martes, 27 de enero de 2015

CEPAL analiza los desafíos para enfrentar la pobreza en América Latina

XINHUA

Un estimado de 167 millones de personas en América Latina y el Caribe vivía en situación de pobreza, lo que representó en torno al 28% de la población total de la región para el 2014, mientras que la cifra en extrema pobreza o indigencia llegaba a 71 millones.

Esta información se destaca en el informe "Panorama Social" de la Comisión Económica para la región (CEPAL), presentado hoy en Santiago, que incluye los logros y nuevos desafíos para enfrentar la pobreza.

En esas cifras influyó la desaceleración económica vivida en el 2014, cuando sólo hubo un crecimiento de 1,1%, y no se aprovechó el auge de los precios de los commodities para contrarrestar la crisis financiera.

Para este año, se proyecta un crecimiento de 2,2% y podrían afectarse los avances en la reducción de la desigualdad, bajar el nivel de empleo y los ingresos de la población.

Este diagnóstico de la CEPAL lo concluye indicando que "el aumento de expectativas de bienestar y consumo, la mayor promoción de derechos y las demandas de los grupos sociales frente al Estado, plantean nuevos desafíos en materia de política pública" a los gobiernos.

Los países "enfrentan el reto de seguir impulsando los progresos significativos en la reducción de la pobreza y el desempleo, así como ampliar los incipientes avances en la distribución del ingreso, alcanzados en conjunto con la consolidación democrática, la estabilidad macroeconómica y las políticas sociales".

A juicio de CEPAL, esos logros estarían encontrando límites, los cuales "se traducen en la disminución de ritmo o el estancamiento de los procesos de reducción de pobreza y la indigencia, y de la mejora de la distribución del ingreso, especialmente tras la crisis económica internacional del 2008".

El tema de la pobreza en la región se aborda desde las perspectivas del ingreso de las personas y de forma "multidimensional", que abarca la vivienda, los servicios básicos, la educación, el empleo y la protección social por el Estado, así como el estándar de vida (ingresos monetarios y posesión de bienes).

Según el estudio del organismo de Naciones Unidas, "se considera que una persona es pobre, si tiene carencias en más de una de esas dimensiones".

Entonces, estima que, entre 2005 y 2012, "la pobreza multidimensional se redujo, como promedio para 17 países, de 39% a 28%, porcentajes que son similares a las de pobreza por ingresos".

Explica que la aplicación del índice para medir ese tipo de pobreza permite concluir que "la forma e intensidad con que se manifiestan las carencias entre los pobres varían entre países".

Al respecto, la CEPAL concluye que "la formulación de políticas eficaces para superar la pobreza requiere tomar en cuenta dicha heterogeneidad. Difícilmente existirán soluciones de política que produzcan resultados similares en todos los países".

Sugiere que las políticas de los gobiernos para reducir la pobreza se diseñen e implementen de manera coordinada entre los distintos sectores de la sociedad.

El informe destaca que la pobreza persiste "como un fenómeno estructural" y que desde el año 2012 se estancó "la tasa de pobreza por ingresos", mientras que, entre 2005 y 2012, cayó la pobreza multidimensional.

Igualmente, se constató que "la dimensión monetaria es la privación que más incide en la pobreza multidimensional" y también se corrobora la tendencia a la baja del ingreso monetario y el aumento de los sectores medios de la población.

Cinco de 12 países, con información disponible al 2013, mostraron reducción de la pobreza por ingresos superiores a un punto porcentual por año: Paraguay, El Salvador, Colombia, Perú y Chile.

La CEPAL sostiene que, entre 2008 y 2013, "varios países mejoraron la distribución del ingreso, pero será difícil mantener esta tendencia en el contexto de la desaceleración económica".

Recuerda que, en toda la región, a partir de los años 90, los gobiernos han hecho esfuerzos por aumentar el gasto social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), especialmente en seguridad y asistencia social.

Entre sus recomendaciones a los gobiernos, están: Consolidar el gasto social como instrumento de política fiscal contracíclica con un control más eficiente; crear espacios para su financiamiento; diseñar nuevas políticas públicas asociadas a la inversión social con mecanismos que aumente su eficacia y sostenibilidad.

Además, que se planifique la inversión en innovación, educación y empleo dirigida a los segmentos juveniles, generando bases sólidas para la igualdad, así como políticas activas de cuidado (a personas enfermas o no autovalentes) y la liberación de tiempo para la inserción laboral de las mujeres.

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