lunes, 26 de enero de 2015

Un crimen de Estado, responsabilidad de todo el régimen político

PO

La muerte del fiscal Nisman constituye un crimen de Estado. Es a partir de esta caracterización que se deben sacar las conclusiones que corresponden.

Se trata, en primer lugar, del último episodio de dos décadas de encubrimiento de los atentados contra la embajada de Israel y de la Amia, el cual involucra a todas las fuerzas políticas oficiales en presencia que se han turnado en el gobierno en ese periodo, y a las mayores instituciones del Estado, desde la Corte Suprema, los servicios de inteligencia y las representaciones parlamentarias, incluso gobiernos regionales como el de la Ciudad de Buenos Aires.

Es, en segundo lugar, otro momento de la guerra por el control del poder judicial entre distintas fuerzas políticas, grupos económicos, el gobierno nacional y las camarillas judiciales. En diciembre último, el Poder Ejecutivo procedió a una purga del Servicio de Inteligencia, sin brindar explicaciones, luego de algunos asesinatos mafiosos, destacadamente el del llamado ‘Lauchón’, ordenado por otros servicios de inteligencia, al cual se ha imputado vínculos con el narcotráfico y la trata de personas. En el registro de este tipo de asesinato figura el vinculado a la efedrina, cuyos participantes han sido aportistas a las campañas electorales del oficialismo. La purga afectó al clan Stiusso, que fuera reforzado con poderes excepcionales por el ex presidente Kirchner. Alberto Nisman, según opinión unánime, formaba parte de este círculo de espías.

El lado más oscuro del proceso que se ha abierto con esta muerte es la consagración de un oficial de inteligencia, César Milani, como jefe del Ejército. Es imposible no ver en esta designación, predicada “en apoyo al Proyecto Nacional”, el intento de centralizar las funciones de espionaje, esto en el marco de la crisis con el Servicio de Inteligencia comandado por Stiusso. El encumbramiento de Milani formó parte, asimismo, de la doctrina de “Seguridad Democrática”, impulsada por el ala progre y frepasista del kirchnerismo, que pretendía resolver las repetidas acciones represivas del gobierno contra las luchas populares por medio de una acción preventiva basada en informaciones de inteligencia. De esta doctrina nació el Proyecto X de la Gendarmería Nacional. La exclusión de una indagatoria al Servicio de Informaciones del Ejército convertirá a cualquier investigación judicial de la muerte de Nisman en una mascarada.

En cuarto lugar, la muerte del fiscal especial ha provocado un estallido de las contradicciones insalvables de la política exterior del oficialismo, en un asunto de interés estratégico para las potencias imperialistas. En tanto el gobierno impulsó por vía judicial y en los foros internacionales la denuncia de la responsabilidad de Irán por los atentados contra la embajada y el centro de la comunidad judía, esto en consonancia con la orientación de Estados Unidos e Israel, otro sector del mismo gobierno desarrollaba una actividad paralela de apoyo a los distintos gobiernos del mismo Irán. Clarín y La Nación, por un lado, y Tiempo Argentino y Página 12, por el otro, coinciden en que el fiscal Nisman actuaba como operador de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Los medios de prensa informaron, en ocasiones reiteradas, de un acuerdo de seguridad y lucha contra el terrorismo entre Estados Unidos y Argentina, que funcionaba como paraguas protector de las relaciones entre los dos estados, frente a las reiteradas controversias económicas que parecían oponerlos (Alca, por ejemplo). A este acuerdo respondió la sanción de la ley anti-terrorista. El Memorando de Entendimiento, que pretendía alcanzar “la verdad” de lo ocurrido, se inscribe en esta línea de acusación a Irán, poniendo al desnudo la contradicción insuperable que llevaría a su fracaso.

La muerte del fiscal Nisman ha replanteado, de un modo trágico, el estado de otros crímenes de Estado, porque echa nueva luz sobre la responsabilidad de los servicios de espionaje y de represión: desde el asesinato de José Luis Cabezas, la masacre de Río Tercero y la desaparición de Jorge Julio López, como igualmente, los asesinatos de Kosteki y Santillán y de nuestro compañero Mariano Ferreyra, en los cuales se encuentran involucrados la policía federal y la bonaerense.

Crisis política

Este crimen de Estado plantea una crisis política enorme. Si la resolución de este crimen se confina a los despachos oficiales o judiciales, o sea a “las instituciones”, el arbitraje lo tendrán los mismos servicios de espionaje nacionales e internacionales responsables de tantos encubrimientos. La alternativa a esta trampa mortal es la intervención popular. Por eso el Partido Obrero plantea una campaña de movilización política para que el Congreso Nacional interpele al Jefe de Gabinete y al Ministro del Interior en sesión abierta y televisada, para que el gobierno nacional responda a todas las indagatorias de los representantes electos y en especial a los del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Los responsables de esta crisis política no pueden asumir la dirección de ninguna “reforma de las instituciones”, la cual, en el mejor de los casos, no servirá para cambiar de perro sino solamente de collar. El Partido Obrero, que plantea la disolución de los aparatos represivos y el enjuiciamiento de sus jefes operacionales y políticos, rechaza en forma terminante que esto pueda ser ejecutado por este gobierno o cualquier otro que responda a los intereses de la minoría capitalista explotadora que esos servicios protegen. La reivindicación de la disolución de esos aparatos debe formar parte de un planteo de conjunto que ponga su acento en la salida obrera y popular a esta crisis política – de lo contrario sería distraccionista, sería parte del arsenal desviacionista de los que hablan de la “reforma de las instituciones” para salir del paso con un pagaré sin fecha.

