miércoles, 26 de noviembre de 2014

La sorpresa de Bolivia

Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)

El modelo social-desarrollista ha generado en Bolivia un gran crecimiento sin transformaciones estructurales, desde un piso de gran subdesarrollo. La solidez electoral del gobierno deriva de logros democráticos previamente conquistados en las calles. Pero una nueva escala de avances enfrenta la coraza del capitalismo.

El proyecto de socialismo comunitario se inspira en tradiciones vigentes, pero con menor proyección que en el pasado y enfrenta gran incompatibilidad con los escenarios internacionales de competencia. Estas mismas limitaciones afectan al estado plurinacional, que logró autoridad en todo el territorio a partir del desplazamiento de las elites racistas. El indianismo ha sido reemplazado por proyectos de convivencia más afines al ideal de diversidad político-cultural.

El establishment comunicacional que maltrata a Venezuela ha sido considerado con Bolivia. Esta dualidad se extiende a otras incoherencias ideológicas de la derecha, que enfrenta en el Altiplano un gran límite para su contraofensiva regional.

Bolivia comparte con Venezuela el modelo económico social-desarrollista, la fisonomía nacionalista radical del gobierno y el ideario socialista, pero con modalidades muy distintas. También difieren los resultados y los balances que la prensa internacional difunde de la gestión de Evo Morales, en comparación a Chávez-Maduro.

El programa redistributivo fue aplicado en Bolivia con igual contundencia que en Venezuela. Se utilizó una renta energética (gasífera) para impulsar el consumo, mediante incentivos a la demanda orientados por el estado.

Como en el resto de América Latina este esquema fue dinamizado por el incremento de los precios de las materias primas exportadas. Los ingresos por estas ventas externas subieron de 2000 a 10000 millones de dólares por año.

Pero lo más significativo de Bolivia ha sido la elevada captación estatal de la renta generada por los combustibles. El incremento de las regalías absorbidas por el estado aumentó de 300 millones a 6000 millones de dólares al año.

En la década precedente las finanzas estatales sólo capturaban el 18 % de ese total y las empresas transnacionales se quedaban con el 82 % restante. La nacionalización parcial de los hidrocarburos (2006) revirtió esta relación. Basta recordar la enorme incidencia de la venta de combustibles y minerales en el PBI boliviano, para mensurar esa mutación (Navarro, 2014).

Un giro semejante se verificó en Venezuela con la recuperación de PDVSA, pero la dimensión del cambio ha sido superior en Bolivia. En este país el estado se había quedado sin recursos y toda la renta se filtraba al exterior.

Las consecuencias económicas de esta transformación han sido mayúsculas. El gasto público se triplicó, el empleo público aumentó significativamente y los precios de los alimentos se estabilizaron.

Algunas estimaciones consideran que la mejora del salario mínimo alcanzó 64% (2005-13), mientras que los bonos de asistencia cubren al 33% de la población, en un marco de tarifas de electricidad y de combustible congeladas (Bárcena, 2014).

Otras evaluaciones destacan que la pobreza extrema urbana se redujo del 24% al 14% y su equivalente rural del 63 al 43%. Los programas sociales han influido directamente sobre este resultado, a través de auxilios percibidos por todos los sectores marginados del mercado laboral. Hay bonos para los niños que van a la escuela (Juancito Pinto), para las mujeres que recién tuvieron familia (Juana Azurduy) y para los ancianos que nunca hicieron aportes jubilatorios (Renta Dignidad) (Molina, 2013).

Avances desde el subsuelo

Las mejoras sociales conquistas han sido semejantes a las registradas en Venezuela durante el primer período del modelo social-desarrollista. Pero una diferencia importante radica en el nivel de estabilización que logró este esquema en Bolivia. Este soporte se refleja en el creciente flujo de inversiones extranjeras directas.

La afluencia de divisas ha consolidado un elevado volumen de reservas (47% del PBI), en un contexto de moderado endeudamiento público (35 % del PIB). La tradicional fuga de capitales que caracterizaba al país se detuvo y dio lugar a un incipiente proceso inverso (Bárcena, 2014).

Esta secuencia de crecimiento continuado diferencia al país de Venezuela. Bolivia lidera en los últimos años la tasa de crecimiento regional y esos resultados han generado un esperable elogio de CEPAL y una sorpresiva felicitación del FMI. El producto bruto pasó de 9.525 millones (2005) a 30.381 millones de dólares (2013) y el PBI per cápita saltó de 1.010 a 2.757 dólares.

Esta expansión se concretó con una baja tasa de inflación y una llamativa preocupación por preservar el equilibrio fiscal. Algunos analistas atribuyen ese resultado a un manejo prudente de las variables macro-económicas, como consecuencia del trauma legado por la hiperinflación del último gobierno de izquierda (1982-1985). También destacan la psicología campesina de Evo y su aversión al endeudamiento (Stefanoni, 2014).

En la gestión actual se ha priorizado la construcción de caminos, puentes y ciertos emprendimientos como el satélite Tupac Katari o el teleférico entre La Paz y El Alto. Estas obras recuperan la autoestima de una sociedad afectada por la ausencia de realizaciones.

¿El modelo social-desarrollista ha pasado la prueba? ¿Demostró su viabilidad? ¿Augura una siguiente etapa de superación del subdesarrollo?

Nadie se atreve a cantar victoria en una economía tan dependiente de la mono-exportación de combustibles. El Altiplano ha podido usufructuar más que otros países de la excepcional coyuntura de altos precios de las materias primas. Utilizó la renta generada por ese incremento para impulsar el consumo y redistribuir los ingresos.

Pero la ausencia de transformaciones productivas prende luces rojas para el futuro. Bolivia ha consumado avances que ya experimentaron en el pasado países más industrializados (como Argentina) o con estructuras medianas (como Venezuela) y enfrentará los mismos límites que encontraron esos antecesores.

El Altiplano parte de un piso muy bajo de subdesarrollo y cuenta con márgenes mayores para las expansiones rápidas. Pero ese retraso también determina un alto nivel de vulnerabilidad, en comparación con economías que cuentan con más recursos y capitales acumulados.

Los límites del modelo se vislumbran en la esfera de los hidrocarburos que financian todos los programas del estado. Luego de renegociar 44 contratos de concesión las compañías extranjeras mantienen considerables posiciones (especialmente REPSOL y PETROBRAS). La experiencia ilustra especialmente los peligros de utilizar los ingresos fiscales en subvenciones a los contratistas. La indemnización de 1045 millones de dólares recientemente concedida a la empresa Pan American Energy (por la expropiación de acciones realizada en el 2009) es una advertencia de esos antecedentes. Bolivia necesita todos sus recursos para procesos de industrialización (como la utilización del gas para elaborar fertilizantes y plásticos).

En el agro se verifican problemas semejantes. Comenzaron a normalizarse las situaciones irregulares que afectan a los dueños de las pequeñas parcelas. Pero la reforma agraria continúa demorada y la elevadísima concentración de la propiedad en un centenar de clanes terratenientes no se ha modificado.

Inéditas conquistas

El secreto de la estabilidad económica hay que buscarlo en la solidez del poder político construido por Evo Morales. Tras 8 años de gobierno, el líder del MAS conquistó en el 2014 un nuevo mandato, con un porcentaje de votos superior al 60%. Ese resultado se ubica por encima de la victoria del 2005 y se aproxima al triunfo del 2009. Ha ganado en 8 de los 9 departamentos y logró mayoría en las regiones anteriormente adversas de Oriente (con ciertas pérdidas en sus bastiones del Altiplano).

Hasta ahora Evo ha podido sobrellevar el temido desgaste que genera el ejercicio del gobierno y mantiene la mayoría absoluta en ambas cámaras. Sus éxitos en los comicios se inscriben en el nuevo orden constituyente que introdujo a partir del 2006, luego de la aprobación de una nueva carta magna con el 72% de los sufragios.

Este nivel de fortaleza electoral no tiene precedentes en un país que tuvo 36 presidentes que no superaron el primer año de ejercicio. Evo será el mandatario más duradero de esa larga historia de fragilidades presidenciales. Ha logrado revertir la improvisada búsqueda de equilibrios entre las corporaciones que dominaba la vida política.

La consistencia que exhibe Evo contrasta con el desangre económico-social que sufrió Bolivia durante el largo período neoliberal iniciado en 1985. Esa nefasta etapa ha sido reemplazada por un aluvión electoral que convalida los triunfos previamente obtenidos por el pueblo en las calles.

Esa extraordinaria sucesión de luchas sociales fue comenzada por los productores de coca y posteriormente encabezada por los campesinos y trabajadores que libraron la guerra del agua. Derrotaron a los privatizadores, expulsaron a los concesionarios extranjeros y abrieron una gran secuencia de victorias desde abajo. Al costo de 77 muertos impusieron la huida del sanguinario Sánchez de Lozada.

El gobierno de Evo surgió de estas batallas y se consolidó derrotando las conspiraciones de la derecha. Doblegó a los reaccionarios en las urnas, luego de aplastar la sublevación fascista del 2008 (masacre de Pando). Esa victoria explica la fortaleza de su administración.

Morales ha sido el único presidente de la región que surgió directamente de acciones insurgentes de los movimientos sociales. Por esta razón puso en marcha el contundente paquete de iniciativas democráticas y descolonizadoras que consagraron el establecimiento del estado plurinacional. La población indígena logró un reconocimiento sin precedentes de derechos colectivos para 40 etnias, en numerosos terrenos de la lengua, la cultura, la representatividad y la democracia participativa (Mayorga, 2014).

Nuevos conflictos

En pocos años se han introducido reformas políticas y sociales que Bolivia desconocía desde los años 50. La derecha tradicional presenta esas mejoras reales como simples fantasías retóricas. También señala que el gobierno populista desaprovechó el ventajoso escenario económico internacional. Le resulta inadmisible haber perdido el control sobre esos lucros y no logra entender cómo su derrota ha desembocado en un escenario de estabilidad capitalista.

Otros sectores conservadores optaron por subirse al carro victorioso del MAS. Incorporaron especialmente en Oriente una parte de sus viejas fuerzas (MNR, ADN) al oficialismo. Con esta absorción Evo logró mayoría en las zonas en disputa, pero hay sumas electorales que restan consistencia política. Esas ampliaciones nunca fueron gratuitas para los gobiernos populares (Arkonada Katu, 2014a).

Evo lidera un proceso reformista radical no sólo en el plano interno. También desenvuelve ese perfil a escala internacional, mediante impactantes cónclaves para exigir la defensa efectiva del medio ambiente, como la Cumbre de Cochabamba (Arkona, 2014b).

Lo más significativo de esa intervención geopolítica es una postura antiimperialista que desborda el terreno declarativo. La expulsión de los conspiradores yanquis (disfrazados de funcionarios de USAID) fue seguida de un retiro impuesto al embajador estadounidense que ha dejado vacante esa delegación. Además, los gobernantes de Israel fueron acusados de terrorismo de estado y el viejo reclamo a Chile de una salida al mar ha sido expuesto con gran contundencia frente a Piñera y Bachelet.

Morales promueve una ideología que combina nacionalismo con indigenismo. Comanda un sistema político que ha desplazado a la vieja elite de oligarcas blancos. Inició su gobierno prometiendo “transformar las protestas en propuestas” y proclama que Bolivia necesita “socios y no patrones”.

