lunes, 3 de noviembre de 2014

Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (18): Base privada y nacional de datos transparenta asesinatos de la policía

PROYECTO CENSURADO

Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Aunque la Oficina Federal de Investigación (FBI) informa regularmente cuántos oficiales de policía mueren en el cumplimiento de su deber, nadie lleva algún registro sobre cuántos civiles asesina cada año la policía.

Reconociendo este significativo vacío de registros públicos de muertes civiles a manos de agentes de la autoridad, D. Brian Burghart, redactor del Reno News & Review y profesor de periodismo en la Universidad de Nevada, decidió crear una base pública de datos de acceso libre.

“¿Cómo podríamos no saber en 2014 cuánta gente mata cada año en las calles nuestro gobierno?” Y puso en marcha Encuentros Fatales [http://www.fatalencounters.org/], un sitio web que “registra y cuenta cuándo los polis sesgan vidas” e “invita al público a que ayude a construir la base de datos”. Según el reportaje de Bethania Palma Markus en Truthout ha compilado una lista de agencias de policía en todo el país para facilitar solicitudes públicas de registro sobre incidentes fatales.

El editorial de la página web asegura que "Encuentros Mortales está destinada a ayudar a crear una base de datos de todas las muertes a través de la interacción de la policía en EEUU desde el 1 de enero de 2000. Una gran parte se basará en solicitudes de información pública, pero la mayor parte de ella -la parte que le dará sostenimiento después de construida- será la colaboración multitudinaria para mantener actualizada la base de datos. Para ayudar, por favor vaya a la hoja de cálculo maestra para encontrar incidentes en la investigación de personas asesinadas por la policía antes de 2013. Marque el apellido de la víctima en la base de datos para ver si él o ella ya han sido incluidos. Por último, para añadir su investigación sobre personas asesinadas por la policía, llene el formulario".

La periodista Bethania Palma Markus contó una pequeña historia para atraer lectores a su nota sobre “Encuentros Mortales”:

Aiyana Jones y Eugene Mallory no parecen haber tenido mucho en común. La niña negra Jones tenía 7 años, estaba en primer grado escolar en Detroit, con una vida entera su disposicion. Mallory tenía 80 años, era blanco y, después de trabajar como ingeniero para Lockeed Martin, vivía su retiro en un suburbio de Los Ángeles. Lo que ambos tienen realmente es la muerte violenta, repentina, a manos de policías.

Aiyana fue asesinada a tiros durante una incursión sobre su casa en 2010, y Mallory murió a tiros en una incursión sobre su casa en 2012. Ambos eran inocentes de cualquier crimen, pero ellos están lejos de estar solos. Las pistas policías informan cuando sus miembros resultan muertos en la línea del deber, pero rechazan registrar cuántos civiles estadounidenses son asesinados por laa policía. Pero si los datos locales sirvieran como una guía, el número no es pequeño. Sólo en el Condado de Los Ángeles, los policías dieron muerte a un promedio anual de 41 personas entre 2007 y 2013.

Una iniciativa similar se necesitaría en cualquiera de nuestros países.

Fuente:
Bethania Palma Markus, “Journalist Calls for Accountability in Police Killings,” Truthout, March 18, 2014, http://www.truth-out.org/news/item/22538-journalist-calls-for-accountability-in-police-killings.

Estudiante investigador:
Shasha-Gaye Santiago (Indian River State College)

Evaluador académico:
Elliot D. Cohen (Indian River State College)

*) Ernesto Carmnona, periodista y escritor chileno, jurado internacional del Proyecto Censurado.

Ver también:
- Hoy se publican las 25 noticias más censuradas en 2013-2014
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (02): Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (03): La gran prensa ignoró denuncia de WikiLeaks sobre el Tratado Trans-Pacífico (TTP)
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (04): Corporaciones proveedoras de Internet amenazan su neutralidad
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (05): Banqueros de Wall Street tienen apoyo pese a sus crímenes mayores
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (06): Estado profundo. “Gobierno sin referencias al consentimiento del gobernado”
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (07): FBI ignoró planes contra líderes Occupy mientras la NSA y el gran capital daban golpes a los disidentes
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (08): Grandes medios ignoran conexión entre clima extremo y calentamiento global
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (09): Hipocresía mediática de Estados Unidos en la cobertura de la crisis de Ucrania
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (10): OMS suprime informe sobre cánceres y defectos de nacimiento en Irak
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (11): Mega corporaciones y multimillonarios financian y dirigen las conclusiones de los think thanks
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (12): El Pentágono rebalsa dinero pese a severos problemas de auditoría
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (13): Un caso judicial desafía la inm[p]unidad de la industria nuclear en accidentes nucleares
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (14): Se acumulan pruebas del peligro para la salud por el uso de tecnología inalámbrica
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (15): Pretenden criminalizar el cuerpo de la mujer embarazada mediante reportes médicos obligatorios de abortos involuntarios
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (16): Pollos muertos en el “Bucle de Retroalimentación del Forraje” en la industria de la carne
-Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (17): 2016 encontrará a Gaza sin agua potable

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El mundo se desdolariza

Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

“La incertidumbre de los mercados financieros internacionales, el estancamiento de la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la fragilidad de la recuperación económica mundial son los factores determinantes del avance de los diversos mecanismos de cooperación financiera liderados por China, la internacionalización del yuan y la desdolarización global, que marchan en paralelo”.

Así lo sostienen Oscar Ugarteche, economista peruano que trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, (México) y Ariel Noyola, columnista de la revista Contralínea (México) y colaborador de la Red Voltaire (Francia), en un artículo que titulan Yuan, moneda clave de la desdolarización global.

Inicialmente, la desdolarización está llamada a amortiguar los efectos de la volatilidad de los tipos de cambio, las tasas de interés y los mercados de valores. Luego, la marcha del yuan alcanzará una dimensión sistémica y enfrentará al dólar en una dura batalla por conseguir reconocimiento global. Actualmente, más de cuarenta bancos centrales mantienen el yuan como referencia en la acumulación de reservas junto a las divisas dominantes (el dólar, el euro, el yen japonés y la libra esterlina).

Cuando en 1999 comenzó a circular el euro, los bancos centrales mantenían un 70% de sus reservas en dólares y, a finales del pasado año 2013, la divisa estadounidense representaba el 60%. En cambio, en las cuentas del FMI, en ese mismo período de 15 años, el rubro “otras divisas” creció de 1.62% a 6.51%, por efecto del peso creciente del yuan chino.

Según los autores del estudio, la fuerza principal para la internacionalización del yuan chino está en la expansión comercial de Beijing, que ya tiene acuerdos con unos 25 bancos centrales y ha creado un mercado global del yuan.

En cambio, el principal desafío que enfrenta el yuan radica en que China es un país con doble superávit (cuentas corriente y capital) y no inyecta yuanes a la economía mundial, situación que desaconseja guardar yuanes físicos. Para revertir esa situación, China ha abierto una cuenta de capital que pone el yuan a disposición de inversionistas foráneos, lo que ha multiplicado por diez en los últimos cinco años los depósitos en yuanes.

No obstante, esta apertura hace más vulnerable a China frente a los vaivenes especulativos y los procesos indeseables de apreciación que ya están teniendo lugar.

El proceso de internacionalización del yuan ha contado con un apoyo importante en Europa. Luego que, tras los bancos de Alemania, Francia y Luxemburgo que iniciaron en Europa el comercio del yuan, se incorporó a la corriente la City de Londres con la primera emisión de bonos soberanos en yuanes fuera de China, generando fondos para financiar la acumulación de reservas en yuanes del Banco de Inglaterra.

El Banco Central Europeo discute la posibilidad de incluir la moneda china en sus reservas internacionales, lo que tendrá un efecto grande en el estrechamiento de los vínculos económicos entre Europa y Asia, al incrementar el uso del yuan en la facturación del comercio entre los países de ambos continentes. Gran Bretaña y Alemania han visto incrementados en más de un ciento por ciento sus pagos bilaterales en yuanes entre 2013 y 2014, por ejemplo.

Según Ugarteche y Noyola, el yuan también ha encontrado, más que un aliado, un socio estratégico en Rusia, a raíz de las sanciones económicas que le han sido impuestas por Occidente. China concretó, a principios de octubre, la firma de un acuerdo cambiario bilateral con el banco central de Rusia por un monto equivalente a 25 mil millones de dólares, el segundo firmado con un país integrante del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ya que el primero fue con Brasil por un monto de 30 mil millones de dólares. China es hoy día el principal socio comercial tanto de Rusia como de Brasil.

El comercio entre Rusia y China alcanzó los 89 mil millones de dólares en 2013 y los acuerdos de divisas crean condiciones para aumentar los intercambios bilaterales, al tiempo que operan como mecanismo defensivo frente a los bloqueos de las cuentas rusas en dólares en Europa y Estados Unidos.

Actualmente, Rusia y China estudian poner en marcha un sistema de pagos alternativo al SWIFT (por las siglas en inglés de Sociedad para Comunicaciones Interbancarias y Financieras Internacionales). Los problemas resultantes del congelamiento de esas cuentas en dólares por diferencias con Estados Unidos sobre aspectos de política exterior, como los casos de Irán, Cuba y más recientemente Francia (BNP Paribas), podrían neutralizarse realizando operaciones bajo una institucionalidad nueva, y con instrumentos de pago distinto del SWIFT.

Ugarteche y Noyola terminan su artículo recordando que, para fines de este año, China será la primera economía mundial y el Sistema Monetario Internacional, cada vez menos centrado en el dólar, seguirá abriendo espacios regionales a favor del yuan.

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Holdouts: El libreto y sus protagonistas

Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

Desde fines del año pasado - dos años antes del cambio de gobierno en Diciembre de 2015 - se ha instaurado en la Argentina un prematuro y artificial clima pre-electoral que sirve como distractivo de importantísimas decisiones de gobierno que se están tomando en materia de endeudamiento público.

Bajo las narices de toda la clase política - sin que los principales referentes digan algo al respecto - la administración K sigue avanzando en la toma de compromisos financieros sin capacidad de repago y que sólo apuntan a patear las obligaciones para adelante cancelando todos los vencimientos de capital con más deuda, aumentando el pago de los intereses y recargos e incrementando además el stock de los pasivos del Estado con Deuda Nueva.

Es la vía de cumplimiento de la Hoja de Ruta Boudou, que fija como requisitos liquidar la cuestión de los Holdouts y haberse allanado a las exigencias del Club de París para poder volver así al Mercado Internacional de Capitales, es decir, para volver a endeudarse en el exterior.

Pese a la falta de informaciones clave a este respecto, todas las acciones del gobierno K son convergentes hacia una nueva ola de endeudamiento público y los hechos se encargan de demostrarlo.

Tomando en su conjunto la denominada Década Ganada, nos encontramos que durante estos 10 años la Argentina K se dedicó primariamente a batir récords de pagos de la Deuda Externa: 190.000 MD (Millones de Dólares) que la presidenta no deja de recordar como auto-elogio de su condición de “pagadora serial”.

Toda esa masa de dinero fue pagada privilegiadamente a los Acreedores Externos y a los Organismos Financieros Internacionales (FMI, Banco Mundial, BID y CAF) pero el stock de la Deuda Pública no bajó sino que, por el contrario, el aumento promedio fue de 10.000 MD por año ya que hasta el último centavo de vencimientos de Capital se pagó, se paga y se seguirá pagando con nueva Deuda y no con cancelaciones netas.

