miércoles, 19 de noviembre de 2014

Miradas pos-desarrollistas

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

El pos-desarrollismo expone acertadas críticas y participa en intensas resistencias contra el extractivismo. Pero algunas variantes objetan el propio concepto de desarrollo, olvidando que el retraso económico no es un relato sino una dura realidad, que distingue a Latinoamérica de los países centrales.

Las propuestas localistas permiten iniciativas comunitarias, pero no enmiendan las falencias del capitalismo. Tampoco doblegan la agenda extractivista que comparten gobiernos muy disimiles. Con criterios puramente ambientalista no se puede distinguir a los modelos neoliberales, neo-desarrollista y redistributivos. 

Los proyectos eco-socialistas concilian protección ambiental con crecimiento e igualitarismo, evitando el endiosamiento de la naturaleza. El rechazo pos-moderno del desarrollo obstruye, en cambio, esos objetivos y contradice su aceptación de otras metas generales. Tampoco clarifica los intereses sociales subyacentes en los distintos esquemas en disputa. Las rebeliones populares necesitan sustentos teóricos comprometidos con juicios para comprender la realidad.

Diversos exponentes del pensamiento radical han formulado en los últimos años críticas contundentes al desarrollismo. Estos cuestionamientos objetan el extractivismo y los modelos de crecimiento a cualquier precio. Destacan especialmente los efectos devastadores de la agro-exportación y la minería a cielo abierto que impera en América Latina. Ambas actividades constituyen el pilar de un curso económico regresivo implantado a mitad de los 80. (1)

Ese patrón de acumulación refuerza la condición dependiente de la región y su inserción periférica (o semiperiférica) en la división internacional del trabajo. Consolida la desposesión de las mayorías populares, refuerza el desempleo y favorece a las empresas que lucran con la precarización del empleo.

La depredación del medio ambiente suscita incontables conflictos sociales. Los adversarios del desarrollismo participan activamente en la resistencia popular contra el saqueo del subsuelo, la desertificación, la extinción de las selvas y la desaparición de los bosques. Aportan detalladas denuncias de las consecuencias de esa demolición.

Las movilizaciones para preservar los recursos naturales originaron gran parte de las movilizaciones populares del último quinquenio. Un tercio de estas acciones estuvieron relacionadas con esa problemática y sólo en el 2012 se computaron 184 confrontaciones de ese tipo en la región. Cinco protestas alcanzaron dimensiones transfronterizas (Svampa 2013; Bruckmann, 2012).

Las críticas al extractivismo han sido planteadas desde enfoques ideológicos muy variados. Algunos teóricos cuestionan ese atropello con miradas reformistas promoviendo mayores regulaciones del estado. Otros observan el deterioro del medio ambiente desde perspectivas marxistas, como un efecto de la competencia por beneficios surgidos de la explotación. Un tercer conglomerado de autores postula ideas pos-desarrollistas. (2)

Objeciones al desarrollo

El genérico término de pos-desarrollo es utilizado por muchos participantes de la batalla contra el extractivismo. Identifican ese concepto con un proyecto alternativo al modelo actual de acumulación a costa de la naturaleza.

Pero desde principios de los años 90 esa noción también presenta otra acepción, como cuestionamiento a todas las nociones de desarrollo. Arturo Escobar sintetiza esta visión, postulando una influyente caracterización del escenario latinoamericano.

En sus escritos polemiza con los fundamentos “euro-céntricos” del desarrollo y remarca la atadura de ese concepto al restrictivo universo de las teorías modernas. Estima que los desarrollistas no registran la existencia de otras trayectorias de convivencia humana y propone una “de-construcción del desarrollo”.

Esa labor permitiría sustituir los razonamientos dependientes del pensamiento occidental por enfoques centrados en la revalorización de las culturas vernáculas. Resalta la inutilidad de las viejas preguntas sobre el subdesarrollo de la periferia y promueve indagar las distintas formas en que Asia, África y América Latina fueron representadas como regiones atrasadas.

Escobar alienta ese viraje analítico mediante un rechazo de las preocupaciones tradicionales por el progreso y el avance de las fuerzas productivas. Considera más provechoso evaluar los discursos y las representaciones que emergen de las resistencias sociales. Convoca a estudiar esas protestas como prácticas del saber y como actos de subversión de los conocimientos.

La mirada de Escobar no retoma los cuestionamientos tradicionales a cierto tipo de desarrollo. Objeta la propia idea de desenvolvimiento económico y social, a partir de una impugnación de las cosmovisiones totalizadoras. Estima que obstruyen la percepción de las diferencias y la clarificación de los problemas.

Para superar estas adversidades considera necesario abandonar el viejo apego a una sola perspectiva analítica. Aboga por la multiplicidad de enfoques y polemiza con el desconocimiento marxista de esa variedad. Estima que la simbiosis de esa teoría con la modernidad le ha quitado capacidad interpretativa y atribuye ese empobrecimiento a la preeminencia asignada a la búsqueda de cierta verdad (Escobar, 2005: 17-30).

Otros autores aplican un enfoque semejante a la problemática de la dependencia. Afirman que esa noción padece ataduras al proyecto modernista y genera funcionalismo y mecanicismo. Critican el deslumbramiento con las creencias modernizadoras y con las expectativas de progreso ancladas en el devenir de ciertas leyes sociales (Munck 1999).

La realidad del subdesarrollo

Escobar constata el retraso estructural de América Latina pero cuestiona la necesidad de su desarrollo. Esta contradicción deriva de su peculiar caracterización de las carencias socio-económicas de la región.

Reconoce la diferencia cualitativa que separa a toda la zona de las economías avanzadas, pero sustituye la mirada habitual de esa brecha -como una fractura entre el centro y la periferia- por un contraste entre dos tipos de modernidades. Contrapone la variante plena y dominante de ese modelo en los países centrales, con la forma colonial y subordinada que imperó en la región (Escobar, 2013).

Con ese enfoque enfatiza más las desventuras culturales, políticas e ideológicas de América Latina, que su inserción dependiente en el capitalismo mundial. Relativiza el impacto del subdesarrollo económico y pierde de vista las consecuencias de la exacción de recursos, el vaciamiento de riquezas, las transferencias de valor y la especialización productiva en exportaciones primarias. Esta desposesión determinó una escala de atraso semejante al padecido por otras zonas periféricas del planeta.

Escobar rechaza las convocatorias usuales al desarrollo de América Latina. Considera que esos llamados recrean la “invención del subdesarrollo” que construyeron los colonialistas y repiten los colonizados (Escobar, 2010a).

Pero esa visión conduce a presentar el status objetivo del atraso latinoamericano como un simple imaginario, difundido por los poderosos y convalidado por los subordinados. Olvida que el subdesarrollo no es una creencia, un mito o un discurso, sino una terrible realidad de hambre, baja escolaridad y pobreza.

Este desconocimiento conduce a evadir el grave problema que afronta una región relegada. Durante siglos los principales intelectuales latinoamericanos constataron ese atraso. No priorizaron la temática del desarrollo por atadura a un relato emanado de Occidente, sino por las duras vivencias experimentadas en todos los países.

Escobar elude este dato. Se limita a evaluar discursos, sin conectar esos enunciados con el drama rector del subdesarrollo. Por eso divorcia la exposición verbal del problema de sus manifestaciones materiales directas, omitiendo las falencias específicas de América Latina.

La región no sólo necesita -como todas las sociedades del planeta- encontrar un camino de desenvolvimiento que preserve el medio ambiente. También debe incrementar la satisfacción general de las necesidades básicas y reducir -con desarrollo- la distancia que la separa de las economías avanzadas. Frenar el desastre ecológico es una meta de primer orden tanto para Haití como para Suiza, pero erradicar el atraso no es tarea común a ambos países.

Escobar denuncia acertadamente las consecuencias destructivas del capitalismo contemporáneo. Pero esa constatación no alcanza para evaluar el impacto diferenciado de ese deterioro en el centro y la periferia del sistema. Tampoco permite deducir los cursos de acción necesarios para remediar esa demolición.

Al igual que el resto de la periferia, América Latina debe combinar las protecciones ambientales con la aceleración del crecimiento. Si el subdesarrollo es visto como un mero relato de la modernidad, no hay forma de encontrar propuestas que sinteticen las salvaguardas ecológicas con la superación del retraso económico.

Insuficiencias del localismo

Escobar prioriza las iniciativas locales y comunitarias. Descree de los proyectos totalizadores y se inclina por trabajos en ámbitos más restringidos. Su rechazo del desarrollo coincide con el disgusto por las propuestas de gran porte que formulan los estados nacionales y los organismos regionales.

Su enfoque pondera las experiencias ensayadas en el terreno local por los movimientos sociales y las ONGs. Remarca las ventajas que genera ese plano de intervención, en contraposición a los grandes proyectos que demandan las distintas clases sociales (Escobar, 2005: 17-30).

Su rescate de la acción comunitaria contribuye a rehabilitar los principios de la solidaridad y la cooperación. Pero los emprendimientos que se encaran con esos valores, sólo conquistan mayor relevancia cuando logran desbordar el ámbito inmediato. Si estas iniciativas no se inscriben en proyectos estratégicos de transformación social, pierden fuerza y consistencia.

La acotada perspectiva localista no permite gestar las iniciativas requeridas para resolver los grandes problemas de la región. Estos temas involucran acciones en vastos terrenos como la energía, las finanzas o la industrialización, que no pueden implementarse sólo a escala local.

La visión comunitaria es afín al viejo utopismo cooperativista. En su formato clásico esa visión promueve la progresiva disolución de las relaciones de explotación, al cabo de una prolongada expansión de empresas auto-gestionadas.

Ese tipo de emprendimientos permite efectivamente prefigurar un futuro igualitario, pero sólo aporta algunas semillas dispersas de ese porvenir. Un florecimiento significativo de la economía solidaria exige superar las reglas de la rivalidad y del lucro que rigen bajo el capitalismo. La experiencia ha demostrado que una sociedad equitativa no puede construirse en torno a islotes cerrados en los poros del sistema actual.Escobar se distancia explícitamente de los planteos neo-ludistas y cuestiona las actitudes que romantizan la esfera local. Pero su concepción tiene grandes parentescos con esas utopías. Confirma esa proximidad cuando defiende la centralidad de las experiencias comunitarias, como principal camino de transformación social. Destaca que sólo allí se forjan los universos culturales que permitirían avanzar hacia el empoderamiento político (Escobar, 2005: 17-30).

Pero omite trazar un balance histórico de esos emprendimientos. Varios siglos de experiencias ilustran la imposibilidad de erradicar el capitalismo a través de una acumulación de ensayos locales. Ninguna de esas modalidades desafió la continuidad actual del sistema de competencia, beneficio y explotación.

