miércoles, 29 de octubre de 2014

Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (15): Pretenden criminalizar el cuerpo de la mujer embarazada mediante reportes médicos obligatorios de abortos involuntarios

PROYECTO CENSURADO
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Un proyecto de legislación (bill) propuesto a la legislatura estatal de Kansas exigiría que las mujeres reporten los abortos involuntarios en cualquier etapa del embarazo. Esta iniciativa se describe como el primer paso de un camino largo que pretende criminalizar el cuerpo de la mujer embarazada. Bajo una enmienda atada a la propuesta de ley 2613 de la Cámara de Representantes (llamada también The House), los médicos estarían obligados a reportar todos los abortos involuntarios de sus pacientes al Departamento de Salud del estado de Kansas, denunció Tara Culp-Ressler en ThinkProgress.

El propósito inicial de la propuesta “HB 2613” consistía en proveer una alternativa al actual certificado de parto de bebé muerto que debe emitir el estado. Algunos padres creen que la ley existente acentúa demasiado el nacimiento de un niño muerto de una manera emocionalmente dolorosa. La legisladora republicana Mary Pilcher-Cook, del Senado de Kansas, que es una de las opositoras al aborto más activas y entusiastas del estado, añadió el requisito del informe del aborto involuntario. El autor original de la cuenta, el representante John Doll de Kansas, también republicano, retiró posteriormente su apoyo a la legislación: “No puedo apoyar el proyecto de legislación que fue enmendado. Pienso que fue transformado en una declaración política. Quisiera una una propuesta que ayude al duelo de algunas familias. No quisiera que tuviera ninguna relación con los asuntos anti-abortistas o pro-abortistas”.

Ningún otro estado ha decretado un mandato de información obligatoria del aborto involuntario, aunque Virginia consideró una legislación similar en 2009, reportó Culp-Ressler. “Nunca vemos estas propuestas”, dijo Elizabeth Nash, encargada del Guttmacher Institute, una organización del estado sin ánimo de lucro que trabaja por los avances en salud reproductiva, incluyendo el derecho al aborto. “El propósito encubierto es fomentar la idea de que el feto es una persona. Es una manera de establecer bases para conseguir hacer más duro el aborto y, eventualmente, ilegal”.

Además de añadir la enmienda de información obligatoria del aborto involuntario a la HB 2613, la senadora Pilcher-Cook también intenta debilitar las leyes sobre educación sexual del estado Kansas, imponer un impuesto a los procedimientos de aborto y evitar que las restricciones al aborto del estado incluyan excepciones para la violación y el incesto.

Culp-Ressler informó que los Abogados Nacionales para las Mujeres Embarazadas (NAPW, por su sigla en inglés) documentaron “centenares de casos de mujeres que fueron sometidas criminalmente para obligarlas a tomar decisiones mientras estaban embarazadas, particularmente si más adelante sufrieron un aborto involuntario o un parto muerto”. [1]

En última instancia, Culp-Ressler concluyó, decretando regulaciones adicionales relacionadas con el final de un embarazo, como la propuesta HB 2613 de Kansas, se convierte a las mujeres embarazadas en sospechosas ante los ojos de la ley”.

Notas:
1] Lynn M. Paltrow and Jeanne Flavin, “Arrests of and Forced Interventions on Pregnant Women in the United States, 1973–2005: Implications for Women’s Legal Status and Public Health,” Journal of Health Politics, Policy and Law 38, no. 2 (2013): 299–343, http://advocatesforpregnantwomen.org/main/publications/articles_and_reports/executive_summary_paltrow_flavin_jhppl_article.php.

Fuente:
Tara Culp-Ressler, “Kansas May Force Doctors to Report Women’s Miscarriages to the State Health Department,” ThinkProgress, March 24, 2014, http://thinkprogress.org/health/2014/03/24/3418085/kansas-miscarriage-reporting.

Estudiante investigador:
Alandra Brown (Indian River State College)

Evaluador académico:
Elliot D. Cohen (Indian River State College)

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, miembro del jurado internacional del Proyecto Censurado.

Ver también:
- Hoy se publican las 25 noticias más censuradas en 2013-2014
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (02): Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (03): La gran prensa ignoró denuncia de WikiLeaks sobre el Tratado Trans-Pacífico (TTP)
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (04): Corporaciones proveedoras de Internet amenazan su neutralidad
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (05): Banqueros de Wall Street tienen apoyo pese a sus crímenes mayores
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (06): Estado profundo. “Gobierno sin referencias al consentimiento del gobernado”
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (07): FBI ignoró planes contra líderes Occupy mientras la NSA y el gran capital daban golpes a los disidentes
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (08): Grandes medios ignoran conexión entre clima extremo y calentamiento global
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (09): Hipocresía mediática de Estados Unidos en la cobertura de la crisis de Ucrania
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (10): OMS suprime informe sobre cánceres y defectos de nacimiento en Irak
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (11): Mega corporaciones y multimillonarios financian y dirigen las conclusiones de los think thanks
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (12): El Pentágono rebalsa dinero pese a severos problemas de auditoría
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (13): Un caso judicial desafía la inm[p]unidad de la industria nuclear en accidentes nucleares
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (14): Se acumulan pruebas del peligro para la salud por el uso de tecnología inalámbrica

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Beijing, el crepúsculo asiático post-Bretton Woods

Ariel Noyola Rodríguez (especial para ARGENPRESS.info)

El viernes 24 de octubre, un grupo de 22 países asiáticos se reunió en Beijing, para firmar el memorándum de entendimiento que aprobó finalmente la creación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés), luego de más de un año de que el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, presentara la propuesta por primera vez ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Bali, Indonesia. A decir de diversos funcionarios entrevistados al respecto, el nuevo banco servirá como plataforma para financiar los proyectos más importantes de la región asiática en materia de telecomunicaciones, energía y medios de transporte.

Jin Liqun, ex presidente de la Junta de Supervisores del Fondo Soberano de Riqueza chino (Sovereign Wealth Fund) y ex vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, quedará como responsable de la institución. Al igual que el banco de desarrollo del grupo BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la ciudad de Beijing acogerá la sede principal del AIIB. Tendrá un capital suscrito de 50 mil millones de dólares y un capital autorizado de 100 mil millones de dólares. China aportará la mitad de los fondos y la India será la segunda mayor accionista. El monto del capital autorizado del AIIB representa tres quintas partes del capital a disposición del Banco Asiático de Desarrollo (165 mil millones de dólares), el banco regional de desarrollo de 67 miembros (48 regionales y 19 extrarregionales) que se puso en marcha en 1966 bajo los auspicios del Banco Mundial.

Los principios rectores del AIIB serán “justicia, equidad y apertura”, en clara alusión al dominio aplastante de Washington en la gobernanza de la Arquitectura Financiera Internacional. Después de siete décadas de haberse llevado a cabo la Conferencia de Bretton Woods, el rol de Estados Unidos como gendarme del capitalismo global permanece incólume a pesar de su estancamiento económico y alto nivel de endeudamiento tanto público como privado. “Se podría pensar en esto como un partido de baloncesto en el que Estados Unidos quiere establecer la duración del juego, el tamaño de la cancha, la altura de la canasta y todo lo demás para adaptarse a sí mismo”, sentenció Wei Jianguo, ex ministro de Comercio de China.

En este sentido, las operaciones de los bancos regionales de desarrollo son fundamentales para comprender los alcances del “poder blando” (soft power). Desde su fundación, tuvieron como objetivo complementar las funciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial como entidades proveedoras de crédito. El combate a la pobreza y los programas de transferencias hacia los sectores más desfavorecidos de la población, sirvieron como instrumentos paliativos de las contradicciones del capitalismo periférico a fin de garantizar el protagonismo de Estados Unidos en la economía mundial. En otras palabras, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo, tuvieron como leitmotiv apuntalar la expansión de las Corporaciones Multinacionales (CMN) y al mismo tiempo, mantener acotada la esfera de influencia económica y política de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas (URSS) en los países del Tercer Mundo.

En plena Guerra Fría, el Banco Asiático de Desarrollo quedó bajo la órbita de los intereses geoeconómicos y geopolíticos de Estados Unidos con el apoyo incondicional de Japón. Tal y como ocurre con el FMI y el Banco Mundial, gobernados desde 1944 por europeos y estadounidenses respectivamente, Tokio conserva la presidencia del Banco Asiático de Desarrollo hasta la fecha. De manera aplastante, Japón y Estados Unidos se mantienen como los accionistas mayoritarios con 31.23 por ciento del capital suscrito y 25 por ciento del poder de voto. En contaste, China continental y Hong Kong poseen de manera conjunta 7 y 6.21 puntos porcentuales respectivamente.

Sin embargo, más allá de cuestiones relacionadas con la falta de representatividad, los proyectos de infraestructura representan un soporte clave sine qua non resulta imposible mantener altas tasas de crecimiento económico en el largo plazo. La acumulación capitalista en escala global se orienta cada vez más hacia el Este y el continente asiático requiere, urgentemente, movilizar recursos para conectar las cadenas regionales de valor, por ejemplo, a través de la “Ruta de la Seda del Siglo XXI”, un cinturón económico que incluye una extensa red de ferrocarriles de alcance continental que vinculará a China con Asia Central, Rusia, Europa y quizás Medio Oriente. Según las estimaciones del Banco Asiático de Desarrollo tan sólo entre 2010 y 2020 se requerirán 8 billones de dólares para proyectos nacionales y 290 mil millones de dólares para proyectos regionales en materia de infraestructura. Sin embargo, los préstamos otorgados por el Banco Asiático de Desarrollo por un monto de 10 mil millones de dólares en términos anuales, son abiertamente insuficientes para satisfacer el nivel de demanda de crédito.

Ante la desaceleración del crecimiento de la economía china a tasas inferiores de 8 por ciento y la creciente debilidad de la demanda externa, el financiamiento de proyectos de infraestructura a través del AIIB, dotaría a la integración asiática de un empuje sin precedentes y China gozaría de un acceso privilegiado a recursos naturales estratégicos y mercados de consumidores potenciales. China es hoy el primer socio comercial de la mayor parte de los países de la zona, entre ellos, India, Pakistán y Bangladesh, y el segundo de Sri Lanka y Nepal. En 2012, el comercio entre China y los diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) alcanzó un récord de 400 mil millones de dólares. Indudablemente, antes de que Beijing aspire a conquistar la hegemonía económica mundial, será necesario que consolide primero su liderazgo en el plano regional. Y no sólo en materia económica, sino a través de un mayor equilibrio geopolítico entre los países asiáticos a fin de mantener a raya la “doctrina del pivote” impulsada por el Pentágono y el Departamento de Estado.

Con todo y que Japón, Corea del Sur, Indonesia y Australia declinaron apoyar la puesta en marcha del AIIB por las presiones del gobierno de Barack Obama, el respaldo mayoritario del continente asiático no hizo sino poner de manifiesto que los esfuerzos de la Casa Blanca para debilitar la integración regional, resultaron extremadamente limitados frente a la diplomacia del yuan. En suma, la implementación de una nueva institucionalidad desafía de modo abierto los pilares de Bretton Woods y acentúa el proceso de transición hacia nuevas formas de gobernanza con eje en la regionalización financiera. Quizás en algún momento, la era estadounidense colapsará de manera inminente frente al brillo resplandeciente del crepúsculo asiático centrado en el ascenso multipolar de Beijing.

Ariel Noyola Rodríguez es miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Columnista de la revista Contralínea (México) y colaborador de la Red Voltaire (Francia).

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Mirando a Alberta (Canadá): Petróleo

Mario R. Fernández (especial para ARGENPRESS.info)

Días atrás presenciamos la esperada caída de los precios de las bolsas de valores, convertidas hoy más que nunca en un verdadero casino de apuestas. Y junto con la caída de los valores de la bolsa vino el desplome del precio del petróleo, una baja que puede dure tiempo, y que se habla de que ha de beneficiar a los países compradores de hidrocarburos e incluso a quienes lo producen pero tienen igualmente que comprar fuera porque no producen suficientes para abastecer su consumo. La caída del precio perjudica sin duda a productores y exportadores de petróleo y, algunos curiosos, se plantean las preguntas lógicas a qué se debe esta caída de precios. Pero mucho antes que aparezcan respuestas racionales se asoman damas y caballeros de la farsa dando explicaciones sin ningún sentido. No faltan los analistas que cuentan con medios periodísticos totalitarios al completo servicio de las élites, que lanzan las primeras explicaciones falsas y desinformaciones de todo tipo que son ampliamente difundidas, incluyendo algunas patrañas increíbles.

