miércoles, 12 de noviembre de 2014

Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (25): “Chaptered Out”: el Pentágono despide a los militares discapacitados

PROYECTO CENSURADO

Traducción: Ernesto Carmona

Los militares de Estados Unidos están siendo contratados de acuerdo a una política que descarta del servicio a los veteranos heridos o discapacitados para evitar el pago de beneficios y hacerle sitio a nuevos reclutas sanos. Los soldados heridos en combate son identificados injuriosamente como delincuentes y negligentes, y conducidos en la práctica al llamado “chaptering out” [fuera de servicio].

En definitiva, esos soldados que hicieron las guerras de Estados Unidos por un sueldo son forzados a irse de manera no honorable. Debido a esta política, millares de soldados “chaptereados” pierden las ventajas federales patrocinadas por el gobierno, como atención sanitaria, programas educativos y ayuda por desempleo.

Dave Philipps, reportero de la Colorado Springs Gazette expuso esta práctica con su historia del sargento Jerrald Jensen, receptor de la condecoración Purple Heart.

Jensen, veterano de guerra adornado con dos viajes a Afganistán y el grado de sargento activo, fue forzado a dejar el ejército de Estados Unidos sin las ventajas de los ex funcionarios militares por sustentar un llamado “modelo de mala conducta”.

Jensen no pudo pasar un análisis de orina después de ingerir drogas prescritas para sus lesiones. También fue preparado para llegar atrasado a una cita. Jensen hizo numerosas tentativas para ser reexaminado pero fue dejado afuera (chaptered out) por sus superiores. “Me dijeron que ahora no merecía llevar el uniforme, ni nunca merecí llevarlo”, dijo Jensen a Al Jazeera America.

Philipps ha seguido varias historias de soldados heridos que han golpeado la muralla militar sin conseguir nada. “Muchos han sido diagnosticado con el desorden de “stress post traumático” (PTSD, en inglés) y otros también tienen lesiones cerebrales traumáticas (TBI), que pueden influir en el comportamiento y el juicio”, dijeron las fuentes de Philipps, quien estima en 76.000 los soldados dejados afuera (chaptered out) desde 2006, un número que sigue aumentando cada año desde que comenzó la guerra en Iraq.

Aunque los militares declinan ser entrevistados, se niega cualquier política que apunte a dejar afuera sin ventajas a los soldados discapacitados, aunque un miembro del comando médico del ejército de Estados Unidos confirmó desde adentro que esto sucede. Según Philipps, “estos comandantes quedan adheridos en su posición. Si tratan de sacarlos de un puntapié por razones médicas, todavía siguen atascados, tal vez durante mucho tiempo. En cambio, si deciden echarlos por mala conducta podrían quedar fuera en semanas”. Algunos soldados como Jensen han tenido éxito al apelar presentando sus descargos, pero muchos otros quedan sin ninguna ayuda de la nación a la que sirvieron.

Fuentes:
Dave Philipps, “Left Behind, No Break for the Wounded” Colorado Springs Gazette, May 20, 2013, http://cdn.csgazette.biz/soldiers/day2.html.
Sheila MacVicar, “76,000 Soldiers ‘Chaptered Out’ of Veterans’ Benefits Since 2006” Aljazeera America, November 9, 2013, http://america.aljazeera.com/watch/shows/america-tonight/america-tonight-blog/2013/11/11/exclusive-76-000soldierschapteredoutofmilitarybenefitssince06.html.

Estudiantes investigadores:
Carter Gaskill y Crystal Lau (DePauw University)

Evaluador académico:
Brett R. O’Bannon y Kevin Howley (DePauw University)

Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional de Proyecto Censurado.

Ver también:
- Hoy se publican las 25 noticias más censuradas en 2013-2014
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (02): Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (03): La gran prensa ignoró denuncia de WikiLeaks sobre el Tratado Trans-Pacífico (TTP)
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- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (05): Banqueros de Wall Street tienen apoyo pese a sus crímenes mayores
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (06): Estado profundo. “Gobierno sin referencias al consentimiento del gobernado”
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- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (11): Mega corporaciones y multimillonarios financian y dirigen las conclusiones de los think thanks
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (12): El Pentágono rebalsa dinero pese a severos problemas de auditoría
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- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (14): Se acumulan pruebas del peligro para la salud por el uso de tecnología inalámbrica
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- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (17): 2016 encontrará a Gaza sin agua potable
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- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (24): “Justicia restaurativa” avanza en las escuelas-cárcel de los pobres

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Los 70 años de Bretton Woods, del Banco Mundial y del FMI (Parte 10): El apoyo del Banco Mundial a la dictadura en Turquía (1980-1983)

Eric Toussaint (CADTM)

La estrategia del Banco Mundial recuerda claramente la que aplicó con respecto a la dictadura de Ferdinand Marcos en Filipinas en 1972 y a la de Augusto Pinochet en Chile en 1973. De nuevo las razones geopolíticas fueron determinantes: a caballo entre Europa y Asia, Turquía es un peón fundamental en el tablero del Cercano Oriente y de Oriente Medio. Por lo tanto, había que asegurarse su sumisión a los intereses de Washington favoreciendo un régimen autoritario y aportándole un apoyo entusiasta. A esta tarea se aplicó el Banco Mundial promoviendo, con los militares en el poder, un programa económico neoliberal que abría de par en par las puertas a las inversiones de las sociedades multinacionales mientras reprimía a los sindicatos y a los partidos de extrema izquierda. Esta política consolidó el papel de Turquía como cabeza de puente de Estados Unidos a la hora de un nuevo reparto histórico.



El Banco Mundial comenzó mal con Turquía en los años 50. Su apoderado, el holandés Pieter Lieftinck, fue expulsado por las autoridades de Ankara debido a un intervencionismo excesivo.

La importancia geoestratégica de Turquía, uno de los países predilectos de Estados Unidos, llevó al Banco, bajo la presidencia de McNamara, a multiplicar sus gestos para mejorar las relaciones. Unos meses después de haber asumido el cargo, en julio de 1968, visitó Turquía. Conocía bien el país, aliado militar de Estados Unidos. Siendo secretario de Defensa hasta 1967, mantuvo relaciones estrechas con las autoridades de Ankara. Para no repetir la experiencia de Lieftinck, el Banco Mundial se esforzó en los años 70 en no demostrar interés en inmiscuirse en los asuntos internos. |1|

Al final de la década, el Banco comenzó a aumentar progresivamente la presión sobre el gobierno turco, en particular en 1978, cuando el nacionalista de izquierda Bülen Ecevit fue designado primer ministro. Se esforzó especialmente en obtener un fuerte aumento de las tarifas eléctricas.

El golpe de Estado de los militares de septiembre de 1980, que instauró una dictadura hasta mayo de 1983, satisfizo al Banco, pues los militares dieron su acuerdo para mantener el plan radicalmente neoliberal que había tramado con Süleyman Demirel |2| y Turgut Özal. |3|



Turgut Özal había sido nombrado subsecretario de Estado encargado de la coordinación de la economía por el primer ministro de la época, Süleyman Demirel. Fue este dúo el que lanzó el programa económico neoliberal, en enero de 1980. Pero su aplicación se hizo difícil por la agitación sindical, el sentimiento de inseguridad debido a los enfrentamientos entre estudiantes de izquierda y de derecha, las maniobras del partido islamista que negociaba duramente en el Parlamento su apoyo al gobierno minoritario de Süleyman Demirel... y por la sed de poder de los militares, que desestabilizaban el gobierno en secreto con el apoyo de los estadounidenses. Sin embargo, el régimen militar, que disolvió el Parlamento y encarceló a Süleyman Demirel en septiembre de 1980, accedió a nombrar a Turgut Özal ministro encargado de la economía con plenos poderes. Éste pudo así gestionar sin trabas el programa neoliberal durante dos años, hasta el crash financiero que le desalojó.

El Banco Mundial apoyó con entusiasmo la política de los militares y de Turgut Özal, pues le permitía «el aumento de los incentivos a las exportaciones; la mejora de la gestión de la deuda externa; [...] la eliminación del déficit presupuestario; [...] la reducción del nivel de la inversión pública». |4|

Los historiadores del Banco Mundial escribieron: «El programa turco se transformó en un prototipo para los préstamos con ajuste estructural.» |5|

Todo esto fue facilitado por varios factores:

1) La relación estrecha entre políticos turcos y altos funcionarios turcos del Banco Mundial. Aparte de los nombres ya citados, se ha de mencionar a Attila Karaosmanoglu |6| y Munir Benjek |7| , los hombres del Banco por excelencia. |8|

2) En 1977, Turquía, muy endeudada, entró en crisis y, a diferencia de otros países endeudados, recibió una importante ayuda de las potencias occidentales (Estados Unidos, Alemania), del Banco Mundial y del FMI para que no se hundiera. |9|

El giro neoliberal de Turquía no fue fácil, pues la Constitución heredada de principios de los años 60 establecía que el país debía seguir una política de industrialización por sustitución de importaciones, y que para ello se aplicaría un fuerte proteccionismo y una fuerte inversión pública.

El golpe de Estado militar de septiembre de 1980 gozó así de toda la simpatía del Banco Mundial. Es probable que McNamara estuviera al corriente de los preparativos del golpe de Estado, pues tenía estrechas relaciones con el presidente Carter.

El ejemplo de Turquía muestra otra vez que la política del Banco Mundial está profundamente determinada por intereses geoestratégicos, en particular los de Estados Unidos.



Los historiadores del Banco Mundial no lo ocultan: «En lo personal, como hombre de Estado global, McNamara no estaba ciego ante la importancia geopolítica de Turquía.» |10|

Frente al peligro que representaba la revolución iraní de 1979, que enfrentaba la política estadounidense, había que asegurar la estabilidad de Turquía favoreciendo un régimen autoritario y apoyándolo. |11| El golpe de Estado turco se preparó con la ayuda de Estados Unidos.

En el vecino Iraq, el golpe de Estado de Saddam Husein de 1979 contra el régimen pro soviético presenta esta misma convergencia de intereses estratégicos. Después, en 1980, Husein sirvió directamente a los intereses estadounidenses y de las potencias de Europa occidental lanzando la guerra contra Irán.

De esto, los historiadores del Banco no dicen nada, pero señalan con claridad, volviendo a Turquía: «El Banco tuvo dificultades para atribuir a los militares turcos motivaciones bienintencionadas y evitar mostrar disgusto por sus intervenciones. Los comentarios formales del Banco, sobre el hecho de que el golpe de Estado de 1980 no cambiaría en nada sus intenciones de préstamos, fueron extremadamente corteses.» |12|

Esta manifestación de autosatisfacción merece un comentario. Si nos atenemos a uno de los objetivos más importantes pregonados por el Banco, la reducción de la inflación, podemos afirmar que no tenía de qué enorgullecerse: la tasa de inflación anual antes del ajuste estructural, a finales de los años 70, oscilaba entre el 40 % y el 50 %: bajo la dictadura militar, que puso en marcha el ajuste estructural, la inflación fue del 46 % en el período 1980-1983; del 44 % en 1984-1988; del 60 % en 1989. En la década siguiente, oscilaba alrededor del 70 % de media, con picos que llegaron hasta el 140 %.

En resumen, el objetivo de reducción de la inflación fue un fracaso absoluto. Lo mismo con la deuda pública interna, que se disparó, y con la deuda externa, que prosiguió su crecimiento.

Ahora, si consideramos la agenda oculta del Banco, ésta sí, efectivamente, podía cantar victoria en el curso de los años 80:

1) Turquía permaneció en el campo de los sólidos aliados de las potencias occidentales;

2) abandonó totalmente el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que implicaba un alto grado de proteccionismo y de inversión pública;

3) adoptó un modelo volcado a la exportación, aumentando su competitividad, reduciendo los salarios reales y devaluando su moneda en proporciones considerables;

4) gracias a la dictadura, reprimió con dureza el movimiento sindical y la izquierda, reformista o revolucionaria.

Efectivamente, entre fines de 1979 y 1994, el valor del dólar frente a la libra turca se multiplicó por 900; el proceso comenzó en 1980 con una devaluación del 30 %. En el curso de los años 70, los salarios reales habían tenido un fuerte aumento por el auge del movimiento sindical y la conquista por la extrema izquierda de un lugar político muy importante entre la juventud y la clase obrera. El golpe militar de 1980 permitió la prohibición de los sindicatos y las huelgas, una reducción radical de los salarios y una explosión de los beneficios.

El país se convirtió en un paraíso para las inversiones de las transnacionales. Turgut Özal fue recompensado y elegido presidente de Turquía, de 1989 a 1993.

El Banco Mundial apoyó con firmeza al régimen militar y al que lo sucedió, prestándoles cerca de mil millones de dólares por año.

En 1991 Turquía prestó sus servicios a Estados Unidos y sus aliados en la primera guerra del Golfo, y como recompensa se benefició de las reparaciones pagadas por un Iraq derrotado.

Podemos afirmar que la estrategia del Banco Mundial en Turquía recuerda con mucha claridad a la que se empleó con la dictadura de Ferdinand Marcos en Filipinas, a partir de 1972, y con la de Augusto Pinochet en Chile, a partir de 1973.

Agreguemos que en 1999-2001 Turquía pasó por una situación de crisis financiera extrema, comparable a la de Argentina. Aquí también la geoestrategia desempeñó su papel: el FMI abandonó a Argentina en diciembre de 2001 negando al presidente de la Rúa un nuevo préstamo, mientras que, al mismo tiempo, proseguía su política de préstamos a Turquía, a fin de evitar los disturbios sociales y la desestabilización de un peón clave en el tablero del Cercano Oriente y de Oriente Medio.

Pero, como en todos lados, la ayuda del FMI y del BM aumenta la deuda de los países que se «benefician» de ella, y los ciudadanos turcos tienen todo el derecho de negarse, hoy o mañana, a seguir pagando a las instituciones de Bretton Woods.

