lunes, 27 de octubre de 2014

Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (13): Un caso judicial desafía la inm[p]unidad de la industria nuclear en accidentes nucleares

PROYECTO CENSURADO

Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Abogados de un pleito judicial que representan a 1.415 demandantes, incluyendo a 38 habitantes de Fukushima y a 357 personas residentes fuera de Japón, reclaman la responsabilidad de las corporaciones de energía nuclear en la fusión de la central nuclear de Fukushima Daiichi en 2011. La demanda no sólo está dirigida contra la compañía operadora Tokio Electric Power (TEPCO), sino también reclama la responsabilidad de los fabricantes Toshiba, Hitachi y General Electric.

Históricamente, los fabricantes y operadores de centrales nucleares han disfrutado de inmunidad [impunidad] en la responsabilidad por accidentes, porque dondequiera en el mundo ninguna compañía de seguros otorgaría una póliza a las centrales eléctricas nucleares desde que se desarrolló la primera de estas industrias. Como reportó NSNBC International [1], el caso de Fukushima es una “señal de desafío” a la inmunidad de los fabricantes de centrales atómicas en la responsabilidad por accidentes nucleares.

Toshiba, Hitachi y General Electric fabricaron en los años 70 los tanques desarrollados para contener los desechos radiactivos líquidos. Entre las pruebas en apoyo de los demandantes del caso hay un informe de la Agencia de Investigación Pesquera de Japón que encontró, al sur de la planta nuclear, niveles de radiación en la vida marina de una magnitud 124 veces mayor al umbral considerado seguro para el consumo humano.

El gobierno japonés y TEPCO intentaron esconder la situación debajo de la alfombra, mientras el público en gran parte desconoce las acciones irresponsables de la industria de energía atómica. Los informes inexactos del daño de radiación ocasionado por TEPCO, junto a la mano de obra inadecuada utilizada durante la crisis, dieron lugar a esfuerzos muy pobres como para revertir los perjuicios de radiación que resultaron de la fusión de la central nuclear de TESCO en Fukushima Daiichi tras el siguiente tsunami de marzo de 2011.

Barbara Judge, consultora mayor en la limpieza de Fukushima, ha dicho que se necesita ayuda extranjera para hacer frente a la limpieza nuclear. Sin embargo, TEPCO ha retenido las lecturas exactas de los escapes de radiación, haciendo imposible la ayuda extranjera. Los resultados de los esfuerzos más bien pobres desplegados en la limpieza han dañado más lejos los ecosistemas alrededor de Fukushima, sin ninguna acción de apoyo apropiada para repararlos.

Debido a sus lazos con la administración de Obama, General Electric (GE) no está desempeñando un rol responsable en el desastre de Fukushima, dijo Chris Carrington en Global Research. A Jeffrey Immelt, CEO -o gerente máximo- de General Electric, el presidente Barack Obama lo designó en 2009 como jefe del Consejo Consultivo para la Recuperación Económica de Estados Unidos. Cinco de los seis reactores nucleares usados en Fukushima tenían recipientes de agua hirviente marca GE; tres de éstos contenedores no sólo fueron suministrados sino también construidos por General Electric. Desde 1972, los reactores nucleares de ese tipo vienen siendo considerados un riesgo para la seguridad debido a su particular vulnerabilidad a explosiones y a la frecuente ruptura por acumulación de hidrógeno.

Notas:
1) NSNBC, no MSNBC, la primera de las fuentes citadas, es decir, http://nsnbc.me/2014/01/30/fukushima-landmark-lawsuit-filed-general-electric-toshiba-hitachi

Fuentes:
- “Fukushima: Landmark Lawsuit Filed against General Electric, Toshiba and Hitachi,” News Network and Broadcasting Collective (NSNBC) International, January 30, 2014, http://nsnbc.me/2014/01/30/fukushima-landmark-lawsuit-filed-general-electric-toshiba-hitachi.
- Faith Aquino, “Senior Advisor for Fukushima Cleanup Says Foreign Assistance Needed,” Japan Daily Press, October 17, 2013, http://japandailypress.com/senior-adviser-for-fukushima-cleanup-says-foreign-assistance-needed-1738025.
- Chris Carrington, “Why the Obama Administration Will Not Admit that Fukushima Radiation is Poisoning Americans,” Global Research, http://www.globalresearch.ca/why-the-obama-administration-will-not-admit-that-fukushima-radiation-is-poisoning-americans/5365626.

Estudiantes investigadores:
Alfredo Rivas (San Francisco State University) y Paige Vreeburg (Sonoma State University).

Faculty Evaluators:
Kenn Burrows (San Francisco State University) y Emily Acosta Lewis (Sonoma State University).

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, miembro del jurado internacional del Proyecto Censurado.

Ver también:
- Hoy se publican las 25 noticias más censuradas en 2013-2014
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (02): Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (03): La gran prensa ignoró denuncia de WikiLeaks sobre el Tratado Trans-Pacífico (TTP)
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (04): Corporaciones proveedoras de Internet amenazan su neutralidad
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (05): Banqueros de Wall Street tienen apoyo pese a sus crímenes mayores
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (06): Estado profundo. “Gobierno sin referencias al consentimiento del gobernado”
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (07): FBI ignoró planes contra líderes Occupy mientras la NSA y el gran capital daban golpes a los disidentes
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- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (09): Hipocresía mediática de Estados Unidos en la cobertura de la crisis de Ucrania
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (10): OMS suprime informe sobre cánceres y defectos de nacimiento en Irak
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (11): Mega corporaciones y multimillonarios financian y dirigen las conclusiones de los think thanks
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (12): El Pentágono rebalsa dinero pese a severos problemas de auditoría

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Brasil. El neoconservadurismo de la social democracia en una nueva derrota

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

La presidenta Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT) ha sido reelecta en una reñida y demoledora segunda vuelta con el 51,45 por ciento de los votos. El representante de la social democracia Aécio Neves alcanzó el 48,55 por ciento, mientras se realizaba poco más del 98 ciento del conteo de los votos.

A pesar de la retórica agresiva entre las dos reparticiones políticas, la falsa polarización en las posiciones al final benefició a la candidata del PT que va por su segundo mandato. De poco sirvió una verdadera campaña del terror montada por la social democracia y sus aliados, sobre los casos de corrupción en PETROBRAS que salpicaban a las administraciones del PT.

Más bien lo que estaba en disputa consistía en dos formas diferentes de abordar la administración de las demandas sociales y políticas del sistema. Tampoco sirvió el apoyo de Marina Silva, aunque Dilma Rousseff no la tendrá para nada fácil. Se podría decir que “esta es la vencida” para demostrar que se puede gobernar con eficiencia, eficacia, sin corrupción y aumentando el empoderamiento de la sociedad civil, como ha sido la tendencia del PT, reconocidamente. En este último plano, el Brasil de 2014, no es por acaso el Brasil de los gobiernos social demócratas y los anteriores de la derecha post dictadura que consistían en dictaduras disfrazadas de civilidad comprada con dinero a secas, o con subordinación popular a caudillismos federalizados. De esto todavía queda mucho, sin embargo, la doctrina del PT, de la cual Dilma Rousseff es más que una digna seguidora, -demostró en esta elección agallas, entereza y vuelo propio, para combatir a su adversario-, comienza a cambiar el rostro político de Brasil.

Brasil ha sido uno de los pocos países de la región y del mundo, que exhibe una tendencia aunque moderada, hacia la redistribución del ingreso. Datos del Banco Mundial (BM) muestran un no despreciable aumento del ingreso en los tres quintiles intermedios. (BM; Poverty Net). Según el BM, en 1987, los tres quintiles intermedios del inferior al superior, eran de un 5.63%, 10.21%, y 16.09%. A partir de 2004, los mismos quintiles comienza a presentar valores superiores: 6.33%; 11.23% y 19.36%, desde el quintil inferior al superior. Aun considerando el grado de generalización en las cifras, es innegable que Brasil exhibe un quiebre en la “petrificación” del problema distributivo. Esta tendencia ha continuado, confirmando que los gobiernos del PT hicieron bajar la línea de la pobreza. Es en estos sectores donde se afianzaron los esfuerzos de la candidata del PT en la forma de interpretar y hacer la política.

Intrínsecamente, el PT no estaba más a la izquierda de lo que la social democracia brasileña se había posicionado a la derecha. Este rasgo en la disputa por administrar demandas en el gigante regional, se demostró contundentemente y se podría adelantar que servirá para enhebrar pautas de análisis en la política de otros países de la región.

Esa polarización extrema de que con un nuevo gobierno del PT se llegaba a la catástrofe, fue la estrategia subliminal de la social democracia. Fracasó, porque al final, el electorado, independiente del estrecho resultado, optó por la gratitud y la lealtad a la persona que le entregaba mayores beneficios, que en este caso era la candidata del PT. Más allá de las vicisitudes propias de una contienda electoral por el botín del estado y la capacidad de gobernar, la social democracia una vez más no pasó la prueba de presentarse como una alternativa más eficaz para administrar el sistema de relaciones entre estado y capital.

El neoconservadurismo que consiste en formas más ortodoxas de administrar el modelo socioeconómico implantado en la década de 1980 y que ha penetrado globalmente en la social democracia, se expresa en Brasil con mayor nitidez que en el resto de los países de la región por una razón poco advertida. Los sistemas de gobiernos de carácter federado, comienzan a asemejarse en el funcionamiento de la política, cada vez más a lo observado en Estados Unidos, o India, por la cuestión del tamaño. El vaivén de observación más macro de izquierda a derecha y viceversa y que se percibe con mayor notoriedad en naciones de tamaño más pequeño, tiende a disimularse en los pliegues más numerosos de estos grandes elefantes como Brasil.

En este sentido, el electorado brasileño no optó por más izquierda o más estado, sino que palpó a su manera, que el discurso de Aécio Neves y la social democracia representaba el giro más neoconservador que ciertos sectores que rigen el gran capital internacional han inyectado en la política de esta región como la forma más obvia de proteger el modelo y su rentabilidad.      

Este nuevo triunfo del PT, con Dilma Rousseff a la cabeza, exhibe una nueva derrota electoral de una social democracia adoptando el ropaje neoconservador que se observa en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, por nombrar casos más insignes donde la social democracia es un eje político . Aún con su giro neoconservador, la social democracia ha demostrado su incapacidad de ofrecer una alternativa política viable para el capital transnacional que es en la práctica el gran fabricante de poder post guerra fría. Lo que se estima que es un sistema político democrático tiene variadas interpretaciones respecto a si lo que es democrático, es rentable económicamente. La eficiencia económica desde la aplicación del ajuste económico de los años 80 se afianzó en sistemas políticos autoritarios, corruptos y generadores de las desigualdades que se constatan ahora. No en vano el Banco Mundial se continúa preguntando en que fallaron sus políticas. Son renuentes a reconocer que lo nocivo del ajuste de los años 80, fueron políticas muy identificadas con el neoconservadurismo de Felipe González en España, David Cameron, Tony Blair en el Reino Unido, Holland y Sarkozy en Francia, Merkel en Alemania, por nombrar algunos pilares, que en Brasil representan Fernando Henrique y con el ahora derrotado Aécio Neves.

Es nítido ver cómo el neoconservadurismo ha contribuido a la desnaturalización de la política y el rol de los estados haciéndolos a ambos, subordinados al capital y reduciendo la capacidad de gestión política y económica más abierta, que caracteriza al liberalismo.

El capital transnacional ha deformado los estados haciéndolos dependientes de políticas transnacionales con códigos de globalización que dejan poco margen para la variación más local.

Es cuando las coordenadas de política local se subordinan a diseños de dominio político planetario o acuerdos regionales y comunitarios sin consulta, dejando los procesos de adquisición de derechos ciudadanos al arbitrio de cálculos electorales disfrazados de contestación democrática con todas sus distorsiones.