Por ejemplo, algunos dicen que el precio del petróleo ha bajado porque la OPEC está tratando de quitarle a Estados Unidos el mercado del petróleo de esquisto en Asia y Europa. Petróleo que según estos analistas Estados Unidos algún día va a exportar, lo que no puede ser más que una patraña porque Estados Unidos, si bien produce un poco mas de 8 millones de barriles de petróleo diarios con el de esquisto incluido, consume diariamente casi 19 millones de barriles de petróleo diarios, o sea que es un comprador de petróleo y no un exportador -de hecho es el mayor importador de petróleo del mundo y consume diariamente el doble de barriles de petróleo que China. Estados Unidos importa unos 8 millones de barriles diarios, cubre la diferencia entre su producción y su consumo con el condensado del gas natural -por eso, si no fuera por Canadá, Arabia Saudita, México, Venezuela y Nigeria sus principales abastecedores de crudo Estados Unidos colapsaría, si estos cinco países decidieran no venderle más petróleo a Estados Unidos el funcionamiento del país se detendría en un corto plazo, así es de simple. La otra espectacular mentira que ha lanzado la falsimedia es que la baja del precio del petróleo se debe al aumento de una preferencia por el consumo de energías renovables alternativas; esto es totalmente ridículo, imposible realmente, porque las energías alternativas no llegan al 4 por ciento del total de energía consumida en Canadá, Estados Unidos y Europa. Tampoco debemos olvidar que el petróleo es un recurso irremplazable por su complejo uso y que existe una total dependencia al petróleo en el mundo que vivimos. Los voceros de la falsimedia piden a coro que la OPEC -que organiza a los países productores de más o menos el 30 por ciento del petróleo mundial, llame a una reunión para tomar medidas de producción. Hablan de la misma OPEC que Estados Unidos, Canadá y Europa han continuamente desacreditado y difamado.

Cuáles son, entonces, las causas reales de la baja del precio del petróleo -baja que ha llevado a un descenso de más de 10 dólares el barril, promedio de los diferentes tipos de crudos en el mercado, en menos de un mes. Acaso una sea el enlentecimiento de la economía mundial que ha llevado a una disminución de la demanda de petróleo algo que la propia IEA (International Energy Agency ) ha expresado. Tampoco podemos olvidar la posibilidad de complot en la manipulación de los mercados como expresara el presidente ruso Vladimir Putin.

La baja de los precios del petróleo tiene consecuencias especialmente serias para los países productores de petróleos pesados, arenas bituminosas, petróleo de esquisto y de aguas profundas, dependiendo siempre de la calidad del crudo extraído en esos procesos. Aquí en la provincia de Alberta, Canadá, y en menor medida en la provincia de Saskatchewan, ambas productoras mayormente de petróleos pesados con alto costo de extracción y que requieren procesos de mejoramiento para convertirlos en crudos que son luego refinados. De estos petróleos no convencionales, el de más complicada producción de crudo es el que se extrae de las arenas bituminosas en el norte de la provincia de Alberta. Desde hace algún tiempo esta industria, que ha generado un auge en la economía provincial por segunda vez en 40 años, vive importantes contradicciones debido al costo de extracción que según las corporaciones se ha triplicado en los últimos 20 años. Considerando que las inversiones son unas de las más altas del mundo industrial, hasta la fecha se calcula en más de 200.000 millones de dólares incluyendo los oleoductos, no pueden ignorarse. Un barril de crudo de las arenas bituminosas, en general vendido como Western Canada Select, tiene un precio de aproximadamente 10 dólares menos que el Western Texas Intermediate, pero su costo de producción es de 60 a 80 dólares el barril, muy diferente costo que el del petróleo de Arabia Saudita o Argelia que cuestan entre 10 a 25 dólares el barril. Es por esto un problema grave para los productores de petróleo extraído de arenas bituminosas que el precio del barril de petróleo baje pues su costo es muy alto. Y es por esto que una baja del precio del petróleo mundial puede causar la cancelación de proyectos y forzar medidas para bajar gastos de operación de las plantas productoras, algo que seguramente ha de suceder también en otros lugares del mundo que explotan crudos de extracción costosa.

El gobierno Federal canadiense y el gobierno de la provincia de Alberta y representantes corporativos hace ya tiempo que buscan nuevos mercados para su crudo tanto como aumentar los mercados que tienen sea para el crudo o el pre-crudo de las arenas bituminosas. Han buscado mercados dentro de Canadá, hacia el este, tanto como fuera del país en Estados Unidos, Europa y Asia. En su afán han llegado a querer embarcar petróleo por el Puerto de Churchill en la Bahía de Hudson al norte de la provincia de Manitoba, desde donde se embarca actualmente buena parte del grano que Canadá exporta. Pero las empresas de transporte y operadoras del puerto no han aceptado hacerlo ya porque no tienen la capacidad específica o porque la ruta del ferrocarril es peligrosa y temen accidentes en el transporte de crudo. Obviamente no significa lo mismo transportar grano que petróleo.

El gobierno canadiense, federal y provincial, se ha puesto al completo servicio de las empresas petroleras pero no han logrado convencer a otros a favor de la construcción de oleoductos como el Northern Gateway, por ejemplo, un oleoducto hacia el Océano Pacifico para exportar petróleo a Asia, o como el proyecto de Keystone en la pradera de Estados Unidos, un oleoducto con dirección a Texas. Más factible seria la construcción de un oleoducto hacia el este canadiense, pero incluso este proyecto no ha sido aún posible debido a dificultades que tienen que ver con el medio ambiente o dificultades que tienen que ver con los costos de producción. Este último punto es siempre muy confuso y muy poco aclarado. Irónicamente fue durante tiempos de Pierre Trudeau Primer Ministro en los años 70 que el plan de usar el petróleo canadiense en Canadá y canalizarlo desde Alberta hacia el este emerge; fue creado con esta perspectiva de desarrollar el petróleo de Canadá para Canadá. Pero este proyecto Trudoniano fue virulentamente opuesto por las corporaciones petroleras entonces; y hoy, es resucitado por estas mismas corporaciones ya no como proyecto nacional sino en el contexto del imperialismo de la globalización, como una forma de asegurar mercados a las grandes corporaciones petroleras. Canadá produce más de 3 millones de barriles diarios, consume 1,5 millón y exporta casi 2,5 millones al tiempo que importa 700.000 barriles diarios de petróleo. Los números hacen visible una particular disfuncionalidad -resultado de una acción destructiva que los neoliberales canadienses favorecen en representación de los intereses corporativos desde los años 80 desde entonces destruyendo el proyecto de petróleo canadiense incluso la propia Petro-Canada desmantelada y hoy inexistente.

La provincia de Alberta ha atraído más de un millón de personas en los últimos 10 años alcanzando hoy una población de 4 millones de habitantes, en gran parte debido al crecimiento que las grandes inversiones en la explotación petrolera de las arenas bituminosas y a la inversión del gobierno provincial en infraestructuras y servicios, además de la expansión del comercio mayorista y minorista, finanzas, inmobiliario e incluso parásitos económicos vinculados a este aumento poblacional. Un alto nivel de desempleo muy bien camuflado y el aumento de empleo precario o mal pagado de gran parte del resto de Canadá ha atraído trabajadores e inmigrantes a la provincia de Alberta -desde la crisis industrial que en los años 70 cuando comenzó a cerrar fábricas y trabajos bien pagados que nunca se recuperaron, el crecimiento de empleo se ha dado en áreas de servicios no bien pagados y favoreciendo trabajos de tiempo incompleto bajo el lema de “flexibilización” laboral.

El poder económico y político está muy concentrado y en manos de la elite dominante que controla además la información, por lo que la mayoría de los habitantes del esta provincia y del país escuchan una misma voz, una misma ideología. En particular en Alberta el adoctrinamiento es tal que la población no puede ni siquiera imaginarse una baja del petróleo y cuando esta sucede tiene que imaginar que se debe a enemigos externos, no a la realidad de un mercado disminuido por la crisis económica y a elevados costos de producción que hacen que el petróleo de Alberta deje de ser competitivo. El Premier provincial también contribuye a mantener esa fantasía cuando explica que aunque hay preocupación por la baja del precio en el mercado la economía de Alberta “está blindada” -adjetivo muy usado por los y las fraudulentos optimistas. Si bien la vulnerabilidad de la economía provincial se hace crecientemente evidente, más vulnerable aún es la población de la provincia que vive una ilusión de eterno e imparable consumo. Individuos y familias participan activamente de un verdadero festín de consumismo, uno sin paralelos en la historia de esta provincia y en el presente de este país. La deuda promedio de una familia en Alberta es de 125.000 dólares con un aumento de más del 40 por ciento desde el 2013 (incluyendo la hipoteca y que más del 35 por ciento es arrendatario) y considerando que el promedio de endeudamiento en Canadá es de 72.000 dólares y que la deuda personal promedio en Alberta es de casi 40.000 dólares (sin incluir la hipoteca) y que compara con la deuda personal promedio en el resto del país que es de 24.200 dólares. Sin duda los albertanos gastan más de lo que ganan, reflejando la epidemia mundial de endeudamiento.

Cualquier respuesta que se dé a esta situación de baja del petróleo se acomoda a un marco de persuasión y propaganda. En Alberta, por ejemplo, un político o un representante de una empresa del petróleo puede presentarse, muy cínicamente, como admirador y hasta promotor de la protección del medio ambiente aunque obviamente representa a las corporaciones responsables de la destrucción de este. Las industrias de vehículos en Norteamérica continuamente expresan su interés por los autos eléctricos o los híbridos aunque en realidad estos representan apenas el 1 por ciento del total de automóviles vendidos en el mundo y aunque su meta fundamental es fabricar y vender vehículos de lujo, pesados y consumidores de enormes cantidades de combustible. Estos sin duda cuestan mucho más caros y producen mayores ganancias. Se ven por las calles de las ciudades de este país camionetas y suburbanas enormes, con motores casi de camiones, que se desplazan en la ciudad con un solo pasajero, el conductor. Son tan enormes que en los más de 35 años que vivimos aquí nunca antes habíamos visto similar. Nunca la grosería ha sido tan enorme ni tan flagrante, y la falsedad y el cinismo tan abierto. Otra falacia de estos personajes es expresar públicamente que su principal preocupación es la clase media, mostrando un total desprecio a los trabajadores del país hoy más empobrecidos gracias a sus políticas neoliberales. Me cansa escucharlos hablar continuamente de su amor por las pequeñas empresas o comercios, al tiempo que reciben prebendas de la gran corporación -justamente opuesta al pequeño comercio y al pequeño empresario. Es irrisorio verlos favorecer continuamente los grandes negocios y las multinacionales y escucharlos hablar de nacionalismo y del pequeño empresario.

Parece que en Canadá y Estados Unidos todo va, que cualquier patraña emergente de los consejos empresariales, figurados en sus instituciones pensantes (los famosos think tanks) y serviles políticos y publicados por su falsimedia se impone. La sociedad civil norteamericana no existe, simplemente. Nadie se reúne con nadie, nadie habla con nadie, nadie se interesa por nadie, ni por nada. Las fuerzas dominantes han logrado su meta muy exitosamente y con un alto nivel de domesticación, incluso en los sectores con mayor educación. Me corrijo, quizás es injusto hablar que nadie habla, piensa o hace, pero el peso de la tarea critica, del activismo social y político recae sobre un número muy minoritario, ese digamos 1 por ciento de la población que piensa, habla y hace, corre todos los riesgos de crear conciencia, su tarea es titánica, a veces pienso imposible, vivimos en sociedades sólo aparentemente democráticas, pero en realidad controladoras e intolerantes.