Así, el gran perjudicado por esta descomunal transferencia de divisas al exterior ha sido el Estado y, por ende, el Pueblo Argentino, a través del mecanismo generalizado de traspaso de las obligaciones impagables con incremento de la Deuda intra-Estado, fundamentalmente desfinanciando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, descapitalizando las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA) y desviando la mitad de la cartera de préstamos del Banco Nación (BNA) para sostener la deuda del Tesoro.

Agotadas ahora estas vías espurias y transitorias de financiamiento del Estado por la existencia de Déficits gemelos - Fiscal y de Balanza de pagos - llegada a niveles máximos la presión tributaria y a límites altísimos la emisión monetaria inflacionaria, el Sistema de la Deuda vuelve por sus fueros; y lo hace a caballo de la vieja receta neoliberal que dice: “no emitan Dinero, emitan Deuda”.

Así, el gobierno K, en las postrimerías de su gestión, viene armando la Tercera Gran Ola de Endeudamiento Externo, después de la Primera, gestada bajo el Proceso Militar, y de la Segunda, desarrollada con la Convertibilidad Menemista.

El stock oficial de la Deuda Pública al 31.12.2013 pasa los 300.000 MD: 214.400 MD por Capital, 72.400 MD por Intereses a Pagar y 15.000 MD por saldo de Cupones PBI: 302.000 MD en total; sólo en cabeza del Estado Central (sin contar Provincias/Municipios, BCRA, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y Juicios contra el Estado con Sentencia en firme).

El Presupuesto 2014 prevé un aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio en curso por el equivalente a 12.700 MD (Amortización de Deudas por 44.300 MD contra Endeudamiento Público por 57.000).

Además, en lo que va del año, se han agregado deudas extraordinarias no previstas:

a) Pago con bonos de 5 laudos perdidos ante el CIADI por 677 MD.
b) Pago con bonos de la indemnización a Repsol por YPF: 6.000 MD de Capital más 5.000 de Intereses.
c) Allanamiento a las exigencias del Club de París por 9.700 MD, frente a los 6.000 MD que computaba hasta ahora el Ministerio de Economía (MECON).

El Tesoro ha comenzado a emitir títulos a corto y mediano plazo en pesos: Bonar 2017, por 10.000 M$ a Tasa de Interés 28 % y Bonar 2016 por otros 10.000 M$, a Tasa del 23 %.

En Octubre, la Tesorería comenzó a emitir además 1.000 MD en BONAD 2016, bajo mecanismo dollar linked, es decir, bonos que se pagan en pesos con cláusula de ajuste dólar más 1.75 % de Interés.

Toda esta nueva deuda que se está emitiendo va a tener que ser pagada por el nuevo gobierno que suceda a la administración K.

Y a ello se le suma el agujero negro de la cuestión de los Holdouts:

1. Juicios perdidos en los Tribunales de Nueva York: 1.600 MD por el caso testigo NML-Aurelius y Otros (que ha sido perdido en todas las instancias legales de los Estados Unidos reconocidas por el gobierno K) más los nuevos juicios que ya tienen fallos en contra del país (de los cuales más de 1.500 MD por otras dos de las 11 demandas del fondo NML-Elliot/Singer).

2. Reclamos del resto de los Holdouts por un total estimado entre 20 y 30.000 MD, incluyendo gastos, honorarios y costas de los juicios.

3. Reclamos posibles de los bonistas que entraron en el Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 por aplicación de las cláusulas RUFO/MFC, ante cuyos términos el país estaría expuesto a reclamos por hasta 120-150.000 MD.

La estrategia seguida por el gobierno K frente a esta problemática de la Deuda es diferir el cumplimiento del fallo Griesa hasta Enero de 2015 para tratar de burlar la cláusula RUFO y encarar a partir de entonces el pago a los Fondos Buitre (FB), lo que dispara, sin embargo, el problema de los tres puntos citados.

Bajo toda evidencia, la presidenta esperaba que la Corte Suprema de los Estados Unidos - sea tomando en cuenta su apelación a la sentencia Griesa o simplemente pidiendo opinión a la Procuración del Tesoro - la ayudara a lograr estos diferimientos pero sus expectativas se vieron defraudadas con el rechazo de la Corte y el bloqueo de los pagos de intereses a los bonistas del canje por el juez.

Desde entonces, las complicaciones, desprolijidades y contradicciones de la administración K no han dejado de crecer, al amparo de un discurso oficial duro “para la galería” mientras se trata de ganar tiempo a costa de nuevos compromisos y de concesiones de cualquier orden (desde las nuevas deudas hasta el petróleo).

Así, a la serie de colocaciones de deuda antes citadas se le agrega la presentación del proyecto sobre Convención Multilateral de Reestructuraciones de Deuda Soberana en la ONU, en línea con el viejo proyecto del FMI elaborado por el grupo a cargo de su vicepresidenta Anne Krueger en 2002.

En el orden local la Deuda Cuasi-Fiscal del BCRA por Lebac/Nobac ha crecido a niveles sin precedentes: 260.000 M$ - equivalentes a 30.700 MD (al 30.9.2014) - que representan el 68, casi el 70 %, de la Base Monetaria.

El país, sin reservas netas o de libre disponibilidad, intenta recomponer el stock de divisas comprando dólares con Deuda en pesos (Lebac/Nobac) o pidiéndolas directamente prestadas por vía del BCRA (Otros Pasivos con el Banco de Francia, el BIS de Basilea y el acuerdo de Swap de monedas con China), pero todo ello es más deuda lateral a la del Tesoro e igualmente emitida sin capacidad de repago.

Y frente a este cuadro de situación está el Presupuesto 2015 que acaba de aprobar el Congreso y que establece todavía más pagos y más Deuda:

a) Aumento de la Deuda Pública durante el Ejercicio por 17.700 MD (Amortización de Deuda por 53.600 MD contra nuevo Endeudamiento por 71.300).

b) Dentro del total a refinanciar, 46.100 MD corresponden a Operaciones generales de Crédito Público (artículo 37) y 12.000 MD a pagos de Deuda Externa con Reservas del BCRA, que se hacen a través del llamado Fondo de Desendeudamiento (FDA).

c) Se contemplan Intereses a Pagar por 96.200 M$ - equivalentes a 10.200 MD (a un tipo de cambio previsto de 9.45 $/US$) - pero no se informa sobre la parte de los intereses que se capitalizan por anatocismo, que sumarían otros 1.000 MD.

d) El Presupuesto autoriza además al Poder Ejecutivo a contraer otros 50.300 MD de deuda para financiar Obras Públicas y de Infraestructura (artículo 41).

e) Se autoriza también la contracción por el Ejecutivo de Operaciones de Crédito pluri-anuales por otros 37.200 MD (artículo 43).

f) Es decir, que sumando los tres artículos que cuantifican autorizaciones de nueva deuda pública (37, 41 y 43) el gobierno Kirchner queda autorizado por la Ley de Presupuesto para contraer nuevas deudas por un total equivalente a 133.600 MD (46.100 + 50.300 + 37.200) durante el último año de su gestión.

Hasta aquí el cuadro de situación resumido de la Deuda Pública actual de la administración K incluyendo los compromisos asumidos y/o autorizados hasta la fecha; y de las proyecciones crecientes de sus obligaciones que serán transferidas al nuevo gobierno electo en el 2015.

Éste es el libreto que se está escribiendo - o, al menos, la parte conocida hasta ahora del libreto - y ahora falta que, aparte de completar su protagonismo hasta el fin del mandato, aparezcan los nuevos actores que van a tener que ejecutarlo en el futuro próximo y en sus roles más pesados.

Notablemente, la mayoría de la partidocracia opositora soslaya directamente estos hechos, parece ignorar el problema de la nueva Crisis de Deuda que vive el país, acompaña - por acción y/o por omisión - las acciones de la administración K encaminadas a volver a tomar Deuda Externa, y sus candidatos se preocupan más en presentarse ante los acreedores extranjeros como garantes del cheque en blanco que van a recibir del gobierno Kirchner que por prevenir y defender los intereses financieros del Pueblo y del Estado Argentino.

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Presupuesto, deuda pública, hidrocarburos y telecomunicaciones

Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)

Variadas son las informaciones económicas sobre el fin de año, y entre las más destacadas figura:

a) el presupuesto 2015 que asegura los recursos para el funcionamiento de la administración nacional hasta el fin del mandato presidencial;

b) la continuidad de la saga relativa a la deuda y la disputa del gobierno argentino con la justicia de Estados Unidos y los fondos buitres, una cuestión que retrasa el ingreso de capitales; y en sentido contrario,

c) la ejecución del swap con China y la aprobada ley de hidrocarburos junto a la licitación de frecuencias de telecomunicación, iniciativas que intervienen en la búsqueda e ingreso de divisas.

Presupuesto y deuda

Existe una fuerte discusión sobre la realidad explicitada en los guarismos de previsión de ingresos y de egresos, especialmente si se sigue la comparación de lo previsto y lo ejecutado en años anteriores. Hace 7 años que la inflación afecta a los sectores de menores ingresos y el tema se escamotea. El efecto macroeconómico es una mayor recaudación que se afecta a un gasto indiscriminado y según la arbitrariedad del poder ejecutivo, sin tener en cuenta la opinión del parlamento, aun cuando se tiene mayoría para resolver lo que se quiera.

Lo que sobresale en el presupuesto es el gasto destinado a la cancelación de la deuda pública, que más allá de la importancia por la cantidad de recursos involucrados, como por las autorizaciones a emitir mayor endeudamiento, la cuestión de fondo no prevista explícitamente en la Ley de Presupuesto remite a la discusión con los fondos buitres y la Justicia de Estados Unidos. Ahora amplificada en la denuncia a una funcionaria del gobierno de Washington como principal ejecutiva del lobby buitre, enunciado en una carta de protesta que dirige la Presidente de Argentina a su par estadounidense. Es un tema a procesarse en los próximos días en la reunión del G20 en Australia.

El asunto es que los vencimientos de deuda renegociada siguen generando una situación sin salida en la coyuntura, puesto que ahora existen depósitos inmovilizados en la Banca Mellon de Nueva York por vencimientos de Junio, y otros depósitos que se suceden en el Banco Nación de la Argentina desde fines de septiembre.

Los fondos en Estados Unidos no se pueden usar mientras el Juez Griesa no lo permita y en plaza local se requiere que los acreedores realicen un canje de títulos para no cobrar más en Nueva York. Eso hace que el gobierno mantenga su posición de cumplidor de los pagos aun cuando los acreedores no perciben sus cuotas.

Algunos acreedores pueden acudir a la aceleración, lo que supone cobrar la totalidad del valor nominal de los bonos ante el impago, para lo cual se requiere del 25% de la voluntad de los tenedores de cada serie. Otros prefieren esperar a que termine el 2014 y se finalice la cláusula RUFO, con la expectativa de negociación y pago de la sentencia neoyorkina en el 2015. Ello supondrá afectación de recursos de reservas, fiscales o incluso nuevo y mayor endeudamiento público.

El tema no solo afecta al 1% de los acreedores, los buitres, sino al 7% del monto total en default en el 2001, unos 7.000 millones de dólares, que pueden duplicarse sumando los intereses y multas. Todo ello se resolverá en el próximo ejercicio fiscal. Esa es la especulación mayoritaria y afectará fondos del presupuesto, aun cuando no estén contemplados, o si no, nueva deuda, a costa de futuros presupuestos y compitiendo con otros destinos.

