval de Mar del Plata fue uno de los lugares, además de su propio hogar, donde Marcelo Girat, suboficial de la Armada y encargado de contrainteligencia de la base, violó y aterrorizó sistemáticamente a su hija Rocío, de 13 años cuando empezó el abuso sexual, pero sometida a golpes y otros tormentos desde que tiene memoria. "Desde los 3 años, si yo hacía algo que a él no le gustaba me metía la cabeza en el agua", denunció Rocío, hoy de 20 años, cuando inició la causa contra su padre. Otra vez, ya más grande, como castigo porque había huido de la casa para ponerse a salvo, la ató a una silla y le quemó el muslo con una cuchara calentada en la hornalla.
La presunción de inocencia establecida legalmente funcionó como garantía real para el violador, torturador y abusador, que, a diferencia de las decenas de miles de presos sin condena hacinados en las cárceles de mala muerte, permaneció libre todo el proceso. Como los policías, como los empresarios, como los funcionarios, para ellos sí hay reglas de juego "humanitarias y garantistas".
Se hizo el juicio y los jueces lo condenaron a principios de septiembre por abuso sexual agravado y continuado, pero no dictaron la pena. Cuando salía del Tribunal nº 3 de Mar del Plata, custodiado por policías que lo protegían del escrache de familiares, amigos y militantes que se manifestaban en la puerta, miró a su mujer y su hija y les gritó: "las voy a cagar matando". La amenaza en público obligó a los jueces a rever la situación, y ordenaron su detención en la cárcel de Batán. Pero un recurso de su defensora ante la Cámara de Apelaciones rápidamente volvió las cosas a su lugar, y el marino regresó a su casa. El fiscal ni siquiera pidió que se revocara el beneficio, sólo sugirió que usara una pulsera electrónica.
Así, cuando la semana pasada se dictó la condena a 14 años de prisión, el torturador y violador de uniforme tenía ya garantizado no ir preso.
Para cerrar el círculo, quienes sí recibieron el embate del aparato represor del estado con toda su fuerza, fueron los compañeros que, al conocer el escandaloso resultado, protestaron frente al edificio de los tribunales, y fueron dispersados con gases y balas de goma. De un lado, justicia barata y de clase, y del otro, represión.

El "mérito" del Proyecto X
Después de casi tres años de lentísimo trámite, el juez federal Sebastián Casanello decidió indagar, a mediados del mes pasado, a dos gendarmes en la causa por el "Proyecto X".
Elizabeth Mariana Calisaya y Raúl Ernesto Scheurman, seleccionados para el simulacro de "avance procesal", naturalmente no son la ministra de Seguridad ni el Jefe de Gendarmería, sino apenas dos soldados que, en el terreno, llevaron adelante la tarea de infiltrarse, filmar, grabar y fotografiar movilizaciones de trabajadores, para así acopiar y analizar la información, luego generosamente brindada a jueces y fiscales necesitados de "letra" para criminalizar luchadores.
Así se iniciaron y prosperaron varias causas contra referentes sindicales antiburocráticos de Kraft, Paty o el Frigorífico Rioplatense, por ejemplo, que luego los jueces debieron cerrar ante la evidencia de que las "pruebas" valoradas para procesar habían sido obtenidas a través de las tareas de inteligencia, el seguimiento, la infiltración y el espionaje.
Desde que se presentó, allá por noviembre de 2011, la denuncia, y luego se constituyeron como querellantes numerosos integrantes de las comisiones internas víctimas del protocolo espía, fiscales y jueces pusieron todo su esfuerzo en tergiversar el objeto de la investigación, lo que lograron con sólo agregar las palabritas mágicas: "abusos y excesos".
En la querella de los compañeros del Frigorífico Rioplatense, por ejemplo, éstos manifestaron que se consideraban damnificados por "las tareas de infiltración, vigilancia y seguimiento, llevadas a cabo por personal de Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales, que, siguiendo órdenes del ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional, sistematiza los datos así obtenidos sobre organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, los que luego son utilizados para proveer basamento a imputaciones penales, como es el caso específico de las dos causas en nuestra contra".
Esa acusación, en la pluma del Fiscal, se convirtió en: "investigar si agentes de Gendarmería Nacional, de modo institucionalizado y en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se detallarán más adelante, han desplegado en forma ilegal actividades de inteligencia interior en desmedro de lo normado por la leyes de 24.049 y 25.520", para finalmente convertirse, en boca del juez, en averiguar si "los gendarmes produjeron inteligencia prohibida en los términos de la ley 25.520 (...) y, si actuaron discrecionalmente por fuera de las órdenes de quienes dirigen el proceso penal -jueces y fiscales".
Nada más lógico, tras esas definiciones judiciales, que el dictado de la falta de mérito que benefició por estos días a los gendarmes indagados, pues si hay algo que está más que probado, es que ni uno ni otra decidieron por su cuenta hacer lo que hicieron, sino que cumplieron a pie juntillas el protocolo oficial de espionaje sobre la militancia, de más de una década de vigencia.
Por eso insiste el juez Casanello en varios pasajes de su resolutorio con la misma idea: "...la hipótesis delictiva que aquí se baraja -y se busca comprobar o desechar- es si los gendarmes realizaron tareas de inteligencia prohibidas, tanto durante las protestas como con anterioridad a ellas, sobre los actores sociales y, en tal caso, su extensión y en qué medida se apartaron de las órdenes dictadas por las autoridades competentes - jueces o fiscales".
"A priori, tal como lo expresan las defensas y se refleja en los expedientes compulsados, existieron tales órdenes (...) Para el caso de comprobarse un exceso -ya sea que se haya actuado antes de la orden o por fuera de ella- será necesario establecer si el comportamiento fue compartimentado o si fue el producto de una disposición interna de la Gendarmería, que remita a sus autoridades centrales".
De esta manera, lo que denunciamos como política represiva del estado, usada por los sucesivos gobiernos desde que el "Protocolo para regular el funcionamiento y empleo del programa Project X" existe y se aplica masivamente al activo militante, se convierte, con un simple pase de manos del fiscal y el juez, en una posibilidad de que algún uniformado se excediera en el cumplimiento de las directivas recibidas. Que nos espiaran o se infiltraran "demasiado", en una palabra.
Se advierte muy claramente, en este caso, cuáles son los mecanismos con los que los gerentes del sistema salvaguardan sus intereses, y protegen a los ejecutores de lo que deben hacer para sostenerlos. Les basta con el argumento de la "legalidad", esa legalidad que ellos mismos construyen a la medida de sus necesidades, que nunca está pensada para los trabajadores y el pueblo, y que bloquea eficaz (y "legalmente"...) los intentos de responsabilizarlos por sus crímenes.
Legalidad que funciona como trampa de doble vía, criminalizando al que lucha por lo que es suyo y le fue arrebatado, mientras protege y justifica al arrebatador.
Sin embargo, de vez en cuando -y aunque sólo sea muy de vez en cuando-, a fuerza de pelear en las grietas, de forzar las contradicciones y siempre con el apoyo de la movilización y la lucha organizada, logramos arrancar algún triunfo para nuestra clase. Cada tanto, condenamos un represor (aunque lo dejen escapar); metemos preso a otro (aunque vaya a una jaula de oro) o liberamos a un compañero represaliado (aunque haya miles más en riesgo). O, como en este caso, logramos exhibir con crudeza lo que hacen, y por qué lo hacen, y acumulamos conciencia.
Por eso, bien conscientes de que se trata de uno de los escenarios mejor preparados para derrotar a los trabajadores y el pueblo, tenemos la obligación de seguir interviniendo en la gran farsa judicial, para exponerla, y para agotar todos los recursos a nuestro alcance para que esas raras ocasiones de triunfo se hagan realidad todas las veces que sea posible.