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Ley Hidrocarburos, evasión de impuestos, buitres petroleros, y pingüinos empetrolados

Javier Llorens (especial para ARGENPRESS.info)

El laxar una ley petrolera de un gobierno militar, cuyo contexto era un barril de petróleo a u$s 2, cuando actualmente es de u$s 100 -CINCUENTA VECES MÁS- y que no obstante preveía un impuesto a la renta especial del 55 % que hoy no se aplica, asumiendo además la incertidumbre y riesgo sísmico y ambiental del fracking, es un acto de despojo y desadministración demencial. Máxime si ella se extiende a favor de las mismas empresas que son responsables de la pérdida del autoabastecimiento petrolero, otorgándoles como premio de ello la entrega de las áreas que actualmente detentan, casi a perpetuidad o hasta su extinción, en lugar de haberlas revertidos por sus incumplimientos. Las que además se desenvuelven en un marco de absoluta impunidad impositiva y ni siquiera cumplen con el impuesto a la renta general del 33 %, perpetrando una masiva evasión de las rentas extraordinarias que han obtenido, como consecuencia del enorme aumento registrado en el precio del petróleo en la última década. Que ha hecho que la renta petrolera que se apropian los fiscos nacional y provinciales, ni siquiera llegue a un dígito. La que como si eso no fuera suficiente, está siendo sancionada a la sombra de sospechas de extorsión ejercidas sobre la presidenta de la Nación y sobre sus bienes por parte de los fondos buitres, a quien la ONU ha ordenado investigarlos para averiguar su accionar, y si son una pantalla de otros poderosos intereses. Lo cual en futuro podría demandar el enjuiciamiento no político, sino penal de los legisladores que la convaliden, al haber omitido cumplir con sus deberes como representantes del pueblo. Y que en abierto desacato a los intereses de este, practican una obediencia debida a una conducción ultraverticalista, propia de regímenes militares, que cada vez se parece más a la de un capitán enloquecido, que desesperado ordena tirar por la borda los bienes de la nave, en procura de salvarse de un inminente naufragio o desastre. Sin percatarse que lo está acelerando, dado que los codiciosos intereses concentrados de siempre, no toman esos obsequios como prenda de paz y amor, sino como muestra de debilidad que exacerba sus codicias, como sucede en todo chantaje. Por ello el Congreso tiene el ineludible deber de ponerle coto a la situación, en lugar de comportarse cómo cómplices bastardos de ella.



Contenido
- Introducción, de la entrega del suelo a la entrega del subsuelo
- Una ley absolutamente fuera de contexto
- Los dibujos contables del cartel petrolero
- Radiografía del opaco negocio petrolero a la luz de los guarismos de la AFIP
- Volumenes y precios
- Ventas
- Empleadores y empleados
- Remuneraciones
- Las sospechas que arroja el IVA
- La masiva evasión petrolera del impuesto a las ganancias
- La clave de la evasión petrolera: Otros gastos vinculados al costo
- El quid de la cuestión, cuanto le queda al pueblo de la renta petrolera
- La notable dicotomía entre las retenciones agrícolas y petroleras
- El desequilibrio de los cuatro poderes
- Introducción, de la entrega del suelo a la entrega del subsuelo

Antes que nada debo confesar que en el anterior escrito Vaca Muerta, la pérdida del autoabastecimiento petrolero, y el revoloteo de los buitres petroleros y financieros cometí un error, consecuencia del tratamiento exprés que se le dio a tan importante asunto. Al afirmar que se habrían eliminado las regalías al gas natural con la derogación del art. 62 de la Ley de Hidrocarburos, conforme el proyecto de la nueva ley. Las que en realidad han sido transferidas en este a un párrafo insertado en el artículo referido a las mezquinas regalías sobre el petróleo líquido, equiparándolas a las de este.

No obstante de que paralelamente el gobierno se jacta de que Vaca Muerta constituye la segunda reserva de gas natural de shale gas del mundo, y que con ella Argentina tendría abastecimiento asegurado por 400 años. Cuyas regalías al 12 % anual conforme el precio reconocido a Chevron, arroja un monto de más de u$s 700 mil millones, equivalente casi a dos años del PBI. Y trepa a cinco años del PBI si se considera el actual precio de importación de ese producto como GNL (Gas Licuado de Petróleo).

Lo cual, ante su enorme magnitud e importancia estratégica, debería haber llevado a un tratamiento particular de ese producto, en lugar de subsumirlo con el petróleo. Pero esta situación de plétora, parece ser el origen de la tragedia Argentina. Ya que la munificiencia abundante de bienes con que contamos, parecería habernos llevado a no otorgarles valor a ellos, pese ser enormemente codiciados en el resto del mundo. Y por ello los malbaratamos y mal disponemos, por no decir regalamos, lo cual a su vez suele traer graves consecuencias.

Eso paso con las legendarias pampas argentinas, a las que primero Bernardino Rivadavia puso como garantía de la deuda externa, y alquiló con la ley de enfiteusis a los prominentes amigos del poder de entonces. Luego Juan Manuel de Rozas perfeccionó esa política latifundista, al derogar esa ley, y entregarles en propiedad las tierras a los mismos inquilinos, entre los que se encontraba él y sus parientes, pese a que no habían cumplido con el pago de las rentas.

Luego Julio Argentino Roca, acorde con el plan inglés de hacer de Argentina su granja, coronó esa política, con un nuevo desplazamiento de la población aborigen, para entregarles más tierras a los acaparadores, especuladores y parientes y amigos del poder. Cristalizándose así una deforme tenencia de ella, que ha deparado hasta ahora serias consecuencias económicas y sociales. A contramano de la colonización llevada adelante en EEUU, que mas allá de desplazar igualmente a la población aborigen, al menos atinó a que las tierras explotables no quedaran concentradas en pocas manos de los amigos del poder, y se redistribuyeran en una población laboriosa.

Ahora trágicamente vuelve a repetirse la misma historia, pero no con el suelo, sino con el subsuelo propiedad del fisco. Que en el caso de la minería es acaparado y explotado por meganimeras extranjeras que pagan una ínfima regalía, que no llega al 2 %, a cambio de un enorme pasivo ambiental. Y en el caso del petróleo paulatinamente se fue abandonando la doctrina de la explotación estatal de Hipolito Yrigoyen y Enrique Mosconi, que se habían empecinado en no malbaratar el subsuelo, como se había hecho con el suelo. Advirtiendo este último el peligro que se avecinaba en el prólogo de su libro “El petróleo argentino 1922 – 1930”, en el cual parece estar hablando para la actualidad.

“Los grandes trust, particularmente la Standart Oil, de reputación funesta en su propio país, ponen en práctica en todas partes los mismos procedimientos para el acaparamiento y dominio de los yacimientos de petróleo. El oro de que disponen, y la falta de principios morales que los caracteriza, estimula las ambiciones malsanas, provoca la infidelidad y la traición -producida por el soborno- de funcionarios de todo orden y categoría; empleados subalternos de las reparticiones públicas que favorecen las gestiones administrativas de las compañías; abogados, a veces prestigiosos, del país en que operan, que las defienden, aún cuando contrarían los intereses de la Nación; ministros plenipotenciarios en Washington que se transforman en gerentes de filiales de la Standard Oil (o en abogados); políticos destacados que ambicionan altas posiciones públicas convertidos en procuradores de las poderosas organizaciones; magistrados que han juzgado en pleitos de las compañías se hacen sus defensores y perciben gruesos emolu
mentos; legisladores que se complotan para favorecer a las compañías petrolíferas; gobernantes que, súbitamente de enemigos acérrimos pasan a ser decididos defensores; ministros de Estado que traicionan a su patria no cumpliendo su deber y atentando contra el interés colectivo: son los inmorales y frecuentes episodios que incesantemente llegan a conocimiento público en México, Estados Unidos de Norte América, Colombia, ARGENTINA, etc. en torno de la desesperada lucha que se libra en torno del extraordinario mineral”.

De esa manera igual que en los tiempos de Rivadavia, Frondizi y luego Martínez de Hoz, cuyos progenitores presidieron la rural y acapararon una enorme cantidad de tierra, primero cedieron a compañías privadas áreas que había desarrollado YPF, mediante contratos de explotación con este. Las que posteriormente como en los tiempos de Rozas, Menem y Cavallo las transformaron en concesiones por 25 años, pese que se suponía que estas eran un premio a la exploración y descubrimiento, y no un regalo gratuito del príncipe soberano.

Y ahora imitando a Roca, como si se tratara de una nueva conquista, o un premio al incumplimiento manifestado previamente con el desabastecimiento, el kirchnerismo las prorroga indefinidamente, hasta que se extingan sus riquezas. Cobrándoles un módico plus de un 3 % en regalías por la primera prorroga, otro tanto por la segunda, y nada mas por las sucesivas. Las que en el caso del petróleo y gas no convencional, recién se harían efectiva en el 2055 y 2065 en adelante, a lo que cabe el dicho de Keynes, de que en el largo plazo todos estaremos muertos.

Plus de regalías que además podrían eludir mediante no pedir la prorroga, y concurrir a la licitación para una nueva concesión, sobre la que como ex concesionarios contarán con información privilegiada, al ser los únicos que conocerán realmente su subsuelo. Y ello sin tener en cuenta la estructura en red oligopólica con que funciona el sector, que les permitirá arreglar las licitaciones, en forma aun más fácil con que actualmente se arreglan las licitaciones públicas Permitiéndoles además acaparar sin límites áreas en exploración o explotación, que la ley vigente limitaba a solo cinco de ellas, y su plazo máximo de explotación con su prórroga caducaba a más tardar a los 35 años, y no indefinidamente como prevé el actual proyecto.

Una ley absolutamente fuera de contexto

En concreto, se está emitiendo absurdamente una ley enteramente fuera de contexto, como si los legisladores oficialistas vivieran 50 años atrás, en 1967, y fueran senadores y diputados del Frente para la Victoria del Gral. Onganía y el industrial Krieger Vasena. Confeccionada cuando el petróleo valía u$s 2 el barril, que ajustado por inflación hoy sería u$s 20 el barril, y preveía una regalía del 12 %, que podía reducirse hasta un 5 %, y ahora puede hacerse hasta menos de un 4 %.

La que no obstante preveía una tasa especial sobre la renta petrolera del 55 % (art 56 Ley Hidrocarburos). Que en los ´90 fue dejada de hecho sin efecto por Menem y Cavallo, reduciéndola a la tasa general del 35 %, que hasta ahora se mantiene. Siendo además otra notable carencia de contexto, el desconocimiento absoluto de los mecanismos de evasión y elusión de impuestos desarrollados por el sector petrolero, que se verán seguidamente, ante los cuales la AFIP parece estar enteramente en Babia. Y les permite pagar ínfimos montos por el impuesto a las ganancias, pese el notable aumento que han tenido en sus ingresos.

En concreto el quid de la cuestión es la renta petrolera, y quien disimuladamente se la lleva. Conforme el dicho de John Rockefeller, el legendario dueño de la Standar Oil -EXXON - MOBIL, quién decía hace un siglo que “el negocio más rentable del mundo, era una compañía petrolera bien administrada. Y el segundo negocio más rentable, era una petrolera mal administrada”. Y que sus inversiones las planificaba firmando cheques, como si fuera el Tío Rico. Como consecuencia de que el costo de los combustibles, llega a ser hasta menos del 10 % de su precio de venta al público. Generando así una enorme renta, que permite la autofinanciación de la actividad, potenciada por la modalidad de pago contado con que opera.

Ese viejo dicho del Tio Rico Rockefeller, ha cobrado ahora una notable actualidad, con el enorme aumento en el precio de los hidrocarburos registrados desde el 2000 en adelante. Cuestión que la troika de los ex secretarios de Energía, que proponen pomposamente establecer políticas de estado para el petróleo, se empeñan a toda costa en soslayar como si esa renta no existiera. Y para disimularlo se despachan hablando de generalidades siempre favorables a las compañías petroleras.

