viernes, 9 de enero de 2015

Narcotráfico y escena: Santa Fe y la “política de la Policía”

Josefina López Mac Kenzie (OTROS CÍRCULOS)

Una docena de policías procesados y tres jefes presos tiene la causa, botón de muestra del narcotráfico “consensuado” en la Costa santafesina, detrás del escándalo del reemplazante “comisario nazi”.

El 2 de noviembre de 2014 a la madrugada, 1.682,542 kilos de marihuana viajaban en un contenedor rojo que decía “Hamburg Sud” y llevaba el N°SUDU 656084-5-45G1-IC81. Estaba en el semirremolque dominio LKJ-673, enganchado al tractor Iveco blanco LBR 421. Cruzó el túnel subfluvial hacia Santa Fe. Lloviznaba. Se detuvo a esperar. Cuando llegaron una camioneta Amarok blanca y un Peugeot Partner gris de vidrios polarizados todos retomaron rumbo juntos hasta un basural de chatarra para concretar la descarga.

Fue, no sin ironía, en la localidad santafesina Arroyo Leyes. En la escena había funcionarios policiales y no precisamente cuestionando la maniobra sino aparentemente organizándola (y desde el día anterior), pero eso no quedó asentado en el acta del breve control policial que hubo ni en las noticias sobre un supuesto operativo exitoso en torno a un camión abandonado con droga incautada.

Para el fiscal federal de Santa Fe que interviene en el caso, Walter Rodríguez, las pruebas que viene juntando verifican que “la autoridad policial provincial guarda un notorio ligamen con el tráfico ilegal de drogas”. Afirmó en el escrito que le presentó hace un mes al juez federal Reynaldo Rodríguez que “varios miembros de la fuerza de seguridad se encuentran familiarizados con conductas sancionadas por la ley 23.737” (de tenencia y tráfico de estupefacientes).

Su acusación cita testimonios, filmaciones, pericias a teléfonos, grabaciones del 911 y asientos en libros policiales que entre otras cosas exponen a muchos actores policiales haciendo la vista gorda ante la información de que había “un camión lleno de cosas” (marihuana,cocaína y “elementos de estiramiento”) en una maniobra con participación policial. En esos documentos y testimonios se admiten cosas como el “curro”, los “dobles fondos”, los manejos “bajo cuerda” del negocio policial de la droga en distintos puntos de Santa Fe.

A modo de ejemplo, surge textualmente de esos materiales que “El Aguja” Agüero, hoy preso en el marco de esta causa, es según sus colegas “el que maneja toda la merca de acá de la zona de la Costa, pero es consensuado”. En la lluviosa madrugada de la maniobra, ese policía señalado como “proveedor” de drogas para una buena parte de los territorios linderos a la ruta provincial 1, estaba en el basural, según reconstruye la investigación, y consiguió disponer de la droga supuestamente “incautada” en un ilusorio golpe al delito.

El dictamen de Walter Rodríguez tuvo una consecuencia judicial y una política.

En la primera, el juez hizo lugar a la hipótesis del fiscal y el 29 de diciembre avanzó con procesamientos a una docena de policías (por infracciones a la ley de estupefacientes pero también por encubrimientos, por “omisiones y falsedades” en la confección de acta del procedimiento de la noche lluviosa e incumplimiento de deberes en su condición de funcionarios) y con citaciones para que presten declaración indagatoria en febrero próximo.

Tres de los imputados están presos. Se trata de Alejandro Daniel Alberto “El Aguja” Agüero, Martín Díaz y Cristian Fabio Hang, que era el tercer hombre de la Unidad Regional 1 (UR 1). De los dos últimos, el fiscal sospecha que junto a otros siete policías se encargaron de proteger al Aguja, de garantizar que se pudiera sustraer parte del cargamento y de falsificar y omitir datos en el acta.

Hay otros 10 policías imputados que llegarán a la indagatoria en libertad.

La consecuencia política fue que el gobierno de Antonio Bonfatti removió al jefe y al subjefe de la UR1, Sergio Vergara y Sergio Fernández. En su lugar las autoridades pusieron al comisario Juan Pablo Garro, que según fuentes policiales se venía desempeñando como jefe de la Unidad Regional XIII (San Cristóbal). Duró un suspiro en el cargo: se conoció que Garro había sido separado de su cargo en 2006 por exhibir símbolos nazis en su despacho, repudiaron su designación sectores de H.I.J.O.S, de Madres de Plaza de Mayo y de la comunidad judía de Santa Fe, y Garro salió de licencia.