Por donde se verifica el nuevo endeudamiento es con la utilización de una parte del acuerdo suscripto con China para utilizar unos 11.000 millones de dólares, de los cuales se acreditaron esta semana 814 millones de dólares (en moneda china), que aumentan las reservas internacionales a 28.000 millones de dólares. Los recursos facilitados por China servirán para cancelar operaciones comerciales con China, las que tienen un saldo favorable al gigante asiático. En contrapartida, el país depositó el equivalente en pesos en la banca china. El costo de la operación afectará recursos fiscales que limitan usos alternativos.

Se terminó el discurso del desendeudamiento y ahora todo se juego a la búsqueda de nuevos préstamos, renovando la hipoteca y el cáncer del endeudamiento, por lo que se agiganta la demanda de un gran movimiento popular por la suspensión de los pagos y la auditoria de la deuda. Es un tema a desarrollar en el país para generalizarlo como campaña continental y mundial contra el pago de la deuda de nuestros países.

Hidrocarburos y telecomunicaciones

El proyecto estratégico aprobado esta semana remite a la nueva ley de hidrocarburos, solamente sostenida desde el oficialismo y aliados cercanos, con fuertes críticas del resto de la oposición, claro que con posiciones diferentes entre la oposición sistémica y la de izquierda.

Los primeros, sistémicos pro desarrollo capitalista e inserción subordinada, comparten el criterio de explotar los yacimientos convencionales y no convencionales y solo discuten las formas y procedimientos contenidos en la legislación. Los segundos discuten la cuestión de fondo, desde la crítica a la privatización histórica de los 90´, la política energética desde entonces y la nueva entrega que supone la extranjerización y privatización que consolida el mecanismo de gestión legalizado.

El agravante proviene del uso de la tecnología de la fractura hidráulica para extraer los no convencionales, altamente agresiva con los recursos naturales y fuerte consumidora de agua.

Lo cierto es que en la mayoría política de la Argentina existe coincidencia en la explotación de hidrocarburos, convencionales y no convencionales y la asociación con petroleras extranjeras y su tecnología depredadora. Solo se discuten los modos y formas del proceso que subordina la producción de petróleo y gas a la dominación del lobby petrolero mundial. La discusión por la soberanía energética continuará aun con la nueva legislación. La cuestión de fondo es la soberanía energética y el derecho a la energía, lo que supone discutir la mercantilización creciente de la energía y por ende la des-mercantilización.

Otra novedad provino de las telecomunicaciones. Que los teléfonos no funcionan es sabido y ya no se puede decir como antes que la solución es la privatización. Es más, las privadas ganaron enormes sumas desde la privatización y ahora se disponen a ampliar sus negocios.

La telefonía supone un negocio fabuloso que involucra a grandes grupos económicos y empresas transnacionales. Esta semana cerró la licitación para la ampliación de frecuencias 3G y 4G y el Estado obtuvo propuestas por 2.223 millones de dólares que ingresarán al fisco antes de fin de año, a las que se sumará una cifra similar en inversiones en infraestructura.

Las empresas que participaron de la licitación son Movistar (Telefónica), Personal (Telecom), Claro (del magnate Carlos Slim) y Arlink (Grupo Vila-Manzano). Se consolida la dominación monopolista y transnacionales en el negocio de las telecomunicaciones. Ello supone considerar a las comunicaciones como mercancía, contra el derecho a la comunicación que parte de la des-mercantilización de las comunicaciones.

Para el gobierno, las expectativas son grandes en materia de ingresos de divisas y de inversiones, que subsanen el pésimo servicio de telefonía celular en un mercado altamente saturado de consumo, con más unidades de teléfonos celulares que población.

En este marco y a un mes del recambio de autoridades en el BCRA la brecha cambiaria entre el precio oficial del dólar y el paralelo se reduce sin que se pueda afirmar que ello constituye tendencia irreversible. El tema de fondo y que trasciende el momento es el modelo productivo dependiente del ingreso de divisas que también demandan los acreedores de la deuda, con la única salida de nuevo y mayor endeudamiento que agrava la hipoteca sobre generaciones futuras. Es parte de la razón por lo que hasta ahora se rechaza la idea de un bono de fin de año para los trabajadores, que pueda compensar la pérdida del poder de compra de los ingresos laborales. Es un tema de conflicto que se suma a la agenda económica en el cierre del año.

La cuestión a resolver es la alternativa política, ya que lo que hegemoniza el debate económico y político en la Argentina es quien asume la administración del capitalismo local. Se necesitan otros objetivos, más allá del capitalismo y no solo en contra del capitalismo, sino por el socialismo. Ello requiere de sujetos conscientes que luchen contra el capitalismo y que construyan en la coyuntura el anticipo de la sociedad sin clases del futuro, no solo en el ámbito de las relaciones cotidianas de familia, amistad o cercanía, sino en el campo de las relaciones económicas, de producción y circulación. Ese es el marco, en la lucha y organización cotidiana, que se construye el programa de las transformaciones sociales y económicas necesarias para el proceso de liberación, y al mismo tiempo, el instrumento político para resolver democráticamente el rumbo desde hoy por la revolución.

Vale la pena reconocer que en la Argentina se discute la renovación del turno presidencial hacia octubre del 2015 y que la izquierda y el campo popular necesitan agrupar esfuerzos de construcción militante para disputar el consenso social contra el orden capitalista.

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Horacio Micucci sobre la nueva Ley de Hidrocarburos: “es más entreguista que la ley de Onganía”

LA RETAGUARDIA

Entrevistamos al integrante del Instituto de Estudios Nacionales, quien trabajó con Adolfo Silenzi de Stagni, continuador de la línea del fundador de YPF General Mosconi, sobre el contenido y los alcances de la iniciativa aprobada esta semana por el Congreso de la Nación. “Todo ese petróleo entregado es entrega de soberanía”, fue una de sus reflexiones en el diálogo con La Retaguardia.

La primera pregunta que le hicimos a Horacio Micucci fue si esta Ley de Hidrocarburos implicaba liberación o dependencia: “Implica profundizar la dependencia que tenemos”, respondió sin dudar ni un instante.

“Nosotros tenemos en vigencia la ley 17.319 que es de la época de la dictadura de Onganía –continuó–, a la que le han agregado resoluciones y leyes, modificaciones parciales que la han profundizado en su carácter de ley de dependencia y entrega de petróleo. Ahora viene esta supuesta modificación a la ley, pero en lugar de cambiar su orientación, que es puramente entreguista, la profundiza, la empeora. Es decir, es más entreguista que la ley de Onganía”.

Micucci explicó que aquella norma establecía una superficie de áreas petroleras que se podían dar a empresas privadas, además de fijar un tope de cinco concesiones por compañía. Sin embargo, con el transcurrir de los años, y a través de distintos medios, se llegó a que las empresas pueden tener hasta 30 o 40 concesiones: “muchos de los defensores de las empresas privadas pidieron siempre que se diera seguridad jurídica al capital privado, y pedían que se mejorara esa situación con una nueva ley, incluso opositores a los K. Esta nueva ley hace eso, saca el límite de concesiones. Se puede conceder todo lo que se quiera conceder y por tiempos enormes; estamos hablando de 35 años más 10 de prórroga o de 30 años más 10. O sea, 40, 45 años de concesión”, expresó el integrante de Instituto de Estudios Nacionales.

Las figuras de Silenzi de Stagni y Mosconi

Micucci trabajó con Adolfo Silenzi de Stagni a quien describió como un estudioso del petróleo y continuador de la línea del General Mosconi en cuanto a la importancia del petróleo manejado por el Estado argentino: “él decía que si se concedían áreas petroleras por largo tiempo era como si uno pudiera regalar un auto o darlo hasta que no sirva más, es decir si vos das un área petrolera, ya investigada, con petróleo asegurado, por una concesión de 40-50 años, lo das prácticamente hasta su agotamiento, por lo tanto lo estas regalando. Podrás decir que no te importa mientras te entren dólares, pero toda esa ganancia que se llevan las empresas, que son miles de millones de dólares y que por eso se hacen guerras, las potencias invaden territorios, ocupan, y tenemos lo que pasa en Medio Oriente, todo ese petróleo entregado es entrega de soberanía, porque ¿quién me controla la energía de todo mi desarrollo industrial? Empresas extranjeras, a las que se les está regalando todo nuestro petróleo. Esas son las que controlan mi desarrollo industrial, inclusive mi defensa personal”.

En este punto, Micucci recordó una anécdota relatada por Mosconi cuando pensó y creó YPF: “él era director de Aeronáutica Militar y un día quiso hacer un raid de entrenamiento aéreo y fue al gerente de la empresa Wico, que era una filial de la Standard Oil que tiene que ver con la Chevron actual, y le pidió el combustible para sus aviones, y el gerente de la Wico se lo negó, diciéndole que el Estado no había pagado. En ese momento Mosconi dice, frente al escritorio de ese gerente: ‘me juramenté atacar a los trust, a destruir a los trust por todos los medios legales’, y a partir de ahí crea YPF, porque no puede haber independencia nacional si yo no controlo mi energía, que incluso tiene que ver con la defensa nacional. Si yo tengo un país popular y democrático y lo quiero defender de una agresión extranjera por lo menos tengo que controlar mi energía, hasta desde el punto de vista de la defensa nacional es importante. Y después el precio de ese petróleo, de ese combustible, incide en todos los precios que compro todos los días. Allí está una parte del dinero que dicen que falta en salud y educación. Es lo que se están llevando esas empresas”.

Micucci además explicó que el mayor gasto para poner en producción el petróleo se produce durante la exploración. El 85% de esa exploración es lo que YPF, es decir el Estado, ya había investigado y fue regalado cuando se hicieron las privatizaciones no solo durante la gestión de Carlos Menem sino también en gobiernos anteriores: “esa exploración es el mayor gasto, lo hizo el Estado, pero cuando de la exploración se pasó a la explotación y a la distribución y es la hora de ganar, se entrega el área. Sino fijémonos lo que pasa, ¿cómo es que un empresario del juego como Cristóbal López es hoy dueño de esas estaciones Oil y de toda la cadena petrolera desde los pozos petroleros hasta la distribución de nafta? ¿De dónde salió esa riqueza? Es riqueza robada al país”, aseveró.

El petróleo, la minería y las vaquitas ajenas

Micucci explicó que la Ley de Hidrocarburos tiene la misma orientación que el Código Minero aprobado en los años ’90: “están poniendo regalías del 12%; en Colombia que es un país pro-yanqui, o con un gobierno por lo menos afín, debe cobrar dos o tres veces más de regalías. Cómo será la ganancia de una empresa petrolera privada que cuando Evo Morales (en Bolivia) le saca la mitad de la empresa, y después le aumenta la regalía al resto, no se fue ninguna. El fifty-fifty es una cosa que se aplicaba en el Medio Oriente, en el otro siglo, con los jeques más primitivos, después las empresas petroleras de los países del Medio Oriente pasaron a exigir mayor cantidad de incidencia sobre su petróleo. Nosotros estamos copiando lo más entreguista de la historia, profundizando una ley de una dictadura, un supuesto gobierno progresista, nacional y popular profundiza una ley de entrega. En realidad legaliza el acuerdo con Chevrón del año pasado, que es tan impresentable que es secreto hasta el día de hoy, aun para la misma provincia en que se aplica. Y después tiene que ver con la entrega completa de todo lo que ellos llaman el shale, petróleo y gas. El petróleo y el gas no convencional que lo introduce la ley, lo legaliza y le da beneficios, sin hacer ninguna discusión ambiental”.

