viernes, 30 de enero de 2015

Boletín informativo de CORREPI

Estados Unidos: De la práctica a la realidad / Yo te robo, yo te vendo la seguridad / La UOCRA y la represión tercerizada / La tortura y las muertes en cárceles no son casos aislados sino política de estado / Marchaban contra la represión, y los baleó la policía.

Estados Unidos: De la práctica a la realidad
Los policías de Florida, en Estados Unidos, llevan adelante sus prácticas en condiciones que pretenden simular la realidad. Según J. Scott Dennis, jefe de la Policía de North Miami Beach “es necesario que todo policía esté preparado para enfrentar la realidad (...), el reconocimiento facial es crucial a la hora de portar un arma y saber utilizarla”. De esta forma Dennis intentaba explicar por qué la policía utiliza, en sus entrenamientos, fotos de jóvenes negros detenidos en los últimos meses para sus prácticas de tiro.
Lo cierto es que, en la realidad, los policías de Estados Unidos aplican lo que se les enseña y aprende. En el último año, fueron varios los casos conocidos de pibes negros fusilados por la policía, como Dontre Hamilton en Milwakee; Michael Brown, en Ferguson; Tamir Rice, de 12 años, en Cleveland; Akai Gurley en Brooklyn; Levar Jones en Columbia; Ezel Ford en Los Angeles; John Crawford en Ohio y Eric Garner, en Nueva York. A ello se sumó, el 30 de diciembre de 2014, el fusilamiento de Jerome Reid en Nueva Jersey. Cabe aclarar que los policías implicados en la seguidilla de asesinatos no fueron detenidos, enjuiciados ni acusados judicialmente, luego de que toda la institución policial de Estados Unidos haya encarado una suerte de protesta, que consistió en no llevar adelante sus tareas cotidianas: detenciones arbitrarias.
Jerome y sus amigos viajaban en su auto cuando la policía los detuvo en el marco de controles masivos que estaban haciendo en la ruta. Jerome no tuvo tiempo de bajar del auto, ya que el agente de policía Braheme Days disparó seis veces contra él, asesinándolo en el acto.
Las caras de los jóvenes negros que hoy pueblan las manifestaciones en todo Estados Unidos contra la represión policial, son sólo una ínfima parte del resultado concreto del accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad yanquis, que asesinan un promedio de 400 personas por año, número que incluye dos pibes negros asesinados por semana. Así se sostiene el sistema democrático más “firme” del mundo.
Por supuesto, Estados Unidos no es una excepción. En Brasil, el 14 de enero, es decir la misma semana que la que la cúpula de la policía norteamericana intentaba justificar sus prácticas de "tiro al negro", Patrick Ferreira Queiroz, de 11 años, era fusilado de un tiro al corazón por la policía militarizada de Todos Os Santos. Una semana antes, Patrick había sido arrestado por la misma policía que lo mató. Al asesinarlo, los agentes brasileros se justificaron diciendo que Patrick tenía un arma en su mano, arma que naturalmente nunca se encontró.
No es casualidad ni error. Si en Argentina son los pibes de las barriadas populares a quienes la policía constantemente intenta controlar, en Estados Unidos este objetivo tiene como protagonistas a los jóvenes negros de los barrios más alejados de las postales veraniegas o las escenas hollywoodenses, y lo mismo sucede con los pibes que viven en las favelas de Brasil. Control social y disciplinamiento, si no es con consenso, es con represión.

Yo te robo, yo te vendo la seguridad
La publicidad del Operativo Sol de la provincia de Buenos Aires nos dice que hay 12.000 policías en la costa prestándole atención a la multitud veraniega. El objetivo de tamaño operativo es que todo aquel que elija pasar sus vacaciones en la playa “se sienta seguro”. Habría que preguntar si la sensación de seguridad también abarca a los cientos de jóvenes que, lejos de ser turistas, viven en los barrios más excluidos, aquellos que no visitan la playa sino las comisarías, ya que la policía incrementa notablemente las detenciones arbitrarias en toda la costa durante el verano.
También podemos preguntar a los vecinos de Las Toninas, que debían pagarles al jefe de calle y al comisario a cambio de “seguridad”. Si elegían no pagar, les explicaban los emprendedores policías, iba a ser difícil garantizar que no los asaltaran.
El 19 de enero de este año, cuando arrancaban los primeros días de la segunda quincena, tanto el comisario como el jefe de calle fueron detenidos y acusados de extorsión, luego que varios vecinos se animaron a organizarse para denunciar el hecho públicamente.
Este es un ejemplo más de que cómo funciona a dos puntas la criminalidad policial: o te roban, o te extorsionan para no robarte.
En la misma semana, y bien lejos de la costa, en la provincial de Chaco, la noticia fue que otro comisario, Marcos Vivero, fue detenido después que un pibe, apoyado por su papá, se animó a denunciar que el jefe policial lo estaba extorsionando. Resulta que el 31 de enero un comerciante fue asaltado, y le robaron $40.000. Un chico de 19 años fue acusado del robo, pero pronto fue liberado ya que no tenía nada que ver. Poco después, fue objeto de una maniobra extorsiva, y cuando fue a la comisaría a denunciarlo, descubrió que el comisario y un cabo eran los que se quedaban con el dinero. Naturalmente la maquinaria judicial intervino, se pulieron los cargos contra el comisario, y ya salió en libertad con una imputación excarcelable, encubrimiento de robo e incumplimiento de deberes funcionales.
Un último ejemplo, también de Chaco, de la localidad de Sáenz Peña, muestra que aprenden estas mañas de chiquitos. A un vecino le robaron una moto, y luego empezó a recibir mensajes pidiendo un “rescate” para devolvérsela. Claro que resultó que el ladrón/extorsionador era un cadete de la policía provincial, de 22 años, que ya cumplía tareas como “caminante”, es decir, patrullando la calle. En el domicilio del pichón de represor, además de la moto robada, se secuestraron armas y una fuerte suma de dinero, lo que permite suponer que en materia delictual no era un principiante.
Quienes justifican su presencia y la militarización de nuestros barrios basándose en la inseguridad, son los mismos que la fabrican. Una vez más, la inseguridad es la policía en la calle.