En numerosos países se registraron momentos de gran expansión de las comunas agrarias, los kibutzim, las cooperativas industriales y las fábricas auto-gestionadas. Pero en ningún caso se verificó la esperada trayectoria hacia el cambio de sociedad. Este giro puede ser preparado, forjando universos culturales alternativos y ampliando la fuerza política de los oprimidos. Pero requiere una conquista del poder político, que es habitualmente objetada o rehuida por los teóricos del localismo.

La formulación más conocida de esa concepción –postulada por Holloway- convoca explícitamente a soslayar el manejo de la estructura estatal, para “cambiar el mundo sin tomar el poder”. Considera que esa captura recrearía las desventuras actuales, sustituyendo a un gobernante por otro en la administración del mismo estado (Holloway, 2002: 122-143).

Pero la continuidad que denuncia obedece a la preservación de los intereses capitalistas por parte de las elites, que se suceden en el manejo del estado. Si esas clases y capas privilegiadas son desalojadas del poder y sustituidas por representantes de los oprimidos es posible construir otro estado y comenzar la construcción de otra sociedad.

Restringir la acción político-social al plano local eludiendo la conquista del gobierno y el manejo del estado conduce a perpetuar el capitalismo. Un camino opuesto de emancipación exige iniciar una larga transición hacia formas de gestión igualitaristas, que permitirían la paulatina extinción de las estructuras estatales actuales.

En horizontes temporales previsibles el localismo no puede reemplazar al estado, como referente de las demandas populares y como centro de la acción política. Cualquiera sea la multiplicación de contrapoderes alternativos resulta imposible desenvolver una lucha social efectiva ignorando a esa institución. El localismo desconoce ese dato y no formula estrategias pos-capitalistas adaptadas a las singularidades de América Latina. (3)

El barómetro extractivo

La existencia de un amplio abanico de gobiernos progresistas puso a prueba en la última década la consistencia de las tesis localistas. Se crearon escenarios transformadores que desbordaron el radio comunitario. Pero la mayor dificultad se registró con el extractivismo como criterio de evaluación de esas administraciones.

Este último rasgo es compartido por distintos gobiernos latinoamericanos. Es una característica común de administraciones derechistas, centro-izquierdistas y radicales. Todos se han amoldado a la reinserción internacional de la región como abastecedora de insumos básicos. ¿Corresponde por lo tanto situarlos en un casillero compartido de extractivismo?

Algunos partidarios del pos-desarrollismo tienden a resaltar esa uniformidad, en sus cuestionamientos frontales a los presidentes que avalan el proyecto primarizador (Dávalos, 2013).

Escobar se inclina por una postura intermedia. Rechaza la opción desarrollista de todas las administraciones, pero declara su simpatía con la propuesta del Buen Vivir que promueve Correa y con las políticas generales que implementan Maduro, Mujica y Kirchner (Escobar, 2013, 2010a).

Esta ambivalencia confirma la dificultad para elaborar respuestas políticas, a partir de razonamientos exclusivamente centrados en la problemática del medio ambiente.

Esa dimensión constituye un importante elemento del contexto regional, pero no determina el perfil adoptado por cada gobierno. Para caracterizar esa fisonomía hay que considerar el sustento social, los intereses de clase y las alianzas geopolíticas privilegiadas por cada administración. Esos factores son más influyentes que la orientación seguida en el manejo de las materias primas.

La simple caracterización de los gobiernos en función de sus afinidades con la agenda extractivista genera múltiples inconsistencias. La centralidad común que tienen las exportaciones básicas no torna equivalentes a los presidentes neoliberales de Perú o México, neo-desarrollistas de Argentina, radicales de Bolivia o Venezuela y revolucionarios de Cuba.

Los sistemas político-económicos que impusieron los derechistas Uribe y Santos se ubican en las antípodas del reformismo radical que han liderado Chávez y Maduro, a pesar de la incidencia semejante que tiene la extracción de combustible en Colombia y Venezuela. El contrapunto es mucho más drástico entre Alan García y Ollanta Humala con Fidel y Raúl Castro, a pesar de la relevancia común de ciertas actividades mineras en Perú (oro) y Cuba (níquel).

Las categorías de neo-liberalismo o neo-desarrollismo se refieren a orientaciones económico-políticas mucho más abarcadoras que la gravitación alcanzada por el petróleo o los distintos metales en cada país.

En nuestras caracterizaciones de los gobiernos derechistas, centro-izquierdistas y radicales hemos asignando primacía analítica a las relaciones con las clases dominantes, el imperialismo y las masas populares. Este criterio permite entender por qué razón Chávez y Evo han sido mandatarios contrapuestos a Piñera y Uribe, a pesar de ejecutar orientaciones parcialmente semejantes en el manejo del petróleo o la minería (Katz, 2008: 39-64).

El barómetro extractivo dificulta ese esclarecimiento. No brinda elementos para distinguir las posturas de derecha, centro e izquierda o las conductas de elitismo, populismo y movilización antiimperialista.

Nuestro enfoque se apoya en fundamentos marxistas para interpretar las tendencias de cada gobierno. Con esa mirada evaluamos no sólo la preeminencia de métodos extractivistas para la explotación de los recursos naturales, sino también el destino asignado al excedente obtenido en esas actividades.

Variedad de gobiernos

El generalizado extractivismo que impera en América Latina apunta en cada país propósitos específicos. Las administraciones neoliberales convalidan la tajada obtenida por los bancos, las empresas transnacionales y los capitalistas locales de la agro-minería. Los mandatarios neo-desarrollistas equilibran ese destino con subvenciones a la burguesía industrial e inversiones en el mercado interno. Los gobiernos nacionalistas radicales restringen esos beneficios, para intentar mejoras sociales con políticas de redistribución del ingreso.

Entre los neoliberales la explotación de los recursos naturales está plenamente amoldada al libre-comercio, la desregulación financiera y las privatizaciones. Cualquier resistencia popular a la depredación del medio ambiente es respondida con brutalidad policíaco-militar.

Perú ofrece el retrato más contundente de esa reacción. El mega-proyecto minero de Conga en Cajamarca genera desde 1993 una gran destrucción de la naturaleza, que enriquece a los concesionarios del emprendimiento aurífero más grande de Sudamérica. Los campesinos se han movilizado contra una explotación a cielo abierto que destruye la provisión de agua. Libran una encarnizada batalla contra el proyecto de ampliar la mina. Esa extensión aniquilaría cuatro lagunas y dejaría un pálido reservorio artificial, manejado por empresas que obtendrían 15 mil millones de dólares de utilidades.

Al cabo de veinte años de saqueo del subsuelo la explotación de Conga no ha generado ningún beneficio social. El 53 % de los habitantes de la región subsiste en condiciones de pobreza. La lucha contra ese atropello ya dejó varios muertos. El líder de la resistencia se encuentra actualmente apresado, a pesar del enorme caudal de votos que recibió en su presentación para cargos electivos (Noriega, 2014; Gudynas, 2012a).

En el modelo neo-desarrollista ensayado en Argentina, el extractivismo se concentra en la soja. La expansión de ese cultivo se consuma podando bosques, fumigando superficies, desplazando la ganadería y destruyendo la agricultura diversificada.

El intento oficial de incrementar la apropiación estatal de la renta sojera -mediante mayores impuestos- provocó un gran conflicto con el agro-negocio en el 2008. El gobierno perdió esa batalla y también la fuente de recursos para su intento de reindustrialización. Por esta razón, una vez agotada la recuperación pos-2001, se apagaron los motores del desarrollo.

Ese fracaso coincidió, además, con el afianzamiento de políticas destructivas del medio ambiente en el terreno de la minería y el petróleo. Pero es importante registrar la fallida pretensión industrial-neo-desarrollista del modelo argentino, para comprender sus significativas diferencias con el esquema neoliberal peruano (Katz, 2014).

Esta misma distinción podría extenderse a Ecuador, que implementa un curso más parecido a la Argentina que a Perú. Su versión neo-desarrollista no apunta a recrear el peso de la industria, pero sí a estabilizar un proceso de acumulación capitalista.

A diferencia de Argentina la problemática del medio ambiente ha sido central bajo el gobierno de Correa. Un gran conflicto persiste con los movimientos sociales en torno al manejo de los recursos naturales. Esa confrontación se ha dirimido a partir de la decisión oficial de extraer el petróleo del Parque Nacional de Yasuní, que concentra un ambiente de extraordinaria biodiversidad.

La intención inicial de preservar esa riqueza bajo tierra con proyectos internacionales de protección ambiental quedó atrás. El gobierno confronta con todos los opositores a la extracción del crudo, combinando lenguaje autoritario con argumentos conservadores. (4)

La severidad de estos mensajes retrata la decisión oficial de utilizar los recursos petroleros para reforzar la estabilización del modelo capitalista. Intenta consolidar ese esquema con mayor eficiencia estatal y asistencia social. La reducción de la pobreza, las mejoras en la infraestructura, el perfeccionamiento del sistema impositivo pretenden cimentar un modelo, que incluye acuerdos de libre-comercio con la Unión Europea y financiamiento internacional con monitoreo del FMI (Borja, 2014).

Frente al esquema neoliberal y su contraparte neo-desarrollista, existe una tercera orientación más redistributiva. Venezuela implementa ese esquema utilizando el petróleo para financiar las misiones, incrementar el consumo y reducir la desigualdad social.

El contraste de estas políticas con los gobiernos precedentes (copeyanos y adecos) es mayúsculo, a pesar de la continuidad que se verifica en la preeminencia de la petroeconomía. El chavismo también ha realizado un intento diversificación productiva que no prosperó por la respuesta desinversora de los capitalistas y por los límites del gobierno para confrontar con ese rechazo.

Un modelo semejante de recuperación estatal prioritaria de la renta de los hidrocarburos para solventar mejoras sociales se ha implementado en Bolivia. En este caso el esquema se estabilizó, sin remover la estructura improductiva y el elevado subdesarrollo del país.

El predominio de inversiones en sectores primarios en el Altiplano es tan visible como los compromisos suscriptos con grandes empresas transnacionales. Pero el criterio de evaluación puramente extractivista no esclarece por qué razón el esquema político, económico y social de Bolivia y Venezuela difiere del curso imperante en otros países.

Industrialización y eco-socialismo

La evaluación del escenario regional con parámetros exclusivamente centrados en el medio ambiente impide registrar las prioridades de industrialización. Este objetivo exige ante todo descartar las estrategias de protección de la naturaleza basadas en la reducción del crecimiento. Todos los países necesitan con urgencia intensificar el ritmo de su expansión productiva.

Esa aceleración requiere utilizar parte de los recursos naturales en proyectos de exportación que permitan financiar ese desenvolvimiento. La discusión con el neo-desarrollismo debe girar en torno a los protagonistas y sistemas sociales que permitirían alcanzar ese objetivo.

Muchos autores pos-desarrollistas olvidan esa prioridad en sus críticas a la “ideología productivista de la izquierda”. Esos cuestionamientos deberían ser planteados con mayor cuidado.

