viernes, 30 de enero de 2015

Piden 35 años de cárcel para 16 campesinos peruanos

PL

La extrema dureza de un fiscal que pide 35 años de prisión para 16 campesinos participantes en protestas, contrasta hoy en Perú con conductas judiciales dudosas a favor de acusados de grandes casos de corrupción.

Los hechos glosados parecen justificar el hecho de que el Poder Judicial registra en las encuestas un bajo nivel de aprobación y un alto índice de percepción de que está minado por la corrupción.

En el primer caso un fiscal pidió 35 años de cárcel para los acusados en un proceso contra 16 campesinos, de la región norandina de Cajamarca, por hechos derivados de las protestas iniciadas en 2011 contra el proyecto minero Conga, debido al temor de sus efectos sobre el ambiente y la provisión de agua.

Los labriegos, de la localidad de Sorochuco, exigieron entonces al gobernador (representante del gobierno central) del lugar, Luis Castañeda, que se pronuncie contra Conga en una asamblea.

El interpelado se negó a responder y acusó a los 16 campesinos de secuestro agravado y coacción, por haberlo obligado a asistir a la reunión.

Entretanto, en Lima, el Ministerio Público investiga la desaparición, denunciada por una comisión parlamentaria investigadora, de siete sobres con posibles evidencias contra una gran red de corrupción dedicada a estafar a organismos y ciudadanos.

El presidente de la comisión, Vicente Zeballos, adelantó que la pérdida sería responsabilidad de la fiscal Marita Barreto, a cargo del caso, pero ella alega que no desaparecieron siete sobres sino uno con siete elementos y que se extraviaron antes de llegar a su despacho.

Por su parte, el congresista Mesías Guevara, titular de otra comisión que investiga un gran caso de corrupción en el gobierno de la norteña región de Áncash, señaló que las pesquisas incluyen a 15 jueces de ese territorio que presuntamente servían a los corruptos.

Entre los investigados figura el presidente de la corte superior de Áncash, Abraham Vílchez y Guevara, censuró la decisión de la corte suprema nacional, de impedir que magistrados citados por la comisión comparezcan ante los legisladores, para lo que invoca la autonomía del Poder Judicial.

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