jueves, 29 de enero de 2015

México: Después de Ayotzinapa, siguen los desaparecidos

Orlando Oramas León (PL)

Los 43 normalistas de Ayotzinapa ya no están oficialmente desaparecidos, la verdad histórica es que fueron privados de la libertad y de la vida. Así se expresó el procurador general mexicano, Julio Murillo, pero otra verdad quedaba latente: el flagelo de los desaparecidos continúa.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que sus conclusiones están basadas en el resultado de un conjunto de indicios, pruebas científicas, 39 confesiones, 487 peritajes y casi 400 declaraciones, "todos vinculados para ratificar los hechos".

Apuntó que hay 99 detenidos para los cuales se solicitará el castigo máximo. Adelantó que la PGR pedirá a la justicia la pena máxima de 140 años de cárcel para Felipe Rodríguez, alias El Cepillo, por el homicidio de los normalistas.

Rodríguez era jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos en la zona de Cocula y tras su detención el 15 de enero pasado confesó haber ordenado el asesinato de los estudiantes y la desaparición de sus restos.

Tomás Zerón, jefe de la agencia de investigación criminal de la PGR, apuntó que el delincuente reconoció haber recibido de policías de Iguala y Cocula al grupo de normalistas. Dijo que algunos venían esposados, otros amarrados y varios golpeados y ensangrentados.

Algunos de los normalistas llegaron muertos al parecer por asfixia. El resto fue ultimado con un tiro en la nuca, sus cuerpos incinerados y los despojos luego triturados y tirados en bolsas de basura al río San Juan, en Guerrero, según las pruebas en manos de las autoridades mexicanas.

Fue una noche de terror la del 26 al 27 de septiembre pasado, que comenzó en Iguala, cuyo alcalde, José Luis Abarca, dio la orden a la policía municipal de reprimir a los jóvenes de Ayotzinapa. El resultado fue de seis muertos, una veintena de heridos y 43 desaparecidos.

Murillo y Zerón subrayaron que las evidencias recolectadas en el basurero de Cocula, donde ocurrió la masacre, corroboran las confesiones de los victimarios de los jóvenes. Para ello se practicaron exámenes topográficos, entomológico, balístico, fotográficos, de criminalística, genética, entre otros.

Lo que ocurrió en Iguala trajo a primer plano el tema de los desaparecidos, un flagelo mayor que trasciende el caso Ayotzinapa, convertido hoy en bandera por diversos sectores de la sociedad mexicana.

En la búsqueda de los normalistas, en Guerrero fueron encontradas 17 fosas de las que se exhumaron 39 cuerpos. Solo tres han podido ser identificados. El municipio Iguala tiene reportadas a 94 personas.

Especialistas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Comité Cerezo y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos señalan que la suerte de los 43 normalistas refleja la facilidad con la que delincuentes o funcionarios pueden desaparecer a una persona.

También evidencia las dificultades y limitaciones que tienen las autoridades para investigar, encontrar a las víctimas y detener a los responsables.

El último reporte del gobierno federal sobre el total de desaparecidos en el país indica que hay más de 22 mil personas en paradero desconocido. El dato se toma sobre todo sobre la base de las denuncias ciudadanas, pero la cifra puede ser mayor.

La directora general del Observatorio México ¿Cómo Vamos?, Viridiana Ríos, aseveró que es necesario combatir la inseguridad pública y ejercer el Estado de Derecho para alcanzar las metas de crecimiento económico.

Ríos insistió en que mientras persistan la inseguridad, y también la corrupción y la impunidad, será imposible generar la confianza y la credibilidad necesarias para hacer crecer las inversiones.

Según apreciaciones del sector empresarial privado, el costo por inseguridad alcanza el dos por ciento del Producto Interno Bruto del país.

Para la Conferencia Episcopal Mexicana la violencia se ha incrementado a manos de organizaciones criminales responsables de narcotráfico, secuestro, trata de personas, lavado de dinero, extorsión y ejecuciones.

Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que la percepción de inseguridad alcanza a casi el 70 por ciento de la población, que incluso se ha visto obligada a cambiar sus costumbres para ponerse a salvo.

El Congreso mexicano tiene en agenda la discusión y aprobación de un decálogo presentado por el presidente Enrique Peña Nieto para enfrentar el flagelo. Entre sus propuestas está la creación de un mando único a nivel de los estados para las policías municipales.

Los legisladores deberán también ponerse de acuerdo para la adopción de un Sistema Único Anticorrupción. Todo ello en vísperas de las elecciones de medio término a celebrarse en junio, cuando se renovará la Cámara de Diputados, congresos estatales, ayuntamientos y nueve gobernaciones.

Inseguridad y corrupción son temas íntimamente vinculados y que pondrán a prueba tanto al poder legislativo como al ejecutivo, cuando su enfrentamiento resulta de las mayores preocupaciones y reclamos en la sociedad mexicana.

Ayotzinapa no ha terminado, los desaparecidos siguen en paradero desconocido y la lista no tiene punto final.

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