viernes, 27 de febrero de 2015

Boletín informativo de CORREPI

“Trigger-happy”: Un viejo conocido / Borrachos y a los tiros, esa es la “seguridad” que se pide / Gendarme violador en Monte Chingolo / Mendoza: Marcha popular, contramarcha oficial / ¡1,2,3,4,5,6,7… y más de 4.343!

“Trigger-happy”: Un viejo conocido
Inicialmente esta nota estaba dedicada a visibilizar dos casos de gatillo fácil en distintos estados de Estados Unidos –"trigger-happy" allá, un viejo conocido- ocurridos durante las últimas dos semanas; desafortunadamente, la realidad represiva nos ha ganado de mano una vez más.
La madrugada del 26 de enero, Jessica Hernández (17) fue asesinada a balazos por la policía departamental de Denver, Colorado, cuando intentaba volver a su casa a bordo de su automóvil. La justificación del informe policial arguyó que tiraron porque "el transporte era robado" y porque "les tiró el auto encima". Uno de los amigos que iban con ella aclararía que recibió los disparos cuando intentaba cruzar una calle.
La semana siguiente, apenas pasadas las 17:00 del 10 de febrero, en la localidad de Pasco del condado de Franklin, Washington, fue fusilado el trabajador agrícola Antonio Zambrano Montes (35) en plena avenida. Las fuentes policiales informaron que su caída fue el resultado de una persecución provocada por “agresiones perpetradas por la víctima”, quien les habría arrojado piedras momentos antes, sin mayor explicación en relación a los motivos. Los vecinos de la comunidad latina de Pasco, alertados por los gritos, filmaron el asesinato: en el video se ve a Antonio que corre de espaldas, entregándose con los brazos en alto, mientras dos efectivos federales lo apuntan con sus armas reglamentarias y finalmente se lo ve caer. Según los vecinos, este es el cuarto caso en el mes que se da en el mismo distrito: en todos los casos, los policías fueron absueltos.
Según el archivo del portal estadounidense KilledbyPolice.Net, junto a Jessica y Antonio murieron otras 164 personas a manos de la policía en lo que va de 2015, cinco el mismo día que ella y cuatro el mismo que él, que se suman a las 1.102 víctimas que perdieron la vida durante 2014.
Como podemos ver, los métodos represivos no obedecen a fronteras, sino intereses. Desde ya, no estamos diciendo que sea calcado el dedo que aprieta el gatillo de una Browning 9mm al que lo hace en una Glock 17w, pasando por alto las coyunturas económicas, políticas y los kilómetros de distancia. Hablamos de causas y efectos. En Argentina, y en cualquier otra parte, el resultado del despliegue y el accionar represivo se traduce en garantía de control, miedo, disciplinamiento y obediencia.
Las necesidades de clase no se reducen a un país: los efectos tampoco.
Nota: al cierre de esta edición tuvimos que modificar la cifra de 2015 porque había muerto una persona más.

Borrachos y a los tiros, esa es la “seguridad” que se pide
Todos sabemos que el reclamo de “seguridad” es, tal vez, el más oído y extendido por ciertos sectores de la sociedad en nuestro país; reclamo que, ciertamente, en su propia esencia difusa, no puede siquiera atribuirse con precisión a una clase determinada, sino que atraviesa, peligrosamente y con muy diversos argumentos, todos los estratos de la conformación social, al punto de transformarse en uno de los puntos eleccionarios centrales de cara a la maratón de comicios que se viene.
Pues bien, en el marco de esa lógica, una familia de Comodoro Rivadavia, en Chubut, contrató, por imperativo del salón de fiestas, para que “cuidasen” la fiesta de cumpleaños de 15 de la nena, a dos efectivos policiales adicionales, cuya “protección” les valió $1.000.
Los policías, que invitaron a otro a la joda, llegaron tarde y, luego de emborracharse con Fernet y Gancia en el baño, como adolescentes traviesos, arremetieron a los golpes, piedrazos y balazos de goma contra distintos asistentes a la celebración, entre ellos los propios padres de la cumpleañera, que aún tienen en sus cuerpos marcas de los perdigones recibidos por los guardianes de la ley, ya liberados por el beso de Baco. Cabe aclarar que también pegaron trompadas a mujeres, según las declaraciones, y que no sólo las personas, sino también el lugar quedó maltrecho.
Por supuesto, desde la institución, y contra la palabra de todos los testigos, aseguraron que los policías fueron agredidos primero (como si ellos no tuvieran el deber de soportar ciertas medidas de agresiones, aborrecidos como son por gran parte de la sociedad y casi toda la juventud) y que luego, por una reyerta entre asistentes, debieron intervenir, lo que desató el escándalo. Los policías permanecen en la fuerza y, la verdad, nadie les cree nada.
Más allá de los ribetes fellinescos del asunto, cabe preguntarse cuál es la real necesidad de llevar policías armados a una celebración de adolescentes y, por supuesto, cuáles son las consecuencias que el pedido de “seguridad” acarrea cuando se le solicita a estos verdugos con armas y gorra azul. En cualquier caso, vale proyectar nuevamente cuál puede ser el resultado de aquel pedido a la escala que se desee, total, los parámetros siempre van a dar más o menos lo mismo.