La deuda contraída con el FMI y el Banco Mundial es perfectamente odiosa.

Traducción: Griselda Piñero y Raúl Quiroz
Revisado por Antonio Sanabria

Notas:
1| Devesh Kapur, John P. Lewis y Richard Webb, The World Bank, Its First Half Century, Brookings Institution Press, Washington D.C., 1997, vol. I, p. 547.
2| Süleyman Demirel (1924- ) fue varias veces primer ministro (1965-1971; 1975-1978; 1979-1980); jefe de Gobierno en 1991 y presidente de la República de 1993 a 2000.
3| Turgut Özal (1927-1993) fue primer ministro de 1983 a 1989, después presidente de la República desde 1989 hasta su muerte. Por otra parte, trabajó durante dos años, entre 1971-1973, en el Banco Mundial, en Washington DC.
4| Devesh Kapur et al., op. cit., nota 60, p. 548.
5| Ibid. p. 548.
6| Attila Karaosmanoglu fue un poco más tarde, a mediado de los años 80, vicepresidente del Banco Mundial para el Este Asiático y el Pacífico. Había sido contratado en 1960 por Turgut Özal para la DTP (dirección de planificación), y fue viceprimer ministro en 1971, después del golpe de Estado.
7| Munir Benjenk fue vicepresidente del Banco Mundial para Europa, Oriente Medio y África del Norte a lo largo de los años 70. Asesoraba directamente a McNamara en lo referente a Turquía.
8| Se convirtió más tarde en una tradición, en particular con Kemal Dervis, ex vicepresidente del Banco Mundial, que fue ministro turco de Finanzas de marzo de 2001 a agosto de 2005. En el año 2005 fue nombrado director del PNUD.
9| Esto continuó en los años 90 y principios de la década siguiente.
10| Devesh Kapur et al., op. cit., nota 62, p. 549. (Remarcado nuestro).
11| En el momento en que tuvo lugar el golpe de Estado, la tensión entre Estados Unidos y el régimen iraní era extrema porque un centenar de rehenes estadounidenses estaban retenidos en Teherán. El tema estaba en el centro de la campaña electoral en la que contendían Ronald Reagan y Jimmy Carter, que pretendía un segundo mandato.
12| Ibid., p. 550.

Éric Toussaint, portavoz del CADTM Bélgica (www.cadtm.org) y profesor en la Universidad de Lieja, es autor de varias obras, entre ellas: Bancocratie, Aden, Bruselas, 2014, http://cadtm.org/Bancocratie; Procès d’un homme exemplaire, Edition Al Dante, Marsella, 2013; Banco Mundial: el golpe de Estado permanente. La agenda oculta del Consenso de Washington, Ediciones El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), 2007; y una Tesis Doctoral, presentada en 2004 a las Universidades de Lieja y de París VIII, titulada: «Enjeux politiques de l’action de la banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et du Fonds Monétaire International envers le tiers-monde»http://cadtm.org/Enjeux-politiques-... Además es coautor junto a Damien Millet de 60 preguntas, 60 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, Icaria Editorial, Barcelona, 2009; del libro colectivo La deuda o la vida, Icaria Editorial, Barcelona 2011 que tuvo el premio al libro político concedido por la Feria del libro político de Lieja.



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Ataques de soberanía

Edgardo Logiudice (especial para ARGENPRESS.info)

Aumento de la participación en el Banco Mundial.

Lo que conocemos como Banco Mundial es en realidad un conjunto de cinco instituciones que conforman el Grupo del Banco Mundial (World Bank Group) de la cuales nos interesa particularmente la IFC (Corporación Financiera Internacional).

En Octubre de 2008 en el Grupo se examinó la propuesta de aumentar la participación y representación de varios países miembros, entre ellos el nuestro. Así se resolvió el 30 de enero de 2009.

Aumento de participación quiere decir aumentar la cuota de capital, comprar cuotas, acciones cuyo valor se determina conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional. La condición para ser miembro del Banco Mundial es serlo previamente del Fondo.

Tras una entrevista con la Vice Presidenta del Banco Mundial Pamela Cox, la abogada Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación Argentina, el 5 de noviembre de 2009, sostuvo: "La banca multilateral de desarrollo, tanto los organismos regionales como el Banco Mundial, han contribuido con vitales recursos a amortiguar el impacto de una crisis que nos vino de afuera. Es crítico que haya sostenibilidad en estos esfuerzos y por ello es imprescindible que se las capitalice adecuadamente". (1)

La declaración fue convenientemente desinformada por la Agencia oficial Telam, Clarín, La Nación y Página 12. Cada uno, seguramente, por distintas razones.

El 27 de Junio del año pasado la Presidenta promulgó la Ley 26.868 sancionada por el Parlamento aprobando la Resolución del Banco Mundial. Es decir la obligación de la República Argentina a suscribir el integrar un aumento de su capital en el Banco Mundial.

Sólo publicado por Telam como reseña del Boletín Oficial.

Normalmente el aumento de la participación significa aumento en la representación, es decir el valor del voto. No fue así, en este caso, para nuestro país: se aumentaron las acciones pero no los votos.

IFC. International Finance Corporation

La Corporación Financiera Internacional (IFC) es la mayor institución global de desarrollo dedicada al sector privado (184 países miembros, entre ellos el nuestro). Su función es atraer inversores para colaborar con las empresas de los países en desarrollo: proporcionan la inversión, asesoran y gestionan los activos.

El F.M.I. asesora al Banco Mundial sobre la viabilidad económica de los proyectos del Banco Mundial para el desarrollo. (2)

Los dictámenes del Fondo, institución oficial interestatal, operan como "garantía moral" para las inversiones de los privados que recluta la IFC del Banco Mundial. Todos son organismos de las Naciones Unidas.

El Director General de la IFC es Jin-Yong Cai, chino, licenciado en la Universidad de Beijing.

Era director gerente con participación en las ganancias del Grupo Goldman Sachs y jefe ejecutivo de Gao Hua (de la que Goldman es dueña del 33%) , y tenía una gran presencia en la dirección de Goldman a nivel internacional, dado que era miembro del Comité de Operaciones Bancarias de Inversiones, del Comité Ejecutivo para Asia, del Comité de Mercados en Crecimiento y del Comité de Asociaciones. Se incorporó a Morgan Stanley y posteriormente fue destinado a China International Capital Corporation (entre cuyos fundadores está la banca Morgan).

"Con su extenso conocimiento de los mercados financieros internacionales y del entorno de las inversiones en todo el mundo, ayudará a IFC a identificar inversiones seguras y estratégicas para el sector privado y a establecer asociaciones entre entidades públicas y privadas". Dijo en la asunción el Presidente del Banco Mundial. (3)

Es decir, el director de las inversiones que propicia el Banco Mundial para el desarrollo y la lucha contra la extrema pobreza es un miembro y socio de la Morgan y la Goldman Sachs.

JPMorgan está fabricando actualmente bonos basura en Europa y África, según denunciara Larry Elliott del The Guardian.

Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley son miembros de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, que asesora al FMI para el modelo de cláusulas contractuales para la reestructuración de las deudas soberanas.

Banco Mundial y los commodities

"La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, otorgó un préstamo por 40 millones de dólares a la empresa Noble Argentina para ampliar la infraestructura del procesamiento de soja.

Con estos fondos, la compañía, ubicada en el puerto de Timbúes, en la provincia argentina de Santa Fe, incrementará sus exportaciones hacia los mercados internacionales. El ejecutivo principal de la empresa, Richard Elman, señaló que están construyendo una planta moderna de molienda de semillas oleaginosas, que estará en condiciones de procesar tres millones de toneladas de soja al año". (4)

Los 175 millones del organismo del Banco Mundial salen del programa Critical Commodities Finance Program. "Para reducir el riesgo de escasez de alimentos y la energía y ayudar a mantener la estabilidad de los precios para los compradores de mercado emergentes, la CFI puso en marcha el Programa de Financiamiento de Productos Básicos Crítico (CCFP) […] A través de esta innovadora asociación público-privada, la Corporación mantendrá el crédito para los comerciantes e intermediarios que se mueven los alimentos y los productos agrícolas […] la financiación de los productos básicos promoverá las materias primas como una clase de activo…".

En suma financiar commodities manteniendo sus precios…para reducir el riesgo de la escasez de alimentos.

La otra mitad la pone Bladex. Banco con sede en Panamá, bajo la Superintendencia de Bancos de ese país. Para operar con él solicita la Certificación "USA Patriot Act".

Tiene como objetivo "Apoyar de manera integral el Comercio Exterior de América Latina, asegurando creación de valor para nuestros accionistas".

Los accionistas son de clases: A: Bancos Centrales, Bancos y Entidades Estatales (16.35%), entre ellos el Banco de la Nación Argentina; B: Bancos e Instituciones Financieras (6.41%) Representa la banca comercial e instituciones financieras; E: Inversionistas Privados (77.24%) Agrupa a inversionistas privados, cuyas acciones se listan en la Bolsa de Valores de New York.

Cuando se firmó el acuerdo dijo el representante del Bladex: “Nos complace haber firmado este acuerdo de asociación con el IFC para continuar brindando un mejor servicio a nuestros clientes corporativos. Este acuerdo refuerza el papel de liderazgo de Bladex en el área del financiamiento corporativo de América Latina, a la vez que el Banco continúa identificando y ofreciendo nuevas opciones de financiamiento a nuestros clientes corporativos”.

Georgina Baker, directora del IFC comentó, “La participación de riesgo del IFC aportará liquidez a Bladex para ampliar sus operaciones de financiamiento de comercio de productos agropecuarios […] lo cual posibilita el crecimiento basado en las exportaciones tan necesario para la región”. (5)

Como consultor figura el Contador Roberto Feletti, diputado nacional argentino.

Seguramente para cooperar con la seguridad alimentaria. Junto con Goldman Sachs y JP Morgan.

La autonomía de Latinoamérica

Parece que los ataques de pagos y capitalizaciones soberanas ha hecho un camino, a decir verdad, iniciado en otra parte del continente.

Así los sostuvo la abogada Lucila Rosso, actual Directora General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones y Cultos, primera becaria Presidente Néstor Kirchner de The New School. (6)

"El 27 de diciembre de 2005, el gobierno de Luiz Inácio «Lula» da Silva pagó anticipadamente la deuda total que su país mantenía con el FMI, girando los U$S 15.570 millones que adeudaba al organismo. Pocos días después, el 3 de enero de 2006, a pocos meses de cumplirse sus tres años en el poder, el entonces Presidente Néstor Kirchner concretaba la misma medida, cancelando por adelantado los U$S 9.534 millones que el país adeudaba al FMI".

La autora recuerda que Lula, en la Carta ao povo brasileiro (7) , sugería que seguiría una política ortodoxa, que "Lula triunfó y aplicó una política económica de tinte ortodoxo que fue dando estabilidad a la economía brasileña, un hecho que fue reconocido y halagado por el mismo FMI en cada una de las revisiones del acuerdo".

Y concluye: "Dejando a un costado las particularidades de cada caso, podemos concluir que la autonomía puede presentarse como un elemento común a los gobiernos de la izquierda latinoamericana y que la misma se relaciona con la necesidad de decidir sin imposiciones ni condicionalidades externas -aunque no sin ayuda-, el rumbo a seguir por el país".

Quizá me equivoque. No se trataría de ataques de soberanía sino de autonomía.

Notas:
1) Comunicado de prensa Nº:2010/123/LAC, Banco Mundial.
2) Ficha Técnica 30/9/2014. Dep. Relaciones Externas F.M.I.
3) Comunicado de Prensa, Banco Mundial, 10/08/2012.
4) Centro de noticias de las Naciones Unidas, 16 de julio, 2009
5) Página oficial IFC, Banco Mundial, 21/7/2014.
6) Deuda, FMI y la Nueva Izquierda Latinoamericana. Un lugar para la autonomía. En http://www.observatorylatinamerica.org/es/programas/beca-nestor-kirchner/280-debt-imf-new-latin-american-left
7) Folha de S. Paolo, 24/6/2002.

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Negociación colectiva y sistema productivo: Una historia con etapas

Ester Kandel (especial para ARGENPRESS.info)

La problematización del tema de las negociaciones colectivas, en el ámbito académico, puso atención en las modificaciones ocurridas en la última década con relación a la anterior: la permanencia de cláusulas de flexibilización laboral, fundamentalmente en cuanto a la jornada y a la organización del trabajo, la polivalencia funcional, el trabajo por células o equipos de trabajo, los incentivos en la composición laboral, la subcontratación y tercerización laboral, en el marco de incorporación al mercado de trabajadores desocupados y/o de trabajadores informales que fueran omitidas por parte de los representantes del ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La mirada sindical reafirma las condiciones de pérdidas de beneficios no restituidos y la precariedad en que se encuentran trabajadores/as de las empresas subcontratadas por ejemplo por el Estado nacional, así como la ausencia de negociaciones paritarias en el Poder judicial.

Tal como lo planteó una de las disertantes en las jornadas de Aset (2014) preguntarse “¿qué condiciones explican la permanencia de contenidos de flexibilización laboral en la negociación colectiva reciente?”, consideramos que amerita una reflexión sobre la relación que se establece con el sistema productivo.

Sobre las estrategias del capital, es importante precisar sus rasgos y para ello cito un artículo de la revista Periferia (septiembre de 2014):

Uno de los principales rasgos del proceso político y económico del Cono Sur, y en general América del Sur, es la pérdida de soberanía sobre sus recursos naturales. Dada la configuración del proceso de acumulación capitalista a escala planetaria y la nueva división internacional del trabajo, es indiscutible la importancia que han adquirido los hidrocarburos, los minerales, las fuentes de agua y la biodiversidad de que dispone América Latina. Las transnacionales han impuesto un modelo “re-primarizador” de las economías latinoamericanas, cimentando en la explotación indiscriminada de esas riquezas naturales.

