miércoles, 7 de enero de 2015

Andorra, el paraíso perdido

Brais Benítez (LA MAREA)

En el control fronterizo de La Farga de Moles, principal vía de entrada a Andorra desde España, agentes de aduanas de la Policía Nacional efectúan controles aleatorios a los vehículos. Los precios en Andorra siguen siendo relativamente bajos respecto a los españoles y el país continúa recibiendo a miles de compradores. Las limitaciones en la cantidad de tabaco, productos de alimentación o electrónica que pueden cruzar la frontera son claras, pero es habitual pasar por la aduana sin ser interceptado.

Por eso, la avenida principal de la capital, Andorra la Vella, está repleta de personas que transitan de comercio en comercio en busca de la mejor oferta. “Es el deporte nacional, hablar con todo el mundo”, comenta el dependiente de una tienda de electrónica. Aunque las diferencias de precio no son tan abultadas como hace años, cuando ciudadanos españoles hacían cola en las carreteras para ir a comprar azúcar o mantequilla.

El lujo es ostensible por doquier. Paneles luminosos deslumbran al visitante. Las mayores cadenas de productos de alta gama tienen un establecimiento allí. Rolex, Bulgari (la reputada firma italiana de joyas y diamantes) o Ferrari están representados en la avenida. Es el resultado de la enorme cantidad de dinero que durante décadas ha circulado por Andorra. Un país con menos de 80.000 habitantes y apenas 468 kilómetros cuadrados cuyos bancos gestionan recursos por alrededor de 25.000 millones de euros al año.

Buena parte del dinero llegó a Andorra atraído por el secreto bancario que durante años convirtió a este pequeño país enclavado entre montañas en un refugio ideal para las fortunas personales de las élites españolas. Pero el paraíso fiscal más cercano a España ya ha dejado de serlo. Al menos sobre el papel. En el 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) borraba a Andorra de la lista de los paraísos fiscales tras el acuerdo de intercambio de información en materia fiscal con España que había firmado el año anterior. Los avances en transparencia e imposición fiscal, sin embargo, habían comenzado ya un tiempo atrás.

En el 2006, el alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, y el exregidor de la misma localidad, Joaquín Tejeiro, se dirigieron a Andorra con casi un millón de euros en efectivo. Al llegar al banco andorrano Andbank, la entidad les preguntó por el origen del dinero, un extremo que no llegaron a justificar. La Unidad Central de Información del país pirenaico lo comunicó al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de capitales (Sepblac) del Banco de España. Al volver a Madrid, los exediles fueron llamados a declarar por la policía. El caso corrió rápidamente de boca en boca. Cundió el miedo. Andorra ya no era un país seguro para evadir capitales.

Por aquel entonces, la presión internacional sobre el paraíso fiscal ya había comenzado a dar sus frutos, pero las bolsas de dinero negro seguían llegando al país. No fue hasta enero del 2010 cuando el convenio entre el Gobierno español y su homólogo andorrano suprimió el secreto bancario. “Técnicamente, Andorra ya no es un paraíso fiscal. Es de los que está haciendo los deberes y ha dejado de ser un chico malo”, explica Álex Madariaga, que durante años prestó sus servicios en la Agencia Tributaria y, más recientemente, en la Oficina Antifraude de Cataluña. “La voluntad era y es avanzar en la transparencia y la colaboración dentro de los estándares de la OCDE”, sostiene el ministro de Finanzas y Función Pública de Andorra, Jordi Cinca.

Tras la firma del convenio, el Gobierno andorrano avisó a sus bancos, y éstos a sus clientes, de que comenzaría el flujo de información. “Se sabe que hubo una gran filtración de fondos que estaban en Andorra hacia otros países. Es fácil mover el dinero, eso no supone un problema”, señala Madariaga. Cuando a finales de año la administración andorrana publicó la lista con los depósitos de titulares españoles en el país, gran parte de los fondos ya habían volado.

Parte de estos fueron a parar a las sucursales que las mismas entidades financieras andorranas abrieron en otros países. “Tienen una visión de futuro mayor que los políticos y supongo que ya preveían los cambios legislativos”, apunta Isabel Lozano, portavoz y fundadora del partido de los Verdes de Andorra. Lozano, que antes de crear el partido formó parte de la organización ATTAC, duda de los resultados del acuerdo: “Ahora hay unas medidas muy específicas para abrir una cuenta en un banco, pero si ya la tienes abierta… estas maneras de trabajar se han llevado mucho en secreto”.