La experiencia de Brasil señala que los progresos en el crecimiento económico, en el ingreso, en la educación y la salud, serán siempre insuficientes si las estructuras de poder no se transforman para aumentar la participación ciudadana en la formulación de políticas.

El mensaje de la experiencia brasileña es transferible a un cuadro más amplio, y consiste en que el capital transnacional no puede funcionar con estados en desintegración. O, en sistemas políticos cerrados, con la gobernabilidad desacreditada del tradicional verticalismo y autoritarismo, mientras en la base la sociedad se descompone.

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Brasil: Recuperar la utopía

Juan Luis Berterretche (especial para ARGENPRESS.info)

Un balance de los gobiernos del Partido de los Trabajadores.

Se estuvo a un tris de que el país quedara sin intermediarios, en manos del capital financiero internacional. Después del ‘sufrido’ triunfo de Dilma -con grave retroceso en la integración del nuevo Congreso- es la hora de una profunda crítica y autocrítica de la política “petista”. Hay que abandonar la estrategia del lulismo* y sumar fuerzas con la marea popular que reclama cambios profundos. La continuidad de la actual política gubernamental del PT es un peligro para la población brasileña organizada en una galaxia de movimientos sociales combativos que buscan restaurar el horizonte utópico. Es con ellos y sus luchas que se debe imaginar y concebir el futuro.

Graves errores del “lulismo”

El Mensalão que implicaba un abandono explícito de la ética política en beneficio de la “gobernabilidad” burguesa fue el primer grave síntoma de pérdida de rumbo en la orientación de un partido originado entre los trabajadores y demás movimientos populares.

El “lulismo” pensó que como los partidos patronales lo hacían con normalidad era una práctica que podían adoptar y entonces armaron un esquema de votos comprados en el Congreso que les explotó en las manos. Se engañaron especulando que, como Fernando Henrique Cardoso (Partido Social Demócrata Brasileiro - PSDB) compró los votos para su reelección y los gobiernos del Distrito Federal o Minas Geraes funcionaban con esquemas similares y lo hicieron con total impunidad, el gobierno del PT podía usufructuar de ese pacto político inter-burgués y no ser punido. El escándalo que armó la burguesía y las penas que les aplicó la justicia, que con regularidad ignora los delitos de la élite política, demostró que el pacto no era abierto a los “advenedizos” con origen en los movimientos sociales. Y así pagaron un costo inmenso en descrédito social y político ante todos aquellos que rechazan la corrupción institucional.

De ese primero gran revés, el PT no sacó las conclusiones obvias que sacaría un partido con claridad sobre la lucha de clases: para impulsar un programa de cambios, lo básico es apoyarse en la movilización de masas e imponer medidas gubernamentales favorables a los trabajadores y el pueblo, con el sostén de centenares de miles o millones exigiéndolo en las calles.

Un acierto parcial desaprovechado

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Brasil redujo radicalmente la pobreza extrema y el hambre durante los gobiernos del PT. Estos pasaron de castigar al 25,5% de la población en 1990, para un 3,5% en 2012. La importante mejora para los desposeídos fue consecuencia directa de los planes asistenciales (Bolsa Familia, Fome Cero, etc.) en la primera presidencia de Lula que continuó en los tres gobiernos del PT. Pero este acierto inicial de aprobar limitados planes asistenciales para los millones de excluidos que tenía el país, algo que debería inscribirse en una estrategia mayor de conquista política de las masas subyugadas y despreciadas por los gobiernos burgueses, fue pergeñado como una maniobra de votos cautivos y de ampliación del mercado interno capitalista. Esos cuarenta millones de sub-proletarios que el asistencialismo “lulista” sacó de la extrema miseria y exclusión para sumarlos al proletariado con acceso a la educación, fueron considerados como masa de maniobra del “clientelismo electoral” y del consumo despolitizado, cuando el “petismo” intentó denominarlos con el título perverso de “nueva clase media” brasileña

El PT estaba demasiado ocupado en administrar la institucionalidad burguesa y enviciado con sus hábitos: sus militantes y cuadros durante los tres gobiernos petistas abandonaron la educación política de las bases y su propia formación en contacto con los trabajadores, desaprovechando esa oportunidad única de crecimiento sólido, consciente y decidido de millones de obreros, empleados y activistas sociales que quedaron huérfanos de formación política. Por suerte esa no fue una pérdida definitiva, porque esos nuevos integrantes del proletariado se sumaron a la clase con combatividad y fueron haciendo su experiencia a través de muchas luchas victoriosas, en muchos casos contra los propios sindicatos y centrales burocratizadas.

Esto explica también que hayan sido los estados del nordeste y el norte, donde los planes asistenciales tuvieron mayor predominio, donde se gestó el triunfo de Dilma en el primer turno de la elección 2014. Y esa fidelidad de los pobres se obtuvo con una pequeña inversión si la comparamos con lo que al mismo tiempo recibieron de los gobiernos del PT, los bancos y los rentistas de la deuda pública. Según datos del Presupuesto Federal para 2013- en nueve días de pago de la deuda pública se supera el monto previsto para un año entero del programa “Bolsa Familia” que atiende cerca de 13,5 millones de hogares.

Continuó la sangría de una deuda fraudulenta /1.

Como los gobiernos anteriores, los de Lula y Dilma Rousseff aunque tomaron una actitud pública prescindente de los organismos financieros imperialistas, se subordinaron a las recomendaciones del FMI y el Consenso de Washington en la elaboración del presupuesto, priorizando el “superávit primario” que pone en primer lugar el pago de la deuda pública en detrimento de las necesidades de las áreas sociales.

La única diferencia con los gobiernos anteriores del PSDB es una alteración apenas aparente: antes había predominio en el pago de la deuda externa y hoy la mayor parte de los gastos es con la denominada “deuda pública”, que a pesar del nombre también tiene como beneficiarios a bancos e inversionistas extranjeros. Es una nueva careta de la antigua deuda externa y continúa sustrayendo recursos de los más pobres (por medio de tributos incidentes sobre el consumo y sobre los salarios) para privilegiar a los rentistas y especuladores.

La deuda pública es hoy un mero instrumento del mercado financiero. En lugar de servir como medio de obtención de recursos para financiar al Estado e incrementar las condiciones de vida de los brasileños, se tornó un mecanismo de substracción de crecientes volúmenes de recursos públicos, inviabilizando destinar verbas para las áreas sociales y provocando el empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en general en cuanto favorece al sector financiero.

Por el actual sistema de lanzamiento de títulos de deuda pública, apenas doce bancos pueden adquirirlos del Tesoro Nacional. Esos bancos llamados dealers solo compran títulos cuando la tasa de interés alcanza el nivel que ellos desean. Con esto, Brasil continúa a pagar intereses de usura. Y ningún “economista” del capital financiero relaciona la inflación en aumento, al pago de la deuda pública. Su solución siempre es aumentar la desocupación para presionar el salario a la baja y reducir el consumo de la población.

El esquema fraudulento de la Deuda funciona por medio de diversos mecanismos que generan deudas, la mayoría de las veces sin cualquier contrapartida, promoviendo su continuo crecimiento. El sistema cuenta con privilegios legales, políticos, económicos y con apoyo permanente de los grandes medios. Tiene además el soporte del FMI y el Banco Mundial -que en realidad son instrumentos del imperialismo estadounidense- que imponen medidas favoreciendo la actuación de ese sistema extractivo de riqueza..

El Presupuesto Federal programado para el año 2013 es buen un indicador de las prioridades gubernamentales. Casi la mitad de este presupuesto, -exactos 42%- estuvo destinado al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública brasileña. De los 2,4 billones (millones de millones) de reales, 900 mil millones (unos 400 mil millones de U$S) se gastarían en el pago de intereses y amortizaciones de la deuda, en cuanto estaban previstos por ejemplo, 71,7 miles de millones para Educación y 87,7 para la Salud o sea una doceava parte y un décimo respectivamente del monto reservado para el pago de la deuda pública. Para la reforma agraria se dispondría de 5 mil millones, es decir 180 veces menos. En esas cifras del presupuesto federal se resumen las prioridades económicas a las que se subordinaron los gobiernos del PT.

Al final, el costo de la deuda pública es transferido para la sociedad, en particular para los más pobres, tanto por medio del pago de elevados impuestos que inciden sobre todo lo que consumen, así como tarifas abusivas de los servicios esenciales, y por la ausencia o insuficiencia de servicios públicos a que tienen derecho: salud, educación, asistencia social, previdencia y entregando patrimonio público mediante las privatizaciones y la explotación ilimitada de riquezas naturales, con irreparables daños ambientales, ecológicos y sociales. El costo social es inmenso.

El sistema deuda y la propia Deuda debieron ser auditados para eliminar toda la deuda ilegítima y terminar con la sangría, poniendo la deuda al servicio de las necesidades populares. Sin embargo el PT desperdició tres gobiernos sin avanzar nada al respecto. Sólo en el último ejercicio hubo intentos tímidos de reducir la tasa selic que se toma como base para las tasas de la deuda pública. Pero se volvió a los aumentos de la selic y hoy está en el 11% lo que la coloca en el lugar de las más altas del mundo.

Sistema tributario refuerza desigualdad /2

Si bien es en la injusta propiedad de la tierra donde están concentradas la mayor parte de las causas de la desigualdad social en Brasil, el sistema tributario que rige el país incide directamente en la persistencia de las desigualdades de renta e impide que esta situación cambie. La carga tributaria brasileña recae sobre los más pobres y los asalariados del país, por medio de tributos indirectos y acumulativos que castigan al consumo popular. Mientras existe una baja tributación sobre la renta y el patrimonio de la élite capitalista.

Más de la mitad de la recaudación se trata de impuestos sobre los bienes y servicios, de esta forma los pobres y asalariados aportan el 71,38% del total de impuestos contribuciones y tasas recaudados por el fondo público en Brasil. Pero la regresividad del sistema es peor aún. Los elevados tributos sobre los productos que componen la cesta básica imprescindible del sustento humano, castigan con preferencia a los más pobres y en especial a negros y negras. Por tanto la tributación actúa como un factor directo de profundizar la desigualdad racial y de género. Pesquisas recientes demuestran que de todo el espectro social, son las mujeres negras las más perjudicadas por los impuestos. Y que son ellas las que pagan, proporcionalmente y en relación a sus rendimientos, mucho más tributos que los hombres blancos.

En ese sentido Brasil va a contramano de los países mal llamados “desarrollados” donde la tributación sobre el patrimonio y las rentas de capital responden por cerca de 2/3 de la recaudación tributaria. Es entonces el sistema tributario regresivo uno de los principales responsables de que un país considerado la séptima economía mundial este en el 79 lugar de la tabla mundial de índice de desarrollo humano (IDH).

Entre las principales medidas tributarias implementadas tanto por los gobiernos de PSDB como del PT que agravaron la injusticia del sistema impositivo en Brasil tenemos:

1 - la exención de impuestos a la renta de lucros y dividendos distribuidos a socios capitalistas, incluidas las remesas para el exterior, aplicada por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso para favorecer a las corporaciones tanto nacionales como extranjeras e impulsar la libre circulación de capitales.
2 - la reducción del impuesto a la renta en las operaciones de la bolsa de valores y la exención de impuestos a la renta de los títulos de deuda pública brasileña implementada en los gobiernos de Lula.
3 - las exoneraciones tributarias, que implican poner en peligro el financiamiento de las políticas sociales, aplicadas durante el gobierno de Dilma Rousseff. La última, la medida provisoria 651/14 aprobada el 14 de octubre por la cámara de diputados -en acuerdo del PT con el Partido del Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)- que otorga “incentivos tributarios” a un amplio espectro de empresas, reduciendo drásticamente de 20% a 1 y 2% la retención jubilatoria que aporta la patronal para el pago de jubilaciones a los trabajadores, aprobando renegociar deudas empresariales y reduciendo la tributación del mercado de acciones. Con la coartada de revitalizar la economía en medio de la crisis mundial. Pero en realidad una nueva guiñada a los empresarios entre el primer turno y el segundo de las elecciones nacionales /3.