El panorama que se observa muestra un cuadro social donde 3 de cada 10 hogares son pobres y 7 de cada 10 no llegan a fin de mes, con el salario pulverizado por la inflación y la devaluación; un 50 por ciento de la fuerza económicamente activa de la población precarizada, y la brutal transferencia a manos extranjeras de la propiedad de la tierra, siendo los bancos los grandes beneficiarios del sistema.

Remitiéndonos a aspectos históricos del modo de producción capitalista, el Dr. Julio Neffa hace referencia a la década de 1970 cuando surgen los procesos de subcontratación y de tercerización a partir de su crisis, poniendo en cuestión las formas tradicionales de organización de las empresas con las consecuencias de inseguridad e inestabilidad en el trabajo y el empleo.

El autor define la lógica del capital:

El modo de producción capitalista se define esencialmente por la contradicción entre propietarios de los medios de producción y la fuerza de trabajo asalariada bajo la hegemonía de los primeros, cuya motivación principal es tratar de incrementar su tasa de ganancia. En contrapartida del salario que pagarán luego de que haya utilizado la fuerza de trabajo, fijan la disciplina interna de la unidad de producción y se quedan con la propiedad de la unidad de los bienes o servicios producidos que pueden usar según su libre arbitrio.

¿Qué lugar ocupa la negociación colectiva en este modo de relación?

La negociación colectiva es un instrumento para abordar: la necesidad de los trabajadores/as de discutir con los patrones sus condiciones salariales, de trabajo, su participación en las ganancias, la generación y calidad del empleo y la libertad y la democracia sindical que les permita organizarse para defender sus derechos”. (1) En otros términos, se establecen las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, “legitimado por el derecho individual del trabajo” garantizando la cuota de plusvalía para reproducir el capital.

Efectivamente como señala el Dr. Neffa, existieron grandes etapas en la evolución del proceso de trabajo y de la organización de la producción.

En el marco de la crisis del capital de la década de 1970 emerge un nuevo paradigma caracterizado por: su orientación a satisfacer la demanda, la variedad, la calidad la calidad, la productividad, la reducción de los costos, estructuras organizativas más horizontales para favorecer la comunicación interna, buscando la adhesión y la integración del trabajador a la empresa. (…)

Las empresas subcontratadas (que pueden ser medianas, pequeñas y en el límite, hasta unipersonales como sería el caso de trabajadores por cuenta propia) se ampliaron y diversificaron en todos los sectores, incluso en el sector público, desde mediados de los setenta, luego de la crisis. (…)

¿Por qué las empresas grandes y medianas recurren cada vez con mayor frecuencia a la subcontratación? Porque en una gran empresa, integrada verticalmente, los costos fijos son muy importantes y a menudo hay indivisibilidades en materia de inversiones, que por su tamaño generan elevados costos. Para poder competir en un mercado mundializado, responder rápidamente a los cambios cuantitativos y cualitativos de una demanda que es más exigente (…) La subcontratación permite la producción o los servicios que se subcontratan no son los que generan más valor, sino aquellos que generan pocos beneficios porque usan tecnologías intensivas en trabajo, que facilitan el desencadenamiento de conflictos, guardando para sí las más rentables, las que dan lugar a la marca

En el ámbito académico se plantearon dos líneas diferentes de análisis: una bajo los supuestos de que las actuales relaciones laborales habían dejado atrás las de la década de 1990, focalizándose en las modificaciones de algunos determinantes, tanto jurídicos como económicos, con reglas específicas para regular la actividad sindical, la personería jurídica y la homologación de los convenios.

Según Horacio Meguira (2014) “analizar el estado actual de la negociación colectiva, del conflicto y de las violaciones a las libertades sindicales, son la base necesaria como para poder verificar las transformaciones que tuvo el sindicalismo en la década 2002-2012” y en la conclusiones señala:

Es evidente que las contradicciones estructurales del conflicto no son las mismas que en la década del 90, aunque hay aspectos que merecen alguna consideración especial porque quedan pendientes asignaturas que ponen en peligro lo avanzado en materia de relaciones del trabajo y relaciones sociales

Entre los aspectos preocupantes se encuentra la “ley antiterrorista”, la brecha entre los sectores ricos y pobres y las diferencias salariales entre los trabajadores ocupados o en otros términos “no resulta desvincular la negociación colectiva del sistema productivo, que el crecimiento económico no llega a toda la población y trae un modelo de negociación colectiva defensivo.”

Los que no participan de negociaciones colectivas

Son un sector heterogéneo, que abarca desde el personal judicial hasta trabajadores/as de empresas subcontratadas, muchas de ellas pertenecientes a gremios simplemente inscriptos o directamente son trabajadores/as no registrados. Asimismo, también viven condiciones de precariedad laboral los que realizan tareas cumplidas en el marco de los planes sociales, según la orientación del Banco Mundial.

Mediante entrevistas que realizamos pudimos acercamos a algunas particularidades:

Los/as trabajadores/as que pertenecen al Sindicato de Maestranza y Mantenimiento (SITMMA), gremio simplemente inscripto, desempeñan sus tareas en organismos del Estado Nacional. (2)

Este gremio se constituyó en el año 2008, cuando aunaron sus reclamos después de varios años de lucha en esos organismos, convencidos de que a través de la agremiación podían enfrentar las injusticias que padecían cotidianamente.

Sus salarios están determinados por un convenio colectivo de otro gremio, el sindicato de obreros de maestranza (SOM) pero su cumplimiento depende de la organización y relación de fuerza en cada lugar de trabajo, pues están a merced de las empresas subcontratistas.

La paradoja es que uno de los lugares más conflictivos es el ministerio de Trabajo, donde reclaman desde el pago de sus salarios en tiempo y forma hasta la protección de su salud y una verdadera libertad sindical.

He aquí algunos de los reclamos en las distintas dependencias de los ministerios:

- conflictos con las empresas contratistas y con organismos del Estado por complicidad con la empresa privada

- la lucha para poder pasar a la planta permanente en los organismos públicos

- la inseguridad laboral: tercerización son sinónimos de dictadura laboral, según Elisa Juarez, secretaria del gremio

- las dificultades para cobrar en tiempo y forma

- Contratos temporales: todos ingresan con el "contrato a prueba" (3 meses). Luego, pasan a indeterminados, pero están atados al contrato de la empresa, que suele ser de 1 año. Se agrava en este momento porque la Cancillería llama a licitación para cambiar la empresa y los/as trabajadores/as están en ascuas por su destino.

- Reincorporación de despedidos

- Salario básico: por 8 horas, alrededor de $ 4.800 mensuales, si se ausentan les descuentan el día.

- Renovación de contratos: se reconoce la antigüedad. Si la empresa pierde la licitación, la nueva no reconoce antigüedad. De hecho la mayoría de los trabajadores, aunque acumulen años trabajados en la actividad, no poseen más de 4 o 6 años en una empresa, perjudicándose al iniciar los trámites para la jubilación

- Remuneración: se reconoce la especialidad, antigüedad, salario familiar, salario anual complementario, categorías, etc.

- La actividad tiene dos categorías: operario y oficial. Las diferencias son mínimas y la mayoría son operarios. El salario familiar mayoritariamente lo cobran por Anses. El sueldo anual complementario (habitualmente cobran uno y el resto en liquidación final o indemnización).

- Cobertura social: mayoritariamente tienen la Obra Social de Maestranza. También hay muchos que han hecho opción por otras.

- Las licencias son las estipuladas en la LCT pero no llegan a cumplirse producto de lo dicho anteriormente. Generalmente son liquidadas al fin de la relación laboral y pocas veces gozadas (salvo acuerdos y/o exigencia del trabajador/a). La licencia por maternidad es respetada, siempre y cuando la trabajadora haya realizado su cobertura y no sea despedida. En cuanto a la enfermedad, la patronal la maneja discrecionalmente: Ej. frente a un certificado médico de 3 días, la empresa le "reconoce" uno. Muchas veces la totalidad de los días no son reconocidos y directamente se descuentan.

- Salud y tercerización: transcribo una consecuencia que sufrió una trabajadora en el Ministerio de Trabajo de Nación:

Efectivamente ese dia a las 9.50, Mirta Domínguez, trabajadora de maestranza, sufrió un accidente laboral golpeándose fuertemente la cabeza contra el piso. En forma inmediata se dio aviso a los encargados de la empresa Imantec, quienes informaron que se había dado aviso a la ART Galeno. La misma se hizo presente recién a las 15.07 horas. Es de destacar que durante 5 horas la compañera Domínguez no contó con ningún tipo de atención médica.

Frente a la inacción de empresa, la ART y los funcionarios del propio Ministerio, el SITMMA ha denunciado el grave suceso al Ministro Carlos Tomada, especialmente por ser ese Ministerio el contratante de la empresa Imantec. Asimismo se presentará una denuncia ente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, no solo por la manifiesta irresponsabilidad de la ART Galeno, además por ulteriores consecuencias en la salud de la compañera.

- Jardines maternales: no está contemplado el servicio y tienen dificultades para usar los de los organismos públicos como es el caso de la Cancillería o el Ministerio de Trabajo. Perciben cierta discriminación por pertenecer a otro sector social (en los pasillos se habla de las “negras”)

Según la palabra de uno de los protagonistas, Diego Abu Arab - Junta interna de ATE del Ministerio de Trabajo:

El trabajo digno empieza por casa”, dice Arab y cuenta que “los inspectores que tienen que salir a perseguir el trabajo no registrado, están precarizados y tienen contratos a término. Lo mismo pasa con los compañeros de mantenimiento y maestranza: son más de 100 compañeros tercerizados y lo único que hace esta tercerización es esconder la relación laboral entre estos trabajadores con el Ministerio de Trabajo. Piensen que por ese servicio de limpieza el Ministerio de Trabajo pagará alrededor de 12 mil o 15 mil pesos por cada trabajador que presta servicio y los trabajadores se llevan 4.800 según la última paritaria. Entonces, el mismo Ministerio de Trabajo incumple con su propio convenio colectivo de trabajo y tiene al 70 por ciento de los trabajadores en situación de precariedad, un panorama paradigmático. Y esta situación se repite en muchísimos ministerios.

Los trabajadores del sector denuncian también prácticas sistemáticas de violencia laboral orquestadas por la Directora del Área, la ingeniera Mónica Alcíbar y avaladas por las autoridades del Ministerio. “A la degradación de funciones, se suman los malos tratos, difamaciones, mudanzas compulsivas y demás prácticas de violencia laboral con las cuales buscan que abandonemos nuestro organismo. Sentimos mucha tristeza al ver la humillación que sufrimos a diario y que ya comienza a afectar la salud de muchos compañeros.

Qué es ser precarizado se pregunta un trabajador de AFIP y contesta: en algunos casos cumplen funciones administrativas sin ser reconocidos oficialmente y dentro del organismo son golpeados e insultados por pretender organizarse sindicalmente.

Yo hace 7 años que trabajo en la AFIP para La Mantovana y realizo tareas de carga de datos, tengo un archivo a mi cargo y acceso a información como si fuera funcionario público pero trabajo para una empresa privada cuyo dueño entra al edificio Hipólito Irigoyen 370 de la AFIP, me amenaza y me insulta y luego impide mi ingreso al establecimiento como si fuera un funcionario pero en la realidad soy un empleado de bultos y mudanzas, relata Diego Gorni, uno de los delegados.

En el Aeroparque Jorge Newbery fueron despedidos cinco trabajadores de la empresa Rex S.A. después de haberse hecho la elección de delegados. Son asistidos jurídicamente por el equipo jurídico de la CTA Capital.

El reclamo por negociaciones paritarias por parte de los trabajadores/as judiciales me llevó a entrevistar a Víctor Mendibil, secretario adjunto de la Federación Judicial Argentina, para indagar sobre sus expectativas:

Las decisiones salariales y condiciones de trabajo son tomadas en un 90% unilateralmente por el Superior Tribunal Nacional de la Corte de la Nación (3). Niegan la recomendación de la OIT (Resolución Nº 2881) de modificar estas condiciones.

Desde la década de 1990 perdimos el nomenclador nacional y el sistema de porcentualidad que obtienen los jueces de la Corte. Un claro ejemplo de la continuidad del neoliberalismo.

Sobre la significación de las negociaciones colectivas y su relación con el sistema productivo, respondió:

En el sistema capitalista se instaló la posibilidad que los trabajadores discutan en paritarias. En muchos casos es un avance en la consolidación de derechos elementales consagrados en la Constitución Nacional. En la práctica cotidiana el Estado se ocupa de violarlos, encarnados por el actual gobierno.

Es saludable que haya discusión entre obreros y patrones ¿eso promueve el progreso de una transformación en la sociedad? no sólo no promueve la distribución de la riqueza, ni tampoco transforma el sistema productivo

En los últimos 10 años los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, hay importantes franjas de trabajadores que son precarios. No tienen ámbitos de discusión en los Estados municipales, provinciales y nacionales y existen condiciones laborales peores que en la década de 1990.

Los testimonios recabados fueron elocuentes en la descripción de las condiciones laborales que vive un sector de la población, los términos de los acuerdos salariales y los efectos de la lógica del capital.

Acerca de las cláusulas de género en las negociaciones colectivas

La doble opresión de las mujeres debe ser considerada estableciendo condiciones básicas para la igualdad entre varones y mujeres, tales como igual salario por igual valor del trabajo; igualdad de oportunidades para acceder a puestos trabajo de mayor calificación; eliminación de elementos discriminatorios en los procesos de selección y promoción y un mayor equilibrio entre el ejercicio de la maternidad y la paternidad.

