martes, 13 de enero de 2015

Guatemala: Preocupan medidas dilatorias impulsadas por defensa de Ríos Montt

CERIGUA

Organizaciones internacionales de derechos humanos manifestaron su preocupación por las medidas dilatorias utilizadas por la defensa del ex golpista Efraín Ríos Montt, las cuales suspendieron el inicio de un nuevo debate en su contra por genocidio y delitos contra la humanidad.

Mediante un comunicado, la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Plataforma Internacional contra la Impunidad rechazaron las demoras recurrentes y otros intentos de interferir con la administración de justicia durante este proceso.

Aún existe la posibilidad de que se aplique la amnistía a favor de los acusados, lo que sería una clara violación al derecho internacional, añadió el documento, firmado también por la Fundación por el Debido Proceso (DPLF) y la Comisión Guatemalteca de Derechos Humanos (GHRC).

El juicio en contra de Ríos Montt y el ex jefe de inteligencia durante su periodo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, fue aplazado luego que la defensa planteara una recusación en contra de la jueza Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, cuestionando su imparcialidad, debido a una tesis sobre genocidio elaborada en 2004.

Aunque la medida fue rechazada por Valdés, los jueces vocales Sara Yoc y María Eugenia Castellanos aceptaron la recusación, por lo que el proceso quedó suspendido.

Las organizaciones recalcaron que las partes conocían la integración del tribunal desde hace año y medio, sin embargo la defensa esperó hasta días antes del juicio para cuestionar la imparcialidad de la presidenta del juzgado.

Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, quien estuvo presente como observadora durante la audiencia, destacó que la recusación solo puede interpretarse como una nueva medida dilatoria de la defensa, para entorpecer el proceso y asegurarse que no se inicie un nuevo debate.

Por su parte Mirte Postema, de la DPLF, afirmó que la suspensión del juicio representa una grave afrenta a miles de víctimas que durante décadas han esperado que se haga justicia y que se conozca la verdad.

Ríos Montt y Rodríguez Sánchez son acusados por el Ministerio Público (MP) por la muerte de 1.771 pobladores de la etnia ixil, entre 1982 y 1983; el 10 de mayo del 2013 el ex jefe de facto fue condenado a 80 años de prisión y el ex jefe de inteligencia fue absuelto de los cargos, sin embargo la sentencia fue revocada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad (CC).

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