Para el profesor Evilasio Salvador de la Universidad de Brasilia y autor del estudio en que basamos este subtítulo: “es necesario revocar las medidas expuestas tomadas después de 1996, para construir un sistema tributario que actúe en el sentido de la redistribución de la renta y la riqueza del país y para incidir positivamente sobre las desigualdades sociales”. Y centrar la tributación sobre el patrimonio y la renta de los contribuyentes, colocando el impuesto a la renta del capital como el tributo directo principal. Para centrar el sistema tributario en el aporte de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. Eliminando los impuestos sobre el consumo imprescindible de la población, como el impuesto al valor agregado, con el cual Arminio Fraga amenazó sustituir todos los demás impuestos para llevar al extremo la desigualdad social del sistema impositivo y reducir el ingreso de los asalariados, sin actuar contra el salario mínimo o los convenios obrero-patronales.

Dilma: “En la segunda mitad del año habrá un festival de licitaciones”/4

Desde el primer gobierno de Lula hubo una presión sobre los capitalistas para desarrollar un proceso acelerado de fusiones empresariales y de adaptación productiva para globalizarlas. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) /5 se transformó en el financiador con préstamos a largo plazo para hacer posible esa expansión global de las empresas como Petrobras u otras transnacionales privadas de capital mayoritario brasileño como las cuatro grandes constructoras que dominan el mercado del país, y los bancos de capital nacional.

BNDES Participaçoes (BNDESPAR) contribuyó a crear Brasil Foods (fusión de Sadia con Perdigão) y Fibria, con US$ 2.400 millones (Aracruz Celulose y Votorantim Celulose e Papel). También apoyó con US$ 760 millones a la fusión entre JBS y Friboi, la segunda mayor inversión en private equity en los últimos tres años en Brasil. Con la posterior adquisición de la estadounidense Pilgrim’s Pride, esta empresa se convirtió en la mayor de carne bovina del mundo. BNDES también ayudó a crear el décimo banco mundial por capitalización de mercado, producto de la fusión del Banco Itaú y Unibanco. Una “aliado” que apoyó públicamente, primero la candidatura de Marina Silva y luego cuando ella fue eliminada de la disputa por la presidencia, la de Aécio Neves contra Dilma Roussef, en el balotaje.

Como resultado, BNDES es el mayor accionista de las más grandes corporaciones brasileñas: 17% de Vale, si incluimos el holding Valepar, 9% de Eletrobras y Brasiliana, 6% de Telemar, Copel y JBS-Friboi y 4% de Petrobras. Aunque más de 50% de sus inversiones están en energía, su intervención alcanza a todos los sectores y tamaños.

Los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC I y II) de los dos gobiernos Lula apuntaron a realizar las obras de infraestructura que permitieran ese crecimiento para transformar Brasil en una “China latinoamericana”. El PAC I contó con US$ 370.000 millones para la realización de 2471 proyectos de infraestructura. El PAC II anunciado oportunamente antes de iniciarse la campaña electoral de 2010, destinó US$ 878.000 millones con igual objetivo. Fue una enorme inyección de capital que favoreció en primer lugar a las constructoras transnacionales de capital brasileño, pero que se expandió hacia toda la economía interna.

En marzo de 2009 el gobierno Lula lanzó un programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” con financiamiento hipotecario. La inversión prevista era de 34 mil millones de R$ (unos 17 mil millones de U$S) para construir un millón de viviendas. Que se continuó y amplió en el gobierno Dilma con dos nuevas etapas /6.

Por su parte el 15 de agosto de 2012 la presidenta Dilma lanzó el Plano Nacional de Logística (PNL) para la construcción de autopistas y ferrovías por la forma privatizante de la “concesión”. Todo el sistema de transporte público en los municipios, estados y la Unión está estructurado en base a empresas concesionarias o permisionarias, así como los contratos del Estado con las empresas de energía eléctrica, de telefonía y telecomunicaciones. De igual forma se privatizaron (o extranjerizaron) la explotación del subsuelo por las mineras, parte importante de la explotación petrolera o el sistema privado de radio y TV en manos de grandes medios retrógrados o de cadenas de evangélicos y neo-pentecostales. Se trató de un plan privatizador que favorece en primer lugar a cuatro grandes corporaciones globalizadas de la construcción y sus subsidiarias.

Menos de un año después, en la entrevista exclusiva de Luis Nassif (junio 2013) que citamos en el subtítulo, Dilma detalló: “Serán licitadas 7.500 km de autopistas, aeropuertos, ferrovías, la cuenca de Libra, gas en tierra (fracking), almacenes, líneas de transmisión y generación eléctrica y el TAV (Tren de Alta Velocidad). Los empresarios internacionales ya acordaron con eso.” Licitaciones y concesiones es la forma de privatización de obras y servicios públicos que fue adoptando en forma persistente el gobierno del PT.

La Agencia Nacional de Petróleo Gas Natural y Biocombustibles (ANP) que había suspendido en 2008 las licitaciones de petróleo las retomó licitando en mayo de 2013/7, 289 bloques de exploración de petróleo y gas en tierra -de un área equivalente al estado de Ceará- que irían a afectar directamente a familias de asentados de la reforma agraria, tierras indígenas y comunidades quilombolas. Estudio hecho por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Greenpeace, y el Instituto de Estudios Socioeconómicos (Inese) señala que algunos bloques están localizados en el territorio de 76 asentamientos en el nordeste del país. Por su parte la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia y la Academia Brasileña de Ciencias habían solicitado la moratoria de la explotación de “recursos no convencionales” como denomina la ANP al método de fractura hidráulica (fracking) para extraer gas, por los riesgos ambientales verificados en otros países. Es decir, el gobierno Dilma atropellando con licitaciones a los movimientos sociales para favorecer transnacionales de hidrocarburos. Y todavía el “festival” no había empezado.

Concluido el año 2013 fueron concedidas a las corporaciones 4.250 kilómetros de autopistas y carreteras en las regiones sudeste, nordeste y centro-oeste, con lo que el año cerró con 81% de aumento de la red federal de autovías transferidas a las empresas privadas. En todos los llamamientos de concesiones de autopistas están previstos, además de la duplicación de todos los trechos, el servicio de recuperación, manutención, conservación, operación, implantación de mejorías y ampliación de capacidad. Y el sistema de privatización se rige por la Ley de Parceria Público Privada (PPP) donde empresas estatales intervienen de modo minoritario, abriendo camino para las financiaciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

También fueron concedidos a las empresas privadas dos aeropuertos: el del Galeão en Río de Janeiro y el de Confins en Belo Horizonte. En el de Río la concesión es por 25 años, en cuanto el de Minas Gerais es por 30 años. Con esto, el Programa de Inversiones en Logística (PIL) suma cinco concesiones aeroportuarias, ya que las unidades de Guarulhos y Campinas en São Paulo y el de Brasilia habían sido rematados en 2012. Es parte de los planes del gobierno que se invierta con la modalidad Parcería Público Privada (PPP), en la infraestructura de 270 aeropuertos regionales.

De las privatizaciones no se salvaron ni los bancos estatales. En octubre de 2013 el gobierno Dilma aumentó la participación de los capitales extranjeros del 20% al 30% en el Banco do Brasil.

Además de estas licitaciones hay que agregar el remate de concesiones de puertos, ferrovías, hidroeléctricas, redes de transmisión de electricidad, etc. Pero sin lugar a dudas el día más “festivo” del “festival de privatizaciones” fue el 21 de octubre de 2013 cuando se licitó la cuenca petrolera Libra del pre-sal por la ANP. Libra en la cuenca de Santos se estima en 15 mil millones de barriles. Lo que implica un billón de U$S (un millón de millones en español o un trillón en portugués) que irían a manos -en parte- del cártel petrolero.

En Brasil existe un mito que identifica a Petrobras con una empresa estatal. En 1997, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC-PSDB) la transformó en una sociedad anónima con un 70% de su capital comprado por grandes especuladores extranjeros que presionaron para tercerizar la mano de obra. En los 16 años siguientes cerca del 80% de la mano de obra de la empresa, -más de 250 mil funcionarios- fueron tercerizados en subsidiarias. Al mismo tiempo que privatizaba Petrobras, FHC eliminó el monopolio estatal sobre la explotación petrolera. Sin monopolio la exploración de petróleo es hecha a partir de tres tipos de contrato: concesión, contrato de explotación conjunta con el estado, y contrato de servicios. En el caso de la licitación de Libra realizada en octubre pasado fue el de explotación conjunta, por el cual el gobierno recibe una parte del crudo a ser producido por la corporación concesionaria.

El Banco Central de Brasil defiende las concesiones -privatizaciones- petroleras como mecanismo de alcanzar la “estabilidad financiera” y, todo indica, que la presidente Rousseff utilizó la licitación para garantir la meta fiscal (superávit primario). Por eso marcó en R$ 15 mil millones el bono que deberían pagar las petroleras que licitaron Libra para poder entrar en el negocio. En realidad está cambiando recibir menos lucro durante 25 años para obtener un préstamo al 22% anual de interés por encima de la inflación. Un pésimo negocio.

Considerando que se trata de un pozo de riesgo cero -basta perforar para obtener el crudo- los sindicatos de petroleros así como la mayoría de los movimientos sociales identificó la licitación como una política entreguista. Un ingeniero explica: las licitaciones serían “aceptables” para bloques de búsqueda de petróleo, no para un campo con las reservas conocidas. Y agregó: “Solo en Irak y en Brasil se licita petróleo conocido existente en el subsuelo”/8. Pero Irak es una colonia en vías de desintegración.

Seis días antes de la licitación los trabajadores de Petrobras y sus subsidiarias entraron en huelga contra lo que definieron como “la mayor privatización de la historia de Brasil”. Las movilizaciones contaron con el apoyo de sindicatos y organizaciones estudiantiles.

En el local del remate, el Windsor Barra Hotel, en Barra da Tijuca, las policías Civil y Militar, el Cuerpo de Bomberos y la guardia municipal de Rio de Janeiro, protegían la privatización. Y a pedido del gobernador del estado Sérgio Cabral también intervino el Ejército y la Fuerza Nacional de Seguridad. El operativo fue coordinado por un general del Comando Militar del Este.

Para el coordinador-general de la Federaçión Única de los Petroleros (FUP), João Antônio de Moraes, "La entrega de 60% de Libra para las empresas extranjeras es uno de los mayores crímenes de lesa-patria que ya tuvimos en el país. Un día triste para el pueblo brasileño" La licitación, además del 40% correspondiente a Petrobras, se dividió entre la francesa Total (20%), la anglo-holandesa Shell (20%) y las chinas CNPC e CNOOC (10% cada una).

En Brasil la libre movilidad de capitales, los planes de crecimiento económico y desarrollo infraestructural con ayuda estatal y el impulso globalizante a las empresas y bancos, es un excelente ambiente de desenvolvimiento del capital imperialista. Entre el año 2003 de inicio del gobierno del PT y 2011, se concretaron 4724 fusiones y adquisiciones de empresas en el país. Con una tendencia permanente a aumentar estas transacciones año a año y con una aceleración que se hace evidente al comparar el primer trimestre de los dos primeros años de la presidencia Dilma: en el 1er. trimestre de 2011 fueron 167 y en igual período de 2012 se realizaron 204 transacciones. Lo que manifiesta un aumento del 22%. Casi el 50% de estas operaciones implicaron capitales extranjeros (la mayoría de EUA, Francia, Inglaterra y Alemania) comprando empresas brasileñas. En 2012, el mayor número de extranjerizaciones de dio en el rubro de informática e Internet. Otros dos sectores muy procurados por este proceso de extranjerización de las empresas son las compañías de salud y de educación privadas /9.

