viernes, 23 de enero de 2015

Derechos Humanos: La impunidad no será eterna

Carlos Saglul (ACTA)

Néstor Luis Montezanti es titular de tres cátedras en el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur y Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Su nombre aparece en el listado del Personal Civil de Inteligencia que integró el Batallón 601 durante la dictadura cívico-militar publicado, en virtud del decreto presidencial de abril de 2010, en febrero 2011 y antes, según se denunció, podría haber estado vinculado a la organización Triple A (AAA). La movilización para lograr la exoneración del ex represor, encabezada entre otros por Dante Patrignan, docente y Secretario Gremial de la CTA Regional Bahía Blanca-Coronel Dorrego, ha sido amplia, pero no menor es el amparo que desde las sombras se teje a su alrededor.

A fines del año 1974, cuando ya operaba en Bahía Blanca la organización terrorista Triple A, se realizó una masiva movilización estudiantil frente a la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, en repudio a la toma del edificio por parte de una banda armada comandada por “Moncho” Argibay. Entre los matones que acompañaban a Argibay se destacaba Montezanti. De impecable saco y corbata contrastaba con el resto del grupo aunque compartía los gestos provocativos hacia los manifestantes. Montezanti ya era profesor en las dos universidades de la ciudad. En abril del año siguiente Argibay asesinó, en los pasillos de la UNS, a plena luz del día y ante numerosos testigos, al militante de la Juventud Comunista y secretario de la Federación Universitaria del Sur, David “Watu” Cilleruelo. Llegaron y se fueron del lugar del crimen en un auto del rectorado. El asesino era el jefe del Grupo de Seguridad nombrado por el Rector Interventor Remus Tetu, grupo provisto por el entonces secretario general de la CGT local Rodolfo Ponce. En el año ’83 Montezanti compartió con Ponce una lista para las elecciones.

La Universidad Nacional del Sur fue duramente golpeada por la represión de la AAA y la dictadura. El Rector Interventor de la Misión Ivanissevich, el general Adel Vilas al mando del V Cuerpo del Ejército, después de haber comandado el Operativo Independencia en Tucumán, y los marinos con asiento en la Base Naval Puerto Belgrano se encargaron del exterminio. El diario local La Nueva Provincia dio su apoyo ideológico. Su director, Vicente Federico Massot, será indagado por segunda vez, el próximo 14 de noviembre, por su responsabilidad en los crímenes de los obreros gráficos Heinrich y Loyola.

Según consta en la primera foja de su legajo personal en la Inteligencia Militar, Montezanti ingresó al servicio avalado por el genocida prófugo de la Justicia Argentina José Osvaldo “Balita” Riveiro. Este genocida, condenado en Francia por su participación en el Plan Cóndor, trabajó bajo las órdenes de la CIA en Honduras contra la Revolución Sandinista y militó en la Triple A. En su presentación declara conocer a Montezanti desde el año 1975. En un reportaje radial, Montezanti miente cuando dice haberlo tratado en los ’80 en su condición de subordinado

En el año 2004, atestiguando en el juicio por calumnias e injurias que promueve Montezanti contra Alberto Rodríguez por haber denunciado su vinculación con la triple A, el exdiputado Juan Pedro Tunessi afirmó haber visto, en el estudio del docente y conjuez, un diploma en la pared firmado por el genocida Suárez Mason de una Liga Anticomunista Argentina,

Conocido el listado hecho público por decreto de la Presidencia de la Nación, la Asamblea Universitaria de la UNS aprobó prácticamente por unanimidad (salvo cuatro abstenciones de docentes y estudiantes de Derecho) una resolución que declara “que la participación en esas tareas de inteligencia está reñida con toda norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria en particular y en el marco ciudadano en general, quedando comprendida en las causales de impugnación de los artículos 21 del Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios.”

Dante Patrignan es docente del Departamento de Física, asambleísta por la Lista Integración y Secretario Gremial de la CTA Regional Bahía Blanca-Coronel Dorrego. Con fecha 3 de octubre de 2011 promovió el Juicio Académico contra Montezanti para que sea separado de sus cargos docentes, fundado en las causales de falta de ética reconocidas por los reglamentos universitarios y en la resolución de la Asamblea Universitaria. Poco tiempo antes se había iniciado el mismo proceso a Gloria Girotti, también docente de Derecho y secretaria del juez Madueño que, durante la dictadura, avaló desde el Poder Judicial el genocidio en Bahía Blanca. Patrignan realizó la misma denuncia ante al Consejo de la Magistratura procurando su separación del Poder Judicial de la Nación, sumándola a otras tres denuncias presentadas por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación por maltrato al personal.