Además, Micucci manifestó: “esa línea de conceder siempre y retroceder y retroceder al final te caes por el precipicio porque es lo mismo con la minería, te dicen ‘es que sino se van las meganineras’. Las megamineras pagan el 3%, incluso llegaron a pagar menos impuestos acá que lo que pagaban del lado chileno durante el gobierno de Sebastián Piñera. Se llevan barros, y dentro del barro hay oro, plata y minerales estratégicos, pero en todo caso veamos que se cobren regalías. Yo no estoy de acuerdo con la explotación megaminera por el desastre ambiental y porque es otra forma de dependencia, pero ni siquiera pueden argumentar que van a cobrar más. La megaminera declara lo que se lleva, se lleva barro y paga una miseria, destruyen el ambiente y se van, es lo mismo que va a pasar con una concesión a 40 años. Destruyeron el ambiente, se llevaron el petróleo y te dejan las ruinas”.

Retomando la cuestión ambiental, dejada de lado en este proyecto, Micucci mencionó algo que ocurrió pocas horas antes de la aprobación de la ley el miércoles 29 de octubre: “(en la norma) hay toda clase de exenciones impositivas para todas las empresas petroleras, se supone que de esta manera van a entrar los dólares que este país necesita, en la parte ambiental la nueva ley disuelve toda exigencia ambiental, pero en el día de ayer (martes 28) las empresas de la zona de Vaca Muerta dicen que han descubierto que el petróleo es de mejor calidad de lo que creían, por lo tanto piden la postergación de toda exigencia ambiental, como diciendo ‘no sea cosa que seamos más precavidos que lo que hace falta’. Encima piden menos control ambiental, por eso lo que está pasando no es liberación… es dependencia”.

Releer a Mosconi

Es lo que propuso Horacio Micucci durante la entrevista con La Retaguardia: “él decía que ‘la experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo que la hemos dirigido -hablando de YPF- nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir’. Y Mosconi decía que al principio producen mucho, pero resulta que todo el oro que produce esa explotación privada se va del país y lo descapitaliza, esto es la dependencia. Un ejemplo saliendo del petróleo, en el año 2011 Argentina exportó medicamentos por 900 millones de dólares, cifras del Ministerio de Economía, e importó insumos para hacer esos medicamentos por 1800. Esa producción de medicamentos exportada produjo una pérdida de 900 millones de dólares de déficit en el año. Esto es lo mismo en el ejemplo que se busque, en los autos, en los armaderos del sur. Esto es un país dependiente, por lo tanto te sacan un tornillo y vos tenés que ceder en tus posiciones y entregar. Lo que están haciendo (con esta ley) es legalizar la entrega para que entren dólares”.

Para que quede aún más clara su posición, Micucci explicó qué es la dependencia: “es como si Argentina fuera un embudo, tiene una salida chiquita que gotea para nosotros que somos el pueblo, arriba entra mucho, a veces por el trigo, otras épocas por la carne, otras por la soja, y ahora quieren que entre por el sector del gas y el petróleo. Y hay un montón de agujeros en ese embudo que se van para enriquecer a gente como Lázaro Báez, Cristóbal López, hacer contratos leoninos como el de Chevron, para favorecer como hacen en esa ley a las empresas petroleras con todo tipo de exenciones y así después cuando faltan los dólares se cobra impuesto al trabajo y no se cobra impuesto al juego, a las megamineras, esto es la dependencia que sufrimos cuando pagamos el pan y la leche”.

Para el integrante del Instituto de Estadios Nacionales es evidente que la Ley de Hidrocarburos profundiza a Onganía: “cuando Onganía hizo su primera presentación en la Sociedad Rural, lo hizo en una carroza con lacayos, ese tipo de personas es la que está siendo profundizada. Si se aplicara hoy la ley de Onganía, y se limitara el número de concesiones, todas las empresas tendrían que entregar una enorme cantidad de áreas petroleras, muchas de las cuales fueron exploradas por YPF estatal”.

Horacio Micucci y las consecuencias de la implementación de la nueva Ley de Hidrocarburos. La pregunta sobre si implica liberación o dependencia, parece respondida.

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Entrevista a Carlos Slepoy Prada: “Perseguir a los criminales contra la humanidad es una premisa para mejorar el mundo”

Inés Hayes (ACTA)

Desde que en 1977 tuvo que exiliarse en España, Carlos Slepoy no deja de ejercer la abogacía en favor de los Derechos Humanos. Galardonado con diversos premios por su trabajo, ha sido conocido mundialmente por juzgar a genocidas y criminales como el dictador chileno Augusto Pinochet quien, gracias a su labor en conjunto con el juez Baltasar Garzón, fue detenido en 1998 durante un viaje a Inglaterra para una intervención médica.

Actualmente, Carlos Slepoy forma parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo.

-Comunidades indígenas desterradas por topadoras sojeras, poblaciones civiles arrasadas por aviones no tripulados, toneladas de agua y millones de hectáreas contaminadas por el uso de cianuro y agrotóxicos, miles y miles de ciudadanos arrojados a la pobreza y a la exclusión en todo el mundo. Son las pinceladas del crudo escenario en el que las sociedades contemporáneas se debaten entre rescatar el capitalismo o intentar construir un sistema más justo y humano. ¿Cómo se está trabajando para intentar cambiar este estado de cosas?, ¿Se puede trazar un paralelismo con la lucha por los derechos humanos en épocas de las dictaduras?

- Las cuestiones que plantea la pregunta son diversas, pero tienen un elemento común: la economía y el conocimiento puestos al servicio del lucro y no al de la satisfacción de las necesidades humanas y el respeto a la naturaleza. Hay quienes opinan que estas prácticas acreditan el invariable egoísmo, a través del tiempo, de la especie humana y son en consecuencia, y en esencia, irresolubles.

Actuar sobre los males y aberraciones que produce el sistema económico y social que nos ha tocado vivir no sólo es posible y necesario, sino que colabora a desentrañar, y combatir las causas que los producen. Las luchas parciales no se agotan en sí mismas sino que ayudan a pensar y construir un mundo distinto. Lo ejemplificaré con las luchas que se han dado, y los logros que se han obtenido, en la persecución y sanción de quienes cometen los que, en sentido genérico, calificamos como crímenes contra la humanidad, es decir, que lesionan a la humanidad como tal, como sujeto de derechos.

Las normas sancionadoras del derecho penal cumplen, a estos efectos, un papel que va mucho más allá de la sola represión de los delitos y de la prevención que ésta genera en cuanto anuncio cierto de que al crimen sucederá la persecución y la aplicación de la pena.

Estableciendo normas prohibitivas de determinados hechos y, con ello, promoviendo el valor social de los bienes jurídicos agredidos por estas conductas criminales, nos interpela a preguntarnos por qué acaecen y, sancionándolas, cuestiona y deslegitima sus causas. Pone en tela de juicio la estructura social productora de los ilícitos y nos convoca a construir una realidad distinta. Perseguir eficazmente a quienes cometen crímenes contra la humanidad constituye así una premisa necesaria para mejorar el mundo. Renunciar a hacerlo no sólo deja sin castigo conductas que conforme al estadio actual de la conciencia universal no pueden dejar de ser sancionadas y promueve que se reiteren, sino que promueve el disvalor de la impunidad. Vivimos, como lo han hecho antes las generaciones que nos precedieron, habituados a este disvalor. Los delincuentes menores y los terroristas que actúan contra las instituciones de los Estados son perseguidos y sancionados como regla general y, también como norma, no se persigue ni sanciona a los grandes delincuentes ni a los terroristas de Estado. Sus influencias, sus cómplices, sus armas, su posición social, su estrecha relación con grupos económicos y sociales poderosos, su control sobre las instituciones, su capacidad de intimidación criminal determina que sus delitos no sean penados. Más aún, se elaboran y lanzan mensajes conforme a los cuales perseguirlos penalmente colabora a la desestabilización de los países e impide la reconciliación social.

Frente a esta realidad lacerante se han venido abriendo conceptos como la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad; la persecución y castigo, a través del principio de justicia universal, de quienes los cometen cualquiera sea el lugar en que los hayan perpetrado; la irrelevancia e ineficacia de leyes de impunidad para impedir su juzgamiento, etc. La aplicación de estos principios es producto de un largo proceso histórico y debe su consagración al esfuerzo indoblegable de miles de víctimas de crímenes atroces y múltiples organismos sociales y de derechos humanos. Hasta no hace mucho tiempo se instrumentaba el discurso de que su aplicación vulneraba el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la soberanía de los países donde se cometen los crímenes. Su consagración en el derecho internacional no sólo ha demostrado que las batallas dadas han sido fructíferas sino que estimulando a las poblaciones agredidas y acorralando a los criminales, ha colaborado en gran medida para que la justicia negada, a veces durante décadas, empiece a actuar allí donde antes sólo reinaba la impunidad.

Como las grandes tareas de trascendencia histórica tienen aún un largo trecho por recorrer. No se ha logrado todavía alcanzar a los criminales con mayor poder y asistimos a la invasión, bombardeo y destrucción de países sin que ninguna instancia judicial sea capaz de instruir procesos para que sus responsables rindan cuenta ante la justicia. Pero la brecha está abierta y sin duda se seguirá profundizando. Y lo hará porque ello constituye una necesidad para la humanidad.

Franquismo y después…

-¿En qué situación está en la actualidad todo el trabajo que se ha venido haciendo desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo?, ¿Qué pasó con la orden de captura internacional contra los torturadores Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, dictada por la jueza Servini de Cubría?

- Lo que se conoce como la querella argentina contra los crímenes del franquismo – en realidad son muchas querellas y denuncias de muchas personas y asociaciones, unificadas en una misma causa- ha tenido notables avances, en especial en este último año. Entre otros, se habilitaron los consulados argentinos en todo el mundo para recibir gratuitamente denuncias de las víctimas; se han celebrado videoconferencias venciendo la inicial oposición del gobierno español; la jueza ha viajado a España para tomar declaración a personas imposibilitadas de trasladarse y los jueces, de distintas provincias, prestaron plena colaboración haciendo ellos mismos las preguntas que proponía la jueza; se han dictado órdenes internacionales de detención contra las personas que se mencionan en la pregunta – dos de ellas han fallecido – lo que implica que si son halladas fuera de España pueden ser detenidas por INTERPOL y extraditadas a Argentina para ser juzgadas.

Asimismo se solicitó a España su extradición, que fue denegada por la justicia española con el insólito argumento de que las torturas fueron aisladas, no constituían en consecuencia crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, estaban prescriptas, lo que impedía el juzgamiento de estas personas y, por ende, su extradición. Y ello aunque se cometieron en una dictadura que reprimía salvajemente, fusilaba, torturaba sistemáticamente, reprimía los derechos de huelga, de reunión de asociación y un largo etcétera. En todo caso, fue muy importante que por parte del gobierno español se diera traslado a la justicia de los pedidos de extradición. Fue algo que no se esperaba que ocurriera prácticamente por nadie y que nosotros no pudimos conseguir en los juicios que se llevaron a cabo en Madrid respecto de los criminales de las dictaduras argentina y chilena.