Caso Blanco: Tardía condena, para proteger al estado, y con el torturador en su casa
El 28 de septiembre de 1997, Emilio Blanco, de 17 años, terminó de cenar con su familia, en su casa de Chascomús, y salió para ir a bailar. Unas horas después, su cuerpo apareció junto a las vías del tren. "Accidente ferroviario", dijeron enseguida los jueces, a pesar que las lesiones indicaban clásicas torturas policiales, con señales de golpes y "bolsita"
(submarino seco).
A lo largo de los años, se pudo armar el rompecabezas. Algunas personas se animaron a contar que vieron a Emilio cuando fue levantado por policías de la comisaría 1ª de Chascomús, al mando del jefe de calle, Fermín Basualdo. Los peritajes médicos confirmaron el apaleamiento y la sofocación mecánica. Se verificó que, como en el caso de Miguel Bru, Emilio estuvo anotado en el libro de la comisaría, que luego fue reemplazado por otro, para ocultar su paso por el calabozo de contraventores (es decir, los detenidos sin delito, por faltas o doble A). Hasta se quebró el policía que rehizo el libro de guardia, claro que una vez que prescribió el delito que le podían imputar, y contó que esa noche escuchó en la comisaría "el comentario de que a la persona que estaban trabajando en el fondo se les había quedado". Traducido
de jerga policial a castellano, el preso que torturaban se les murió. Y en lugar de desaparecer el cuerpo, como con Bru o Ivan Torres, o de tirarlo a un río como a Sargiotti, se pusieron creativos y tiraron a Emilio en las vías.
Para septiembre de 2002, ya estaba todo probado (ver Boletín Informativo nº 182), pero hubo que esperar hasta 2011 para que fueran detenidos el torturador Basualdo y el comisario a cargo de la 1ª, Tomás Freites. A pesar de la acusación por tortura seguida de muerte y omisión de evitar la tortura, respectivamente, apenas unos meses después la Cámara de Apelaciones de Necochea decidía que no había motivos para que estuvieran detenidos, y recibieron el beneficio de un arresto domiciliario.
Ahora, a 17 años de aquella noche, el oficial Basualdo fue juzgado y condenado. El comisario Fretes eludió el juicio gracias a una oportuna serie de recursos que suspendieron, hasta que el Tribunal de Casación disponga de tiempo para resolverlos, el trámite a su respecto.
Fermín Basualdo fue condenado a prisión perpetua, pero no por tortura seguida de muerte, sino por homicidio con alevosía. Puede parecer una cuestión de terminología, y hasta una pavada ya que los dos delitos tienen la pena máxima, pero -como en el caso de Diego Gallardo, torturado hasta morir en la 3ª de Avellaneda- la negativa de los jueces a usar la palabra "tortura" es prueba de la decisión política de amparar la represión estatal.
No da lo mismo, para las estadísticas criminales y la difusión pública, que condenen por un hecho individual, como el homicidio, que por tortura seguida de muerte, el delito más típicamente definido como crimen de estado y que, por definición hasta de los imperiales jueces de los tribunales internacionales, es de lesa humanidad y compromete la responsabilidad del propio estado. Es la clásica salida de los jueces que, frente al cuerpo masacrado de Emilio Blanco o de Diego Gallardo, no tienen más remedio que condenar, pero no pueden evitar el amparo al mandante del asesino, el estado, que es su propio mandante.
Como si fuera poco, tampoco irá preso Basualdo. La Cámara que lo condenó entendió que no hay motivos para modificar su situación de arresto domiciliario, de manera que el torturador sigue en su casa. La única ventaja del asunto es que, cómodamente instalado en su hogar, Basualdo no tendrá que fugarse, como Naredo o González.

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Martín Almada visitó la CTA: "El Cóndor sigue volando"

Inés Hayes, Melissa Zenobi (ACTA)

Martín Almada, uno de los responsables del hallazgo de los llamados Archivos del Terror que permitieron desnudar la trama del Plan Cóndor, estuvo en la CTA reunido con Pablo Micheli, Secretario General de la Central y Carlos Chile, Secretario de Organización. ACTA dialogó con el reconocido luchador por los Derechos Humanos: "El Cóndor sigue volando", dijo Almada.

-¿Cómo está la situación en Paraguay en relación a la represión a los sectores populares?

- Ha empeorado con este gobierno que tenemos, es un gobierno fascista, muy violento. Es un país, ahora, que está al margen de la ley. En el norte de Paraguay hay estado de sitio y mucha represión contra los sectores populares.

