jueves, 5 de febrero de 2015

Caída de directores de Petrobras abre nueva etapa en petrolera brasileña

XINHUA

La caída de Maria da Graca Foster, presidenta de la petrolera estatal Petrobras, y de otros cinco directores, abre una nueva etapa en la mayor empresa brasileña, que vive el momento más difícil de su historia debido a un amplio esquema de corrupción que provocó pérdidas millonarias.

Foster había mantenido una larga reunión con la presidenta Dilma Rousseff en la tarde del martes, tras lo cual surgieron fuertes rumores de que su renuncia era inminente.

El gobierno venía sufriendo la presión del mercado para la salida de la ejecutiva, de extrema confianza de la mandataria Rousseff y sobre quien no pesan acusaciones de manejos irregulares.

Foster, una técnica de carrera que ingresó en la petrolera en 1978, había asumido la presidencia de Petrobras en febrero de 2012, y en las últimas semanas su permanencia se había hecho políticamente insostenible.

Su alejamiento deja el camino libre para iniciar un proceso de saneamiento en las cuentas de la estatal y de reestructuración de su gobernanza.

El escándalo de corrupción en Petrobras estalló a fines del año pasado, afectando severamente la credibilidad de la compañía tanto en el país como en el exterior.

El impacto de las denuncias se vio agravado por la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, lo que resultó en una importante pérdida en el valor de mercado de la empresa.

El esquema de corrupción está siendo investigado en el marco de la Operación Lavadero, que involucra a directivos de la petrolera estatal y de empresas proveedoras, incluyendo a todas las grandes constructoras brasileñas.

El caso puede tener severas derivaciones políticas, puesto que varios acusados apuntaron, en el marco de delaciones premiadas, nombres de políticos que habrían sido favorecidos por el esquema de lavado de dinero y sobrefacturación de obras.

La lista de los políticos acusados, que aún no ha sido oficialmente divulgada, involucraría a decenas de parlamentarios, en su mayoría de partidos aliados al gobierno de Rousseff, pero también algunos de la oposición.

El escándalo puso en cuestión la solidez financiera de la empresa, que podría enfrentar el pago anticipado de préstamos multimillonarios contraídos en el exterior y que exigen como contrapartida la publicación de los balances auditados de la compañía.

Petrobras divulgó la semana pasada los resultados financieros relativos al tercer trimestre de 2014, tras haberlos postergado en dos ocasiones, pero no incluyó las pérdidas derivadas de los desvíos destapados por la Operación Lavadero.

Además, el reporte no contó con el aval de PriceWaterhouseCoopers (PwC), firma encargada de auditar a la estatal.

El atraso en publicar las pérdidas con los desvíos de corrupción y sobrefacturación de obras provocó que las agencias calificadoras de riesgo Moody's y Fitch decidieran rebajar el rating de crédito de la petrolera.

Según las agencias, preocupaciones relativas a las investigaciones por corrupción y el retraso en divulgar sus resultados auditados pueden llevar a presiones sobre la liquidez de la empresa.

En respuesta, la dirección de la estatal destacó que, pese a la revisión a la baja de su calificación, mantiene el grado de inversión (condición concedida a países y empresas con bajo riesgo de cesación de pagos), pero no fue suficiente para calmar al mercado financiero.

Uno de los puntos más delicados es la necesidad de que el balance recalcule el patrimonio de la compañía, muchos de cuyos activos estarían sobrevaluados a causa de las operaciones irregulares.

De acuerdo con un informe divulgado la última semana por el Ministerio Público Federal, los investigados en la Operación Lavadero desviaron por lo menos 800 millones de dólares de Petrobras en pago de coimas y otras irregularidades.

El órgano informó que 150 personas y 232 empresas están bajo investigación, y que, hasta la fecha, 60 personas fueron detenidas.

Los acusados responden por los delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, asociación criminal y por crimen contra el sistema financiero nacional.

Las sospechas de corrupción empezaron con la investigación sobre desvíos de recursos públicos durante la construcción de la Refinería Abreu e Lima, en Pernambuco, y se extendieron luego a otros emprendimientos.

Los fiscales informaron que la obra fue presupuestada en 963 mdd, pero los gastos alcanzaron 7.700 mdd, a partir del sobreprecio en contratos con empresas que proporcionaron servicios a Petrobras entre 2009 y 2014.

La investigación concluyó que el entonces director de Abastecimiento de la estatal, Paulo Roberto Costa, y Alberto Youssef, dueño de empresas fantasma, estuvieron involucrados en el esquema de malversación.

Ambos se encuentran detenidos en la sede de la Policía Federal en Curitiba, y adhirieron a acuerdos de "delación premiada".

Yousseff, Costa y otros ejecutivos revelaron una larga lista de parlamentarios que se habrían beneficiado de sobrefacturación en contratos de la petrolera estatal para financiar sus campañas políticas.

Las revelaciones dieron lugar al pedido de procesos contra la empresa en la Justicia de los Estados Unidos, donde los papeles de Petrobras también son negociados, por parte de accionistas minoritarios.

Igualmente, una nueva Comisión Parlamentaria de Investigación fue propuesta en el Congreso brasileño por líderes de la oposición al gobierno de Rousseff para analizar los desvíos en la estatal.

Según comunicado de la petrolera a la Bolsa de Valores de Sao Paulo, la nueva directiva de la petrolera debe ser designada el próximo viernes.

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