Pero el desenvolvimiento de su proyecto enfrenta un techo muy estricto en los marcos del capitalismo. Hasta ahora su esquema concilió alivios populares con privilegios de las clases dominantes. Son dos metas en conflicto, que emergen a la superficie cada vez que el gobierno adopta alguna medida favorable a los grupos de poder.

En esos casos la reacción popular ha sido contundente. Ya ocurrió en diciembre del 2010 con el incremento de los precios de los combustibles (“Gasolinazo”) y durante las marchas contra la construcción de una carretera que atraviesa territorios indígenas (TIPNIS).

El gobierno ha contemporizado con esas protestas y buscó resolver las tensiones en la mesa de negociación. Pero estos conflictos se acrecientan, a medida que Bolivia se transforma en una sociedad urbana con mayores exigencias sociales.

El capitalismo impide la satisfacción de esas nuevas demandas y reduce los márgenes para conciliar los intereses en pugna. Hasta ahora Evo logró soslayar estos problemas, pero no podrá eludirlos en el futuro.

Socialismo comunitario

A diferencia de Venezuela el socialismo no está presente en Bolivia en los discursos oficiales, en las campañas electorales o en las exposiciones ideológicas corrientes de los gobernantes. Pero forma parte de la tradición política del país y de las principales organizaciones populares. El propio agrupamiento oficial (MAS) incluye la denominación socialista y Evo dedicó su reciente victoria electoral a Fidel y a Chávez, convocando a reafirmar la lucha contra el capitalismo.

El socialismo tiene cabida en otro plano, a través de la conceptualización teórica que ha desarrollado el vicepresidente García Linera. Su punto de partida es la crítica a los catastróficos efectos del capitalismo. Describe cómo este sistema multiplica la desigualdad, el desempleo y la destrucción de la naturaleza. Cuestiona el principio del beneficio, los efectos de la explotación y las agresiones del imperialismo.

Linera retoma el proyecto socialista como respuesta a ese escenario. Defiende ese modelo en términos tradicionales, polemizando con las distorsionadas interpretaciones que difundió la propaganda anticomunista. Recuerda que el capitalismo ha ocupado un breve lapso en la historia y destaca la vigencia del socialismo para superar los tormentos del capitalismo (García Linera, 2010a: 7-18).

Estas contundentes definiciones contradicen el planteo que expuso al asumir como segunda figura del gobierno de Evo. En ese momento propuso impulsar un modelo de “capitalismo andino-amazónico”, tomando distancia de la convocatoria de Chávez a forjar el socialismo del siglo XXI. Sugirió que en Bolivia era conveniente la implementación de alguna variante económica del desarrollismo. Con sus nuevas definiciones a favor del socialismo parece revisar ese enfoque precedente.

Pero la peculiaridad del planteo de Linera radica en el perfil comunitario de su propuesta socialista. Subraya la vitalidad que mantienen las comunidades en Bolivia y la consiguiente vigencia de principios de trabajo asociativo, con fuertes valores éticos de fraternidad, tanto en el campo como los barrios populares de las ciudades.

El vicepresidente considera que esa continuidad permite gestar una variante de socialismo comunitario, semejante al aplicable en Ecuador o a ciertas zonas de México, India y África. Estima que este proyecto no es realizable en los países desarrollados (o de capitalismo intermedio), que han perdido toda memoria de las viejas formas económicas colectivas (García Linera, 2010a: 7-18).

Su propuesta está acotada a las regiones del planeta que conservan legados comunitarios. Linera no postula los proyectos generales de construcción cooperativista que impulsan las corrientes autonomistas. Tampoco propone crear comunas rurales, fábricas auto-gestionadas o economías del tercer sector como anticipos del socialismo. Se limita a señalar que el proyecto anticapitalista puede apoyarse en ciertos países, en la herencia legada por las antiguas estructuras comunitarias.

Esta tesis retoma la especificidad del socialismo andino que en 1920-30 intuyó Mariátegui. El intelectual peruano estimaba que el capitalismo había arrasado en su país con las comunidades incaicas del Ayllu. Pero también destacaba la subsistencia del espíritu solidario gestado por esa tradición. Convocaba a trabajar en la organización de una economía colectiva a partir de esos principios de comunismo agrario (Mariátegui, 2007: 119-121).

Linera actualiza esa concepción y considera que su visión es coherente con la propia maduración de Marx, que en los últimos estudios de su vida remarcó las potencialidades revolucionarias de las comunidades agrarias rusas (Mir) (Kohan, 2000: 94-111).

Pero los 140 años transcurridos desde esa caracterización han incluido intensos desarrollos capitalistas, procesos revolucionarios y ensayos de construcción socialista. El grado de subsistencia material de las comunidades en el siglo XXI es significativamente menor al observado por Marx o por Mariátegui. Aunque Linera pone el acento en el legado político-cultural y no en las estructuras económicas de esas formaciones, las mutaciones han sido muy grandes en todos los planos.

Existe otra significativa diferencia con esos antecedentes. Tanto Marx como Mariátegui formularon sus hipótesis, apostando a una victoria próxima del socialismo a escala mundial. Con esa perspectiva en mente imaginaban empalmes de los resabios del Mir ruso o del Ayllu peruano con pujantes desarrollos industriales de la periferia, apuntalados por las economías pos-capitalistas de Europa.

Linera reafirma esa eventual conexión entre un socialismo de raíces indígenas con el desenvolvimiento de alternativas anticapitalistas a escala mundial. Por eso rechaza cualquier ilusión de forjar un modelo socialista encerrado en el Altiplano. Pero también destaca que esa transición será un prolongado proceso de imprevisible duración (García Linera, 2008: 345-349).

En este esquema no aclara cómo se produciría el enlace de las antiguas formas comunitarias con el socialismo global. El cambio de temporalidad del proyecto no es un dato menor. La experiencia confirma que cuando esas modalidades quedan sujetas a un contacto dominante con el capitalismo se reduce significativamente la posibilidad de un empalme con cursos socialistas. La competencia mercantil, la generalización del trabajo asalariado y las inversiones del agro-negocio impiden esa convergencia.

Esta contradicción acentúa las propias ambigüedades del enfoque de Linera, que pondera la meta socialista sin abandonar su propuesta previa de capitalismo andino amazónico. Más bien sugiere algún tipo de coexistencia entre ambos esquemas, mediante fragmentos de capitalismo que convivirían con pedazos de socialismo. Supone que durante esa concordancia el segundo sistema erosionará gradualmente al primero (García Linera, 2010a: 7-18).

Pero no define cómo se consumaría esa transición. En sus textos evita precisar si concibe una tensión entre el mercado y la planificación durante el pasaje al socialismo o si proyecta un fortalecimiento previo del capitalismo, antes de cualquier comienzo socialista.

Estados y gobiernos

Linera estima que el socialismo comunitario será precedido por una gran consolidación del estado. Considera que esa institución ha quedado sometida en la actualidad a un contradictorio proceso de mayor centralidad y vulnerabilidad. Puede manejar grandes presupuestos e intervenir con más contundencia en la economía, pero se encuentra más condicionada y sometida a los flujos internacionales del capital.

El vicepresidente entiende que para afianzar los derechos populares resulta indispensable fortalecer al estado nacional. Postula esta caracterización en abierta polémica con teóricos como Negri, que cuestionan ese propósito (García Linera, 2010b: 11-39).

Con este planteo Linera cierra su etapa de pensamiento autonomista. Pone fin a un período de expectativas en el protagonismo de los movimientos sociales y teorizaciones afines al concepto de multitud. Su llegada al gobierno implicó el abandono de esos conceptos y la adopción de una firme convicción en la centralidad del estado (Stefanoni, 2008: 9-26).

En esta nueva mirada la naturaleza de clase del estado es eludida. No se sabe si la institución que permitiría incorporar grandes derechos populares se inscribirá en una transición socialista o en el ámbito burgués.

Linera subraya que en Bolivia el estado debe primero asegurar la descolonización, incorporando los derechos negados durante siglos a los pueblos indígenas. Describe cómo se avanzó en ese terreno legitimando toda la variedad de idiomas y culturas reconocidas en la nueva configuración plurinacional. Estima que este cambio constituye el punto de partida para sustituir el estado aparente de las minorías oligárquicas por el estado integral de las mayorías populares (García Linera, 2010b: 11-39).

En los hechos postula construir una estructura estatal sólida que ejerza su autoridad sobre todo el territorio. A diferencia del grueso de América Latina, esta construcción nunca fue completada en Bolivia. El gobierno de Evo ha intentado concluirla, creando una nueva red de funcionarios sustitutiva de las elites racistas precedentes.

Linera entiende que este paso será efectivizado por un gobierno popular, que en los hechos se desenvolverá en el marco capitalista. También aquí su planteo de socialismo comunitario queda diluido, ante la decisión práctica de preservar el régimen social vigente.

El vicepresidente también remarca la radicalidad del proceso boliviano, en comparación a otros países como Sudáfrica. Señala que allí se introdujeron drásticos avances descolonizadores con la eliminación del Apartheid, pero sin alterar la dominación económica de los grandes negocios. Considera que en Bolivia se consiguieron logros democráticos del mismo alcance, pero con nacionalizaciones y recuperación del poder económico del estado (García Linera, 2010: 11-39).

Esas medidas efectivamente incrementaron la captura estatal de la renta de los hidrocarburos, pero no iniciaron las transformaciones requeridas para una transición socialista. Linera evita evaluar esta limitación y sólo remarca la dimensión política del proyecto anticapitalista. Señala que esa estrategia requiere unidad de las organizaciones populares, seducción de las capas medias y aislamiento del imperialismo. Estima que en esas condiciones se podrá forjar gradualmente el socialismo (García Linera, 2010: 11-39).

¿Cómo concretar ese proceso? La gran popularidad y estabilidad del gobierno de Evo permite evitar estas preguntas. Pero no resuelve las dificultades que enfrentaron todos los procesos que siguieron el camino propuesto por Linera.

Indianismo y marxismo

Los indígenas ocupan un lugar prioritario en la nueva realidad boliviana. Linera remarca ese papel, recordando que Evo recupera un liderazgo perdido desde la época del Manco Inca (1540).

El vicepresidente resalta esta gravitación en polémica con los marxistas clásicos, que subrayaban el papel conductor del proletariado en las alianzas populares. Destaca el declive de la condición obrera, al calor de las transformaciones registradas en la minería. También remarca la incapacidad política de la vieja central sindical (COB) para adaptarse a este cambio y pondera el nuevo liderazgo indígena-campesino.

Esta visión de Linera proviene de su anterior proximidad con el indianismo katarista, que postulaba la reinvención del indígena como sujeto de la emancipación. El vicepresidente estima que esa gravitación quedó confirmada en la última década de bloqueos de caminos, que condujeron al surgimiento de una central sindical campesina (CSUTCB) (García Linera, 2008: 373-385).

Pero las conclusiones actuales de Linera no emergen sólo de esa trayectoria. También incorporan su alejamiento del katarismo. En los años 70 defendía las tesis indianistas, luego participó en la acción guerrillera y permaneció cinco años en la cárcel, manteniendo el ideario de autodeterminación de las naciones aimara y quecha. Pero el encuentro de su grupo (Comuna) con Evo luego de la guerra del gas, lo separó de ese pasado político.

En la actualidad se sitúa en una vertiente integracionista del indianismo que reconoce la pluralidad y los aportes de la izquierda. Cuestiona la corriente culturalista (pachamámica) que promueve la simple folkorización y es crítico de la tendencia opuesta que propone construir una república india transnacional (en toda la región) o territorial (en Bolivia) (García Linera, 2008: 378-385).