-¿Cómo avanzan los juicios a los responsables del Plan Cóndor y en qué medida son de utilidad los documentos?

- Los documentos son muy útiles para todos los países menos para Paraguay. Por eso nosotros hemos recurrido a la justicia argentina. Yo formo parte de un grupo de víctimas que vinimos el año pasado a pedir justicia.

-¿Y en Argentina les han podido dar algún tipo de respuesta?

- Sí, muy positiva, ya se mandó el exhorto a la justicia paraguaya pero Paraguay no respondió hasta la fecha.

-Se habla de formaciones paramilitares en Paraguay que le dan al gobierno la excusa de reprimir a los sectores populares, ¿realmente existen estas formaciones?

- Nosotros sospechamos que es una invención de ellos, de la burguesía y las multinacionales y sobre todo de los sojeros brasileños. No podemos entender cómo, por culpa de 30 personas, se declare estado de sitio. Segundo, en esa zona está el Ejército, está la Policía, la Policía colombiana y está Brasil investigando y nunca pueden tomar un prisionero.

-¿Ha habido hechos concretos de atentados terroristas?

- Ellos dicen, desapareció un chico, fue secuestrado, por ejemplo, pero ellos llegan y matan. Otra vez en Paraguay tenemos miedo.

-Miedo del Estado. Tampoco se puede negar la responsabilidad de Estados Unidos en el Plan Cóndor, ¿usted cree que la inteligencia estadounidense retrocedió o adquirió nuevas formas?

- Nuevas formas. Para nosotros existen 3 patas del Cóndor: el pre Cóndor que nace en el año ’64 con la destitución del presidente Goulart de Brasil. En el ’75 se vuelve multilateral: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay y actualmente es global. Yo siempre digo el Cóndor sigue volando de la mano del Cóndor 2.

-¿Qué es el Cóndor 2?

- Encontramos unos documentos en donde un coronel paraguayo le dice a otro ecuatoriano, en el año 1997, “aquí le mando la lista de los subversivos paraguayos, para que usted haga la lista de los subversivos de América Latina. Hicimos traer al coronel paraguayo a declarar frente a la justicia y el tipo venía con un libreto y se asustó. Yo no se cómo serán los militares argentinos pero los militares paraguayos no se distinguen por sus luces sino por sus sombras y nos contó que en el ’95 en Bariloche, bajo el gobierno de Menem, se reunió el Cóndor acá y vino Pinochet y le dijo a los militares latinoamericanos: “cuidado que detrás de la democracia están los comunistas”. Entonces seguimos los pasos y en el ’97 se hizo otra reunión en Quito, en el ’99 en La Paz.

-¿Siempre bajo la autorización de los gobiernos locales?

- El Cóndor tenía y sigue teniendo tres patas: Kissinger en Washington, Pinochet en Chile y Banzer en Bolivia. El Cóndor sigue volando y ahora es global: ahora es toda América Latina.

-¿En qué medida el hallazgo de estos documentos fue clave para desnudar el entramado del Plan Cóndor?

- Fue útil para el mundo, no sólo para Paraguay. Nosotros colaboramos con la justicia argentina. El juez que recibió los primeros documentos fue Canicoba Corral.

-¿Usted cree que lo que está pasando en Paraguay tiene que ver con este Cóndor 2?

- Sí, sí, Paraguay es el epicentro. Se cerró la Escuela de las Américas en Panamá pero se abrió en Estados Unidos. Paraguay, Chile, Brasil, Panamá, Perú y Uruguay siguen enviando sus tropas para capacitarse en técnicas de tortura. Argentina no envía, Nilda Garré se llama la ministra que cortó eso. Yo vine acá a Buenos Aires para proponer a las Abuelas de Plaza de Mayo designar a los nietos recuperados como embajadores de la identidad. Ese fue uno de los motivos de mi viaje y el otro es que el gobierno argentino le exija al paraguayo una respuesta.

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Agencias de seguridad peligrosas: “Ezeiza Security S.R.L.”

OTROS CÍRCULOS

Son unas 60 las empresas favorecidas para operar en el territorio bonaerense sin certificado de buena conducta en derechos humanos, porque la Provincia omite sistemáticamente cumplir con un artículo clave de la ley que regula al sector.

Como viene publicando OTROS CÍRCULOS, sin cumplir con la escala en la secretaría de Derechos Humanos, que conduce Guido Carlotto, el ministerio de Alejandro Granados, así como antes lo hicieron Carlos Stornelli y Ricardo Casal, las habilita provisoriamente… para siempre.

Listado de agencias operativas:

Gestión Ministro Carlos Ernesto Stornelli

1) “GEO SIG S.R.L.” (Moreno). Se la habilita a ejercer sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Subcomisario (R) de la Policía Federal Argentina Juan Carlos GUNSETT, DNI N°10.232.881. Resolución N° 2369 del 9 de Septiembre de 2008.

2)“CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA GOYA CORRIENTES” DE GOYA CORRIENTES S.R.L.” (La Plata) No cumplen con el requisito previsto en el artículo 8° inciso 2° de la Ley N° 12.297: Director Marcos Gastón CARRADORI DNI N°20.864.460, Pablo FUNARO DNI Nº°21.504.793, Humberto Daniel CAMOZZI DNI N°12.427.398, Marcelo Alejandro AVALOS DNI Nº°16.179.641, Roberto Mario POLARI DNI N°5.173.523, Mariano Alfredo PUENTES DNI Nº°12.886.159 y Ramón Bernaved Nazareno RODRIGUEZ DNI N°5.497.224. Resolución N° 2614 del 16 de septiembre de 2008.

3) “EZEIZA SECURITY S.R.L” (Ezeiza). Se habilita a ejercer sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Subprefecto (R) del Servicio Penitenciario Federal Tito Mártires QUIÑA, D.N.I.N°7.917.273.Resolución N° 2829 del 8 de Octubre de 2008.

4) “COMPAÑÍA ARGENTINA DE SERVICIO SATELITAL S.A.” (Mercedes). Se habilita a ejercer sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Walter Omar GONZALEZ, DNI Nº°16.226.923. Resolución N° 2830 del 8 de Octubre de 2008.