Ciertamente existió una tradición soviética de industrialismo taylorista que desconocía los efectos contaminantes del crecimiento intensivo. Pero ese modelo fue anterior al actual reconocimiento del deterioro ambiental y no estuvo motivado por el apetito de la ganancia o la presión competitiva. Esta diferencia cualitativa con el modelo capitalista no es un dato menor. Tampoco es secundario el antecedente que ofrece esa experiencia para los procesos acelerados de industrialización que podrían implementar los países periféricos.

América Latina necesita gestar un modelo productivo para superar sus carencias económico-sociales. Reconoce esta urgencia industrial no implica avalar el extractivismo. Sólo induce a conciliar las políticas de sustentabilidad ambiental con las estrategias de desarrollo. Se debe compatibilizar la protección de la naturaleza con la creación de empleo y con la generación de las divisas requeridas para sostener un modelo de crecimiento.

Para implementar ese esquema hay que establecer distinciones en las formas de procesar los recursos naturales. En este terreno son esclarecedoras las investigaciones de varios autores que han establecido diferencias entre la minería y el extractivismo. Demuestran que dinamitar montañas a cielo abierto o contaminar las napas con cianuro, no es la única forma de obtener minerales (Gudynas, 2013).

Las principales controversias aparecen frente a las concepciones más extremas que ignoran la imperiosa necesidad de la industrialización. Partiendo de ese desconocimiento se limitan a promover iniciativas de economía comunitaria y cuestionan las políticas de desarrollo centralizado y protagonismo de empresas estatizadas.

Estas visiones suelen recaer en imaginarios “Eldoradistas” de endiosamiento de la naturaleza y mistificación del mundo rural. Exaltan la agricultura tradicional y olvidan que cualquier práctica económica necesariamente afecta al medio ambiente.

Estos enfoques ignoran, además, la existencia de alternativas progresistas de crecimiento selectivo, basadas en jerarquizar la producción de los bienes sociales en desmedro de las mercancías prescindibles. Una discriminación de ese tipo permitiría, por ejemplo, sustituir paulatinamente los combustibles no renovables por la energía solar.

Ese viraje podría comenzar reduciendo la fabricación de los productos dañinos y acotando el dispendioso consumismo privado. El puntapié de ese giro podría ser el progresivo reemplazo del automóvil individual por formas de transporte colectivo.

Estas propuestas se inscriben en los enfoques que ha elaborado el eco-socialismo. Varios autores marxistas promueven esa visión, en contraposición a la destrucción capitalista de la naturaleza y a las ingenuas respuestas localistas a esa demolición.

El eco-socialismo ha demostrado cómo podría conciliarse la protección ambiental con el desarrollo, redefiniendo el significado de los bienes, diferenciando los productos necesarios de los superfluos y creando sistemas de información que reemplacen a la publicidad.

Esas iniciativas se enmarcan en una perspectiva de control social de los recursos y selección popular de alternativas de producción y consumo. Suponen avanzar en el establecimiento de formas de planificación democrática a escala global, a medida que madura un horizonte socialista (Lowy, 2009a, 2009b; Tanuro 2014).

Con esta visión anticapitalista resulta posible superar la estéril oposición entre extractivismo y pachamamismo. El eco-socialismo permite resolver esa tensión, combinando propuestas pos-capitalistas de expansión productiva, igualdad social y Buen Vivir (Boron, 2013: 9-14).

El parentesco posmoderno

Las tesis localistas y naturalistas que cuestionan la idea de desarrollo, no postulan el reemplazo de esa noción por algún principio equivalente. Como descreen de las totalidades, las comparaciones y los propósitos históricos rechazan la utilidad de los conceptos rectores.

Pero prescindiendo de nociones orientadoras resulta imposible esclarecer los problemas en debate. Esos fundamentos permiten ordenar el análisis y superar la espontánea percepción de la realidad circundante como un caos incomprensible. Para definir los significados, implicancias y consecuencias del extractivismo hay que adoptar algún patrón analítico y explicitar algún objetivo general.

Lo mismo ocurre con la objetada comparación. Si se declara la inutilidad de ese instrumento para clarificar las controversias, no se entiende cómo podría avanzar la comprensión de los problemas. Su explicación está muy ligada al contraste con procesos semejantes o contrapuestos.

En todas las discusiones del pensamiento social latinoamericano siempre se ha reconocido la gravitación de ciertas metas (como el desarrollo) y la existencia de ciertos impedimentos para alcanzarlas (como la dependencia). Al desconocer estos parámetros, no hay forma de saber cuáles son los obstáculos para alcanzar los objetivos en debate.

Escobar cuestiona estos principios pero curiosamente los utiliza en sus propias reflexiones, cuando incluye nítidas metas de protección del medio ambiente y lucha contra el extractivismo. ¿Estos objetivos no constituyen propósitos, insertos en totalidades con pretensiones históricas? ¿El equilibrio ecológico no implica cierta finalidad? Es evidente que en la defensa de esos proyectos se esgrimen argumentos en base a comparaciones. Escobar no puede sustraerse al uso de los instrumentos que objeta y en los hechos rechaza ciertas metas (como el desarrollo), pero acepta otras (como el equilibrio ambiental).

Por esa razón su crítica conjunta al liberalismo y al marxismo es inconsistente. Señala que ambas corrientes propugnan ciertos propósitos de largo plazo, cuando todas las escuelas de pensamiento (incluyendo la suya) aceptan esas finalidades. Lo importante no es el reconocimiento común de ciertos proyectos generales, sino la visión que cada escuela tiene de esos programas. Liberales y marxistas hablan del desarrollo, pero desde ópticas y propuestas diametralmente opuestas.

Tampoco es cierta la objetada coincidencia de ambas escuelas en torno al mismo ideal moderno de progreso. Polemizan entre sí porque reconocen la existencia del objeto en disputa, pero una teoría postula la defensa acérrima del capitalismo y la otra cuestiona con la misma intensidad a ese sistema.

Escobar intenta colocarse por encima de esas controversias y resalta la inutilidad de ese debate, suponiendo que ofrece otros parámetros para abordarla. Pero no logra sostener esa prescindencia y en los hechos reflexiona en torno al mismo problema.

En sus trabajos cuestiona el apego de liberales y marxistas a nociones totalizadoras y centrales. Pero ignora que el uso de ciertos criterios no está determinado por ataduras a un pensamiento esencialista, sino por la simple definición de prioridades.

Ese tipo de orden es establecido por todos los analistas para definir la importancia de los temas que abordan. Todos recurren a ciertas propiedades, principios o puntos de vista para indagar algún fenómeno, puesto que el desconocimiento de esos pilares impide esa comprensión.

Nadie le atribuye a esos fundamentos un don mágico de clarificación, ni supone que todos los interrogantes pueden ser respondidos con referencias al desarrollo, el progreso o la modernidad. Solamente se acepta la necesidad de puntos de partida, metas y categorías centrales para dilucidar el contenido de los temas en discusión.

Resaltar la importancia del desarrollo no implica adoptar posturas teleológicas, imaginar objetivos inexorables, promover metas extemporáneas o soñar con faros que guíen el desenvolvimiento histórico. El problema es más sencillo y se reduce a dirimir si existen ciertos propósitos (como el desarrollo) que tienen validez y merecen ser alcanzados. Si la respuesta es positiva también debe clarificarse cuáles son las condiciones históricas que favorecen u obstruyen la obtención de esas metas. (5)

Sin este abordaje resulta muy difícil entender cuál es la lógica de los acontecimientos. Los escenarios sujetos a explicaciones quedan sustituidos por algún universo de fuerzas inmanejables y derivaciones azarosas.

En ese contexto no se sabe cómo podrían los individuos y las clases sociales imprimir cierta dirección al devenir de la vida humana. No habría forma de actuar, ni posibilidades de alcanzar las metas de preservación del medio ambiente que ambiciona el pos-desarrollismo.

Estas deficiencias son muy corrientes en todas las visiones posmodernas. Escobar recae en una modalidad de esa perspectiva. Con su enfoque se pueden ensayar descripciones, pero no valoraciones del controvertido problema del desarrollo. Abre un campo para detallados retratos de esos procesos, pero no brinda pistas para desentrañar la dinámica de esos cursos. Su mirada impide evaluar si los modelos en discusión son mejores, peores, viables, imposibles, igualitarios o elitistas.

Ese enfoque elude, además, una caracterización precisa del capitalismo, que es la principal noción en juego para comprender los problemas del desarrollo. Cuando este concepto es situado en un plano semejante a la modernidad, las críticas al neo-desarrollismo y las defensas del medio ambiente pierden consistencia.

La exorbitancia del discurso

Escobar fundamenta su visión en una crítica metodológica al sustento materialista de los abordajes marxistas. Cuestiona la pretensión de indagar el subdesarrollo latinoamericano, cuando sólo correspondería estudiar cómo fueron concebidos los discursos del desenvolvimiento de esa región.

En sus escritos subraya la importancia de analizar esas retóricas, en contraposición a los estudios centrados en modos de producción y estructuras sociales. Considera que esta última mirada afronta las mismas adversidades epistemológicas que el paradigma liberal-positivista, focalizado en evaluar mercados y comportamientos individuales (Escobar, 2005: 17-30).

Pero el enfoque que propone conduce a una restrictiva evaluación de discursos afines a las distintas teorías en disputa. No permite indagar los procesos que subyacen en esas contraposiciones. Como supone que ese análisis es imposible o inútil se limita a investigar las formas que presentan las distintas exposiciones sobre el desarrollo.

Con esa mirada todos los cuestionamientos al neoliberalismo o al neo-desarrollismo se reducen a objetar la formulación que adopta una u otra ideología. Se registran divergencias retóricas sin evaluar el contenido social de los programas en conflicto.

Escobar ignora que los problemas del desarrollo involucran algo más que relatos. Esas presentaciones constituyen sólo una dimensión de procesos objetivos impulsados, cuestionados o resistidos por distintas clases sociales, en función de intereses materiales divergentes.

Los sujetos que intervienen colectivamente en estos procesos no adoptan puntos de vista comunes por simple afinidad de discursos. Se agrupan para defender intereses compartidos. Estas coincidencias determinan visiones conservadoras, progresistas o revolucionarias del desarrollo.

El marxismo busca clarificar de qué forma esos enfoques benefician o perjudican a las distintas clases sociales. Evalúa las teorías en debate observando esas ventajas e inconveniencias. Indaga, por ejemplo, cuáles son los nexos de cada visión neoliberal o neo-desarrollista con el agro-negocio, los financistas o los industriales.

También extiende ese enfoque a caracterizaciones de la dependencia, observando la primacía de intereses exportadores, bancarios o fabriles. Con ese criterio el análisis de los textos no se limita al relato en sí mismo, sino que estudia las relaciones sociales predominantes en cada contexto. De esa forma evita oscurecer la comprensión de los fenómenos con simples juegos de lenguaje.