El distanciamiento del katarismo y la aproximación al marxismo explican su caracterización actual del socialismo comunitario. Dejó atrás el programa de indianización total y participa en un gobierno que realza la gravitación de los indígenas, sin aceptar su separación del resto de sociedad. Esta visión de Linera tiene más proximidades con la izquierda mariateguista que con el indianismo katarista. Con este nuevo enfoque reformula el proyecto socialista manteniendo la centralidad de la cuestión indígena.

Interrogantes de una evolución

Las rebeliones sociales de la última década pusieron de relieve la opresión padecida en América Latina por 45 millones de individuos pertenecientes a 485 grupos étnicos distintos. Esta resistencia ha derivado en un significativo incremento del número de indígenas que auto-reconoce su identidad.

El último censo registró un gran aumento de la población que asume esa pertenencia. Agrupan al 8,3 % de los habitantes de la región, pero constituyen el 62% de los habitantes de Bolivia. La enorme brecha que separa este porcentual del resto del continente (con la única excepción del 41% en Guatemala) explica la centralidad del problema indígena en el Altiplano (CEPAL, 2014).

Luego de siglos de avasallamientos, la convergencia de las demandas político-culturales de los indígenas con planteos antiimperialistas tradicionales ha generado nuevas síntesis políticas. Se ha demostrado que los oprimidos pueden asumir varias identidades, combinando aspiraciones culturales, nacionales y sociales (Katz, 2008: 23-28).

Linera inscribe su visión en este reconocimiento, tomando distancia del indianismo extremo. Su visión previa mantenía vínculos con una vertiente del esencialismo étnico que rechaza la existencia de estándares comparativos universales, para evaluar políticas y estrategias populares.

Ese enfoque realza la superioridad cultural de cierto grupo, mediante un atrincheramiento en las identidades que no deja lugar a la armonización y el entendimiento entre las distintas culturas. Objeta la insensibilidad liberal frente a la diversidad, pero reivindicando un particularismo que ignora el interés común de oprimidos (Díaz Polanco, 2006: 28-30).

El enfoque actual de Linera es más compatible con los ideales de la izquierda, que promueven la defensa conjunta de la igualdad y la diferencia. Marx alentaba el proyecto comunista y el anticolonialismo, Lenin auspiciaba el internacionalismo y el derecho a la auto-determinación nacional y Mariátegui apuntalaba el socialismo y el indigenismo (Díaz Polanco, 2006: 28-30).

Con su proyecto de socialismo comunitario el vicepresidente retoma la búsqueda de esos puentes entre indianismo y marxismo. Esta síntesis complementa varios cambios de su enfoque. Reemplazó las propuestas de autodeterminación por la prioridad del estado plurinacional y sustituyó el protagonismo de la multitud por un gobierno de movimientos sociales. Sus ideas iniciales de comunismo aldeano evolucionaron hacia una expectativa de capitalismo andino-amazónico, que actualmente ha devenido en un programa de socialismo comunitario.

Estas modificaciones tienen cierto parentesco con el itinerario intelectual de Chávez, que empezó coqueteando con la Tercera Vía, se relacionó con los militares derechistas argentinos, perfeccionó el nacionalismo militar revolucionario y terminó adoptando el socialismo.

La complejidad, riqueza y potencialidad de estas trayectorias no son registradas por las evaluaciones que simplemente acusan a Linera de mantener un razonamiento pro-capitalista y adverso a la revolución social (Ferreira, 2011).

Que el intelectual boliviano haya colocado el proyecto socialista en el centro de su estrategia no es un dato menor. El significado real de ese cambio quedará esclarecido con su evolución y su práctica política. A pesar de sus vaguedades, contradicciones e inconsistencias abre un terreno fértil para debatir la actualización del horizonte anticapitalista.

Incoherencias de la derecha

La derecha se burla de cualquier referencia al socialismo, considerando que apunta a entretener al electorado. Pero las menciones de su opuesto -el capitalismo- son vistas como consideraciones de gran trascendencia. Presenta la glorificación del mercado, la competencia o la ganancia como sinónimos de pensamiento profundo y ubica la defensa de la igualdad en un terreno de puro palabrerío.

Utilizando ese criterio ponderó la eliminación de todas las alusiones del MAS al socialismo durante la última campaña electoral. Atribuyó ese abandono al reforzamiento de un discurso conciliador y pro empresarial alejado de Venezuela (Guillemi, 2014). Pero esta interpretación no se condice con la dedicatoria del éxito electoral que hizo Evo a los pueblos que luchan contra el capitalismo

Es igualmente llamativa la diferencia de actitud que asume el establishment frente a Evo y Chávez-Maduro. El mismo tipo de socialismo que no entrañaría consecuencias para Bolivia es presentado como un terrorífico peligro para Venezuela. Ese temor es propagado por un pool de 82 periódicos latinoamericanos integrados a la SIP, que publica desde hace varios meses una página diaria de descripción del caos chavista.

Mientras que algunos medios anuncian el colapso final de la producción petrolera venezolana, otros retratan intenciones masivas de abandono del país (Oppenheimer, 2014; Vyas, 2014). Vargas Llosa encabeza esa campaña reaccionaria, proclamando la necesidad de acciones más contundentes que la simple protesta pacífica para derrocar al gobierno (Vargas Llosa, 2014).

La doble vara de la derecha frente a Bolivia y Venezuela no se basa en distinciones teóricas entre el socialismo comunitario (aceptable) y el socialismo del siglo XXI (indigerible). El problema de los conservadores radica en la dificultad para encontrar argumentos creíbles de ataque a Bolivia, luego de los logros conseguidos en la última década. El gobierno del MAS ha puesto de relieve el sistema político discriminatorio que ha regido en el Altiplano durante siglos y nadie se atreve a defender ese apartheid.

Por otra parte, el tamaño, los recursos y la gravitación regional determinan una incidencia geopolítica de Bolivia muy inferior a Venezuela. El imperialismo no se resigna a perder el manejo del principal territorio petrolero de América Latina y conspira para recuperar el control de PDVSA.

Estados Unidos no dudó en el pasado en invadir países más chicos que Bolivia (como Granada o Panamá) y mantiene desde hace décadas su asedio contra la isla de Cuba. Pero en la última década transformó a Venezuela en el eje del mal, porque este país demostró capacidad de desafío con la construcción del ALBA, la diplomacia del petróleo y la concreción de alianzas extra-regionales inadmisibles para el Departamento de Estado.

El lugar que ocupa cada nación en los ataques imperiales cambia en cada coyuntura y no está determinado sólo por razones ideológicas. El gobierno de Argentina es agredido últimamente con la misma intensidad que su par venezolano, a pesar del explícito rechazo peronista de cualquier proyecto socialista.

La derecha diaboliza a ambos países, contrastando sus pesares con el bienestar imperante en el resto de Latinoamérica. Contrapone la excelente situación que atraviesan las naciones gobernadas por el neoliberalismo, con las desgracias sufridas bajo las administraciones populistas. Destaca como en Venezuela y Argentina se destruye la cultura del esfuerzo, el ahorro y la inversión por la politización del quehacer cotidiano (La Nación, 2014). También difunde datos que sitúan a ambos países al tope de los indicadores negativos de la región (Bazzan, 2014).

Con esas anteojeras ni siquiera registran las enormes diferencias que separan a las dos naciones. Mientras que en Venezuela la burguesía conspira para recuperar el manejo de renta petrolera, en Argentina la renta agraria está en manos del sector privado y sólo se disputa el monto de la tajada impositiva que absorbe el estado.

El modelo económico social-desarrollista de reformas sociales y redistribución del ingreso, que se ensaya en el primer caso difiere sustancialmente del programa neo-desarrollista de recomposición de la burguesía industrial, que se intentó en el segundo país. El chavismo confrontó con el imperialismo, movilizando a las masas y afrontando escaladas golpistas. En cambio el kirchnerismo sólo ha liderado una experiencia de centro-izquierda con autonomía de Estados Unidos, pero sin prácticas antiimperialistas.

El ataque indiferenciado de la derecha contra Venezuela y Argentina y su implícita consideración hacia Bolivia retrata la total inconsistencia de los mensajes derechistas. No explican cómo en el Altiplano se ha logrado una estabilidad macroeconómica bajo un régimen político liderado por caudillo, que reúne todas las pesadillas del populismo. Tampoco aclara de qué forma un gobierno tan alejado de sus formatos políticos ha logrado niveles de inflación, inversión o tranquilidad cambiaria semejantes a los países con gobiernos ultra-liberales.

La derecha realza a estas últimas administraciones ocultando los índices de exclusión, criminalidad o explotación. Nunca habla de la precarización laboral de Perú, del desastre de la jubilación en Chile o de la tragedia de los emigrantes de México y Centroamérica.

La omisión de noticias adversas en los países gobernados por la derecha, los silencios sobre Bolivia, las calumnias contra Venezuela y las campañas contra Argentina retratan cómo operan los medios de comunicación. Moldean un sentido común distorsionado para fijar la agenda pública al servicio de la dominación burguesa.

Los comunicadores de las grandes cadenas periodísticas nunca actúan con independencia, profesionalidad u objetividad. Aprovechan su condición de personajes influyentes para construir realidades virtuales divorciadas de los acontecimientos reales.

Por eso las batallas en este campo son decisivas y cualquier paso hacia la democratización del espacio comunicacional es vital. Desafiar el mensaje conformista, contrapesar la manipulación de las imágenes y demostrar que la información es un derecho en conflicto con la rentabilidad es una prioridad para la acción de la izquierda.

Coyunturas y futuros

El afianzamiento de un proyecto político radical con imaginarios socialistas en Bolivia retrata los límites de la contraofensiva actual de la derecha latinoamericana. Los conservadores buscan reinventarse con discursos más sociales, compromisos de asistencialismo y perfiles juveniles. Proclaman la disolución de las ideologías, despolitizan las campañas electorales y enfatizan la centralidad de la gestión.

La derecha pretende aprovechar el estancamiento del ciclo de ascenso popular, que comenzó a fines de los 90 en Venezuela y alcanzó su máxima intensidad entre el 2000 y el 2005. La resistencia de Honduras, las marchas campesinas en Colombia, las protestas estudiantiles en Chile y el despertar juvenil en Brasil no tuvieron la dimensión de las rebeliones previas de Venezuela, Argentina, Bolivia o Ecuador que tumbaron gobiernos neoliberales.

Pero no es la primera vez en la historia latinoamericana que un fuerte despegue de revueltas populares es sucedido por un escenario de contragolpes e indefiniciones. Los equilibrios de los últimos años estuvieron muy influidos por la recuperación económica y la afluencia de divisas generadas por la revalorización de las exportaciones agro-mineras. Ambos fenómenos tienden a frenarse.

Nadie sabe qué rumbo adoptará la resistencia popular en los próximos años. Pero la situación actual de Bolivia ilustra cómo la experiencia de la última década ha creado un piso de convicciones ideológicas y definiciones políticas que elevaron el nivel de conciencia popular. Este acervo constituye el basamento para debatir las estrategias de la izquierda.

Estas reflexiones presuponen una revalorización del socialismo, en contraposición a la presentación derechista de este debate como un simple juego de palabras, en torno a etiquetas sin contenido.