No siendo extraño que esa troika de ex, este liderada por Alieto Guadagni, el último secretario de Energía del Proceso Militar, que renegoció entonces los contratos de las petroleras con la YPF estatal, enteramente a satisfacción de estas. Y luego durante la democracia lo fue del presidente Eduardo Duhalde, y se olvidó enteramente de recordarle a este el mandato del Congreso de ponerle retenciones a los hidrocarburos, hasta que fue apercibido con una denuncia penal.

También está Julio César Araoz, secretario de Energía de Menem, que fue acusado de reducir los muebles robados a los desaparecidos en el campo de concentración de La Perla en Córdoba. De ser “íntimo amigo” del jefe del mismo, el capitán Héctor Vergez de tétrica figura. Y de colaborar con el batallón de inteligencia cordobés, dedicándose a chantajear a familiares de las victimas para que delataran a los amigos de estas, para así tener posibilidades de volver a encontrarlos con vida.

Figura también Julio Apud, que solo estuvo unos días en el cargo, en el interregno de dos semanas de Ricardo López Murphy como ministro de Economía en el 2001, previo al ascenso de Cavallo. Y Raul Ollocco que estuvo menos de 30 días en el cargo en 1989, durante la estrepitosa caída del presidente Alfonsín. Y Daniel Gustavo Montamat, que llegó a ese puesto con el presidente Fernando De la Rua, gracias a ser yerno de Conrado Storani.

El que a su vez fue otro opaco ex secretario de Energía, quién pese ser médico obstetra, ocupó ese puesto dos veces. La primera durante la reversión de la rescisión de los contratos petroleros, durante la presidencia de Illia. Y la segunda durante la presidencia de Alfonsín, en la que convalidó e incluso mejoró a favor de las petroleras, la renegociación de los contratos petroleros efectuada por Guadagni en los estertores del Proceso Militar. Luego lideró el acuerdo por el Beagle con Chile, para que las megapetroleras internacionales pudieran poner en explotación los yacimientos que detentaban en el estrecho de Magallanes.

En los ambientes políticos se sabe que el puesto de secretario de Energía, igual que otros puestos estratégicos de la administración pública, se “vende” a cambio de la financiación de la campaña electoral. Pero además todos los últimos nombrados son dueños de consultoras de energía, que tienen que tienen como rumbosos clientes a las compañías del sector petrolero, por lo cual en cualquier país serio del mundo, en vez de ser presentados como expertos, como hacen CLARIN y LA NACION, serían calificados como lobistas rentados de dudosa credibilidad.

Hay un dicho que segura que el error conlleva una doble ignorancia: la ignorancia de lo que se afirma, y la ignorancia de la propia ignorancia. Eso es lo que me sucedió al analizar de apuro una ley que se refiere a una riqueza equivalente a 400 años de consumo de gas natural. Pero no obstante se la subsumió junto las regalías del petróleo, y a la ley en cuestión se le dio un tratamiento intempestivo de solo una semana, lo cual es otra clara muestra de la enorme degradación que sufre Argentina. Pero dicho error también fue un acicate, para refrescar conocimientos del pasado referidos a la evasión de la renta petrolera, que es el quid de cuestión actual, siendo propio de la condición humana, llegar a la verdad por aproximaciones sucesivas, o sea por vía del error.

Los dibujos contables del cartel petrolero

La estructura cartelizada del sector petrolero tiene, entre otras, una curiosa evidencia proveniente de la época del último gobierno militar, durante el cual afianzo su estructura notablemente. Al haber sido los petroleros que hoy siguen cortejando al poder, los principales socios comerciales de ese sangriento y cruento Proceso Militar.

Ella consiste en el dibujo de sus balances o estados contables legales, durante el periodo entre 1979 al 1981. En los cuales en forma consolidada se repitió a lo largo de esos años, una ganancia consolidada por parte de sus principales empresas intervinientes, de exactamente un cinco por ciento; conforme se puede verificar en el siguiente cuadro, cuyos datos se pueden constatar en el ranking anual de empresas publicado por la revista Mercado:



De esos guarismos, provenientes supuestamente de empresas independientes entre sí, surge un constante y exacto resultado en una tasa de ganancia clásica de Utilidades sobre Ventas, fija e invariable, del 5,000 anual con tres decimales. Pese a las enormes variaciones en las cifras de ventas nominales, que se incrementaron un 152 % en 1980, y un 92 % en 1981, fruto de la elevada inflación de entonces, como para que la Bolsa y la DGI AFIP, no se preocuparan demasiado por ese sector.

Resulta evidente a todas luces que ese resultado solo puede provenir de un "dibujo contable", o sea de un hecho determinístico y no aleatorio, como sería de suponer. Lo cual indica la existencia de una contabilidad consolidada paralegal, y de un refinado sistema de evasión impositiva, a los efectos de poder dibujar ese módico resultado para el conjunto del cartel.

Al que no obstante se puede arribar fácilmente, mediante la curiosa modalidad de socios - competidores que adoptó dicha actividad tras el shock petrolero de 1983, que decuplicó (multiplicó por 10) el precio del petróleo, y elevó sideralmente las ganancias del mismo. La que cual tiene su manifestación en la red o maraña de UTEs (Unión Transitoria Empresas) con que se desenvuelve el sector, conforme se puede visualizar en los sociogramas que se encuentran en el escrito antes referido.

En concreto, esa maraña o red de UTEs opera como vasos comunicantes, que conjugados con los cierres diferidos de sus balances legales, que están lejos de coincidir en una misma fecha, permiten mantener a sus Ganancias e incluso sus posiciones de IVA en el aire. Sin que se reflejen en la fotografía puntual de sus estados contables para una determinada fecha, distinta para cada uno de los integrantes del cartel.

El instrumento para también es muy concreto, son las ahora famosas facturas apócrifas, que han salieron a la luz con motivo de su uso por el socio del poder Lázaro Baez, pero están lejos de haber sido inventadas por este. Las que consisten simplemente en prestaciones ficticias, que nunca se realizaron, pero le permiten al pagador de ellas inflar gastos o costos, y generar créditos de IVA, con las que se pueden hacer múltiples combinaciones. No siendo casual que en el listado publicado recientemente por la AFIP, aparezcan petroleras como YPF, ESSO; EXXON, DAPSA, QUITRAL CO, etc. Aunque la emisión de las mayorías de ellas en el sector petrolero no provendrían de usinas del extra sector, sino de firmas del intra sector.

Radiografía del opaco negocio petrolero a la luz de los guarismos de la AFIP

Del cotejo de los Anuarios de Estadística Tributaria de la AFIP del 2001 y 2013, que brindan datos de los años 2000 y 2001, y 2012 y 2013 respectivamente, y de los datos que suministra la Secretaría de Energía en cuanto a precios y cantidades, surge que el negocio petrolero se ha tornado muy prospero. Con un notable y sostenido aumento en sus precios, que aun no ha cesado, que ha compensado con creces una notable disminución de algunas de sus cantidades. Pero que no obstante a generado una bajísima tributación, que no alcanza a ser ni la mitad del 2001.

Volumenes y precios

En el upstream (exploración y extracción) la cantidad de petróleo extraída disminuyo un 36 % entre el 2000 y 2013 (pasó de 42,8 a 27,6 millones m3) mientras que el gas natural bajo un 8 % (de 37,7 a 35,8 miles de millones m3). En TEP (Toneladas Equivalentes Petróleo) incluyendo los rubros menores de Gas licuado de petróleo y Gasolina y Condensados, la disminución fue de un 21 % (pasó de 75 a 60 millones).

Pero esta disminución de cantidades, fue compensada con creces con los precios internos. Al aumentar el petróleo entre el 2001 y el 2013 un 1.604 % en pesos, y un 216 % en dólares (pasó de u$s 23,3 a u$s 73,6 el barril, calculado con un dólar a $ 5,4 promedio anual) o sea un nivel cercano al precio internacional actual. Por su parte el gas natural aumento un 702 % en pesos, y un 49 % en dólares (pasó de u$s 45 a u$s 67 el millar de m3). Lo cual expresado en TEP equivale a un aumento del 1.353 % en pesos y un 170 % en u$s (pasó de u$s 119 a u$s 282 la tonelada), evolución con la cual cualquier actividad en Argentina se sentiría muy conforme.

En cuanto al downstream (Elaboración y Comercialización de combustibles) el volumen de venta entre 2001 y 2012 subió un 34 % en las motonaftas (pasó de 4,2 a 5,7 millones m3), y bajó menos un 12 % en Kerosene y Aerokerosene (pasó de 1,6 a 1,4 millones) menos un 21 % en Gas Oil y Diesel Oil (pasó de 10,8 millones a 8,6 millones) y menos un 82 % en Fuel Oil (pasó de 0,5 a 0,1 millón m3). Lo que representa una caída en el volumen comercializado de esos principales productos del 7 % (de 19,2 a 17,8 millones m3).

Y nuevamente con los precios sucede todo lo contrario. El litro de nafta súper a mayoristas sin impuestos aumentó entre el 2001 y el 2013 un 1937 % en pesos y un 260 % en dólares (pasó de $/u$s 0,34 a $ 6,59 y u$s 1,22). Y el litro de Gas Oil grado intermedio aumentó un 1.826 % en pesos y un 239 % en dólares (pasó de $/u$s 0,28 a $ 5,11 y u$s 0,95). No obstante lo que significa un notable transferencias de impuestos a favor de las petroleras, y no del consumidor como se dice generalmente, esos aumentos no se reflejaron enteramente en el precio en el surtidor. Ya que la nafta súper tuvo ínterin un aumento del 918 % en pesos, y del 71 % en dólares (pasó de $/u$s 1 a $ 9,19 y u$s 1,71). Mientras que el gas oil intermedio tuvo un aumento de 1.219 % en pesos y 127 % en dólares (paso de $/u$s 0,6 a $ 7,3 y u$s 1,36).

Ventas

De esa manera las ventas totales declaradas a la AFIP por el sector petrolero aumentaron entre el 2001 y el 2013 un 1.516 % en pesos y un 200 % en dólares (pasaron de $/u$s 22 mil millones a $ 361 mil millones y u$s 67 mil millones). Superando incluso el sustancial crecimiento físico que tuvo el país, cuyas ventas crecieron ínterin un 1.450 % en pesos y un 188 % en dólares. Pese la notable reducción del volumen físico que registró el sector petrolero, cuyo crecimiento lo hizo a fuerza de precios.

En el mercado interno, las ventas del sector treparon un 1.683 % en pesos y un 231 % en dólares (pasaron de $/u$s 27 mil millones, a $ 329 mil millones y u$s 61 mil millones) mientras que las ventas totales del país subieron un 1.438 % en pesos y 186 % en dólares. O sea que superaron el nivel de estas, pese la dismución del volumen físico. E incluso del número de firmas intervinientes en el sector, que se redujeron un 6 %, al pasar de 5.967 firmas a 5.742 firmas. Evidenciado esto la concentración del sector, que detenta el 7 % del volumen total de ventas del país, con solo el 0,7 % del total de firmas. Y por su parte las exportaciones se incrementaron un 54 %, al pasar de u$s 4 a u$s 6 mil millones, equivalente a un 7,4 % del total del país.

No obstante el upstream superó esas cifras ya que sus ventas crecieron un 1.695 % en pesos, y un 233 % en dólares (pasaron de $/u$s 12,5 mil millones a $ 226 mil millones y u$s 42 mil millones). Siendo notable en este sector el crecimiento de las firmas dedicadas a servicios petroleros, pese a la reducción de su actividad, las que se incrementaron un 76 % (pasaron de 282 a 497) con un incremento en su facturación del 3.458 % en pesos y del 561 % en dólares (pasaron de $/u$s 1.013 millones a $ a 36 mil millones y u$s 6,7 mil millones). Poniendo esto en evidencia una agresiva política de tercerizaciones, que como se verá, es una de las maneras de inflar los costos para no tributar ganancias, cuya incidencia en el upstream pasó de un 8 % en el 2001, al 16 %, o sea el doble en el 2013.