5) “NESCARMI S.A.” (Lomas de Mirador, La Matanza). Se habilita a ejercer sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Miguel Ángel FERREYRA D.N.I: 7.794.691. Resolución N°3532 del 4 de agosto de 2009.

6) “PISCIS PILAR SEGURIDAD S.A.” (Del Viso, Pilar). Se habilita a ejercer sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Benito Leonel TORRES DNI Nº 16.796.146. Resolución N°3533 del 4 de agosto de 2009.

7) “POWER MAN SECURITY S.R.L.” (Moreno).Se habilita a ejercer sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Roberto Oscar MARUN D.N.I:13.445.203. Resolución N°3534 del 4 de agosto de 2009.

8) “TECH SECURITY S.R.L” (Vicente López) Se habilita a ejercer sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al sr. Sixto Ramón BARRETO DNI N°7.730.818 Resolución N° 3805 del 10 de septiembre de 2009.

9) “STAR GLOCKS SECURITY S.R.L”/VIcente López) / Autoriza a ejercer el cargo de jefe de seguridad sin datos de DDHH al sr. Juan Manuel GARCIA CONI DNI N°25.377.039. Resolución N° 3806 del 10 de septiembre de 2009.

10)”GADOL BERAKA S.R.L. SEGURIDAD PRIVADA” (Tres de febrero) Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo deJefe de Segiridad al Comandante (R) de la Gendarmería Nacional Argentina a Juan José AYMERICH, DNI N°10.907.015. Resolución N° 5171 del 15 de Diciembre de 2009.

11) “BLOCK SECURITY S.R.L.”(Remedios de Escalada, Lanús) Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Rubén Jorge MORAÑA, DNI N°12.276.107. Resolución N° 5172 del 15 de Diciembre de 2009.

Gestión Ministro Ricardo Blas CASAL

12) “JENIZAROS SEGURIDAD S.R.L” (Bahía Blanca) Autoriza sin datos de DDHH a la sra. Rita Rafaela RUARTE, titular del D.N.I. Nº 13.180.491. Resolución N° 2.780 del 23 de Diciembre de 2010.

13) “PROSEGUR VIGILANCIA ACTIVA S.A” (Pilar) Se habilitó sin datos a ejercer como Jefe de Seguridad al señor Nicolás Daniel PRETEL DNI N°30.298.498. ES UNA AGENCIA DE ALARMAS MONITOREADAS. Resolución N° 2.541 del 6 de diciembre de 2010.

14) “ERSAER CUSTODIAR S.A.” (Quilmes) Autorizar a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Comisario Inspector (R) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Don Oscar Hugo SALINAS, titular del DNI N° 10.525.369, clase 1952. Resolución Nº 3137 del 10 de Agosto de 2011.

15) “TEMPLE SEGURIDAD S.A.” (San Martín) Se habilitó sin datos a José Luis LLOPIS, DNI: N° 28.638.789. Resolución N° 3605 del 08 de septiembre de 2011.

16) “GC SEGURIDAD S.A”. (Morón) Se habilitó sin datos de Juan Cristóbal MARIN L.E. N°7.636.349. Resolución N° 3606 del 08 de septiembre de 2011.

17) “MONITOREO DIGITAL S.A”. (Olavarría) / Se habilitó sin datos a Guillermo Alberto CONSTANTINO D.N.I N° 18.354.443. Resolución N° 4461 del 21 de Octubre de 2011.

18) “G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A.” (Beccar, San isidro) Se habilitó sin datos a Esteban Alberto ORDUNA, L.E. N° 7.801.620. Resolución N°4462 del 21 de Octubre de 2011.

19) “LIMPIEZA Y LINGOTAZO S.R.L.” (San Nicolás) / Se habilitó sin datos a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Comisario General de la Policía de la Provincia de Santa Fe Abel Oscar SOSA, DNI N° 8.648.306. Resolución N° 4463 del 21 de octubre de 2011.

20) “COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SINERGIA LIMITADA” (San Isidro) Jefe de Seguridad el señor Luis Alberto BATTAGLINI, titular del D.N.I. N° 13.430.492. Resolución Nº 080 del 15 de diciembre de 2011.

21) “RANGER VIP S.R.L.” (San Miguel) Autoriza a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad sin datos de DDHH al señor Gastón Leandro Ibáñez LEVALLE, titular del D.N.I N° 25.567.466. Resolución Nº 081 del 15 de diciembre de 2011.

22) “BIGUA S.R.L.” (Olavarría) Jefe de Seguridad el señor Jorge Luis ANDES, titular del D.N.I. N° 16.475.703. Resolución Nº 082 del 15 de diciembre de 2011.

23) “ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD LAS MARÍAS S.A” (Avellaneda) Se habilita sin datos de DDHH del Jefe de Seguridad al Oficial Principal (R) de la Policía Federal Argentina Sergio Daniel HERRERA, titular del D.N.I. N° 17.821.844.

24) “IPG SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L”.(La Matanza) Se habilitó sin datos de DDHH el Jefe de Seguridad al Alcaide (R) del Servicio Penitenciario Federal Don Julio César SANTANDER, titular del D.N.I N° 14.385.691. Resolución 792 del 30 de mayo de 2012.

25) “C Y K SEGURIDAD S.A.” (San Martín) Se habilitó sin datos de DDHH como Jefe de Seguridad al señor Juan José BELLO, titular del D.N.I N° 17.542.393. Resolución N° 793 del 30 de mayo de 2012.

26) “SEGURMAX S.A.” (Bahía Blanca) Se habilitó sin datos como Jefe de Seguridad al Capitán de Navío (R) de la Armada Argentina Don Raúl Miguel RIZZO, titular del DNI Nº 10.359.383. Resolución Nº 847 del 6 de Junio 2012.

27) “IMPACTO PROTECTIONS S.R.L.” (Campana) Se habilitó sin de datos de DDHH del Jefe de Seguridad al Suboficial Ayudante (R) de la Fuerza Aérea Argentina Don Oscar Luis YANNACONE, titular del D.N.I N° 13.022.070. Resolución Nº 1091 del 5 de julio de 2012.