El mismo Madariaga señala que la falta de sanciones estrictas para las entidades financieras que incumplan la ley dificulta forzar a los bancos a ajustarse a la normativa. “El problema es que la presión internacional debe ser sobre los Estados, y los Estados presionar a los bancos. Desgraciadamente, los bancos son entidades tremendamente poderosas, y en la mayoría de ocasiones quien manda no es el político, sino el banco”.

Burbuja de precios por la invasión de capital

El flujo de dinero hacia los Pirineos trajo de la mano un aumento considerable de los precios. La especulación expulsó a los pequeños comercios y generó un enorme boom inmobiliario. Hace apenas siete años, 500 camiones bajaban diariamente hacia España cargados de escombros. “Los mismos errores que se cometieron en otros lugares los hicimos nosotros aquí”, asegura Lozano. La economía andorrana, basada casi exclusivamente en el turismo y los servicios, ha sufrido en consecuencia la crisis española. Los impuestos derivados de la construcción cayeron en picado. Andorra se vio obligada a impulsar el cambio de su modelo económico que pasaba por igualarse a los estándares europeos.

Los impuestos son todavía relativamente bajos. Y recientes. Hasta el año pasado no se implementó un Impuesto General Indirecto (IGI), equivalente al IVA español, que se sitúa actualmente en el 4,5%. De cara al año próximo, está previsto que entre en vigor un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). “Es necesario diversificar los ingresos del Estado y situarlos a un nivel que nos permita alcanzar el equilibrio presupuestario, y garantizar un nivel de servicios e infraestructuras propias”, argumenta Jordi Cinca.

“Estas imposiciones han llegado en mal momento, con la peor crisis en años, pero eran imprescindibles para firmar los acuerdos de no doble imposición con los demás países”, señala Lozano. Mientras atiende a La Marea en un comercio de productos para animales en La Massana, un pequeño núcleo en el camino a las pistas de esquí, se levanta un intenso viento que hace volar la nieve acumulada. Recibe el nombre de torb, y es muy común en tierras andorranas durante los meses fríos del año y un gran peligro si pilla a algún despistado en plena montaña.

Con un salario mínimo superior al español y una tributación casi inexistente sería lógico pensar que los ciudadanos andorranos disfrutaban con la condición de paraíso fiscal de su país. Lozano lo desmiente: “Es verdad que el dinero que se ha evadido a Andorra a algunos les ha ido muy bien, pero a la población en general creo que nos perjudicó, y muchísimo”. Y argumenta que la evasión fiscal provocó el encarecimiento de pisos y comercios. Llegaba mucho dinero para pagarlos, así que la población local quedó excluida.

Fue la presión exterior la que obligó al gobierno de Andorra a comenzar a desmontar el ‘paraíso’. La participación en la política y en las decisiones que afectan al país de gran parte de la población es casi inexistente. En buena parte debido a que para ser ciudadano andorrano y tener derechos políticos hace falta haber residido 20 años en el país. La mayor parte de la población proviene de otras partes de Europa y no se ha implicado en la comunidad. “Hay una parte que está muy implicada, pero otra parte muy grande se queda completamente al margen, no participa de las inquietudes porque entre otras cosas no les hemos dado la oportunidad de integrarse, de poder votar en unas elecciones”, expone Lozano.

El número de electores ha ido en aumento cada año, hasta superar los 20.000 en la actualidad, pero aún son minoría. En el referéndum sobre la Constitución que se aprobó en 1993, por ejemplo, sólo pudieron votar 6.000 personas. “Antes de la constitución el poder lo tenían las familias, tú eras pro-Reig o pro-Pintat. Contaban los votos que iban a sacar antes de los comicios, porque tenían a los votantes muy controlados”, explica la portavoz de los Verdes.

La apertura de Andorra a los estándares europeos, si bien le queda aún mucho camino por recorrer, se revela como fundamental para “atraer inversión extranjera, diversificar el tejido productivo y facilitar a los empresarios y profesionales andorranos su internacionalización”, apunta el ministro. La supresión del secreto bancario y la implementación progresiva de impuestos debe servir también para mejorar la imagen de Andorra en el exterior. Lozano lo resume: “Hemos empezado a abrirnos a otros mercados de cara al turismo y tenemos que cambiar mucho la mentalidad. Andorra debe ser una Andorra de servicios, hasta ahora sólo tenías que abrir el cajón y guardar el dinero”.

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