lunes, 19 de enero de 2015

Una "receta" ortodoxa va a tener mucha resistencia

Horacio Meguira (ACTA)

Las negociaciones salariales del 2014 cerraron con un claro déficit para el poder adquisitivo de los trabajadores formales tanto del sector público como del privado. Los sindicatos han comenzado tempranamente sus campañas para recuperar lo perdido. Los bonos compensatorios han quedado atrás y comienzan las solicitudes de fondos tendientes a recuperar la rebaja del salario real provocada por la inflación pasada.

A dicho porcentual deberá sumarse el cálculo de la inflación prevista, por lo que es fácil deducir que los reclamos serán superiores a los pactados en el año pasado.

La negociación colectiva salarial centralizada hace tiempo que está desvinculada del conflicto. Es escasa la conflictividad por actividad en el sector privado que tenga origen en la reivindicación salarial. Seguirá la tendencia a que el conflicto surja en cada empresa.

Por el contrario, en el sector público los conflictos tienen mayor relación con los reclamos salariales. En los últimos años el salario docente ha caído cerca de un 20% en términos reales, y en la administración pública el recorte llega a casi el 30%.

Por el lado del empleo, el sector privado ha sido incapaz de crear nuevos puestos de trabajo en los últimos tres años, y la situación no ha sido más grave aún por el incremento del empleo en el sector público. Pero a lo largo del último año ya se ha registrado un incremento del desempleo cuya magnitud sería superior a la desacreditada información del INDEC.

Las tensiones derivadas de la dinámica de la negociación colectiva y de la evolución del empleo se entrelazan con los cambios en el modelo de representación sindical que, si bien permanece intacto en la letra de la ley, ha sido modificado por fallos de la Corte y por la práctica de los trabajadores. Por dicha doctrina, las organizaciones sindicales no requieren contar con personería gremial para elegir delegados, ejercer el derecho de huelga y representar los intereses colectivos de los trabajadores.

Además, sus representantes gozan de estabilidad y no pueden experimentar modificaciones en sus condiciones de trabajo. A ello debe sumarse que en no pocos casos las representaciones en los lugares de trabajo suelen tener una orientación diferente a las direcciones sindicales. Estos representantes, a través de los conflictos descentralizados, potencian las conquistas obtenidas en los acuerdos sectoriales, o impugnan aquellos acuerdos contrarios a los intereses de los trabajadores.

De esto resulta que el sujeto que lleva adelante muchos conflictos no siempre es el mismo que luego negocia con los empleadores. En algunos sectores existe una brecha entre la representación “legal” y la “real”. El conflicto intra e intersindical se refleja en la puja distributiva.

La conflictividad difícilmente pueda cambiar el sentido, aun cuando una parte de los dirigentes apoyen a determinados candidatos. Ello, a diferencias de otras épocas, no influye en la elección de los trabajadores. No se decide en el sindicato la orientación del voto.

Es difícil que las nuevas autoridades tengan el “coraje” de modificar la letra de la ley para adecuarla a los fallos de la Corte. Las modificaciones seguirán siendo “de hecho” y consecuencia de la confrontación. Esta asincronía entre norma y realidad permite que gran parte de las relaciones laborales se desarrolle por fuera de los marcos institucionales.

Aún con disputa entre sectores, la organización de los trabajadores se ha fortalecido. Cualquier “receta” ortodoxa va a tener mucha dificultad en su implementación. Tal inhibición es probable que surja más por temor a la reacción de las organizaciones que han confrontado en estos años, que por imposición de las direcciones de sindicatos con personería gremial.

Parece muy improbable que el ajuste se lleve a cabo por medio de la flexibilidad laboral normativa, o reformas legislativas que desmejoren las actuales condiciones de trabajo. Avanzar sobre ello, implicará una reacción unitaria de un movimiento obrero que comparado con los años 90, es más fuerte y más autónomo.

Horacio Meguira es Director del Departamento Jurídico de la CTA.

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