28) “SEGUTRANS SEGURIDAD S.A.” (San Martín) Autoriza a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al señor Daniel Ernesto DE MAIO, titular del D.N.I N° 7.610.629. Resolución Nº 1133 del 19 de julio de 2012.

29) “OCTOPUS SEGURIDAD S.A.”(San Isidro) Autoriza a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al señor Daniel Ernesto De Maio,el titular del D.N.I. Nº 7.610.629. Resolución Nº 1240 del 10 de agosto de 2012.

30) “MULIS SEGURIDAD INTEGRAL S.A” (Martínez, San Isidro) Autoriza a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Teniente Coronel (R) del Ejército Argentino Don Victorio Rafael LISTORTI, titular de la L.E. N° 7.768.495. Resolución N° 1494 del 27 de agosto de 2012.

31) “BAYERSEGU S.A” (Tigre) Se habilitó sin datos de DDHH como Jefe de Seguridad a Jorge Cesar BERNABITTI titular del D.N.I N° 11.636.93. Resolución N° 1495 del 27 de agosto de 2012.

32) “PROTECCIÓN INTELIGENTE S.A.” (Monte Grande) Se habilitó sin datos de DDHH a Cesar Augusto LABOMBARDA, D.N.I N° 17.928.453. Resolución N° 1690 del 18 de septiembre de 2012.

33) ”COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA EXCLUSIVE SECURITY LTDA” (Lomas de Zamora). Se habilitó sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Eduardo Mario RODRIGUEZ, DNI N°14.655.140 . Resolución N° 1883 del 23 de Octubre de 2012.

34) “C.A.S. TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L.” (Tolosa, La Plata) Se habilitó sin datos de DDHH como Jefe de Seguridad al señor Rodolfo Esteban SARUBBI, titular del D.N.I N° 13.432.477. Resolución N° 2166 del 05 de Noviembre de 2012.

35) “URONICO S.A” (Martínez, San Isidro). Se habilitó sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Carlos Andrés PEREIRA RODRÍGUEZ DNI N°22.410.807. Resolución N°2339 del 30 de noviembre de 2012.

36) “LOS CABOS S.A.” (La Plata) Se habilitó sin datos de DDHH del Jefe de Seguridad Diego Jorge STOICHEVICH, titular del D.N.I N° 27.236.271. Resolución N° 108 del 18 de febrero de 2013.

37) “FER-SEGURIDAD S.R.L.” (Mar del plata) Se habilitó sin datos de DDHH como Jefe de Seguridad al señor Juan Manuel FERNANDEZ, titular del D.N.I N° 30.923.459. Resolución N° 458 del 17 de abril de 2013.

38) “UNION DE SEGURIDAD NORTE S.A.” (Pilar) Se habilitó sin datos de DDHH como Jefa de Seguridad a la señora María Eugenia VILLELLA, titular del D.N.I Nº 30.463.391. Resolución N° 544 del 29 de abril de abril de 2013.

39) “GRUPO M4 SHERMAN S.R.L” (San Nicolás) Se habilitó sin datos de DDHH a Jefe de Seguridad al Señor Fernando Ernesto De La Cruz, titular del D.N.I Nº 12.780.088. Resolución Nº 873 del 27 de mayo 2013.

40) “ALTA VANGUARDIA S.R.L.” (La Matanza). Se habilitó sin datos de DDHH sobre Carlos Rubén BRUNO titular del D.N.I. N° 14.655.140. Resolución N° 854 del 21 de mayo de 2013.

41) “MÁXIMO CONTROL S.R.L.” (La Plata) Se habilitó sin datos de DDHH como Jefe de Seguridad al Comisario (R) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Don Hugo Santiago BARDONE, titular del D.N.I. Nº 11.494.058. Resolución Nº 635 del 2 de mayo de 2013.

42) “SECURITAS COUNTRIES S.A” (Munro, Vicente López). Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Mayor del Ejército Argentino Dardo Washington HERRERA, titular del D.N.I Nº 14.476.511. Resolución N° 1119 del 17 de junio 2013.

43) “S.G.D. S.R.L.” (Gral Pueyrredón) Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Comisario (R) de la Policía Federal Argentina Don Rodolfo Paulino GARRIDO, titular del D.N.I. N° 7.720.315. Resolución N° 1287 del 3 de julio de 2013.

44) “UNIFORM SECURITY S.R.L” (Malvinas Argentinas) Autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al señor Ricardo José Aspe SCETTI, titular del D.N.I. N° 16.921.768. Resolución N° 1692 del 29 de julio de 2013.

45) “GRUPO CUSTODIA S.R.L.” (San Pedro) Autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al señor Félix Roberto ALADRO, titular del D.N.I N° 4.692.587. Resolución Nº 1850 21 de agosto de 2013.

46) “GRUPO CJT S.A.” (Lomas de Zamora) Autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sargento (R) de la Policía Federal Argentina Don Raúl Alberto ESCALADA, titular del D.N.I. N° 10.672.267. Resolución Nº 1829 del 15 de Agosto de 2013.

47) “CONSULTORA DE SEGURIDAD INTEGRAL S.A. (CONSISA)” (Vicente López) Se habilita sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad a Lorena Paola CHIAPPARO, D.N.I N° 29.862.657. Resolución N° 051 del 16 de enero 2013.

48) “NECH SEGURIDAD S.R.L.” (Necochea). Se Autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad a la Señora Graciela Noemí VALLACCO, titular del D.N.I N° 12.083.317. Resolución N° 021 del 10 de enero de 2013.

49) “BRINK’S SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.” (Bahía Blanca) Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al señor Fernando Jorge MUZIO, titular del D.N.I. N° 23.468.746. Resolución N° 022 del 10 de enero de 2013.

Gestión Ministro Alejandro Granados

50) “EXTREME SECURITY 2011 S.A.” (Luján). Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sargento Primero (R) de Gendarmería Nacional Eduardo Osvaldo RODRIGUEZ, titular del D.N.I. N° 20.615.977. Resolución Nº 062 del 29 de enero 2014.

