lunes, 5 de enero de 2015

Argentina, Rosario en 2014 cerró con un índice de 21 homicidios cada 100 mil habitantes: Sin control

REDACCIÓN ROSARIO

Desde el desembarco de la Gendarmería para “terminar” con la “guerra narco”, hasta la muerte de Franco Casco, el año que se fue volvió a estar marcado por el desgobierno policial y un entramado de relaciones que se funden con la criminalidad organizada.

Bandas narco disputando territorios, una tasa de 21 homicidios cada 100 mil habitantes, policía corrupta, justicia lenta, pibes que se mueren en los barrios sin que a nadie les importe. Rosario, ciudad de grandes edificios y grandes villas que engendró y parió en la última década un territorio en extremo desigual que engulle y vomita a sus hijos más humildes a los que sólo les reserva las tareas menos gratas y peor remuneradas del sistema.

El 2014 fue un año marcado por la violencia. Los homicidios en los barrios de la ciudad son una especie de epidemia que ataca a los jóvenes pobres y que parece no detenerse. Mueren los pibes que roban, los que trabajan en búnkers, los que se rescataron, los que no tienen nada que ver, los que tienen un patrullero en la puerta. Una escalada que empezó en 2009 y que cierra este año con unos 250 homicidios. La explicación, desde el gobierno, fue cargar las tintas en el fenómeno del narcotráfico, que si bien no es un tema menor, sólo explica un 20 por ciento de los crímenes que se cometen al año. La mayoría obedece a la larga lista de peleas interpersonales, disputas territoriales, un fenómeno que cada vez siembra más muertes y está potenciado por la gran cantidad de armas ilegales que circulan en la periferia. También es escaso el porcentaje de la muerte en ocasión de robo, sin embargo, depende del lado de la avenida en que pegue la bala genera movilizaciones y parece poner al gobierno en jaque, al menos por unos minutos. Un combo de problemas de difícil solución que tiene un denominador común: la Policía. Bandas que crecen al amparo policial, armas que nadie sabe de dónde provienen, zonas liberadas para arrebatadores y escruchantes, y una policía autogobernada que –según parece– no está en los planes del gobierno controlar. Este año debutó el nuevo sistema penal, que habilitó las fiscalías como el nuevo espacio en el que se investigan los delitos. Un debut complejo si se tiene en cuenta que hay poco personal para semejante desafío y que quienes están a cargo de las pesquisas son los policías del viejo sistema.

Narcotráfico

Los escándalos que rodean las causas por narcotráfico estuvieron a punto de estallar varias veces, pero nada de eso ocurrió. En los últimos días de 2013, Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli eran asesinados a balazos en la zona sur, cerca de la avenida Circunvalación. Sin que apareciera vinculado a causas de narcotráfico, el nombre de Medina sonó fuerte en su último intento por blanquearse con la fallida puesta del boliche Esperanto que finalmente fue cerrado frente a las protestas de los vecinos de 9 de julio y Presidente Roca. Pero su muerte, que los investigadores atribuyen a una venganza, desató más polémica. Un capítulo más en una guerra narco que salpicó al gobierno. Es que la computadora que Medina llevaba en el auto la noche en la que lo mataron fue trasladada a una dependencia del gobierno provincial para su desbloqueo, lo que representa una terrible irregularidad ya que ningún juez autorizó el traslado. El comisario Guillermo Morgans, uno de los primeros en llegar a la escena del crimen, fue asesinado poco tiempo después en un robo que a muchos de los investigadores no les cierra. Como si fuera poco, la División Judiciales –la niña mimada del gobierno provincial, que después fue disuelta– intentó allanar la vivienda de Medina en un country de Pilar, pero sin contar con una orden judicial, ya que ni siquiera formaban parte de la investigación. La causa Medina lejos está de terminar y promete dar más de un dolor de cabeza al gobierno provincial en un año electoral. De hecho, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, lleva adelante una investigación donde ya declararon policías y familiares de las víctimas que muestran episodios poco claros en torno a la investigación.