Esa discusión permite destacar que América Latina no afronta sólo escenarios neoliberales o neo-desarrollistas, sino también posibilidades anticapitalistas. Las experiencias de Venezuela y Bolivia alimentan reflexiones sobre estrategias, ritmos y caminos al socialismo. También inducen a soñar con ese futuro.

Claudio Katz es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI.

Ver también:
- Concepciones social-desarrollistas
- Miradas pos-desarrollistas

Referencias:
- Arkona Katu, (2014b), “Hacia un nuevo orden contra-hegemónico”, www.rebelion.org, 16/6.
- Arkonada Katu, (2014a), “Sostener para profundizar, profundizar para sostener”, alainet.org, 13/10.
- Bárcena, Alicia, (2014), “El modelo boliviano”, Página 12, 6/7.
- Bazzan, Gustavo, (2014), “Argentina y Venezuela tienen las peores notas”, www.clarin.com, 31/8.
- CEPAL, (2014)), Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes, www.cepal.org, 22/9.
- Díaz Polanco, Héctor, (2006), Elogio de la diversidad, Siglo XXI, México.
- Ferreira Javo, (2011), “Comunidad indigenismo y marxismo”, Estrategia Internacional, n 27, marzo.
- García Linera, Álvaro, (2008), La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, CLACSO.
- García Linera Álvaro, (2010a), “El socialismo comunitario”: un aporte de Bolivia al mundo”, Estado Plurinacional, www.vicepresidencia.gob.bo.
- García Linera, Álvaro, (2010b), “La construcción del estado”, Tres pensamientos políticos, UBA sociales publicaciones, Buenos Aires.
- Guillemi Rubén, (2014) “Aciertos políticos y cuentas pendientes”, “De la épica chavista a la prudencia chilena, la metamorfosis de Evo”, La Nación, 15/10.
- Katz Claudio, (2008), Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires.
- Kohan, Néstor, (2000), De Ingenieros al Che, Biblios, Buenos Aires.
- La Nación, (2014), “Argenzuela”, www.lanacion, 30/8.
- Mariátegui, José Carlos, (2007), “La revolución socialista latinoamericana”, El marxismo en América Latina, Antología. Editorial LOM, Santiago de Chile.
- Mayorga, Fernando, (2014), “Entrevista”, www.ihu.unisinos.br, 13/2.
- Molina, Fernando, (2013), “¿Por qué Evo Morales sigue siendo popular?”, Nueva Sociedad, n 245, mayo-junio.
- Navarro, Miranda; Cárcamo, César (2014), “El modelo”, Página 12, 24/8.
- Oppenheimer, Andrés, (2014),”Venezuela hacia la importación de petróleo”, www.libremercado, 3/ 9.
- Stefanoni Pablo, (2008), “Presentación”, La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, CLACSO.
- Stefanoni Pablo, (2014), “Evo, el ex villano”, Sin Permiso, 19-10.
- Vargas Llosa, Mario, (2014), “La libertad en las calles de Venezuela”, cubademocraciayvida.org, 10/3.
- Vyas Kejal, (2014), “Venezuela”, images.elmercurio.com, 29/8.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Muros, murallas y murallones

Fernando Barraza (especial para ARGENPRESS.info)

Un viejo profesor de Periodismo de la Universidad de Chile, Ramón Cortez Ponce, al iniciar el año lectivo, en el acogedor edificio de calle Los Aromos, atrás del Pedagógico -que la dictadura nos quitó después del Golpe- decía en tono solemne, vestido con un impecable terno blanco: “Pertenezco a una profesión muy antigua. Mis primeros colegas fueron Marcos, Juan, Mateo y Lucas…”

Nunca lo he olvidado y soy muy feliz ejerciendo el Periodismo, pero a veces siento vergüenza de ser periodista. Por ejemplo, viendo algunos colegas que trabajan de payasos, en los matinales de la TV o que tratan de quedar bien con el patrón, agregando comentarios ponzoñosos y fuera de libreto a las noticias de Cuba, Rusia o Venezuela.

También sufriendo las campañas del terrorismo mediático, que pautean la opinión de millones de receptores, gracias al control casi absoluto de los medios de comunicación. Son burdas, básicas y repetitivas, pero eficaces, porque aplican el viejo principio, que bien utilizaba Goebbels, el lugarteniente publicitario de Hitler: “Una mentira repetida mil veces, termina siendo una verdad…”

Estas últimas semanas hemos asistido al show periodístico-publicitario del aniversario de la caída del Muro de Berlín. Orquestada a todo trapo, la campaña trasnacional ha llegado a Chile, donde ha contado con la “desinteresada” ayuda de animadoras frívolas, personajes faranduleros, modelos despampanantes y toda esa fauna de “rostros” televisivos, que se hacen llamar “comunicadores”, para que los televidentes crean que son periodistas.

Los receptores del siglo XXI se impresionan con las imágenes y la caída del Muro de Berlín sigue -25 años después- connotando con ideas tan funcionales al sistema como: “la muerte del socialismo”, “la dictadura de la RDA” o “el fin de la historia hace obsoletas las ideologías”.

Sin entrar a discutir en serio las razones del Muro de Berlín, sería pertinente referirse a otros muros, murallas o murallones. Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, en diferentes rincones del mundo se siguen edificando muros, que por cierto, ignoran las cadenas informativas del terrorismo mediático.

El presidente Bill Clinton, construyó en 1994 una gigantesca valla en la zona limítrofe con México, en Tijuana, para impedir el paso de migrantes indocumentados. En 20 años este muro ha crecido hasta 400 kilómetros abarcando hoy los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Posteriormente en el 2006, el presidente George W. Bush, lo incrementó, proyectando en la frontera con México un muro de 1.126 kilómetros. El gobierno de Barack Obama lo puso en marcha, construyendo en el 2013 una valla de 1.078 kilómetros que le costó 2,4 mil millones de dólares.

Según la Organización Internacional de Migración, 6.000 personas murieron en la frontera de México con Estados Unidos desde el año 2000 y más de 10.000 desde 1994. Durante los 28 años del Muro de Berlín 136 personas perdieron la vida tratando de refugiarse en la parte oeste de la ciudad.

Otro país experto en muros es Israel. La barrera de Cisjordania de 721 kilómetros, de los cuales 409 kilómetros ya están construidos, combina un sistema de vallas alambradas con un muro de hormigón de 7 metros de altura.

Incluso en Marruecos, con la anuencia de las grandes potencias, hay un muro de 2.720 kilómetros en Sahara Occidental, para proteger las minas de fosfatos más grandes del mundo. El presidente Poroshenko de Ucrania sueña con construir un muro en la frontera con Rusia con la ayuda de Alemania, para protegerse del “imperialismo de Putin” y las autoridades de Eslovaquia han edificado 14 muros para aislar a los barrios gitanos.

En Chile, ya hay un muro en Lo Barnechea, que impide el paso a zonas adineradas, y de la dictadura en adelante, nos llenamos de condominios enrejados. Eso, sin hablar de los muros invisibles pero eficaces: ¿Podría un poblador de La Pintana pasearse por Costanera Center o un apoderado de Santa Julia matricular a su hijo en un colegio pirulo de Chicureo…?

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

La izquierda alemana supera sus divisiones

Thilo Schäfer (LA MAREA)

El 9 de noviembre de 1989 las autoridades de la República Democrática de Alemania (RDA) cedieron a la presión popular y abrieron los pasos fronterizos en el muro que dividía Berlín. Aquel día histórico, Bodo Ramelow era un dirigente sindical en Hesse, un Estado federado de la otra Alemania, al otro lado del telón de acero. Tras la caída del muro, que auguraba el fin del Estado comunista, decenas de miles de alemanes del Este se marcharon a la parte occidental para probar suerte. A sus 33 años, el sindicalista Ramelow emprendió el camino contrario y se instaló en Turingia, en la RDA. Ante la inminente conversión de una economía de planificación socialista al mercado libre, quería contribuir con su experiencia para montar un sindicato en Alemania del Este. Había que proteger a los trabajadores de los abusos laborales que ocurren bajo el sistema capitalista.

Hoy, 25 años después de la noche histórica del 9 de noviembre, Ramelow está a punto de convertirse en el primer presidente regional de Die Linke (La Izquierda), la formación heredera del Partido Socialista Unificado (SED) que mandó en la RDA durante cuatro décadas. Tras cerrar un pacto de coalición, el Parlamento regional votará el próximo 1 de diciembre sobre la investidura de Ramelow.

En las elecciones regionales en Turingia de septiembre pasado, Die Linke fue la segunda fuerza, con el 28% del voto, detrás de la Unión Democristiana (CDU) de la canciller Angela Merkel. En un giro radical, el Partido Socialdemócrata (SPD) decidió romper la gran coalición que tenía con los conservadores y, por primera vez después de la unificación, aceptó formar gobierno como socio menor de Die Linke y junto a Los Verdes. Los militantes del SPD aún deben aprobar el pacto en noviembre, pero en Alemania se habla ya de un momento histórico, que podría cambiar el panorama político en todo el país a medio plazo. “La decisión del SPD en Erfurt, la capital de Turingia, 25 años después de la caída del muro, significa el triunfo del presente sobre la historia paralizante, el comienzo en el que la izquierda en Alemania se autolibera de sus ataduras”, explica el jefe de Política del diario TAZ, Stefan Reinecke.

Superar la historia, sin embargo, no resulta nada fácil, y menos en pleno período de conmemoraciones del fin del Muro. Durante la campaña electoral, Merkel había advertido del supuesto peligro de “llevar a Karl Marx al Gobierno”. Pero la invocación del filósofo alemán no asusta demasiado al electorado de centroizquierda, y menos en el Este. Die Linke tiene más problemas con el legado del SED, aunque la mayoría de sus dirigentes actuales, por edad, no habían ocupado puestos relevantes en la RDA, por no hablar de los militantes que provienen del Oeste, como Ramelow. Aún hoy, los demás partidos siguen exigiendo a Die Linke una condena contundente de la RDA como un “Estado injusto” o un “país sin derechos” (“Unrechtsstaat”). El debate se ha reavivado estos días tras las elecciones de Turingia y los aniversarios –en octubre se cumplieron los 65 años de la fundación de la RDA–.

Lecciones del pasado

Los dirigentes de Die Linke han reconocido en múltiples ocasiones que hubo violaciones de derechos humanos bajo el régimen comunista y el partido incluso pidió disculpas por ello en una declaración institucional. “La RDA no fracasó por la supremacía de sus rivales, sino por sus propios errores y deficiencias, por la injusticia en el sistema y en las políticas, por la desconfianza sistemática de sus dirigentes políticos hacia la ciudadanía”, explica un documento de Die Linke, que se llamaba Partido del Socialismo Democrático (PDS) antes de fusionarse con una formación de izquierdas del Oeste. “El PDS, que ha salido del antiguo partido oficial del Estado SED, no ha sobrevivido y ganado fuerza porque negara la historia, sino porque, desde el principio, se ha enfrentado a ella para sacar lecciones”, continúa.

Dicho esto, el partido no está de acuerdo con una condena universal de la RDA y discrepa de la concepción de que el sistema en sí mismo fuera injusto. Simplemente admite que hubo injusticias en la ejecución práctica de muchas políticas, como la orden de disparar a las personas que intentaban huir del país. De ahí que en el pacto de coalición entre Die Linke, SPD y Los Verdes en Turingia se hable de que la RDA era un “Unrechtsstaat en las consecuencias”, un matiz importante. Este reconocimiento del pasado ha sido uno de los requisitos básicos de socialdemócratas y verdes en las negociaciones con Ramelow. Hace cinco años, las conversaciones entre estos tres partidos fracasaron, dando lugar a la gran coalición entre CDU y SPD.