Todo esto no hubiera sido posible sin el magnífico trabajo de difusión, visibilidad y búsqueda de apoyos que viene desarrollando la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo que está integrada por distintas plataformas de apoyo en distintas comunidades autónomas, que a su vez nuclean a distintas asociaciones. En Argentina también existe una plataforma de apoyo que está integrada entre otras asociaciones por la CTA. Como siempre, es el movimiento social el que garantiza que crezcan, y vayan logrando sus objetivos, procesos judiciales de esta naturaleza.

-Quizás el ejemplo más claro de que las estructuras franquistas han dejado una huella profunda en la vida política, social y cultural española es que las víctimas del terrorismo de Estado –que duró más de 40 años– no pueden declarar en su propio país donde los crímenes de lesa humanidad quedaron impunes por la Ley de Amnistía de 1977, ¿De qué manera se organizan los españoles para luchar contra estas estructuras?

- El franquismo, con el apoyo del nazismo alemán y el fascismo italiano, con los cuales compartía intereses e ideología, se sublevó contra el gobierno legítimo de la República con la proclamada intención de erradicar de la Nación española a todos aquellos grupos humanos – políticos, sociales, culturales, etc.– que se oponían al modelo de Estado nacional-católico que pretendía establecer y finalmente implantó.

Estos grupos estaban constituidos por cientos de miles de personas que fueron eliminadas en forma sistemática, participaran o no en la guerra civil. Son innumerables las matanzas producidas en amplias zonas de Galicia, Aragón, el País Vasco, Andalucía, la actual Castilla-León, la provincia de Cáceres, las islas Baleares y Canarias, entre otras, que fueron tomadas sin que hubiera apenas resistencia. El plan de exterminio se produjo primero en estos lugares y luego, a medida que el ejército sublevado fue ocupando más territorios, en el resto de España.

Se trata por lo tanto de un proceso genocida plenamente consumado cuyas secuelas perduran fuertemente. Una manifestación de ello fue que durante la transición de la dictadura a la democracia se establecieran por un lado pactos de impunidad que están actualmente vigentes y, por otro, que prácticamente todos los funcionarios del franquismo se incorporaron a las instituciones, entre ellos los que integran la administración de justicia. El resultado fue que se “naturalizó” la impunidad.

Por eso no es extraño que el Tribunal Supremo de España haya resuelto que los crímenes no pueden ser investigados ni sus responsables perseguidos con el peregrino argumento, entre otros, de que en el momento de su comisión, los crímenes contra la humanidad no estaban contemplados en la legislación española – ahora si lo están – y por lo tanto que no se podían aplicar retroactivamente ni podían ser declarados imprescriptibles. Además de que, en todo caso, los autores de los mismos son beneficiarios de la ley de amnistía. Como se ve los mismos argumentos que se utilizaron en Argentina durante más de una década para justificar la impunidad. Por otra parte, y como caso único en la historia moderna, ha llegado al colmo de procesar a un juez (Garzón) por pretender investigar crímenes contra la humanidad.

La justicia española y el Tribunal Supremo habían ganado mucho prestigio con el procesamiento y persecución internacional de militares chilenos y argentinos, la condena al marino argentino Scilingo o la detención de Pinochet, a los que había aplicado los principios que hoy niega en relación con el franquismo. Su involución y su descrédito son mayúsculos. Ello se explica, como decía, por la continuidad en las altas esferas del Estado, y de la justicia en particular, de importantes remanentes del franquismo y es posible porque se ha desarrollado una política deliberada para garantizar la impunidad de los criminales, no para escuchar, proteger y reparar a las víctimas del franquismo.

A pesar de todo esto, ha surgido desde hace poco más de una década la llamada generación de los nietos. Se trata de personas ya adultas que buscan los restos de sus abuelos en fosas comunes y que, como regla general, no eran buscados por sus hijos, dados el terror imperante y la impotencia que éste generaba. De a poco, ello ha ido dando lugar a la emergencia de otros sectores como los de familiares de niños robados, familiares de fusilados, ex presos políticos, torturados, víctimas del trabajo esclavo, exiliados, etc., que han desarrollado asociaciones en toda la geografía española, que ponen en jaque a la impunidad y que adoptan diversas iniciativas. La querella argentina es un producto de esta fuerte corriente y a su vez la alimenta y potencia. Esperamos que de la misma manera que los denominados juicios de Madrid colaboraron al fin de la impunidad en nuestro país, sus actuaciones logren lo mismo en relación con los crímenes cometidos como parte de uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo pasado.

-Otra de las cuestiones que tampoco tienen lugar en la justicia española es el robo de bebés durante la dictadura franquista, ¿en qué estado está ese tema?

- Garzón señaló en sus resoluciones que desde el comienzo de la guerra civil, y más específicamente una vez terminada, y hasta 1.950, hubo más de 30.000 niños apropiados a través de un plan legalizado a través de decretos dictados al efecto. Esta apropiación reglamentada de hijos e hijas de mujeres republicanas presas se transformó luego en práctica sistemática hasta comienzos de los años 90. En esta segunda etapa con ánimo de lucro y aprovechando las instituciones y funcionarios del Estado que fueron autores, cómplices o encubridores de estos crímenes. Su número es incalculable. Hay quienes cifran en varias decenas de miles los niños y las niñas robadas y con su identidad sustituida. No se sabe con certeza porque hay un ocultamiento absolutamente consciente y premeditado para que los hechos no sean investigados.

En Argentina fueron aproximadamente 500 los niños apropiados, en España son decenas de miles. Se privó a las niñas y niños de su identidad y se la sustituyó por la que le imprimieron los apropiadores. Se enmarcó en la deliberada política de exterminio de que antes hemos hablado. En este caso privando de sus hijos a los integrantes de aquellos grupos humanos que los represores estimaban nocivos para el nuevo Estado o nación que se proponían crear. La apropiación de niños y niñas por parte del Régimen franquista es una conducta típica del accionar genocida.

Frente a esta situación la inacción por parte de las instituciones estatales para averiguar el destino de estos menores y restituir su identidad es prácticamente absoluta. Sigue la tónica de la impunidad de todos los crímenes del franquismo. En los pocos casos en que hay investigación, se desarrolla como si se tratara de casos aislados. Se desconoce conscientemente que fueron actos generalizados y sistemáticos de una trama delictiva sostenida y alimentada desde las estructuras e instituciones de la dictadura.

-Usted dijo alguna vez que los tribunales internacionales responden a los intereses de las grandes potencias y del imperialismo, ¿de qué manera se puede luchar contra estos poderes para que la justicia esté del lado del pueblo y la ciudadanía?

- Una de las herramientas fundamentales es la aplicación generalizada del principio de justicia universal, es decir, la actuación de los tribunales de justicia de los distintos países del mundo en la persecución de quienes cometen crímenes contra la humanidad, cualquiera sea el lugar o tiempo en que los cometan e independientemente de la nacionalidad de víctimas y victimarios o los intereses particulares del Estado al que pertenezcan los tribunales actuantes.

En la medida que estos crímenes lesionan y ofenden a la humanidad, su comisión debe determinar la actuación de distintas jurisdicciones nacionales en protección de bienes jurídicos que son universales. Lo que se promueve es la acción pacífica de la justicia y no lo exactamente contrario: la violenta y criminal intervención en el territorio de otros países.

Nos proponemos utilizarlo ahora en la presentación de una querella ante juzgados federales de Buenos Aires –ya se interpuso una denuncia penal ante los juzgados de Córdoba – por la reciente masacre cometida en Gaza por el Estado de Israel. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países de América, mediante sendas resoluciones, en los años 1998 y 2003, a ejercer la jurisdicción universal. En distintos instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional, se convoca a los Estados a comprometerse en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes internacionales que contemplan: crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, delito de agresión.

Por otra parte el objetivo último es fortalecer el desprestigio y la repulsa internacional hacia quienes cometen estos delitos; hacer sentir a las víctimas la solidaridad internacional; poner de manifiesto las múltiples y variadas violaciones que de elementales derechos viene sufriendo desde hace décadas el pueblo palestino; apoyar a los judíos que dentro y fuera de Israel se oponen a lo que está ocurriendo; colaborar para que se detengan las masacres y contribuir a un futuro de justicia, entendimiento y paz entre ambos pueblos.

Debemos pensar primero que la aplicación efectiva del principio de jurisdicción universal es muy reciente y que constituye un nuevo paradigma civilizatorio, un corte epistemológico con la concepción, que hasta hace poco se tenía, de que la impunidad de los más graves crímenes contra los seres humanos podía ampararse en supuestas soberanías o de que la guerra y la destrucción podrían ser un modo legítimo de resolución de los conflictos. Se opone y enfrenta tanto a la intervención violenta, en forma directa o indirecta, en los asuntos de otros Estados, como a la resignación frente a la violación masiva e impune de los derechos humanos.

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Para el juez Rafecas, “la última dictadura puso en marcha una solución final”

LA RETAGUARDIA

El juez de instrucción de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército y estudioso de la historia del Holocausto habló de la importancia del trabajo colectivo para la concreción de los juicios por delitos de lesa humanidad, y de los logros y avances que se han conseguido a partir de su realización. También se refirió a los secuestros y desapariciones de la última dictadura cívico militar como la solución final impuesta desde el Terrorismo de Estado para terminar con los “subversivos” y las organizaciones de izquierda. Fue durante un diálogo con Oral Y Público, el programa radial que se emite por Radio La Retaguardia.

La megacausa del Primer Cuerpo del Ejército es compleja, ya que allí están incluidas prácticamente todas las fuerzas que actuaron durante el Terrorismo de Estado, con excepción de la Armada y algunas policías provinciales. La tarea que lleva adelante desde hace diez años el juez federal Daniel Rafecas junto a su equipo de trabajo ha sido y es ardua: “tuvimos que reconstruir la estructura burocrática de todas las relaciones entre las fuerzas que encabezaba el Ejército y por debajo la Aeronáutica. Venían directamente las subzonas, como la que ocupaba la zona oeste del conurbano, lo que es Palomar, Haedo, Morón, Moreno; y luego por supuesto bajo la comandancia del Ejército, estaba la Policía Federal, la Bonaerense, el Servicio Penitenciario Federal que proveía a los cuadros que hacían las guardias internas en los centros clandestinos, y la Gendarmería. Nosotros ya tenemos un mapa y una reconstrucción bastante acabada de cómo funcionaba cada una de estas estructuras”, explicó el magistrado.

A partir de este trabajo de investigación, no siempre reconocido, los jueces de instrucción elevan a juicio oral las distintas causas. En el caso de Rafecas, ya se han elevado a juicio varios tramos por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Atlético, Banco y Olimpo, que conforman el circuito ABO; El Vesubio; Cuatrerismo, que funcionó en La Matanza; la Superintendencia de Seguridad Federal, conocida como “Coordinación Federal”; varios CCD que funcionaron en Junín y localidades cercanas; entre muchos otros.

Es también una tarea que no está exenta de críticas. Algunos fiscales y abogados querellantes aseguran (en general por lo bajo) que no pueden avanzar lo que quisieran en los juicios orales por deficiencias en las debidas instrucciones.