La UOCRA y la represión tercerizada
Cuando hablamos de represión tercerizada no pretendemos inaugurar categorías en abstracto, sino que apuntamos a analizar en concreto una forma de funcionamiento, una práctica sistemática, sus orígenes y sus objetivos, basándonos en los hechos reales.
El martes 20 de enero, en horas del mediodía, una reunión de trabajadores de una obra pública de instalación de antenas de telefonía móvil situada en el Barrio Industrial de Caleta Olivia fue interrumpida por una patota de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, seccional Santa Cruz) liderada por su Secretario General, Cristian Zalazar, que exigía a todos los presentes que se desafiliaran de la delegación local del SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines) y se pasaran a su lista, amenazando con parar la obra si no lo hacían.
Frente a esta situación, el Delegado Coordinador del SITRAIC local, Alejandro Lugo, se hizo presente para defender la representatividad gremial de los afiliados e invitando a la conducción de la patota a retirarse. Frustrado el apriete, se produjo una discusión entre comisiones que terminó con seis balazos sordos que llovieron desde la camioneta de Zalazar hacia la reunión de trabajadores. Uno de los seis impactó en la pantorrilla de Lugo, antes de que la patota se retirara en su camioneta Amarok blanca, propiedad de una empresa minera de la zona. El Delegado del SITRAIC denunció, horas después, que estas situaciones “son comunes”, ya que “no es la primera vez” que recibe un disparo de la UOCRA. Meses atrás, recordó, “me balearon la camioneta y fue la misma persona que hoy me disparó”.
Sabemos que -como dijo el compañero Lugo- no es la primera vez que pasa algo así: no lo fue para el SITRAIC en su larga experiencia con las patotas de la UOCRA, tampoco lo fue para Mariano Ferreyra cuando fue asesinado por la Unión Ferroviaria, como tampoco lo es históricamente para la clase trabajadora y el campo popular en Argentina el protagonismo de la burocracia sindical -y otras fuerzas parapoliciales- como fuerza de choque que reemplaza el rol del aparato represivo del Estado y garantiza el cumplimiento de su función: reprimir, desbaratar, desorganizar los núcleos que se organizan y luchan. La diferencia no radica en los métodos, tampoco en los límites de la ley -que no los reconoce igual, pero sí los ampara lo mismo-, sino en el costo político que paga la clase dirigente.
La represión tercerizada entonces, es -hasta ahora- una de las formas más efectivas que ha encontrado el estado para reprimir a los trabajadores y el pueblo con jabón en mano: la responsabilidad política queda en otro lado.