En oposición a este abordaje Escobar postula una visión pos-estructuralista, centrada en el análisis de los sentidos y la significación. Considera conveniente situar todo el estudio del desarrollo en este plano de representaciones y discursos (Escobar, 2005: 17-30).

Pero con esa mirada le asigna al lenguaje funciones que desbordan su esfera de acción. Extiende los principios de esa disciplina a todos los campos del saber, colocando a esos parámetros en un lugar ordenador del análisis social.

Por ese camino recae en la exorbitancia del lenguaje y en la extrapolación de conceptos de la lingüística a esferas ajenas a su ámbito. Olvida que el lenguaje no es un modelo apropiado para estudiar otras variedades de prácticas humanas. Presenta un bajo coeficiente de movilidad histórica, no está sujeto a restricciones materiales y se desenvuelve con ilimitadas posibilidades de inventiva. (6)

El enfoque de Escobar recrea las dificultades del textualismo que evalúa los relatos por sí mismos, sin registrar las pautas que ofrece para comprender la realidad. Al suponer que el discurso pavimenta su propio terreno de interpretación en función de otros significados, trasforma a múltiples disciplinas (economía, política, sociología, historia) en sub-géneros de la literatura.

Las concepciones que instalan el imperio del discurso suponiendo que nada existe fuera del texto, adoptan una modalidad contemporánea de idealismo. Imaginan al mundo como una construcción retórica. Las estructuras económicas o políticas que condicionan el devenir de la sociedad son ignoradas y desaparece la posibilidad de interpretar los procesos sociales. Las explicaciones se diluyen en una concatenación de significantes surgidos de la absolutización del lenguaje (Callinicos, 1999: cap 11; Cinatti, 2003).

Rebeldías y conocimientos

Las miradas que observan todo el desarrollo como una lectura tienden a eludir los juicios sobre esos procesos. La evaluación de los aciertos y los desaciertos queda suspendida y ya no interesa dilucidar cuales son los comportamientos apropiados y las decisiones correctas para los intereses en disputa. Esta postura es coherente con el rechazo a la búsqueda de la verdad.

Escobar cuestiona ese objetivo remarcando la inutilidad de proveer una caracterización más precisa de lo real. Resalta la ingenuidad de ese propósito y su dependencia de miradas euro-céntricas, empeñadas en descubrir verdades lógicas como único árbitro del conocimiento. Propone, en cambio, trabajar en las preguntas y las hipótesis, para evitar los conceptos únicos y la subjetividad jerarquizante de la izquierda (Escobar, 2005: 17-30, 2010b).

Pero con ese enfoque atenúa la centralidad de la verdad y la gravitación de la racionalidad para comprender los fenómenos. Desconoce las premisas requeridas para entender la dinámica del desarrollo. Omitiendo la distinción entre lo falso y lo verdadero no hay forma de encarar esa indagación.

La objetada búsqueda de la verdad es un impulso insustituible, para clarificar los procesos históricos que conducen al desarrollo (o su opuesto de subdesarrollo) y a la dependencia (o su contraparte de autonomía).

Al desechar ese objetivo se abandona el estudio de las causas, los determinantes y los resultados de los procesos sociales. La secuencia de acontecimientos que condujo al atraso latinoamericano queda convertida una sucesión de accidentes fortuitos. El análisis de los hechos se diluye en el reino de la contingencia y el azar sustituye al registro de las condiciones, límites y posibilidades del desenvolvimiento histórico (Wood, 1986: cap 4, 5).

Este abandono pos-estructuralista de la clarificación histórica explica la gravitación asignada a la clasificación en desmedro de la interpretación. La aversión a la indagación racional también suscita una creciente tentación a equiparar la comprensión provista por la ciencia con las intuiciones aportadas por cualquier modalidad del saber.

El enfoque de Escobar incurre en estos problemas conceptuales. Estos desaciertos no anulan el aporte de su trabajo. Es un crítico del capitalismo que actúa junto a los movimientos sociales y las comunidades. Sus escritos incluyen acertadas denuncias de la exclusión, la represión y la crueldad que impone la opresión imperial del Tercer Mundo.

Ese posicionamiento lo ubica en el campo de los rebeldes que bregan por la igualdad social. Para alcanzar ese objetivo es necesario afinar las caracterizaciones, las teorías y las propuestas.

Ver también:
- Concepciones social-desarrollistas

Claudio Katz es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI.

Notas:
1) Ver: Gudynas, (2009, 2013, 2012), Zibechi, (2012), Svampa (2010), Acosta (2009, 2012).
2) Una detallada descripción de los distintos enfoques en: Seoane, Taddei, Algranati (2013: 257-279).
3) Nuestra visión en: Katz (2008: 129-147).
4) Ver: Ver: Sousa Santos (2014), Acosta (2012), Cuvi, (2013), Stefanoni, (2014)
5) Ver: Eagleton, (1997: 141-193), Harvey (1998: 359-389).
6) Ver: Anderson (1983)

Referencias:
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- Acosta Alberto, (2012), “Puntos de separación” kaosenlared.net, 01/10/2012
- Anderson, Perry, (1983), Tras las huellas del materialismo histórico, Siglo XXI, Madrid, 1983.
- Borja, Diego, (2014), “Entrevista”, www.nodo50.org/opcion.
- Boron, Atilio, (2013), “Introducción”, Seoane, José; Taddei Emilio; Algranati, Clara. Extractivismo, despojo y crisis climática. Ediciones Herramienta.
- Bruckmann, Mónica, (2012), “Una estrategia regional para la gestión soberana”, alainet.org, 11/12.
- Callinicos Alex, Social theory, (1999), Polity Press, 1999, Great Britain.
- Cinatti, Claudia, (2003), “La impostura pos-marxista”, Estrategia Internacional, n 20, Buenos Aires, septiembre.
- Cuvi, Juan, (2013) “No hay revolución, este proyecto es la modernización del capitalismo”, edicionimpresa.elcomercio.com.
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- Eagleton, Terry, (1997), Las ilusiones del posmodernismo, Paidos, Buenos Aires.
- Escobar Arturo, (2005), “El “post-desarrollo” como concepto y práctica social”, Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización. Caracas, Universidad Central de Venezuela, cedum.umanizales.edu.co
- Escobar Arturo, (2010a), “Contra el neo-desarrollismo”, www.rebelion.org, 17/3.
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- Escobar Arturo, (2013), “Entrevista” www.cronicon.net/paginas/edicanter, noviembre.
- Gudynas, Eduardo, (2009), “Inserción internacional y desarrollo latinoamericano”, Observatorio de la Globalización, n 7, diciembre.
- Gudynas, Eduardo, (2012a), “Cinco hipótesis sobre el caso Conga”, brecha.com.uy, 17-7
- Gudynas, Eduardo, (2012b), “Una izquierda más allá del progresismo”, brecha.com.uy, 14-9.
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- Gudynas, Eduardo, (2013), “Los gobiernos progresistas justifican”, www.mediosdelospueblos.org, 23/12.
- Harvey David, (1998), La condición de la posmodernidad, Amorrortu, Buenos Aires.
- Holloway, John, (2002), Cambiar el mundo sin tomar el poder, Herramienta-Universidad de Puebla, Buenos Aires.
- Katz Claudio, (2008) Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires.
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- Lowy, Michael, (2009b) Ecosocialismo: hacia una nueva civilización, Revista Herramienta n 42, octubre 2009, www.herramienta.com.ar
- Munck Ronaldo, (1999), “Dependency and imperialism in the new times: A Latin American perspective”, The European Journal of Development Research, vol 11.
- Noriega, Carlos, (2014), “Gobernador, activista y reo”, Página 12,14-10.
- Seoane, José; Taddei Emilio; Algranati, Clara. Extractivismo, despojo y crisis climática. Ediciones Herramienta, 2013.
- Sousa Santos, Boaventura, (2014), “¿La Revolución ciudadana tiene quien la defienda?”, www.telegrafo.com.ec, 19/5.
- Stefanoni, Pablo, (2014), “Ecuador: una meritocracia nacional y popular”, www.rebelion.org. 9/4
- Svampa Maristella, (2010), La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes” www.maristellasvampa.net/archivos
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- Wood, Ellen Meiksins, (1986), The retreat from the class, Verso, London 1986.
- Zibechi, Raul, (2012), “La paz del extractivismo”, www.jornada.unam.mx,07/09.

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México y los fantasmas de una vieja revolución

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Al analizar el fenómeno del estado de Guerrero en México, es rutina entrar en la simplificación de que son los gobiernos corruptos, los políticos en la misma cuerda y el poderío del estado financiero paralelo sustentado por los ingresos del narcotráfico, los determinantes que permiten manifestaciones de fuerza aberrantes cuyo punto culminante es el desaparecimiento y asesinato de 43 estudiantes.

También se podrá concluir en la superficie que es la pobreza y el descalabro del estado de bienestar. Algunos comentarios muy osados comienzan a colocar a México en la categoría de estado fallido. Pero el tema de México continuará siendo el del desarrollo y progreso de la undécima economía del globo situada por sobre Italia y España, en producto interno bruto.

Para mirar a México y su problema actual, es indispensable aproximarse al panorama histórico de su proceso de desarrollo desde su independencia, donde existen dos hitos esenciales: Primero, la dictadura de Porfirio Díaz entre 1876 y 1911, y segundo, la primera etapa de reconstrucción de nación de la Revolución, 1917-1940.

Desde el “porfiriato”, como se le llama a ese período en la historia de México, se patentó el esquema de someter los intereses mexicanos a los de las compañías extranjeras y la creación de una casta de terratenientes, bajo la excusa de un México moderno y utilizando el bandidismo para erradicar a los inconformes. La imbricación entre ejército estatal federal y bandolerismo para proteger la continuidad de la dictadura de Porfirio Díaz, ha marcado la cultura política de gobernar en México. La revolución armada que encabeza Francisco Villa y Emiliano Zapata consiste en una doble liberación. De la opresión de Porfirio Díaz y del intervencionismo extranjero.

Durante la primera etapa de reconstrucción, especialmente bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, México se habituó a improvisar cada paso en su estrategia de desarrollo sin teoría y sin plan rompiendo con muchas creencias en circulación de la época provenientes de los economistas clásicos ingleses. El pragmatismo mexicano dio gran libertad a quiénes crearon una política económica de México. (Flores, F.1970). Libres de dogmas y de intervencionismo, México y su gobierno confiscó tierras y las repartió entre millones de campesinos, aunque no existiera una teoría de la reforma agraria, desplazando el ímpetu hacia la expropiación de ferrocarriles, comunicaciones, y petróleo. Se inicia un proceso de industrialización con un ambicioso plan de obras públicas, expansión urbana, alfabetización, reducción de pobreza a través de un poderoso estado de bienestar reflejado en lo que posteriormente se denominó “cardenismo” por Lázaro Cárdenas.