En los medios

En su escrito, el fiscal perfila también la estrategia para con los medios periodísticos. Mientras las cañerías de la comunicación policial se trancaban con telefonazos cortados, avisos en clave y presiones para hacer la vista gorda con el episodio del camión recargado, se cumplió con el habitual despliegue de los “ladrillos” de marihuana envueltos en papel celofán para la foto y se generaron las condiciones para comunicar a los medios acerca de un “golpe contra el narcotráfico sin detenidos” o “un buen golpe asestado contra el narco local”.

“La política de la Policía” es, según se explica en el dictamen, “la puesta en escena pública de la supuesta labor desplegada por la fuerza policial”, y el fiscal Rodríguez ubica como promotor en particular de este enlace con los medios al desplazado comisario Sergio Fernández, subjefe de la UR 1, que estuvo presente en el basural y también debería ser indagado en febrero.

Nazis y judíos


Foto: El camión. Terminó en la puerta de la jefatura policial envuelta en la causa narco con vuelta nazi, listo para armar la “política de la Policía”. / Fuente imagen: www.unosantafe.com.ar

Cuando aparecieron los cuestionamientos a Garro, funcionarios de la provincia defendieron su designación con argumentos similares a los que se han usado en el gobierno nacional para legitimar la permanencia como autoridad máxima del Ejército argentino de César Milani, señalado por una desaparición forzada en la última dictadura: que si no está imputado o condenado puede estar en la fuerza; que no corresponde hacer una caza de brujas. Pero en el caso santafesino la presión de la opinión pública determinó su salida del cargo.

“Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero yo no tengo ideología nazi”, dijo Garro a los medios. “Se piensan que uno es nazi por hacer trabajar a la gente y te denuncian por eso”.

El agrupamiento de policías santafesinos UTRAPOL lo respaldó enérgicamente desde su sitio web, donde lo consideró en varias notas “un buen tipo”, “un ciudadano ejemplar” y un “excelente policía” que “no tiene absolutamente nada que ver con el nazismo”. En otra nota sobre el “caso Garro” el portal policial buscó profundizar la tensión con la comunidad judía, subrayando que “sorprende su repentina sensibilidad” y resaltando, con una polémica grafía: “Nosotros nos hemos aguantado siempre, y lo seguimos haciendo, cuando los “hermanos judíos”, en muchos casos; no nos brindan un baño en 24 horas de servicios en los objetivos que nos asignan para la custodia… los “hermanos judíos”, muchas veces ni agua tienen para nosotros”.

Anteayer circuló que las autoridades provinciales habían cubierto el nuevo vacío en la URI 1 con el propio Vergara, desplazado en primer término. Pero la versión se deshilachó durante el día. Vergara continúa de licencia y asumió temporariamente el sucesor en la línea de mando, Adrián Rodríguez, antes con funciones en el Departamento de Informaciones (D-2).

En un contexto preelectoral, el área de Seguridad del gobierno de Santa Fe se asienta en arenas movedizas, llena de malas noticias.

Causas, policías y velocidades

Reynaldo Rodríguez es el mismo juez que entiende en otra causa contra policías: la iniciada por la rebelión policial de 2013. En ese caso, el fiscal Walter Rodríguez debió reiterarle al juez tres veces en un año el pedido de indagatoria a los efectivos acusados por sedición.

Dichas indagatorias comenzaron finalmente en diciembre de 2014, un año después de los hechos. Los imputados que declararon se mostraron ajenos al delito de sedición pero admitieron haber sido negociadores (con armas de fuego) en el marco de aquel reclamo salarial.

La indagatoria más esperada es la de Alberto Martínez , un cabecilla que en 2013 participó de un congreso de sindicalización policial en Río Gallegos mientras se jactaba de estar “haciendo desastres en las redes (sociales)” para contagiar a Santa Fe de la ola de saqueos que ya ganaba Córdoba. Está prevista para mediados de febrero de 2015. A partir de esa audiencia, el juez tiene 10 días para resolver si lo procesa, sobresee o dicta la falta de mérito.

Para más información, ver el mapa de datos “La protesta policial de 2013” en BA-Datos

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