A mitad de 2013 el gobierno Dilma enfrentó multitudinarias movilizaciones de pobladores y jóvenes que no llegaron a la fantasiosa “nueva clase media” brasileña y salieron contra la carestía y el costo del transporte. A estos se sumaron las comunidades de favelas perjudicadas por la contra-reforma urbana, -bajo el subterfugio de los mega-eventos deportivos- de corporaciones predatorias de la construcción, que desalojaron más de 150 mil familias para impulsar una extensa especulación inmobiliaria. Mientras los verdaderos guetos de explotación de clase y de discriminación étnica que son las favelas eran ocupados por policías corruptas de las Unidades de Pacificación Policial (UPP) y militares entrenados en la represión con la ocupación de Haití.

Los asalariados rurales y trabajadores sin tierra (MST y Vía Campesina) denunciaron el freno total a la reforma agraria, el conjunto de los pueblos indígenas se movilizaron contra el fin de la demarcación de sus tierras y el avance del agro-negocio, la minería y las corporaciones petroleras sobre su territorio. Quilombolas resisten el modelo extractivista. Pescadores artesanales y ribereños enfrentan la contaminación industrial de ríos y costas oceánicas. Diversos sectores desafían la prepotencia de las mega-hidroeléctricas que los expulsan de sus tierras y los dejan sin agua, sin vivienda y sin alimentos.

Las grandes movilizaciones urbanas iniciadas en junio de 2013 duraron poco más de un mes pero alcanzaron para marcar un cambio radical en la coyuntura política. “Millones descubrieron el camino de las calles, de las movilizaciones y auto-movilizaciones y de las demandas. A partir de allí hubo un cruzamiento entre los trabajadores y los movimientos sociales urbanos, en especial por vivienda. Hay también un aumento del activismo social que confluye con la automovilización sindical y el resurgimiento de un movimiento social urbano. Todo esto provoca un sentimiento social de indignación, huelgas, protestas y desafíos a los gobiernos y empresas” /10. Mientras, la presidenta Dilma no asimiló las enseñanzas obvias de esa marejada popular, e insistía tozuda con “más de lo mismo”.

Una alianza nefasta empeora la retrógrada posesión de tierras

Luego del desastre del Mensalão, la opción inmediata para continuar garantizando la “gobernabilidad” no fue apelar al pueblo y sus ansias de cambio, sino la búsqueda de alianzas con representantes de oligarquías regionales, de empresarios y banqueros. O sea aliarse a sectores de una élite política patrimonialista y corrupta que domina el Congreso desde hace décadas.

La cúpula gubernamental pactó entonces con lo peor del Congreso brasileño: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Y con ellos obtuvo el apoyo envenenado de los “ruralistas”. Hacendados latifundistas usurpadores de tierras fiscales, indígenas o quilombolas y volcados a la agro-industria. Ganaderos que desmatan la Amazonia para transformarla en pasturas para sus vaquerías. Plantadores de granos bio-degradados transgénicos, contaminadores de tierras, aire y ríos con agro-tóxicos y también eliminadores de bosques naturales y de la mata ciliar en las riberas de las corrientes y nacientes de agua. Como resultado hoy tenemos la agonía de grandes ríos como el Sao Francisco -que atraviesa 8 estados brasileños- por pérdida de caudal, que ya secó en sus nacientes y amenaza la producción agrícola que depende de su agua y el sustento de los pescadores ribereños.

El secretario general del Observatorio del Clima, Carlos Ritti, “destaca la relación directa entre desmonte, contaminación, mudanza climática y la crisis hídrica que avanza sobre el país” A la enorme crisis hídrica en São Paulo, que condujo al racionamiento del agua, -luego de ser ocultada por los grandes medios para que no perjudicara la elección como gobernador de de Alckmin (PSDB)-, ahora se suma la amenaza de disminución de los acuíferos en Rio de Janeiro. Con el actual sistema productivo en vigencia la escasez de agua sólo puede empeorar.

El aumento del desmonte en la Amazonia -una de las razones de las grandes secas en otras regiones- tiene cifras alarmantes: en el último año evaluado (agosto 2012/julio 2013) el desarbolado en la Amazonia creció casi un 30%. Se trata de 5.891 km2 de florestas arrasadas. Esta destrucción de las matas y selvas naturales implica la remoción completa de la cobertura forestal. Y esto es obra principal de los hacendados de los estados de Pará, Mato Grosso y Rondonia. En los años 2011, 2012 y 2013 del gobierno de Dilma Rousseff, se arrasaron 24.650 Km2 de arboledas. Una superficie mayor que la extensión territorial de El Salvador /11. Y esta destrucción de florestas continúa hasta la fecha: sólo en setiembre de 2014 el desmonte creció 290% en relación a igual mes de 2013 /12.

Está identificado con claridad el responsable principal de este crimen forestal: casi la mitad del desmonte entre 2004 y 2011 se produjo en propiedades mayores a 500 há. mientras sólo el 12% en pequeños campos menores a 100 há. /13 Son los mayores hacendados los que devastan en mayor medida las florestas.

En la cosecha 2013-2014 de granos de Brasil, la soja transgénica ocupó 30 millones de hectáreas sembradas (o 300 mil km2) -una superficie del tamaño de Italia- aumentando un 9% su producción anual, que viene en crecimiento continuo durante los tres gobiernos del PT. Brasil aporta con el 60% de la superficie sembrada de soja del total del enclave sojero sudamericano, que incluye también a Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Y esta situación se extiende a los demás plantíos de semillas transgénicas: recordemos que en la zafra 2014 la variedad transgénica del algodón ocupa 65% (710 mil hectáreas) de la producción total; y en la zafra de 2013 del total de maíz producido en el país, 89,9% era transgénico. Hoy ya se plantan 18 especies de estos maíces mutantes producidos por Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dow Agrosciences y Dupont. Con un agravante para los bebedores de cerveza: las marcas Antárctica, Bohemia, Brahma, Itaipava, Kaiser, Skol y todas aquellas en que consta como ingrediente “cereales no maltados”, de acuerdo a la legislación brasileña pueden sustituir hasta el 45% de la malta de cebada por maíz transgénico.

Desde el punto de vista social y humano, el enclave sojero y transgénico en general es un área de exclusión de trabajadores rurales, de campesinos, de agricultores familiares, de indígenas y descendientes de esclavos liberados. Es una política de deterioro rural que excluye todo lo posible el trabajo humano y exige una inmensa inversión en “tecnología” agrícola. Más tractores, fumigadoras terrestres -conocidas popularmente como mosquitos- o aéreas, cosechadoras computarizadas y drones (usados para controlar la marcha de los plantíos). Y no se trata de una discriminación y exclusión pacífica. Esta política pro-ruralistas del PT puso en riesgo de vida a todos esos sectores, que son agredidos por los “gatillo-fácil” al servicio de los latifundistas.

La violencia rural está en aumento en el país. Según el informe de la ONG Global Witness /14, antes del mundial de fútbol, Brasil obtuvo un título: primero en el mundo en muertes de defensores ambientales. Con 448 asesinatos de ambientalistas entre los 908 casos registrados en todo el mundo entre 2002 y 2013, Brasil se lleva la “copa” del crimen ambiental. Para tener una idea de la magnitud del enfrentamiento actual recordemos que el número supera los muertos y desaparecidos políticos en el período de veinte años del régimen militar en el mismo país, entre 1964 e 1985.

Tanto el proyecto productivo como la matriz energética que impulsa el gobierno, han desatado enfrentamientos con pueblos indígenas, pobladores costeros y pescadores, pequeños productores rurales y organizaciones sociales que luchan por la tierra. Es durante el gobierno de Dilma Rousseff que las grandes obras hidroeléctricas y los diques que retienen agua para la agro-industria o la minería, así como la agresión a la naturaleza y a los pobladores -tanto rurales como urbanos- que proviene de los monocultivos y las mineras, han generado variados e intensos conflictos.

Un caso emblemático como el de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, construida en el Río Xingu (Pará) por el consorcio Norte Energía, se arrastra durante más de 20 años y perjudica los medios de existencia (alimentación, vivienda, territorio, etc.) de más de 300 mil personas entre pescadores ribereños, indígenas y quilombolas, por las inundaciones, desvíos de ríos, destrucción de zonas selváticas y contaminación. Con la complicidad de gobiernos estaduales y federales fueron facilitados los licenciamientos legales sin previa consulta a los pobladores afectados. Y existen nuevos proyectos de mega usinas hidroeléctricas en la Amazonia, como la del río Tapajós que resisten los indios munduruku porque afectarían sus tierras indígenas de São Luiz do Tapajós y Boa Fé así como desaparecerían varias aldeas ribereñas del río.

Esta situación no es localizada sino que se extiende a todo el país. En el Mapa de Conflictos envolviendo Injusticia Ambiental y Salud en Brasil son relatados 343 conflictos ambientales que tienen impacto en la salud colectiva del país. Las principales víctimas de estos conflictos son los indígenas en 33,67 % de los casos, en 31,99% son los agricultores familiares y en el 21,55% los quilombolas” /15.

Esta estrategia “lulista” de alianza con los ruralistas tiene otras variadas consecuencias además de las sociales y ambientales. Desde 2008, Brasil es el mayor consumidor de agro-tóxicos del mundo, y se trata de un proceso que aumenta año a año el costo productivo. En 2013 fueron consumidos en el país mil millones de litros de “defensivos agrícolas” (eufemismo con que los llaman las corporaciones químicas), una cuota de 5 litros por habitante. Pero esta cifra no refleja la realidad de los estados como Mato Grosso donde la soja OGM es la cultura dominante. Allí, en el municipio de Lucas de Rio Verde se vuelcan anualmente, en media, 136 litros de venenos por habitante. En dicha zona en 100% de las muestras de leche materna analizadas por un grupo de investigadores de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT) fue encontrado al menos un tipo de agro-tóxico y en 85% de los casos fueron encontrados entre 2 y 6 tipos /16. Esto, como es inevitable está creando problemas de salud pública que aún no se miden en su verdadera magnitud. Pero que pueden sospecharse mirándose en el espejo de Argentina que inició la experiencia de semillas bio-degradadas una década antes y ya comprueba un gran aumento del cáncer y múltiples deformaciones genéticas en los nacimientos, en las zonas de influencia transgénica.

PT Insiste en una estrategia errada para el próximo decenio

Las populosas movilizaciones iniciadas en junio de 2013 abrieron un debate público en el Partido de los Trabajadores de Brasil. No vamos a hablar de un ala “izquierda” y otra “derecha” dentro del partido porque ambos términos están desacreditados para definir corrientes políticas en la actualidad y no implican conceptos programáticos similares para quienes los siguen utilizando. O sea más que todo ayudan a la confusión.

Quienes dentro del Partido no estaban conformes con la orientación gubernamental señalaron la agitación social multitudinaria de 2013 como un síntoma general de descontento de los sectores populares y empezaron a hacer críticas públicas tanto al gobierno Dilma como a los parlamentarios oficialistas y aliados al PT en el Congreso. Era un sector desplazado del poder que poco se expresó en forma conjunta durante los dos ejercicios de Lula /17.