Desde todas las tiendas políticas del sistema se lanzan planteos para ganar tiempo e impedir un protagonismo popular. Esto ocurre con los que quieren resucitar a la Comisión de Seguimiento, con los que quieren confinar todo a la investigación judicial, o los que ahora anuncian que “Nisman miente”, cuando se trata del mismo fiscal que el gobierno ha apoyado en todos los foros internacionales.

Transición

La muerte de Nisman plantea el agotamiento de la transición política que debía concluir con las elecciones de octubre próximo. Desde “el 54 por ciento” de CFK, en 2011, este agotamiento ha estado presente en forma ininterrumpida, en especial por la crisis financiera, luego la devaluación del peso y el enfrentamiento con los fondos buitres, más tarde la recesión económica y la inflación. Ha estado al acecho igualmente en las crisis por la Ley de Medios, las acusaciones contra Boudou, Báez y CFK y familia. La política de todas las fuerzas tradicionales en presencia (más bien de sus restos) ha sido dictada por la necesidad de llegar (‘con muletas’) a la renovación presidencial en las urnas. La muerte de Nisman, un crimen de Estado, pone al borde de la ruptura esta transición, de ahí la apelación cada vez mayor a una “unidad nacional” que evite el derrumbe de la transición política. Mientras tanto, siguen desarrollando su acción disolvente los desequilibrios económicos y la situación desesperante de la crisis mundial, mientras se acrecientan las luchas populares contra las tentativas de descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores.

La crisis política integral y el agotamiento objetivo de la transición política son un obituario para las fuerzas tradicionales en presencia, que atraviesan, por otra parte, una aguda etapa faccional. En estas condiciones, la izquierda y el movimiento obrero combativos emergen como la única alternativa política a la descomposición del Estado. De lo que se trata es que asuma la conciencia de esta situación y desarrolle un fuerte liderazgo político en términos de programa, movilización y organización. Que no acepte ninguna consigna distraccionista, por radical que aparezca, pero que supone que el gobierno actual, los partidos tradicionales y este mismo Estado tienen alguna reserva transformadora. Solamente un gobierno de trabajadores pondrá fin a la descomposición nacional y a la miseria prolongada y creciente de las masas trabajadoras.

La crisis abierta exige enfrentar los nuevos pactos de impunidad entre los partidos que gobiernan y que gobernaron: reclamamos una sesión abierta del Congreso, sin límite de tiempo, televisada en directo, para interpelar al gobierno, y a partir de ahí a todos los funcionarios que aparezcan implicados en la interpelación, opositores u oficialistas, incluida la Presidenta de la Nación. Reclamamos que se ponga en funcionamiento la democracia que dicen reivindicar las fuerzas que sostiene al sistema económico y político actual.

Rechazamos las “comisiones parlamentarias” clandestinas, o los debates improvisados. Las propuestas de “comisiones investigadoras independientes” también adolecen de un defecto distraccionista, porque ninguna comisión podría ser efectiva sin los recursos del Estado, que es el que está en cuestión. Hay que dar una respuesta a la crisis política que se desarrolla delante de nuestros ojos, evitar que se disipe en la dilación que lleva al encubrimiento. Las ‘salidas institucionales’ están condicionadas a la naturaleza de la salida a la crisis política inmediata. En función de esta caracterización reclamamos que el Jefe de Gabinete y los ministros de las áreas involucradas comparezcan ante el Congreso, en una sesión pública transmitida para todo el país, y que se presenten en la misma todos los archivos de las fuerzas de espionaje desde el atentado de la AMIA hasta la fecha. En una sesión de este tipo cada fuerza política tendrá que explicitar sus programas y dar cuenta también de sus responsabilidades, en los períodos que fueron gobierno. Una sesión pública de este tipo, que transparente ante el conjunto de la población lo sucedido, será también una confrontación de programas y de posiciones, para clarificar qué intereses defienden cada partido político.

El Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, adelanta que a una sesión de este tipo planteará el esclarecimiento de todos los crímenes políticos o mafiosos de los últimos treinta años; la apertura de los archivos de la dictadura y de todos los servicios incluidos los del Ejército (la ‘confidencialidad’ ha perdido toda utilidad y se ha convertido en una amenaza contra la Nación); los de la Cancillería; la expulsión de Milani, acusado de crímenes de lesa humanidad; la conexión con los servicios extranjeros (CIA, Mossad, M15 inglés, alemán); y apoyará todas las ponencias que sirvan para poner fin al estado de la conspiración política permanente.

Por un gobierno de la izquierda y los trabajadores

Comité Nacional del Partido Obrero

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