Los temas de negociación

• Maternidad / paternidad o progenitores
• Responsabilidades familiares compartidas
• Condiciones de trabajo
• Eliminación de la discriminación y promoción de la igualdad de oportunidades

Desde hace más de dos décadas se ha puesto en debate la necesidad de incorporar cláusulas, llamadas de discriminación positiva, (4) que contemplen la necesidad de articular la producción y la reproducción, en la perspectiva de lograr la igualdad de oportunidades de varones y mujeres en el mundo laboral, desde ya en el marco de las contradicciones de clase, abordando la relación clase-género.

Ester Kandel es Magister de la UBA en Ciencias Sociales del Trabajo.

Notas:
1) Observatorio del Derecho Social - Documentos - 2° Encuentro de las Organizaciones de la CTA.
2) Estas denuncias fueron publicadas en ACTA - www.agenciacta.org.ar. Agradezco la información apor-tada por el compañero Eduardo Otero de CTA Capital.
3) Sólo cinco provincias lograron negociaciones paritarias.
4) Se hace referencia a tener preferencia por las personas del género menos representado en determinado sector laboral. El objetivo es contribuir a la aplicación del principio de no discriminación en la contrata-ción, formación y en la aplicación del principio de igual salario por igual valor del trabajo.

Bibliografía:
- Aset, Seminarios: negociación colectiva y representación sindical. ¿Necesidad de cambios? Realizados en el año 2013 y publicados on line en 2014.
- Gambina, Julio y Elías, Antonio, La crisis capitalista y la lucha de clases, septiembre 2014.
- Kandel, Ester, Negociación colectiva e igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, La causa laboral - Asociación de Abogados laboralistas, Año VIII- Nº 33, abril de 2008.
- Neffa, Julio César, Subcontratación, tercerización y precarización del trabajo y el empleo: una visión regulacionista desde la economía del trabajo y el empleo, Publicado por Clacso Argentina, Celis Ospina (coord.) la subcontratación laboral en América Latina, miradas multidimensionales. Noviembre de 2012.

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Argentina: Boletín informativo de CORREPI

Ottoboni absuelto: otro triunfo de la lucha popular / Que no nos falten/ ¡Absolución de Mariano Skliar y Humberto Rodríguez! / La policía en el crimen organizado: caja chica y control social... / Algo más sobre la reforma al código de procedimientos penal.

Ottoboni absuelto: otro triunfo de la lucha popular.
Hace casi tres años y medio, un vigilador privado de la empresa ARPA, que terceriza los servicios de seguridad en la planta de FATE de San Fernando, acusó a un grupo de delegados, de los que identificó a tres con nombre y apellido, de amenazarlo de muerte a él y su familia, y de lesionarlo gravemente. Asistido por un abogado de la empresa de neumáticos, hizo la denuncia penal y se constituyó como querellante. El fiscal de San Fernando, Oscar Núñez Barreto, tomó los dichos del vigilador a libro cerrado, y convocó a indagatoria a los tres delegados, Ariel Godoy, Alejandro Crespo y Víctor Ottoboni. Allí comenzó la pelea por su defensa, que fue asumida en conjunto por CORREPI y CeProDH.
Apoyados a cada paso en la solidaridad y la movilización, fuimos ganando batallas parciales. Primero, logramos que no se avanzara sobre el resto de los delegados. Más tarde, y en una jornada que convocó frente a la fiscalía de San Fernando a centenares de compañeros de las principales fábricas de la zona, obtuvimos el sobreseimiento de los delegados Godoy y Crespo. La patronal centró su ataque, entonces, en el compañero Ottoboni, y sumó a la causa penal un pedido de desafuero basado en la misma historia.
Durante todo el proceso, una y otra vez contamos lo que había sucedido: en una jornada de paro, en el marco de un fuerte conflicto gremial por discusiones paritarias y en contra del intento patronal de instalar el peligroso sistema de “trabajo continuo”, la empresa mandó una patota de carneros, vigiladores privados y capataces para tratar de quebrar a los obreros. Interceptaron a Víctor, Alejandro y Ariel a la salida de los vestuarios y los provocaron, intentando aislarlos de los demás trabajadores. Los compañeros no se amedrentaron, lograron pasar el cerco de matones con el apoyo de otros delegados de la planta y la seccional que acudieron a apoyarlos, y reingresaron a la planta para denunciar lo ocurrido en asamblea.
En las tres jornadas del juicio oral, que empezó el 3 de noviembre, quedó al descubierto la maniobra. Frente a las contradicciones y vacilaciones del acusador y de sus testigos, todos parte de la patota, se alzaron las voces de los trabajadores y delegados de FATE y de la seccional San Fernando del SUTNA, que como un solo puño demolieron la mentira. El lunes 10, la jueza Andrea Pagliani, aunque se negó expresamente a pronunciarse sobre la sostenida política de hostigamiento a los trabajadores organizados que denunciamos en los alegatos, tuvo que absolver al compañero, después de admitir que ni el fiscal ni el denunciante habían probado una sola letra de su oscura versión.
Aún más importante, la sentencia reconoce que la causa se inició en el marco de un conflicto gremial, al punto que se hizo lugar a tres reclamos de la defensa: el fallo deberá ser notificado al juzgado que tramita el pedido de desafuero de Víctor; al ministerio de Trabajo de la Nación para a su vez informarlo a la OIT, y al ministerio de Seguridad provincial, ya que la ley que regula el ámbito de actuación de las agencias de seguridad privada prohíbe su intervención en conflictos sindicales.
La absolución del compañero es un nuevo triunfo popular que no hubiera sido posible sin la larga campaña por su defensa, que cada trabajador asumió como propia, consciente de que era un ataque a la clase en su conjunto. Confirmamos, con este resultado, que el camino obligado es el de la lucha colectiva, la movilización y la solidaridad incondicional.

Que no nos falten
Los asesinatos de esta semana vienen completitos: tres fuerzas diferentes como protagonistas y con estrategias disímiles en el modus operandi, pero dejando a la vista lo que con insistencia y convicción denunciamos: que es todo un aparato al servicio de la clase que nos oprime, instrumentado desde el Estado, garantizado con armas y expedientes.
La primera víctima se llamaba Franco Godoy y estaba alojado en el pabellón 3 de la Unidad Penal n°42 de Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires. En medio de unas semanas convulsionadas por peleas entre detenidos, fuertes requisas y graves denuncias por los tormentos padecidos, el martes por la tarde Franco intentó comunicarse con una fiscalía porque sabía que otro preso quería eliminarlo. La comunicación fue interceptada por un jefe de los talleres que lo oyó decir “¡sáquenme de este pabellón que me van a matar!”. Recién al otro día un guardia del Servicio Penitenciario Bonaerense se acercó preguntando si todo estaba bien y ante la respuesta afirmativa, dio por terminada su tarea y función. Minutos después Franco era asesinado. Abandonado con total impunidad por el SPB, su muerte evidencia que los perros no velan por su salud ni su integridad, los perros son guardianes del orden que nos quiere bien muertos.
La segunda víctima, Sergio Miguel Vera Báez (36), de Dock Sud, fue fusilada por un militar retirado del Ejército Argentino de 51 años, cuya identidad no fue difundida. El hecho ocurrió en Avellaneda el 1º de noviembre, cuando, según la versión oficial, “un delincuente en moto intentó asaltar a un matrimonio en la intersección de las calles Dr. Héctor Sande entre Estanislao del Campo y Ricardo Gutiérrez, la mujer había descendido del colectivo de la línea 10 y antes de entrar a su domicilio fue seguida por dos motos. El esposo había salido a esperarla con la intención de acompañarla por los posibles robos que se producen en la zona y se encontraba armado, portando una pistola Glock calibre 9 mm”. Este buen vecino, que se defiende a tiro limpio cual inexperto principiante al que la conmoción lo desborda –atrás quedó la precisa y heroica formación de años de servicio- le dio dos tiros en el pecho, uno en la pierna izquierda y otro rozando la cabeza. Claro que el arma atribuida a Sergio Vera no apareció, por lo que el militar recurrió a la segunda parte de la historia oficial: seguramente algún cómplice del muerto volvió a buscarla. Naturalmente, también, el fiscal ya dio la bendición de la legítima defensa.
“La Matanza: acorralado por la Policía, se pegó un tiro en la cabeza. Persecución y tiroteo en el conurbano” dijo la prensa, y nos trajo como banquete a la tercera víctima asesinada por otra fuerza: la Bonaerense, el 30 de octubre en Ramos Mejía. Darío Leonetti vivía en la villa Puerta de Hierro del barrio San Alberto de ese partido. Con otro pibe, intentó robar a una mujer que entraba en su casa. La mujer se encerró en la casa y llamó al 911. La policía cuando los chicos estaban huyendo. No dudaron en hacerles comprender que el control lo tienen ellos: les tiraron y mataron a uno, el otro pudo escapar. La causa fue caratulada como "tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad, y homicidio" y, de nuevo, naturalmente, si agarran al que se escapó, cargará con el paquete completo, incluida la muerte de su amigo.

¡Absolución de Mariano Skliar y Humberto Rodríguez!
El 6 de noviembre, ante el Juzgado Contravencional N° 10 de la ciudad, se inició el juicio contra el compañero Mariano "Maro" Skliar, Delegado General de la Junta Interna de ATE en Promoción Social y Humberto "Pitu" Rodríguez, Secretario Gral. Adjunto de ATE Capital, represaliados con esta causa por el gobierno de Macri por ser referentes sindicales de la lucha contra la precarización laboral en la ciudad.
El conflicto se inició hacia fines de 2012, en el marco del reclamo por aumento salarial para los trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicios, que estaban cobrando para ese entonces entre $3.000 y $3.500, sumado al pliego de reivindicaciones que enfrentan aún hoy dicha. Actualmente, el 35,4% de los trabajadores del estado en su conjunto se encuentran en situación de precarización laboral.
Ante la negativa y el abierto incumplimiento de las negociaciones por la paritaria central y los ministros del GCBA, se resolvió realizar un paro de 24 horas, con movilización a la sede central del Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente, como fruto de la lucha, se logró un avance en cuanto al aumento de salarios. Sin embargo, como bien sabemos, para los funcionarios del estado no hay mal que por bien no venga: aunque la lucha arranque un derecho que debiera estar garantizado, el ejemplo debe ser gráfico en lo que a disciplinar se refiere (nada es gratis). Así, el saldo de las jornadas terminó con los dos delegados de mayor visibilidad durante el conflicto encausados por ejercer el legítimo derecho a huelga en defensa de los intereses de los trabajadores.
Éste es un ejemplo más de los métodos que emplea la política represiva del estado, desarrollada con creces por la presidenta de la Nación a principios de año en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y aplaudida de pie por todo el auditorio de la oposición patronal, explicitando cuan imprescindible es el marco de acuerdos entre los distintos sectores de la burguesía cuando de reprimir al pueblo trabajador se trata. Una misma política de criminalización de la protesta expresada hoy en la larga lista de los más de 5.000 compañeros judicializados por luchar en todo el país, y bajo los más diversos colores de gobierno.
En este sentido, no nos sorprenden las prioridades de la fiscal de turno, quien marcó el criterio del gobierno nacional pidiendo la absolución a Humberto Rodríguez -militante oficialista de la corriente 2021, parte de Unidos y Organizados- y en cambio, pidió días de arresto para el compañero Maro Skliar, delegado de base y uno de los referentes de la agrupación clasista ATE Desde Abajo. Más claro, agua.
El próximo jueves 13 de noviembre conoceremos la sentencia. Nos encontramos a las 08:00 en Irigoyen y 9 de Julio para movilizarnos a los tribunales de la calle Tacuarí, para exigir la absolución de los dos compañeros, porque no distinguimos en ello su pertenencia política, sino que vemos en este proceso un ataque a la clase trabajadora en su conjunto.

La policía en el crimen organizado: caja chica y control social
Esta semana se conocieron varias noticias “delictivas” (siempre recordando los aspectos valorativos, clasistas e ideológicos que subyacen al concepto de “delito” tal como lo conocemos) en las cuales integrantes de las fuerzas de seguridad tienen un papel estelar, que actúa en muchos casos como condición de posibilidad del hecho mismo.
Veamos: por un lado, policías ladrones y secuestradores de Tres de Febrero y de Gral. Rodríguez, pertenecientes a un grupo organizado, descubiertos por sus colegas luego de una denuncia al 911, en Moreno; por el otro, un sargento de la Comisaría 27ª cae como líder en Bajo Flores de una banda de narcotraficantes. Y la agencia Telam nos informa que, en Santa Fe, un hombre fue encontrado con un arma, detenido y llevado a la comisaría 7ª. Allí, dos oficiales lo dejaron en libertad con el compromiso de que regresara a los 45 minutos con $2.000 pesos. El hombre reunió $1.300 pesos y acordó que volvería con el resto, pero antes hizo la denuncia en la fiscalía. Se realizó una entrega “controlada” del saldo, con dinero marcado, con lo que se pudo acreditar el delito. Claro que los extorsionadores no están presos. Apenas si en disponibilidad, cobrando algo menos de sueldo y sin trabajar.
La semana pasada también comentábamos un caso, y, si nos remontáramos hacia atrás, boletín por boletín y de forma indefinida, encontraríamos cientos o miles. Ahora bien, este no es el mayor problema; lo peor es que si nos “remontamos” hacia el futuro, también los vamos a encontrar.
La policía no sólo tiene el crimen “enquistado en la Institución”, tal como se suele decir eufemísticamente en la prensa; la policía posibilita, fomenta y perpetra el crimen organizado, es el crimen organizado, y no por una mera devaluación moral o corporativa, sino también por la premisa institucional de recaudar y controlar.
Que agentes de las fuerzas de seguridad aparezcan implicados en asuntos de drogas o secuestros extorsivos ya no sorprende a nadie, al menos en cierto sentido: son chorros que en cualquier jugada que pague bien se anotan, entre otras cosas porque, merced a su función formal, saben de todas esas jugadas.
Ahora bien, esto no se agota en lo económico ni se puede analizar desde el reduccionismo del tipo: “y claro…tienen para elegir si son chorros o policías, pero es lo mismo”. Por el contrario, este tipo de acciones también evidencian otras formas del control social que las fuerzas de seguridad en tanto instituciones llevan a cabo.
En una sociedad donde el delito y la transgresión a la ley es gerenciada desde el propio estado que la dictó para abajo, en la cual lo que se llama corrupción o llana delincuencia es un hecho impuesto y extendido, casi una lógica (desde la coima exigida para obtener un registro hasta la delincuencia legalizada de tantos comerciantes), la policía va a tomar su tajada, pero no únicamente en términos monetarios sino también organizando el delito, reclutando pibes para robar para ellos, cobrando sumas para permitir actividades prohibidas, demostrando todo el tiempo (siempre en barrios pobres, generalmente frente a “peces flacos”, en niveles superficiales si se quiere, de “chiquitaje” si se considera la perspectiva general de actividades ilegales) quién es el que manda en los barrios, en la calle; quién es el que manda siempre (si no es evitando el delito tal como se le pide, pues lo será participando de él), quien controla todo, sea ese todo legal, ilegal o una bandada de bellos gorriones “diamantes de Gould”.