En el año transcurrido desde las primeras protestas de 2013, los petistas discrepantes con la orientación política oficial, encontraron una situación favorable a sus críticas que se han ido endureciendo y en la actualidad abarcan innumerables aspectos. Que la presidencia la ejerza una persona sin tradición petista como Dilma, favorece el ánimo de discrepancia. No es lo mismo que enfrentar a Lula. Las críticas van desde la política ambiental o de derechos humanos, a las deficiencias en salud, enseñanza y transporte urbano, o la abierta represión en las ciudades y en especial en las favelas; el aumento y endurecimiento del aparato represivo; la alianza parlamentaria con los ruralistas y la política económica centrada en la exportación de commodities -dos aspectos complementarios- y el retroceso en la soberanía económica con la licitación del yacimiento de Libra en el pre-sal y el aumento permanente de una deuda pública cuyo servicio en mayo de 2014 ya había consumido el 54% del gasto federal /18.

Esta situación de duras y variadas críticas y la campaña electoral que se abrió luego de la Copa mundial de fútbol obligó a la dirección del PT y la intelectualidad del gobierno a asumir el debate y exponer su caracterización sobre la situación actual. Pero la primicia es que ahora despliega una estrategia de economía política oficialista para desarrollar en el próximo decenio.

Esta estrategia fue esbozada en un editorial de Carta Maior del 25 de junio de 2014 /19 en el que se sugiere que proviene de Lula da Silva con apoyo de la economista petista Maria da Conceição Tavares /20.

El texto presenta dicha estrategia como un programa que se contrapone al de los sectores “conservadores” del país. Según él, el país está en una “encrucijada de desarrollo económico”, y para superar ésta, la oposición económica al gobierno (liderada por el Partido Social Demócrata Brasileño PSDB) está proponiendo realizar un ajuste fiscal-similar al de los países metropolitanos- y a través del desempleo masivo y la reducción del salario consecuente intentaría alcanzar una tasa de explotación compatible con las necesidades de competitividad que impone el mercado mundial en este momento.

Ante esto, se afirma que la “continuidad del proyecto progresista” exige una “inflexión de densidad” que no puede ser “subestimada”. Y que el “enorme esfuerzo político” a realizar debe apoyarse en tres puntos: “organización popular, democracia participativa y salto tecnológico sistémico que irradie la productividad necesaria para atender la demanda por derechos y calidad de vida”. Pero en este trípode la “productividad” es el “lubricante estratégico” que el programa petista contrapone a la rebaja salarial y el desempleo.

Y allí se introduce el plazo necesario para desarrollar esta estrategia: “Brasil precisa de más una década para que madure el pre-sal y los BRICS se consoliden como un polo alternativo a la truculenta hegemonía del capital financiero mundial”

Y los tres sectores elegidos para apuntalar un nuevo empuje del desarrollo brasileño son: la agropecuaria (centrada en los monocultivos transgénicos y la ganadería extensiva), el petróleo (priorizando el pre-sal) y la aeronáutica. Los dos primeros se trata de una continuación de los planes que se vienen desarrollando y el tercero ya tiene un impulso importante que le ha permitido competir con aeronaves de 100 pasajeros en escala internacional, pero la estrategia señala que le ha faltado un apoyo económico del estado más decidido.

Respecto al pre-sal y luego de la fuerte resistencia sindical y el descontento de los defensores de la soberanía a la licitación de la cuenca de Libra, como parte de esta nueva estrategia hace pocas semanas el gobierno le entregó a Petrobras cuatro áreas concentradas en el campo de Franco (ahora Búzios) que tienen entre 10 y 15 mil millones de barriles de petróleo recuperables. Franco es un 25% mayor en reservas que Libra.

Es interesante remarcar que cuando el texto argumenta a favor de la productividad tecnológica, se da como ejemplo el desarrollo de EUA basado en el armamentismo. Por eso algunos observadores llaman la atención sobre un proyecto poco publicitado de cooperación bilateral Brasil-Israel de tecnología que incluye a la industria armamentista.

Organizaciones internacionales denuncian la Cooperación Bilateral Brasil-Israel en Investigación y Desarrollo Industrial y afirman que “este tipo de cooperación con Israel no solo directa o indirectamente legitima políticas israelitas actuales sino que también contribuye con la prolongación de la ocupación y legitima la colonización y el apartheid israelita aplicado a los palestinos.” Se denuncia también que esta cooperación ya está “apoyando empresas o entidades que funcionan en territorios palestinos ocupados, actividades israelitas ilegales en ellos, o actividades (pesquisa, producción, comercio) que benefician actos ilegales de Israel en territorios ocupados, incluyendo la construcción del Muro y el desarrollo de nuevos asentamientos” y se remarca que ““esto está en clara contradicción con el compromiso de Brasil con la creación de un estado palestino en las fronteras de 1967 y el derecho palestino a la autodeterminación” /21.

Pero quizá lo más cuestionado de la estrategia “petista” para el próximo decenio sea la continuidad de un programa productivo y de exportación basado en el agro-negocio de monocultivos transgénicos, algo rechazado por todos los sectores de la agro-ecología, los ambientalistas, los indígenas y los quilombolas y otros amplios sectores que lo consideran una gran amenaza para la salud pública.

Estrategia petista errada obtiene integración retrógrada del Congreso

La clara y abierta opción a favor del agro-negocio en los tres gobiernos del PT y que se proyecta también para el próximo decenio, tuvo como consecuencia política directa un crecimiento espectacular de la bancada ruralista del agro-negocio en el Congreso. Los números cantan.

En Brasil el grupo "ruralista”, que representa al agro-negocio en el Congreso es la mayor bancada en el legislativo. El impulso a los monocultivos agrícolas de commodities brindado por los gobiernos del PT ha favorecido su crecimiento en el período 2003-2014. Hasta 2003 el lobby contaba con 89 parlamentarios; en el segundo ejercicio del presidente Lula ya había alcanzado los 120 legisladores y en el ejercicio de Dilma Rousseff tuvo 160 representantes. Es decir, durante los dos primeros gobiernos petistas casi duplicó su fuerza.

Pero en las elecciones de 2014 dio un salto mayor aún. Los grandes terratenientes del campo y sus políticos afines reunidos en el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) son a partir de 2015 la mayor bancada del Congreso. Ha crecido un 33% sumando 273 asientos entre diputados y senadores. En la Cámara de los Diputados junto a otros 131 parlamentarios vinculados al agro-negocio, conseguirían una mayoría de 257 representantes del sector ruralista, frente a los 256 no ruralistas. O sea controlan más de la mitad de los diputados federales. Entre sus prioridades está la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC-215) que haría que la demarcación de las tierras indígenas (TI) saliera del ámbito de la Funai (Fundación Nacional del Indio) y pasara a manos del Legislativo para impedir que se aprobaran nuevas demarcaciones territoriales de pueblos originarios. Entre otros retrocesos, porque está pendiente la explotación minera en TI y ya se están invadiendo reservas forestales e indígenas con la construcción de mega-hidroeléctricas, lo que en conjunto representa una auténtica amenaza de exterminio étnico y mayor degradación ambiental /22.

Otra ofensiva de la bancada ruralista es contra la criminalización del trabajo esclavo. Es sabido que los principales bolsones de trabajo esclavo en el campo están en las grandes extensiones terratenientes. Y existe en las autoridades una cierta actitud benévola al respecto. Un equipo de fiscalización del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE) en una operación en la hacienda Taiaçu II -en el nordeste de Mato Grosso- liberó un grupo de trabajadores en condición de esclavitud. Esto no sería novedad si el dueño no fuera hermano de la senadora Kátia Abreu, la Presidente de la Confederación de la Agricultura y la Pecuaria de Brasil (CNA) y líder de los ruralistas en el senado /23.

Aunque los grandes hacendados son los principales responsables del trabajo esclavo o forzado rural, no se manifiestan públicamente a favor de dicha forma de explotación. La táctica utilizada en el Congreso para impedir que se aplique la ley de expropiación de las haciendas donde se identifica un bolsón de trabajo con las características de esclavitud, es cambiar los términos de la ley donde se determina qué debe ser considerado como trabajo esclavo, para que formulaciones confusas o de variada interpretación impidan la aplicación del dictamen de expropiación. Este sería otro retroceso social, que la bancada ruralista puede aprobar en un parlamento donde ahora tiene mayoría.

Y al crecimiento de la bancada ruralista se suman otros segmentos conservadores como militares, policías e incluso algún representante de las “milicias” conocidos como la “bancada de la bala” que se prevé puede llegar al 30% del total de parlamentarios, lo que pone en evidencia la amenaza de reducción para 16 años de la mayoría penal y da nuevo impulso al genocidio actual de adolescentes negros. O los evangélicos medievalistas defensores de la homofobia y condenadores del aborto y los derechos de género. etc. Lo que hizo afirmar al director del Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Antônio Augusto Queiroz: “este nuevo Congreso es seguramente el más conservador desde 1964”. Es decir comparable al que “convivió” con la pasada dictadura militar.

Al mismo tiempo, el Diap informó que el número de diputados ligados a causas sociales cayó drásticamente, aunque los números totales todavía están siendo calculados. Lo que significa que la descriminalización del aborto, la unión de personas del mismo sexo o la legalización de la marihuana tienen pocas chances de ser abordados y aprobados en este Congreso que tomará pose en febrero de 2015 /24.

Otra retracción significativa fue la cantidad de diputados electos para integrar el frente parlamentario sindical en el Congreso: esta bancada se redujo casi a la mitad, de 83 legisladores bajó para 47. Para poder comparar digamos que antes del primer gobierno Lula había 44 sindicalistas como diputados en la cámara y después de tres ejercicios del PT y de haber tenido 83 legisladores, a partir de 2015 el sindicalismo tendrá sólo tres parlamentarios más que bajo el último gobierno de FHC (PSDB).

Para Queiroz el motivo de la reducción de la bancada de sindicalistas deviene de la decisión de los partidos de dar prioridad a los candidatos con acceso a financiación empresarial o de la máquina pública, mientras los militantes perdieron espacio frente al predominio del electoralismo sin contenido programático. Para el PT es el resultado de priorizar la politiquería de la institucionalidad y las alianzas con la burguesía, frente a la organización y las luchas de los movimientos sociales.

Como contrapartida la bancada empresarial tendrá cerca de 190 miembros. Y con seguridad, como no hay en el horizonte la expectativa de que el gobierno haga nuevas exoneraciones de los aportes patronales o dar incentivos fiscales y crediticios como hizo hasta ahora para favorecer la conciliación de clases, la tendencia es que la patronal presionará para que se vote en el Congreso -entre otras cosas- el proyecto de tercerización del trabajo en las empresas que impone la precarización -para reducir los costos salariales- y el que obliga a prevalecer la legislación sobre lo que es negociado entre patrones y trabajadores. Esto por ejemplo tiraría abajo las conquistas en salario mínimo de varios estados como Paraná, Santa Catarina o Rio Grande del Sur, que están por encima del salario mínimo nacional y que, entonces, es el único que regiría. Esta relación de fuerzas descarta también el proyecto de reducción de la jornada de trabajo que, con poco entusiasmo hasta ahora, han planteado las centrales sindicales /25.

Para completar el panorama de este congreso retrógrado tenemos que según Queiroz "algunas conquistas como garantía de los derechos humanos pueden ser anuladas o mismo retroceder con la elección de un parlamento extremamente conservador” Como los pocos avances en derechos de género ya que la representación femenina sólo alcanza poco menos del 10% del total del parlamento. O respecto a conquistas como las cuotas para negros en la Universidad y en los empleos públicos, en un Congreso cuyo 80% de los legisladores son blancos y dentro de ese espectro el conservadorismo es amplia mayoría. Considerando que la población de negros y “pardos” en Brasil representa el 52% de los habitantes, el Legislativo no refleja una vez más la composición étnica de la sociedad e indica que la denuncia de los afro-descendientes de que en el país el racismo es institucional, se confirma.

Para terminar de medir la dimensión del revés político que significó la elección del Congreso en el primer turno, sepamos que a partir de 2015, el PT perdió 18 parlamentarios bajando su bancada de 88 para 70. Mientras el PSDB aumentó 10 bancas, subiendo de 44 para 54.

