miércoles, 21 de enero de 2015

AMIA: Dos décadas de interrogantes

RED ECO

La aparición sin vida del fiscal Alberto Nisman, quien estaba a cargo de la investigación en la causa por el atentado a la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), suscitó una ola poco discreta de polarización política y comentarios enfrentados. Sin embargo, más allá del dualismo entre el oficialismo y la oposición, la muerte de Nisman interpeló al grueso de la población argentina bajo la figura de un gran interrogante.

La madrugada de ayer, el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que el fiscal federal había sido encontrado muerto en su departamento del piso 13 de la torre Le Parc, en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esa mañana, el jefe de ministros Jorge Capitanich, ratificó el comunicado del Ministerio de Seguridad. "Es todo lo que tenemos para informar", agregó.

Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo pública una carta a través de la red social Facebook, en la cual manifestó su pesar por la muerte de Nisman y sugirió varias dudas respecto a lo sucedido y a la hipótesis del suicidio, desprendida de las pericias policiales. En tanto a la causa AMIA y el juicio por encubrimiento, Cristina sostuvo que se intenta hacer lo mismo que se hizo con el juicio principal hace dos décadas: "desviar, mentir, tapar, confundir".

Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero (PO) acusó al Ejecutivo por su silencio, lo cual -manifestó- "muestra la crisis política que deja en evidencia el asunto". Además, dijo que "la muerte de Nisman deja en evidencia la gravedad de esta guerra de servicios, en la cual el Estado Nacional es "el principal responsable de lo ocurrido" ya que el fiscal poseía "información altamente explosiva que comprometía a figuras del gobierno", y donde "los servicios de inteligencia juegan un rol primordial".

En el mismo sentido, un documento difundido por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) esgrime: "Veinte años de impunidad en el caso AMIA retornan dramáticamente hoy en forma de una abierta disputa en los servicios de inteligencia, cuyas consecuencias está pagando el conjunto de la sociedad". Desde la CTA expresaron que "es difícil pensar que alguien que haga una denuncia del calibre de la hecha por Nisman (...) se suicide".

De esta manera, la Central de Trabajadores se sumó a los pedidos del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) en lo que respecta a la necesidad de crear una comisión investigadora independiente y de abrir los archivos secretos del Estado.

Entre sus principales puntos, el FPDS apuntó a la polarización política y a la utilización del episodio por parte de la oposición para "reinstalar un alineamiento con los Estados Unidos" y al intento de la derecha por "capitalizar la muerte". Por ello, desde el espacio repudiaron la movilización en Plaza de Mayo y, por otro lado, remarcaron que era necesario efectuar profundos cambios en los "oscuros casilleros del Estado".

APEMIA, por su parte, exigió el esclarecimiento de lo sucedido y rechazó la propuesta de "un sector de la oposición" para que la Corte Suprema de Justicia se haga cargo de investigar tanto la muerte de Nisman como el atentado a la AMIA.

"Hace diez años, en marzo de 2005, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los Derechos Humanos, por no haber prevenido los hechos, por la denegación de justicia a causa del encubrimiento, por el encubrimiento y por el incumplimiento del deber de investigar. En esta oportunidad el Estado se comprometió a informar a la población, investigar los hechos, prevenir su repetición, compensar los daños y reformar la Ley de Inteligencia. Estos compromisos no se cumplieron", expresó en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Dentro de la confusión, lo único claro es que, tras veinte años de impunidad, aún no hay respuestas.

Con la intención de que "el atentado sea esclarecido en su totalidad" y de que "los responsables sean sometidos ante la justicia", la DAIA y la AMIA solicitaron que se continúe trabajando para que la muerte del fiscal Nisman no constituya la muerte de la Causa que dejó 85 víctimas fatales, el 18 de julio de 1994.

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