En diálogo con Oral y Público, Daniel Rafecas afirmó que lo importante no es si ese trabajo es reconocido, sino simplemente que se haga: “lo importante es el logro colectivo, los objetivos que vamos alcanzando desde el punto de vista del proceso en general; y en ese sentido celebro que haya un programa de radio como el de ustedes que trate justamente acerca de este proceso que estamos viviendo como país en los últimos 10, 12 años. Con los jueces de tribunales orales, los jueces de instrucción, los fiscales, a su modo también los defensores, la propia Corte Suprema, el Congreso que también acompaña, el Poder Ejecutivo, los organismos de derechos humanos, lo que se va haciendo, lo que se va armando y construyendo es algo absolutamente colectivo. A mí me tocó asumir en 2004, justo hace diez años, una megacausa como la del Primer Cuerpo del Ejército, en la que estaba todo por hacerse porque estaban los expedientes paralizados desde las leyes de impunidad. Y en eso estoy embarcado hace diez años con el equipo de trabajo que tengo, porque esa es otra cuestión, se conocen los nombres de los jueces o de los fiscales y eso también es muy injusto porque lo que se va haciendo es en equipos de trabajo, con secretarios, prosecretarios, empleados, es un trabajo casi de hormiga”.

Logros y avances

Existen diversas miradas sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en Argentina, pero quizás hay dos –contrapuestas– que sobresalen. Por un lado, están quienes se quejan por la lentitud de los juicios, por la repetición de los imputados, y porque no se siga juzgando hacia abajo en la escala jerárquica; por el otro, los que dicen que se deben tener dos o tres años más de juicios y luego superar la etapa. Respecto a qué hay que hacer entonces con estos procesos y cuáles son las dificultades con las que se enfrenta la justicia para su realización, Rafecas aseveró: “los jueces y fiscales, y los tribunales orales estamos condicionados básicamente por un proceso penal que es -como ya hoy está muy claro en la discusión y el debate público- un proceso penal lento, vetusto, que es especialmente disfuncional para casos complejos, grandes. De todos modos, así y todo, yo creo que en estos diez años, mirándolo con un poco de distancia, se ha logrado mucho. A nivel país ya estamos superando los 1200 procesados de los cuales la mitad está condenada con nombre y apellido, y la cifra no para de crecer. En este momento se están celebrando 14 juicios orales a lo largo y ancho del país, tal como informó el Centro de Información Judicial hace pocos días. Yo creo que son más los logros, los avances y las cosas positivas que las deficiencias y los defectos que por supuesto están, y que al menos en parte se explican por el tipo de proceso penal con el que tenemos que lidiar”.

En cuanto a la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, el juez especificó: “tratamos de hacer lo posible para evitar la repetición de los acusados y que se hagan juicios nuevos respecto de nuevos imputados, como pasó por ejemplo en Vesubio, que hubo una primera tanda de ocho, nueve condenados, y ahora se está llevando adelante el juicio oral por la segunda parte y son todos imputados nuevos, entre ellos el famoso Francés, (Gustavo Adolfo) Cacivio, que era uno de los jefes del centro clandestino; y lo mismo estamos tratando de hacer en todos los otros casos de centros clandestinos. Pasó lo mismo en Orletti, hubo una primera tanda donde se condenó a (Eduardo Alfredo) Ruffo, (Raúl) Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz, etcétera, y ahora se están acumulando tramos, por ejemplo nosotros este miércoles mandamos a juicio otro imputado más que es (César Alejandro) Enciso, alias Pino, y va a haber otro juicio oral con cuatro, cinco imputados nuevos. Por lo menos, la estrategia nuestra siempre fue de evitar eso (la repetición de imputados en los juicios)”.

La Solución Final

Daniel Rafecas publicó en 2012 el libro “Historia de la solución final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos”. El interés del juez por esta temática fue anterior a que se hiciera cargo de causas de lesa humanidad en Argentina. “Yo me acerqué al tema por inquietudes académicas y morales, filosóficas diría, también unos cuantos años antes de asumir en el juzgado federal –explicó el magistrado–. Yo ya estaba colaborando con el Museo del Holocausto y escribiendo algunos ensayos cuando asumí en 2004 como juez, y la verdad que todos estos estudios y ese abordaje del tema del Holocausto y del nacionalsocialismo me sirvió y mucho para mi trabajo profesional en esta causa”.

Para Rafecas, el punto central de su libro es cómo llegó el nazismo a tomar la decisión de llevar adelante el exterminio como solución final, ante el fracaso de su intento inicial de avanzar con el envío de todos los judíos a la zona de Siberia, para que allí murieran por frío e inanición; la derrota militar de los alemanes en el frente soviético los obligó a buscar otro recurso de eliminación. Al respecto, el juez señaló: “la propia lógica de lo que ellos denominaban la solución final, que era un eufemismo para referirse al exterminio físico de todos los judíos de Europa, en un momento dado de la investigación judicial advertí que era perfectamente aplicable al caso argentino, relacionado especialmente con lo que pasó a partir del 24 de marzo de 1976. Pareciera ser que también luego de distintas estrategias de las elites y sectores reaccionarios y autoritarios argentinos desde los años ‘30 por lo menos intentando lidiar con la cuestión ‘subversiva’, la cuestión de las organizaciones de izquierda, es decir luego de experimentar con tribunales especiales, leyes especiales, pena de muerte, bandas paramilitares, finalmente el 24 de marzo se pone en marcha la solución final, es decir el secuestro, la desaparición y el exterminio de todos aquellos vinculados de una u otra manera con estas organizaciones. Y de ahí la profunda violencia que inyecta el Estado autoritario, terrorista, a partir de entonces y que marca una diferencia en la escala con el resto de las dictaduras de Latinoamérica. Creo que se puso en marcha una solución final de la mano de la última dictadura”.

Daniel Rafecas y un repaso por su trabajo como juez de instrucción de una importante megacausa por delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado en Argentina y su tarea como investigador del Holocausto, dos genocidios y la práctica de la solución final como forma de exterminio. Diferentes metodologías para fabricar el mismo producto: muerte.

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Balas contra pelotas y guitarras

Carlos Del Frade (APE)

La zona oeste rosarina era, cuatro décadas atrás, una geografía atravesada por la cultura de los ferrucas, los trabajadores de la mítica empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. El saqueo institucionalizado de los años noventa trajo la desocupación, la invasión de los fantasmas a la estación Rosario Oeste y la ausencia de soportes materiales para las existencias cotidianas de los barrios La República, Azcuénaga y Bella Vista. Fue allí que las bandas narcos aparecieron en los viejos clubes de la región y tomaron sus instalaciones para sus negocios.

Sin embargo, en la segunda mitad de la primera década del tercer milenio, alrededor de 2008, un grupo de pibas y pibes, algunos menores de dieciocho años, comenzaron a sentir la necesidad de recuperar esos espacios colectivos. Y lo hicieron. A fuerza de voluntad, ternura y claridad de objetivos.

Dos de esas postales de la nueva historia política de la esperanza fueron El Luchador y El Federal. La pibada marcaba el camino para las generaciones anteriores que se resignaron a la pesadilla impuesta como si fuera un destino inmodificable.

La historia se puede cambiar, eso demostró y demuestra, todos los días, la muchachada que se hizo cargo de la conducción de ambos clubes de la zona oeste rosarina.

El miércoles 29 de octubre, casi medio millar de personas fueron a abrazar a esos jóvenes dirigentes.

Les habían baleado sus casas.

-Estos hechos están dirigidos a detener la construcción de territorio que construimos. Detrás están grupos minoritarios que se sienten relegados por la fortaleza de nuestro proyecto. Luego de amenazas, robos de bienes colectivos y de secuestros de información de nuestros clubes, hemos sufrido el ataque con arma de fuego en la casa de dos referentes del barrio que pertenecen a la dirigencia de los clubes, Nicolás Rigatuso y Daniela Giménez”, señalaron los principales referentes.

Agregaron que el desarrollo de las actividades culturales y deportivas “dan lugar a 800 personas, en su mayoría adolescentes. Resistimos económicamente, llevando a cabo una economía colectiva, participativa, totalmente autogestionada. “En este proyecto inclusivo vemos necesario restituir y crear vínculos comunitarios desaparecidos. Nos animamos a presentar mediante nuestra práctica deportiva, social y cultural una alternativa para trabajar sobre los conflictos sociales”, apuntaron.

-Son las balas contra las pelotas y las guitarras. A medida que las pelotas aumentan en cantidad y que las guitarras, los violines suenan mejor, nuestro proyecto gana terreno y crece en virtudes… Son grupos minoritarios, que hoy caminan impunemente por nuestro barrio cuando fueron los responsables de arrebatarnos los sueños en los 90. Hoy se sienten amenazados por la fortaleza de nuestros vecinos y vecinas, por el crecimiento de nuestra organización, y por la profundización de nuestro proyecto artístico, deportivo y económico popular.

Se comprometieron a defender “la trinchera de sueños y de seguir construyendo nuestra República…A los ataques respondemos con trabajo, compromiso, transformando el miedo en participación, en construcción colectiva. Sepan los cobardes poderosos que en nuestro barrio se camina con el pecho erguido. Por acá, no se rinde nadie”.

Anunciaron que el viernes 21 de noviembre las autoridades del club Federal organizaron una jornada especial para recaudar fondos. Habrá recitales y números artísticos y lo obtenido se destinará para dotar a la institución de gas natural “para que los vestuarios tengan agua caliente”. Los jóvenes pidieron protección al Estado para que no haya incidentes, apuntaron los medios rosarinos.

Fuentes: Diarios “La Capital”, “Rosario/12” y “El Ciudadano”, del jueves 30 de octubre de 2014.

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La información pública, un derecho

LA ARENA

En los últimos días se conocieron varios fallos de importancia, que vienen a consolidar la firmeza y vigencia del acceso a la información pública como un derecho humano básico.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una sentencia de cámara por la que se había condenado a la Inspección General de Justicia a informar al demandante -el diputado radical Ricardo Gil Lavedra-, respecto de la sociedad Ciccone Calcográfica SA, y sus sucesoras Compañía de Valores Sudamericana SA, y The Old Fund, datos sobre su inscripción, estatutos, autoridades, accionistas y domicilios.

El Estado se había opuesto a dar esta información -relevante para la investigación que se sigue contra el vicepresidente Amado Boudou- alegando que Gil Lavedra, en su carácter de diputado nacional, contaba con "canales institucionales específicos" para obtener la información. La Corte entendió que el derecho ejercido le asiste a todo ciudadano, y que no se pierda esa calidad por ser legislador.

Por los mismos fundamentos, en otro caso la Corte confirmó otra sentencia de cámara que obligaba al titular del Ministerio de Planificación Federal, a proveer a un grupo de diputados nacionales información y documentación vinculada el procedimiento de licitación pública para la construcción de las represas "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic".

Más recientemente, y en otro caso sorprendentemente análogo, originado en Jujuy, el máximo tribunal de Justicia revirtió los fallos provinciales que le habían denegado a un legislador provincial de aquella provincia el derecho de acceder a información sobre la constitución del Consejo Provincial de Turismo. También en este caso la negativa se había basado en la calidad de funcionario del demandante. En todos los casos, la Corte reafirmó que todas las personas tienen el derecho a conocer "la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan".