51) “WARY SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.” (La Plata) Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al señor Guillermo Luís MARCILESE, titular del D.N.I N° 26.429.634. Resolución Nº 063 del 29 de enero 2014.

52) “LUSEGUR S.R.L” (Berazategui) Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Inspector (R) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Don Roque Alberto LUJÁN, titular del D.N.I N° 16.069.076. Resolución Nº 356 del 14 de marzo de 2014.

53) “ANTICIPAR S.R.L.” (Morón). Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al señor Carlos Darío BARBEITO, titular del D.N.I Nº 22.789.161. Resolución Nº 419 del 21 de marzo de 2014.

54) “ARG SECURITY S.R.L” (Lanús). Se autoriza sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Gabriel Adrián GARCIA, titular del D.N.I Nº 24.036.660. Resolución Nº 420 del 21 de marzo de 2014.

55) “NIVEL 3 SEGURIDAD S.R.L” (Morón). Se habilita sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Héctor Andrés VILLEGAS DNI N°4.648.060. RESOLUCIÓN Nº 572 del 22 de abril de 2014.

56) “RODAS SEGURIDAD S.R.L.” (Isidro Casanova, La Matanza) Se habilita sin datos de DDHH a jercer el cargo de Jefe de Seguridad a la señora Romina Edith VILLALBA, DNI N°30.860.600. RESOLUCIÓN Nº 573 del 22 de abril de 2014.

57) “SENTINELL S.A.”(La Plata) Se habilita sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al señor Carlos Miguel DESIMONE, DNI N°13.620.498. RESOLUCIÓN Nº 574 del 22 de abril de 2014.

58) “SEGURIDAD A SU ALCANCE S.R.L” (Ensenada). Se habilita sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Julio Edgardo ROJAS, DNI N°16.678.735. Resolución 671 del 27 de mayo de 2014.

59) “SKAL PROTECT S.A.” (San Fernando). Se habilita sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Marcos Luciano KORSUNSKY, DNI N° 20.765.358. Resolución N°672 del 27 de mayo de 2014.

60) “FORCE ONE S.A.” (Olivos, Vicente López). Se habilita sin datos a Carlos Oscar CALCAGNO. Resolución N°821 del junio de 2014.

61) “LD PROTECTION S.A.” Se habilita sin datos de DDHH a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Néstor Eugenio AUSADES. Resolución Nº 744 de junio de 2014.

62) “QUILLOTASEGUTEX S.A.” (Florida) . Se autoriza a ejercer el cargo de Jefe de Seguridad al Sr. Marcelo Miguel SANCHEZ SORONDO, titular del D.N.I N° 22.721.994. Resolución Nº 838 del 7 de julio de 2014.

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Crímenes de Lesa Humanidad: Prisión perpetua a los seis acusados en Causa Metán

COPENOA

En un recinto lleno de familiares y militantes de DDHH que esperaron larguísimos años justicia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta dio a conocer la sentencia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Metán , provincia de Salta , durante la última dictadura. El tribunal -integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juarez Almaraz, Marta Liliana Snopek y Gabriel Eduardo Casas- condenó a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil, Rafael Rolando Perelló, Andrés del Valle Soraire, Eduardo del Carmen del Valle y Marcos Honorio Medina.

En la causa se investigan los crímenes cometidos en perjuicio de Ángel Federico Toledo, Carlos Lucas Toledo, Hugo Armando Velázquez, E. R. G., Orlando Ronal Molina, Gerónimo Concha Canseco, Mario Domingo Monasterio Sánchez, Pedro Francisco Núñez Apaza, José Napoleón Ortega, Luis Roberto Ortega, José Lino Salvatierra y Oscar Ramón Rodríguez.

COPENOA da a conocer el Veredicto completo.

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Colonizadores en busca de nuevas tierras

Sebastián Bertelli - Paula Calgaro (OTRO VIENTO)

Los pueblos originarios, víctimas de un genocidio silencioso pero que data de largos años, no escapan a la represión que viven muchos sectores hoy en día. La colonización ha cambiado sus formas, intentando pasar desapercibida, pero sigue tan presente como en aquel entonces. Cuando no fueron asesinados, fueron esclavizados y hoy que ni siquiera sirven como esclavos, son expulsados de sus tierras, tierras que serán luego utilizadas y explotadas en beneficio de capitales nacionales y transnacionales.

Durante los últimos 20 años, en Argentina se ha promovido un modelo extractivo, razón por la cual las tierras pertenecientes a los pueblos originarios fueron y siguen siendo el tesoro más deseado. La situación que atraviesan la comunidad Mapuche en Neuquén y la comunidad Wichi en Formosa son sólo dos casos pero no por ello dejan de ser representativos de una situación que atraviesa a todos los pueblos.

MARICI WEU, MARICI WEU (diez veces viviremos, diez veces venceremos)

Las comunidades Mapuches desde la Campaña del Desierto – campañas militares iniciadas en 1879 comandadas por Julio Argentino Roca en pos del exterminio de los pueblos originarios- hasta la actualidad, viven una intensa lucha para defender lo que les corresponde: su territorio ancestral, su cultura y su identidad.

Tal como lo especifica el periodista Darío Aranda, al pueblo Mapuche le han querido ocupar sus tierras desde que en 1918 encontraron el primer pozo de petróleo en Plaza Huincul. La comunidad Mapuche Campo Maripe, es una de las nueve comunidades que conforman la Confederación Mapuche de Neuquén, de las cuales cinco han sido invadidas por empresas petroleras con el aval del gobierno tanto provincial como nacional.

Tal como comentó Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche en comunicación con Otro Viento, con el afán de llevarse el petróleo “está ocurriendo una explotación sin límites con focos de contaminación y con un conjunto de familias afectadas en su cotidianeidad”.Jorge Nahuel agregó además que se ha destruido la economía de la comunidad que se sustenta con la pequeña ganadería para la cual se precisa de tierras para su desarrollo.