Die Linke reconoce los errores que se habían producido en la RDA, pero también destaca los logros del sistema socialista, sobre todo en comparación con algunas de las consecuencias desoladoras que ha traído el capitalismo, en primer lugar el paro y la exclusión social. Esto explica, en buena parte, por qué Alemania del Este sigue siendo el bastión de Die Linke, mientras que sus avances en la parte occidental del país han sido más bien moderados. A pesar de que la situación económica en los Estados federados que nacieron de la RDA ha mejorado mucho en los últimos tiempos –gracias en parte a las continuas y masivas ayudas públicas–, la región sigue por detrás del Oeste. La tasa de paro es superior y los salarios son mucho más bajos. En los convenios sectoriales y en la retribución de los empleados públicos todavía se discrimina a los alemanes del Este. También los jubilados perciben menos dinero que los pensionistas occidentales.

Los efectos de la desindustrialización radical que siguió a la reunificación del país en 1990 aún es visible hoy, ya que hay pocas regiones con empresas potentes y competitivas. En temas sociales, la comparación es más favorable para el Este. Hay más mujeres en puestos de dirección (46% frente al 31% en el lado occidental). La mitad de los niños en edad preescolar va a una guardería, mientras en el Oeste es sólo una cuarta parte. La mayor igualdad entre hombres y mujeres en la vida económica era uno de los avances más importantes de la RDA.

Hace tiempo que Die Linke ya no vive de los votos de los nostálgicos del pasado comunista. Tiene un discurso claramente a la izquierda del SPD y Los Verdes, muy crítico con los desmanes del sistema capitalista que ha provocado la crisis económica. Al igual que otros partidos de izquierda en Europa, considera que la unión monetaria está mal construida y que los rescates multimillonarios de la banca han sido una estafa. Además, la actual política del Banco Central Europeo de inyectar miles de millones de euros en el sector financiero va en la misma línea. “Esto beneficia a los bancos pero no a la gente trabajadora”, opina Sahra Wagenknecht, la viceportavoz parlamentaria de Die Linke.

Últimamente, a Die Linke le ha salido un competidor insospechado. En las elecciones regionales de Turingia y Brandeburgo, también en el Este, la recién creada Alternativa por Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) cosechó más del 10% de los votos. Muchos de estos votantes vinieron de Die Linke –sólo la CDU sufrió una fuga de votos mayor hacia la AfD–. La nueva formación, que aglutina liberales anti-euro con elementos de extrema derecha, ha tocado la fibra sensible de muchos alemanes del Este que se ven como víctimas de la globalización.

Y pisa otro terreno de los herederos del SED. “Todo hay que decirlo, en la RDA había más seguridad que en el Oeste”, declaró el líder de AfD, Bernd Lucke en un mitin en Frankfurt an der Oder, en la frontera con Polonia. En Die Linke son conscientes de que la ultraderecha está pescando entre su electorado con el discurso contra el euro y la evocación de un pasado supuestamente mejor. “Se benefician del rechazo profundo que hay en la población contra el establishment”, comentaba la copresidenta del partido, Katja Kipping. En su opinión, Die Linke debe preocuparse aún más de los intereses de la gente marginada por la sociedad, que atiende a los cantos de sirena de la AfD.

De las palabras a los hechos. En Turingia, los tres socios que quieren formar el nuevo gobierno han acordado una serie de medidas para avanzar más en la cobertura social. En el pacto se propone aumentar el número de plazas gratuitas de guarderías, invertir más en educación y la formación de parados y reforzar las políticas de igualdad de género. Asimismo, Die Linke, SPD y Los Verdes buscan formas para frenar la subida de los alquileres y prevén acelerar el cambio del modelo energético con más ayudas a la renovación de edificios. Todos estos planes, sin embargo, están supeditados a la situación financiera. “Die Linke también se compromete a mantener un presupuesto equilibrado”, anunció Ramelow. El antiguo sindicalista se ha trabajado un perfil de pragmático que transciende el apoyo popular tradicional de la formación. “Muchos en el SPD se preguntan por qué no es uno de ellos”, comenta Christoph Seils, columnista en la revista Cicero.

Efectivamente, Ramelow es un elemento clave en la reconciliación definitiva entre Die Linke y el SPD. La división tiene su origen en la transición. Cuando se constituyó el partido socialdemócrata en el Este en 1989 –el SPD había sido disuelto cuando se creó la RDA– no se admitía a personas vinculadas al SED. Fue un error histórico, como reconocen hoy varios dirigentes socialdemócratas. Más tarde se produjo una escisión en el SPD por las reformas liberales del canciller socialdemócrata Gerhard Schröder. Muchos militantes salieron del partido y formaron una agrupación (WASG) bajo el liderato del expresidente del SPD, exministro de Finanzas y gran rival de Schröder, Oskar Lafontaine. En 2005, la WASG se fusionó con el PDS para crear lo que hoy es Die Linke. Uno de los arquitectos de aquella operación fue Ramelow. Muchos socialdemócratas todavía no han perdonado el cambio de bando de su exlíder Lafontaine, que no ha parado de criticar el giro al centro de Schröder.

Hasta hoy, el SPD ha aplicado un doble rasero en su relación con Die Linke. Han gobernado juntos en varias ocasiones en Estados del Este, pero los socialdemócratas en el Oeste se han negado a pactar con los postcomunistas. También en las elecciones federales de 2013, el SPD descartó cualquier alianza con Die Linke. De hecho, matemáticamente una coalición entre SPD, Los Verdes y Die Linke tendría mayoría a nivel nacional, pero los socialdemócratas optaron por una gran coalición con Merkel –a consecuencia de esto, Die Linke es ahora el primer partido de la oposición, por delante de Los Verdes–. Pero esa intransigencia parece haber tocado su fin. Cada vez más militantes y dirigentes del SPD consideran que su partido no tiene una perspectiva realista de gobernar si se cierra a pactos con Die Linke. Y en este contexto, Turingia podría ser “un campo de experimentación interesante”, escribe el politólogo Torsten Oppelland, de la Universidad de Jena (Turingia). Es un experimento ciertamente muy frágil, ya que el tripartito tendría una mayoría de sólo un diputado.

Este artículo es una actualización del reportaje que se puede ver en el número de noviembre de la revista La Marea, aquí.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Sobre el encuentro de Estela de Carlotto y el papa Francisco. Chicha Mariani: "Para mí, no está todo saldado"

Cynthia García (A CARA LAVADA - RADIO NACIONAL)

Escuchar audio de la entrevista desde aquí


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Envenenados en Venado Tuerto II

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

Mario Bollero de Acecas (Asociación Civil Espacio por la Conservación y la Acción Social) nos cuenta del estudio que demuestra el impacto de los agrotóxicos en la salud de los pobladores venadenses: hay "pesticidas" en la sangre de los habitantes de esta ciudad.



Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

El caballo y el indio

Mario Hernandez (especial para ARGENPRESS.info)

El pasado lunes Clarín dedicó dos páginas al dirigente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar “El Caballo” Suárez, donde se preguntaba si sería el próximo líder sindical en quedar tras las rejas luego de Juan José Zanola (bancarios) y José Pedraza (ferroviarios), por el uso de fondos sindicales para negocios personales que motivaron una denuncia penal de dirigentes opositores.

La denuncia apunta contra una red de empresas en las que se mezclan parientes y allegados de Suárez, creadas con dinero de los afiliados. Además, habría robado materiales del Estado estimados en $ 2.000.000 de la isla Demarchi para usarlos en Corrientes en donde se construyó una casa flotante.

La nota periodística consigna que “El caballo” Suárez, chofer del anterior líder radical del gremio, Juan Arce, tomó el SOMU por la fuerza en 1989 mediante un operativo llevado adelante, entre otros, por Carlos “El Indio” Castillo.

¿Quién es Carlos Enrique Castillo (a) El Indio?

Carlos Castillo fue el sucesor en la jefatura de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata de Patricio Fernández Rivero, quien fuera custodio de José Ignacio Rucci.

La CNU fue creada a fines de la década de los ’60 como grupo de choque de la ultraderecha peronista en la Universidad y devino en una organización parapolicial a mediados de los ’70. Su primera aparición ocurrió en diciembre de 1971 cuando asesinaron a la estudiante Silvia Filler de 19 años, luego de interrumpir a balazos una asamblea estudiantil en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata.

A partir de 1974, Castillo coordinaba los atentados con el Jefe de la Unidad Regional de La Plata, Comisario Masulli. Este liberaba las zonas para los operativos a través del Oficial principal Julio César Garachico, torturador de Jorge Julio López en el Centro Clandestino “El Pozo de Arana” y el Suboficial Mayor Juan Bilardo.

Los contactos de Castillo con el Regimiento 7 de Infantería hasta mediados de 1975 fue el Coronel Mario Sila López Osornio y desde octubre de ese año en adelante, el Coronel Roque Carlos Presti, luego titular del Area 113 quien, como tal, controló los campos de concentración de la zona.

Estas conexiones con la Policía bonaerense y el Ejército ubican a la CNU y a su jefe en La Plata, Carlos Ernesto “El Indio” Castillo, dentro de la estructura del aparato terrorista de Estado, lo que califica a sus acciones como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

Recién en julio de 2011 el Juez federal Arnaldo Corazza dictó el procesamiento de Castillo y de Juan José Pomares (a) Pipi, otro miembro de la banda que al momento de su detención, el 5 de julio de 2011, trabajaba en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires donde pocos días antes había sido nombrado en la Planta Permanente con la Categoría 13.

Ambos fueron considerados “prima facie” coautores penalmente responsables “de los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios” en el marco del expediente nº 9, caratulado “Domínguez Silvia Ester s/denuncia”. Esta causa investiga los secuestros y asesinatos del sindicalista del Hipódromo platense, Carlos Antonio Domínguez, y de los estudiantes de la Universidad de La Plata Guillermo Miceli, Graciela Martini y Néstor Hugo Di Noto cometidos a principios de 1976 por el grupo de tareas paraestatal CNU.

Una investigación de los periodistas Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal del 2011 publicada en Miradas al Sur permitió reconstruir una lista de 61 víctimas y establecer de qué manera operó, entre 1974 y marzo de 1976, como instrumento del aparato terrorista de Estado del gobierno nacional de Estela Martínez de Perón y del provincial de Victorio Calabró, para continuar actuando luego del golpe del 24 de marzo a las órdenes del Ejército y la Armada.

No obstante, Gastón Ponce Varela, uno de los integrantes de la banda ejecutado por Montoneros a mediados de 1975, solía jactarse delante de testigos de haber asesinado a “más de noventa zurdos”, al tiempo que le adjudicaba a Castillo por lo menos 110 muertes, según consignan los mencionados periodistas en el libro La CNU. El terrorismo de Estado antes del golpe.

Mano de obra ocupada por la burocracia sindical ayer y hoy

Vinculados en los ’70 al ex secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci o a Lorenzo Miguel, ex secretario general de la UOM, como los casos de Jorge Hugo Dubchak, uno de los primeros integrantes de la CNU o Eduardo Fromigué (a) Oso, ambos asesinados en 1975 por sus propios compañeros de la UOM, cuando eran convocados para asesinar dirigentes sindicales opositores como Carlos Scafide y Salvador de Laturi (Propulsora Siderúrgica) o a Roberto Achem y Carlos Miguel, reconocidos dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata (Atulp), en la actualidad esos vínculos se renuevan.