En el dowstream se da a la inversa una reducción de su incidencia en el total del negocio, ya que paso de representar el 44 % del sector en el 2001, a solo el 37 % del mismo en el 2013. Poniendo esto en evidencia el traslado de la renta petrolera del dowstream al upstream, o sea de la refinación y comercialización, hacia la extracción del petróleo, actividad sobre la que se está legislando, para aumentarla aún más.

En el downstream entre el 2001 y 2013, hubo una disminución de las firmas intervinientes en un 9 % (pasaron de 5.465 a 5.000). Siendo esa disminución proporcionalmente mucho mayor en el refino, donde se redujeron un 28 % (pasaron de 138 a 108) que en la Comercialización, con estaciones de servicio incluidas, que registro una merma del 8 % (pasaron de 5.328 a 4.892). Siendo esto otra muestra de la concentración del sector.

Por su parte las ventas totales del dowstream aumentaron un 1.285 % en pesos, y un 157 % en dólares (pasaron de $/u$s 9,8 mil millones, a $ 135 mil millones o u$s 25 mil millones). Acrecentando por su parte la comercialización su participación, que pasó de un 52 % a un 57 %, con un aumento en sus ventas de 1.414 % en pesos, y del 181 % en dólares (pasaron de $/u$s 5,1 mil millones, a $ 78 mil millones, o u$s 14 mil millones. Y por su parte el refino aumento sus ventas en un 1.144 % en pesos, y un 131 % en dólares (pasaron de $/u$s 4,6 a $ 58 mil millones, o u$s 10,7 mil millones). Y además aumento sus exportaciones en un 146 %, las que pasaron de u$s 0,78 mil millones, a u$s 1,9 mil millones.

Empleadores y empleados

El análisis de los indicadores referidos al personal entre el 2001 y el 2013 es otra notable muestra de la bonanza en la que se desenvuelve el sector petrolero. En los grandes números ella se refleja en que en el 2013 tenía el 0,75 % de los empleadores, pero detentaba el 1,8 % de los empleados del país. Cuando en el 2001 eran el 1,12 % de los empleadores y detentaban el 1,5 % de los empleados.

O sea que su participación como empleadores decreció un 33 %, a la par que su participación en el empleo creció un 18 %. Habiendo aumentado solo un 2 % los empleadores (pasaron de 4.175 a 4.275) pero un 59 % los empleados (pasaron de 72.227 a 114.853). O sea que la casi la misma cantidad de empresas aumentaron sustancialmente sus empleados, en un marco de gran crecimiento de empleadores (pasaron de 371.950 a 571.064 en total, con un crecimiento del 54 %). Lo que vuelve a evidenciar la concentración con la que se desenvuelve el sector.

En cuanto al upstream específicamente, los empleadores crecieron un 71 % (pasaron de 221 a 378) mientras que los empleados crecieron un 174 % (pasaron de 18.942 a 51.985) lo que no se condice para nada con la notable caída en la producción que registra este subsector. Y la mayor incidencia de ese crecimiento la aportan las empresas de Servicios relacionadas con la extracción de petróleo, que crecieron un 90 % (pasaron de 157 a 298) y no la de Extracción de petróleo, que crecieron solo un 24 % (pasaron de 65 a 80). Habiendo registrado las primeras un crecimiento de empleados del 304 % (pasaron de 8.295 a 33.484) contra un crecimiento de las segundas de solo un 74 % (pasaron de 10.646 a 18.501) lo cual evidencia a las claras la notable tercerización de la actividad que se produjo ínterin.

Por su parte el downstream muestra por contrario un estancamiento, dado que los empleadores decrecieron un 1 % (pasaron de 3.953 a 3.897) mientras que los empleados crecieron un 18 % (pasaron de 53.285 a 62.868). La mayor incidencia en ese desarrollo lo aporta el subsector de la comercialización, donde los empleadores disminuyeron un 1 % (pasaron de 3.875 a 3.825) mientras que los empleados crecieron un 24 % (pasaron de 45.634 a 56.555). Por contrario en el subsector de la refinación disminuyeron los empleadores un 8 % (pasaron de 78 a 72) mientras que los empleados cayeron un 17 % (pasaron de 7.652 a 6.133).

Remuneraciones

La evolución de las remuneraciones del sector petrolero son otra notable muestra de la bonanza que atraviesa el sector, pese la notable caída en sus niveles de producción. La masa salarial para el total del sector registró entre el 2001 y el 2013 un aumento del 1.510 % en pesos y del 358 % en dólares (pasó de $/u$s 1,08 miles de millones a $ 28,5 miles de millones, o u$s 5,3 mil millones). Teniendo no obstante en el 2013 una participación de solo el 7,9 % sobre el total de ventas, que no obstante es sensiblemente superior al 5,9 % registrado en el 2001.

Pero es en el upstream donde se registran los mayores aumentos, pese la caída física de esa actividad, ya que allí masa salarial arroja un aumento de 3.750 % en pesos y 625 % en dólares (pasó de $/u$s 0,55 mil millones, a $ 21,4 mil millones, o u$s 4,0 mil millones). Repartiéndose esta última suma en u$s 1,6 millones para la Extracción, con un aumento del 320 %, y u$s 2,4 mil millones para los Servicios, con un aumento del 1.260 %. Lo que nuevamente habla a las claras del proceso de tercerización de la actividad, que registró en el 2013 un 59 % de la masa salarial tercerizada, cuando en el 2001 solo era del 31 %.

Por su parte en el downstream se registró un aumento del 1.220 % en pesos, y del 290 % en dólares (pasó de $/u$s 0,53 mil millones a $ 7 mil millones o u$s 1,3 mil millones) repartiéndose esta suma con u$s 0,3 mil millones para el refino, con un aumento de solo el 65 %, y 1,0 mil millones para la comercialización, con un aumento del 208 %. Lo que habla a las claras del estancamiento en la refinación de combustibles, que pasó de una participación del 38 % en el 2001 en la masa salarial de este subsector, a solo el 22 % en el 2013.



En cuanto las retribuciones promedio del sector, se pueden apreciar en el cuadro adjunto los notables aumentos que registraron desde el 2001, concentrados sobre todo en el upstream. Y también la enorme dispersión que tienen ellas, que pasan de un promedio mínimo de $ 8.000 y u$s 1.500 en el sector de Comercialización, semejante al del promedio del país, hasta un nivel de $ 39.000 o u$s 7.260 en la Extracción. Donde además se registran los mayores aumentos desde el 2001, que casi llegan a duplicar el promedio del país, mostrando esto la enorme bonanza de ese sector, adonde se ha traspasado la renta del petróleo.

Párrafo aparte merecen los aportes a cargo del empleado, y sobre todo las contribuciones a cargo del empleador. Los primeros aumentaron en el total del sector un 1.760 % en pesos, y un 250 % en dólares (pasaron de $/u$s 0,143 mil millones, a $ 2,7 mil millones, o u$s 5 mil millones). Pero los correspondientes al upstream aumentaron un 2.360 % en pesos y un 360 % en dólares (pasaron de $/u$s 73 millones a $ 1,8 mil millones o u$s 336 millones).

Pero a estos números lo superan largamente las contribuciones, que evidencian la generosidad de los petroleros en relación a la fuerza sindical, con el claro objeto de cooptarla a su favor. Lo cual se manifiesta en la ausencia de toda crítica y el apoyo explicito dado a la patronal, en cuestiones estratégicas para el sector, como el contrato con Chevron y la actual ley de hidrocarburos.

Ellas aumentaron en el total del sector un 2.610 % en pesos y un 400 % en dólares (pasaron de $/u$s 158 millones, a $ 4,3 mil millones o u$s 800 millones). Pero las correspondientes al upstream aumentaron un 3.890 % en pesos y un 640 % en dólares (pasaron de 79 millones a 3,2 mil millones, o u$s 585 millones).

En términos per cápita en el total del sector aumentaron un 1.600 % en pesos, y un 217 % en dólares (pasaron de $/u$s 2.196 a $ 37.509, o u$s 6.965). Por su parte las correspondientes al upstream aumentaron un 1.490 % en pesos, y un 180 % en dólares (pasaron de $/u$s 4.103 a $ 63.898, o u$s 11.865).

Las sospechas que arroja el IVA

No obstante el notable aumento en el precio registrado entre el 2001 y 2013 de los productos que surgen de las extrañas de la tierra, reseñados previamente, en el cotejo de la posición de IVA del sector petrolero entre ambos años, surge una notable y sospechosa regularidad. Como si esos productos minerales hubiesen surgido de las entrañas de la tierra con un crédito del IVA bajo el brazo, para neutralizar el debito del IVA que deparaba el gratuito mayor valor agregado a esos productos por efecto del precio.

En concreto el Debito fiscal del total del sector petrolero se incremento entre el 2001 y 2013 14,34 veces en pesos (pasó de $ 5,4 mil millones a 77,4 mil millones). Pero contra lo que era de esperar, el Crédito por el mayor valor agregado de lo extraído aumento aún mas, 14,56 veces (pasó de $ 4,76 mil millones a 69,3 mil millones). Por lo que la relación Débito/Crédito apenas varió de 1,13 en el 2001, a 1,12 en el 2013, e incluso descendiendo en vez de aumentar como era de esperar. Cabiendo apuntar al respecto que en el total de la economía, esa relación se mantuvo estable en 1,23 veces en ambos años, o sea bastante más arriba que la del sector petrolero.

En cuanto al upstream la estabilidad fue aún más notable, contra lo que cabía esperar, ya que el Débito aumento 21,48 veces (pasó de 2 mil millones a 42,8 mil millones). Mientras que el Crédito aumento 21,35 veces (pasó de $ 1,65 mil millones a $ 35,3 mil millones) conservándose en consecuencia con una mínina variación una relación Débito/Crédito de 1,21, parecida al de la economía en general.

Esto es consecuencia de que por un lado al revés de lo esperado, en la Extracción hubo mas aumento de Crédito que Débito, ya que el primero aumento 20,92 veces (pasó de $ 1,5 mil millones a 31,5 mil millones). Mientras que el Débito aumento solo 19,76 veces (paso de $ 1,8 mil millones a 35,3 millones) por lo cual la relación Débito/Crédito bajó notablemente de 1,19 a 1,12, en forma absolutamente contraria a lo que era de esperar.

Por su parte los servicios para la extracción lo hicieron a la inversa. El Débito fiscal aumento 36,36 veces (pasó de $ 0,207 mil millones a $ 7,5 mil millones). Mientras que el Crédito solo lo hizo 25,7 veces (paso de $ 0,148 MM a $ 3,8 MM). O sea que paso de una relación Débito/Crédito de 1,4 a 1,98, acorde con lo que supuestamente debería haber sucedido con la extracción, pero en un volumen mucho mayor.

Estos indicadores están señalando por donde se escurriría la renta petrolera sin su debida tributación. Que no sería otra cosa que mediante facturaciones apócrifas, sin que haya existido la correspondiente prestación. Que en la práctica permiten pagar como máximo a través del IVA, una tasa de ganancia subrepticia del 17,35 % (1/1,21-1), que es la mitad de la tasa de ganancia general del 35 %. Y menos de la tercera parte de la tasa especial del 55 % establecida en la ley de hidrocarburos vigente, pero que no se encuentra vigente.

Por su parte en el downstream también los Créditos aumentaron más que los Débitos. Los primeros lo hicieron 14,99 veces (pasaron de 1,55 mil millones a 23,3 mil millones) mientras que los Débitos lo hicieron 14,5 veces (pasaron de 1,7 mil millones a 24,7 mil millones. Por lo que la relación Débito/Crédito pasó 1,10 en el 2001 a 1,06 en el 2013, con un estrechamiento del margen de utilidad. Cifra que corresponde esencialmente al Refino, que pasó de una relación de 1,01 a 0,93 superando los Créditos a los Débitos, mientras que la Comercialización bajo levemente de 1,19 a 1,18.

