miércoles, 7 de enero de 2015

Israel teme ser juzgado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional

Miguel Ángel González Claros (TERCERA INFORMACIÓN)

En una propuesta realizada por parte de la AP, se pidió una retirada total de las fuerzas israelíes de Cisjordania y el reconocimiento internacional de un estado palestino basado en las fronteras de 1967 en tres años, pero fue rechazada por el Consejo de Seguridad de la ONU, a finales del pasado mes de diciembre.

En la resolución se había afirmado la urgente necesidad de lograr una solución pacífica justa, duradera y global a la violencia del conflicto palestino-israelí dentro de un año y había estipulado el 31 de diciembre 2017 como fecha límite para poner fin a la ocupación ilegal de Israel de Cisjordania y el este de Jerusalén. Se había pedido la creación de un Estado independiente de Palestina dentro de las fronteras de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital, una solución justa a miles de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes, el regreso de los refugiados y la reasignación de los suministros de agua vitales.

Tras el rechazo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El Presidente de la AP, Mahmoud Abbas, firmó documentos oficiales al día siguiente, para unirse al Tribunal Penal Internacional, un movimiento que le permitiría presentar cargos oficiales contra el estado de Israel por crímenes de guerra en relación con su ocupación de Cisjordania y su ataque a la Franja de Gaza el pasado verano, donde murieron 2.000 palestinos, la gran mayoría de los cuales eran niños y otros no combatientes. Lo que provocó las amenazas del primer ministro israelí, que exigirá a los Estados Unidos en sus votaciones en el Congreso, cortar todos los fondos a los palestinos, en un intento de protegerse contra cargos criminales y provocar el colapso de la Autoridad Palestina.

Fuegos artificiales explotaron en toda Ramallah, en la celebración del acuerdo sorpresa del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, con la firma del Estatuto de Roma que establece el Tribunal Penal Internacional. Los palestinos son capaces de aplicar presión de forma unilateral, debido a que la opinión mundial se muestra a favor de su difícil situación, ha quedado claro que el aislamiento de Israel y cada vez mas se les exige que deben de rendir cuentas por sus crímenes, ya que es la única manera que permitirá a los palestinos alcanzar sus derechos.

Washington e Israel están explorando las posibilidades de nuevas sanciones económicas sin inflamar la opinión pública mundial, especialmente cuando se trata de los palestinos. El presidente Abbas examinará qué opciones tomar en cuanto a los crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel. Israel no es un miembro del tribunal y se niega a reconocer su jurisdicción. El TPI no tiene fuerza policial y tampoco posee autoridad para entrar en Israel y detener a los sospechosos, pero podría emitir órdenes internacionales de arresto que la Unión Europea y otros países estarían dispuestos a cumplir.

Debido a la influencia de Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU, la administración estadounidense tratará de imponer castigos a los palestinos, como lo hicieron a una serie de países que no obedecen a sus políticas. Las sanciones son un instrumento imperial de la política exterior de Estados Unidos, las han impuesto en varios países, entre ellos Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria y más recientemente Rusia por razones geopolíticas. Con altos niveles de pobreza en la Cisjordania y la Franja de Gaza, dicha estrategia agravará lo que queda de la economía palestina.

El único resultado aceptable para Israel es mantener el control de toda Palestina, desde el río Jordán hasta el mar, a través de la anexión. Estados Unidos lo sabe y les ha permitido hacerlo, dándoles 3 mil millones de dólares al año en ayuda y vetando 43 resoluciones contra Israel en la ONU desde 1972. Desde que Yasser Arafat firmase los Acuerdos de Oslo en 1993, el liderazgo palestino ha demostrado su voluntad de renunciar a los derechos de las personas que representan, frente a Israel y Estados Unidos.

Richard Falk considera que desde la Declaración de Principios de Oslo, santificada por el apretón de manos de Rabin con Arafat en el césped de la Casa Blanca en 1993, el Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que sólo dicho marco diplomático puede poner fin al conflicto y se opone a cualquier otra posibilidad. Desde entonces, las negociaciones entre ambos partes se celebraban junto a los Estados Unidos, a pesar de su papel partidista, con el papel de intermediario exclusivo y permanente, sin estimar las sensibilidades palestinas. De este modo, los palestinos estarían dispuestos a continuar las negociaciones sin reservarse el derecho de quejarse acerca de las enormes violaciones realizadas por los israelíes, como los asentamientos ilegales.

Edward Said llamó a los Acuerdos de Oslo, debido a las concesiones unilaterales a Israel, el "Versalles palestino". Entonces, Israel no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro en el reconocimiento de la autodeterminación palestina. Los palestinos han estado luchando durante siete décadas para mantener su existencia, a pesar del robo, la limpieza étnica, el apartheid y el genocidio a cámara lenta.

Ninguna negociación será capaz de obligar a Israel a renunciar a su racismo y el colonialismo. La única manera para que los palestinos alcancen la paz será a pesar de Israel y Estados Unidos, que realizarán todo lo posible para evitar la autodeterminación palestina, esgrimiendo un falso discurso a favor de la democracia y los derechos humanos.

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