lunes, 12 de enero de 2015

México: Los cambios que no hubo en el gabinete

Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)

Terminó 2014 y el plazo legal para que los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y cualesquiera otros renuncien para que puedan aspirar a un cargo de elección popular y ocupar una de las nueve gubernaturas, un asiento en los 18 congresos o uno de los 903 ayuntamientos (aparte de las 16 delegaciones políticas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) o una de las 500 diputaciones federales que estarán en juego.

Agotados como están los plazos, fue el propio Peña Nieto quien aseguró desde Washington que no tiene planes para modificar la composición de su gabinete como insisten los “expertos” que sucederá en cualquier momento, sin importar que sus vaticinios son añejos. Pero la “gabinetología” tiene muchos practicantes y privilegian a los funcionarios por sobre lo más trascedente para los gobernados y que son los programas y política sexenales, y ojalá fueran transexenales porque indicarían que el país rebasó ese enorme lastre en que cada titular del Ejecutivo federal, tricolor o blanquiazul, pretende imponer su impronta e intereses de grupo por sobre las necesidades del país a mediano y largo plazos, como sucede en países que forjan su futuro con seriedad.

Para que no quepa duda, el día 9 el mexiquense de Atlacomulco, grupo incluido, que al parecer no se amilana ante la tempestad social, económica y financiera que distingue a México, o por lo menos actúa muy bien el papel del optimista seguro –aunque el secretario de Economía lo supera con creces, pues minimiza los efectos que tendrá sobre el empleo y la inversión extranjera directa–, reunió durante más de tres horas a su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional y a puerta cerrada definieron las acciones para un año electoral en el que coincidirán el mayor número de cargos de elección popular en disputa desde hace décadas, y las condensaron en cinco metas. Ningún diario pudo dar cuenta de los objetivos más allá del genérico “en beneficio del crecimiento económico y la economía de las familias”, y “encaminadas al fortalecimiento del respeto a la ley y a los derechos humanos, justamente donde se vive una crisis.

Ni siquiera compartió Enrique Peña los objetivos a los asistentes a la 26 Reunión de Embajadores y Cónsules, simplemente los instruyó, como es su costumbre hacer en actos públicos y los instruidos aplauden con singular entusiasmo, como si las órdenes fueran reconocimientos al trabajo como secretarios de despacho, a “fomentar una imagen veraz y objetiva que disipe dudas o distorsiones a nuestra realidad”. Para Eduardo Medina-Mora, embajador en Washington, “El problema no es de imagen, ése es el resultado en su caso, lo que tenemos que hacer es cumplir con los desafíos internos de construir un esquema que dé garantías a los ciudadanos, lo que implica el respeto a los derechos humanos”. Y tiene razón.

Una pregunta sin afán de incomodar: ¿A qué hora trabajan los llamados secretarios de Estado que acompañan a Peña como si fueran su sombra?

En el “objetivo de elevar la calidad de vida de los mexicanos, los embajadores y cónsules tienen, también, una gran responsabilidad que cumplir”. Este manejo tan laxo de los conceptos por EPN me recuerda que tras la última final de futbol en que Pumas se coronó campeón, Joaquín López-Dóriga entrevistó a su par, pero deportivo, Javier Alarcón para que explicara el triunfo del equipo de la UNAM y como última pregunta le dijo en esa su pose característica: ¿Y cuál es, Javier, el mensaje profundo de esta victoria puma? “Calidad de vida, Joaquín, calidad de vida”.

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