jueves, 29 de enero de 2015

Guatemala: Acuerdo Ministerial relativo a la Ley de Acceso a la Información Pública sería ilegal

CERIGUA

Este martes fue publicado en el Diario Oficial un acuerdo del Ministerio de Gobernación de Guatemala, que crea lineamientos de observancia y aplicación general de la Ley de Acceso a la Información Pública, por medio de un consejo integrado por miembros de esa cartera, lo que fue visto como ilegal y como un acto que viola directamente la Carta Magna, según abogados constitucionalistas.

El acuerdo crea un Consejo Específico de Información del Ministerio de Gobernación, que estará integrado por un viceministro y un director general de las dependencias afines a la dificultad que se quiera resolver; además, el director de Asuntos Jurídicos, el encargado de la Unidad de Información Pública, ambos de la Dirección Superior, y por último el enlace institucional responsable de la información solicitada a la institución.

Al respecto, Mario Fuentes Destarac, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) consideró que dicho acuerdo es totalmente ilegal, porque contraviene la Ley de Acceso a la Información y subrayó que en todo caso el único que puede dictar instrucciones es la autoridad reguladora de la materia, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Por su parte, Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, dijo que el artículo 30 de la Carta Magna menciona que todos los actos de la administración son públicos, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos de particulares suministrados bajo confidencia; agregó que para él el acuerdo ministerial constituye una flagrante violación a la Constitución.

Rodolfo Rohrmoser, también abogado constitucionalista, señaló que el acuerdo sí limita la ley, y al hacerlo limita la garantía constitucional; la PDH ya debería estar hablando al respecto, agregó.

El ministro López Bonilla consideró que el acuerdo ministerial 64-2015, lejos de ser ilegal fue creado para poner orden y evitar discrecionalidad; “lo que estamos haciendo es normando los procedimientos y los procesos internos, que nos permita documentar como corresponde”.

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