La tortura y las muertes en cárceles no son casos aislados sino política de estado
La tortura y la muerte en las cárceles argentinas son parte de una cruda realidad que sufren las personas privadas de su libertad y una metodología represora que en el primer mes del año 2015 suma víctimas. La Procuración Penitenciaria de la Nación es contundente en el registro de fallecimientos bajo custodia del SPF de los últimos siete años. El organismo oficial, que depende del ministerio de Justicia, informa en su web que en 2009 se registraron 47 muertes, 33 en 2010, 38 en 2011, 56 en 2012, 45 en 2013 y 51 en 2014. En el primer mes de este año registraron dos. Sobre los casos de torturas documentados, informan que en 2008 sucedieron 113 casos, 197 en 2009, 204 en 2010, 403 en 2011, 441 en 2012, 724 en 2013 y en 2014, hasta el 15 de octubre, 520 de casos de tortura. En ambos casos, además de tratarse de datos acotados a unidades penitenciarias federales, sólo se registran los hechos que llegan al conocimiento de la PPN.
En las últimas semanas, tres hechos violentos de torturas y muertes en cárceles tomaron estado público por la convicción de familiares de denunciarlos públicamente para quebrar la impunidad. Son los relatos que dan cuerpo y rostro a los números estadísticos la Procuración Penitenciaria de la Nación.
El 22 de enero, un detenido de avanzada edad falleció en el Pabellón C de la Unidad Residencial I de Ezeiza, destinado al alojamiento de personas bajo medida de resguardo de integridad física. Sus compañeros de alojamiento cuentan que los guardiacárceles lo obligaron a correr bajo amenazas, hasta que cayó muerto en su celda con el corazón agotado.
La madrugada anterior, otro detenido, muy joven, murió por ahorcamiento dentro de las celdas de aislamiento del Pabellón H de la Unidad Residencial IV del mismo complejo. Unos días antes había hecho una denuncia por torturas.
Finalmente, el miércoles 21 de enero, Walter Lautaro Pereyra Carballo, de 23 años de edad, fue víctima de torturas por parte de personal penitenciario de la Unidad 5 de Mercedes, con la presencia e intervención de Diego Pérez, jefe del penal, quien amenazó de muerte al joven durante la visita delante de su compañera.
Walter Pereyra, padre del joven e integrante de CORREPI, respira profundo. Exhala su aire, imagina el momento por el que pasa su hijo cuando el infierno abre las puertas y las bestias descargan su furia e impunidad. Fue trasladado de la Unidad 11ª de Baradero hacia Mercedes por un comparendo: "Lo trajeron de vuelta a Mercedes y permaneció diez días en esa unidad. Una semana antes del 21 de enero, subió a comparendo, tuvo visita y sufrió una convulsión. Fue medicado. Pero el 21 de enero tenía otra visita con la novia a quien no la dejaban pasar. Ingresó como a las 10 de la mañana, pero apareció Diego Pérez, Jefe del Penal de Mercedes y un tal Martínez, Jefe de Turno. Le comunican a mi hijo que se terminó el horario de visita, pero él se niega a aceptar la orden porque la visita terminaba a las 16:00. En ese instante, Diego Pérez le dice: ”Tan bueno sos, te voy a recagar a palos, te voy a mandar a buzones, voy a hablar con unos internos para que te recaguen a puñaladas”. Cuando terminó la visita le dieron una paliza tremenda".
La conciencia adquirida por la fuerte militancia de Walter, posibilitó el rescate de su hijo, para reintegrarlo a Baradero: “Llamé al Servicio Penitenciario. Les dije que integro CORREPI y exigí que lo devuelvan a la Unidad 11 de Baradero. Les dije que presentaría un habeas corpus. Ese mismo día, el 21 de enero a la noche, ya lo estaban sacando. La Unidad Nº 11 de Baradero no lo quería recibir porque estaba todo golpeado, pero mi hijo les suplicó que no lo mandaran de vuelta a Mercedes. Después de la paliza lo dejaron esposado, entre siete horas, dentro del buzón. Tenía golpes en la espalda, el tórax, le destrozaron la boca, la cabeza. Tengo todas las fotos. En la fiscalía de Mercedes radiqué una denuncia penal contra agentes del Servicio Penitenciario”.
El gobierno de los Kirchner es el campeón de la violación de los Derechos Humanos. Es el que más presos políticos ha tenido a lo largo de su mandato, el de más muertos por el gatillo fácil, el de más muertos en cárceles y comisarías. Contra este escenario de represión estatal, la lucha organizada es fundamental para visibilizar y denunciar una política de estado: la represión.

Marchaban contra la represión, y los baleó la policía
En el Boletín nº 747 denunciábamos que el 16 de enero, en la comisaría 27ª de Godoy Cruz, Mendoza, Leonardo Adolfo Rodríguez, de 20 años, detenido dos horas antes por la inefable averiguación de antecedentes, había muerto en la celda, en un inverosímil suicidio.
La creciente organización de la militancia antirrepresiva en la provincia de Mendoza rodeó a los familiares y amigos, que desde entonces vienen movilizándose, y enfrentando la represión.
La primera marcha, horas después del hallazgo del cuerpo, reunió unos 500 vecinos que se manifestaron por el centro de la ciudad, que no llega a los 190.000 habitantes, bajo la consigna “A Leo lo suicidó la policía”. Terminada la actividad, cuando los manifestantes regresaban al barrio Parque Sur, fueron emboscados por personal policial, que los atacaron sus armas reglamentarias. Un chico de 14 años recibió un disparo de bala de plomo, y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Notti. Varios jóvenes fueron atropellados por policías de la división Motorizada y muchas de las viviendas fueron baleadas en sus frentes.
En un comunicado que firman las organizaciones mendocinas que están acompañando a los vecinos y familiares de Leonardo (Observatorio de la Violencia del Estado en Mendoza, La veleta y la antena, Coordinadora Antirrepresiva Mendoza, Partido de los Trabajadores Socialistas -PTS-, CTA Guaymallén, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria -MIR-, Aristazo por el Agua Pura, Sur para la Emancipación; Juventud Insurgente, La Mosquitera, Talleres Creativos El Picaporte, Raíz Popular, Biblioteca Mirador de Las Estrellas), y al que CORREPI adhiere, los compañeros convocan a todas las organizaciones antirrepresivas a sostener la lucha que están llevando adelante en la provincia de Mendoza contra el gatillo fácil y la tortura seguida de muerte en manos de las fuerzas represivas del estado.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.