Gerardo Rafael Blas (a) El Flaco Blas, miembro operativo de la CNU, es un hombre de confianza de Alfredo Atanasoff, ex secretario general de los Municipales y Ministro de Trabajo durante la presidencia provisional de Eduardo Duhalde, que se ocupa de la concesión del hotel del gremio en el barrio de Constitución o como “El Indio” Castillo quien secundado por Osvaldo “Paqui” Forese, que integró la banda de Aníbal Gordon, ayudaron a “El Caballo” Suárez a hacerse del SOMU, tal vez rememorando el operativo conjunto que realizaron con aquél para secuestrar y asesinar al médico platense Mario Gershanik en la madrugada del 10 de abril de 1975.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Boletín Informativo de CORREPI

Por qué tenemos que ir a Plaza de Mayo el viernes / Cristina va de Shopping y le compra juguetitos a Milani / Gatillo fácil acá, y allá, en el norte / No pasarán / Cristian Ferreyra, vive en la lucha de cada compañero.

Por qué tenemos que ir a Plaza de Mayo el viernes
En de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. Enseguida, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.
Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, trajo la propuesta: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.
Cerca de fin de año, habíamos reunido datos de 262 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983. Allá nos fuimos, un puñado de compañeros con un megáfono y el recién nacido ARCHIVO DE PERSONAS ASESINADAS POR EL APARATO REPRESIVO ESTATAL abajo del brazo.
La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto vimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, motivó a CORREPI a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año la presencia en Plaza de Mayo.
Dieciocho años después, el acto anual de CORREPI en Plaza de Mayo se ha convertido en la instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca a la militancia de todos los sectores y a muchísimos compañeros y compañeras que nos acompañan cada año.
Este viernes 28 de noviembre, estaremos desde temprano, armando stands, colgando guirnaldas con las fotos de los pibes, llenando de banderas y pancartas la plaza. A las cinco de la tarde empezarán las intervenciones artísticas con el aporte invalorable de las organizaciones culturales compañeras que siempre están con nosotros. A las seis, empezará el acto, con los referentes de las más destacadas luchas obreras del año; con los espacios de coordinación donde hacemos el tan necesario aprendizaje de la coordinación y la unidad de acción frente al enemigo común; con las organizaciones hermanas del ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo). Luego, el momento de los “datos duros”, como dicen los periodistas. Duros porque nos matan un pibe por día en las barriadas, duro porque el 51% tenían menos de 17 años, duro porque en la Puna, la Patagonia, la Cordillera o el Litoral, la represión es política de estado.
Y los compañeros familiares, que harán su intervención marcados por las dos grandes ausencias que nos dejó este año, Delia y Mary.
Tenemos que ir a Plaza de Mayo el viernes, porque tenemos que ir. Por cada pibe asesinado, por cada trabajador represaliado, por las compañeras que no están, por cada compañero que sigue firme en la lucha. Los esperamos.

Cristina va de Shopping y le compra juguetitos a Milani
El gobierno nacional “admitió” la comprar millonaria de equipos de espionaje para el Ministerio de Defensa… esto es: nuevos juguetes para el general Milani, el mismo que defienden Cristina, La Cámpora y ahora hasta Estela de Carloto, destinados a intervenir mails y comunicaciones telefónicas.
Los nuevos equipos, deudores de la última tecnología, sirven por supuesto para realizar “inteligencia”, ese eufemismo que utilizan los gobiernos burgueses para nombrar el espionaje, la infiltración y todo tipo de violación de los derechos individuales con fines eminentemente políticos.
Esta incorporación se da en el marco de un aumento de presupuesto del ministerio en cuestión, que pese a las patéticas defensas ensayadas por el títere Capitanich denota la atención que presta el gobierno “del consenso” a aquellos sectores y organizaciones que precisamente no se pliegan a tal consenso.
¿Cuál podría ser la excusa perfecta, la justificación, para estas compras? Por supuesto: “los delitos complejos”, esa abstracción que maneja el discurso estatal democrático para operar como la CIA o la KGB contra los que se considera enemigos.
Pero no, se necesita algo concreto, algún latiguillo que suene más convincente, y entonces aparece la palabra mágica: narcotráfico, y listo, con eso se acalla cualquier duda y se sigue pertrechando a los verdugos del estado con dispositivos que oscilan entre el panoptismo más abyecto (puesto que está basado en última instancia sobre la protección de la libertad de la ciudadanía) y la farsa que ya conocemos en torno al tráfico de drogas, en el cual las fuerzas de seguridad y el poder políticos son protagonistas centrales e imprescindibles, como observamos semana tras semana.
Resulta conmovedora la defensa de Capitanich, haciendo referencia a la dependencia respecto del Poder Judicial en estos casos y, sobre todo, a la operación política que supondría el cuestionamiento de las compras, operación que “pretende enlodar la actividad pública, prístina y transparente del gobierno nacional” (sic).
Pobre Cristina: va de Shopping con la tarjeta en llamas, compra lo que le piden para “limpiar la patria” y encima la difaman…. así no hay “democracia” que funcione.

Gatillo fácil acá, y allá, en el norte
La actualización de nuestro archivo de casos es una ardua tarea que desarrollamos en forma militante, con la intención de generar una herramienta que permita entender con mayor claridad a qué nos referimos cuando hablamos de una política de estado.
Esta actividad se ve complejizada por el siempre constante accionar represivo. Esta semana, a días de presentar nuestro archivo anual, seguimos sumando casos. Tal es el caso de Diego Gauna, un joven de 29 años de la provincia de La Pampa.
Diego había concurrido al autódromo de Toay, donde se corría una fecha de la categoría “zonales”. Venía sufriendo problemas con las drogas y el alcohol (su autopsia reveló un agudo grado intoxicación), y tuvo un altercado con otros concurrentes. Fue golpeado por varias personas en dos oportunidades. La policía, presente en el lugar, no sólo no intervino al momento de los incidentes, y dejó que le propinaran a Diego una terrible golpiza, sino que su intervención posterior, lejos de asistirlo, lo condenó a muerte. Lo detuvieron y cargaron en el patrullero. Diego llegó muerto a la comisaría.
Y como en casa, en Estados Unidos el asesinato de jóvenes parece ser un deporte policial por excelencia, y mejor aún si son negros. Así trascendió últimamente en los medios con el caso de Michael Brown, el joven de 18 años asesinado de seis disparos, en un ataque que fue filmado y viralizado en las redes sociales y que ahora tuvo un broche de impunidad con el cierre de la causa, ante la decisión del Gran Jurado de no acusar al policía. Sólo que casi enseguida, la historia se repitió.
Esta vez hechos fue en Ohio, Cleveland, donde la policía asesinó de dos disparos a un chico negro de 12 años. Los dos policías dispararon contra el pibe en una zona de juegos al aire libre, después de recibir denuncias telefónicas que “había un menor apuntando a los transeúntes”.
Después de matarlo, los policías se dieron cuenta que el arma que tenía el pibe era un juguete. Literalmente, estaba jugando.
Un incidente similar ocurrió, también en Ohio, en agosto pasado, cuando policías que respondían a un llamado de emergencia mataron en un supermercado a John Crawford, un hombre negro que tenía una pistola de juguete que era vendida en ese mismo local donde fue asesinado.
La represión no distingue fronteras, ni niños, ni enfermos. Lo que sí distingue, es la clase.

No pasarán
En el boletín anterior celebrábamos un triunfo popular: Mariano “Maro” Skliar, delegado general de la Junta Interna de ATE en Promoción Social, y Humberto “Pitu” Rodríguez, secretario general adjunto de ATE Capital, fueron absueltos en el juicio iniciado como represalia de una movilización en el marco de un plan de lucha a fines de 2012. Celebrábamos la absolución de los compañeros, porque se hizo costumbre llevar a juicio a los que se organizan en su espacio de trabajo y no responden a los burócratas de turno; porque se hizo costumbre que intenten desbaratar las asambleas donde los trabajadores discuten sus planes de lucha, y parece que ahora se intenta hacer costumbre que sea la policía federal la que irrumpa en los espacios de trabajo y no permita que se lleven a cabo los espacios gremiales de los trabajadores.
Es el caso de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que vio el 20 de noviembre cómo, en medio de una asamblea convocada por la junta interna, se intentó desbaratar y amedrentar la posibilidad de organización. Esa misma semana se había convocado esta asamblea con cuatro ejes sólidos: renovación de contratos, continuidad laboral de los encuestadores, bono de fin de año y plan de lucha para la jornada del 25 de noviembre, en apoyo a la delegada general Tamara Lescano, víctima nuevamente de la persecución sindical a la que vienen sometidos los trabajadores de ese sector; cuatro ejes que fueron imposibles de tratar.
Primero fueron los jefes y jefas del sector y SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) quienes impidieron, por orden del director José María Donati, la realización de la asamblea. Por si fuera poco, y no contentos con la respuesta de los trabajadores, llegó la PFA con un gran despliegue, anunciando que quería cerrar las dos sedes laborales por que “no se encontraría garantizada la seguridad de los trabajadores”.
Desde que se logró, como fruto de la organización y lucha, conquistar la representación de los trabajadores por medio de una junta interna, hace dos años, no han cesado las prácticas más comunes de bastardeo político y persecución. Primero fue con el intento de despido de Tamara Lescano, luego con el no reconocimiento de Diego en el concurso a planta permanente por su activismo anti-burocrático, luego fue Ernesto Abus, al que no dejaron participar del concurso por haber nacido de padres exiliados políticos durante la última dictadura cívico militar. Ahora, nuevamente contra la secretaria general, en una causa armada por amenazas en el marco de la defensa de un compañero precarizado despedido.
A las claras la connivencia entre los jefes, el director, los abogados de este organismo (todos ellos funcionarios públicos) y las mismas fuerzas de “seguridad”, está dispuesta a favor de los que precarizan, despiden y amedrentan constantemente a todo el que se organiza y sale a luchar.
Así como por medio de la organización y la lucha se logró en su momento la reincorporación de Tamara, se redoblan los esfuerzos para desbaratar a los perseguidores con un nuevo plan de lucha.

