lunes, 26 de enero de 2015

Legislar para incumplir

Jaime Richart (especial para ARGENPRESS.info)

Probablemente España es el país que, con enorme diferencia respecto a los demás, puede contabilizar más leyes en su haber legislativo. Antes, ahora y siempre. Esa es la argucia de los poderosos españoles. Sobre todo los poderosos del último siglo. Sobre todo los de la última legislatura. Esos y quienes les dan cobertura, es decir el partido del gobierno con su mayoría absoluta en el parlamento, en las autonomías y en los ayuntamientos, como potente recurso efectivo respecto a la absoluta pérdida progresiva de credibilidad frente a la ciudadanía tienen el legislar; esos que con leyes a diestro y siniestro imaginan que pueden lavar toda la basura acumulada durante décadas y aventar el oprobio que les cubre; esos que promulgan leyes y decretos aparatosos en los que incluyen fórmulas, trucos, dilaciones y asideros en favor de quienes forman parte de las élites económicas, sociales y políticas; de tal manera que el daño que han causado y causan a la sociedad con la comisión de delitos económicos de montantes astronómicos, en la inmensa mayoría de los casos pueda ser liquidado con simples correctivos, multas y prescripción del delito o de la pena. Al final con relativa o absoluta impunidad...

Lo que el partido heleno Syriza y su casi homólogo Podemos plantean como medida prioritaria no es legislar más ni inundar el panorama legislativo con leyes y más leyes, sino afanarse en hacer cumplir las ya existentes; con la Constitución al frente y las normas de rango superior europeas...

Por ejemplo, el punto 9 del artículo 7 de un reglamento adoptado en mayo de 2013 por la Unión Europea para los países sometidos a un plan de ajuste estructural establece: "Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad."

La deuda reclamada a Grecia representa el 175% de la riqueza producida en el país en un año y supone un lastre insostenible para el pueblo heleno. Del nuestro se nos dice que está por encima del 100%. Tanto en el caso de Grecia como en el de España está claro que hay que recurrir al artículo 7 del citado reglamento.

Desconozco los pormenores del caso griego, pero conocemos de un extremo a otro las causas del desastre económico español por más que ahora el gobierno se muestre ufano por miserables repuntes. Y las causas no son otras que un despilfarro de proporciones siderales a cargo de personajes megalómanos metidos en política situados en los gobiernos autonómicos y locales, acompañado de "mordidas" no menos siderales, por un lado, y un desvalijamiento literal de las arcas públicas llevado a cabo por los mismos o por otros a través de distintas modalidades del hurto y de la estafa. Hasta tal punto eso es así, que la suma de los dos conceptos: derroche (malversación)+mordidas (comisiones) es más o menos igual a la que representa el rescate de las Cajas de ahorro, de la que por si fuera poco, sus directivos incluso se han apropiado bellacamente de parte del dinero recibido, a través de emolumentos y jubilaciones millonarias.

No hay atenuantes ni explicaciones ni justificantes que valgan. Hemos estado y seguimos estando en manos de estafadores, de timadores y de cuatreros de todas clases, y es preciso restablecer el orden en el país. Es preciso reparar las innumerables injusticias cometidas en todos los ámbitos y propiciar el advenimiento de savia nueva en la política que nos permita respirar, después de años de una atmósfera tóxica irrespirable y de la constatación de que en este país hay millones de ciudadanos y ciudadanas que viven una vida desgraciada por culpa de una o varias bandas organizadas de ladrones vestidos con los ropajes de la decencia y de la solemnidad...

Jaime Richart es jurista y antropólogo.

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