Algo más sobre la reforma al código de procedimientos penal
Todo el andamiaje legal es legitimador de las relaciones que el sistema capitalista impone. La ley, lejos de ser un recurso del que disponemos todos en iguales términos y condiciones, es una herramienta destinada a satisfacer las necesidades de quienes dominan.
En esta lógica, que incluye privilegios por pertenencia de clase, la burguesía sabe que la ley es un instrumento inmejorable para disciplinar a quienes atenten contra su principal preocupación, proteger y salvaguardar el derecho a la propiedad privada que esgrimen como el principal y excluyente de todos los derechos.
En una sociedad que vive en permanente tensión, con el 30% de su población empobrecida, con sus trabajadores peleando a la precarización y a la tercerización laboral, con una inflación que supera en más de diez puntos a la media de las paritarias, la burguesía tiene en claro que debe ajustar sus normas de "convivencia".
Entonces lanza sobre nosotros una reforma legal que expresará en el código lo que ya tenemos en las calles: profundización y salto cualitativo del despliegue represivo del estado, políticas criminales que seleccionan a los pobres y criminalizan su cotidianidad y su protesta.
La reforma contempla una mayor persecución de los pobres: propone que se expulsará a los extranjeros "ilegales" que cometan delitos menores y sean sorprendidos "in fraganti " (con las manos en la masa). ¿Quién ignora que la indocumentación que tilda de ilegal a una persona, es un problema que aqueja a muchos hermanos que viven en las barriadas más humildes? ¿Cómo no vincular esto a las tomas de tierras y de fábricas, o los cortes de ruta para reclamar derechos arrasados por la voracidad del capital, todas conductas que el Código Penal castiga con esas penas menores a las que hace alusión la reforma?
Un empresario extranjero que vacía o quiebra una empresa no recibirá el mismo trato, un funcionario que se presta a la coima o a corrupciones varias, tampoco. Ellos nunca son "ilegales".
La reforma apunta, además, a estigmatizar al pobre: establece que la reincidencia será suficiente elemento para dictar la prisión preventiva. Es decir, si alguna vez fue condenado, de ahí en más será "casi" culpable, porque aunque después se demuestre lo contrario, la espera funcionó como pena anticipada.
La reforma concede el poder absoluto de los jueces sobre los pobres: podrán decretar la prisión preventiva si consideran que el caso trae aparejado "conmoción social". Pensemos en el corte de ruta con el gendarme carancho provocando. Si el juez entiende que es un caso con aquella repercusión... ¿qué pasará con los trabajadores detenidos?
En todos los casos, los discursos justificantes se basan en la inseguridad. La clase trabajadora sufre las consecuencias de una sociedad que se estructura en la injusticia y la explotación, en el consumismo y la alienación y es en ese marco en el que debe leerse la cuestión de la inseguridad. La burguesía está empeñada en que los propios trabajadores adopten su modo de mirar el tema. Y a través de los medios de comunicación también lo instalan.

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Kevin: imputaron a los prefectos

Nadia Fink (APE)

En el barrio Zavaleta, en Pompeya, hay una casa en la que falta Kevin. En la casa, una puerta y una ventana de vidrio. En la ventana de vidrio hay un agujero de bala, testigo mudo de la mañana lluviosa del 7 de septiembre de 2013 en la que esa bala alcanzó a Kevin, de 9 años, acurrucado y con miedo debajo de la mesa. Y en esa casa, con esa ventana de vidrio con un agujero de bala en la que falta Kevin, su familia sigue construyendo, sigue levantándose cada mañana, trabajando, estudiando y pidiendo justicia en forma incansable. Un año y dos meses después, fueron imputados los prefectos que liberaron la zona.

Aquella madrugada, días antes de una primavera que no floreció en Zavaleta, dos bandas narco se disputaban un “kiosquito” que había sido cerrado una semana antes.

Justo enfrente de la casa de Kevin y familia, estallaban disparos de armas de guerra desde la madrugada. La lluvia no cesaba y las balas tampoco. Los vecinos, desesperados, llamaron al 911. Ese 911 que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, hoy publicita desde la televisión, y al que califica como “el mejor servicio de Latinoamérica”, con GPS, numerosos puntos de contacto inmediato en toda la ciudad, con la mejor tecnología para ubicar vía satélite el punto desde donde se emite el llamado. Ese mismo que aquel día –entre las 8.25 (cuando aún Kevin estaba con vida) y las 10.32– ninguneó a cada vecino que llamaba (“¿Zavaleta? ¿Es Capital o Provincia? ¿Puede indicarme otra calle que no lo encuentro?”, respondían del otro lado) con preguntas dilatorias; aquel servicio anónimo que preguntaba con insistencia “¿su nombre, señor?”. Pero además, al describir con grandes adjetivos los numerosos avances tecnológicos en materia de seguridad, no menciona, en absoluto, a las fuerzas corruptas de seguridad. Hace escasas horas, tras cajoneos y abandonos, el Fiscal Giménez solicitó por fin al Juez Correccional que indague al Oficial Principal Daniel Stofd, al Cabo Segundo Walter Quiñones, al Cabo Primero Miguel Medina, al Ayudante Principal Darío Chique, al Ayudante de Tercera Fabián Salas, al Cabo Segundo Enzo Miño y al Cabo Segundo Raúl Gómez.

Pero volvamos al día aquel: Cuando ya habían sonado más de 30 disparos, con una garita de Prefectura a 50 metros y otra de Gendarmería a 100, la inspección en la zona por parte de los prefectos arrojó “resultados negativos”. En apariencia, no había tiroteo alguno en esa casilla. Pero cuando se retiraron (“incluso una vecina escuchó que dijeron: ‘que se maten entre ellos que después vamos a buscar el cuerpo’”, nos cuenta la mamá de Kevin), se dispararon 75 balas más. Una de esas balas dio en la cabeza de Kevin.

El abogado de la familia, Luciano Ortiz Almonacid, detalla: “Acá el foco no está en las bandas narco, sino en la inseguridad generada por las fuerzas de seguridad, o la peor forma de poder que tiene hoy la policía que es la zona liberada, la gran forma de actuación delictiva de todas las fuerzas de seguridad. Y debería existir una norma específica porque hoy se toma bajo la figura de ‘incumplimiento de deber de funcionario público’ que representa solo dos años de prisión”.

¿Qué respuestas daban prefectos y gendarmes? Veamos algunas de las modulaciones de radio que se hicieron entre la base (el “infalible” 911) y las fuerzas de seguridad que se encontraban trabajando en la zona:

8.41: “Señor, acabo de pasar por Iguazú e Iriarte y negativo detonaciones y negativo masculinos en la vía pública (…) y en la manzana me encuentro próximo, porque sería a continuación de la manzana 55 nomás”.

8.52: “Captado departamento, me vuelvo a desplazar, hace 2 segundos salí de ahí de la plaza Kevin y negativo masculinos en esa plaza”.

8.58: “En estos momentos departamento me encuentro en la Plaza Kevin y el panorama es normal”.

Mientras emitían esas respuestas, a poca distancia de donde informaban estar (la Plaza Kevin queda a unos 50 metros y fue bautizada así por otro niño asesinado años atrás por una bala narco o policial, a esta altura, entreverados en una asociación ilícita y mortal), sonaban disparos de FAL, UZI y pistolas 9 mm. “Es imposible negar, primero el conocimiento directo del tiroteo con armas de guerra... ¿Que un gendarme no lo sepa? Tiene el sonido que todos escuchamos en una película de Hollywood, muy fuerte y particular”, aclara Almonacid.

Sin embargo, los fiscales distritales de Pompeya de la causa, Adrián Giménez y Marcelo Munilla Lacasa (ya tristemente conocidos por ser los del caso Fernando Carrera, el que por sus irregularidades terminó siendo una película de Enrique Piñeyro, The Ratti Horror Show), no citaron a gendarme o prefecto alguno.

Roxana habla de Kevin y su cara se ilumina. Lo recuerda con un nene muy alegre, con una alegría que la sorprende porque no la encontró en el resto de sus 13 hijos. Tal vez que fuera el más chico de sus varones (“el bebé”) influyera en esa mirada de predilección. Por eso ríe cuando nos cuenta que “cuando pasaban programas de música yo le hacía mímica de cantante, con un peine o un cepillo como micrófono, y él se ponía de todos los colores”. También cuenta sobre el problema de pronunciación que tenía (y todos lo recuerdan así, porque no paraban de embromar con eso): “Cuando había la tarea, me decía: ‘ma, me das un sacaputas’. Y yo le decía: ‘se dice sacapuntas’. ‘¿Y yo que te dije?’,
me contestaba ofendido”. Roxana también comenta que encontró hace poco, ordenando, el turno que había conseguido en la fonoaudióloga, en una fecha en la que ya no estaba para poder llevarlo…

También charla sobre aquel día en que debió llevarlo herido al hospital en el auto de un vecino porque las ambulancias no entran a las villas (“¿Cómo puede ser que instalen casillas de seguridad y que no entren ambulancias a los barrios?”). “Ya era tarde cuando legamos al hospital. Pero a pesar de eso, me lo entregaron recién el lunes a la noche, mientras la Presidenta terminaba de hacer un acto acá nomás, en la 21, a mí me entregaban el cuerpo de Kevin”. Con el acto se refiere a la inauguración de la casa de la cultura que se realizó esa tarde en la Villa 21, y que presidió Cristina Fernández. Y entonces, una compañera del movimiento La Poderosa interviene: “Hay que tener en cuenta que la familia de Kevin recibió un subsidio que el Estado Nacional les da a los familiares de las víctimas de violencia institucional; o sea, el mismo Estado lo está reconociendo como caso de violencia institucional. De hecho lo relacionado con el tiroteo se lleva adelante pero es una causa de la justicia, no es que encubramos o que no nos interese que se resuelva quién disparó ese día, sino que el Estado tiene que hacerse cargo de sus fuerzas de seguridad”.

La referencia de las dos vías que lleva a justicia se trata de las dos causas que se abrieron: La primera se inicia inmediatamente, y queda a cargo del juez subrogante Hernán López de juzgado de instrucción Nro 41 que investiga a las bandas narcos que mataron a Kevin. El 25 de septiembre de 2013, luego de tomarles declaraciones a algunos gendarmes y prefectos que habían estado allí, vislumbra la posibilidad de que hubiera irregularidades en su accionar, por lo que se traslada al juzgado correccional Nro 14 dela fiscalía de Pompeya, (los dos juzgados tienen juez subrogante) y el 25 de septiembre lo trasladan al Ministerio de Seguridad. “Desde que recibieron el expediente, los fiscales no citaron a un solo gendarme, no los acusaron nunca, no hicieron nada. Cuando le preguntaba qué pasó que no se movía, alegaban ‘criterios de investigación’... esto no lo es: es una forma de cajonear una causa porque tiene dos años máximo, y ya pasó un año”, completa el abogado Ortiz Almonacid.

Mientras tanto, La Poderosa sigue acompañando a Roxana y generando alternativas contra el abuso (o la liberación de zona) que ejercen policías, prefectos o gendarmes en Zavaleta. Así nació la construcción de una garita para que los vecinos puedan denunciar directamente. “El control de las fuerzas de seguridad nació de una asamblea que se llama Vecinos en alerta”, aclara otra de las compañeras. También realizaron una marcha al Ministerio de Seguridad al cumplirse un año de la muerte de Kevin, el 7 de septiembre pasado. La idea es seguir activando para que el caso no proscriba, desde la organización social, con la lucha en las calles, y desde lo legal también: “Elaboramos un escrito de crítica a la acción investigativa, que vamos a firmar con Roxana... porque hoy poner el foco en los llamados que se realizaron al 911 es desnaturalizar el proceso y es beneficiar a los responsables”, aclara el abogado.

El pedido por justicia no cesa en Zavaleta, no descansa para Roxana, que sigue recordando cómo más de 600 vecinos se acercaron a despedir a Kevin. Su ausencia es un agujero en el pecho para cada compañero, familiar y vecino. Como el agujerito en la sonrisa de Kevin, símbolo de la injusticia y de la complicidad político-judicial.

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Argentina. Explosión en Córdoba: Entre la tragedia, la desidia y la falta de controles

Irina Santesteban (LA ARENA)

La explosión de una fábrica de productos químicos en el barrio Alta Córdoba puso de manifiesto un costado de la inseguridad urbana, provocada por la irresponsabilidad empresaria y la falta de controles estatales adecuados.

El jueves de la semana pasada, minutos antes de las 9 de la noche de una jornada muy calurosa, una fuerte explosión sacudió la ciudad de Córdoba. No faltaron quienes pensaron que se trataba del festejo de los hinchas del club Boca Juniors, que en ese momento jugaba un partido contra el equipo paraguayo Cerro Porteño.