Gendarme violador en Monte Chingolo
El sábado 31 de enero, en el parque Gral. Belgrano del barrio Monte Chingolo, Lanús, un gendarme encerró en un baño público y violó a una niña de 15 años. La nena, junto a otros niños y jóvenes, participaba en ese parque de actividades educativas y recreativas. Claro que, además, ese espacio público es parte del despliegue del “Operativo Centinela” de la gendarmería nacional.
Es con el discurso de la inseguridad que las fuerzas represivas son depositadas en nuestros parques, en nuestros barrios, en cada esquina; con la perorata de “están para cuidarnos” debemos convivir día a día con los ejecutores de las políticas represivas del estado.
Luego del hecho, la joven, junto a su familia y compañeros del Frente Popular Darío Santillán del cual forman parte, se enfrentaron a la desidia y a la complicidad de la que disponen las instituciones del estado cuando al que se denuncia es uno de su lado. Tanto en el hospital, como en la comisaría de la mujer de Lanús y en la UFI 4 de Lomas de Zamora, la respuesta fue encubrir al violador y amenazar a los familiares de la niña. Así funciona la “igualdad ante la ley”: las instituciones del estado, entre ellas su aparato judicial, ponen sus herramientas a su propio servicio, nunca a favor del pueblo.
El sábado 21 de febrero, diferentes organizaciones del campo popular realizamos un escrache al gendarme violador en los accesos del parque, exigiendo, entre otras reivindicaciones, el retiro inmediato de gendarmería del espacio público donde crecen y juegan los niños y niñas del barrio. Sigamos profundizando la coordinación y organización desde la base. ¡Fuera los represores de nuestros barrios y nuestros parques!

Mendoza: Marcha popular, contramarcha oficial
Mendoza, Valle de Uco, Tupungato.
En el último septiembre, se organizó la marcha hacia la sede de la Cría. 20ª, cabeza policial del departamento, para denunciar y visibilizar la sistemática persecución de los pibes jóvenes y pobres de la región, sus repetidas detenciones arbitrarias y las vejaciones, golpes y torturas que les propinan en todas esas oportunidades.
La sorpresa que esa histórica reacción popular generó, puso a la policía local en un dilema: continuar como si nada o parar con la política implementada, no eliminando esas prácticas pero sí reduciendo la cantidad de casos (por lo menos hasta que el grado de exposición pública disminuya, decimos nosotros).
No obstante haber intentado redoblar la apuesta con una visita provocativa al colectivo de la Biblioteca Popular Mirador de Estrellas y a la Radio Sin Dueño (principales difusores de la protesta), y al tenor de declaraciones inverosímiles del propio comisario del lugar, tuvieron que adoptar la segunda opción.
Hace unos días, un agente policial se presentó en la sede de la Biblioteca Popular portando una notificación para que los compañeros referentes del lugar se presenten a declarar. La justicia, según palabras del notificador "quería saber más sobre aquella denuncia hecha en las calles."
A la 2da. Fiscalía Correccional de Tunuyán, concurrieron esos compañeros y algunos vecinos que participaron de la marcha y que también recibieron citaciones. La causa habría sido promovida por el "Procurador de personas privadas de la libertad", un cargo que la burocracia estatal ha creado recientemente, casi simultáneamente con la promulgación, en Mendoza, del Código de Convivencia que ha derivado en mayores facultades policiales para legitimar las prácticas que se denuncian.
Lo cierto es que los compañeros fueron interrogados sobre las denuncias hechas en la marcha, aunque en algunos casos las preocupaciones de los instructores pasaron más por conocer la data de sus organizadores.
No es la primera vez que pasa: el estado tiene funciones que sirven para lavar el trabajo sucio de sus componentes. El lavado se hace generalmente con jabones de impunidad, y sólo en contadas ocasiones y cuando la presión popular se hace notar, con ácido de condena.
A diferencia, lo efectivo es que la lucha organizada ha servido para visibilizar y desnaturalizar el accionar policial. Ha sido la capacidad de movilización y la disposición a hacerla pública lo que los ha obligado al repliegue.
La lucha antirrepresiva nos obliga a estar atentos y a respaldar a los compañeros que, a lo largo y ancho del país, la llevan a cabo, con el eje principal puesto en la confianza sólo en esas, nuestras propias fuerzas.