La masiva evasión petrolera del impuesto a las ganancias

Las sospechas que arroja la evolución del IVA, se confirma plenamente al analizar las ganancias y los costos del sector petrolero, que en los Anuarios Estadísticos de la AFIP del 2001 y 2013 corresponden al ejercicio fiscal del 2000 y 2012 respectivamente. Por un lado, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las ganancias declaradas difieren sustancialmente entre las personas físicas y sociedades. Y además mientras las primeras aumentan sustancialmente entre el 2000 y 2012, las segundas se reducen sustancialmente en el mismo periodo.

Tanto en el cuadro y gráfico adjunto se puede ver que en el 2000 las Personas físicas declararon ganancias del 2,3 %, 11,4 %, 5,8 %, 13,1 %, y 2,1 % sobre ventas, en relación al Total petróleo, Extracción, Servicios, Refino, y Comercialización respectivamente. Frente a una ganancia del 6,5 % y del 4,5 %, respecto el Total de actividades y Explotación de minas y canteras.

Y en el año 2012 acorde al sustancial aumento de la materia prima, esas ganancias suben sustancialmente , y pasan respectivamente a ser 17,6 %, 21,7 %, 17,9 %, 24,1 %, y 16,7 %, habiéndose multiplicado en promedio 7,74 veces la ganancia del sector. Frente una ganancia del 13,7 y 17,3 % en el Total de Actividades y Explotación de minas y canteras, que también subieron entre 2 y casi 5 veces.



No obstante en las Sociedades, que concentra el 90 % de la actividad, se registró extrañamente todo lo contrario. Ya que en el año 2000 las ganancias fueron del 7,3 %, 13,3 %, 2,9 %, 0,2 %, y 0,7 % sobre ventas en el Total petróleo, Extracción, Servicios, Refino, y Comercialización respectivamente. Frente a una ganancia del 2,1 % y del 11,4 %, en el Total de actividades y Explotación de minas y canteras, respectivamente.

Pero en el año 2012 en forma inversa al sustancial aumento de la materia prima, ellas se reducen sustancialmente, y pasan respectivamente a ser 3,3 %, 4,7 %, 2,8 %, y 1,1 %, y 1,6 %, habiéndose disminuido un 54 % la ganancia promedio del sector. Pese que curiosamente aumentaron las ganancias del dowstrean 3,44 veces, pero a la par que inexplicablemente las del upstream disminuyeron un 64 %.

Esto se dio frente una ganancia del 3,0 % y 5,4 % en el Total de Actividades y Explotación de minas y canteras, registrándose en consecuencia un aumento del 51 % en la primera, y una caída del 53 % en la segunda, por la incidencia del sector petrolero. Indicando claramente esto que hay algo podrido, no en Dinamarca, sino en la tributación de la actividad hidrocarburífera argentina, y también en la minera, que pese a los sustanciales aumentos de las materias primas que se han registrado, han visto caer inexplicablemente sus ganancias.

Esto se ve visualizado elocuentemente en el gráfico adjunto, en donde las declaraciones de ganancias de las Personas físicas en la actividad petrolera, que crecen sustancialmente entre el 2000 y 2012, se convierten en testigos de la enorme evasión impositiva sistematizada por las Sociedades dedicadas a las actividades petroleras y mineras, que a la inversa decrecen sustancialmente entre esos años. Asimetría producida seguramente por los riesgos penales que afrontan las personas físicas por los delitos de evasión, que pueden ser diluidos o dispersados en las sociedades anónimas, sin tanto riesgo personal.



La clave de la evasión petrolera: Otros gastos vinculados al costo

El agujero por donde el sector petrolero evade las ganancias, parece estar directamente relacionado con el rubro Otros Gastos vinculados al costo. Respecto el cual lamentablemente la AFIP no informa en su Anuario Estadístico del 2001, ya que lo hace recién desde el 2008, por lo que no se puede repetir la metodología comparativa concretada hasta ahora.

No obstante en el siguiente grafico se visualiza la tremenda importancia que adquiere ese rubro estrictamente hablando, en relación a las ventas en el caso del upstream. Ya que en la extracción del petróleo ellos trepan nada menos que al 47 % de las ventas, cuando en el Total de Actividades solo llega al 13 %, y en la Extracción de minerales no metáliferos solo es del 15 %.

Siendo por lo tanto el subsector petrolero, y específicamente el Upstream el que levanta la proporción al 40 % en el sector de Explotación de minas y canteras. Y al 29 % en el Total petróleo, como promedio con el Dowstream, que solo registra un 1 % de Otros gastos vinculados al costo, contra el 44 % promedio que ostenta el Upstream.

A su vez en el cuadro subsiguiente se ha estimado el posible monto de evasión en juego por parte del sector petrolero en el año 2012, en base a ponderar que los Otros gastos vinculados al costo del Upstream, tienen una incidencia real del 15 % sobre ventas, igual que el correspondiente a la Extracción de minerales metalíferos no ferrosos (megamineras del cobre, oro, y plata, etc). Cálculándose de esa manera por diferencia con los montos declarados, y una alícuota del 35 %, el monto del impuesto a las Ganancias evadido.



Del mismo surge que existiría en el Upstream un impuesto a la Ganancia evadido del orden de los u$s 3,5 mil millones, habiéndose declaro efectivamente solo u$s 1,5 mil millones. Lo que representa un monto total de ganancias de u$s 5 mil millones, con una tasa de evasión del 70 %, y una rentabilidad real sobre ventas por parte del Upstream del 15 %.



El cual resulta superior al 12,5 % declarado por el Upstream en el año 2000, pero inferior al 19 % declarado por las Personas físicas para ese mismo subsector en este mismo año 2012. Que incluso en la Extracción se eleva al 21,7 %, y se ve promediado hacia abajo por los Servicios, que detenta una tasa de ganancia del 17,9 %. Y en base a estos parámetros el impuesto a la ganancia total podría elevarse a u$s 7,1 mil millones, llegando la evasión en este a un 79 % del mismo.

Dicha cifra equivale a nada menos que 2,7 veces el monto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el año 2012. Y además, si en vez de aplicar la alícuota general de ganancias del 35 %, se aplicara la tasa especial del 55 % prevista en la ley de hidrocarburos (art 56) el monto de ganancias en cuestión treparía a los u$s 11,2 mil millones, equivalentes a 4,2 AUH.

Ciñéndose a las cifras arrojadas por el cuadro, en el mejor de los casos una ínfima parte del monto de evadido del impuesto a las ganancias de u$s 3,5 mil millones, equivalente a 1,3 veces la AUH, podría haber vuelto como IVA, con una tasa efectiva de tributación sobre los montos evadidos del 17,4 %, conforme la incidencia de la tasa del IVA del 21 %. Lo que equivale a u$s 0,6 mil millones, quedando de tal manera un monto de evasión neto de u$s 2,9 mil millones, equivalente a poco mas de una AUH de ese año.

Pero si se considera la referida tasa especial prevista en la ley de Onganía y Krieger Vasena, que hoy no se aplica, el monto total del impuesto treparía a u$s 7,8 mil millones equivalentes a tres AUH. El que restándole los ingresos tributarios canalizados a través del IVA y el impuesto a las ganancias declarados por los petroleros, se reduciría a u$s 5,7 mil millones, equivalentes a 2,2 AUH.

En concreto, en términos socioeconómicos, la evasión y elusión en ganancias por parte de los petroleros por fraude contable, y no aplicación de la alícuota especial prevista en la ley de hidrocarburos, supone un monto que equivale anualmente a entre dos y cuatro AUH, que actualmente beneficia a 3,5 millones de niños, y 1,8 millones de adultos en situación de carestía extrema.

Muy otra sería la situación de estos, y de todos los argentinos en términos de seguridad y paz social, si esos dineros se recaudaran efectivamente, y se redistribuyeran en los más necesitados de la sociedad, y/o se destinaran a sustentar fuentes de empleo dignos que eleven su nivel social el bienestar general.

Párrafo aparte merece la labor de la AFIP y su supuesto sistema de control por parámetros de la actividad, que parece estar enteramente desenervado en relación al rumboso y muy próspero sector petrolero, ya que como dice el cancionero, “Poderoso caballero es Don don don Dinero”. Pero que celosamente pesca en una pecera, recaudando el impuesto a las ganancias que cae actualmente sobre los empleados en blanco de medianos ingresos. Como consecuencia de la actualización de las escalas y alícuotas.

El quid de la cuestión, cuanto le queda al pueblo de la renta petrolera

Conforme lo expuesto, la imagen de la portada donde un buitre hace retroceder al ministro Axel Kicillof, que pierde hasta su calzado en el retroceso, para quedarse con la bolsa, es lamentablemente una vívida metáfora de la actual situación. En la que conforme la imagen vecina, los antes orgullosos pingüinos parecen haber quedado atrapados y empetrolados.

En septiembre pasado el precio de paridad del combustible importado puesto en el sur de Sudamerica, era de u$s 0,795 el litro de nafta súper, y de 0,792 el del Gas Oil intermedio.

Mientas que en las estaciones de servicio el precio sin impuesto de esos especímenes en la Capital Federal, según datos de la Secretaría de Energía, era de $ 6,692 y $ 6,728. O sea u$s 0,7966 y u$s 0,8009 respectivamente. Por lo cual evidentemente el precio de los derivados de petróleo interno, sigue fielmente el nivel internacional.

Esos mismas especímenes tenían a su vez un precio de venta al público, que incluye márgenes del expendedor, ITC (Impuesto a la Transferencia Combustibles), Ingresos Brutos, IVA, etc, de $ 11,45 para la nafta súper, y $ 10,4 para el Gasoil intermedio. O sea un recargo del 71 % y 55 % respectivamente, a cargo de los sufridos bolsillos argentinos.

Por lo tanto actualmente ni el ITC, que en el 2013 recaudó $ 31 mil millones, ni el IVA son parte de la renta petrolera, sino que son tributos adicionales sobre esta, a cargo del consumidor final. Y de esa manera la renta petrolera se reduciría en esencia a las regalías petroleras, el impuesto a las ganancias, y los derechos de exportación (retenciones).

En circunstancias en que el petróleo aumento diez veces su valor, entre el nivel mínimo registrado en la década de los 90, y los máximos de la década actual. Hasta llegar a un pico de u$s 125 el barril del WTI, manteniéndose hasta ahora con oscilaciones, en un nivel de u$s 100 el barril, frente a costos de producción históricos que rondaban entre u$s 6 y u$s 10 el barril. O sea que claramente en el mundo del petróleo, al menos en el convencional, lo que realmente importa no son los costos, sino la renta.

No obstante en el año 2012, además del impuesto a las ganancias de u$s 1.738 millones declarados por el sector, este pagó otros u$s 2.119 millones en concepto de regalías hidrocarburíferas a las provincias. Al que se puede agregar un monto de u$s 530 millones, en concepto de ingresos brutos, tomando una alícuota del 3 % generalizada para todas las provincias.

Respecto a los derechos de exportación, por un lado no se consigue información desagregada de ellos en la web, y por el otro lado la consulta efectuada al mecon, es como recorrer un laberinto de derivaciones, en donde ni siquiera funciona la dirección de contacto de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Pero a su vez esa recaudación, como se verá seguidamente, ha sido malversada a los efectos de subsidiar a la misma actividad petrolera, mediante la emisión de Certificados de Crédito Fiscal que podían ser aplicados al pago de esos derechos.

De tal manera la renta petrolera recolectada en el año 2012, treparía a un monto de u$s 4.387 millones, contra ventas por u$s 52.166 millones, representando solo un módico 8,4 % de ellas. Por debajo incluso del mezquino 12 % fijado para las regalías por la ley de Onganía y Krieger Vasena, que se ha visto ratificado con la modificación que se pretende aprobar. Siendo este un monto enteramente inicuo para compensar la extracción y uso de una riqueza no renovable, que de esa manera solo será aprovechada por algunas generaciones, sin dejar nada para las futuras.

La notable dicotomía entre las retenciones agrícolas y petroleras

Se señaló previamente la total carencia de contexto histórico del actual proyecto de ley. Y otra notable carencia de contexto, es la dicotomía en que incurre el gobierno en cuanto a los derechos de exportación, o retenciones agrícolas y petroleras. Las que supuestamente, según sus tonantes discursos durante el conflicto con el campo en el 2008, eran indispensables para poder captar las “rentas extraordinarias”, y nivelar los precios internos con los externos.