En la etapa post segunda guerra mundial, México adoptó un modelo de desarrollo orientado a la industria en las décadas de 1950 y 1960, con una economía protegida con barreras comerciales. Entre 1950 y 1970 la economía mexicana creció entre el 3 y 4 %, terminando esta etapa dorada en la mitad de los 70, cuando comienza a experimentar los shocks externos producto de crisis globales. A mediados de 1980, con un déficit fiscal preocupante, la economía mexicana comienza a abrirse a los mercados internacionales y a depender más crucialmente de la inversión extranjera y los préstamos. En 1982 los intereses de la deuda eterna absorbía la mitad de los ingresos de exportación. La crisis de balanza de pagos continuó por la década del 80 hasta que asume la presidencia Carlos Salinas de Gortari en 1988. En 1990, Salinas de Gortari con al déficit fiscal más controlado y el gasto social fiscal contenido decide abrir definitivamente la economía mexicana y propone la creación de una área de libre comercio con Estados Unidos. La idea coincide con la creación de una zona de libre comercio para el hemisferio occidental que se había instalado como idea central de la administración de George H.W. Bush, que coincide en el tiempo con el fin de los estados socialistas.

Es así que todo el andamiaje del estado de bienestar construido en México desde Lázaro Cárdenas en los años 30, comenzaba a desmoronarse y el México con reminiscencias de la vieja revolución Villista y Zapatista se transformaba en un estado con otro pragmatismo. México para subsistir como una economía ascendente vinculada al capital transnacional, debía sacrificar precisamente su estado de bienestar que le había permitido la base industrial y social para su crecimiento post segunda guerra, entre 1950 y 1975.

A partir de 1990, una década duró el reciclaje del México económico. México se abrió y se hizo global y también se empezó a despedazar con más violencia que antes, porque aumentó la desigualdad. De los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

El informe sobre desigualdad y pobreza indica que la diferencia entre el ingreso de 10% de las familias más ricas y 10% de los hogares más pobres fue de 28.5 veces en 2010. En 2004 era de 25.8 veces; es decir, 10% menor. Los países con brecha reducida son Islandia, con 5.3 veces; Eslovenia, también con 5.3.

El narcotráfico y la corrupción y la cantidad de crímenes acumulados especialmente en las últimas dos décadas, han proporcionado los cuerpos de información distractora para no enfocar los problemas medulares de México y la necesidad de construir una democracia moderna, más transparente, que realmente resuelva los problemas de pobreza y desgobierno.

Respecto al crecimiento del poderío del estado paralelo financiero que se ha creado a partir del narcotráfico hay un “antes y un después”, desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pierde su primera elección presidencial en 70 años el año 2000, frente al candidato Vicente Fox del Partido de Acción Nacional (PAN) de orientación derechista.

Es un hecho reconocido de que, si bien el crecimiento de los grupos de crimen organizado en México forma parte del complejo entramado de una cultura de gobernar una nación federalizada a través de 31estados diferentes, el PRI impuso durante sus 70 años en el poder una forma de contenerlo. Con los gobiernos del PAN se desmoronó el control centralizado del PRI que ejercía el contrapeso necesario para ponerle límite a la imbricación entre el aparato de seguridad del estado y el estado paralelo financiero del crimen organizado.

México por ahora, es el estado con violencia refractaria porque no ha atravesado la frontera, y como que se hubiera además petrificado en los estados al interior de México donde la industria del crimen sustentado por el narcotráfico, predomina como un espacio de poder paralelo al del estado. En el fondo, es el resultado de la errada política antinarcóticos de Estados Unidos, que señala en su estudio Silvia E. Vélez Quero (Globalismo e inteligencia política; Orozco y Dávila, Comp. 2001). Esa política es descrita como tradicionalmente cíclica con períodos de aceptación y rechazo al abuso de drogas; orientada al exterior por motivos ideológicos y obstáculos estructurales internos; de búsqueda de beneficios políticos internos, porque no le crea al político en Estados Unidos responsabilidad directa y sí le permite ganar elecciones exigiéndoles a otros; es racista, porque el 90 % de las personas encarceladas por delitos relacionados con el crack son negros o hispanos; cara, porque el costo en 1998 (Gobierno de Clinton) era de 17.000 millones de dólares, con George W. Bush se elevó entre 2001 a 2009 a 24.800 millones aunque Barack Obama la hizo reducir a 23.800 millones en 2013; descoordinada por la multiplicidad de agencias con planes paralelos; errática, por el desfase entre el combate al consumo interno y el combate a la producción externa; fallida , porque no se ha conseguido acabar con el problema y por el contrario, la violencia y la criminalidad han aumentado, especialmente en México.

Guerrero y México estarán convulsionados y muy probablemente continuarán las manifestaciones de repudio a la inacción de las autoridades, pero de allí a concluir que México se incendia y entra en el camino del estado fallido es incitar a cualquier tipo de intervencionismo del otro lado más al norte. El desaparecimiento y asesinato de 43 estudiantes en un estado como Guerrero, eleva el simbolismo donde los fantasmas de una vieja revolución sacuden permanentemente su humanidad al observar la construcción del México contemporáneo. Qué dirán seres como Rivera, Frida Kahlo. Cómo sería ahora el discurso antifascista del cónsul de Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Cuál será la próxima golpiza…

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Debates en el Vaticano: Temas que ponen a prueba la renovación del Papa Francisco

Irina Santesteban (LA ARENA)

La proclamada renovación que llevó al Vaticano el Papa Francisco tuvo otro hito importante con la realización del Simposio Mundial de Jóvenes contra la Trata. Mientras tanto, otros temas, como el reconocimiento de los gays o la sanción a curas abusadores, todavía esperan.

El tráfico de personas con fines sexuales o para explotación laboral, fue el tema central del encuentro que tuvo lugar el sábado y domingo pasados en la Casona Pío IV en el Vaticano, a instancias del Papa Francisco, y organizado por la Academia de Ciencias del Vaticano, la Asociación Civil Vínculos en Red (de Villa María, Córdoba) y Global Freedom Network (Red Mundial para la Libertad).

La titular de la ONG Vínculos en Red, la cordobesa Alicia Peressutti, de fuertes vínculos con Jorge Bergoglio desde sus épocas de cardenal de la ciudad de Buenos Aires, hace 18 años que trabaja en la problemática de la trata de personas. Cuando asumió como Papa, Alicia fue designada como asesora ad honorem del Vaticano y es en ese carácter que fue una de las organizadoras del evento que reunió a un centenar de jóvenes de 50 países, no sólo católicos, sino también de otras religiones.

El nombre del encuentro fue Simposio de Jóvenes contra la Prostitución y la Trata de Personas, Máximas Violencias contra el Ser Humano, y consistió en ponencias de distintas personas que trabajan en la temática, y testimonios de víctimas de trata, la mayoría de ellos, muy jóvenes.

Si bien el tema se centró en el tráfico de personas con fines de esclavitud o explotación sexual, también se abordó la problemática de las personas que mediante engaños son llevados de un país a otro, para trabajar en condiciones de semi-esclavitud. Sin embargo, como la explotación sexual es mucho más redituable, la mayoría de las redes de trata reclutan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para prostituirlos.

La periodista Alejandra Conti, enviada especial del diario La Voz del Interior, entrevistó a Alicia Peressutti, quien fue muy clara cuando expresó que las mafias que trafican con personas "apuntan a niñas, niños y jóvenes, y cada vez más a niños y varones jóvenes". Rechazó que la aceptación del trabajo infantil y el tráfico de niños y jóvenes, sean "cuestiones socioculturales", para ella son directamente "cuestiones de dinero". "Un esclavo laboral rinde unos dos mil dólares al mes. Un esclavo sexual, 20 mil. De allí el poder de los explotadores sobre la política, la economía, la Justicia, la policía".

Alicia fue candidata a Cordobesa del Año 2012 por su trabajo social, que consiste en alertar, informar y educar sobre el poder de las mafias de traficantes de personas. Su organización Vínculos en Red también trabaja en la contención de las víctimas que logran salir de las redes. Ha publicado nueve novelas sobre el tema de la trata y es una de las impulsoras de la diplomatura de Género y contra la Trata de Personas de la Universidad Nacional de Villa María.

Por su estrecha relación con el entonces cardenal Bergoglio, hoy su trabajo tiene un fuerte respaldo del Vaticano, donde además de asesorar ad honorem en el tema de trata de personas, es también colaboradora permanente de la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano, que preside el suizo Werner Arber, Premio Nobel de Medicina en 1978 y que fue el primer científico protestante en ocupar ese cargo, designado en 2011 por el papa Benedicto XVI.

Complicidad oficial

Cuestión íntimamente relacionada con el delito de trata de personas, fue también abordada por el Seminario, y la mayoría de los testimonios de las víctimas fueron muy elocuentes cuando hablaron de la actitud de las fuerzas de seguridad. Según Conti, se diferenciaron dos grupos: en los países desarrollados se resaltó la actitud de la policía para el rescate de las personas víctimas de trata; pero en los países de Asia, África y Latinoamérica, se denunció la complicidad de las fuerzas policiales con las redes mafiosas.

Sin embargo, Peressutti dice sin rodeos que es el propio sistema capitalista el que "se beneficia de la esclavitud", por eso no hace lo suficiente para combatirla, "¿cómo va a ir contra el negocio que le da de comer?", se pregunta. "Los operativos muy aparatosos son para dejar tranquila a la gente y a las ONG. La verdad es que no hay investigación seria; ni aquí ni en muchos otros países". "Aunque un funcionario o un policía no cobre de la mafia, si mira para otro lado también es corrupto".

Delito que mueve millones

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, y en base a sus informes se puede afirmar que en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países

Para la Unodc, el tráfico humano es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde las mafias obtienen beneficios calculados en 3 mil millones de dólares al año, siendo un negocio criminal que se abastece de la población mundial más marginalizada.

En Europa, unas 140.000 mujeres se encuentran atrapadas en una situación de violencia y degradación por motivos de explotación sexual, y una de cada siete trabajadoras sexuales ha sido esclavizada en la prostitución a consecuencia de la trata de personas.De manera global, una de cada cinco víctimas son niños, aunque en las regiones y subregiones más pobres de África y Asia, conforman la mayoría de las personas traficadas. Por su parte, las mujeres equivalen a dos tercios de las víctimas de la trata de personas en el mundo.

Abusos contra niños

El respaldo que viene brindando el Vaticano en materia de lucha contra el tráfico de personas, que afecta muy especialmente a los niños, niñas y adolescentes, debería ser acompañado por un mayor esfuerzo para denunciar y enjuiciar a los curas acusados por pedofilia, abusos sexuales y corrupción de menores.

Si bien en enero de este año, por primera vez el papa Francisco envió a un representante del Vaticano a una reunión convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ese tema, los miles de casos denunciados en todo el mundo, y la falta de una respuesta contundente por parte de la Iglesia Católica, para sancionar a los responsables y no ocultar estos hechos, es una verdad que comprueban dolorosamente los propios feligreses. En la Argentina, los casos del cura Grassi (condenado por abuso infantil) o del capellán Von Wernich (por delitos de lesa humanidad), que no han sido expulsados de la Iglesia, son ejemplos que nos eximen de mayores comentarios.