Finalmente, en nuestro ámbito, la Cámara de Apelaciones local confirmó el fallo dictado en febrero pasado por la jueza Gloria Albores, que había garantizado a LA ARENA el libre acceso al expediente judicial iniciado por la Fiscalía de Estado para recuperar los fondos sustraídos por varios ex funcionarios del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), entre ellos, Nelson Hugo Agüero y Luis Edgardo Araniz.

Lamentablemente, la confirmación no implicó la fijación de una doctrina republicana por parte de la cámara, que sólo rechazó la apelación de la Provincia de La Pampa por entender que, como este diario ya había tenido acceso al expediente, la cuestión se había tornado "abstracta".

Lejos de contribuir al fortalecimiento de la república, los camaristas opinan -aún cuando esa opinión no tenga efecto práctico- que la vía del amparo no sería apta para discutir las decisiones de un juez, aún cuando ese juez deniegue un derecho humano básico -como el de acceder a la información pública- y cuando, en este caso, ese ocultamiento fue cometido también por la propia Fiscalía de Estado, esto es, por el Poder Ejecutivo.

Como se ve, entonces, la consolidación de este derecho fundamental descansa en la firme determinación del máximo tribunal nacional, y en la lucha de actores sociales que -como en nuestro ámbito- deben batallar contra los persistentes bolsones burocráticos que obstaculizan la transparencia en la función pública.

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video-vigilancia: Ojos ciegos bien abiertos

Juan Pablo Zangara (OTROS CÍRCULOS)

¿Acaso se ha debatido antes de que proliferase el emplazamiento de estos aparatos, que reducen el espacio urbano a la cuadrícula de una visualización policial paranoica? Es irrisorio denominarlas “cámaras de seguridad”.

El aparato disciplinario perfecto permitiría a una sola mirada verlo todo permanentemente. Un punto central sería a la vez fuente de luz que iluminara todo, y lugar de convergencia para todo lo que debe ser sabido: ojo perfecto al cual nada se sustrae y centro hacia el cual están vueltas todas las miradas.
Michel Foucault

Voluntad de verlo todo, de saberlo todo, en cada instante, en cada lugar; voluntad de iluminación generalizada, es otra versión científica del ojo de Dios, que prohibiría para siempre la sorpresa, el accidente, la irrupción de lo intempestivo. Paul Virilio

1.
El gigante (Der Riese, 1984), de Michael Klier, es presentado como un film. Puede resultar extraño que esta “sinfonía urbana” (como la llama James Hoberman)(1), compuesta casi enteramente por el registro de cámaras de vigilancia en ciudades alemanas, sea definida en la misma categoría de piezas como El hombre de la cámara (Chelovek s Kino Apparatom, 1929), el clásico fundacional de DzigaVertov. Detrás de esas cámaras de vigilancia no hay ningún director. Klier no ha decidido el encuadre, la composición del plano, la iluminación: ¿basta un mero montaje para convertir esas imágenes en una película? Sin embargo, sus 82 minutos de duración constituyen no sólo un documental con todas las de la ley, sino el punto de llegada (provisorio) de una mutación iniciada, precisamente, con la fotografía y el cine. Se trata del paulatino reemplazo de la mirada humana por los dispositivos de visión.

2.
Este “cambio de régimen revolucionario de la visión”, esta “fusión/ confusión del ojo y del objetivo, el paso de la visión a la visualización”, ocupan la reflexión de Paul Virilio en su ensayo La máquina de visión (1989). Toda especulación debería tener en cuenta tres aspectos. Primero, las consecuencias de estas tecnologías ópticas sobre la mirada humana. No es ninguna novedad que asistimos a una reconfiguración radical de la experiencia, de las coordenadas perceptivas y cognitivas del aparato psíquico (que, paradójicamente, “se han instalado sin dificultad en las costumbres”); una redefinición que, al estar vinculada con las “imágenes mentales” (cuando no suponen su obsolescencia y reemplazo), involucra a la propia conciencia. En otras palabras, la “logística de la percepción” (la tecnificación de la visión por las cámaras, las simulaciones virtuales por computadora) transforma de modo definitivo la experiencia humana del mundo, de lo que se considera “la realidad”.

Segundo: por obra de la “ubicuidad instantánea de la teletopología”, de la “omnividencia” (esa “ambición totalitaria del Occidente europeo”);en la medida en que “todo lo que aparece, aparece a la luz, y lo visible no es más que el efecto en lo real de la rapidez de una emulsión luminosa” (la de las máquinas de visión); en tanto “la formación de una imagen total” implica la operación multiplicada de un ojo mecánico (o electrónico) cada vez más veloz, sólo cabe tomar nota del crepúsculo de la realidad. Esa realidad ya no contempla “la larga errancia de la mirada” humana, sino “el cara a cara inmediato de todas las superficies refringentes” por el Argos omnipresente de la tecnología visual.

3.
Una reconfiguración del ojo y la mirada, entonces, junto con una redefinición de las coordenadas de la realidad. Queda un tercer aspecto. Escribe Virilio: “Este solemne adiós al hombre detrás de la cámara, esta desaparición total de la subjetividad visual en el seno de un efecto técnico ambiente, especie de pancinema permanente, convierte, aunque lo ignoremos, a nuestros actos más corrientes en actos de cine; y el nuevo material de visión, una materia prima de la visión, impávida e indiferenciada, es menos el fin de un arte que el punto límite del inexorable avance de las tecnologías de representación, de su instrumentalización militar, científica, policial, desde hace siglos. Con la intercepción de la mirada por el aparato de enfocar, asistimos a la emergencia de un mecanismo, no ya de simulación sino de sustitución, que se convertirá en el último trucaje de la ilusión cinemática”. La ciudad surcada por el “pancinema permanente” de las cámaras de vigilancia (entre muchas otras técnicas ópticas) es, así, el “punto límite” no tanto del “avance de las tecnologías de representación” como de su “instrumentalización militar, científica, policial”.

Esas cámaras no capturan imágenes: capturan el ojo. Es irrisorio denominarlas “cámaras de seguridad”. Lo único que aseguran es la atadura del ojo a los dispositivos de visión, que no es más que una versión híper-tecnificada de la paranoia. Una ciudad atravesada por cámaras de vigilancia es, paradójicamente, una ciudad sin mirada (humana). El ojo de los operadores de “monitoreo urbano” es un apéndice (prescindible) de los aparatos de vigilancia, una prótesis (anacrónica, orgánica, limitada) de las máquinas de visión.

4.
La instrumentalización policial de las cámaras de vigilancia es algo más que el peligroso punto de llegada de las transformaciones hasta aquí mencionadas. Es de por sí peligrosa la concepción ingenua (instrumental) que subyace a la supuesta subordinación de esas cámaras a una (im)posible mirada humana. ¿Acaso se ha debatido al respecto antes de que proliferase el emplazamiento por doquier de estos aparatos? Como sea, la retícula múltiple con la que estas cámaras cartografían el espacio urbano no sólo convierte “nuestros actos más corrientes en actos de cine” (por qué no extremar estas notas: ¿no somos todos sujetos kafkianos ante la ley de estos ojos blindados?, ¿no nos parecemos al pobre Buster Keaton en Film, el único film de Samuel Beckett?).

El espacio urbano, lo que alguna vez fue celebrado como la esfera pública, termina siendo reducido, gracias a la perseverancia constante de la video-vigilancia, a la mera cuadrícula de una visualización policial. De nuevo: la esfera pública es compactada por el ojo electrónico multiplicado de la paranoia policial.

5.
Más que de paranoia, conviene hablar de disciplinas;basta con releer el clásico de Michel Foucault, Vigilar y castigar (1975). La familia, la escuela, el cuartel, la fábrica, el hospital y la cárcel no sólo se asemejan por ser todas instituciones de encierro, que organizan el tiempo y la mecánica de los cuerpos; no sólo despliegan una microfísica del poder que abarca todo el cuerpo social, a fin de asegurar la (re)producción de los sujetos; no sólo constituyen la base de la sociedad disciplinaria, con sus dispositivos y sus moldes para la conducta. Todas tienen en común “la objetivación progresiva y el reticulado cada vez más fino de los comportamientos individuales”. “Las instituciones disciplinarias –escribe Foucault- han secretado una maquinaria de control que ha funcionado como un microscopio de la conducta; las divisiones tenues y analíticas que han realizado han llegado a formar, en torno de los hombres, un aparato de observación, de registro y de encauzamiento de la conducta”. Todas ellas son “observatorios de la multiplicidad humana” y “medios del buen encauzamiento”.

Si bien todas esas instituciones de encierro han estallado (hasta cierto punto) y la microfísica del poder ha de entenderse en nuestros días en clave nómade (de ahí que Gilles Deleuze haya propuesto la denominación actualizada de “sociedades de control”)(2), de eso no se sigue que la “anatomía política del detalle” que está en el corazón de las disciplinas haya desaparecido. La “observación minuciosa del detalle” y la “consideración política de estas pequeñas cosas, para el control y la utilización de los hombres”son los vectores fundamentales de la sociedad de vigilancia.

6.
La retícula disciplinaria clásica (en la escuela y en la fábrica, en el hospital y en la cárcel) establece una “infra-penalidad” que escapa a la codificación de las leyes y a sus sistemas de castigo. “Se trata a la vez de hacer penables las fracciones más pequeñas de la conducta y de dar función punitiva a los elementos en apariencia indiferentes del aparato disciplinario”, precisa Foucault. Es tal la minuciosidad de estos “microscopios de la conducta” que el objeto de sus sanciones se amplía hasta el absurdo: “retrasos, ausencias, interrupciones de la tarea, falta de atención, descuidos, falta de celo, descortesías, desobediencias, charlas, insolencias, actitudes incorrectas, gestos impertinentes, suciedad, falta de recato, indecencia…”.

Ahora, ¿no es exactamente la misma minuciosidad, la misma “anatomía política del detalle”, la que sostiene la red de visualización del espacio urbano por las cámaras de vigilancia?

A la imprecisión semántica de términos como “situaciones sospechosas” o “de riesgo”, con que se suele justificar el “monitoreo urbano” (expresiones en las que es fácil reconocer la herencia de las disciplinas), se suma la paradoja intrínseca de la “prevención del delito”, que Steven Spielberg ha narrado con maestría en Minority Report (Sentencia previa, 2002): ¿se puede juzgar y condenar un acto antes de que efectivamente ocurra? ¿En qué limbo vagan las trayectorias posibles de acciones abortadas por una intervención previa?

La video-vigilancia instala, así, un estado de “sospecha” ampliado y difuso. Por obra de la video-vigilancia, la esfera pública se convierte en un espacio “cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos”, “en el que los menores movimientos se hallan controlados, en el que todos los acontecimientos están registrados”, “en el que cada individuo está constantemente localizado, examinado y distribuido” según criterios de análisis y orden. Este “modelo compacto del dispositivo disciplinario” no es, según Foucault, el de la prisión, sino el de la ciudad del siglo XVIII una vez declarada la peste.

Mucho más que la incertidumbre del sujeto kafkiano: para la video-vigilancia, todos estamos (somos) (posibles) apestados.

7.
Los dispositivos disciplinarios (de los que deriva la razón de ser de la vigilancia urbana por cámaras) sólo pueden funcionar por la coacción de un “juego de la mirada”, por “un sistema de registro permanente” para el que todo debe volverse visible. La “figura arquitectónica” por excelencia que reasegura este régimen de visibilidad general (como función constitutiva de la microfísica del poder), que permite desplegar los “escrúpulos infinitos de la vigilancia”, es el célebre Panóptico (1780) de Jeremy Bentham.