Pero en el curso del tiempo, el gobierno se empeñó en mantener las retenciones agrícolas, a la par que, primero indirectamente y luego directamente, se encargó de ir rebajando las retenciones petrolera, hasta hacerlas actualmente nulas o insignificantes. Pese a que las primeras provienen de los frutos del suelo privado. Mientras que las segundas provienen de los recursos del subsuelo que pertenece al estado, y que además no son renovables. Y por ende es la renta que a toda costa debería tratar de capturar, por una cuestión de justicia actual e intergeneracional.

La dicotomía alcanza hasta a la fórmula de cálculo de unas y otras, ya que las retenciones agrícolas se calculan agravadamente, en forma distinta a lo preceptuado para todas las exportaciones en el Código Aduanero, incluyendo el petróleo. Dado que las alícuotas de las agrícolas, impactan directamente en el precio bruto de venta, mientras que en las restantes se considera que en el precio ya está incluida la retención, y en consecuencia la alícuota impacta en el precio neto de retenciones.

Lo cual da un resultado enteramente distinto, dado que una retención del 35 % sobre un valor 100 en el sector agrícola, arroja un precio final de 65. Mientras que la misma alícuota en las restantes exportaciones sobre un valor 100, da un precio final de 74. O sea que solo sería del 26 %, conforme la metodología empleada en el cálculo de las agrícolas.

En el 2007, con motivo del pico que alcanzó el precio del petróleo, el gobierno inauguró las retenciones semi móviles, poniendo un precio de corte a las exportaciones de petróleo de u$s 42 el barril, quedándose el estado con todo lo que superara esa cifra si el precio del petróleo superaba el precio de referencia de u$s 60,9 el barril (resolución ME 394/2007).

Establecía además una alícuota del 45 %, si el precio de referencia estaba por debajo de ese nivel, lo cual equivalía a una retención del 31 % según el cálculo de las agrícolas. Con un petróleo internacional a u$s 85, esas retenciones semi móviles representaban una alícuota del 102 %, que los petroleros refregaban a los productores agrícolas. Pero que calculada con la metodología de las agrícolas era solo del 50,5 %.

Seguidamente en el 2008 pretendió aplicar las retenciones móviles a los productos agrícolas, y en especial la soja, con la famosa resolución 125. Lo que hizo estallar una rebelión fiscal lindante con una civil, ante la que el gobierno se empeñó en no retroceder, hasta que finalmente el Congreso falló en su contra.

Pero a fines de ese mismo año el gobierno comenzó con el desfalco de las retenciones del petróleo, con el plan Petróleo Plus y Gas Plus, destinados a fomentar la exploración y explotación de hidrocarburos. Por el cual sus beneficiados recibían Certificados de Crédito Fiscal que podían aplicar al pago de las retenciones (Decreto 2014/08 y Resolución ME 1312/08). Llegando incluso el gobierno al extremo de permitir que no se pagaran efectivamente ellas, con la promesa de una entrega futura de esos Certificados.

Luego a mediados de 2012, tras la privatización de YPF, la secretaría de Energía con una resolución escrita para el grupo Bulgheroni - Pan American - Bridas, dispuso otorgar una compensación retroactiva de u$s 28 el barril para determinados grandes productores y exportadores de petróleo (Resolución 438/2012). Con lo cual el precio de corte se elevó en la práctica a u$s 70 el barril, o sea similar al precio de referencia establecido en el 2007. Con lo cual la retención, al menos para algunas megapetroleras, con un petróleo a u$s 85 el barril, bajó al 21 %. O al 17,6 % si se la calcula conforme las agrícolas.

Pero a fines de ese año tras quedar firme el fallo del juez Griesa, y tras nuevos conciliábulos con los Bulgheroni dueños de Bridas – Pan American, el gobierno derogó esta última medida. Y estableció directamente un nuevo valor de corte de u$s 70, y un valor de referencia de u$s 80 (Resolución 1/2013 ME). O sea que con un petróleo a u$s 85 el barril, generalizó para todos la alícuota de 21 % establecida para determinados amigos del poder. O de un 17,6 % si se la calcula según las agrícolas.

No obstante el gobierno mantuvo declamativamente para la tribuna la alícuota fija del 45 %, si el petróleo supuestamente bajaba de los u$s 80 de referencia, contando con la seguridad de que esto no pasaría, ya su precio rondaba alrededor de u$s 100 el barril. Engaño que se trasunta por los mismos considerandos de la resolución, en el que se sostiene que la resolución se dicta para garantizar “un nivel de rentabilidad similar entre el petróleo de exportación y el destinado al mercado interno”.

Con lo cual el gobierno abjuró enteramente a su discurso referido a las retenciones, referido a un bien de propiedad pública, aunque no lo hizo con las retenciones agrícolas, que son bienes de propiedad privada. Pero lo que se esperaba que no sucediera sucedió, dado que con motivo de la crisis de Ucrania con Rusia, con el chavismo en Venezuela, y las andanzas con Irán, el petróleo se mandó o lo mandaron por debajo del precio de referencia de u$s 80 el barril.

Y así a la par que el Senado sancionó el proyecto de ley petrolera, el gobierno como si se tratara de una nueva ofrenda de paz y amor a los petroleros, se vio obligado a sincerar la situación. Reduciendo la alícuota virtual del 45 % que no pensaba a aplicar, a un 13 % si el precio de referencia baja de u$s 80 el barril, manteniendo así un precio de corte de u$s 70. A un 11,5 %, si baja de u$s 75 el barril. Y a un 10 %, si baja de u$s 70 el barril (Resolución ME 803/2014).

Las cuales en término de retenciones agrícolas representa unas insignificantes alícuotas del 11,5 %, 10,3 %, y 9,1 %, respectivamente, que si se concediera a los productores agrícolas, estos saltarían en una pata de contentos. Pero además hay otro aspecto que revela la iniquidad de ese doble rasero tributario. Que es la baja relativa de los productos en cuestión, ya que en dos años la soja se precipitó casi a la mitad de su valor (pasó de u$s 645 a 335 la tonelada, menos 48 %). Precio que incluso en base a las retenciones móviles de la resolución 125, la alícuota que debería tributar hoy no sería del 35 %, sino del 31 %. Y paralelamente el precio del petróleo WTI solo se redujo un 25 % (pasó de u$s 108 a u$s 81).

Con lo cual los pingüinos empetrolados cumplen con el dicho de Perón, “para los amigos todo, para los enemigos ni justicia”. Pero la conducta del gobierno tiene un atenuante objetivo. Puede renunciar supuestamente a los ingresos de las retenciones sobre el petróleo, porque ya no los tenía, al haber sido malversados con los Certificados de Crédito Fiscal. Pese al mandato del Congreso en la ley de Emergencia del 2002, que continua vigente, de que debían ir a reforzar la situación financiera y pago de deuda. Pero no puede renunciar a las retenciones de la soja, por su enormemente delicada situación financiera y fiscal.

El desequilibrio de los cuatro poderes

Para algunos interpretes de John Locke, como el profesor de filosofía Felipe Gimenez, este esbozo una división de poderes, no de tres, sino de cuatro poderes. Siendo para Locke el poder supremo el Legislativo. Ya que lo esencial es el hacer leyes; y las leyes no pueden ocasionar perjuicio. "El poder de la sociedad o el poder legislativo, no podrá nunca extenderse más allá de lo necesario para el bien común". Es el más importante, pues tiene que hacer leyes a las que todos estarán sometidos. Es el poder supremo del Estado, algo sagrado e inalterable.

Deberá legislar igual para todos y tendrá por origen, la necesidad de conservar la libertad y la propiedad de los miembros de la comunidad. Como dignidad, el poder supremo del Estado. Como exigencias, legislar igual para todos, sin exención de miembro alguno de la comunidad. Buscar el bien común en el respeto al derecho de todos a la vida y a la propiedad.

A su vez las prerrogativas del Ejecutivo están limitadas en forma precisa por Locke. Es un "poder confiado al Príncipe para que provea al bien público en los casos que dependen de circunstancias imprevistas e indeterminadas y que no se pueden, por este hecho, reglar, en forma segura, por leyes fijas e inmutables."El poder Ejecutivo y el poder Legislativo no deben estar reunidos en las mismas manos, pero el poder legislativo es superior al ejecutivo. Es "el alma que da vida, forma y unidad al Estado."

Por ende el Poder Legislativo no puede transferir la facultad de promulgar leyes, pues el pueblo le ha otorgado al Legislativo el poder de hacer leyes. Las leyes exigen una ejecución y una observancia perpetua. Es necesario que haya otro poder que de ello se ocupe. Es el Poder Ejecutivo subordinado al Legislativo. Y el poder Ejecutivo debe dar cuenta de sus decisiones al Legislativo.

Es así incluso donde el poder legislativo no es permanente, y sí lo es la persona que encabeza el ejecutivo, puesto que si ésta viola la ley no tiene ningún derecho a ser obedecida. Esa persona es solamente el símbolo, la imagen o representante del Estado, que actúa por voluntad de la sociedad, tal como declaran las leyes, y no tiene otra voluntad ni otro poder que los de la ley. De esa forma quedó definida la monarquía constitucional: lo contrario no es sino tiranía y usurpación de poder. Que sucede también cuando los legisladores no legislan, sino convalidan como escribanos lo que dicta el Ejecutivo.

O sea exactamente lo que sucede en la democracia Argentina, en donde el Legislativo se ha subordinado al Príncipe o Princesa de ocasión. Y más aún actualmente, con una mínima mayoría o primera minoría, que sanciona leyes exprés, sin el menor análisis ni discusión con el pueblo o fuerzas vivas. Para satisfacer los caprichos del Príncipe o la Princesa, o demostrar a terceros la autoridad que sobre ellos goza el Príncipe o la Princesa. Invirtiendo así el predicado de Locke, "mientras el gobierno subsiste, el poder supremo es el Legislativo, porque quien puede imponer leyes a otro ha de ser, por fuerza, superior".

Locke distingue un tercer poder que lo llama federativo, encargado de representar a la comunidad frente a las demás, y ante los individuos ajenos a ella, y que es el competente para decidir las alianzas, la guerra y la paz, y las transacciones internacionales. Es un poder moral que actúa principalmente en situaciones de crisis y emergencias, y tendría facultades de intervención en los otros poderes cuando esto sucede.

Papel que en Argentina cumplieron en un tiempo las fuerzas militares, y que hoy en cierta medida lo cumple el cuarto poder de la prensa. Con su capacidad de crear estados de opinión o conmoción pública, o de efectuar linchamientos mediáticos de funcionarios o gobernantes.

Pese a que Locke no lo nombró directamente, apareció luego la necesidad de contar con el Poder Judicial, quedando redondeados así los cuatros poderes. Los que en Argentina hace tiempo que han defeccionado, todos ellos. Ya que nunca la Justicia actúa contra el Príncipe o la Princesa gobernante, al menos hasta que abandone el poder, y menos aún contra los poderes económicos locales o extranjeros. Y por contrario hoy se predica la necesidad de una justicia militante, digitada a través del control del Consejo de la Magistratura. O como se trata de implementar ahora en la Nación, y ya sucede en provincias como Córdoba, a través de la manipulación de sus fiscales.

Por su parte la prensa está aparentemente dividida entre ultra opositores y ultra oficialistas, practicando ambas un periodismo militante, a las órdenes de editores dictadores. Que cumplen fielmente el mandato de los propietarios y mecenas, y los intereses que medran en torno de estos. Y que no obstante comparten zonas obscuras, de las que ambos no hablan con franqueza ni profundidad, como son las cuestiones financieras y petroleras, razón por la que ambas han sido invisibilizadas para el pueblo.