Así como no puede haber contemplaciones para quienes explotan y trafican con niños, y los utilizan como mano de obra barata o esclava, o para prostituirlos, tampoco se puede ocultar o mirar para otro lado, cuando las denuncias de curas pedófilos son constantes en muchos países.

Monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra, fue quien expuso ante el comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, constituyendo la primera vez que el Vaticano se aviene a debatir públicamente sobre los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo.

Tomasi reconoció que el caso de los sacerdotes abusadores es "particularmente grave", porque se trata de personas que gozan de una gran confianza y como religiosos están para proteger a los niños, y nunca para aprovecharse de esa situación para someterlos y abusarlos.

En esa reunión se evaluó el cumplimiento de los compromisos de la Santa Sede, en cuanto a ratificar la Convención de los Derechos del Niño, luego de los escándalos surgidos en relación a abusos cometidos por sacerdotes en todo el mundo.

Habrá que ver en el tiempo, si esos compromisos son acompañados de políticas concretas en la materia, para evaluar la sinceridad y efectividad de la renovación que proclama Francisco.

Gays y divorciados

El sínodo de obispos que se reunió en octubre en el Vaticano, para debatir un documento sobre la familia, no aprobó el borrador que había propuesto el Papa, donde flexibilizaba la tradicional posición negatoria de la Iglesia respecto a los homosexuales, así como la posibilidad de que los divorciados pudieran recibir los sacramentos.

Aunque el documento constituyó un "cambio de tono" en el tratamiento de la homosexualidad y los divorciados, no produjo la modificación que muchos católicos esperaban.

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Soledad Cuello: "Pareciera que para los pobres no hay derechos"

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Hace 5 años que Yamila Cuello no aparece. Víctima de Trata de Personas, su hermana y familiares aún pelean porque aparezca y se condene a los culpables. Soledad Cuello -hermana de Yamila-, desde Córdoba, nos brinda su testimonio.



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Nuevo Código Civil y Comercial, apariencias y realidades

Martin Drago (OTRO VIENTO)

De manera sorpresiva, el mes de Octubre trajo debajo del brazo la sanción de una reforma legislativa que para muchos había quedado en el tintero, lejos de ser objeto de debate permanente en las calles, universidades y medios, el proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación condensa aspectos positivos y regresivos, pero también, una demostración cabal de la falta de consenso político en su sanción.

Idas y vueltas de su sanción

Allá por el año 2011, a través del Decreto Presidencial 191/2011, se constituyó la llamada “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación”, integrada por Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Elena Highton de Nolasco, ministra del mismo cuerpo y la profesora Aída Kemelmajer de Carlucci.

Esta Comisión redactó el Proyecto que, en agosto de 2012, llegó al Congreso luego de estar sujeto a cambios discrecionales de autoría del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que, recién en noviembre de 2013 comenzó a dársele tratamiento legislativo, culminando con una aprobación en Cámara de Diputados -tan solo 10 meses después- cargada de irregularidades y acusaciones por parte de la oposición, en torno a su legitimidad y constitucionalidad.

Lo antedicho motivó a los representantes de las distintas fuerzas opositoras (UNEN, PRO, FIT, Frente Renovador) a juntarse y realizar una presentación judicial por delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contra las autoridades de Diputados, alegando que era una “…violación de todas las reglas constitucionales y reglamentarias para el tratamiento de algo tan importante como el Código Civil, que cambia todas las relaciones”.

Ahora bien, más allá de la disputa política, lo cierto es que finalmente el Proyecto de reforma y unificación fue aprobado por mayoría simple, y sólo con votos del bloque kirchnerista (fueron 134), ya que cuenta con el quorum necesario para aprobarlo, sin que el mismo pase por las comisiones de la cámara baja. ¿Es posible realizar una reforma de tal envergadura, que rige cuestiones de vital importancia para la vida en sociedad -como lo son las relaciones entre los particulares- sólo por la voluntad oficialista?

Todas las leyes, dentro de un sistema democrático, deben contar con su respectivo debate legislativo, tal como lo marca la Constitución Nacional. Pero esto no debería reducirse sólo al ámbito legislativo, sino que debería ser objeto de un debate abierto, con participación popular, que limite la discrecionalidad del poder político, en un aspecto que regula disposiciones sobre las relaciones cotidianas entre personas, como los contratos entre particulares, la familia o el derecho de propiedad en relación con el de vivienda digna.

En su discurso en el día de la promulgación del Nuevo Código, la Presidenta sostuvo que "no hubo en la historia argentina una norma más debatida hacia la sociedad como este nuevo Código Civil. La Comisión que elaboró el proyecto llevó a cabo 29 reuniones y 18 audiencias públicas en todo el país". Sí, es cierto que en la historia argentina nunca se debatió tanto una ley, pero ésta tampoco se ha caracterizado por su férreo respeto a las normas constitucionales ¿Fue realmente la sociedad quien debatió en estas audiencias, o sólo un grupo cerrado de especialistas? Más allá de eso, ¿no resulta escaso, siendo un cuerpo que se aplicará a lo largo y ancho del país?

¿De qué se trata realmente la reforma?

Ante todo, es innegable la necesidad de actualización del antiguo Código Civil y también del Comercial, y de su justa adecuación a la realidad y a las necesidades que requiere la sociedad actual, tan distinta a aquella de 1869 que Vélez Sarsfield tuvo en cuenta para darle forma al cuerpo legal, hace ya más de un siglo atrás. O a la que fue testigo de reformas considerables, como la de 1968 durante el gobierno de facto de Onganía, mediante la ley 17711.

Ciertamente, el nuevo digesto incluyó en el ordenamiento jurídico modificaciones importantes cualitativamente, más que nada en materia de familia, que resultan positivas e implican un avance en el reconocimiento de derechos y realidades que ya no podían ser ignoradas. De esta manera se incorporaron nuevas formas de familia, reconociendo derechos a las uniones convivenciales, sin necesidad de celebrar matrimonio definiéndolas como “la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo” (art509).

También se le otorgan derechos y deberes a los cónyuges o convivientes que mantienen una relación con una persona que tenga a su cargo a un hijo o hija: “el cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia” (art 673). A esto se le suma un cambio en el régimen patrimonial matrimonial, donde se podrán hacer convenciones previas y la posibilidad de brindarle el apellido materno a un hijo. Aspectos estos que vienen a romper con la estructura de familia eclesiástica que imperó hasta el momento.

Por otro lado, se simplificó el trámite de divorcio eliminando las distintas causales que lo motivaban, pudiendo realizarse ahora a voluntad de las partes o incluso a voluntad de un solo cónyuge. Otro punto interesante es que se facilita el acceso a la adopción, atenuando los requerimientos y reconociendo la calidad de sujeto de derecho del niño y de la niña, adecuándolo de esta manera a numerosos tratados internacionales.

Sin embargo, detrás de estos cambios en materia de familia, se encuentran numerosas modificaciones de carácter regresivo y otras disposiciones que fueron ignoradas, que implican un paso atrás en el respeto y ejercicio de derechos elementales para todo ciudadano.

En primer lugar, la no inclusión del principio de función social de la propiedad es un desperdicio de una oportunidad histórica para mejorar el desarrollo de nuevos instrumentos -como una prescripción corta, loteos populares o propiedad colectivas para el trabajo campesino- que tiendan a garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los habitantes, lo que lleva a relegar a villas y asentamientos, ante el avance por su urbanización.

Esto también tiene su relación con los derechos de los pueblos originarios, a quienes se les reconoce en el artículo 18 el “derecho a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan”, dejando en manos de una ley futura la implementación. Pero como se sabe -y como ha sido históricamente- estas regulaciones son ignoradas y desplazadas por los legisladores y los derechos reconocidos por el Código Civil o la Constitución Nacional terminan siendo sólo una letra muerta.

Por otro lado, la eliminación del denominado derecho al agua del proyecto juega en favor de los intereses privados y los capitales extranjeros, ya que favorece a la utilización de la misma como objeto de mercado y a su monopolio destinado a las explotaciones mineras, coherentes con el modelo extractivista que impulsa el gobierno como un pilar de su estructura económica.

A su vez las reformas en materia laboral, juegan un papel favorable para los sectores empresariales, en desmedro de la clase trabajadora. Por ejemplo, la inclusión de las sociedades anónimas unipersonales, les quita a los trabajadores la posibilidad de demandar a la persona física para que responda con sus bienes, reduciéndose ahora al patrimonio afectado a la persona jurídica. También se autoriza la terciarización laboral, un punto que impactará directamente en la precarización laboral y el trabajo en negro, y no justamente para combatirlo.

Asimismo, no puede ocultarse la influencia que tuvo la Iglesia Católica en la redacción de este código. En principio, el mantenimiento de dicha institución como una persona jurídica de derecho público en el artículo 146 -a diferencia de otros cultos que tienen carácter privado- es un punto que contribuye directamente al sostenimiento de la misma por parte del Estado(1), y que la configura como un actor social muy influyente en las políticas de Estado.

Pero sin dudas, una de las cuestiones reglamentadas que más perjudica la lucha por los derechos humanos es la que se refiere al comienzo de la vida, lo cual significa indefectiblemente un paso atrás en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, a través de una ley que lo despenalice(2). En el artículo 19, se establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, es decir, desde la gestación en el seno materno, lo que demuestra la falta total de adecuación del texto a la realidad social, en favor de los intereses de la Iglesia.

Es así que detrás de los anuncios de novedosas reformas en materia de familia aparecen las normas que lo definen realmente, dejando en claro que el sujeto al que apunta, al cual “le facilitará muchas cuestiones de la vida cotidiana”, es aquél de clase media alta y empresarial, habiendo muy pocas disposiciones que tiendan a garantizarle derechos y una mejor calidad de vida a los sectores más desprotegidos, en pos de acortar la brecha de injusticias y desigualdad social.

Notas:
1) Para profundizar sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia visita: http://www.otroviento.com.ar/2013/09/el-estado-y-la-religion.html “Conciencia Invertida, de un mundo invertido”.
2) Se estima que en Argentina cerca de 500.000 mujeres al año abortan de manera clandestina y según cifras oficiales mueren alrededor de 100 mujeres al año por esta causa.

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Argentina: “La administración de la libertad en el proceso es el tema central del código”

LA REVANCHA - ANRED

El debate por la modificación del Código Procesal Penal duró varias semanas y este miércoles, luego de 42 cambios al texto original y de un dictamen favorable, podría tratarse en el Senado. Mario Giuliano, director de Pensamiento Penal, analizó algunas de las modificaciones en el programa radial La Revancha: “Ignorar la realidad para diseñar una ley nos puede llevar a que tengamos mayor cantidad de presos de una determinada clase social”.

En términos generales, ¿te parece que las modificaciones mejoraron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal?