Más que un modelo de prisión, es un modelo de sociedad. Su mismo emplazamiento físico garantiza un efecto doble. Por un lado, es una verdadera “máquina de visión”; su arquitectura misma es una “maquinaria” de control, que funciona de manera automática, sin necesidad de “operadores”. Por otro lado, inscribe en el sujeto el efecto del poder panóptico: “el detenido no debe saber jamás si en aquel momento se le mira; pero debe estar seguro de que siempre puede ser mirado”.

“El que está sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe, reproduce por su cuenta las coacciones del poder”, concluye Foucault: ¿no es acaso igual la situación de quien se sabe vigilado todo el tiempo por las cámaras urbanas? El “pancinema permanente” de las cámaras de vigilancia, ¿no es, acaso, el último avatar de aquella máquina arquitectónica de visión-disciplina? En este punto, habría que subrayar la consecuencia principal que se sigue de estos mecanismos. El razonamiento elemental que suele justificar las redes de monitoreo urbano pasa por la supuesta necesidad de registrar las “contravenciones” y los “delitos”, asegurar la “seguridad ciudadana” en el espacio público. Pero lo que así aparece como causa es, en realidad, el efecto. Es la compulsión de la vigilancia, la capilaridad de los dispositivos de disciplina, el régimen ampliado de visibilidad-control, lo que produce aquello que ha de ser atrapado por el ojo panóptico. Son las cámaras las que generan (la necesidad de) lo que hay que ver.

8.
Este ojo de Dios de la video-vigilancia paranoica tiene, sin embargo, puntos ciegos. Es lo que aprovechan los habitantes de Springfield cuando, involuntariamente, Bart identifica una parcela no registrada por las cámaras en el mismísimo patio trasero de su casa. Convendría aclarar que, de momento, las pocas leyes que regulan de modo precario la proliferación cada vez mayor de cámaras de vigilancia prohíben expresamente la filmación del interior de las propiedades privadas. El monitoreo urbano aún no ha alcanzado una situación como la de este capítulo de Los Simpsons (“Tosurveil, withlove”; episodio 20 de la temporada 21, 2010).

Puede que no haga falta rastrear puntos ciegos; ni tampoco exagerar con las contradicciones insalvables que este apresuramiento vigilante implica para con los derechos individuales que la Constitución Nacional consagra en su artículo 19 (al que la Corte Suprema ha anexionado el derecho a la imagen y a la privacidad). ¿O no es cierto que, entre nosotros, a nadie parece preocuparle mayormente ser filmado por el panóptico urbano?

Notas:
1) La película integra una de las exposiciones más completas sobre la cuestión: “Ctrl[space]: Rhetorics of Surveillance (retóricas de la vigilancia), from Bentham to Big Brother”, montada entre octubre de 2001 y febrero de 2002 en el Centro de Arte y Medios ZKM, en la ciudad alemana de Karlsruhe (Baden-Württemberg). El texto de James Hoberman para el catálogo de la muestra se titula “ScienceFictions”. Se puede visitar la página web en este link: http://ctrlspace.zkm.de
2) V. Deleuze, “Post-scriptum sobre las sociedades de control”. En: Conversaciones, 1972-1990 (1999).

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Derechos humanos: Incremento de malos tratos y torturas en las cárceles bonaerenses

ACTA

Con la presencia de senadores y diputados provinciales, concejales municipales y familiares de víctimas de violencia institucional, la Comisión por la Memoria (CPM) presentó el informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT), que en 2013 releva en el país un total de 1.151 víctimas.

Más de mil víctimas denunciaron padecer -al menos- tres hechos de tortura en el año. Según los datos arrojados por la investigación, a la tortura producida por el ejercicio de violencia física le siguen la práctica de aislamiento, la falta de asistencia a la salud, las malas condiciones materiales de detención y las amenazas.

El estudio es sobre una muestra de casos sobre las que se realizó una indagación más exhaustiva donde puede describirse el mecanismo de producción de los hechos de tortura y sus consecuencias gravosas. Tanto la Procuración Penitenciaria de la Nación como la Comisión Provincial por la Memoria cumpliendo con las funciones propias de los mecanismos de monitoreo de lugares de encierro han relevado en sus inspecciones muchos más casos y hechos.

La presentación se realizó en el salón Eva Perón del Senado de la provincia de Buenos Aires y estuvo a cargo del presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Adolfo Pérez Esquivel, la directora del GESPyDH, Alcira Daroqui, el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo y la presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Andrea Casamento. La mesa estuvo coordinada por Roberto Cipriano García, miembro de la CPM.

También estuvieron presentes otros integrantes de la CPM: Mauricio Tenembaun, Victor De Gennaro y Ana Barletta y la Coordinadora del Comité contra la Tortura la doctora Alicia Romero, su directora de Recepción de denuncias y base de datos, doctora Melina Boffelli y la directora general de áreas, Sandra Raggio, junto a otros directores y equipos de trabajo.

“Las cárceles y comisarías no pueden ser depósitos humanos”, sostuvo Pérez Esquivel al inicio de la presentación e indicó que “la CPM viene realizando inspecciones en los lugares de encierro de la provincia, pero la sociedad debe actuar porque si bien se hacen controles la prácticas continúan”. Este tercer informe del RNCT, además de la sistematización del relevamiento de los casos de tortura en lugares de encierro, presenta también casos de violencia policial, tanto de la policía bonaerense como de la federal y metropolitana en su despliegue territorial.

Por su parte, Francisco Mugnolo expresó: “Nadie puede negar que en este país se tortura. Falta una acción concreta del Estado para superar la impunidad que se opera en estos ámbitos. Resulta que mientras nosotros estamos discutiendo estas cosas, hay gente en las cárceles que está sufriendo enormemente”. En este sentido, la presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Andrea Casamento, subrayó que “el Estado por acción o por omisión es el que hace estas barbaridades y ni nosotros ni nuestros familiares somos considerados víctimas sino seres indeseados”.

A su turno, Alcira Daroqui indicó: “La palabra de los y las detenidos/as es la que nos permite develar las prácticas violentas del Estado. La CPM y la PPN hacen visible lo que otros quieren ocultar. Por eso, el registro no es un conjunto de casos, ni tampoco reduce la tortura a las agresiones físicas, sino que comprende la multidimensionalidad de la tortura”.

El RNCT es el primer registro nacional que da cuenta de la tortura y fue creado en el año 2010 por un acuerdo inter-institucional entre la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH). Al respecto, Cipriano García señaló que “el poder ejecutivo nunca iba a hacer este registro porque implicaba visibilizar la tortura. Por eso, nos juntamos los organismos públicos autónomos y lo hicimos”.

El trabajo de campo de este informe se realizó en 26 unidades penales y la alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, en 4 institutos de menores, 1 comisaría y 1 hospital neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires y en 8 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal. El relevamiento aportó 227 víctimas en el ámbito bonaerense y 174 casos en el ámbito federal y nacional. A esto se incorporaron 43 casos a partir de la recuperación de la información volcada en la planilla de intervención en inspecciones la CPM y 707 casos aportados por el procedimiento de investigación y documentación eficaces de casos de tortura y malos tratos de la PPN.

Las 1.151 víctimas describieron 3.687 hechos de malos tratos y/o torturas. En promedio, en los 2 meses previos a la entrevista, cada víctima padeció más de 3 del máximo de 11 tipos de tortura y/o malos tratos que permite registrar el instrumento. Si bien las agresiones físicas siguen siendo la práctica violenta de mayor frecuencia (expresada en modalidades de tortura como golpes y golpizas, pata-pata, puente chino, chanchito, picana) con un 84,4% de víctimas, no es menos significativa la práctica de aislamiento con 62,3%. Le siguen la falta de asistencia a la salud, las malas condiciones materiales de detención y las amenazas, con 38,3%, 33,7% y 31,7% respectivamente.

Entre las víctimas, el 95,7% eran varones, pero también se relevaron 46 casos de mujeres y 4 de personas trans. Asimismo, se trata de una población principalmente joven, con 8 de cada 10 víctimas de entre 18 y 34 años de edad.

Resultados en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires

Durante el año 2013, como resultado del relevamiento específico del RNCT y de la reconstrucción de planillas de intervención del Comité contra la Tortura se individualizaron un total de 1.310 hechos de torturas y/o malos tratos para 270 víctimas, relevados en 33 lugares de detención de la Provincia de Buenos Aires.

Los casos se registraron en cuatro tipos de agencias: 249 (el 92,2%) en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), 19 (el 7%) en lugares de detención para personas menores de edad dependientes de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, 1 (el 0,4%) en comisarías de la Policía Bonaerense y 1 (0,4%) en hospitales neuropsiquiátricos dependientes del Ministerio de Salud de la provincia.

En promedio en los dos meses previos a la entrevista cada víctima sufrió casi 5 de los 11 tipos de tortura y/o malos tratos que permite registrar el instrumento: 224 personas describieron malas condiciones materiales de detención, 223 aislamiento, 177 falta o deficiente alimentación, 168 agresiones físicas, 157 falta o deficiente asistencia de la salud, 99 impedimentos de vinculación familiar y social, 80 traslados constantes, 56 amenazas, 45 robos de pertenencias, 42 traslados gravosos y 39 requisas personales vejatorias.

Estos 11 tipos de malos tratos y/o torturas se concatenan amplificando los efectos de cada hecho: aislamientos durante los cuales se ejercen agresiones físicas que producen lesiones que no son curadas, traslados gravosos que implican requisas vejatorias y pésimas condiciones materiales y alimentarias, golpizas y robos seguidos de amenazas para evitar denuncias, desvinculación familiar y traslados constantes pasando también por distintas situaciones de aislamiento. El alto promedio de estos hechos de malos tratos y torturas combinados por víctima (que, como dijimos, llega a 5) en un lapso temporal de sólo 60 días permite reafirmar la multidimensionalidad de estas prácticas que se producen de manera combinada, generalizada, sistemática y regular en la Provincia de Buenos Aires.

Ante este diagnóstico, la CPM viene realizando una serie de acciones jurídicas a fin de que el Estado se comprometa a cambios profundos que modifiquen las políticas penitenciarias y de seguridad. En ese sentido, la CPM participó el pasado miércoles de una reunión de trabajo en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington en el marco de las medidas cautelares dictadas por este organismo sobre el complejo penitenciario de San Martín (MC104/12), que fueran peticionadas por la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Fue creada por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en julio de 1999, y ratificada por la ley 12.483 del 13 de julio de 2000 y su modificatoria, la ley 12. 611/2000. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos. Mediante la Ley provincial 12.642/00 - aprobada por unanimidad- recibió el edificio en el que había funcionado durante medio siglo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) para que establezca su sede. Junto con ese emblemático edificio, la Comisión asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el primer archivo de inteligencia policial desclasificado de la Argentina: el Archivo de la DIPPBA.

La CPM está integrada por: Adolfo Pérez Esquivel; Hugo Cañón; Aldo Etchegoyen; Víctor Mendibil; Mauricio Tenenbaum; Roberto Cipriano García; Elisa Carca; Susana Méndez; Víctor De Gennaro; Luis Lima; Dora Barrancos; Martha Pelloni. Por UNLP: Ana Barletta. Por el Senado de la Provincia: Senador Emilio López Muntaner; Senador Horacio López.

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