El acuerdo de Chevron e YPF para la explotación de gas y petróleo bajo la utilización de la técnica del fracking(fractura hidráulica) se desarrolla dentro del territorio de la comunidad Campo Maripe. Al respecto, hay dos puntos muy importantes a tener en consideración. Primero, la empresa Chevrón-Texaco fue condenada en Ecuador, después de 20 años de juicio, por los daños ocasionados por el derrame de petróleo y la contaminación de ríos y casi 500 mil hectáreas en territorio de comunidades indígenas. Por otra parte, las comunidades Mapuches no fueron consultadas previamente a la firma del contrato, violando el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el artículo 6 del Convenio de la OIT Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Frente a esta situación la comunidad Campo Maripe desempeña desde ese momento hasta la actualidad una larga lucha para defender sus históricos territorios. El gobernador Jorge Sapag del Movimiento Popular Neuquino, ha tenido una respuesta: “Amenaza de desalojo y persecución judicial”, denunció Jorge Nahuel y además agregó que nunca quisieron dialogar, “lo van a hacer cuando terminen la construcción y van a querer arreglar las cosas con plata, como siempre lo han hecho”.

Ante la firma del acuerdo con la petrolera, la comunidad neuquina manifestó su repudio en la calles, ¿y cuál fue la respuesta del señor gobernador? Palos, gases lacrimógenos y balas. Fueron 25 las personas que resultaron heridas y Rodrigo Barreiro, profesor de la Universidad del Comahue, recibió un balazo en el pecho resultando hospitalizado de urgencia. “El objetivo éramos los mapuce presentes en esta concentración pacífica”, señalaron en un comunicado de la Confederación Mapuche.

Por su parte, en ese entonces, la comunidad Mapuche decidió bloquear5 torres de perforación a modo de protesta lo que permitió que se reunieran con las autoridades gubernamentales quienes no dieron respuesta alguna. Actualmente, al cumplirse un año de este acuerdo, la lucha continúa.

Decidieron hacerle entender a YPF y al gobierno provincial y nacional que ese territorio les pertenece a través de un cercado de alambre con el cual delimitaron su territorio para, tal como lo expresaron en su comunicado, dejar en claro que: “Aquí estamos y estaremos. Esperando la reacción de los responsables de este saqueo y contaminación”. Lejos de cambiar la postura, la policía levantó el alambrado para desestimar, una vez más, el reclamo Mapuche.

Lucha no es opción. Es obligación.

La situación con los pueblos originarios en el norte argentino no es radicalmente diferente a lo que sucede en el sur del terreno nacional con las comunidades que allí habitan. La extorsión y represión sufridas a mano de la policía y otras autoridades locales se han vuelto moneda corriente. Pero, para entender el conflicto, habría que remontarse unos años atrás.

Como bien explica Patricio Doyle –ex cura de la teología de la liberación- los pueblos del Noroeste no fueron asesinados, sino esclavizados y, posteriormente, “civilizados” por la iglesia católica. Esto se debe a que se necesitaba mano de obra para el trabajo que se realizaba en los campos, como la cosecha de algodón o las tareas en los ingenios azucareros, y los nativos –ahora esclavos- cumplían con esa función.

Sin embargo, los avances tecnológicos y la industrialización del campo han vuelto obsoletas las labores desempeñadas hasta hace algunos años atrás por comunidades originarias, como los Wichi. El sistema agro-exportador transgénico, que tiene como máximo estandarte al cultivo de soja, no necesita prácticamente de mano de obra humana, pero sí necesita tierras.

Si a lo anterior sumamos que también bajo ese suelo se han descubierto jugosos yacimientos petrolíferos, no resulta difícil comprender por qué las tierras de los pueblos originarios son tan apetecibles para los capitales nacionales y extranjeros.

Lo que trae aparejado este cambio, es sin duda un interés por apropiarse de las tierras ancestrales que habitan los Wichis, entre otros pueblos, para que los grandes pooles de siembra, y también algunas petroleras, puedan comenzar allí sus negocios. En el sistema capitalista actual, el crecimiento económico requiere ciertos sacrificios, y los sacrificados suelen ser siempre los mismos.

Tal vez los números aclaren un poco el panorama: según un trabajo realizado el año pasado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, existen en Argentina 9,3 millones de hectáreas en manos de campesinos o pobladores originarios que son pretendidas por sectores privados o estatales. El trabajo se llama “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina” y arroja un dato alarmante: se ven afectadas 63.843 familias.

Según el informe, el norte del país es el que concentra mayor cantidad de conflictos, con un 28,2 % de un total de 857 casos relevados en todo el terreno nacional. De esos 857 casos, 278 involucran a pueblos originarios. Karina Bidaseca, que es Doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, y quien estuvo a cargo del informe, explicó: “Los números son claros y evidencian que el modelo de agronegocios avanza y atenta contra la vida campesina”.

Por supuesto, el gobierno provincial de Formosa, donde se encuentra la mayor cantidad de comunidades Wichi, ha tomado cartas en el asunto. El gobernador GildoInsfrán, abanderado del kirchnerismo, dio rienda suelta a la policía para que haga su voluntad. Así, por ejemplo el 28 de julio de este año, la policía reprimió a balazos a un grupo de hombres Wichi que reclamaba por sus tierras. La mayoría fueron detenidos, entre ellos, Avelino Tejada, referente de la comunidad.

Al día de hoy, ya no hay cañones ni mosquetes, atrás quedaron los españoles con sus espadas y armaduras. Sin embargo, en pleno siglo XXI, los Wichi siguen asediados por la colonización, y defendiendocomo sea aquello que dice que hay cosas que no se compran, algo que el capitalismo salvaje jamás podrá entender.Luchar por lo que les pertenece no es la principal opción, es la única.

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En la tierra de Vaca Muerta: La mortalidad Infantil es un “tema menor”

Jorge Fernando Daffra (AGENCIA WALSH)

Según datos publicados recientemente por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, la tasa de mortalidad infantil durante 2013 fue del 8,4 por 1000, resultado que registra un crecimiento de dos puntos en relación al año 2012, donde las muertes de niños y niñas de 0 a 1 años de edad fueron de 6,3 niños por cada 1000 nacidos vivos, según los datos oficiales.