Cristian Ferreyra, vive en la lucha de cada compañero
El martes 4 de noviembre se inició el juicio oral y público por el crimen de Cristian Ferreyra (23), militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), asesinado hace tres años por resistir el desalojo de sus tierras.
La represión estatal y los intereses de los grandes empresarios, una relación necesaria en la defensa del sistema capitalista, muestran sus garras a la hora de imponer el modelo agroexplotador: por un lado, el gobierno implementa un sistema político-económico al servicio de unos pocos, con secuelas de desocupación, ajuste y precarización laboral en torno al saqueo de nuestros recursos naturales. Al mismo tiempo, y como condición para lograrlo, necesitan utilizar sus fuerzas represivas, de diferentes maneras, para defender sus intereses contra los de abajo.
El poder judicial y medios masivos de comunicación, son otros de los actores que defienden, con uñas y dientes, acciones y discursos de quienes nos someten.
Históricamente, el aparato represivo estuvo estrechamente relacionado con las diversas políticas económicas encabezadas por los gobiernos de nuestro país que, si bien fueron cambiando sus formas de gobernabilidad, presentan una continuidad en el objetivo: mantener un sistema que, al servicio de los grandes grupos económicos, oprime y explota a nuestro pueblo.
En esta lógica se asienta el asesinato de Cristian, así como también los cientos de amenazas y persecuciones que se practican de manera sistemática sobre las comunidades campesinas, a medida que avanza el modelo agroexportador. En el caso de Santiago del Estero, son los intereses de la burguesía sojera contra los del campesinado. Podríamos decir que el kirchnerismo, junto con el gobernador Zamora, son fieles protectores de Grobocopatel, Monsanto y compañía, hasta empresarios locales, como el asesino Jorge Ciccioli, principal responsable del crimen del joven militante.
Sin dudas, gracias a la perseverante lucha de del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC), de organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales, se está llevando adelante un juicio histórico. El empresario Jorge Ciccioli está acusado de homicidio en segundo grado, amenaza de muerte, agresiones leves y graves, y va a ser juzgado junto con cinco de sus guardianes armados.
Aunque ninguna pena repare sobre la pérdida de sangre de otro hijo de nuestro pueblo, son las luchas por la memoria, la vida y la liberación de nuestra clase, las que no dejan morir a nuestros caídos.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Morir en las tosqueras: "Si hubiera habido un cartel, mi hermano estaría hoy con nosotros"

LA RETAGUARDIA

Lo afirmó Siro, el hermano mayor de Lautaro Aguirre Mora, en diálogo con La Retaguardia. Lautaro murió ahogado en una tosquera en Pontevedra, del partido bonaerense de Merlo, el 17 de agosto pasado. Desde ese día, su familia se encuentra movilizada para lograr que estos espacios sean señalizados o cerrados e impedir así nuevas muertes evitables.

“El domingo 17 de agosto pasado mi hermano se ahogó en una tosquera abandonada en Merlo, partido de Pontevedra. Él salió la noche anterior y después con unos amigos terminaron yendo a este lugar. En un principio no teníamos nada en claro, pero después se fueron esclareciendo algunas cuestiones. Lo que sabemos hoy en día es que esos lugares no tendrían que existir porque inevitablemente tarde o temprano se siguen llevando vidas. Yo tengo 28 años y desde que tengo memoria cada tanto por mi casa se escuchan noticias como esta, que una persona o un grupo de personas muere ahogada en estos lugares abandonados, dejados a la buena de Dios”, afirmó Siro, hermano mayor de Lautaro.

En diálogo con La Retaguardia, Ciro describió cómo es una tosquera: “es un pozo que se hizo en la tierra para extraer tosca que se usa para hacer las bases, una especie de cimiento de diversas construcciones. Eso se explota a más no poder, cuando ya no es explotable se deja ahí, como si nada. Pero lo que las hace tan peligrosa a las tosqueras, por lo que pudimos averiguar, es que tienen dos temperaturas de agua, la superficial que es producto de la lluvia, y la interior que viene de las napas, eso más la estructura propia de la tosquera que tiene unos surcos en el fondo, hace que mientras el agua de la tosquera esté calma no pase nada, pero cuando empiezan a registrarse movimientos en la superficie hace que se genere corriente descendente”. Además, desde afuera las tosqueras parecen simples lagunas.

Siro explicó que tras asesorarse legalmente corroboraron que quien debería llevar adelante la fiscalización de estos lugares es el Organismo de Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires: “en este caso estamos hablando del municipio de Merlo, pero solamente en La Matanza hay 400 hectáreas de tosqueras abiertas, que no tienen ningún tipo de señalización, no están tapadas, no tienen ningún cerco perimetral, ni nadie que las custodie. Y esto ocurre no solamente en Merlo y La Matanza, en todos los partidos del conurbano hay este tipo de pozos de la muerte, en Ezpeleta, Varela, zona norte inclusive”.

En cuanto a la actitud de las autoridades ante este tipo de casos, Ciro relató: “sabemos que la respuesta fue nula, incluso negativa viéndolo desde cualquier punto de vista. Tenemos testimonios de gente que ha sido maltratada cuando ha ido a hacer algún tipo de reclamo al respecto. Nosotros ahora estamos en una instancia de asesoramiento legal pero estamos metidos a pleno con el tema de llevar adelante lo que sea necesario para que esos lugares se drenen o se señalicen. Yo tengo la sospecha que si ahí hubiera habido un cartel, mi hermano no se hubiera tirado a esas aguas y hoy estaría acá con nosotros. Este es un caso mucho más común de lo que a priori pudiera parecer”.

El domingo 16 de noviembre la familia de Lautaro realizó una marcha que partió de la Plaza de la Democracia de González Catán, y a la que fueron sumándose muchos vecinos de la zona. Tanto el joven como su madre quedaron satisfechos con la convocatoria. El objetivo es reiterar estas movilizaciones el tercer domingo de cada mes para lograr la señalización o cierre de estos pozos de muerte que –como describió Siro – no tendrían que existir porque inevitablemente continúan llevándose vidas.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Asumio Miguel Hugo Vaca Narvaja como Juez Federal: Aires nuevos en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba

Irina Santesteban (LA ARENA)

Miguel Hugo Vaca Narvaja es el primer juez hijo y nieto de dos abogados asesinados por la dictadura militar. Exiliado cuando tenía 9 años, abogado del Estado y querellante en causas de derechos humanos, representa los nuevos aires que empiezan lentamente a ingresar a los Tribunales.

Su juramento "por la Patria y el Honor", y la ausencia de crucifijos en la sala de audiencias donde asumió, así como en su despacho de flamante juez federal 3 de Córdoba, son señales claras hacia un Poder Judicial como el de los Tribunales Federales de Córdoba: conservador y clerical, reservado para la "Sagrada Familia" de los doble apellido.

Y aunque el nuevo juez tiene también doble apellido y pertenece a una tradicional familia de "la docta", su historia está signada por la persecución política, los secuestros y asesinatos. A los 9 años partió a México, junto a su abuela Susana Yofre, su madre Raquel Altamira, sus dos hermanos, primos y tíos, en un contingente de 26 personas, entre adultos y niños, que escapaban para no ser blanco del terrorismo de Estado.

Su abuelo, el primer Miguel Hugo Vaca Narvaja, era radical y fue ministro de Arturo Frondizi, además de ocupar varias veces cargos de funcionario en la provincia. Era abogado y defendió a su hijo, el segundo Miguel Hugo Vaca Narvaja, cuando fue preso en 1975, acusado de ser el abogado del Partido Peronista Auténtico, organización política ligada a los Montoneros, que habían pasado a la clandestinidad en un proceso que se inició luego que el general Perón los echara de la Plaza de Mayo el 1 de mayo de 1974.

Su tío, Fernando Vaca Narvaja, era uno de los tres líderes máximos de esa organización, junto con Mario Firmenich y Roberto Perdía.

Secuestro del abuelo

Vaca Narvaja abuelo fue secuestrado el 10 de marzo de 1976, cuando tenía 59 años y sobrevivientes del Campo de la Ribera, uno de los centros clandestinos de detención de Córdoba, cuentan que lo vieron allí, donde fue torturado y finalmente asesinado. En el colmo de la perversión, fue decapitado y su cabeza tirada a las vías del ferrocarril. Uno de los genocidas, el coronel Raúl Fierro, gozaba mostrando la foto de su cuerpo decapitado en su escritorio, como si fuera un trofeo.

Hasta Eduardo Angeloz, que tenía buen diálogo con Luciano Benjamín Menéndez durante la dictadura, dijo que muchos años después de ese crimen le recriminó a Menéndez y éste le explicó que lo habían desaparecido porque "era el tesorero de los Montoneros". Ni Angeloz creyó esa justificación. Hoy Menéndez cumple en su domicilio las seis condenas a prisión perpetua que la Justicia Federal de Córdoba le impuso por ser responsable de crímenes de lesa humanidad. Esa misma Justicia Federal que el pasado jueves tuvo que abrir las puertas para la asunción como juez del nieto de aquel Vaca Narvaja.

Ley de fuga

A su padre lo secuestraron en las escalinatas de los Tribunales Federales, el 20 de noviembre de 1975, cuando se dirigía a presentar un recurso de habeas corpus a favor del detenido-desaparecido "Chicato" Mozé, dirigente de la JP. Al ser interceptado alcanzó a gritar su nombre, lo que le valió ser "detenido legalmente", y fue a parar a la penitenciaría de Córdoba, la UP 1. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fue uno de los treinta presos políticos de esa cárcel que fueron asesinados bajo la "ley de fuga", que consistía en sacar a un grupo de detenidos políticos, fusilarlos en las inmediaciones de la ciudad, y luego hacer pasar ese hecho como un "enfrentamiento con subversivos".

Exilio

A los 9 años, Huguito, el mayor de sus tres hermanos y de sus primos, formó parte del contingente Vaca Narvaja que, luego del secuestro de su abuelo, se asiló en la embajada de México. Eran 13 niños y 13 adultos, que ingresaron a esa sede diplomática y permanecieron varios días hasta que pudieron salir a tomar un avión hacia Ezeiza. "Me acuerdo del miedo... Vivíamos en el altillo de la casa del cónsul... Recién nos llevaron a Ezeiza a principios de abril en cinco autos de la diplomatura mexicana. En todo el camino los soldados nos apuntaban con armas largas y nos siguieron hasta el aeropuerto. Lo habían hecho ya en la residencia del cónsul de ése país donde nos atrincheramos. A los chicos, el 24 de marzo nos pusieron a todos debajo de una mesa en el último piso por temor a que nos empezaran a disparar. Desde las ventanas se veían los tanques", contó al periodista Martín Granovsky, en la edición de Página 12 del 23 de noviembre de 2014.

Militancia sindical

Cuando volvió del exilio, terminó la secundaria e ingresó en la facultad de Derecho, y, como su padre y su abuelo, se recibió de abogado en 1993. En 1988 había ingresado en la Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS), que estaba en los planes privatizadores del gobierno de Angeloz. Fue delegado sindical y participó de las marchas de finales de los ´80 contra la Reforma del Estado que impulsaba el gobierno radical provincial. También fue secretario de Prensa del Sipos, el combativo sindicato del personal de la EPOS, cuyo secretario general, Luis "Negro" Bazán, también estuvo presente en su asunción como juez federal.

Contra las privatizaciones

Como delegado gremial se opuso y peleó contra la privatización de la EPOS, que finalmente fue entregada a la empresa francesa Lyonnaise des Eaux y al grupo local Roggio, durante el gobierno de Ramón Mestre padre. Muchos trabajadores fueron trasladados a otras dependencias del Estado y las boletas del agua sufrieron incrementos superiores al 300%.

Huguito pasó a la Procuración del Estado, y ya recibido de abogado, formó parte del plantel de asesores llegando a ser jefe de la sala civil. En ese carácter hizo ganar al Estado provincial varios juicios importantes, como el del palacio Ferreyra, que le ahorró al erario público una suma cercana a los 40 millones de pesos. Declaraciones suyas en relación a ese juicio, al diario La Voz del Interior, molestaron al entonces gobernador Juan Schiaretti, y fue desplazado del cargo que ocupaba. Pero no se desanimó, rindió el concurso, lo ganó y volvió a ocupar la jefatura de la sala civil de la Procuración.

