jueves, 22 de enero de 2015

Caso Nisman y demandas de la izquierda

Rolando Astarita

A raíz de la muerte de Alberto Nisman -el fiscal que denunció a Cristina Kirchner por encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA- se vuelve a poner en primer plano el rol de los aparatos represivos del Estado, y más en particular, los de inteligencia. En esta breve nota quiero referirme a las demandas que ha levantado una parte importante de la izquierda marxista ante esta coyuntura. Centralmente, exige la apertura de los archivos secretos de la SIDE, la disolución de los organismos de inteligencia y la formación de una Comisión Investigadora independiente, tanto del atentado de la AMIA, como de la muerte (¿o hay que decir asesinato?) de Nisman. Puede haber algún matiz, pero esto es lo básico. Como he explicado en otras ocasiones, el problema con estas demandas es quién las va a instrumentar, y de qué manera se van a garantizar, en tanto el Estado capitalista continúe siendo un cuerpo institucional ajeno al control efectivo de la sociedad.

Antes de entrar de lleno en el fondo de la cuestión, subrayemos que la presión y la movilización popular pueden abrir espacios democráticos. Además, cuando los organismos de seguridad del Estado son utilizados por la fracción de la clase dominante al frente del Gobierno para debilitar, chantajear o eliminar a otras fracciones, se abren importantes fisuras “en las alturas”. Esas tensiones y peleas pueden ser muy intensas (asesinatos y cualquier tipo de operaciones incluidas) cuando el dominio del Estado se convierte en palanca de acumulación -mediante negociados, coimas, lavado de dinero, etcétera-, en perjuicio de fracciones del capital que están desplazadas del control político. De manera que estas fisuras y fracturas pueden ser aprovechadas para arrancar conquistas democráticas. Por ejemplo, sectores de la oposición burguesa ayudaron a denunciar el espionaje K sobre activistas y dirigentes sociales. Pero de aquí hay un abismo a la concreción de una demanda del tipo de “disolución de los organismos de inteligencia”.

Para ver por qué, partimos de lo básico: una de las funciones centrales del Estado es garantizar la continuidad del orden social, esto es, de las relaciones de explotación del capital y de los mecanismos de dominio sobre la población trabajadora en general. Por eso, la clase dominante no puede gobernar sin una combinación de coerción, consenso-convencimiento y desmoralización organizada (esto último bajo el lema de “no hay alternativa de fondo a lo existente”). Para este fin, los organismos de inteligencia del Estado ejercen el control de los “inadaptados”, de los que buscan “subvertir el orden”, de los que rechazan el patrioterismo y la conciliación de clases, y semejantes. Por eso, cuando el Gobierno K envía a la Gendarmería a hacer inteligencia sobre los movimientos sociales y las luchas obreras, está respondiendo a su naturaleza de clase más profunda. De la misma manera que cuando defiende al represor Milani como jefe del Ejército; o cuando vota la ley anti-terrorista, a la par que aplica un plan de ajuste económico.

Insistimos una vez más: hay que denunciar y luchar contra estas medidas. Tener conciencia del carácter intrínsecamente represivo del Estado no tiene por qué inducir a una posición abstencionista, o ultraizquierdista (del tipo, “hasta que no venga el socialismo, no podemos lograr nada”). Pero la reivindicación democrática no debe hacer perder de vista sus límites en tanto se mantengan las relaciones sociales básicas. Ningún Estado que se levanta sobre el antagonismo de las clases sociales eliminará jamás lo que es un componente esencial de su funcionamiento: la vigilancia y el registro de los “díscolos”.

Para “bajar” a tierra lo que digo, pensemos en la aplicación de la consigna de disolución de los organismos de inteligencia: ¿quién los va a disolver? ¿Acaso la clase capitalista? ¿La alta jerarquía del Estado? ¿A quién se le pide semejante consigna? Supongamos por un momento que una movilización de los trabajadores y los sectores oprimidos arranque la promesa del gobierno de acabar con ese submundo infame de agentes de información y provocadores varios. ¿Quién garantizará que se concrete efectivamente? Respuesta: si el poder no pertenece a los productores directos -y esto es lo que sucede en una sociedad capitalista- no hay manera de efectivizar tal “promesa”. Podrán disolver momentánea y formalmente algún organismo, para crear inmediatamente algún otro. Ningún Estado capitalista (pero tampoco uno no-capitalista) puede vivir sin su correspondiente personal de inteligencia. No hay que crear ilusiones, espejismos que no existen.

Algo similar se puede decir de la publicación de listas del personal de inteligencia Aun en el muy hipotético caso de que un gobierno accediera a ello, ¿quién garantiza que esas listas sean las verdaderas? ¿Quién impide que la publicación de algunos nombres sea solo una tapadera de lo que realmente importa, o una maniobra para desprenderse de algunos que ya no le sirven al poder?

Todo, en definitiva, conduce al mismo punto: para controlar, para disolver, para publicar, hay que tener poder. Y el poder no se lo tiene con declamaciones. Para verlo mejor, incluso una Comisión Investigadora independiente (aunque jamás podrá ser “independiente” de las clases sociales y sus expresiones políticas), debería tener poder para realizar allanamientos, interrogar, sacar a la luz la inmundicia. ¿Quién le va a dar ese poder? ¿Acaso el mismo Estado al que debe investigar? De nuevo, podrá haber algún avance parcial -y condicionado a que exista una intensa movilización, que por lo general es difícil de sostener en el tiempo- pero no mucho más. Como alguna vez planteé en este blog, me parece muy bueno el consejo de Marx de “luchar sin ilusiones”. El rol de la crítica es desmitificar, porque “el pugnar por acabar con las ilusiones acerca de una situación, significa pedir que se acabe con la situación que necesita ilusiones”.

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