¡1,2,3,4,5,6,7… y más de 4.343!
En unos pocos días de febrero, hasta la fecha de publicación de esta pequeña crónica, contamos nueve víctimas de la represión perpetrada por las distintas fuerzas del estado, que se suman a los 4.343 registros que, a esta altura del año, reemplazan a los 4.278 con que cerramos el Archivo 1983/2014 en noviembre pasado.
El lunes 20, en la localidad de Villa Ruiz, partido de San Andrés de Giles, tres chicos robaron un supermercado. Alertados por el 911, policías bonaerenses los encontraron y persiguieron unos 60 kilómetros. Ya en Pilar, se sumaron las patrullas del Comando de Prevención Comunitaria detrás del Peugeot donde escapaban los jóvenes, hasta que finalmente los detuvieron. Dentro del patrullero uno de los chicos (24) “murió aparentemente de un ataque cardíaco” redacta inverosímilmente el diario Crónica, siguiendo al pie de la letra el parte policial.
El 12 de febrero, en Gregorio de Laferrere, La Matanza, Jonathan Almada (18) fue asesinado por un cabo 1° de la policía federal, que estaba de franco, y utilizó su 9mm reglamentaria para ejecutarlo a muy corta distancia. La excusa, claro, un intento de robo.
El 17 de febrero, en Bernal, partido de Quilmes, un chico de 21 años fue fusilado con dos tiros en el pecho por un policía del Comando de Prevención Comunitaria (CPC), quien según contó lo persiguió a partir de una denuncia por robo a mano armada hasta un comedor comunitario, lugar donde el chico se refugió. Los familiares del chico, que trabajaba en el puerto, denunciaron el caso públicamente, y aseguraron que después de matarlo, le plantaron el consabido “perro”, una pistola Pietro Beretta.
El 21, en Canning, Esteban Echeverría, tres adolescentes quisieron robar sus pertenencias a un hombre en la parada de un colectivo. Desconocían, claro, que era un policía federal de civil. Cuando el policía sacó el arma salieron corriendo, pero Nicolás Ezequiel Gallardo (16) recibió los disparos y cayó muerto. Los otros dos pibes, igual de jóvenes, fueron detenidos. El homicida, Adrián Ezequiel De Herrera, que según la crónica oficial publicada en los diarios “no dudó en enfrentarse a los forajidos”, está libre.
El 18 de febrero, el cuerpo de Romina Ríos fue encontrado en un barranco cerca de la ciudad de La Rioja, totalmente incinerado. La chica, de 18 años, había desaparecido una semana antes, después de llegar desde su pueblo, Patquia, a la capital provincial para estudiar.
Había muerto de un disparo, efectuado por su primo y novio, Pedro Miguel Ángel Ortiz, también de 18 años, que, además de femicida, es agente recién recibido de policía, afectado al área de Prevención Urbana. Ortiz, que había recibido su arma cinco días antes de usarla contra Romina, la citó en la casa de un amigo. Cuando fue detenido, trató de explicar que fue un accidente a partir de un forcejeo durante una discusión de “carácter amoroso”. Lo que no pudo justificar como “accidental” es que luego cargó el cuerpo en su moto, la tiró al barranco, la cubrió con cubiertas de auto y prendió fuego.
En el pueblo de Patquia, hubo marchas organizadas por sus familiares, amigos y vecinos, que además de gritarle ¡asesino!, denunciaron que Ortiz cuenta con el amparo del Intendente Juan Herrera, por ser su sobrino.
En cambio, en una conferencia de prensa, los altos jefes de seguridad se preocuparon por destacar que “La Policía se auto-depura, es la única que trabaja y saca de circulación a toda aquella persona que ha transgredido la ley, más en este caso en donde se ha puesto en tela de juicio no tan solo al ministro o al secretario, y a la Policía en general”.

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