- El tema gravitante y central en los códigos procesales de las provincias es la administración de la libertad durante el proceso. Esto determina la dirección de una reforma, hacia dónde queremos ir, qué cantidad de presos queremos tener y qué tipos de presos queremos tener. El resto de las reformas son cuestiones que caen por su propio peso; la desaparición de los jueces de instrucción, que los fiscales lleven adelante la acción penal, pasar a un proceso de tipo oral, que las causas se tengan que tramitar con celeridad. Esas son cosas adquiridas por la cultura jurídica nacional en la mayoría de las provincias. El problema es la administración de la libertad y fundamentalmente los presos preventivos, porque es el conflicto más candente que tenemos en el sistema penitenciario: gran cantidad de presos sin condena que ponen en crisis la administración de justicia y el sentido de lo que estamos haciendo. Recordemos que la mayoría de los presos son pertenecientes a una determinada clase social a la cual enfocamos básicamente nuestras acciones. Entonces celebramos, como no puede ser de otra manera, que se haya suprimido ese engendro neonazi, por decirlo de alguna manera, que era que la conmoción social pudiera terminar con la prisión preventiva de una persona. Si eso hubiera quedado en el texto de la ley, además de ser una vergüenza, no hubiera resistido el test de constitucionalidad de ningún juez respetuoso de la ley y de la Constitución. Sin embargo, se introdujeron algunos otros aspectos o variantes que nos preocupan y mucho, como que el peligro de fuga para determinar la prisión preventiva, pueda estar determinado por las detenciones que haya sufrido ese individuo con anterioridad. Esto es otro aspecto igualmente grave. Nadie está exento de sufrir una detención por mil motivos que pueden ocurrir, lo cual no implica ni determina nada, en tanto y en cuanto no exista una sentencia firme que diga que somos culpables. Ni aún existiendo sentencias anteriores que nos hubieran condenado, implicaría que un individuo se vaya a fugar. La realidad no lo indica de ninguna manera. El otro tema es la famosa cuestión de los extranjeros que también ha sufrido modificaciones, pero no han sido buenas, por el contrario creemos que han sido regresivas. Recordemos que la suspensión del juicio a prueba, comúnmente conocido como probation, puede fijarse como condición para el otorgamiento de la suspensión, la expulsión del ciudadano extranjero que presuntamente haya cometido un delito como condición para que le den la probation.

¿Por qué creés que se hizo tanto eje en el proyecto que lanza el Frente Para la Victoria en los extranjeros cuando ya hay una ley de inmigraciones anterior?

- Yo creo que hay una percepción del poder político en general, esto no es patrimonio exclusivo de ningún partido político, de salir a responder a supuestos y determinados clamores sociales absolutamente inverificables. Estos clamores sociales los instalan los medios periodísticos que creen interpretar la realidad y colocan en la tapa de un matutino dominical que el problema de la inseguridad son los extranjeros. Nuestra clase política en general es muy proclive a comprar estos discursos que no tienen correlato con la realidad. Está estadísticamente demostrado que la participación de los extranjeros en los delitos no es relevante, que no es el problema de la Argentina. Si un extranjero comete un delito deberá responder como cualquier hijo de vecino, como la hace cualquier persona. Pero no podemos olvidar que la República Argentina es un país de acogida, este país abre las puertas a los extranjeros, a este país lo han construido los inmigrantes. Así que estas tendencias con ciertos sesgos xenófobos son realmente preocupantes. Mi experiencia me indica que de sancionarse una cláusula de este tipo, puede ser usada como un mecanismo extorsivo dentro del proceso para expulsar extranjeros.

Volviendo un poco a lo que es la prisión preventiva, es importante tener en cuenta quiénes son los actores que participan de lo previo al proceso penal. La policía realiza detenciones que muchas veces son injustificadas. Si este Código se aprueba, esas detenciones podrían ser determinantes a la hora de decidir si uno tiene una prisión preventiva para esperar al juicio oral.

- Lo que llega al sistema penal en términos generales, y fundamentalmente en las provincias que las conozco de haberlas recorrido una por una, es lo que nos manda la policía. Esto es una primera clave; nosotros procesamos y trabajamos sobre la base de lo que la policía determina que nos debe mandar. Lo que la policía detecta es la flagrancia, son aquellos casos donde el presunto delincuente en su huida se cae arriba del capot del patrullero, lo agarran y nos lo mandan. Esta es la realidad, de tal manera que ignorarla al momento del diseño de una ley nos puede llevar a agudizar este proceso selectivo natural del proceso penal. Es decir, que tengamos mayor cantidad de presos de una determinada clase social. Este es el problema, como decía anteriormente, el problema de la administración de la justicia penal.

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Alejandro Bodart "Argentina no necesita inversiones, necesita que no se fugue más guita"

CARTAGO TV (especial para ARGENPRESS.info)

Entrevistamos al diputado porteño y candidato a presidente por el MST-Nueva Izquierda, Alejandro Bodart.



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Agentes naranja

Silvana Melo (APE)

El naranja aluvional espera en los bordes de las rutas, empuja en las cartelerías urbanas, resalta en las páginas de los diarios y envuelve las combis que circulan con una sola palabra: Presidente. Daniel Scioli cumplirá el año que viene ocho extensos y arduos ejercicios provinciales a cargo de la Gobernación más compleja. La que aglutina a más del 35% de la población del país. Aquella paradójica donde impone un modelo ortodoxo policial y clientelista, donde la pobreza, la marginalidad y la vulnerabilidad se cronifican y, a la vez, lo lanzan, al Gobernador Naranja, a la carrera estelar por la Presidencia. El, que descree de las maldiciones y de las cruces de sal que la historia ha asestado de este lado de la General Paz.

"La seguridad no es el abrigo
de los desnudos, sino el castigo
a los resistentes"

A estas alturas, ya tiene su presupuesto. Que no es cualquier presupuesto: es el presupuesto del tobogán que lo depositará (está convencido) en el sillón de Cristina cuando ella se levante y lo deje para volver a Calafate. Por eso es un presupuesto plagado de policías, de armas, de patrulleros y chalecos antibalas. Y escaso de educadores. Un presupuesto descollante de oleaje naranja. Y pobre en programática infantil. Un presupuesto de campaña, de oro hacia afuera, de hierro hacia adentro. Que confirma un statu quo de desigualdad extrema. Un estado que incluye a unos entre algodones y a otros entre ortigas. Los últimos son mayorías.

El monto para gastar en 2015 aumentó en un 36%, en un sinceramiento del porcentaje inflacionario previsible que, hacia la gente, no se reconoce jamás. A la salud y la educación, sin embargo, les tocó un aumento más petiso: 28%. Porque la gran estrella es, nuevamente, la seguridad: se disparó un 66%, a costa de los paquetes de programas sociales que, de todas maneras, suelen gozar de un nivel indecoroso de subejecución.

El Gobernador Naranja ha tomado decisiones de campaña coherentes con su patrón filosófico. Aumenta el poder de fuego del Estado y disminuye las herramientas de defensa de las franjas más débiles. Que son las más inseguras. Y no tanto por su propiedad privada (que suele ser escasa) sino por su azarosa alimentación, su deterioro sanitario, su vivienda deficitaria, su frío en los inviernos, sus incendios en los veranos. Nada de esto se resuelve con ninguno de los 246 mil millones de pesos con que el Gobernador armó su esquema presupuestario.

Nada de esto se resolvió con la emergencia en seguridad decretada hace seis meses (600 millones de pesos para comprar 1.000 móviles equipados, 30.000 chalecos antibalas, 10.000 armas con sus municiones), que desjerarquizó la otra inseguridad, la más sostenida, la que nace de las vísceras y se desviste en la calle día tras día: seis veces menos (104.760.000) eran destinados a la alimentación, la salud y la atención diaria de los chicos que viven en organizaciones sociales a la buena del dios que atiende en los escritorios de la Secretaría de Niñez o de los programas UDI (Desarrollo Social). Con una aleatoria decisión política de pagar o no los programas becarios, según el humor de los funcionarios de turno. Que, lamentablemente para los niños y las organizaciones (parias sistémicos) suele ser malo.

Nada de esto se resolverá con la incorporación de 25 mil nuevos policías. 15 mil de ellos para una nueva fuerza, esta vez local. Las políticas de seguridad y social se abrazan en un solo concepto, profundo y definitorio (también, acaso, definitivo): la consolidación de las herramientas represivas (una sábana que cubre hasta la nariz) para disciplinar a la multitudinaria desnudez de los pies. La seguridad no es el abrigo de los desnudos. Sino el castigo a los resistentes. El CELS y la Comisión por la Memoria calculaban unas 280 muertes en manos policiales durante un año de la emergencia.

Desde el 2008, las partidas para Educación caen porcentualmente sin pausa: desde el 33,2% al 27,81 para 2015.

Pero éste es un presupuesto de campaña: el aluvión naranja se llevará un 40% más de inversión publicitaria que en 2014.

Por las dudas, el inmaculado Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá un presupuesto aumentado en un 57%. Preparadas y amorosas, sus cárceles, para recibir a tantos de los 220.000 chicos que se guarecen, desdeñados por el Estado, en las organizaciones sociales. Con becas de 450 pesos intocados desde 2009. Apenas 99 millones (de 246 mil) que a veces se pagan y a veces no. O los 1675 que viven en hogares y que le cuestan al Estado poco más de dos millones. Que a veces se pagan y a veces no. O los 6250 que pasan por los centros de día, con becas de 650 pesos. Una erogación de 3.750.000 pesos que a veces se pagan y a veces no.

Más policía y más cárceles redondean con moño y brillantina el presente ideológico con el que el Gobernador Naranja aspira a llegar a la Nación.

Si es que se calza la pata de conejo, cruza los dedos y toca madera. Porque hay que vencer la oscura condena de la Provincia.

Jamás un gobernador fue elegido presidente. Ni con la policía.

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Se hizo justicia

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

Mientras el pasado miércoles se realizaba un nuevo corte en la Panamericana, el trabajador despedido de Lear Damián Gonzáles, declaró: “la Gendarmería que nos reprimió con balas de goma y con gendarmes caranchos, hoy se tuvo que retirar por orden de la jueza. Ganamos nuestro derecho a protestar, perdió en esta oportunidad la política represiva de Sergio Berni y el gobierno. Pero lo más importante para nosotros es volver a nuestros puestos de trabajo, para dar de comer a nuestras familias. Lear despidió a 240 trabajadores, se logró la reincorporación de 60 y somos 40 los que seguimos exigiendo nuestra reincorporación. También repudiamos las amenazas de expulsión de nuestros delegados por parte del SMATA en su próximo Congreso del 19 de noviembre”.

La importante acción de los obreros de Lear junto a más de 500 trabajadores y estudiantes terminó con un emotivo acto. Allí los despedidos destacaron el triunfo que significó poder volver a manifestarse en la Panamericana. Destacaron el apoyo de las organizaciones presentes y con la convicción que el conflicto sólo se resuelve con la reincorporación de los despedidos a sus puestos de trabajo, votaron una serie de medidas que cumplirán durante estos días en el km 31 de la Panamericana.