En este proceso de degradación y abyecciones, el que ha llegado más abajo es el Poder Legislativo, que ha aceptado una inversión absoluta de los roles pensados por Locke, al punto de ser solo un instrumento para que el Poder Ejecutivo ejerza el Poder Legislativo, a través de múltiples e interpósitas personas. Cualquiera que sean las intenciones del Príncipe o la Princesa, o la situación de chantaje o extorsión a la que está pueda estar sometida. Sin poner así en la práctica, obstáculo o muro alguno a las pretensiones de chantajistas o extorsionadores. Y donde los tonantes discursos de la Princesa referidos a la inclusión social, son directamente proporcionales a la entrega de los recursos que permitirían lograrla.

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Argentina: Sobre la Ley de Hidrocarburos

PLATAFORMA 2012

El grupo de intelectuales congregados "a partir de una necesidad social de configurar un pensamiento crítico", cuyo grupo promotor integran -entre otros- Héctor Bidonde, José Emilio Burucúa, Roberto Gargarella, Diana Kordon, Darío Lagos, Rubén Lo Vuolo, Maristella Svampa, Osvaldo Tcherkaski y Enrique Viale difundió hoy un durísimo documento contra el proyecto de Ley de Hidrocarburos que esta semana comenzará a tratarse en Diputados, y llamó a los legisladores a no aprobarlo.

El siguiente es el texto completo del "llamado a la sociedad y a la reflexión de los legisladores":

"Ante la inminente aprobación por parte del Parlamento Nacional de la Ley de Hidrocarburos, desde Plataforma 2012 queremos expresar nuestro rechazo a dicha ley, la cualconsolida la entrega de nuestros bienes naturales, por la vía del despojo y el saqueo económico. Invocamos el derecho a la información y a la participación de la sociedad en el debate de una ley tan importante, que condiciona nuestro futuro como nación, rechazando de plano el trámite antidemocrático que impulsa el oficialismo. Llamamos a la reflexión a los y las diputada/os nacionales, quienes tienen este miércoles 29 de octubre una oportunidad histórica de rechazar esta ley y exigir que se abra un amplio debate democrático sobre el tema, para así evitar ser cómplices del despojo a los bienes públicos que esta ley representa.

"Como ha sido ampliamente publicitado, Argentina es uno de los países que cuenta con mayor potencial de gas y crudo de esquistos junto a EEUU y China. Desde la sanción de la denominada ley de Soberanía Hidrocarburífera, en mayo de 2012, con la cual el Estado tomó el control del 51% de las acciones de YPF, el gobierno publicitaba que su objetivo era el autoabastecimiento que se obtendría, entre otras medidas, con la explotación masiva de yacimientos no convencionales.

"En mayo de 2012, desde Plataforma 2012 elaboramos un primer documento crítico sobre el tema. Entre otras cuestiones, allí sostenemos que esa ley no proponía cambio alguno del marco regulatorio ni avanzaba hacia la nacionalización de los hidrocarburos; que no se trataba de una verdadera estatización de la empresa y que, de este modo, no se resolvían las cuestiones centrales de la crisis energética de una matriz productiva basada en hidrocarburos. Con esa ley el problema energético continúa reduciéndose al abastecimiento de hidrocarburos al tiempo que siguen desestimándose otras posibilidades con respecto a las energías limpias y renovablescomo así también dentro del limitado universo de los combustibles fósiles.

"También señalamos que en esa ley no existía ninguna disposición sobre los pasivos ambientales producidos por el accionar de Repsol y sus socios. Y que si estos pasivos ambientales sólo eran usados para reducir el precio a pagar por la expropiación de las acciones de la multinacional, los daños terminarían siendo trasladados colectivamente a la sociedad. Asimismo, cuestionamos que el gobierno apostara a la vía de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, a través de la fractura hidráulica o fracking, en tanto se trata de una metodología muy controversial por sus impactos ambientales, socio-sanitarios y territoriales.

"Insistiendo con nuestra preocupación en estos temas, en julio de 2013 nos pronunciamos críticamente sobre el bochornoso convenio entre YPF y Chevron, denunciando la falta de conocimiento público de sus contenidos y el preocupante escenario creado para la destrucción del ambiente y el sacrificio de nuestros territorios a partir de lo poco que trascendió del mismo. Realizamos incluso un llamamiento a los legisladores neuquinos del oficialismo nacional y provincial, quienes el 31 de agosto del pasado año –en un escenario de represión y sin conocer la totalidad de las cláusulas-, aprobaron el convenio firmado entre YPF y Chevron.

"Dos años después de que el gobierno y sus aliados iniciaran este camino en materia energética, los hechos reconfirman que el déficit energético sigue sin resolverse mientras avanzó la aplicación del fracking en las provincias de Neuquén y Río Negro, pero impulsado principalmente por YPF: el anunciado aluvión de inversores no se concretó ni tampoco los niveles de producción resultaron tan promisorios. En breve, otra vez estamos frente a un negociado entre el Estado y corporaciones privadas multinacionales basado en la explotación de recursos colectivos y sin ningún beneficio para el pueblo argentino.

"El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo que busca aprobarse en estos días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevron. Incluso, con la misma pluma que la legislación minera de la década de los 90, esta norma empeora las condiciones, por diversas razones, que pasamos a enumerar:

1- Se reducen los requisitos que, en su momento, por la vía del Decreto Nacional 929/13, se otorgaron a la empresa Chevron: este decreto abre la posibilidad de exportar el 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional y girar las utilidades al exterior a partir del quinto año de iniciado, en proyectos que demandarán una inversión de 1000 millones de dólares. La reforma actual contempla los mismos beneficios para proyectos de 250 millones de dólares, esto es, la cuarta parte de lo exigido por el controvertido decreto. Estas exenciones son inadmisibles cuando el país se encuentra e n emergencia energética.

2- En función de garantizar la seguridad económica de los grandes actores empresariales del sector, el proyecto de Ley limita el tope del 12 % de regalías a las empresas concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos. Asimismo, se eliminan trabas a la concentración oligopólica y, en lo que representa una inédita entrega del patrimonio nacional en la historia del país, por esta la ley se otorgarán concesiones a las empresas por décadas. Incluso,se habilitan mecanismos en la explotación de hidrocarburos no convencionales a perpetuidad pues las concesione s de áreas a 30 o 35 años pueden prorrogarse por otros diez años, lo que en realidad implica que pueden extenderse en forma indefinida. También se propone la explotación a gran escala de los yacimientos de la plataforma continental, y de los crudos pesados. Asimismo, los proyectos que soliciten concesión de explotación dentro del plazo de 36 meses de entrada en vigencia de la ley, podrán pedir una reducción de hasta el 25% del monto de las regalías durante los 10 años siguientes a la finalización de la etapa piloto.

3- Desnudando sin tapujos la entrega del patrimonio colectivo que implica este proyecto, se prohíbe expresamente el establecimiento de nuevas áreas de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, en las cuales las provincias y el estado Nacional tengan participación, cualquiera sea su figura jurídica. Es decir, el Estado (nacional y provincial) se auto-excluye explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera en sus propios territorios, así como renuncia al control público de la actividad hidrocarburífera.

4- YPF continúa siendo sociedad anónima sin control, donde el Estado no posee el 100% de las acciones pese que pagó 6.000 millones de dólares por la expropiación de las acciones de Repsol. Este elevado costo para el Estado argentino se pagó pese a que el propio gobierno había denunciado que las irregularidades cometidas por Repsol y los pasivos ambientales ocasionados en territorio argentino, eran motivo para no pagar ninguna indemnización. Las cláusulas de “desistimiento, renuncia e indemnidad” establecidas en el convenio entre YPF-Repsol, no sólo eximieron de responsabilidad a ésta última empresa, sino que terminaron socializando los pasivos ambientales que son y serán pagados por el conjunto de la ciudadanía.

5- La ley pretende “legalizar” la explotación de hidrocarburos no convencionales, clausurando cualquier debate sobre la cuestión de la técnica del fracking y sus impactos económicos, sociales y ambientales, respondiendo así a los intereses de las corporaciones nacionales y multinacionales. Esto es evidente al observar que, luego de la aprobación en la legislatura neuquina del convenio entre YPF y Chevron, la ofensiva publicitaria llevada a cabo por el gobierno a favor del llamado “fracking seguro” ha sido de tal magnitud, que las voces disidentes hoy tienen escasos espacios para expresar sus posturas. El déficit energético generado durante este gobierno así como la intensa campaña comunicacional que busca asociar empresa nacional, soberanía energética y defensa de los hidrocarburos no convencionales, han tergiversado la gravedad del problema en cuestión, cerrando los caminos a un debate democrático sobre el mismo. Lo cierto es que a nivel internacional, sólo hay malos antecedentes y una gran incertidumbre en estos temas, algo que el gobierno argentino y las corporaciones asociadas al mismo buscan denegar y obturar a través de una publicidad tramposa y emotiva que apela tanto al nacionalismo como a una visión cientificista unilateral.

6- El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios que habitan los territorios explotados y por explotarse, tal como establece el convenio 169 de la OIT, incluido en nuestra Carta Magna y las Constituciones provinciales. Vaca Muerta, por ejemplo, está lejos de ser un territorio vacío como pretenden las autoridades provinciales y nacionales, pues en él se asientan más de veinte comunidades mapuches que hoy reclaman su derecho a ser consultadas y que seguramente serán afectadas por el avance de la explotación del yacimiento. Asimismo, es repudiable la estigmatización de los grupos defensores de los derechos ambientales y de las organizaciones indígenas (quienes han sido tratados en Neuquén incluso por el gobernador y la vicegobernadora, como “terroristas ambientales”). Por último, hay que destacar el encapsulamiento de los conflictos en el nivel local y el silenciamiento de los accidentes: sólo en los últimos cinco meses hubo dos explosiones en pozos de tight gas en Allen, Río Negro; la pérdida de dos pastillas radioactivas en pozos de Neuquén y una grave fuga de gas en un pozo de shale gas en Loma Campana, el corazón de Vaca Muerta.

7- El proyecto de ley no posee ninguna disposición ambiental a pesar de que el Congreso Nacional tiene, a través del artículo 41 de la Constitución Nacional, la potestad de establecer normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.

En nuestro país, las poblaciones ya comenzaron a organizarse y manifestar fuertes resistencias al avance de la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Esto explica que, entre diciembre de 2012 y octubre de 2014, se sancionaron unas cuarenta ordenanzas municipales que prohíben el fracking en distintas localidades del país, que incluyen 6 provincias, con Entre Ríos y Buenos Aires a la cabeza, seguidas de Mendoza, Río Negro, Chubut y Neuquén. Pero al igual que sucede en otros ámbitos, la lucha es local y muy asimétrica, por lo que las grandes ciudades y gran parte de la población viven ajenas y desconectadas de esta problemática nacional y global. Esto explica en gran medida la escasa movilización de la sociedad argentina en las grandes urbes, ante una ley tan importante y de consecuencias tan graves para el futuro de los argentinos, cuyo impacto se hará sentir por décadas, cuando en otros países proyectos de esta naturaleza han abierto hondos conflictos y movilizaciones en la sociedad, propiciando un verdadero debate democrático.

Por estos y otros motivos, desde Plataforma 2012 rechazamos la pretensión de aprobar este nuevo avance en una política energética, que consolida la entrega de nuestros bienes naturales, no resuelve el déficit y las deficiencias de la matriz energética, profundiza la concentración económica y abre espacios para negociados de todo tipo a costa de nuestro territorio y del bienestar de la población. Frente a ello, sostenemos la necesidad de trazar una estrategia de desarrollo energético al servicio de los intereses del país, de la salud y el bienestar de su población que necesariamente implica cambios profundos para lograr un d esarrollo económico verdaderamente sustentable.

Por lo expuesto, instamos a los diputados/as a rechazar esta ley que el gobierno pretende aprobar de forma antidemocrática, que compromete nuestra soberanía y condiciona nuestro futuro. Exigimos la apertura de un debate amplio y plural, que asegure la representación de todos los sectores sociales. Asimismo, nos solidarizamos con los pueblos originarios, las organizaciones sociales, asambleas y vecinos que hoy luchan en defensa de la vida, el ambiente y el territorio en nuestro país".

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