Toda esa experiencia en dependencias estatales, lejos de burocratizarlo, lo han formado como un abogado defensor de lo público, y hoy pregona la necesidad de que tanto funcionarios como los trabajadores, aún cuando tengan que pelear por mejores salarios, defiendan el papel de las empresas del Estado y el servicio que prestan a la población.

En 2012, fue designado coordinador letrado de la Anses Córdoba, y desde allí defendió la posición del gobierno nacional respecto a las jubilaciones.

Ese mismo año formó parte de la Multisectorial en Defensa de la Crese, la empresa municipal de recolección de basura. Esta vez le tocaba pelear contra una privatización que encaraba el actual intendente de Córdoba, Ramón Mestre hijo, quien finalmente la entregó a dos empresas -Cotreco y Lusa-, con la anuencia del sindicato de recolectores de basura, Surbac. Esa Multisectorial estaba conformada por organizaciones sociales, gremiales y políticas, entre ellas el Gremio de Judiciales de Córdoba y el legislador provincial juecista Santiago Clavijo. Esa lucha se perdió y las dos empresas que hoy tienen a su cargo la recolección de basura en Córdoba, brindan un servicio deficiente y mucho más caro del que prestaba la empresa municipal.

Justicia legítima

Desde el año pasado, cuando se creó el colectivo Justicia Legítima, para apoyar las leyes de reforma judicial que impulsó la presidenta Cristina Fernández, Vaca Narvaja nieto formó parte de ese espacio, al que reivindica como parte de un esfuerzo necesario para democratizar las estructuras de un Poder Judicial conservador y poco permeable a cambios.

Para el nuevo juez federal, lo que más necesita la Justicia es la celeridad, no concibe que las causas se demoren años y años, porque entonces ya no tiene sentido el reclamo de la gente.

En la causa judicial que se realizó en 2010, para juzgar los fusilamientos de la UP1, dentro de los cuales estaba su padre, al momento de alegar como querellante, Huguito Vaca Narvaja hizo una excelente intervención, donde denunció el papel genocida del ejército argentino, desde la mal llamada conquista del desierto hasta la dictadura militar. También denunció el papel nefasto de la Iglesia Católica, y de las fuerzas de seguridad. Reivindicó la fortaleza de los presos políticos y los testimonios de los declarantes, para finalmente pedir condena para los asesinos de su padre y su abuelo.

Al momento de pronunciar sus últimas palabras, el dictador Jorge Rafael Videla, calificó al alegato de Vaca Narvaja como de "peligroso revisionismo histórico", tanto le había molestado las palabras de quien era un niño cuando él asumía como jefe del Proceso de Reorganización Nacional. Hoy ese dictador está muerto, murió en la cárcel. Ese niño, abogado de su familia en la causa por su asesinato, ocupa el sillón del Juzgado Federal 3 de Córdoba.

La historia, a veces, da revanchas.

Los aportes de la abuela Tuntuna

La abuela de Huguito, Susana Yofre de Vaca Narvaja, falleció a los 95 años. Se había jubilado como docente a los 40 años, luego de trabajar y aportar 20 años, como era lo usual en aquellos años. Con menos de 60 años tuvo que partir junto a su numerosa familia al exilio, dejando atrás a su esposo secuestrado y luego asesinado, a un hijo preso y a otro, en la clandestinidad.

Cuando Huguito Vaca Narvaja fue designado en la Anses, le recriminaba a la abuela, medio en broma, medio en serio, que casos como el de ella, con 20 años de aportes y 55 años de cobrando el haber jubilatorio, eran los que desfinanciaban el sistema previsional.

A la abuela de Huguito le decían "Tuntuna", justamente porque su nieto mayor la llamaba así de pequeño, porque no podía pronunciar su nombre, Susana.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Carta urgente: Comisión de trabajadores condenados, familiares y amigos de Las Heras

AGENCIA WALSH

Carta enviada por esta comisión, frente a la sentencia de los trabajadores de Ate Santa Cruz, que se prevé para el 1 de diciembre, un llamado a la unidad de acción y coordinación para enfrentar la persecución penal y las condenas de todos los luchadores.

Transcribimos:

Han terminado las sesiones del juicio montado contra los compañeros de ATE de Río Gallegos a quienes quieren condenar, como lo hicieron con nosotros, por luchar por sus derechos.

El 1 de diciembre se estaría definiendo la sentencia definitiva de este nuevo tribunal de la venganza. La buena noticia es que el compañero Reyes y la compañera Benítez están en libertad, mientras a Vera, Arteaga y a Apendino, el fiscal los quiere condenar a cinco años de prisión.

Estuvimos en la Comisaría 5ta, esperando a la salida del compañero Reyes, quien valientemente durante el juicio denunció a la justicia y a la policía como torturadores y al gobierno como los responsables de lo que pasó en las oficinas de Planteamiento el año pasado.

El abrazo en el que nos fundimos a su salida fue interminable y muy emocionante, difícil de explicar en palabras. Nos habíamos encontrado los que en una punta y otra de la provincia estamos enfrentando a los mismos enemigos. Y por eso la primera conclusión del compañero Reyes fue que no iba a dejar de faltar al Congreso Obrero y Estudiantil que desde esta Comisión estamos impulsando incansablemente. Es que es una necesidad de todos los trabajadores juntarnos el 12 de Diciembre para votar y luchar entre todos, en el día Internacional del Trabajador Perseguido. Por eso, cuando hablamos con el resto de los compañeros que aún siguen en prisión les dijimos que no íbamos a dejar de luchar hasta que estén todos en libertad.

Es que no podemos seguir peleando divididos, que tenemos que hacer realidad el grito de ¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

Como ustedes saben, desde nuestra Comisión hemos hecho un llamamiento urgente a todos los compañeros perseguidos, a los trabajadores, estudiantes, organizaciones obreras y partidos de izquierda, a realizar un Congreso Obrero nuevamente en Las Heras luego de la jornada internacional. Y fue esto lo que también impulsamos en Río Gallegos junto a nuestros compañeros de ATE y sus familiares.

Les hemos enviado el llamamiento y hoy les hacemos llegar esta carta puesto que hemos luchado juntos el año pasado y las organizaciones que conforman el comité estuvieron aquí con nosotros y nuestras familias el día de nuestra condena. Por eso queremos que ustedes junto a nosotros convoquemos y coordinemos la próxima jornada del 12 de diciembre y el Congreso que estaremos realizando.

Como ya les mencionamos en la carta anterior este Congreso lo estamos impulsando con los familiares de los trabajadores presos de Corral de Bustos, compañeros como Néstor Vibares, trabajador petrolero de Las Heras que estuvo preso durante tres meses por luchar por sus derechos y con los compañeros Jorge Armoa, quien estuvo también por eso junto a Vibares y su señora Claudia Paillaguala. Inclusive muchos delegados petroleros están tomando nuestro Congreso en sus manos y lo están impulsando en sus lugares de trabajo, entre otros, y hoy lo toman en sus manos los compañeros de ATE-Río Gallegos y sus Comisión de Familiares.

Como así también distintas organizaciones y presos políticos del mundo que han estado junto a nosotros, esta próxima jornada internacional la están tomando en sus manos e impulsando en el mundo.

Para seguir coordinando y organizando nuestra lucha, una delegación de nuestra Comisión estará viajando a Buenos Aires esta semana para entrevistarse con todos los trabajadores y organizaciones que han sido solidarias con nuestra lucha, para coordinar juntos la pelea. Para esto, realizaremos junto a ATE una Conferencia de Prensa para describir la pelea que estamos dando y los pasos hacia el 12 de diciembre.

Estaremos también, porque es la misma pelea, junto a los compañeros de la CORREPI en la presentación anual que hacen de los casos de gatillo fácil, entre otras actividades.

Quisiéramos tener una entrevista con todos los compañeros y organizaciones que integran el Comité y sería una excelente posibilidad para volver a reunir al Comité por la absolución de Buenos Aires, para seguir organizando y coordinando la Jornada del 12 del 12 y la lucha, porque esta situación ya no se aguanta más. Se hace más urgente que nunca la necesidad de poner en pie una Mesa Coordinadora Nacional, no podemos seguir luchando separados.

Les reiteramos entonces nuestro llamado ya que con muchos de ustedes hemos estado juntos en el Congreso que realizamos el 12 de octubre del año pasado y con una gran delegación han estado con nosotros y nuestras familias el 12 de diciembre, cuando el tribunal videlista nos condenó a cadena perpetua y cárcel.

Necesitamos hoy más que nunca redoblar los esfuerzos por conquistar la libertad de todos los presos políticos y sociales, nuestra absolución y el desprocesamiento de todos los trabajadores perseguidos.

Un abrazo solidario.

¡Si tocan a uno, nos tocan a todos!

Comisión de trabajadores condenados, familiares y amigos de Las Heras

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Argentina, Río Negro: ATE denuncia la situación en las cárceles

ANB - ACTA

“Las cárceles de la provincia empeoran cada día”. Cableados a la vista, enchufes y tomas en el exterior, filtraciones de agua y baños sin inodoros, son algunas de las falencias encontradas en un relevamiento que realizó el gremio en los penales de Viedma y Roca. Fuentes de ATE aseguraron que también realizaron un relevamiento de las condiciones edilicias de los penales de Cipolletti y Bariloche. Confiaron que los resultados de las recorridas serán difundidos durante los próximos días.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que pudo constatar a partir de un relevamiento realizado por delegados gremiales y por los propios agentes civiles del Sistema Penitenciario Provincial (SPP), que las condiciones en las cárceles de la provincia, “lejos de mejorar luego de varios anuncios de inversiones por parte del gobierno, empeoran cada día”.

Para el sindicato “no es un buen síntoma y retrasa las posibilidades de avanzar ‎en las urgentes soluciones que requieren cada uno de los establecimientos penales de la provincia, el hecho que el nuevo Ministro de Seguridad y Justicia Guillermo Pérez Esteban niegue la realidad, por desconocimiento de las funciones a su cargo o por una estrategia política equivocada”.

La entidad gremial confeccionó un archivo con fotos e informes de la mayoría de los establecimientos de ejecución penal de la provincia, en el que se muestra las condiciones edilicias deplorables que afectan cotidianamente a presos y trabajadores.

Este primer estudio realizado por los delegados sindicales comprende la mayoría de las dependencias de los Penales 1 y 2 de Viedma y Roca respectivamente.

“Los representantes sindicales corroboraron que la mayoría de las paredes se encuentran electrificadas como consecuencia de la permanente humedad; además de la existencia de cableados a la vista, enchufes y tomas en el exterior; que existen permanentes filtraciones de agua, puestos de control sin puertas, que los baños no pueden ser utilizados porque no tienen luz, grifería, ni tampoco inodoros, y que las cocinas se encuentran vacías de artefactos”, se indicó desde el sindicato en una gacetilla de prensa. “Ya existen empleados con antecedentes de accidentes laborales a partir de la manipulación de llaves y enchufes que no cumplen las normas mínimas de seguridad”, señalaron.

"‎Las condiciones que deben enfrentar los trabajadores y presos en las cárceles de la provincia, cada día que pasa, se agravan más. La postura asumida en los primeros días de gestión por el nuevo Ministro de Seguridad y Justicia, nos aleja de las esperanzas de que algo cambie, toda vez que ha decidido invisibilizar los problemas y negar la realidad", manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro.

"Estamos evaluando la realización de protestas para esta semana en la capital provincial, ya que hasta aquí no ha existido ninguna señal concreta de cambio por parte del gobierno", afirmó.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.