No serán de la partida los gendarmes a cargo de Sergio Berni y el comandante Torales, conocido como “el carancho”. La jueza Arroyo Salgado, tras una presentación del diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT), determinó que se investiguen las denuncias por el accionar de la fuerza, y determinó que la misma no participe de los reclamos que realizan los trabajadores despedidos. El hecho que suscitó la denuncia fue la feroz represión que sufrieron los trabajadores y militantes sindicales y políticos el pasado 23 de octubre.

Como señalaron en un comunicado difundido por los delegados Rubén Matu y Silvio Fanti, “la asamblea resolvió esta medida, junto a otras que realizaremos los días posteriores, exigiendo la reincorporación de todos los despedidos, repudiando la represión que sufrimos semanas atrás y denunciando que la patronal, con el anuncio de los turnos rotativos, ha demostrado que el plan de Lear con los despidos era avanzar en flexibilizar las condiciones de trabajo”.

Además los trabajadores y distintas organizaciones sindicales y de derechos humanos vienen realizando una campaña en rechazo del intento de expulsión de los delegados de Lear por parte del SMATA, en un congreso que la conducción de Ricardo Pignanelli convoca para el 19 de noviembre. Los trabajadores también votaron medidas para el viernes 14, día en que se concentraron por la mañana frente a los portones de la fábrica.

Nuevos triunfos frente a ataques a la libertad sindical

La Sala 8 de la Cámara Nacional del Trabajo ha resuelto la reinstalación a sus puestos de trabajo de los periodistas Leonardo Nicosia, Pablo Senarega, Luis Vigo, Lorena Tapia Garzón, Ayelén Pujol y Cristian Scotellaro, despedidos por Editorial Perfil el 7 de enero pasado.

El fallo ordena la reinstalación inmediata de estos trabajadores de prensa. Los compañeros fueron despedidos junto a integrantes de la Junta Electoral en el marco del paro de actividades desplegado en defensa de otros compañeros represaliados.

La decisión judicial llega días después de otro fallo de Cámara que dejó firme la reincorporación de todos los integrantes de la Junta Electoral. Ambas medidas fueron solicitadas en sede judicial por León Piasek, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

Estas sentencias implican un golpe a la persecución sindical desarrollada por Editorial Perfil, cuya máxima expresión ha sido el intento de criminalizar la lucha por la defensa de los puestos de trabajo, con la causa penal iniciada contra los delegados de los trabajadores.

Este nuevo triunfo en sede judicial pone al descubierto la campaña de mentiras desplegadas por la editorial contra la organización gremial y confirma la denuncia de la Comisión Gremial Interna de la existencia de un ataque a la libertad sindical.

En la mañana del miércoles 12 de noviembre, la petrolera Shell debió reincorporar en su puesto de trabajo a Fernando Luna, un activista despedido el 30 de abril pasado.

Había sido desvinculado de la multinacional junto a otros impulsores de la agrupación Naranja opositora a la conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Avellaneda, liderado por el diputado Alberto Roberti del Frente Renovador.

Luna obtuvo en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo una medida cautelar de reinstalación impulsada por los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), la que se hizo efectiva tras la intervención de oficiales de Justicia luego de meses de incumplimiento por parte de la compañía anglo-holandesa.

Una resolución similar tuvo el caso de la trabajadora Analía Portillo, despedida junto a Luna y reinstalada en sus tareas luego del apercibimiento de inicio de causa penal que pesara sobre Juan José Aranguren, CEO de la empresa.

Hace casi tres años y medio, un vigilador privado de la empresa ARPA, que terceriza los servicios de seguridad en la planta de FATE de San Fernando, acusó a un grupo de delegados, de los que identificó a tres con nombre y apellido, de amenazarlo de muerte a él y su familia, y de lesionarlo gravemente. Asistido por un abogado de la empresa de neumáticos, hizo la denuncia penal y se constituyó como querellante. El fiscal de San Fernando, Oscar Núñez Barreto, tomó los dichos del vigilador a libro cerrado y convocó a indagatoria a los tres delegados: Ariel Godoy, Alejandro Crespo y Víctor Ottoboni.

Obtenido el sobreseimiento de Godoy y Crespo, la patronal centró su ataque en el compañero Ottoboni y sumó a la causa penal un pedido de desafuero.

En las tres jornadas del juicio oral, que empezó el 3 de noviembre, quedó al descubierto la maniobra. Frente a las contradicciones y vacilaciones del acusador y de sus testigos, se alzaron las voces de los trabajadores y delegados de FATE y la seccional San Fernando del SUTNA.

Finalmente el lunes 10, la jueza Andrea Pagliani, tuvo que absolver al compañero, después de admitir que ni el fiscal ni el denunciante habían probado una sola letra de su versión.

Aún más importante, la sentencia reconoce que la causa se inició en el marco de un conflicto gremial, al punto que se hizo lugar a tres reclamos de la defensa: el fallo deberá ser notificado al juzgado que tramita el pedido de desafuero de Víctor, al ministerio de Trabajo de la Nación para a su vez informarlo a la OIT y al Ministerio de Seguridad provincial, ya que la ley que regula el ámbito de actuación de las agencias de seguridad privada prohíbe su intervención en conflictos sindicales.

La absolución del compañero es un nuevo triunfo popular que no hubiera sido posible sin la larga campaña por su defensa, que cada trabajador asumió como propia, conscientes que el camino obligado es el de la lucha colectiva, la movilización y la solidaridad incondicional.

Mariano Skliar y Humberto Rodríguez absueltos por la justicia porteña

Mariano Skliar (delegado general de la Junta Interna de ATE Promoción Social) y Humberto Rodríguez (secretario adjunto de ATE Capital) habían sido enviados a juicio por ser los referentes sindicales de una lucha contra la precarización laboral en la Ciudad de Buenos Aires.

Este jueves 13 de noviembre, la justicia porteña absolvió definitivamente a los dos referentes de un conflicto que se inició a fines de 2012. Fue en el marco de un reclamo por aumento salarial para los trabajadores contratados bajo la modalidad de locación de servicios, que conforman actualmente el 35% de los empleados de la CABA. Ante la falta de respuestas, se resolvió llevar adelante un paro de 24 horas, que incluía una movilización a la sede central del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Finalmente, se logró un avance en cuanto al incremento de los salarios, pero a los dos delegados de mayor visibilidad durante esos días de conflicto se les inició una causa.

El juicio finalmente comenzó el jueves 6 de noviembre y la acusación contra los trabajadores se enmarcó en el artículo 68 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires que se refiere a interrumpir u obstaculizar el tránsito.

En la audiencia del jueves pasado, la justicia resolvió absolver a los dos delegados, dando por tierra con un nuevo intento por parte del poder político porteño de armar una causa y judicializar a trabajadores que reclaman por sus derechos.

Fuentes: argentina.Indymedia.org, La Naranja de Prensa, Red Eco, Correpi.

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Argentina, Córdoba: Marcha por Joel, otro pibe asesinado por la policía

RNMA - ANRED

Se realizó en Villa María, Córdoba, una marcha para exigir justicia por el adolescente Carlos Joel Solá de 16 años, fallecido durante la madrugada del miércoles de la semana pasada en Córdoba, tras permanecer detenido en una Comisaría de Distrito de esa localidad, luego de ser aprehendido y golpeado durante la madrugada del lunes 11 del corriente mes. Para conocer en profundidad el problema, en el programa radial Enredando las Mañanas, nos comunicamos con Paul, integrante de Radio Megafónica, quien se encontraba en la marcha.

El lunes pasado, familiares y diversas organizaciones sociales, marcharon a los tribunales de la ciudad de Villa María, Córdoba para exigir el esclarecimiento de lo sucedido con Joel; joven que la semana pasada fue detenido por la policía local por supuesta tentativa de hurto. Fue trasladado a la comisaría, donde recibió malos tratos y golpes, por lo que fue llevado al Hospital Pasteur, donde finalmente falleció. Su familia no es informada en ningún momento de lo sucedido, a pesar de que era menor de edad.

En conversación con Enredando las mañanas, Paul de Radio Megafónica nos manifestaba, “Joel era un chico que ya estaba judicializado, que estaba en un complejo que se llama La Esperanza, que es como una cárcel para jóvenes acá en la Provincia de Córdoba. Lo detienen el día martes pasado acá (Villa María), y a la noche siguiente, ya siendo miércoles, le avisan a la familia que había fallecido por un paro cardiorrespiratorio. La familia fue a pedir explicaciones a la policía, a tribunales y a la fiscalía, y ninguna, nadie le dio ninguna respuesta”

La marcha no solamente tiene como consigna el esclarecimiento de la muerte de Joel, sino el cese de todos los abusos policiales, ya que al ser detenido es golpeado y lastimado “En el momento en que lo detienen había sido fuertemente golpeado, brutalmente golpeado. En el cajón cuando lo velan, Joel estaba totalmente desfigurado y la policía se lavó las manos, y esto viene de larga historia, porque lo tenían de punto a Joel, lo agarraba siempre la policía y lo golpeaba” nos relataba Paul.

Las organizaciones y familiares piden el cierre del Complejo Esperanza ya que consideran que las condiciones son inhumanas para los jóvenes ahí. “Hay niños desde muy temprana edad hasta la adolescencia y son fuertemente violentados, son violados ahí, hay violencia de parte de los policías, hay violencia de parte de la personas que están dentro del lugar trabajando, y este no es el primer caso de denuncia que hay,, por eso también es una consigna que se cierre este complejo porque matan a los pibes”.

Joel fue asistido brevemente en el Hospital local Pasteur, luego es trasladado hacia la ciudad de Córdoba para llevarlo nuevamente al Complejo Esperanza, donde finalmente fallece. La familia al solicitar información en la Unidad Regional nº 8 de Villa María sobre lo sucedido no recibió respuesta de ningún funcionario; Paul agregaba que “extraoficialmente un policía les dijo a los padres que le habían inyectado un sedante para calmarlo y que a partir de eso tuvo un paro cardiorrespiratorio, pero de forma extraoficial, porque cuando fuimos a pedir las respectivas explicaciones ni el comisario, ni los fiscales, ni la jueza de menores de Villa María Sra Fernández se hicieron cargo de la muerte”

La investigación del caso continúa, y a pesar de la escasa información al respecto, dentro de 15 días van a estar los resultados de la autopsia. Las manifestaciones continuaran hasta que se aclarezca el hecho. El próximos jueves en Córdoba capital se realiza por octava vez la marcha de la gorra y por tercera vez en Villa María, “vamos a seguir reclamando por los abusos policiales y por un montón de situaciones como estas, que son de pibes discriminados por portación de rostro, que han sido siempre violentados por la policía porque viven en barrios marginales” decía el integrante de la radio Megafónica.

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