El Ministro de Salud Dr. Ruben Butigué explicó tal aumento en la tasa de mortalidad diciendo que “hay más nacimientos de prematuros y esto incide en la mortalidad infantil” por la mayor “accesibilidad a tratamientos de fertilización asistida y a la sobrevida en terapias neonatales de alta complejidad”. Según Butigué el aumento del índice de mortalidad infantil se debe a que se pasó del “subdesarrollo económico, estructural y social a un desarrollo”. Para el Ministro la población no debe preocuparse por este aumento en la mortalidad y dio un mensaje a la comunidad: “que la gente se quede tranquila que los establecimientos públicos son seguros, esto tiene que ver con otra cosa”. (*)

Semejantes declaraciones no pudieron más que sorprender y generar preocupación a los trabajadores de salud pública por varias razones.

Por un lado, la explicación del Ministro significaría por tanto, que durante el periodo 2012/2013 8,7 niños de 0 a 1 año murieron debido al desarrollo y el progreso en salud. ¡Inédito! Según Butigué las terapias intensivas de neonatos están tan equipadas que indujeron más muertes. Una hipótesis además de descabellada, mentirosa de la realidad que se vive en los hospitales públicos, donde la situación edilicia del Hospital Castro Rendón resulta el ejemplo más ilustrativo por el hacinamiento en el que se trabaja y se atiende. Otro ejemplo es Añelo donde se registra un aumento demográfico inédito por el auge de Vaca Muerta y no hay un hospital para garantizar una adecuada atención en salud.

Días después la Sociedad Argentina de Pediatría filial Neuquén salió al cruce de los dichos del ministro. El vocero de la Sociedad Argentina de Pediatría y ex Jefe del servicio de Neonatología del Hospital Provincial de Neuquén Dr. Alberto Videla señaló en declaraciones a la prensa que desde el año pasado desde esa entidad realizan su propio estudio de mortalidad. ¿El motivo? Según sus estudios de mortalidad infantil, que utilizan las mismas fuentes de datos que el Ministerio de Salud, para el periodo 2013 la tasa de mortalidad fue de 9 cada 1000 nacidos vivos (**). Ese mismo año los funcionarios del organismo público de Salud anunciaron la cifra más baja de la historia (!) de 6,3 x 1000 nacidos, en encendidos discursos de campaña. O sea, la evidencia indica que el gobierno manipula la información de manera escandalosa y que el discurso oficial es mentiroso respecto de la situación de salud/enfermedad la infancia neuquina y del resto de los grupos etarios.

Declaraciones de la actual Jefa del Servicio de Neonatología del Castro Rendón (***) también hacen pensar en el posible subregistro y manipulación de los índices más sensibles en salud como lo es la mortalidad. La Dra. Vanderboeven reconoció que el índice de bebés prematuros de menos de 1000 grs se duplicó en este sector entre 2012 y 2013; manifestando además que se debería prestar atención a las variables socioeconómicas de las madres, la mayor población de adolescentes madres, los problemas de infraestructura y la situación crítica de faltante de personal de enfermería en el sector de neonatología. Quienes que a diario vemos la realidad socioeconómica de las madres de bebés prematuros que ingresan al hospital, sabemos que son muy jóvenes, pobres y lejos están de haber realizado un tratamiento de fertilización asistida ni tener obra social. La realidad de muchas madres que atendemos es la de la vivir embarazos en contextos y circunstancias de carencias y violencias.

Y en cuanto a que “la gente se quede tranquila que los establecimientos públicos son seguros, esto tiene que ver con otra cosa” como manifestó Butigue a la comunidad, cabe citar nuevamente declaraciones de la Dra. Vaderboeven: "El servicio de neonatología en el Castro Rendón quedó chico por la alta demanda. La infraestructura es deficiente. Necesitamos de forma urgente un edificio nuevo". La falta de personal es otro factor que menciona: "Hay un déficit de recurso humano de enfermería, que es algo que se da no solo en la provincia", "las enfermeras cumplen un rol muy importante en el cuidado de los recién nacidos y más aún en los prematuros". ¿Qué medio informativo sigue Butigue? Las denuncias sobre las condiciones extremas del Hospital Castro Rendón y sus trabajadores de otros sectores como cocina, laboratorio, archivo, oncología son más que reiteradas y graves. El ministro no puede aducir desconocer estos reclamos, porque además de haber sido público en los medios han sido exigidos formalmente por dirigentes de ATE de ése hospital en reuniones con el Dr. Lamel de la Dirección del hospital y en mesas técnicas con funcionarios de la cartera de salud. Todos responden, cada uno con su estilo, responsabilizando a otros funcionarios o descalificando la demanda de los trabajadores.

Pero más allá del discurso cada vez más delirante del ministro de Salud, lo que queda al desnudo es la necesidad del Gobierno de apelar a argumentos falaces a fin de explicar la preocupante realidad epidemiológica de la provincia. La finalidad de la mentira es ocultar las desigualdades sociales que se profundizan en nuestra provincia y empiezan a ser más evidentes cada día, evitar que la información sobre el estado de la infancia y adolescencia no empañe la "fiesta" de la entrega y los negocios millonarios para Chevron. Los problemas de salud actuales de la población neuquina están relacionados a su contexto, a su vivienda, a su educación, a las fallas en lograr erradicar históricos factores sociales. La política social del gobierno del MPN seguirá siendo la de equiparar el clientelismo partidario que ejecutan, a una política social y económica seria. Una política social que tendría sus fortalezas en el trabajo de los sectores de acción social, de salud, de educación, sectores que durante años luchan y reclaman por sus condiciones de trabajo y por estar al servicio de la población.

Resulta evidente que tenemos que ser los trabajadores y trabajadoras que defendemos el sistema de salud público quienes contemos la realidad de la situación de salud de la comunidad y junto a ella seguir la pelea por la defensa del derecho a la accesibilidad, a una atención integral y de calidad en salud. Este trato de la mortalidad infantil expresa el desinterés del Gobierno por las condiciones de vida de la infancia y su firme decisión de negar la realidad de la población más pobre, a la que no les llega ni un poco de las millonarias ganancias del "virtuoso" negocio petrolero con Chevron.

*) Diario Río Negro Edición 18/9/2014

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