Sin embargo, la causa judicial emblemática, es decir la nave insignia que el gobierno comandaba con el juez Juan Carlos Vienna y la División Judiciales, es la que investiga la muerte de Martín Paz. Conocida como “Megacausa Los Monos”, se caracterizó por intentar pisar el terreno que le corresponde a la Justicia Federal y terminó develando una asociación ilícita de la que participaron varios policías. La causa fue funcional al gobierno, ya que día a día se exhibían allanamientos, desbaratamientos de cocinas y el modo de vida de los Monos, lo que durante un buen tiempo creó la ilusión de una pelea contra el narcotráfico que no era tal. El juez Vienna fue cuestionado por sus reiterados viajes a Estados Unidos, ya que solía abordar en el aeropuerto con pocos minutos de diferencia con Luis Paz, el padre de Martín Fantasma Paz. Luego, apareció una foto en la que se los veía juntos en la platea de una pelea de box y, tiempo después, una filmación en la que Vienna le aconsejaba a un policía imputado “cambiar de abogado” si pretendía quedar en libertad. Sin embargo, el magistrado sigue a cargo de la causa y nada de eso fue investigado.

Gendarmería

Los primeros días de abril se produjo un espectacular desembarco de las fuerzas federales en la ciudad. Derribaron búnkers de droga y se instalaron en los barrios más conflictivos, donde los vecinos festejaban la llegada de los nuevos uniformados. No tardó demasiado en complicarse. Las organizaciones sociales y religiosas empezaron a denunciar excesos, a la vez que en los barrios en los que los gendarmes no habían llegado, comenzaron a reclamar su presencia. Los federales fueron abandonando barrios específicos para patrullar distintas zonas de la ciudad. En su lugar, aparecieron los nuevos integrantes de “La Santafesina”, jóvenes recién egresados y muchos de los cuales ni siquiera conocían Rosario, ya que venían del norte de la provincia. La experiencia no fue exitosa y ni la violencia ni el delito lograron disminuir.

Entraderas

Los arrebatos representaron históricamente uno de los delitos más comunes en la ciudad. No se trata de un robo que comete un improvisado, se necesita cierta destreza para bajar de una moto, apoderarse de una cartera y seguir camino. Pero pese a que los arrebatos se repiten en el centro y en los barrios, no se previenen y no existe una inteligencia previa para determinar de donde provienen los arrebatadores y sus motos.

Pero la característica de este 2014 estuvo dada por violentas entraderas, muchas de ellas con sus moradores adentro, y muchas otras rompiendo puertas de ingreso con total impunidad. Una de esas, que ocurrió en Lima y Eva Perón, terminó con la vida de Mariano Bertini, un pibe de 22 años, hijo y nieto de empresarios. La respuesta fue una marcha al Monumento en reclamo de seguridad.

Los muertos

En marzo de este año, la sociedad se dividía. Un pibe de 18 años fue linchado por una horda de vecinos tras intentar cometer un arrebato. Desarmado, flaco, y sin demasiada destreza, fue salvajemente golpeado. Por ese hecho hubo dos detenidos que rápidamente obtuvieron la prisión domiciliaria y la baja de la calificación del delito. Un mensaje claro a la sociedad, ya que por este tipo de hechos no hay castigo.

Otro de los casos emblemáticos fue la desaparición de Franco Casco, en octubre pasado. Pese a las denuncias hechas por sus padres, nadie lo buscó. Fue detenido en forma irregular, alteraron el libro de guardia, montaron una filmación en una iglesia y lo fotografiaron golpeado. Su cadáver apareció flotando en el río y la causa pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada de persona.

En noviembre fue asesinada Norma Bustos, una mujer que denunció a los hermanos Miltón y José Damario como los autores del homicidio de su hijo. Una semana después, asesinaban al padre de los Damario.

Periodistas

Si bien durante todo el año hubo hechos de amedrentamiento contra trabajadores de prensa, el hecho más grave fue la amenaza que recibió el periodista del diario La Nación, Germán de Los Santos. Otra vez Rosario fue tapa de los diarios nacionales y, en una masiva concentración en la puerta de Gobernación, se criticó duramente la situación en la que viven los rosarinos en materia de seguridad y la falta de medidas para combatir el flagelo.

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