Rectificación de rumbo

Concluyendo, todo lo planteado es clara evidencia de que la estrategia política petista para quienes esperaban un cambio radical de la sociedad, fue una completa decepción. Aún en términos de reducción de la desigualdad social en el país, los efectos son bastante pobres. Es necesario entonces hacer un balance de esta política para ubicar sus mecanismos equivocados y encarar el resultado fallido aún de sus limitados objetivos que no iban más allá de reducir muy parcialmente los peores aspectos de la explotación y discriminación capitalista.

Pero en muchos aspectos como el ambiental o de derechos democráticos de las etnias postergadas, la situación empeoró. Así como en los derechos de género, pues si bien la ley María da Penha contra la violencia doméstica, fue un gran avance, en contrapartida el rechazo a la descriminalización del aborto en el Congreso bajo la presidencia Dlma significó una derrota importante a lo que se suma un crecimiento de la bancada evangélica y sus ideas atrasadas contrarias a los derechos femeninos. En términos de libertades individuales, con la persecución y represión a las protestas ciudadanas durante la Copa del mundo y el aumento del armamento a las policías militares se instauró una verdadera prohibición de la movilización callejera y del libre uso de los espacios públicos urbanos.

Una cifra nos completa el retrato de la democracia brasileña: en sus prisiones se hacinan más de 550.000 detenidos, lo que ubica al país en el 4º lugar en el mundo por su población carcelaria, después de las “democracias” de EEUU, China y Rusia. También en Brasil la política de penalidad punitiva contra los pobres y los negros -que son la mayoría de los detenidos- encubierta bajo el embuste de la “lucha contra la droga” sigue haciendo desastres.

Y en términos de representación democrática de la sociedad en las instituciones gubernamentales la “estrategia lulista” fue un verdadero fracaso cuya instantánea destacada es un congreso retrógrado.

Es cierto que el progresismo no tuvo nunca el objetivo de construir el socialismo en Brasil, sino aliviar algunos aspectos de la explotación y discriminación capitalista. Pero también en su restringido proyecto los resultados son infortunados. La pésima integración de la cámara y el senado para la nueva legislatura es consecuencia directa de los errores estratégicos del Partido de los Trabajadores y sus gobiernos, con el desliz final de una presidencia Dilma que se alejó de los movimientos y el pueblo que con sus luchas condujeron al PT al gobierno.

Dilma: sin cheque en blanco de sus votantes

Aún así, las organizaciones de la agricultura orgánica familiar dieron su apoyo a la candidatura de Dilma temerosos de perder los pocos beneficios que les otorgó el “lulismo”, pero haciendo críticas severas a la orientación productiva de los gobiernos del PT.

La Asociação Nacional da Agro-ecología (ANA) que reúne más de 60 asociaciones y articulaciones, declaró: “Somos críticos al modelo de desarrollo en curso, que incentiva los monocultivos y estimula la destrucción forestal, intensifica el uso de agro-tóxicos y transgénicos, provoca el freno a la reforma agraria y no reconoce los derechos territoriales de las comunidades indígenas y demás comunidades tradicionales haciendo a la economía del país depender de la exportación de pocos commodities agrícolas y mineros” /26.

Igual actitud tomaron las organizaciones representativas del movimiento negro. 21 entidades del Movimento Negro Unificado (MNU) destacaron en su declaración el actual “exterminio selectivo de la juventud negra” exigiendo “acciones decisivas a fin de extirpar las causas y efectos de ese fenómeno nefasto en nuestra sociedad”: También exigen la “titulación de las tierras quilombolas”...”en las áreas urbanas y rurales del país” /27.

Y existen organizaciones de negros que se colocan en una oposición mucho más crítica que el MNU y definen claramente el racismo brasileño como institucional, social y judicial y a la masacre de jóvenes negros la caracterizan de genocidio. El 22 de agosto de 2014 se realizó en múltiples ciudades de Brasil una marcha contra el genocidio del pueblo negro. Es imposible ignorar que en São Paulo, por ejemplo, dos de cada tres jóvenes entre 15 y 19 años muertos por la policía militar son negros mientras el 79% de los policías envueltos en estas muertes son blancos /28. Y un joven negro morador del Distrito Federal (sede del gobierno) tiene 4 veces más chances de morir por causas violentas que otro de la misma edad que no sea negro. Esta es la situación en todas las grandes ciudades de Brasil con pocas variaciones. La posición de la Coordinación Nacional de Entidades Negras (CONEN) junto a apoyar la reelección de Dilma, afirma: “A pesar de los avances durante los gobiernos Lula-Dilma, continuamos viviendo en un país donde las desigualdades raciales, sociales, regionales, de clase, de género y generacionales, todavía son inmensas”.

Tanto los movimientos agrícolas populares, como las entidades de afro-descendientes y la gran mayoría de los movimientos sociales no le dieron el voto a la candidata petista como un cheque en blanco. Señalaron con claridad las rémoras de su gobierno, exigiendo una rectificación de rumbo.

Hay que nombrar sin eufemismos la estrategia petista

Hay que ponerle nombre e identificar con claridad esta política fallida que desarma al pueblo en sus reclamos. Teniendo en cuenta que todos estos movimientos sociales hoy opositores, eran parte de los aliados incondicionales del PT desde su surgimiento, lo que han logrado los gobiernos del PT y en especial el de Dilma es un verdadero record. Es el descalabro de una visión burocrática y estrecha de la democracia, que se niega a aprender las enseñanzas que le dicta un pueblo movilizado. Es la derrota de una concepción de “progreso” y “desarrollo” que acepta los postulados del capitalismo, de que el crecimiento económico permanente debe ignorar la degradación de los territorios y las consecuencias sobre sus habitantes. Es el inaceptable retraso social a que se condenó a los explotados y discriminados de las favelas. Es el fracaso del llamado “progresismo” brasileño, al gobernar junto con los capitalistas aceptando los límites que ellos imponen. Es en fin, el fiasco terminante de una estrategia suicida de conciliación y colaboración de clases.

Es el momento en que ese complejo y poderoso sistema de movimientos sociales que tiene Brasil en la actualidad, cree un ámbito común para coordinar sus demandas y sus luchas e imponer sus posiciones, descartando y superando las evidentes ineptitudes que el PT ha mostrado con su integración a la institucionalidad. Es esa inquietud masiva de resistencias y protestas la capaz de torcer el rumbo y empezar a imponer cambios sociales y populares, radicales e irreversibles.

* André Singer: Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. Companhia das Letras, San Pablo, 2012, p. 13-29. Usamos los términos “lulista” o “lulismo” en el sentido que le da Singer en el libro mencionado: como un proceso político liderado por Lula da Silva, que tuvo grandes consecuencias sociales y económicas. Para el intelectual y ex-vocero de la Presidencia de la República André Singer, esta transformación en la sociología electoral del PT se relaciona con un cambio fundamental en el electorado y abre un ciclo político amplio. Singer hace un paralelismo de lo ocurrido en Estados Unidos en el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en 1932, con Brasil en 2002, una típica elección de alternancia devino en una nueva mayoría. En el contexto de un nuevo ciclo marcado por una agenda asistencialista de “lucha contra la pobreza”, el lulismo sería el encuentro de Lula, en tanto líder, con una fracción de clase, el subproletariado. Mediante el empleo formal, el sub-proletariado alcanza la condición proletaria y así el lulismo constituye la ruptura real de la articulación anterior, al separar al subproletariado de la burguesía, y abre posibilidades inéditas a partir de esta novedad histórica, con lo que crea un “nuevo bloque de poder”. De acuerdo con Singer, ese subproletariado como fracción de clase, a pesar de ser mayoritario, enfrenta dificultades para crear sus propias organizaciones. Sin embargo, emerge con fuerza en la política con el gobierno de Lula y, por su tamaño, se torna decisivo en las elecciones, sobre todo en el Nordeste. Hecho comprobado fehacientemente en el primer turno de la elección de 2014.