Fue tan fuerte que se escuchó en casi toda la ciudad, incluso en localidades cercanas, como La Calera, y la onda expansiva alcanzó 15 cuadras alrededor de la empresa Raponi Industrial Química, ubicada en la calle Avellaneda al 2.971 de la ciudad de Córdoba. La fábrica se encontraba habilitada para vender elementos para la fabricación de productos de limpieza (detergentes, hipoclorito, etc.), pero en su página web ofrecía otras sustancias, para los cuales no se encontraba autorizada.

Pudo ser peor

Transcurridos cinco días del desastre, se sabe que si la explosión hubiera ocurrido durante la mañana o la tarde, las consecuencias hubieran sido mucho peores, incluso con pérdidas de vidas, pues se cayeron techos y paredes de casas y comercios vecinos. El dueño de un taller mecánico cuya medianera está a 7 metros de la fábrica, contó a la prensa que la explosión derrumbó totalmente el techo de su local, destruyendo los 10 autos que tenía en ese momento para reparar; y que además el lugar donde habitualmente se encuentran sus 14 empleados, también fue totalmente destruido.

El empresario Sergio Raponi, dueño de la empresa, se encuentra detenido por orden de la fiscal Eve Flores, quien lo acusa de "estrago culposo agravado" (artículo 189 del Código Penal).

Raponi ofrecía en las Páginas Amarillas, sustancias inflamables como el alcohol etílico y el butanol, para lo cual su empresa no estaba autorizada. Tanto en la Municipalidad como en la Provincia, Raponi Industrial Química está registrada como fabricante, mezcladora y fraccionadora de productos químicos para la higiene y limpieza y como depósito de productos químicos no inflamables.

Según publica el diario cordobés "La Voz del Interior" (9 de noviembre de 2014), la última inspección realizada por la Municipalidad de Córdoba fue el día 6 de octubre, y "se constató que en el predio se fraccionaban productos de limpieza como cloro, detergentes y desengrasantes, y tintas cárnicas, usadas para marcar los animales faenados".

En la edición on line del centenario diario cordobés, se publica una captura de pantalla del sitio web de las Páginas Amarillas, donde Raponi ofrecía carbonatos, cetonas y alcoholes cetílico, butílico y etílico, varios de ellos altamente inflamables.

Según esa información, la autorización de la Municipalidad a la fábrica era para productos que no son inflamables como el hipoclorito de sodio, componente principal de la lavandina y el lauril éter sulfato sódico, producto de muchos detergentes. No así los alcoholes etílico y butílico (butanol), altamente inflamables.

La investigación de la Fiscalía, basada en los informes que brinde el personal de Bomberos y los técnicos de la Policía Científica Judicial, deberá determinar qué elementos había al momento de la explosión y cuál fue la causa de ella.

Eso pone en una situación muy grave al dueño de la fábrica, pero también a los funcionarios municipales que inspeccionaron el depósito hace poco más de un mes, pues será clave determinar la existencia de esos elementos inflamables, si estaban al momento de la inspección, y en este caso, si fueron ocultados intencionalmente o si tuvieron conocimiento y no lo informaron.

La causa

Eve Flores está considerada como una de las fiscales más serias y trabajadoras del Poder Judicial cordobés, y apenas comenzó su intervención ordenó la detención del empresario Raponi, quien por consejo de sus abogados se negó a declarar, hasta disponer de las pruebas que hay en su contra.

De resultas de la explosión, 66 personas sufrieron heridas de diversa consideración, cuatro de mayor gravedad, entre ellos un adolescente de 15 años, que sufrió traumatismos en el cuerpo y una seria lesión en la cabeza.

Como daños materiales, veinte viviendas quedaron totalmente destruidas, y a diez de ellas la Municipalidad las demolerá para evitar nuevos derrumbes o caídas de techos o paredes. Las roturas de vidrios alcanzaron a decenas de casas y locales comerciales, así como escuelas y otros edificios públicos, por lo cual el viernes no hubo clases en los colegios de Alta Córdoba.

Efectos colaterales

La explosión en la empresa Raponi actualizó un reclamo contra otra planta que está ubicada a pocas cuadras, Dioxitek, de elaboración y tratamiento de uranio para combustible de las centrales nucleares. Esta planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la entidad ambientalista Funam (Fundación para la Defensa del Ambiente) viene pidiendo desde hace muchos años que Dioxitek sea erradicada porque es obsoleta y porque en su predio se han almacenado, desde 1988, 57.600 toneladas de residuos de uranio.

El presidente de Funam, el biólogo Raúl Montenegro denunció que desde Dioxitek se trasladaba material radiactivo hacia Mendoza, en condiciones inseguras, además de otros accidentes y situaciones de contaminación en el barrio Alta Córdoba, que fueron ocultados tanto por la empresa como por las autoridades de las áreas de ambiente de la Provincia y de la Municipalidad de Córdoba.

La CNEA por su parte desmintió con un comunicado las afirmaciones de la Funam, afirmando que "nunca sufrió un incidente que afectara a terceros, ni causó ningún tipo de perjuicio ni a sus trabajadores ni a sus vecinos". Montenegro refutó este comunicado y dijo que los vecinos vienen sufriendo desde hace muchos años, los escapes de amoníaco que emanan de la planta de la CNEA.

Dioxitek insistió en asegurar que la planta de purificación de uranio funciona correctamente, y que "mantiene una política de seguridad y gestión ambiental para garantizar una adecuada gestión de los recursos y protección del entorno".

En la planta se elabora dióxido de uranio, una materia prima que se utiliza para la elaboración del combustible de las centrales nucleares del país. Esta empresa estatal fue clausurada en setiembre de 2012, por parte de la Municipalidad de Córdoba, pero en noviembre de ese año, se firmó un convenio por el cual la planta debía trasladarse en un plazo de 18 meses, con una prórroga por seis meses más. Ese plazo se vencía el 7 de noviembre, un día después de la explosión.

El plan de la CNEA es llevar la planta a Formosa, donde también esta iniciativa ha generado rechazos, no sólo de entidades ambientalistas de esa provincia, sino también del vecino país, Paraguay.

Inseguridad

Está claro que tanto en el caso de la fábrica Raponi, como en el de Dioxitek, existe una clara situación de riesgo para los vecinos, en este caso, de un populoso y tradicional barrio de Córdoba, situado a poco más de 20 cuadras del centro de la capital.

En un caso, por la avaricia de un empresario que, si se comprueba que había sustancias inflamables en el depósito de Raponi, como lo anunciaba el mismo dueño en la publicidad, no trepidó en poner en riesgo la vida, la salud y las viviendas de los vecinos de Alta Córdoba.

En el otro, por la desidia del Estado, que desde hace más de 30 años mantiene una planta de elaboración de uranio, que está claro no puede ubicarse en zonas urbanas, por la índole del material que se manipula, y por los riesgos que implica el traslado de esa sustancia.

En el caso de Raponi, no sólo ocultó a las autoridades municipales y provinciales la verdad sobre las sustancias que fabricaba, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos y de sus empleados, porque la planta no cumplía con los requisitos para ello. También tenía mal encuadrados a sus trabajadores, pues figuraban adheridos al sindicato de Comercio y no al de Químicos, como lo denunció Eduardo Serrano, secretario de Organización del Sindicato del Personal de las Industrias Químicas de Córdoba.

De esta forma, "ahorraba" en el costo laboral, porque los trabajadores del sector químico tienen que tener un seguro especial, que el empresario evitaba al tenerlos afiliados al sindicato de Comercio.

Serrano también manifestó que una industria química con el volumen de ventas de Raponi, no podía estar ubicada en una zona densamente poblada.

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Argentina: Texto del regresivo e incongruente Proyecto de Ley de Agrotóxicos que se pretende aprobar en el Congreso Nacional

BIODIVERSIDADLA.org

"El texto del proyecto se muestra precario e improvisado y delata un claro desconocimiento técnico en la materia. Parte de una malintencionada denominación de los productos agroquímicos a los que designa con el carácter de "fitosanitarios" cuando ninguno de los que son de uso corriente y masivo en la actividad agrobiotecnológica y que se pretenden regular, pueden ser cobijados bajo ese concepto, dado su carácter de biocidas. Asimismo no refiere en ninguno de sus artículos a la necesaria protección y resguardo de la población, establecimientos educativos rurales y biodiversidad del impacto ambiental de las aplicaciones terrestres y aéreas de agrotóxicos."

Publicado por Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA)

El diputado nacional por Formosa, Luis Eugenio Basterra del Frente para la Victoria, el 11 de setiembre de 2014, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de agroquímicos con el fin de regular su registro, comercialización y control. El mismo fue individualizado bajo el registro 7180-D-2014 y el sumario "REGISTRO, COMERCIALIZACION Y CONTROL DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS EMPLEADOS PARA LA PROTECCION, CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CULTIVOS. REGIMEN."

El proyecto de ley fue tratado en conjunto por las Comisiones de Agricultura y Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación, el 28 de Octubre de 2014 - a la misma hora y en sala contigua a la audiencia pública por las escuelas rurales fumigadas -. Asimismo el último Martes 4 de Noviembre - conforme el listado oficial de reuniones de Comisiones - se celebró nuevamente una reunión en conjunto de ambas comisiones en la cual - según informaciones periodísticas - se le habría dado el visto bueno al proyecto, para ser tratado en el recinto de la Cámara el próximo de 12 de noviembre de 2014; habiéndose omitido las consultas y participación a médicos, científicos, profesionales y organizaciones avocadas a la problemática de los agrotóxicos.

El texto del proyecto se muestra precario e improvisado y delata un claro desconocimiento técnico en la materia. Parte de una malintencionada denominación de los productos agroquímicos a los que designa con el carácter de "fitosanitarios" cuando ninguno de los que son de uso corriente y masivo en la actividad agrobiotecnológica y que se pretenden regular, pueden ser cobijados bajo ese concepto, dado su carácter de biocidas. Asimismo no refiere en ninguno de sus artículos a la necesaria protección y resguardo de la población, establecimientos educativos rurales y biodiversidad (centros apícolas, cursos y espejos de agua, producción agroecológica) del impacto ambiental de las aplicaciones terrestres y aéreas de agrotóxicos.

El punto medular del proyecto de ley es que importa una clara regresión normativa al reducir el marco de revisión de los registros de agrotóxicos. Actualmente el sistema regulatorio sobre registro, comercialización, uso y control de los agrotóxicos se encuentra normado bajo la Resolución 350/99 del SENASA y sus modificaciones.

La actual normativa prevé que ante información basada en evidencias significativas que indique que el uso de un agrotóxico en particular pueda suponer un riesgo de inducir en humanos un efecto oncogénico, genético hereditario, teratogénico, fetotóxico, reproductivo, o un efecto crónico o tóxico demorado, habilita el inicio del procedimiento de cancelación o reclasificación del registro correspondiente.

El propio SENASA reconoce que ante evidencias científicas sobre efectos adversos y nocivos de los agrotóxicos corresponde el inicio del procedimiento de cancelación o reclasificación del registro que corresponda, conforme el Capítulo 18 de la Resolución 350/99. Tal reconocimiento lo efectúa la actual presidenta del SENASA Ing. Agr. Diana María Guillen, en la Nota 608/2014 del 29 de Octubre de 2014 remitida al CELMA y al Ex-Coordinador de Temáticas Ambientales de Coronel Suarez Emanuel Garrido, con motivo del requerimiento administrativo que se le efectuara en el mes de Setiembre de 2014 a dicho organismo, en cuanto a la reevaluación de riesgos de los agrotóxicos con miras a la cancelación de los registros. Textualmente la presidenta del SENASA señala que "Con relación a la cuestión de la reevaluación de los riesgos conforme al Capítulo 18 de la citada Resolución N°350/99, es necesario aclarar que el proceso de registro es un análisis de riesgo en sí mismo. Para iniciar una análisis de riesgo de un producto ya inscripto, el citado capitulo exige disponer de antecedentes científicos suficientes avalados por los correspondientes Organismos Oficiales. Por ejemplo, estudios epidemiológicos, informes de Organismos de investigación, trabajos científicos, etcétera. La Norma prevé que el proceso de análisis de riesgo como herramienta para cancelar o reclasificar un producto fitosanitario ya registrado cuando los usos autorizados de ese producto puedan causar efectos adversos, en condiciones locales de uso, inaceptables tanto para la salud como para el ambiente, debe ser iniciado con antecedentes científicos que justifiquen su realización."

Sin embargo el proyecto de ley del diputado Basterra en el art. 21 establece que la Autoridad Nacional de Aplicación podrá prohibir o autorizar, condicionado a fines específicos, las actividades de importación, elaboración, comercialización y/o uso de productos fitosanitarios respecto de los cuales la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la Salud(OMS), u otras organizaciones o tratados de protección a la salud o al ambiente de las cuales el Estado Argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando a los países miembros la cancelación o restricción severa de sus registros por su riesgo y dificultad de manejo para los casos en que así se considere.

Que ante el referido requerimiento administrativo efectuado al SENASA, no sorprende esta embestida intempestiva en la Cámara de Diputados Nacional, a través de un proyecto de ley exprés, que claramente apunta a cerrar y clausurar todo revisionismo sobre las autorizaciones de comercialización y uso de agrotóxicos registrados en la Argentina, con el fin excluyente de ignorar las conclusiones que revelan los trabajos científicos independientes en relación a los efectos negativos significativos en la salud humana y el ambiente de la exposición crónica a los agrotóxicos.

En efecto, son los trabajos e investigaciones de científicos independientes de todas partes del mundo que en los últimos años han revelado los efectos crónicos, cenotóxicos, teratogénicos y carcinogeneticos de muchos agrotóxicos usados a gran escala y cielo abierto en la agrobiotecnología, cuyas conclusiones son soslayadas no solo por las autoridades sino también por los organismos internacionales como la Organización Mundial para la Salud y la FAO, a los cuales el proyecto de ley pretende colocarlos como únicos signatarios legítimos para cualquier revisionismo en la materia.

