miércoles, 28 de enero de 2015

Panamá: Investigar y castigar la corrupción, pero también la represión

Olmedo Beluche (especial para ARGENPRESS.info)

"Algo huele a podrido en Panamá, bien podrido", habría dicho Shakespeare de vivir entre nosotros. Rafael Guardia y Giacomo Tamburelli, dos ex directores del Programa de Ayuda Nacional (PAN), del gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli, no solo se han declarado culpables de peculado, sino que han revelado el entramado de corrupción montado por el gobierno ultra derechista que perdió el poder en las elecciones de junio pasado. Ante la fiscalía ambos han señalado la red de empresas, varias de ellas pertenecientes al entorno familiar de los Martinelli, a las que compraban a sobreprecios, y los montos de las comisiones cobrados por el ex presidente y sus allegados.

A quienes conocen la historia de Panamá, estos hechos no le sorprenden, porque la oligarquía que nos gobierna por detrás de políticos y partidos ha construido su patrimonio a costa del Estado. Pero lo cierto es que, de comprobarse lo confesado por los ex funcionarios, Martinelli estaría batiendo todos los "records" de descarada corrupción. El Sr. Rafael Guardia, a quien ya le han confiscado cerca de 15 millones de dólares en cuentas y propiedades, y que al parecer ha confesado haber acumulado hasta 60 millones, dice que él tomó solamente una pequeña fracción respecto a lo que sacaron sus jefes.

Por supuesto, Martinelli se declara víctima de la persecución política de su sucesor, Juan C. Varela, y alega que sus ex subalternos han sido obligados a incriminarle. La investigación, que al parecer ahora se inicia, pues un magistrado de la Corte Suprema de Justicia ha admitido una de las demandas contra el ex jefe de estado, deberá establecer los hechos fehacientemente. Pero los indicios son abrumadores, ya que si Guardia pudo apropiarse de montos tan grandes, siendo un subalterno de segunda categoría, la gente en la calle dice con lógica elemental: "si el testaferro tenía tantos millones, ¿cuántos tendrá el Capo?".

Al escándalo del PAN, se suman otras entidades y casos que se investigan, además de la detención de dos ex directores del Consejo de Seguridad de Martinelli, uno de ellos su consuegro, acusados de realizar escuchas telefónicas ilegales y robarse una máquina para esos menesteres comprada a una empresa israelí.

Parte de la sabiduría popular panameña, acumulada en décadas de experiencia, dice: "Todos los presidentes roban". Pero la otra verdad es que pocas veces "se destapa el tamal" como está aconteciendo hoy. Algunos hasta especulan que pronto veremos a Martinelli preso cual Fujimori peruano. Toda esta basura ha salido a la luz pública por una combinación de dos factores:

Por un lado, la crisis de credibilidad del sistema político que ha conllevado al desprestigio de todos los partidos y sus dirigentes, obligando a los funcionarios actuales a mostrar resultados so pena de quemar los últimos vestigios de legitimidad que le quedan al régimen nacido de las cenizas de la invasión norteamericana de hace 25 años.

Por otro lado, el conflicto de intereses, entre dos bloques de poder económico, el de la oligarquía tradicional panameña, concentrada en la Junta Directiva del Banco General, aliada al actual presidente Varela, y un sector emergente de la burguesía panameña encabezada por Martinelli.

Desde el punto de vista del movimiento obrero y popular, lo que interesa es no ser simples corifeos de uno de los dos sectores de la burguesía, o simples espectadores que aplauden cómo el conflicto interburgués hunde el barco uno de ellos. La construcción de una alternativa política independiente de la oligarquía y sus partidos, que exprese un proyecto de país nuevo y alternativo al régimen neoliberal, obliga a que levantemos un programa de demandas que exija:

1. Investigar a fondo y castigar a todos los culpables de la corrupción rampante. No se puede admitir que vayan a la cárcel sólo los testaferros, como ha ocurrido antes, sino que deben ser arrestados los grandes empresarios que han lucrado con estos negociados. Con lo confesado por Guardia, ya deberían tener alguna medida cautelar los directivos de RICAMAR, el gran holding de los Martinelli.

2. Que se investiguen todos los escándalos de corrupción del gobierno de Martinelli, pero también de los gobiernos de Martín Torrijos, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares de los que también hubo denuncias pero nunca ninguna investigación seria ni mucho menos un castigo.

3. La clase trabajadora debe demandar judicialmente a Ricardo Martinelli, su ministro José R. Mulino y demás jefes de seguridad y policía por los siguientes crímenes cometidos contra el pueblo panameño, crímenes que no son objeto de investigación por la fracción burguesa gobernante porque ha sido cómplice de Martinelli por acción y omisión:

a. Masacre ocurrida en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, en julio de 2010, en que murieron por causa directa e indirecta de la represión policial hasta 10 personas, mientras que medio centenar recibieron heridas de diversa consideración, algunas graves, cuando protestaban contra la "Ley Chorizo", que entre otras cosas pretendía destruir los sindicatos.

b. Suceso ocurrido en el Centro de Custodia de Menores Infractores en la ciudad de Panamá, el 9 de enero de 2011, en que murieron 5 jóvenes por quemaduras e inhalación de humo producido por la Policía Nacional con una bomba lacrimógena, pocos días después que Martinelli dijera que a los delincuentes les esperaba "la cárcel, el cementerio o el hospital".

c. Represión ocurrida en San Félix y en David, comarca Ngabe-Buglé y provincia de Chiriquí, en el mes de febrero de 2012, en la que murieron al menos dos personas y decenas resultaron heridas en la lucha contra la imposición de hidroeléctrica de Barro Blanco (construida por miembros del "círculo cero" de Martinelli) y proyectos mineros.

d. Acción policial ocurrida en la provincia de Colón, en el mes de octubre de 2012, en que murieron al menos media docena de personas y muchas más se reportaron heridas, durante la lucha contra la privatización de las tierras de la Zona Libre.

4. De todo lo anterior se colige la completa podredumbre del régimen político impuesto por la invasión norteamericana de 1989, la completa desconfianza en el corrupto sistema judicial panameño, y la exigencia de barrer con esa institucionalidad salpicada de corrupción, mediante una Asamblea Constituyente originaria y soberana.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.