Notas:
1/ Ver sitio de Auditoria Cidadã da Dívida cuya coordinadora es Maria Lúcia Fattorelli. Ella fue miembro de la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda Pública en Ecuador 2007-2008. Participó activamente en los trabajos de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda, realizada en Brasil. Y es autora de Auditoria Da Dívida Externa - Questão De Soberania (Contraponto Editora, 2003).
www.auditoriacidada.org.br/
2/ Carga tributária brasileira onera os mais pobres e reforça as desigualdades EcoDebate 16 09 2014 Nota realizada sobre la base del estudio de Inesc y Oxfam “As implicações do sistema tributário brasileiro nas desigualdades de renda”, lanzado el 11 09 2014.
http://www.ecodebate.com.br/2014/09/16/carga-tributaria-brasileira-onera-os-mais-pobres-e-reforca-as-desigualdades-diz-estudo/
3/ Aprovada MP que dá incentivos tributários a iolen setores e renegocia dívidas Câmara Noticias 14 10 2014
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/475985-APROVADA-MP-QUE-DA-INCENTIVOS-TRIBUTARIOS-A-VARIOS-SETORES-E-RENEGOCIA-DIVIDAS.html
4/ Luis Nassif, entrevista: Dilma, exclusivo: estamos preparando o país para os próximos vinte anos. O Jornal de todos os Brasis, 16 de junio 2013
http://jornalggn.com.br/blog/dilma-exclusivo-estamos-preparando-o-pais-para-os-proximos-vinte-anos
5/ Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es el mayor banco de desarrollo del mundo y el mayor prestamista brasileño. Su tamaño duplica al del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Recibe importantes aportes de capital de los fondos de pensión administrados por sindicalistas del PT. Los fondos de pensión de servidores públicos (en especial el de los trabajadores del Banco do Brasil y el de Petrobras) poseen US$ 306.000 millones en activos y representan 18% del PIB, el mayor valor en un país “emergente”. Con ellos y aportes de bancos estatales y privados se han financiado las principales fusiones empresariales promovidas por los gobiernos ejercidos por Lula, mundializar empresas brasileñas y todo tipo de emprendimientos, incluso el financiamiento de las privatizaciones de obras y servicios públicos tanto para empresas nacionales como extranjeras.
6/ No se trata de un programa para resolver la habitación del sector social con mayores problemas en este aspecto. Para acceder a él es necesario un ingreso superior a los dos salarios mínimos. La peor situación respecto a la vivienda está en el entorno de aquellos que ganan menos de dos salarios mínimos. Esto explica por qué en Sao Paulo se conformó un enorme movimiento social -es posible que el mayor creado desde que surgió el MST- de los “sin techo” (Movimento de Trabalhadores sem Teto - MTST) que moviliza decenas de miles de trabajadores sin vivienda y que ocupa grandes extensiones de tierras fiscales y edificios abandonados en el estado. El MTST ha obtenido con sus marchas y protestas un reconocimiento explícito de la alcaldía de Sao Paulo y de la cámara de vereadores (ediles) de la ciudad.
7/ 12ª Rodada de Licitações de Petróleo e Gás – Agência Nacional de Petróleo despreza normas, procedimentos e direitos estabelecidos. EcoDebate 15 10 2013.
http://www.ecodebate.com.br/2013/10/15/12a-rodada-de-licitacoes-de-petroleo-e-gas-agencia-nacional-de-petroleo-despreza-normas-procedimentos-e-direitos-estabelecidos/
8/ Ingeniero Paulo Metri en: Política energética em debate. Os casos do ‘gás de xisto’ e o ‘leilão de Libra’ EcoDebate 18 09 2013. Metri es consejero del Club de Ingenieros de Rio de Janeiro.
http://www.ecodebate.com.br/2013/09/18/politica-energetica-em-debate-os-casos-do-gas-de-xisto-e-o-leilao-de-libra/
9/ KPMG Corporate Finanza - Pesquisa de fusiones y adquisiciones - !er. Trimestre 2012. Difundida por DIEESE.
10/ Gabriel Brito y Valéria Nader Automobilização sindical e movimentos urbanos fortalecem ativismo social Correio da Cidadania 03 06 2014 Entrevista al sociólogo del trabajo Ruy Braga.
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9662:manchete030614&catid=25:politica&Itemid=47
11/ Andréia Verdélio Taxa de desmatamento aumenta 29% em un ano na amazônia Legal Agència Brasil 10 09 2014.
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-09/taxa-de-desmatamento-aumenta-29-em-um-ano-na-amazonia-legal-0
12/ Boletim do desmatamento da Amazônia Legal (setembro de 2014) Imazon 20 10 2014.
http://www.imazon.org.br/publicacoes/transparencia-florestal/transparencia-florestal-amazonia-legal/boletim-do-desmatamento-da-amazonia-legal-setembro-de-2014-sad
13/ Javier Godara, Toby A. Gardnera, E. Jorge Tizadob, and Pablo Pacheco Actor-specific contributions to the deforestation slowdown in the Brazilian Amazon. Stockholm Environment Institute, 104 51 Stockholm, Sweden. Edited by Gregory P. Asner, Carnegie Institution for Science, Stanford, CA. 2014.
http://www.pnas.org/content/early/2014/10/10/1322825111.full.pdf
14/ Global Wirness Aumenta drásticamente el número de asesinatos por motivos ambientales y de tierras al crecer la presión sobre los recursos del planeta. 15 de abril 2014.
http://www.globalwitness.org/library/estudio-aumenta-dr%C3%A1sticamente-el-n%C3%BAmero-de-asesinatos-por-motivos-ambientales-y-de-tierras
15/ J. L. B. Brasil: Golpe de timón... a la derecha, 17 06 2013
http://www.lahaine.org/index.php?p=69988
El Mapa citado fue elaborado por Fiocruz y la ONG Fase, fue lanzado en 2012 y se accede a él por el link: http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/
16/ Bruno Pavan. Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Brasil de Fato 19 03 2014.
http://www.brasildefato.com.br/node/27795
Agro-tóxico contamina leite materno TVIG Brasil 21 03 2011
tvig.ig.com.br/noticias/brasil/agrotoxico-contamina-leite-materno-8ª4980262e545e72012edafd92953c77.html
Brasil iolenc 14 agrotóxicos proibidos no mundo Ultimo Segundo IG Brasil 25 02 2014.
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-02-24/brasil-consome-14-agrotoxicos-proibidos-no-mundo.html
17/ Las mayores discrepancias que tuvo el PT terminaron en expulsión de los disidentes en 2003. El jueves 11 de diciembre de 2003, la Cámara de Senadores de Brasil votó por mayoría (como la Cámara de Diputados meses antes) la "reforma" de la Previdencia (Previsón Social) que exigieron los mercados financieros y los fondos de pensión privados. Y tres días después, el domingo 14 de diciembre, el Directorio Nacional del PT, reunido en Brasilia, resolvió por una mayoría de 55 votos contra 27, expulsar del partido a los diputados Luciana Genro, Joao Batista Araujo (Babá), Joao Fontes, y a la senadora Heloísa Helena. El "delito": oponerse a la Reforma de la Previdencia y mantener su irrenunciable defensa de los derechos del pueblo trabajador brasileño. Por su parte Marina Silva con 30 años de pertenencia al PT, asumió en 2003 el ministerio de medio ambiente y se mantuvo en él hasta 2008, atravesando varios enfrentamientos por temas ambientales con aliados del PT y sus propios compañeros del partido. En agosto de 2009 se fue del PT.
18/ Auditoria Cidadã da Dívida.
http://www.auditoriacidada.org.br/
19/ Editorial de Saul Leblon Produtividade ou arrocho? Democracia, organização popular e produtividade compõem a alternativa à agenda de arrocho e desemprego preconizada pelo conservadorismo. Carta Maior 25 06 2014.
http://www.cartamaior.com.br/?/Editorial/Produtividade-ou-arrocho-/31248
20/ Maria da Conceição Tavares es una economista portuguesa (Anadia 1930) nacionalizada brasileña en 1957. Es profesora titular de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) y profesora emérita de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Entre 1968 e 1972, durante la dictadura militar, se exilió en Chile, donde trabajó en el Ministerio de Economía, durante el gobierno de Salvador Allende. Afiliada al PT Maria da Conceição fue diputada federal por el estado de Rio de Janeiro entre 1995 y 1999. Influenciada por lo economistas Celso Furtado, Caio Prado Júnior e Ignácio Rangel, fue alumna de Roberto Campos y profesora de Dilma Rousseff y José Serra. Sigue siendo la consultora principal en Economía del PT.
21/ Coperação Bilateral em Pesquisa e Desnvolvimento industrial: Coperação com violações iraelnse do direito internacional e os direitos humanos?
http://www.stopthewall.org/sites/default/files/coopera%C3%A7%C3%A3o%20Brasil-Israel_0.pdf
22/ Marcelo Lara | Brasília (DF) e Vagner Benites | Porto Alegre (RS) Bancada ruralista será fortalecida no Congresso Nacional Rural br 07 10 2014.
http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2014/10/bancada-ruralista-sera-fortalecida-no-congresso-nacional-4615767.html
23/ Fiscalização flagra trabalho escravo em fazenda de irmão da senadora Kátia Abreu Reporter Brasil 18 10 2013
http://reporterbrasil.org.br/2013/10/fiscalizacao-flagra-trabalho-escravo-em-fazenda-de-irmao-da-senadora-katia-abreu/
24/ Brasil elege congreso mais conservador desde 1964 Pragmatismo político 07 10 2014.
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/10/brasil-elege-congresso-mais-conservador-desde-1964.html
25/ Bancada trabalhista tem pior revés desde eleição de Lula em 2002 Valor y Departamento Intersindical de Apoyo Parlamentario 16 10 2014.
http://www.diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24555:valor-bancada-trabalhista-tem-pior-reves-desde-eleicao-de-lula-em-2002&catid=59&Itemid=392
26/ Carta aberta da Articulação Nacional de Agroecologia à sociedade brasileira de apoio à eleiçao de Dilma Rousseff ANA 13 10 2014.
http://www.agroecologia.org.br/index.php/noticias/noticias-para-o-boletim/724-carta-aberta-da-articulacao-nacional-de-agroecologia-a-sociedade-brasileira-de-apoio-a-eleicao-de-dilma-rousseff
27/ Entidades do iolencia negro divulgam carta em apoio à Dilma Rousseff Brasil de Fato 16 10 2014
http://www.brasildefato.com.br/node/30179
28/ Estudo sobre iolencia policial revela racismo institucional na PM de SP Pesquisa de Gevac (Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos) de la UFSCar (Faculdade Federal de São Carlos) El análisis sobre tasas de 100 mil habitantes indica que la mortalidad de negros es por lo menos tres veces mayor que la de los blancos.
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/70082/estudo+sobre+violencia+policial+revela+racismo+institucional+na+pm+de+sp+assista+ao+video.shtml

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La economía está en debate en Nuestramérica

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

El proceso electoral en Bolivia, Brasil y Uruguay pone en discusión los modelos de desarrollo en la región, el presente, el pasado reciente y el futuro.

Incluso, la Argentina, a un año de la elección para renovación de autoridades nacionales abre el debate sobre el rumbo económico, el modelo productivo, el patrón de consumo y los beneficiarios de la estrategia o rumbo civilizatorio, incluso más allá del orden capitalista.

Desde el discurso mayoritario se sostiene una polémica que atrasa, entre mercado y estado, como si fueran aspectos autónomos o contradictorios. En un marco más reducido, la discusión pretende ir más allá para discutir otro orden económico de la producción y circulación de bienes y servicios, de las relaciones de intercambio y el consumo, más pensado en satisfacer necesidades amplias de la mayoría más desprotegida

Para que se entienda, debemos preguntarnos quien fue el que habilitó la liberalización de la economía local o mundial en las últimas cuatro décadas, es decir, el proceso de apertura de las economías, flexibilizando fronteras para la circulación de mercancías, servicios o capitales. El Estado ha sido el gran protagonista, quién sentó las bases institucionales de un cambio reaccionario que se remonta a las leyes de inversiones externas o de entidades financieras, en un marco de endeudamiento estatal deliberado que condiciona el presente.

Es más, el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, cuyos principales beneficiarios eran los grandes capitales transnacionales, era negociada por los Estados nacionales. Del mismo modo que el Estado legisló múltiples tratados internacionales en defensa de la seguridad jurídica de inversores externos y para estimular la libertas de comerciar. Fue el Estado en tiempos de la dictadura que generó las condiciones originarias de posibilidad para consolidar desde el Estado en los años 90 del siglo pasado la reestructuración regresiva del orden capitalista local, reforma constitucional mediante, en condiciones similares en la economía regional y en el mundo.

Son los Estados los que organizan las reglas más o menos liberalizadoras del mercado y por eso interesa distinguir el carácter social, político y cultural que adquiere el Estado capitalista, o dicho de otra forma, distinguir en su seno las distintas correlaciones de fuerza. Para que se entienda lo que decimos vale pensar en términos políticos, que es lo que definió recientemente Bolivia con el triunfo del partido en el gobierno, y lo que hoy definen las elecciones de Brasil (segunda vuelta) y la Uruguay (primera vuelta), y lo que anticipa la temprana campaña electoral en la Argentina hacia octubre del 2015.

Incluso para ser más complejo el análisis, convengamos que Bolivia define en su Constitución el carácter plurinacional del Estado boliviano. Lo plural connota el objetivo civilizatorio de organización económica, política y social más allá de lo visible institucionalizado desde los tiempos de la independencia política ante el orden colonial. Ello supone el rescate de la cultura de los pueblos originarios, en un intento de síntesis de lo diverso contenido en las culturas civilizatorias contemporáneas, lo que se sustenta como estrategia de desarrollo en el vivir bien, o si se quiere en una perspectiva más amplia del socialismo comunitario del vivir bien.

Destaquemos que esa discusión no está contenida en el presente debate del proceso electoral brasileño, uruguayo o argentino. Estos están más urgidos por otra agenda, asociada a la posibilidad de sostener políticas que promuevan consensos renovados a una estrategia que sin modificar las condiciones institucionales y estructurales de los cambios acaecidos en las últimas décadas, promuevan iniciativas políticas y económicas de inserción protagónica en el orden capitalista contemporáneo. Brasil intenta ser parte de la disputa hegemónica del orden global desde su asociación privilegiada con China en los BRICS. Uruguay, desde los límites que le imponen los socios mayoritarios en el Mercosur, intenta juego propio en otros escenarios de la integración, incluyendo atractivos de valorización capitalista a inversores de Brasil o Argentina. Ambos procesos y la Argentina están discutiendo, desde el debate mayoritario, una inserción más o menos funcional a la hegemonía del libre comercio sin poder discutir un más allá del orden civilizatorio

La discusión se procesa en condiciones de retracción de la actividad económica, local y global. El debate se angosta a las formas del ajuste económico y la distribución social del costo en su ejecución. Por eso el titular de la UIA alude a la ideología del “modelo económico” en la Argentina. Es un diagnóstico pronunciado en el coloquio de empresarios en Mar del Plata y que demanda como parte del colectivo empresarial, interesado en restablecer la tasa de ganancia, un clima de consenso, también ideológico, para una intervención estatal favorable a sus negocios. La pretensión de objetividad es negada desde la propia formulación para que el Estado sirva a los intereses del sector privado de la economía, una máxima de principios en los años noventa.