Ese ardid normativo del proyecto de ley, se muestra abiertamente incongruente con el principio de precaución y el Convenio de Diversidad Biológica, según los cuales, todo disenso o incertidumbre científica frente a un hecho que pueda representar una situación de riesgo de daño grave e irreversible a la salud y/o el ambiente, obliga a que se adopten las medidas eficaces y oportunas para despejar las dudas pertinentes y obrar en consecuencia. En ese contexto, los trabajos científicos que evidencian los efectos negativos de los agrotóxicos en la salud humana y el ambiente, son la punta de lanza para promover una reevaluación de riesgos, que hoy la normativa vigente del SENASA 350/99 permite (y que su propia Presidenta recomienda), pero que el proyecto de ley claramente se direcciona a CERCENARLO.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.

El Senado y Cámara de Diputados...

Régimen de registro, comercialización y control de productos fitosanitarios.

ARTÍCULO 1º. La presente ley establece el marco legal aplicable en el territorio de la República Argentina para el registro, la comercialización y el control de los productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.

ARTÍCULO 2º. Quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley la importación, exportación, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, envasado, rotulado, traslado, registro, comercialización, prescripción, y toda otra operación vinculada a estas actividades, destinados a la producción agrícola y agroindustrial.

ARTÍCULO 3°. Son sujetos comprendidos en las prescripciones de esta ley:

a) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la cadena de producción y comercialización, que están en contacto habitual con los productos fitosanitarios y quienes son principales responsables de su uso y aplicación, a saber: fabricantes, fraccionadores, formuladores, profesionales universitarios con competencia en programar, ejecutar y evaluar la formulación, certificación de uso, comercialización, expendio y aplicación de agroquímicos, aplicadores por cuenta propia o de terceros, beneficiario del uso y depositario final. Este listado podrá ser ampliado por la Autoridad Nacional de Aplicación;

b) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la cadena que, por su actividad, no tienen contacto directo y habitual con el producto fitosanitario, sino solamente a partir de un envase cerrado herméticamente y con su correspondiente precinto inviolable, a saber: transportes, depósitos, almacenamientos, comercio vendedor, exportadores e importadores. Este listado podrá ser ampliado por la Autoridad Nacional de Aplicación.

ARTÍCULO 4°. El Estado Nacional a través de sus organismos competentes deberá:

a. Entender en el establecimiento de objetivos y políticas, impulsando el uso racional de los productos fitosanitarios, y la incorporación de tecnologías adecuadas para minimizar toda clase de riesgos para la salud humana y para el normal funcionamiento de los ecosistemas y el ambiente en general.

b. Promover en forma conjunta con los gobiernos provinciales, municipales y entidades públicas y/o privadas, la creación de programas de manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas, tendientes a utilizar tecnologías de bajo impacto sobre los ecosistemas y la eficaz utilización de sustancias químicas y/o bioquímicas.

c. Identificar, localizar y disponer en forma segura de productos fitosanitarios decomisados y/o prohibidos, o que estuvieran en estado que impida su uso. Los costos de los procedimientos de disposición final serán en su caso, por cuenta del infractor.

d. Brindar en forma periódica a las autoridades sanitarias a cargo de los Centros de Intoxicaciones, la información necesaria para la atención de eventos dañosos derivados de la ingestión o contacto con productos fitosanitarios, y la necesaria para el seguimiento de personas o grupos expuestos.

e. Brindar la información necesaria para la atención de accidentes o eventos dañosos al ambiente, a las autoridades del área pertinente, y/o servicios de asistencia pública.

f. Promover en forma conjunta con los gobiernos provinciales, municipales y entidades públicas y/o privadas el cumplimiento de los recaudos indicados en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas (Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO-) en materia de Principio de Información y Consentimiento Previo (PICP).

g. Promover, a través del sistema de salud, la capacitación y actualización del personal médico rural, emergentólogos y toxicólogos sobre productos fitosanitarios.

ARTÍCULO 5º. La Autoridad Nacional de Aplicación es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), quien llevará el Registro Nacional de Productos de Terapéutica Vegetal, lo que implica - sin perjuicio de otras acciones- fijar los requisitos que deberán cumplir los solicitantes de registros de productos fitosanitarios y aprobará la utilización de los mismos, como condición para la comercialización, contemplando las obligaciones que al respecto asuma la República Argentina en el marco de tratados de integración o internacionales.

ARTÍCULO 6º. Son funciones de la Autoridad Nacional de Aplicación, en cuanto hace al registro de productos fitosanitarios:

a) Llevar el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios, conforme las facultades que le otorga la presente ley y determinar los requisitos, procedimientos, criterios y alcances para el registro de productos fitosanitarios en la República Argentina.

b) Determinar los recaudos a seguir en los procesos de investigación y desarrollo de productos fitosanitarios que no estén aún registrados, y que impliquen la liberación al ambiente de éstos. Deberá exigirse la presentación de la información disponible, y la imposición de condiciones de estricto control de la identidad de los productos, de bioseguridad, cantidades y áreas de aplicación.

d) Realizar las revalidaciones de los registros de principios activos y/o productos formulados que estime necesarias, sometiéndolos, junto con la información que los sustenta, a evaluaciones toxicológicas, ecotoxicológicas y de eficacia agronómica acordes con los avances científicos que se produzcan;

e) Llevar el registro de personas físicas y/o jurídicas que intervengan en los procesos de importación, exportación, fabricación, industrialización y comercialización de productos fitosanitarios en el ámbito nacional e inter jurisdiccional.

f) Establecer los criterios y modalidades de uso y control de las sustancias activas, sus impurezas, los productos formulados, sustancias acompañantes y coadyuvantes, las modalidades de aplicación, métodos y recomendaciones para el uso seguro de productos fitosanitarios, así como determinar los usos y/o cultivos a los que podrán destinarse.

g) Establecer y dictar las normas relativas a límites máximos de presencia de residuos de productos fitosanitarios (LMRs) en vegetales y frutas para consumo fresco y animal;

h) Dictar las normas y recomendaciones sobre los períodos de carencia en que se aplicarán los productos fitosanitarios sobre los cultivos.

i) Establecer los períodos de reingreso, lapsos durante los cuales no debe permitirse el ingreso de personas o animales a las áreas tratadas.

En materia de controles posregistro corresponde a la Autoridad Nacional de Aplicación:

j) Suspender, restringir o prohibir la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso de determinadas sustancias activas y/o productos formulados. Estas medidas podrán ser aplicadas en todo el territorio nacional, ser de aplicación regional o local, o referirse a un cultivo y/o uso determinado.

k) Autorizar rótulos y envases de acuerdo a las pautas establecidas en los artículos 15 y 16 de la presente ley.

l) Establecer las pautas que deben imponer las normas de almacenamiento y depósito de productos fitosanitarios, a ser dictadas en cada jurisdicción, de modo que se eviten al máximo los riesgos para la salud humana y animal y para el normal funcionamiento de los ecosistemas en general.

ARTÍCULO 7°. Los certificados de registro emitidos por la Autoridad Nacional de Aplicación implican que el producto ha sido considerado apto, luego de un procedimiento de análisis y evaluación de sus beneficios y riesgos, para su uso en los cultivos y especies para los que ha sido aprobado y de acuerdo a las instrucciones o modalidades de uso indicadas en los rótulos o etiquetas.

ARTICULO 8°. La Autoridad Nacional de Aplicación podrá, ante emergencias sanitarias declaradas, autorizar circunstancialmente y con carácter de excepción, el uso de determinados productos fitosanitarios no autorizados para los cultivos en riesgo.

ARTICULO 9°. La vigencia de los registros de productos fitosanitarios será indefinida, siempre que el producto a comercializar se corresponda con las especificaciones registradas. Los registros podrán ser cancelados por los siguientes motivos:

a) A pedido del titular

b) En función de los plazos que fije la reglamentación para renovaciones administrativas y trámites afines;

c) En ejercicio de la potestad que tiene la autoridad nacional de instar revisiones sobre la base de acciones y/o programas de seguimiento y vigilancia pos-registro.

d) Por incumplimiento de la presente ley y de las normas que en su consecuencia se dicten

e) Otras situaciones que la autoridad de aplicación defina por vía reglamentaria

ARTÍCULO 10°. La Autoridad Nacional de Aplicación deberá garantizar el desarrollo de un Sistema Nacional de Trazabilidad que contemple todas las etapas, desde la elaboración o importación de un producto fitosanitario hasta el comercio minorista inclusive.

ARTÍCULO 11. Los Comerciantes tendrán las siguientes obligaciones:

a) Tener un asesor técnico, profesional universitario matriculado en cuyas actividades reservadas al titulo contemple programar, ejecutar y evaluar la formulación, certificación de uso, comercialización, expendio y aplicación de agroquímicos.

b) Contar con las habilitaciones que toda la normativa correspondiente imponga.

c) Controlar que el producto esté cerrado, con su precinto de seguridad colocado e intacto, número de lote, fecha de vencimiento vigente, y debidamente etiquetado.

ARTICULO 12. El usuario de productos fitosanitarios debe:

a) Archivar los remitos y las recetas de prescripción de los productos fitosanitarios que se utilicen, de forma tal que dichos documentos satisfagan adecuadamente el objetivo de trazabilidad de la presente ley, por el plazo que establezca la reglamentación y permita una adecuada auditoria por parte de las Autoridades competentes, nacionales o provinciales.

b) Contratar aplicadores inscriptos o registrados o estar inscripto como tal en los registros provinciales correspondientes.

c) Cumplir con las normas de Buenas Prácticas de Depósito y disposición transitoria de envases vacíos de fitosanitarios.

d) Permitir el acceso de la Autoridad Nacional de Aplicación o Autoridad Competente jurisdiccional a los predios que está cultivando, instalaciones donde se apliquen o depositen productos fitosanitarios y aquellas de depósito y disposición de envases vacíos de fitosanitarios.

ARTÍCULO 13. El profesional universitario matriculado actuante, está obligado a emitir una receta de prescripción o aplicación, toda vez que su recomendación implique la utilización de un producto fitosanitario

ARTÍCULO 14. La inscripción, registro y capacitación de los aplicadores de productos fitosanitarios estará a cargo de las provincias. El SENASA llevará una base única de datos que constituirá el Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores de Productos Fitosanitarios

ARTÍCULO 15. Las etiquetas y envases de los productos fitosanitarios deberán ser autorizados por el Estado Nacional, a través de la Autoridad Nacional de Aplicación, e incluirán las leyendas que indiquen, en idioma nacional, como mínimo los siguientes recaudos:

a) El nombre comercial del producto, nombre y dirección del fabricante, responsable técnico y porcentaje del ingrediente o sustancia activa, contenido neto, tipo de acción y cultivos para el cual ha sido aprobado.

b) Las recomendaciones de uso, instrucciones de aplicación, advertencias y precauciones a seguir para el uso seguro y eficaz del producto para cada cultivo autorizado, incluyendo símbolos y/o pictogramas adecuados, seguido de la aclaración que todo uso no expresamente autorizado constituye una infracción a la presente ley.

c) Primeros auxilios y ayuda médica en casos de intoxicación.

d) Fecha de vencimiento e identificación del lote o partida del producto en números o en letras de fácil lectura, transcripción y comunicación.

e) Recomendaciones de tratamiento y disposición final de los envases vacíos y/o productos remanentes según lo determinado por la reglamentación.

ARTÍCULO 16. Los envases deberán satisfacer los siguientes recaudos mínimos:

a) Ser diseñados y fabricados de modo tal que impidan pérdidas; ser construidos con materiales resistentes al producto a ser envasado y con la resistencia mecánica necesaria para responder a las exigencias normales de almacenamiento y transporte;

b) Contar con un cierre o precinto que sea inevitablemente destruido al ser abierto la primera vez;

c) Lucir la fecha de vencimiento del producto impresa en forma indeleble, la que deberá coincidir con la indicada en el rótulo. En caso de divergencia, será válida únicamente la impresa en el envase.

d) Toda aquella información necesaria para la gestión eficaz del envase vacío de fitosanitario que establezca la legislación nacional y/o provincial

ARTÍCULO 17. La publicidad de productos fitosanitarios deberá cumplir con las siguientes pautas:

a) El contenido de la publicidad debe coincidir con las características del producto, oportunamente aprobadas por la autoridad de aplicación.

b) Todas las afirmaciones utilizadas deben ser factibles de justificarse técnicamente.

c) Los anuncios no deben contener ninguna afirmación o presentación visual que directa o indirectamente entrañen la probabilidad de inducir a error al comprador o usuario, en particular en lo que respecta a la seguridad del producto, su naturaleza, composición, adecuación al uso, reconocimiento o aprobación oficial y la disposición final de los envases.-

d) Los anuncios deberán brindar información clara, concreta y adecuada para el entendimiento del público en general, y que advierta sobre sus características y peligros de uso indebido de los mismos.

e) Los anuncios deben estimular a los compradores y usuarios a leer atentamente los rótulos.

ARTÍCULO 18. Los productos fitosanitarios serán almacenados en depósitos debidamente habilitados por la Autoridad Competente Jurisdiccional, que deben cumplir con las condiciones necesarias para prevenir y evitar los riesgos para la salud humana y los posibles impactos negativos sobre el ambiente.

ARTÍCULO 19. Las Autoridades Competentes Jurisdiccionales arbitrarán los medios para el control de la aplicación y uso de los productos fitosanitarios, a fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana e impactos negativos sobre el ambiente, sin perjuicio de las demás acciones correspondientes a sus competencias propias.

ARTÍCULO 20. Todos los residuos, sobrantes y envases de productos fitosanitarios deberán ser gestionados de manera de evitar daños al ambiente y la salud, priorizando su valorización en los casos en que sea factible, y respetando lo establecido en las normas vigentes sobre la materia en cada jurisdicción.

