viernes, 2 de enero de 2015

Un fallo posibilitaría investigar violaciones a los DDHH en la toma de La Tablada

RED ECO

Este martes 30 de diciembre Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que abre las puertas para investigar las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) cuando en enero de 1989 ocuparon el cuartel de La Tablada en la provincia de Buenos Aires.

Entrevista en Enredando las Mañanas a Irene Provenzano, hija de Francisco "Pancho" Provenzano, cuyo cuerpo nunca apareció.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre dio a conocer esta noticia en un comunicado que transcribimos a continuación. En el mismo resalta también la labor de Liliana Mazea por su aporte al esclarecimiento y castigo de los culpables de desapariciones y torturas sufridas por los integrantes del MTP incluidas las responsabilidades políticas del momento.

La Liga celebra un fallo de la Corte que abre las puertas para investigar las violaciones a los DDHH que sufrieron los compañeros del MTP en 1989, y resalta la labor de su integrante, la Dra. Mazea

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de la ministra Elena Highton de Nolasco y de los ministros Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, revocó este martes un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que había confirmado el sobreseimiento por prescripción de Alfredo Arrillaga y Jorge Eduardo Varando, imputados por el homicidio agravado de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz.

En enero de 1989, el regimiento de infantería “General Belgrano” de La Tablada, provincia de Buenos Aires, fue ocupado por un grupo perteneciente el “Movimiento todos por la Patria”. En esta causa se investigaba si Ruiz y Díaz, integrantes de dicho grupo fueron ejecutados en ese lugar luego de la recuperación del regimiento y cuando ya se encontraban detenidos por personal militar que seguía las órdenes de Arrillaga.

La Cámara Federal de San Martín había considerado que la acción penal ejercida contra los imputados Arrillaga y Varando había prescripto. Las querellantes Marta Díaz y Aurora Sánchez Nadal interpusieron un recurso de casación sosteniendo que esa decisión implicaba incumplir con lo que la Comisión Interamericana había dispuesto en el año 1997. Pero Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este recurso por considerar que dicha recomendación no era obligatoria para el Estado Argentino, por lo que éstas presentaron un recurso extraordinario federal.

La Corte Suprema, remitiendo al dictamen de la Procuradora General de la Nación hizo lugar a dicho recurso y revocó la decisión dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Para ello, la Corte tuvo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1997, al expedirse en el Informe N°55/97 (caso 11.137 “Abella, Juan Carlos”) declaró que el Estado Argentino había faltado a su obligación de investigar de “manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruíz y, en consecuencia, le había ordenado al Estado Argentino que “proporcione los mecanismos y las garantías necesarias para realizar una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos acontecidos a partir del 23 de enero de 1989… con el objeto de identificar y sancionar a todas las personas que resulten individualizadas como responsables”.

La Dra. Elena Highton de Nolasco y los Dres. Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni consideraron que, en virtud del principio de buena fe del derecho internacional, si un Estado suscribe y ratifica un tratado como el Pacto de San José de Costa Rica tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, sostuvieron que no podía justificarse su incumplimiento alegando que esta recomendación no era vinculante como una sentencia de la Corte Interamericana porque lo decisivo es que se adopten medidas destinada a cumplir con esta recomendación o que se expliquen cuáles son los obstáculos para hacerlo.

Por su parte, los jueces Lorenzetti y Fayt consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una de las pocas organizaciones de DDHH que se mantuvieron al lado de los compañeros de Todos por la Patria en aquellos difíciles momentos de la "democracia alfonsinista" y que realizó su aporte todos estos años por medio de su apoyo político y el trabajo de su equipo jurídico; felicita en esta ocasión a la compañera Liliana Mazea por su aporte al trabajo colectivo que logró esta conquista y se compromete a luchar juntos por el esclarecimiento y castigo de los culpables de las desapariciones y torturas sufridas por los compañeros en 1989, incluidas las responsabilidades políticas del momento.

En este fin de año, una vez más reivindicamos que no nos reconciliamos con los asesinos y violadores de los DDHH y que no consentimos ni legitimamos ninguna violación a los derechos humanos en el presente o en el pasado, sea cometido por el Estado Terrorista o por gobiernos electos por las normas constitucionales como era Alfonsín en el caso de La Tablado o los Kirchner en los casos de Julio López y Luciano Arruga.

Contra toda forma de impunidad de ayer y de hoy.

Todos los derechos para todos.

Feliz año a los que luchan por la dignidad humana.

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