Pretendemos diferenciar como Bolivia y otros procesos en la región, desde sus concepciones de lo plural y una agenda para el desarrollo que dialoga desde una temporalidad de más largo alcance, pretende intervenir más allá del régimen del capital. Ni hablar de Cuba que se propone otro debate para el desarrollo desde su experiencia por el socialismo y que esta semana albergó en La Habana un encuentro del ALBA-TCP para aprobar una estrategia alternativa al combate al Ebola, con médicos y profesionales de la salud, más aportes en medicamentos y recursos monetarios para la emergencia sanitaria, que contrasta con el ejército de marines estadounidenses.

Apuntamos a destacar que discutir el orden económico supone definir rumbos de desarrollos, más allá del mercado y de las ganancias, para pensar en satisfacer variadas necesidades locales y mundiales.

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Argentina: El círculo K de la entrega

Alcira Argumedo (especial para ARGENPRESS.info)

El círculo de la aberrante entrega de nuestros recursos en petróleo y gas, que ahora se cierra con la Ley de Hidrocarburos, comenzó a dibujarse el 30 de agosto de 1991. Ese día el presidente Carlos Menem y sus ministros Domingo Cavallo y José Luís Manzano suscriben un acuerdo con el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, por el cual se comprometen a reconocer a esa provincia una deuda de 480 millones de dólares por supuestas regalías mal liquidadas; pero dependía de la ley de privatización de YPF: de no aprobarse esta ley “quedará sin valor y efecto alguno y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie”.

En función de este acuerdo, Néstor Kirchner será el protagonista principal en la solución del problema de Menem: no tenía en el Congreso los votos necesarios para aprobar la privatización, ante la negativa de la UCR y las resistencias dentro del PJ. La clave era lograr el apoyo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI- integrada por las provincias de Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz, que Kirchner presidía desde pocos días antes. Luego de meses de un arduo trabajo de convencimiento -levantando las banderas del federalismo y ofreciendo prebendas de diverso tipo- hacia comienzos de septiembre de 1992, todo estaba maduro.

El 17 de ese mes, en la Legislatura Provincial de Santa Cruz, la diputada Cristina Fernández de Kirchner expresa: “Señor presidente: Venimos a requerirle que, a través de una declaración, nuestra Honorable Legislatura se expida exigiendo a los diputados nacionales del Distrito que posibiliten el tratamiento del proyecto de la (…)Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (para que) tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara (…) Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los 480.000.000 de dólares y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada.”

Luego de reunirse con José Luís Manzano, el 22 de septiembre Néstor Kirchner dio una conferencia de prensa instando a los diputados disidentes a que, al menos, dieran quórum. Además, el avión de su gobernación permitió al diputado Rafael Flores viajar a Buenos Aires con una pierna enyesada: era el voto necesario para el quórum. El 23 de septiembre de 1992, la Cámara de Diputados aprueba la Ley 24.145 de privatización de YPF. El miembro informante Oscar Parrilli tuvo palabras elocuentes: “No venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo…” El diputado Álvaro Alsogaray tomó como referencia ese discurso, con calurosos elogios.

En febrero del 2007, durante un encuentro en el Salón Sur de la Casa Rosada, el presidente Néstor Kirchner manifestó: "Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización (...) Si YPF hubiera quedado en manos nuestras estaríamos recaudando (...) entre 20 y 25 y hasta 30.000 millones de dólares por año". No obstante, antes del fin de su mandato avaló la prórroga por 40 años del yacimiento de Cerro Dragón en Chubut y Río Negro, a favor de la British Petroleum y el Grupo Bulgheroni. En 2008, mediante un nuevo acuerdo avalado por los Kirchner, la empresa Repsol-YPF aceptó vender el 25% de su patrimonio al Grupo Petersen de Enrique Ezkenazi -banquero amigo del poder- en condiciones altamente favorables: sin poner ni un peso, la compra se pagaría con las utilidades correspondientes, gracias a un crédito avalado por la propia corporación. A cambio, se permite a Repsol vaciar la empresa: podrá disponer del 97% de sus beneficios, sin realizar inversiones ni exploración.

A causa de la privatización de YPF, en el 2011 Argentina debió importar una cantidad creciente de gas y petróleo y la balanza comercial de hidrocarburos comenzó a mostrar rojos. En mayo de 2012, en un recinto de Diputados desbordante de funcionarios -entre ellos Oscar Parrilli- y público con banderas y carteles, se aprueba la Ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina impulsada por la presidenta Cristina Kirchner. La drástica caída de las reservas durante la gestión de Repsol en YPF dada la insuficiente inversión, fue el principal motivo aducido y se declara de utilidad pública, sujeto a expropiación, al 51% de la empresa. El fundamento señala que “de proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos”; pero esas fueron las condiciones de la compra en el 2008. Por esta razón, en el 2014 se paga a Repsol el total de lo reclamado, aceptando una tasación trucha del patrimonio y sin incluir los pasivos que debían descontarse: los de Repsol tenían en la manga el acuerdo respaldado por los Kirchner.

Las acciones K tuvieron resultados catastróficos; entre 1992 y 2014, nuestro país perdió más de 250.000 millones de dólares en concepto de renta petrolera y gasífera. Pero algunos obtuvieron frondosos beneficios: en abril del 2014 la British Petroleum se auto-incrimina ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, reconociendo el pago de coimas por esa prórroga de la concesión de Cerro Dragón. El círculo cierra con la nueva Ley de Hidrocarburos promovida por Cristina Kirchner: se entrega a perpetuidad el total de los recursos de gas y petróleo -convencional y no convencional- a las corporaciones petroleras, con la prohibición de otorgar nuevas áreas a empresas públicas o con participación estatal; por ejemplo, YPF. Se habilita la explotación depredadora del fracking, después de eliminar del Código Civil el derecho al agua potable, para que nadie moleste. Se fija un tope del 12% a las regalías, mientras Evo Morales cobra 50%: una diferencia de 38%. Según cálculos del diputado Federico Sturzenegger del PRO, por cada 1% de regalías que no cobre, el país perderá 45.000 millones de dólares en el período de 30 años; por el 10% se pierden 450.000 millones; por el 20% se llega a 900.000 millones de dólares. Montos que sucesivas generaciones del pueblo argentino ofrendarán a las corporaciones: esto para los K es ser patriotas, como Belgrano.

Alcira Argumedo es diputada nacional por Proyecto Sur.

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Movilización contra la Ley de Saqueo del Petróleo de los Argentinos: “Hay una línea de tiempo que continúa depredando nuestros bienes comunes”

Valeria Garay (ACTA)

El Senado de la República Argentina dio media sanción a la reforma de la Ley de Hidrocarburos para facilitar el acceso de inversiones externas en la explotación de hidrocarburos no convencionales bajo la tecnología depredadora de la fractura hidráulica (fracking). Para hablar de este tema, desde Estación Central (Radio Sur, FM 88.3) se comunicaron con Juan Carlos “Pipón” Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA.

- ¿Qué es lo que se estuvo trabajando el martes en la Multisectorial de cara a este debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma de Ley de Hidrocarburos?

- La Multisectorial en Defensa de la Soberanía sobre Nuestros Bienes Comunes se reunió en la sede Nacional de nuestra CTA. Hubo un nivel de representación muy importante de diversas organizaciones que están preocupadas y ocupadas en denunciar y señalar este verdadero acto de entrega en lo que hemos denominado ‘Ley del Saqueo del Petróleo Argentino’. Porque en realidad lo que significa esta reforma es profundizar la política entreguista que ya se tenía con la Ley de Hidrocarburos, favoreciendo sobre todo a las grandes corporaciones multinacionales, promoviendo el fracking, que no solamente implica el uso de un bien tan preciado y uno de los más importantes que tiene nuestro territorio, que es el agua, sino que también implica la contanimación, la voladura de los suelos y la ocupación del territorio como está ocurriendo en la zona de Vaca Muerta con nuestros hermanos los Mapuches, que están resistiendo ahí a brazo partido la intromisión de los sectores que pretende llevar a cualquier costo este tipo de explotación.

En realidad está hecho para que la explotación no convencional sea materia corriente en hidrocarburos en nuestro país, pese a que ya hay 45 municipios en toda la Argentina que se han declarado zona libre de fracking.

Hemos debatido ampliamente y consensuado una declaración ante el proyecto de Ley del Saqueo Petrolero y además hemos dispuesto hacer una concentración y acto el próximo 29 frente al Congreso Nacional, día en que se aprestan los diputados a aprobar este verdadero acto de entrega de soberanía que es la Reforma de la Ley de Hidrocarburos.

- Por ahí pensando esto del fracking en el marco de un capitalismo, de un modelo extractivista, se está repartiendo la argentinas en distintos modos de extracción de recursos, feroz, intensiva, que tiene mucho impacto para el medio ambiente, pero también para las poblaciones. Tenemos lo de los hidrocarburos, tenemos lo de la soja. Esto es como una avanzada, es como un modelo productivo que nos atraviesa.

- Bueno, el modelo productivo neodesarrollista, extractivista, dependiente, está en vigencia en la Argentina y en buena parte de nuestra América Latina. En realidad significa una reprimarización de la economía, abandonar la posibilidad de un desarrollo tecnológico independiente, de un proceso de industrialización que sea real, más allá del relato oficial. En realidad hoy lo que tenemos como industria son armadurías de automóviles, o de otros elementos de manufacturas.

Centralmente hoy los ingresos provienen de las materias primas y los commodities y como el precio de la soja que valía 500 dólares hasta hace poco hoy vale poco más de 200 dólares, la verdad que también se siente ese cimbronazo en el Tesoro Nacional, porque insisto, más allá de toda esta epopeya oficialista contra la Mesa de Enlace y la oligarquía terrateniente, lo cierto es que los principales ingresos provienen de las materias primas y los commodities. Que además, para ser más claros, exportan un cartel de 5 grandes empresas multinacionales, entre ellas Nidera, que acaba de ser adquirida por capitales chinos, digamos que el combo es completo.

- Los países de origen de estas multinacionales en realidad lo que están haciendo es patear estas industrias sucias, a países que ellos consideran de la periferia. Porque en realidad en Canadá el fracking está prohibido ¿No?

- Sí y en varios estados de Estados Unidos también, porque además se ha comprobado que provoca sismos, además de la utilización y la contaminación de millones de metros cúbicos de agua e insisto, de la ocupación del territorio. Ese es un tema que no deberíamos dejar pasar de largo, porque allí están involucrados los antiguos pueblos, los pueblos originarios, que son propietarios de sus comunidades y que pretenden desalojar para llevar adelante este tipo de extracción.

Pero además se da amplias ventajas impositivas y fiscales a las empresas que accedan no tan solo a la explotación no convencional, sino también que prorroga hasta por 30 o 35 años los contratos para la explotación convencional de petroleo si se encuentran nuevas áreas. El Gobierno está desesperado por conseguir liquidez en dólares y la verdad que están dispuestos a entregar lo poco que nos queda de nuestros recursos hidrocarburíferos en función de ese objetivo.

- Yo me quedé pensando en el slogan que tiene el kichnerismo con respecto a la deuda externa, que es “Soberanía o Fondos Buitres” ¿Dónde queda este lema con lo que están haciendo con esta Ley de Hidrocarburos?

- Esto es ‘Soberanía o Ley de Entrega del Petróleo’. La verdad que acá es una entrega de soberanía lisa y llana. Es una concesión que se da a los grandes grupos económicos explotadores y exploradores de petróleo y se va al diablo el discurso oficial. O sea, el relato una vez más se da de narices contra la realidad. Lo que están haciendo con esto detrás de un discurso empalagoso en verdad es un acto de entrega como en la época de Frondizi con la Ley del Petróleo, como en las peores épocas de la Dictadura, o del Menemismo y la Alianza, hay una línea de tiempo que continúa depredando nuestros bienes comunes a favor del gran capital concentrado. Y esto lo único que trae es empobrecimiento de nuestra gente, enfermedad de la población y que seamos un país cada vez más dependiente.

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