ARTÍCULO 21. La Autoridad Nacional de Aplicación podrá prohibir o autorizar, condicionado a fines específicos, las actividades de importación, elaboración, comercialización y/o uso de productos fitosanitarios respecto de los cuales la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), u otras organizaciones o tratados de protección a la salud o al ambiente de las cuales el Estado Argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando a los países miembros la cancelación o restricción severa de sus registros por su riesgo y dificultad de manejo para los casos en que así se considere.

ARTÍCULO 22. Las Autoridades Competentes Jurisdiccionales correspondientes podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento

b) Multas

c) Interdicción de predios.

d) Decomiso de los productos y mercaderías contaminados y de los elementos utilizados para cometer la infracción. Se impondrá al infractor la obligación de disponer a su costa de los productos decomisados, según los procedimientos que se le fijen.

e) Inhabilitación temporal o permanente.

f) Clausura de los locales, pudiendo ser parcial o total, temporal o permanente.

g) Secuestro de los equipos de aplicación.

h) Ejecución de acciones de recomposición de los elementos del ambiente que hubieran sufrido daño.

ARTÍCULO 23. Será sancionado de conformidad con el artículo anterior, salvo que el hecho constituya delito, el que:

a) Introdujere al país o produjere productos fitosanitarios sin inscripción, autorización o habilitación de las autoridades competentes.

b) Distribuyere, almacenare, transportare, pusiere a la venta o vendiere productos fitosanitarios falsificados, adulterados o producidos fraudulentamente.

c) Vendiere, aplicare u ordenare aplicar productos fitosanitarios a quien no se encuentre inscripto en los registros provinciales previstos en el artículo 14.

d) Poseyendo título de profesional universitario matriculado en cuyas actividades reservadas al titulo contemple programar, ejecutar y evaluar la formulación, certificación de uso, comercialización, expendio y aplicación de agroquímicos, aplicare u ordenare aplicar productos fitosanitarios que no se encontrasen debidamente inscriptos y autorizados.

ARTÍCULO 24. Derógase el Decreto Ley 3.489/58 y la Ley 17.934 y toda otra norma nacional que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 25. El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días de su promulgación.

ARTÍCULO 26. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS EXPUESTOS POR EL DIPUTADO LUIS EUGENIO BASTERRA.

Señor presidente:

La presente ley tiene como objetivo establecer el marco legal aplicable en el territorio de la República Argentina para el registro, la comercialización y el control de los productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.

En la República Argentina está reglamentada la elaboración, formulación, fraccionamiento, distribución, transporte, almacenamiento, comercialización y aplicación de los productos fitosanitarios a través de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones emanadas de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPYA) y SENASA, así como disposiciones de este órgano, o sus antecesores, Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal, o Servicio Nacional de Sanidad Vegetal.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es la autoridad nacional competente para el registro y control de los Productos Fitosanitarios, según Decreto Nº 1585/96. Tiene a su cargo el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y Fertilizantes donde deben inscribirse todas las empresas y los productos que se comercializan en el territorio argentino.

Desde hace varios años, además, la normativa nacional tiende a la armonización con la vigente en bloques u organizaciones regionales, como MERCOSUR y COSAVE.

Los instrumentos legales para el control y gestión de sustancias químicas de uso agrícola en el orden federal son:

1. Decreto Ley N° 3489/1958: Establece el contralor de la Secretaría de Agricultura sobre la venta en todo el territorio de la Nación de productos químicos o biológicos, destinados al tratamiento o destrucción de los enemigos animales y vegetales de las plantas cultivadas o útiles, así como de los coadyuvantes de tales productos, previo registro ante la autoridad competente. Fija la obligación de registro de los productos, bajo las condiciones que estipule la reglamentación, establece sanciones en caso de incumplimiento y las obligaciones de usuarios y particulares.

2. Decreto N° 5769/1959: Establece la obligatoriedad de inscripción para toda persona de existencia visible o ideal para la venta de los citados productos dentro del territorio de la República Argentina. Fija los requisitos para la inscripción o registro, previo e indispensable para la venta en el territorio nacional. Crea el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal. Su texto ordenado incluye las siguientes modificaciones:

- art. 2o: Dec. 8965 inc. a); disposición SNSV 255 inc. d); dec. 1419 2o.ap.

- art. 3o: Dec. 7190 inc. d).

- art. 5o: Disp. SNSV 255 (final).

- art. 13o:Disp.SNSV 7.

3. RESOLUCIÓN No. 571/79: Plaguicidas de uso en sanidad vegetal y animal: normas que deben cumplir los titulares de certificados de venta (depósito de muestras en Policía Federal). No está derogada, pero sí en desuso.

4. Resolución SAGPyA N° 350/99: Establece y aprueba el "Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios en la República Argentina" que homologa para nuestro país la 5º Edición del Manual sobre el desarrollo y uso de las especificaciones FAO en productos para la protección de cultivos. Reemplaza el anexo I de Resolución SENASA Nº 440/98 sobre los requisitos y procedimientos para registrar productos fitosanitarios. Establece categorías de trámites: sustancias activas grado técnico (sin antecedentes en el país: primer registro y con antecedentes de registro); productos formulados (sin y con antecedentes de registro); Biológicos; Trato diferenciado). Fija los parámetros para la determinación de la "Equivalencia". Impone la obligación de habilitar establecimientos de fabricación. Regula el manejo de la información confidencial. Determina las pautas a aplicar para el análisis de riesgo de productos fitosanitarios registrados. Fija los plazos y modo para la reválida de registros obtenidos mediante normativas anteriores. Complementada / Modificada por Resoluciones SENASA 230/00; 1136/00; 45/01; 6/02; 489/02; 539/02; 371/03; 302/12

Asimismo, dentro del conjunto de normas que regulan los niveles máximos de tolerancia de agroquímicos en productos vegetales destinados a la alimentación humana y animal y establecen las normas reguladoras de procedimientos para evitar la contaminación, se destacan:

1. Resolución SENASA 256/03: establece Tolerancias ó Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios. Incluye Listado de productos fitosanitarios exentos del requisito de fijación de tolerancias y listado de principios activos prohibidos y restringidos en la legislación vigente.

2. Resolución SENASA 512/04: Fija límites máximos de residuos (LMR) para productos no tradicionales.

3. Resolución SENASA 512/04: Ampliación de Registros de Productos Fitosanitarios a usos no autorizados (art. 4º Ley 20.418) y fijación de LMR temporales.

El Estado Federal es competente para regular el registro y comercio interjurisdiccional e internacionales de productos fitosanitarios, fertilizantes y enmiendas. El registro y consecuente autorización para el comercio legítimo de estos productos en cualquier sitio del territorio nacional debe hacerse ante la Autoridad Nacional competente, el SENASA.

Sin embargo, los Estados Provinciales mantienen el ejercicio del poder de policía, es decir del control del comercio, uso y aplicación de los productos fitosanitarios dentro de sus respectivos territorios.

Por ello, la mayoría de los Estados Provinciales tiene sus leyes y normativas locales, que se listan a continuación y que deben observarse en cada jurisdicción.

1) BUENOS AIRES:

- Ley 10.699: Protección de la salud humana, recursos naturales y la producción agrícola mediante el uso racional de productos químicos o biológicos.

- Decreto Reglamentario 499/91

- Ley de facto 8765 (1977): Reglamento de Faltas Agrarias.

- Ley 5770 (30/8/54) y Decreto Reglamentario 4328/55.-

2) CÓRDOBA:

- Ley de facto 4967 (1968): Defensa sanitaria de la producción agrícola.

- Decreto Reglamentario 6373

- Decreto Reglamentario 4460/83.

- Ley 7487 (1986): Ley de Control de Sanidad Vegetal.

- Ley 9164: Productos Químicos o Biológicos de uso agropecuario.

3) CATAMARCA:

- Ley 4395 (1986): Normas sobre elaboración, utilización y almacenamiento de agroquímicos. Fondo Fitosanitario.

4) CORRIENTES:

- Ley 4495 (1990).

5) CHACO:

- Ley 3378 (1988): Biocidas.

- Decreto Reglamentario 454/89.

6) CHUBUT:

- Ley 2175 (1987): Recursos Naturales- Agricultura- Ganadería- Industria- Plagas- Fertilizantes.

7) ENTRE RÍOS:

- Ley de facto 6599 (1980) ratificada por Ley 7495: Plaguicidas.

- Decreto Reglamentario 4483/95.

- Decreto Reglamentario 5575/95: Aprueba convenio con Colegio de Profesionales de la Agronomía para el contralor de la aplicación.

- Resolución SPG 1622/96: Crea el registro de expendedores y aplicadores de Plaguicidas.

- Ley de Sanidad Vegetal N° 5596 (1974) y DR 76/74.-

8) JUJUY:

- Ley de Sanidad Vegetal N° 3240 (1975).

9) LA PAMPA:

- Ley 1173 (1989): Sistema de Protección de la salud humana y de los ecosistemas optimizando la utilización de agroquímicos.

- Decreto Reglamentario N° 618.-

10) MENDOZA:

- Ley 5665 (1991)

- Decreto Reglamentario N° 1469/93.-

- Resolución ISCAMEN Nº 21 7. I- 2005: Adhesión de la Provincia de Mendoza al SIFFAB (Resolución SENASA 500/03). Triple lavado de envases vacíos. Sitios de Acopio de envases.

11) MISIONES:

- Ley 2980 (1992): Ley Provincial del Agrotóxicos.

12) NEUQUEN:

- Ley 1859 (1990).-

13) RÍO NEGRO:

- Ley 2175 (1987): Uso de Plaguicidas y Agroquímicos en la Provincia de Rio Negro.

- Decreto Reglamentario N° 729/94

14) SAN JUAN:

- Ley 6744 - Ley de Agroquímicos.

15) SAN LUIS:

- Ley 4703 (1985)

- Decreto Reglamentario N° 2874/86.-

16) SANTIAGO DEL ESTERO:

- Ley N° 6312 (1996) Provincial de Agroquímicos.

17) SANTA FE:

- Ley N° 7461 (1975) . Reformada: Ley 10.528 (1990).

- Decreto Reglamentario 2591/77.

- Resolución N° 505/78: Registro de elaboradores, expendedores, aplicadores de agroquímicos en la provincia.

- Disposición 13/78 (aeroaplicación)

- Disposición 16/78 (receta para determinados Plaguicidas)

- Ley 4390 (1954) Sanidad Vegetal y DR 01307/55.-

18) SANTA CRUZ:

- Ley N° 2529 (1999): Regulación de Agroquímicos y Plaguicidas.

- Ley N° 2484 (1998): Sanidad y Calidad Vegetal.

19) TUCUMÁN:

- Ley N° 6291 (1991): Agroquímicos.

- Ley N° 6109 (1991): Sanidad Vegetal

Ante esta cantidad de normas, algunas de ellas ya en desuso y otras que necesitan su actualización, surge la necesidad de sancionar una ley nacional que establezca con claridad las cuestiones referidas al registro de los productos fitosanitarios y las actividades de control post registro, brindando a las jurisdicciones provinciales pautas claras para la coordinación normativa nación - provincias, en especial, considerando el rol central del SENASA en el establecimiento de las pautas de cumplimiento obligatorio referidas al registro, la comercialización y el control de los productos fitosanitarios empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos.

Se establece en este sentido los alcances de la competencia que tendrá la Autoridad de Aplicación en cuanto hace al registro de los productos fitosanitarios, determinando los requisitos, procedimientos, criterios y alcances para el registro de productos fitosanitarios, los recaudos a seguir en los procesos de investigación y desarrollo de productos fitosanitarios que no estén aún registrados, y que impliquen la liberación al ambiente de éstos y realizar las revalidaciones de los registros de principios activos y/o productos formulados que estime necesarias, sometiéndolos, junto con la información que los sustenta, a evaluaciones toxicológicas, ecotoxicológicas y de eficacia agronómica acordes con los avances científicos que se produzcan.

Asimismo el SENASA deberá llevar el registro de personas físicas y/o jurídicas que intervengan en los procesos de importación, exportación, fabricación, industrialización y comercialización de productos fitosanitarios en el ámbito nacional e inter jurisdiccional, establecer los criterios y modalidades de uso y control de las sustancias activas, sus impurezas, los productos formulados, sustancias acompañantes y coadyuvantes, las modalidades de aplicación, métodos y recomendaciones para el uso seguro de productos fitosanitarios, así como determinar los usos y/o cultivos a los que podrán destinarse.

En materia de controles pos registro, el SENASA podrá proceder a suspender, restringir o prohibir la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso de determinadas sustancias activas y/o productos formulados, así como incautar las existencias, cuando hubiere razones debidamente fundadas que así lo determinen. Estas medidas podrán ser aplicadas en todo el territorio nacional, ser de aplicación regional o local, o referirse a un cultivo y/o uso determinado.

Con respecto a los rótulos y envases de productos fitosanitarios deberá controlar la aplicación de la reglamentación y establecer las pautas que deben imponer las normas de almacenamiento y depósito de productos fitosanitarios, a ser dictadas en cada jurisdicción, de modo que se eviten al máximo los riesgos para la salud humana y animal y para el normal funcionamiento de los ecosistemas en general.

Uno de los aspectos que incorpora la presente ley es la obligatoriedad de establecer un sistema de trazabilidad de los productos fitosanitarios que estará a cargo del SENASA y que comprenda todas las etapas de la cadena de comercialización hasta el comercio minorista que adquiera el producto.

Se establece asimismo que un profesional de las ciencias agronómicas matriculado deberá emitir una receta de prescripción y aplicación, toda vez que su recomendación implique la utilización de un producto fitosanitario.

En cuanto a la aplicación de los productos fitosanitarios la norma establece que las provincias administrarán los registros de aplicadores y el SENASA llevará un Sistema Federal Integrado de registros de Aplicadores de Productos Fitosanitarios de libre acceso para los productores interesados.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

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