Como antecedente de este caso, el primer proceso para destituir a un funcionario judicial por su actuación durante la dictadura ocurrió en la Provincia de Córdoba. El asesor letrado penal José Luis Santi, cuyo nombre aparece en el mismo listado e igual período que Montezanti, fue separado de su cargo por un Jury de Enjuiciamiento.

Montezanti recurre a la Justicia Federal impugnando la resolución de la Asamblea Universitaria por considerar que afecta sus derechos y solicita una cautelar que mantuvo suspendido el trámite de Juicio Académico durante dos años y medio. Finalmente la Suprema Corte de la Nación, en mayo de este año, rechaza la impugnación de Montezanti y, consecuentemente, queda sin efecto la cautelar que lo protegía.

Amante del silencio de los cementerios, solamente en dos oportunidades Montezanti habló públicamente de su pasado. La primera en un reportaje televisivo donde se muestra como víctima de una campaña malintencionada en su contra basada “en una falta menor, irrisoria e indeterminada”, admitiendo su complicidad con la dictadura. En la segunda oportunidad, una larga nota en radio, niega haber trabajado como PCI y afirma haberlo hecho como “abogado del Ejército en el Destacamento de Inteligencia 181”. Preguntado por el periodista qué hacía concretamente ahí, respondió burlándose de la inteligencia del oyente: “los empleados del Ejercito cometen infidelidades, se separan, no pagan deudas, alquilan, todo eso requiere de un enfoque de alguien especializado”, afirmando que se ocupaba de esos litigios. En su descargo ante el Departamento de Derecho luego de la denuncia de Patrignan, Montezanti reivindica su actuación en el "simple ejercicio de un derecho constitucional: el de trabajar y ejercer toda industria licita (en negrita en el original) consagrado por el artículo 14 de nuestra carta fundamental”.

Los dos años y medio que estuvo protegido por la cautelar no fueron de silencio. Se constituyó la COORDINADORA POR EL JUCIO ACADÉMICO A MONTEZANTI integrada por distintas organizaciones y militantes. Se presentó un petitorio a las autoridades universitarias, en apoyo a la separación de este personaje, con un centenar de firmas, entre otras las de Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel Alternativo Martín Almada, Julio Piumato de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, Secretaría de DD HH de CTA Nacional, CONADU Histórica y muchas más.

La Coordinadora mantuvo el reclamo con declaraciones, escraches y afiches. Uno de esos afiches, que muestran al exPCI usando una gorra militar le provocó tal ataque de ira que pidió, ante la Justicia Provincial, el procesamiento de Patrignan por considerar que la campaña afecta su “privacidad, tranquilidad y honra”, reclamando una indemnización de $ 70.000 por la “ofensa” de reproducir su retrato con la gorra. Sirven de testigos del denunciante los abogados Andrés Bouzat (Decano del Departamento de Derecho), José Luis Centurión (Vicedecano) y José Ignacio Pazos Crocitto (Adjunto de Montezanti en una de sus cátedras). Si bien en primera instancia se desestimó el pedido, la Cámara de Apelaciones, con la firma de los jueces Miguel Ángel Diez y Guillermo Ribichini (también docente de Derecho) dicta condena contra Patrignan. La sentencia ha sido apelada ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

A la fecha, habiendo caído la cautelar y ostensiblemente vencido el plazo que fija el Reglamento de Juicios Académicos, no se ha resuelto el pedido de enjuiciamiento. La responsabilidad de decidirlo, aprobando o rechazando la solicitud, es de las autoridades del Departamento de Derecho. Los mismos que apoyaron con sus testimonios al “ofendido” colaboracionista no parecen preocuparse por la violación de las normas universitarias. Cuando la Coordinadora, acompañada por un nutrido grupo de representantes de distintas organizaciones, se hizo presente en una sesión del Consejo Departamental buscando respuesta por la demora, el decano Bouzat manifestó que el vencimiento de los plazos era “una cuestión opinable”. Al pedirle su opinión se negó a responder y cerró la entrevista diciendo: “ya dijeron lo que querían decir, pueden retirarse”, guardando un silencio vergonzoso.

Carlos Saglul es Director de Comunicación y Difusión de la CTA.

Artículo publicado en el Periódico de la CTA Nº 107, correspondiente a los meses de noviembre-diciembre 2014.

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