martes, 6 de enero de 2015

Expertos españoles alertan sobre maltrato policial

PL

Expertos designados por el gobierno español para elaborar una investigación sobre Derechos Humanos recomendaron a las autoridades frenar el maltrato policial y los abusos en las cárceles que se registra hoy en el país.

El documento, revelado parcialmente por el diario Público, constata carencias en los sistemas de vigilancia de las cárceles, la persistencia de redadas racistas y el abuso de la fuerza por agentes antidisturbios en algunas manifestaciones.

El informe, fue encargado por las autoridades a expertos dirigidos por el profesor de la Universidad de Valladolid Fernando Rey para elaborar un II Plan de Derechos Humanos. Rey y su equipo dimitieron luego que el gobierno se negó a presentar al Congreso su análisis, terminado a fines de 2013, tras lo cual continuaron trabajando por su cuenta para elaborar una obra que publicará la Editorial Tirante Blanco, según la fuente.

Aunque la investigación reconoce que en España no se tortura de forma sistemática, advierte sobre la recurrencia de los malos tratos como síntomas de deficiencias estructurales y alerta que los indultos a policías condenados no contribuyen a poner fin a la impunidad.

Asimismo advierte que en un país multicultural como España, la policía puede parar a alguien que no parezca español hasta cuatro veces el mismo día mediante controles de identidad discriminatorios.

En cuanto a los abusos de los antidisturbios en las protestas señala que estos se registraron pese a tratarse de manifestaciones pacíficas y recuerda que esos funcionarios están obligados a reducir al mínimo el uso de la fuerza.

En términos generales la investigación alerta que la crisis se utiliza como excusa para dar cobertura a líneas ideológicas retrógradas en derechos sociales.

Público recuerda que partidos opositores y organizaciones no gubernamentales consideran que el gobierno de Mariano Rajoy no tiene intención de aprobar el II Plan de Derechos Humanos y por ello se abstiene de publicar el informe pedido por las propias autoridades.

También lo cree, agrega, el Comité Técnico de Expertos designado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio de Presidencia.

Los investigadores, dice, consideran que el proceso de elaboración de la normativa fue detenida en seco por los responsables políticos posiblemente por el contenido del informe.

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